El metano (CH4) es un gas de efecto invernadero (GEI) que, además de agravar la crisis climática, deteriora la calidad del aire y con ello la salud humana. Conoce qué es el metano y cómo contamina nuestro aire
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El metano (CH4) es un gas de efecto invernadero (GEI) que, además de agravar la crisis climática, deteriora la calidad del aire y con ello la salud humana. Conoce también cómo afecta el metano nuestra salud
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La NOM-044 es el instrumento normativo más importante para controlar las emisiones del transporte en México. El gobierno y la industria de vehículos pesados en México han retrasado el calendario de la NOM-044, lo que impide beneficios ambientales, avanzar en la mitigación de la crisis climática y evitar riesgos graves para la salud, así como muertes prematuras asociadas a las emisiones de los vehículos pesados en los años por venir. La indebida postergación de la NOM-044 por Comarnat va en contra de la evidencia reconocida de protección a la salud pública: un incremento de 1 μg/m3 de PM2.5 se asocia con un 8% de incremento en la tasa de mortalidad por COVID-19. Las organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA)[1] consideran injustificable no reducir las emisiones contaminantes de los vehículos pesados a diésel. Consideran que ello impide mejorar la calidad del aire, reducir los riesgos a la salud, disminuir los impactos de la crisis climática y evitar las muertes prematuras asociadas a la contaminación del transporte. Es inexcusable porque el carbón negro que compone el material particulado fino (PM2.5), proveniente de la combustión incompleta del diésel, tiene graves impactos en la salud y contribuye al calentamiento global. Asimismo, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) generadas por estos motores contribuyen a la formación del ozono asociado con la mala calidad del aire, la crisis climática y las contingencias ambientales que aquejan a varias ciudades en México. Es inaceptable porque existen las condiciones necesarias para que el calendario original de la norma se cumpla y para que, a partir de 2021, todos los vehículos nuevos integren las tecnologías que cumplen con los estándares ambientales más estrictos. Sin embargo, el gobierno y la industria de vehículos pesados en México han postergado el calendario de la NOM-044, retrasando la entrada de los vehículos certificados bajo estándares EPA 2010 / EURO VI, estándares que eliminan hasta el 99% de las partículas PM2.5 y reducen más del 90% de los óxidos de nitrógeno (NOx) de los vehículos a diésel, en comparación con los EPA 2007 / EURO V, tecnologías que la industria dejaría de comercializar a partir del 31 de diciembre 2020 de no haberse postergado indebidamente la NOM-044. El 17 de septiembre de 2020, en sesión del Comité de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT), el gobierno federal y el sector privado votaron a favor de retrasar la aplicación de la norma. El argumento utilizado fue que la emergencia sanitaria por la COVID-19 afectó la fabricación e importación de los vehículos pesados y que ante esta coyuntura los fabricantes requieren un periodo para ajustarse. Este argumento no tiene sustento por diversas razones. Desde hace una década, los vehículos fabricados por la industria mexicana cumplen con los estándares EPA 2010 / EURO VI. Sin embargo, ocho de cada diez vehículos pesados producidos en México son para exportación, siendo su principal mercado los Estados Unidos, con una participación del 94%, que desde 2010 adoptó los estándares EPA 2010. Por lo tanto, el argumento de que la industria necesita más tiempo para dar cumplimiento a la Norma carece de fundamento técnico. Además, la NOM-044-SEMARNAT-2017 fue publicada en febrero de 2018, por lo que la industria contó con tres años para planear y realizar las acciones necesarias para estar listos al 1 de enero de 2021. Sin embargo, sus esfuerzos se enfocaron en argumentar y presionar desde antes de la emergencia sanitaria para no cumplir el calendario establecido. Las tecnologías EPA 2010 / EURO VI requieren necesariamente del diésel de ultra bajo azufre (DUBA), con contenido menor a 15 partes por millón (ppm) de azufre, para su correcto funcionamiento y durabilidad. La industria ha presentado este argumento en repetidas ocasiones para condicionar la implementación de una norma para vehículos nuevos a la distribución del 100% de DUBA en México. Lo anterior carece de fundamento, ya que desde 2018 más del 80 % del diésel comercializado en México es DUBA, cantidad más que suficiente para asegurar una distribución estratégica con plena cobertura para los vehículos nuevos que se vendan a partir de 2021 y que representan en promedio un 4% del total de la flota. En suma, los esfuerzos del gobierno y la industria deben enfocarse, no en postergar una norma ambiental, sino en trabajar de manera coordinada junto con la sociedad civil y academia para implementar un sistema de distribución, etiquetado e identificación adecuado del combustible, así como de los correspondientes programas de vigilancia y cumplimiento. El desarrollo e implementación de los mejores estándares de emisiones y calidad de combustibles para el sector del transporte en México ha implicado más de 15 años de negociaciones, por lo que sus constantes retrasos violan el derecho humano a un ambiente sano y otros derechos conexos como la salud, la vida y la integridad personal. Seguir permitiendo el retraso de las regulaciones que obligan a la adopción de estos estándares, previamente aprobados, es una medida regresiva en detrimento de la calidad del aire y del ambiente, algo indispensable para gozar de una buena salud. Ese retraso es además contrario a las obligaciones internacionales adoptadas por el Estado mexicano en materia de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Es una decisión opuesta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[2] para hacer frente a la vulnerabilidad revelada por la pandemia del COVID-19. Incluso otros países comparables con México como la India dieron un salto tecnológico de dos generaciones en plena pandemia. La postergación de la NOM-044 por COMARNAT va en contra de la evidencia referida a la protección a la salud pública: un estudio de la Universidad de Harvard estima que un incremento de 1 μg/m3 de PM2.5 se asocia con un 8% de incremento en la tasa de mortalidad por COVID-19 (95% intervalo de confianza: 2%, 15%).[3] Y tomando en cuenta la lenta renovación de la flota a diésel, dado que la vida promedio es de 18 años por unidad,[4] se necesitarán varias décadas antes de que el estándar EPA 2010 / Euro VI penetre hasta la saturación completa de la flota circulante, lo cual demuestra la apremiante necesidad de implementar a cabalidad la NOM-044. Un estudio del ICCT[5] indica que en 2015 murieron más de 3 mil personas por enfermedades respiratorias y cardiovasculares relacionadas con las emisiones de los miles de vehículos a diésel que transitan en todo el país. Sin embargo, si se cumple el calendario de la NOM-044, se calcula que se evitarían hasta 6 mil muertes prematuras al año, incluso a pesar del crecimiento previsible de la flota en las próximas décadas, lo cual se traduce en ahorros estimados de $14,300 millones de dólares (precios de 2010).[6] La NOM-044 es el instrumento normativo más importante para controlar las emisiones del transporte en México. Su retraso es una medida regresiva para el cumplimiento y garantía de los derechos humanos a un ambiente sano, a la salud, la vida y la integridad de las personas. El retraso impedirá beneficios ambientales, avanzar en la mitigación de la crisis climática y evitar los riesgos graves para la salud y las muertes prematuras asociadas a las emisiones de los vehículos pesados de aquí en adelante. [1] Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA): Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo, Fundación Tláloc, Greenpeace México, International Council on Clean Transportation, Iniciativa Climática de México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo capítulo México, Red por los Derechos de la Infancia en México, Redspira, Transita Seguro y World Wildlife Fund. [2] En las Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19, se indica “bajar estándares medio ambientales, suspender requerimientos de monitoreo ambiental, reducir medidas de aplicación y restringir la participación pública] son irracionales, irresponsables y ponen en riesgo los derechos de las personas vulnerables”. Véase: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/V1.7_Directrices_ONU-DH_Covid19-y-Derechos-Humanos_MX.pdf [3] Wu, X., Nethery, R.C., Sabath, B.M., Braun, D. and Dominici, F., 2020. Air pollution and COVID-19 mortality in the United States: strengths and limitations of an ecological regression analysis. Science Advances (in press). Updated April 24, 2020. Disponible en https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm [4] Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Estadística Básica 2018; http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2018/ [5] Anenberg et al. A global snapshot of the air pollution-related health impacts of transportation sector emissions in 2010 and 2015. ICCT 2019. https://theicct.org/sites/default/files/publications/Global_health_impacts_transport_emissions_2010-2015_20190226.pdf [6] Pineda et al. Air quality and health benefits of improved fuel and vehicle emissions standards in Mexico. ICCT 2018. https://theicct.org/publications/mexico-emissions-review Contactos para prensa: El Poder del Consumidor (EPC), 5512989928, [email protected] Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 5559644162, [email protected] International Council on Clean Transportation (ICCT), 55 1016 2304, [email protected] Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), 5570522107, [email protected]
Leer másAgosto de 2020 La 26ª reunión de la Junta del Fondo Verde del Clima (FVC), se realizó del 18 al 21 de agosto de 2020 por primera vez en formato virtual. La reunión comenzó con un homenaje a Leonardo Paat, miembro del Secretariado del Fondo, quien falleció hace poco tras contraer COVID-19 durante la reunión anterior de la Junta. Paat lideraba el departamento de Salvaguardas, Género y Pueblos Indígenas y era muy querido por la sociedad civil. Durante la reunión, se aprobaron dos propuestas de financiamiento para la región: un proyecto de pago por resultados REDD + para Colombia y un proyecto de adaptación para Antigua y Barbuda. Durante la aprobación de la agenda para la reunión, la representación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se refirió a los desafíos de las reuniones virtuales y expuso algunos problemas de transparencia y divulgación de información que afectaron al sector, incluyendo el hecho de que los observadores activos de las OSC fueron excluidos de la planificación de la reunión. Consulta y descarga el resumen
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Calixta Mamani recuerda con nostalgia las plantas de totora creciendo con tallos verdes y erguidos a orillas del lago Poopó, ubicado en el departamento de Oruro, en la árida meseta de los Andes centrales de Bolivia. La totora era el alimento de su ganado. “Todo se ha secado… Aquí ya no hay vida, la tierra ya no produce”. También vienen a su mente las aves —taracas o chhoqas (aves de color negro parecidas a los patos) y parihuanas (flamencos andinos)— y peces que abundaban en la zona. “Ahora ya no los ves… todo se nos ha terminado, nuestra cultura”. Las pérdidas descritas por Calixta representan más bien un grave despojo. A las comunidades indígenas y campesinas que viven en cercanías del lago Poopó se les ha privado no solo de su fuente de agua, sino también de su fuente de sustento, de su forma de vida y de su cultura. El Poopó, el segundo lago más grande de Bolivia, ha sido dañado por actividades mineras —que no han cesado durante la pandemia—, el desvío de ríos y la crisis climática al punto de poner en riesgo todos los sistemas de vida que dependen de él. Calixta es integrante de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), una organización que defiende los derechos de las mujeres indígenas y campesinas frente a los impactos destructivos de las industrias extractivas en las regiones de Oruro, La Paz y Potosí. Al estar a cargo del pastoreo, de la preparación de alimentos y de otras tareas de cuidado del hogar Calixta y las otras mujeres de la zona conviven diariamente con el lago y sufren de forma diferenciada los efectos de su degradación. Es por la relación de respeto que tienen con la Madre Tierra y la Madre Agua que las comunidades asentadas en torno al lago Poopó están luchando por salvarlo. Décadas de contaminación Según un informe del Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), las denuncias de contaminación del lago Poopó por actividades mineras locales datan de 1981, cuando investigadores revelaron que 120 minas de plomo, estaño y oro descargaban sus desechos directamente a sus aguas. La situación, que no ha parado con los años, ha provocado sedimentación. Ello quiere decir que cantidades considerables de cadmio, zinc, arsénico y plomo se han vuelto sedimentos en el lago. Ello hizo que sus aguas no sean aptas para el consumo humano ni el de animales y que tengan un uso limitado para el riego de cultivos. “…con el pasar del tiempo y con el avance de la minería, la explotación de minerales se ha intensificado. Poco a poco todo esto ha ido desapareciendo, se han cortado venas de agua y todo se ha quedado como se ve ahora, pareciera que todo está quemado”, cuenta Petrona Lima, del Ayllu San Agustín de Puñaca, municipio de Poopó, en un testimonio recogido por el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). A fin de preservar su biodiversidad —que incluye aves endémicas, migratorias y la mayor cantidad de flamencos en el altiplano boliviano—, el lago Poopó, junto con el lago Uru Uru, fue declarado en 2002 Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar. Sin embargo, el ecosistema continúa en serio peligro. En diciembre de 2015, los niveles de agua del Poopó se redujeron a tal grado que el cuerpo de agua desapareció, hecho considerado como una de las mayores catástrofes ambientales de Bolivia. Aunque el lago logró aumentar su caudal en tiempo de lluvia, su situación aún es muy crítica en época seca. Crisis climática y desvío de ríos La degradación del lago es resultado también de la crisis climática global, que trae intensas sequías y un aumento en las temperaturas. Si la temperatura promedio global aumentó en 0,8°C debido al cambio climático, en el lago Poopó el incremento fue de 2,5 °C, según información publicada en 2015. Esto ha acelerado la evaporación de sus aguas. También está el desvío de los dos ríos que lo alimentan: el río Desaguadero y el río Mauri. El caudal del primero ha disminuido debido a operaciones mineras y agrícolas. Mientras que las aguas del segundo, ubicado en la frontera con Perú, han sido desviadas. De hecho, un riesgo reciente para la cuenca del lago Poopó es la implementación de la segunda fase del proyecto de construcción de un canal que desviaría más de 500 litros de agua por segundo del río Mauri para alimentar a la agroindustria en Tacna, Perú. La ejecución de la primera fase de ese proyecto fue una de las causas de la desaparición del lago en 2015. Defendiendo su fuente de vida De los lagos Poopó y Uru Uru no solo dependen comunidades indígenas (aymaras y quechuas) y campesinas, sino también los Uru Murato, una de las naciones originarias más antiguas de Bolivia. Solían vivir de la pesca, pero la contaminación del Poopó ha obligado a los Uru Murato a migrar para trabajar en las minas y salinas. Además de un grave daño ambiental, lo que pasa con este ecosistema es una seria vulneración del derecho al agua, a la salud, al territorio, a la alimentación y al trabajo de las personas afectadas. Por ello AIDA y organizaciones locales han unido esfuerzos para defender al lago Poopó, su biodiversidad y a las comunidades que dependen de él. En julio del año pasado, solicitaron a la Secretaría de la Convención Ramsar enviar una misión de expertos al país para evaluar la salud de los lagos Poopó y Uru Uru y hacer recomendaciones al gobierno para su recuperación. Y este mes pusieron en marcha la campaña #LagoPoopóEsVida para visibilizar la situación y llamar la atención de las autoridades y opinión pública a nivel nacional e internacional. Salvar este ecosistema es rescatar vidas y el referente cultural de un país.
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Ubicados en la seca meseta altiplánica de los Andes centrales de Bolivia, los lagos altoandinos Poopó y Uru Uru son una importante fuente de agua para la biodiversidad local —que incluye especies de aves migratorias y en peligro— y para comunidades indígenas y campesinas en sus alrededores. Pero actividades como la minería y el desvío de ríos han afectado este importante humedal al punto de poner en riesgo el equilibrio de los sistemas de vida que dependen de él. El daño ha dado lugar a una de las mayores catástrofes ambientales del país: en pocos años, el espejo de agua del lago Poopó se redujo a niveles alarmantes y hasta llegó a ser declarado desaparecido. En este complejo contexto, se han realizado muchas acciones para visibilizar y denunciar la situación crítica de los lagos, para precautelar a las comunidades que dependen de ellos, para generar información y evidencia científica actualizada, así como para llamar la atención de la comunidad internacional con miras a sumar esfuerzos para su recuperación. En este conversatorio virtual, mediante un diálogo de saberes, compartimos las experiencias de defensa de estos lagos, del territorio, de la Madre Agua, de los bienes comunes, de los medios de vida y de las culturas. PANELISTAS Yasin Peredo, Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA): Monitoreo comunitario de la calidad del agua. Angela Cuenca, Colectivo CASA: Defensa de los derechos de comunidades afectadas por la crisis del Lago Poopó. Claudia Velarde, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Los lagos Poopó y Uru Uru como Humedal de importacia Internacional. Margarita Aquino, Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT): La voz de las protagonistas. Moderación: Carmen Aliaga, Colectivo CASA. GRABACIÓN PRESENTACIONES 1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Yasin Peredo, Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA): 3. Presentación de Claudia Velarde, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA):
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La actual crisis sanitaria nos obliga a reflexionar sobre la necesidad cada vez más urgente de un cambio. Nos pone de frente a la fragilidad y a la inviabilidad del sistema energético basado en combustibles fósiles. Así lo evidencia el derrumbe histórico de los precios del petróleo asociado a la menor demanda de hidrocarburos a nivel internacional —debido a las medidas adoptadas ante la pandemia—, la sobreproducción y a la especulación en los contratos petroleros, entre otros factores. Se espera además que la demanda de gas caiga un 5% después de una década de crecimiento ininterrumpido. América Latina depende altamente de los combustibles fósiles, como bienes exportables y para el consumo interno. Y el 88% de la energía consumida en la región proviene de fuentes no renovables. Desde 2010, gobiernos y empresas han impulsado el uso del fracking o fracturamiento hidráulico de yacimientos no convencionales debido a la sobreexplotación de los hidrocarburos convencionales. Algunos países apuestan al fracking como “puente” para reducir su dependencia del carbón y el petróleo como fuentes de energía y con el argumento de ganar tiempo para desarrollar alternativas a los combustibles fósiles. Así, esta técnica es promovida como un paso hacia la transición energética. Sin embargo, ¿cómo puede llamarse “transición” a un proceso cuya inviabilidad económica, ambiental y social está demostrada? Las razones para decirle “no” al fracking Recurrir al fracking es seguir promoviendo un sistema energético caracterizado por su alta concentración y apropiación privada, por el uso de fuentes no renovables de energía y por sus impactos negativos sobre poblaciones y territorios afectados por actividades de exploración, extracción, transformación y uso de energía. Además, este sistema está definido por una gran inequidad en cuanto al acceso y uso de la energía. La fracturación hidráulica implica la inyección de sustancias tóxicas en el subsuelo, lo cual puede generar contaminación de acuíferos y del aire por la volatilidad de algunos compuestos. De hecho, las fugas de metano, que ocurren principalmente en la producción y transporte de gas y petróleo extraídos vía fracking, han sido relacionadas con el aumento de las emisiones mundiales de ese contaminante, responsables de alrededor de 25% del calentamiento del planeta. Además, el fracking requiere grandes cantidades de agua, algo que es especialmente relevante en una región que todavía enfrenta problemas graves de acceso a ese recurso básico. El uso de la técnica afecta los medios de vida de las comunidades, tanto en términos de salud por sustancias tóxicas en el agua, el aire y el suelo como en términos de vulneración de derechos humanos y de la democracia. Muchas comunidades, sobre todo indígenas, no tienen acceso a información ni son debidamente consultadas para obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre proyectos de fracking en sus territorios. Los daños pueden ser más graves para las mujeres, agravando inequidades estructurales ya presentes. Y en el ámbito económico, la fracturación hidráulica requiere grandes inversiones y, para ser viable, necesita un mercado con precios altos. En ese sentido, la imprevisibilidad de los precios del petróleo hace imposible cualquier política soberana basada en hidrocarburos y es inviable que los países de la región apoyen su matriz energética y sus ingresos en una base tan endeble. Asimismo, en la fracturación hidráulica, la tasa de retorno energético es menor. Esto quiere decir que la extracción demanda mucha mayor energía en comparación con la que se captura. Todo ello resulta en un beneficio energético a veces inexistente y en que las ganancias provengan de la especulación financiera. Promover el fracking hoy es dar un paso atrás porque no entra en la definición de lo que requiere una transición energética justa, que nos invita a un cambio más profundo. La lógica del fracking tiene poco que ver con un desarrollo que contemple la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población, entre ellas la sostenibilidad ambiental de los territorios. Un movimiento por el cambio Un número creciente de organizaciones, instituciones, comunidades e individuos se están organizando en el continente para evitar el avance del fracking. Estos esfuerzos conjuntos, como los de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF), promueven información adecuada y desmontan el discurso de empresarios y gobiernos que buscan situar al fracking y otras actividades extractivas como la única salida. Han surgido iniciativas que buscan alternativas energéticas a través de mesas de diálogo y de transición. Están por ejemplo la Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro en Argentina, la experiencia de autonomía energética mediante pequeñas hidroeléctricas comunitarias en Guatemala, o las diversas experiencias de Censat Agua Viva en Colombia, entre ellas una Mesa Social para un Nuevo Modelo Minero Energético y Ambiental. De otro lado y recurriendo a mecanismos legales y administrativos, varios municipios y comunidades de Argentina, México, Brasil y Uruguay han prohibido o declarado la moratoria del fracking en sus territorios. Pensar en otra sociedad requiere pensar en otro sistema energético, justo y democrático. Estos espacios de resistencia y alternativas nos dan una hoja de ruta para impulsar cambios estructurales y enfrentar las crisis sanitaria, económica, climática y la de civilización, donde lo considerado “normal” ya era disfuncional.
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El curso fue impartido por Daniela Martínez, abogada experta en regulación energética. Estuvo dirigido especialmente a integrantes de ONG ambientales con interés en comprender, proponer y fiscalizar políticas públicas en el sector eléctrico, de manera que estas contribuyan a la mitigación del cambio climático, particularmente a la descarbonización de la matriz energética en Chile. El curso de cuatro sesiones fue diseñado a partir de dos políticas públicas con gran relevancia en Chile: la descarbonización y el futuro proyecto de ley anunciado por el gobierno para introducir la figura del comercializador en el segmento de distribución (Ley Larga o Ley Marco de Distribución). Con estas políticas públicas como punto de partida, se abordó la regulación y funcionamiento del sector eléctrico chileno con un marcado enfoque regulatorio económico, buscando entregar a las y los particioantes una mejor comprensión de este sector y de los incentivos de sus actores. Grabaciones Primera sesión: Segunda sesión: Tercera sesión: Cuarta sesión:
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Esta entrada de blog acompaña el lanzamiento del Índice de Energía Renovable y Derechos Humanos y es parte de una serie artículos de opinión sobre una transición energética justa en América Latina. Fue publicada originalmente por el Centro de Información sobre Empresas & Derechos Humanos. Por Rosa Peña Lizarazo y Astrid Puentes Riaño La crisis climática, en palabras de Michelle Bachelet, Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, es la mayor amenaza actual para los derechos humanos, una que requiere decisiones políticas y acciones colectivas urgentes. Una de esas decisiones se refiere al avance en la transición energética, es decir, en el tránsito del uso de energías derivadas de combustibles fósiles al uso de energías renovables y menos intensivas en emisiones. Ello —al reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)— contribuiría a enfrentar la crisis climática y a mejorar la calidad del aire. Este tránsito necesario para México ha motivado debates multisectoriales y requiere un diálogo participativo, inclusivo, transparente y con enfoque de derechos humanos y perspectiva territorial. Principales desafíos 1. Comprender el contexto socioeconómico México es uno de los países más desiguales del planeta, donde las 10 personas más ricas acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre del país. Comprender este contexto es clave para adaptar las políticas de transición energética al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia climática, sin generar mayor inequidad. También es indispensable aprender del pasado. La reforma energética de 2013 puso en marcha un modelo de implementación masiva de proyectos de energía renovable, a gran escala y privados. En la actualidad según la Asociación Mexicana de Energía Eólica, hay 54 parques eólicos en operación en México, los cuales producen 4.935 Mega Watts. Además, Según la Asociación Mexicana de Energía Solar en México hay 43 centrales fotovoltaicas. La implementación masiva de estos proyectosimpidió superar las amplias brechas de exclusión por razones socioeconómicas y territoriales. Superar esas brechas es uno de los principales desafíos. 2. Definir qué tipo de energía se incluirá y bajo qué criterios Otro desafío es lograr un consenso social y regulatorio sobre cuáles son las energías limpias y renovables, y cuál debe ser la meta en su implementación. Pese a los planteamientos de algunas organizaciones ambientales, el gobierno mexicano acogió definiciones vagas y más convenientes para cumplir con sus compromisos climáticos. Definió a las energías limpias como aquellas que no generan emisiones contaminantes durante su producción, ignorando si pueden generar otros impactos negativos en el ambiente. 3. Respetar, garantizar y proteger los derechos humanos La generación energética derivada de combustibles fósiles ha violado derechos humanos, provocando escenarios de exclusión y afectando de manera especialmente grave a comunidades indígenas y rurales. Igualmente,muchos proyectos de energías renovables no convencionales, como aquellos desarrollados en el Itsmo de Tehuantepec o en la península de Yucatán, han generado nuevos conflictos socioambientales relacionados con falta de transparencia y participación, violación de derechos de pueblos originarios, desconocimiento de la titularidad y el uso tradicional de la tierra, obstáculos al acceso a recursos naturales y degradación ambiental. Por tanto, es un desafío emprender una transición que contemple y prevenga estos daños desde una perspectiva de derechos humanos. 4. Promover la diversificación de la matriz energética y la confiabilidad del sistema Dada la dependencia actual de combustibles fósiles en la matriz energética, que para el año 2018 generaban el 75.88% de la energía en el país, avanzar hacia la mitigación y adaptación al cambio climático requiere un proceso de diversificación de las fuentes de energía que aproveche el potencial de México para desarrollar energías renovables. Según expertos de la UNAM, México cuenta con un factor de planta para la energía eólica que fluctúa entre 20% y 50%; además, es reconocido a nivel mundial como uno de los países con mayor potencial geotérmico. Algunos estados de la República tienen mayor radiación solar diaria promedio que algunas ciudades europeas pioneras de esta tecnología. Otro desafío asociado a la diversificación es garantizar la confiabilidad del sistema para atender de manera continua la demanda energética del país. ¿Cómo llevar a cabo una transición energética justa? Darle sentido al concepto en construcción de justicia energética en México implica tener en cuenta lo siguiente: Respecto a la integración del contexto socioeconómico: Apostar por una transición que se convierta en motor de desarrollo local, mediante —por ejemplo—la generación de empleos y la democratización de la energía y de la generación energética en la escala necesaria para el autoabastecimiento. Ello requiere superar las barreras de exclusión existentes con la implementación, por ejemplo, de proyectos de energía comunitaria. Respecto al diseño de la política energética: Proponer escenarios de participación efectiva e inclusiva para consensuar los aspectos mínimos de las metas de la política energética en el país, en atención a la crisis climática. Respecto al cumplimiento de los estándares ambientales y de derechos humanos: La Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca que cualquier política o proyecto debe garantizar los derechos de acceso en materia ambiental y los derechos laborales, cumplir con los principios de prevención y precaución, respetar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y tener una perspectiva de género. Respecto a la diversificación de la matriz energética: Promover mecanismos de financiamiento que incentiven la innovación tecnológica limpia y la inversión en energías renovables descentralizadas y con mejores estrategias de almacenamiento. Sin duda, la transición energética justa es necesaria y urgente en México. El país tiene hoy la oportunidad de emprender un tránsito progresivo y oportuno que permita mejores escenarios de justicia social, ambiental y climática, y que responda a las reivindicaciones sociales actuales.
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