Cambio Climático


Montaña nevada

Resumen de la 27a Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Noviembre de 2020Del 9 al 13 de noviembre de 2020, la Junta del Fondo Verde del Clima (FVC) tuvo su 27a reunión, realizada de manera virtual por segunda vez.Aprobó 16 propuestas de financiamiento por un total de 1.011,7 millones dólares, siete de las cuales se implementarán en Latinoamérica. Además, se acreditó a cuatro nuevas entidades, ninguna para la región, y se aprobó el plan estratégico actualizado del FVC para el periodo 2020-2023. Finalmente, se tomó una decisión sobre la Copresidencia para 2021, que recayó en México en el caso de los países en desarrollo.Consulta y descarga el resumen 

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Piden a la SCJN impedir obras de turismo masivo que dañen Yum Balam

Ante la intención del gobierno municipal de Lázaro Cárdenas de invalidar el decreto de creación y programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam para abrir la zona al turismo no sostenible, AIDA y CEMDA presentaron un escrito legal con argumentos de derecho ambiental internacional, derechos humanos y justicia climática para defender al humedal de importancia internacional. Ciudad de México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito legal (Amicus Curiae) con argumentos de derecho ambiental internacional, derechos humanos y justicia climática para defender al Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, Quintana Roo, de las pretensiones del gobierno municipal de Lázaro Cárdenas de abrir la zona a desarrollos turísticos no sostenibles. La autoridad municipal presentó a la SCJN una Controversia Constitucional en contra del decreto de creación y del programa de manejo del área protegida para invalidar estos instrumentos y, según lo ha manifestado públicamente, dar vía libre a la urbanización y al desarrollo turístico. Esa pretensión vulnera el interés público ya que los ecosistemas de Yum Balam podrían verse degradados por proyectos de turismo masivo, dragados en la bahía, plantas desalinizadoras o de tratamiento de aguas, deforestación y por la huella de miles de visitantes. El sitio alberga múltiples ecosistemas terrestres, costeros y marinos tales como selvas, sabanas, cenotes, lagunas, dunas costeras, manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos. En el escrito, ambas organizaciones solicitan, entre otras cosas, que se mantenga la protección de Yum Balam, que se resuelva la no modificación del polígono del área protegida y que no se permitan obras de turismo masivo que alteren sus características ecológicas. Yum Balam, humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, tiene 6,495.13 hectáreas de manglares y 24,461.8 hectáreas de pastos marinos. Estos ecosistemas almacenan 38.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a las emisiones de 9.4 millones de personas al año por el uso de hidrocarburos. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe actuar de forma progresiva y conforme a las obligaciones internacionales de México, entre ellas la de reducir las emisiones causantes de la crisis climática”, dijo Camilo Thompson, abogado de AIDA. “La conservación de los humedales costeros, su biodiversidad y servicios ambientales es fundamental para lograr justicia climática y asegurar un ambiente sano para las futuras generaciones”. En el escrito se evidencia que una política de desarrollo turístico masivo en un área protegida como Yum Balam puede causar pérdida de biodiversidad, uso no racional de humedales costeros y desequilibrio ambiental, entre otros daños irreversibles. Se demuestra además que cambios de uso de suelo como los propuestos incrementarían no sólo la demanda turística, sino también la demanda inmobiliaria y poblacional (residente y estacional) en la zona, excediendo la capacidad de carga y resiliencia de Yum Balam. “Dar vía libre a la pretensión del municipio sería una decisión regresiva, contraria al interés colectivo y una violación directa del derecho humano al ambiente sano”, dijo Xavier Martínez, Director Operativo de CEMDA. “Permitir proyectos de turismo masivo en Yum Balam implicaría privilegiar el interés de algunos propietarios privados y/o ejidales a costa del valor del ambiente sano y los derechos de las generaciones futuras”. Yum Balam es un sitio de gran biodiversidad. Ahí viven especies amenazadas y en riesgo como el mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa), tortugas marinas carey (Eretmochelys imbricata) y caguama (Caretta caretta), que anidan y desovan en las Islas de Holbox y Grande. Protege alrededor del 90% de las aves endémicas de la Península de Yucatán. Además, es zona de distribución de peces loro, especies bajo protección especial, y de alimentación del tiburón ballena (Rhincodon typus), especie amenazada. Sus ecosistemas también brindan servicios de aprovisionamiento de alimentos y compuestos genéticos. La pesca ha sido uno de los principales medios de vida para la población de la zona con registros de captura de aproximadamente del 31% de la producción estatal de pescado. La administración y regulación del área protegida corresponde exclusivamente a la Federación y, por tanto, sólo puede ser modificada en su extensión y, en su caso, en los usos de suelo permitidos por la propia Federación. La importancia de Yum Balam es también regional debido a los humedales costeros del Gran Ecosistema del Mar Caribe, que se ha visto diezmado por la pérdida del 59% de su cobertura en los últimos 44 años, entre 1975 y 2019. La amenaza de actuar de forma regresiva al desconocer el decreto de creación de Yum Balam agravaría la situación de los ecosistemas marino-costeros de la región frente a la crisis climática global. Contactos de prensa: Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz, CEMDA, [email protected], 5559644162  

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Comunidades mayas, en riesgo por eventos climáticos agravados por proyectos hidroeléctricos

Graves impactos por eventos climáticos en la Microrregión de Yichk’isis (Ixquisis), al norte de Guatemala, profundizados por la construcción de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés financiados por el BID Invest, amenazan derechos de la población indígena local. Desde el sábado 21 de noviembre, en las comunidades mayas de la microrregión de Yichk’isis (Ixquisis), al norte de Guatemala han notado con preocupación el aumento del caudal del rio Grande de Ixquisis, que ha provocado el desborde de las aguas hacia las zonas de obras de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés, abandonadas por la empresa Energía y Renovación S.A.; así como y la inundación del túnel construido, en desarrollo de las obras, en el Cerro San Francisco. El principal temor de las autoridades locales y de las comunidades es que la presión del agua afecte la integridad estructural del túnel, lo cual podría causar problemas geotécnicos alrededor y fenómenos de remoción en masa, afectando así a las comunidades del El Platanar, Bella Linda, Caserío San Francisco, Las Flores, Primavera y otros caseríos. Las autoridades ancestrales locales convocaron el domingo 22 de noviembre a una reunión con el Ejército Nacional ubicado en la microrregión y a la Policía Nacional Civil (PNC), únicas entidades del Estado con presencia en el territorio, con el fin de expresar sus principales preocupaciones sobre la situación de riesgo en la que se encuentran las comunidades. Las comunidades exigieron que se pidiera a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y a la empresa Energía y Renovación S.A. el inicio de obras para sellar el túnel en el Cerro San Francisco y el cierre todas las demás obras que están abandonadas y sin ningún tipo de manejo, por los trágicos efectos que los fenómenos climáticos de alta intensidad puedan tener sobre ellas, sobre el territorio y sobre la vida de la población indígena local. Para las comunidades, es clara la relación que existe entre el aumento de la vulnerabilidad y el riesgo ante eventos climáticos extremos y la construcción de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés, dado que según la experiencia de las comunidades que han habitado ancestralmente este territorio y conocen los cauces de los ríos y sus cambios en temporada de lluvias, fueron las obras de los proyectos hidroeléctricos las que afectaron los caudales de los ríos de la región, en especial del río Pojom y del río Negro. Estos proyectos hidroeléctricos han sido financiados por el BID invest y desde su construcción, las comunidades de la Microrregión y organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre sus impactos sociales, ambientales y climáticos. La falta de Planes de  Manejo Ambiental ante posibles desastres por parte de la empresa Energía y Renovación S.A.  ha sido documentada en el proceso que en la actualidad se adelanta ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID, dado que la empresa no identificó dentro de su EIA el riesgo de inundaciones. Los riesgos de desastre derivados de la falta de Planes de Manejo Ambiental para mitigación y de contingencia para responder a emergencias, y la falta de consideración de los impactos climáticos, se constituyen en una clara amenaza para los derechos humanos de la población indígena de los pueblos Maya Chuj, Maya Q’anjob’al y Maya Akateko, ubicados en la microrregión de Yichk’isis, la cual está habitada mayoritariamente por mujeres. Hacemos un llamado a las entidades competentes del Estado de Guatemala, en específico a la CONRED, a que den cabal cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas en condiciones de igualdad y no discriminación; además de al BID Invest, a que dé cumplimiento a sus políticas operativas sobre Gestión del Riesgo de Desastres y de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas. De igual forma, pedimos a la empresa Energía y Renovación S.A. que actúe en el marco de la debida diligencia y de su obligación de respetar los derechos humanos. Por último, instamos a los organismos de derechos humanos de Guatemala y demás actores que acompañan a verificar que se tomen las medidas necesarias para gestionar la situación actual de manera concertada con la población local, con el fin de prevenir y mitigar los riesgos y evitar así que situaciones como están vuelvan a ocurrir poniendo en riesgo los derechos humanos de la población indígena que ha habitado ancestralmente este territorio. Contacto de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +525570522107  

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5 cosas que deberías saber sobre el metano

Texto publicado originalmente por el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA)   Aunque su presencia en la atmósfera es menor a la del dióxido de carbono (CO2) —el más abundante y conocido de los gases de efecto invernadero—, el metano, debido a su composición química, es mucho más efectivo para retener el calor. Ello implica que al añadir menos metano a la atmósfera se tienen efectos en el calentamiento del planeta equivalentes a grandes cantidades de CO2. De hecho, desde 2006, el metano en la atmósfera ha aumentado considerablemente, cerca de 25 millones de toneladas por año. Y existen estudios que asocian su incremento con la fuga y quema de metano en la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante fracking o fracturación hidráulica. Aunque la producción de gas extraído mediante fracking es vendida como una alternativa “más limpia” que otros combustibles fósiles, se trata de un argumento falaz que es necesario combatir. En general, todas las actividades responsables de las emisiones de metano son una pésima idea ante la crisis climática y ante la necesidad cada vez más urgente de combatir la contaminación del aire. El entendimiento común que se tiene del metano es inexacto. Por ello es necesario generar mayor consciencia sobre qué es y cuáles son sus impactos reales. A continuación, cinco datos básicos sobre el metano: 1. Es un gas de efecto invernadero y un contaminante climático de vida corta El metano es un gas de efecto invernadero (GEI). La atmósfera, compuesta por diferentes gases, captura algunos de los rayos del sol y los mantiene dentro para lograr una temperatura media en el planeta. A ese fenómeno natural se le conoce como efecto invernadero. Pero cuando se emiten en exceso otros gases como el metano, la atmósfera retiene más calor del necesario, dando lugar al calentamiento global. El metano tiene 67 veces más poder que el CO2 para calentar el planeta en un periodo de 20 años. Sus emisiones son responsables de casi el 25% del calentamiento global. Debido a que permanece menos tiempo en la atmósfera, 12 años en promedio (el CO2 permanece siglos), es uno de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), que causan entre el 40 y 45% del calentamiento global y dañan la calidad del aire. 2. Proviene mayormente de fuentes humanas Cerca del 60 por ciento del metano en la atmósfera proviene de fuentes que la ciencia considera son causadas por actividades humanas, mientras que el restante 40 por ciento se origina en fuentes naturales. Entre las fuentes naturales están los humedales, las termitas, los volcanes y el permafrost. Las fuentes humanas incluyen la ganadería, los sitios de explotación de gas y petróleo, los arrozales, las minas (particularmente de carbón) y los vertederos. Cabe resaltar que, según evidencia científica, los embalses de las represas son también una fuente importante de metano. Generan 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero de toda la humanidad en un año (más que todas las emisiones contaminantes de Canadá) y el 80% de esa contaminación es metano. 3. Degrada la calidad del aire de manera directa e indirecta En la explotación, procesamiento y transporte de gas y petróleo se filtran o liberan intencionalmente grandes cantidades de metano. Únicamente en Estados Unidos, esas emisiones directas llegan a 13 millones de toneladas cada año. Y al ser liberado a la atmósfera, el metano es acompañado por otros contaminantes tóxicos (como benceno, formaldehído y etilbenceno). De otro lado, al interactuar con la radiación solar, el metano favorece la formación del ozono a nivel del suelo (O3), otro contaminante climático de vida corta (CCVC) y el principal componente de la niebla tóxica o esmog. Asimismo, la quema de gas metano produce carbono negro y compuestos orgánicos volátiles (COV), que también son CCVC. 4. Causa daños graves a la salud humana Como dijimos, las emisiones de metano favorecen la formación del ozono que se encuentra en las capas más bajas de la atmósfera, el cual tiene impactos serios en la salud de las personas: Irrita las vías respiratorias, genera sensación de ardor y falta de aire, complica cuadros de asma, causa disfunciones pulmonares e incluso muertes prematuras, y altera la respuesta del sistema inmunológico, mermando su capacidad para responder a enfermedades como la COVID-19, la cual afecta principalmente las vías respiratorias. Y dado que la quema de metano genera carbono negro, es relevante decir que el mismo es un componente clave del material particulado (PM 2.5), que son partículas contaminantes 35 veces más pequeñas que un grano de arena, por lo que no pueden ser filtradas o retenidas de forma natural en la nariz, pudiendo entrar incluso hasta los pulmones. El material particulado es el contaminante atmosférico más frecuentemente asociado con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y pulmonares, incluyendo cáncer de pulmón. 5. Es urgente regular y frenar sus emisiones Dado que el metano, además de agravar la crisis climática, deteriora la calidad del aire y con ello la salud humana, es urgente actuar para frenar sus emisiones. Desde la sociedad civil organizada y también desde la ciudadanía, debemos exigir a los gobiernos normas que regulen de manera eficiente las emisiones de metano provenientes de la industria de los hidrocarburos y de otros sectores como la minería de carbón y la ganadería industrial. Además, debemos exigir el monitoreo de emisiones, así como la producción y difusión de información oportuna a la población sobre los daños del metano en la calidad del aire.  

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Mujer indígena boliviana.

Derechos humanos y perspectiva de género en las NDC en América Latina

Este documento tiene como objetivo proporcionar una serie de elementos clave relativos a la inclusión del marco de derechos humanos y perspectiva de género en la elaboración, actualización e implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de los países de América Latina. Así, este documento busca ser una herramienta para que tanto las y los tomadores de decisión, como las organizaciones de la sociedad civil, puedan verificar la adecuada integración de estos temas fundamentales en los mencionados instrumentos de planificación de la acción climática. En ese sentido, con base en diversos estándares y tratados internacionales y regionales, se provee una lista de elementos generales y acciones clave que deben ser considerados en la elaboración e implementación de las NDC, con el fin de incluir de manera transversal los derechos humanos y la perspectiva género en las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, aplicables a diversos sectores y actividades.       Lee y descargue la publicación  

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tortuga marina flotando sobre arrecifes de coral

Tres grandes oportunidades para salvar el océano y el clima

La pandemia por el nuevo coronavirus ha traído un cambio de perspectiva sobre la importancia de muchos temas, entre ellos el acceso a la salud y a la tecnología, así como la desigualdad presente en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero también ha renovado la discusión acerca de la necesidad de actuar frente a la mayor amenaza que la humanidad enfrenta: la crisis climática. Mi intención no es causar alarma o pánico, sino enfatizar que aún hay mucho por hacer. La vida en el planeta surgió en el océano y tras millones de años se adaptó para ser posible en tierra, dando paso a la existencia humana. Aunque no vivamos en el océano, este ecosistema es clave para sostener la vida. Es el principal regulador climático del planeta. Las corrientes marinas marcan la pauta respecto a las estaciones y es la interacción entre corrientes de aire y corrientes marinas el origen de las tormentas tropicales, huracanes y tifones. De otro lado, los manglares —que sirven de unión entre el océano y la tierra— y los arrecifes de coral son barreras naturales contra tormentas tropicales. Por tanto, un océano saludable significa un clima saludable y debemos procurar su conservación lo antes posible. Lamentablemente, la evidencia científica da cuenta que el océano sufre de sobrecalentamiento, acidificación y de pérdida de oxígeno. Ante esa dura realidad, existen tres grandes oportunidades para la adopción de medidas de protección del océano con un enfoque climático. Pese a que fueron postergados debido a la pandemia, existen tres procesos de negociación a nivel internacional que aún representan importantes ventanas de oportunidad para salvar el océano y, al mismo tiempo, el clima y nuestro futuro. 1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático El primer escenario es el de las negociaciones climáticas, en las cuales los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reúnen para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de estos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la emergencia climática. Durante la 25ª Conferencia de las partes (COP25), realizada en 2019, se abrió la posibilidad de iniciar un diálogo sobre la importancia del océano en la acción climática. Se les solicitó a los países parte, organizaciones observadoras y otras instituciones enviar sus aportes sobre el tema para ser analizadas durante la próxima reunión del Órgano Asesor Técnico Científico. La idea es integrar de forma más activa los ecosistemas marinos en los planes de adaptación y mitigación al cambio climático, así como destacar su rol en la creación de resiliencia climática planetaria.   No hay una fecha definida para la próxima reunión del Órgano Científico y deberemos esperar a noviembre de 2021 para la siguiente cumbre climática de la ONU. 2. Tratado de Alta Mar Otro aspecto clave en la protección del océano y sus beneficios es la conservación y manejo sostenible de los recursos marinos. A ello apunta justamente la negociación de un Tratado de Alta Mar en el marco de Naciones Unidas. Las áreas marinas fuera de la jurisdicción nacional o alta mar, que representan aproximadamente la mitad de la superficie del planeta, están bajo poca o ninguna regulación. Lo que se busca con el tratado es crear un marco jurídico integrado que regule las actividades productivas en alta mar mediante evaluaciones de impacto ambiental, herramientas de manejo espacial que incluyen áreas marinas protegidas, gestión de recursos genéticos marinos, la creación de capacidades tecnológicas, así como la transferencia de tecnología. Los ecosistemas en alta mar son altamente productivos y capaces de capturar carbono y regular el clima. Son además esenciales para la seguridad alimentaria presente y futura. La última Conferencia Intergubernamental para la negociación del Tratado de Alta Mar estaba programada para marzo del 2020, pero fue pospuesta para marzo dl próximo año. 3. Convenio de Diversidad Biológica Finalmente, tenemos la negociación de las metas de gestión de la biodiversidad para la próxima década bajo el Convenio de Diversidad Biológica. Estas metas son amplias y abarcan a diversos ecosistemas. En cuanto al océano, lo que se impulsa es la protección del 30% del océano para 2030. Esta meta requiere crear áreas marinas protegidas biológicamente significativas, basadas en la ciencia y gestionadas adecuadamente. Sin el Tratado de Alta Mar, esta meta es imposible de lograr. Las negociaciones del Convenio estaban planificadas para noviembre del 2020, pero fueron postergadas para el segundo trimestre de 2021. La relación entre estas tres negociaciones es innegable y necesaria. Sin áreas marinas protegidas creadas bajo un enfoque científico y sin un océano cuyos recursos sean gestionados de manera sostenible, no tendremos una acción climática efectiva. Esta pausa en las negociaciones nos da tiempo para informarnos y aprender más de la importancia del océano. Es un momento para reflexionar sobre por qué es necesario proteger al menos el 30% del océano, incluyendo alta mar. En juego están la resiliencia climática, la seguridad alimentaria y nuestro futuro. Es el tiempo perfecto de pensar en las sabias palabras de Sylvia Earle: “Sin océano, no hay vida, no hay verde sin azul”.  

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Impactos del metano en el aire, el clima y la salud: Regulación y retrocesos en México

El objetivo de este seminario web fue abordar los impactos de las emisiones de metano en el clima, en la calidad del aire y en la salud de las personas, así como evidenciar que los cambios regresivos en la regulación de esas emisiones en México, justificadas por la emergencia sanitaria, agravarán esos daños.El evento forma parte de la serie de seminarios virtuales sobre calidad del aire en el contexto de la COVID-19, convocada desde el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA). PanelistasGraciela B. Raga, Centro de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Impactos del metano en el aire y en el clima.Horacio Riojas Rodríguez, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP): Impactos del metano en la salud de las personas y su vinculación con la pandemia.Gisselle García Maning, Experta Senior del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA): Cambios regresivos en la regulación de las emisiones de metano en México:Jacob Kopas, abogado del Programa Internacional de Earthjustice: La experiencia de EE. UU., Earthjustice vs. los retrocesos en la regulación sobre metano.Moderó: Verónica Méndez Villa, Abogada Becaria, Programa de Cambio Climático, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Graciela B. Raga, Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM: 3. Horacio Riojas Rodríguez, Instituto Nacional de Salud Pública: 4. Gisselle Maning, CEMDA: 5. Jacob Kopas, Earthjustice: Infografías¿Qué es el metano y cómo contamina nuestro aire?¿Cómo afecta el metano nuestra salud? 

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México: El OCCA exige no retrasar la implementación de la norma ambiental que controla las emisiones de vehículos pesados

La NOM-044 es el instrumento normativo más importante para controlar las emisiones del transporte en México. El gobierno y la industria de vehículos pesados en México han retrasado el calendario de la NOM-044, lo que impide beneficios ambientales, avanzar en la mitigación de la crisis climática y evitar riesgos graves para la salud, así como muertes prematuras asociadas a las emisiones de los vehículos pesados en los años por venir. La indebida postergación de la NOM-044 por Comarnat va en contra de la evidencia reconocida de protección a la salud pública: un incremento de 1 μg/m3 de PM2.5 se asocia con un 8% de incremento en la tasa de mortalidad por COVID-19. Las organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA)[1] consideran injustificable no reducir las emisiones contaminantes de los vehículos pesados a diésel. Consideran que ello impide mejorar la calidad del aire, reducir los riesgos a la salud, disminuir los impactos de la crisis climática y evitar las muertes prematuras asociadas a la contaminación del transporte. Es inexcusable porque el carbón negro que compone el material particulado fino (PM2.5), proveniente de la combustión incompleta del diésel, tiene graves impactos en la salud y contribuye al calentamiento global. Asimismo, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) generadas por estos motores contribuyen a la formación del ozono asociado con la mala calidad del aire, la crisis climática y las contingencias ambientales que aquejan a varias ciudades en México. Es inaceptable porque existen las condiciones necesarias para que el calendario original de la norma se cumpla y para que, a partir de 2021, todos los vehículos nuevos integren las tecnologías que cumplen con los estándares ambientales más estrictos. Sin embargo, el gobierno y la industria de vehículos pesados en México han postergado el calendario de la NOM-044, retrasando la entrada de los vehículos certificados bajo estándares EPA 2010 / EURO VI, estándares que eliminan hasta el 99% de las partículas PM2.5 y reducen más del 90% de los óxidos de nitrógeno (NOx) de los vehículos a diésel, en comparación con los EPA 2007 / EURO V, tecnologías que la industria dejaría de comercializar a partir del 31 de diciembre 2020 de no haberse postergado indebidamente la NOM-044. El 17 de septiembre de 2020, en sesión del Comité de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT), el gobierno federal y el sector privado votaron a favor de retrasar la aplicación de la norma. El argumento utilizado fue que la emergencia sanitaria por la COVID-19 afectó la fabricación e importación de los vehículos pesados y que ante esta coyuntura los fabricantes requieren un periodo para ajustarse. Este argumento no tiene sustento por diversas razones. Desde hace una década, los vehículos fabricados por la industria mexicana cumplen con los estándares EPA 2010 / EURO VI. Sin embargo, ocho de cada diez vehículos pesados producidos en México son para exportación, siendo su principal mercado los Estados Unidos, con una participación del 94%, que desde 2010 adoptó los estándares EPA 2010. Por lo tanto, el argumento de que la industria necesita más tiempo para dar cumplimiento a la Norma carece de fundamento técnico. Además, la NOM-044-SEMARNAT-2017 fue publicada en febrero de 2018, por lo que la industria contó con tres años para planear y realizar las acciones necesarias para estar listos al 1 de enero de 2021. Sin embargo, sus esfuerzos se enfocaron en argumentar y presionar desde antes de la emergencia sanitaria para no cumplir el calendario establecido. Las tecnologías EPA 2010 / EURO VI requieren necesariamente del diésel de ultra bajo azufre (DUBA), con contenido menor a 15 partes por millón (ppm) de azufre, para su correcto funcionamiento y durabilidad. La industria ha presentado este argumento en repetidas ocasiones para condicionar la implementación de una norma para vehículos nuevos a la distribución del 100% de DUBA en México. Lo anterior carece de fundamento, ya que desde 2018 más del 80 % del diésel comercializado en México es DUBA, cantidad más que suficiente para asegurar una distribución estratégica con plena cobertura para los vehículos nuevos que se vendan a partir de 2021 y que representan en promedio un 4% del total de la flota. En suma, los esfuerzos del gobierno y la industria deben enfocarse, no en postergar una norma ambiental, sino en trabajar de manera coordinada junto con la sociedad civil y academia para implementar un sistema de distribución, etiquetado e identificación adecuado del combustible, así como de los correspondientes programas de vigilancia y cumplimiento. El desarrollo e implementación de los mejores estándares de emisiones y calidad de combustibles para el sector del transporte en México ha implicado más de 15 años de negociaciones, por lo que sus constantes retrasos violan el derecho humano a un ambiente sano y otros derechos conexos como la salud, la vida y la integridad personal. Seguir permitiendo el retraso de las regulaciones que obligan a la adopción de estos estándares, previamente aprobados, es una medida regresiva en detrimento de la calidad del aire y del ambiente, algo indispensable para gozar de una buena salud. Ese retraso es además contrario a las obligaciones internacionales adoptadas por el Estado mexicano en materia de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Es una decisión opuesta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[2] para hacer frente a la vulnerabilidad revelada por la pandemia del COVID-19. Incluso otros países comparables con México como la India dieron un salto tecnológico de dos generaciones en plena pandemia. La postergación de la NOM-044 por COMARNAT va en contra de la evidencia referida a la protección a la salud pública: un estudio de la Universidad de Harvard estima que un incremento de 1 μg/m3 de PM2.5 se asocia con un 8% de incremento en la tasa de mortalidad por COVID-19  (95% intervalo de confianza: 2%, 15%).[3] Y tomando en cuenta la lenta renovación de la flota a diésel, dado que la vida promedio es de 18 años por unidad,[4] se necesitarán varias décadas antes de que el estándar EPA 2010 / Euro VI penetre hasta la saturación completa de la flota circulante, lo cual demuestra la apremiante necesidad de implementar a cabalidad la NOM-044. Un estudio del ICCT[5] indica que en 2015 murieron más de 3 mil personas por enfermedades respiratorias y cardiovasculares relacionadas con las emisiones de los miles de vehículos a diésel que transitan en todo el país. Sin embargo, si se cumple el calendario de la NOM-044, se calcula que se evitarían hasta 6 mil muertes prematuras al año, incluso a pesar del crecimiento previsible de la flota en las próximas décadas, lo cual se traduce en ahorros estimados de $14,300 millones de dólares (precios de 2010).[6] La NOM-044 es el instrumento normativo más importante para controlar las emisiones del transporte en México. Su retraso es una medida regresiva para el cumplimiento y garantía de los derechos humanos a un ambiente sano, a la salud, la vida y la integridad de las personas. El retraso impedirá beneficios ambientales, avanzar en la mitigación de la crisis climática y evitar los riesgos graves para la salud y las muertes prematuras asociadas a las emisiones de los vehículos pesados de aquí en adelante. [1] Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA): Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo, Fundación Tláloc, Greenpeace México, International Council on Clean Transportation, Iniciativa Climática de México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo capítulo México, Red por los Derechos de la Infancia en México, Redspira, Transita Seguro y World Wildlife Fund. [2] En las Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19, se indica “bajar estándares medio ambientales, suspender requerimientos de monitoreo ambiental, reducir medidas de aplicación y restringir la participación pública] son irracionales, irresponsables y ponen en riesgo los derechos de las personas vulnerables”. Véase: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/V1.7_Directrices_ONU-DH_Covid19-y-Derechos-Humanos_MX.pdf [3] Wu, X., Nethery, R.C., Sabath, B.M., Braun, D. and Dominici, F., 2020. Air pollution and COVID-19 mortality in the United States: strengths and limitations of an ecological regression analysis. Science Advances (in press). Updated April 24, 2020. Disponible en https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm [4] Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Estadística Básica 2018; http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2018/ [5] Anenberg et al. A global snapshot of the air pollution-related health impacts of transportation sector emissions in 2010 and 2015. ICCT 2019. https://theicct.org/sites/default/files/publications/Global_health_impacts_transport_emissions_2010-2015_20190226.pdf [6] Pineda et al. Air quality and health benefits of improved fuel and vehicle emissions standards in Mexico. ICCT 2018. https://theicct.org/publications/mexico-emissions-review Contactos para prensa: El Poder del Consumidor (EPC), 5512989928, [email protected] Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 5559644162, [email protected] International Council on Clean Transportation (ICCT), 55 1016 2304, [email protected] Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), 5570522107, [email protected]  

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