Cambio Climático


Bosque y nevado

Resumen de la 32ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Junio de 2022Del 16 al 19 de mayo de 2022, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) celebró su 32a reunión (B.32) en la ciudad de Saint John's, Antigua y Barbuda. Por primera vez, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el encuentro fue presencial.A pesar de esto último, el FVC recomendó que la participación de la sociedad civil, que hace seguimiento a las reuniones de la Junta, siguiera siendo virtual, lo que causó la indignación de esta, que respondió con una carta al respecto a la Junta y a la Secretaría del FVC.La reunión se centró en consultas políticas, como la actualización del Proceso de Aprobación Simplificado (SAP por sus siglas en inglés), la revisión de las modalidades iniciales del Mecanismo del Sector Privado (PSF por sus siglas en inglés) y de la estrategia de dicho sector, y la orientación del enfoque y alcance de la prestación de apoyo para actividades de adaptación.Además, la Junta consideró la aprobación de cuatro propuestas de financiamiento (solicitando 301,5 millones de dólares del FVC) y la reacreditación de dos entidades: Conservación Internacional y el Banco Coreano de Desarrollo.Consulta y descarga el resumenResumen en portugués 

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¿Qué es la transición energética justa?

Es posible plantear soluciones reales a los problemas actuales. Las diversas crisis por las que atraviesa la humanidad —climática, energética, alimentaria, ambiental, sanitaria—, así como las enormes desigualdades que las originan y que al mismo tiempo son profundizadas por ellas, pueden superarse si logramos repensar los sistemas en los que vivimos y plantear transiciones con un horizonte claro. En 2021, el sector energético contribuyó con el 73,2% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El sistema energético actual, basado en fuentes fósiles, es desigual e inequitativo. Está concentrado en grandes empresas privadas o estatales, es especialmente conflictivo en cuanto al acceso a los recursos y poco abierto a la participación social en la toma de decisiones. Por ello, avanzar en la transición energética es urgente. No hay una mirada única de la transición energética, es un concepto en disputa. ¿Para qué? ¿Para quienes? ¿Cómo? Son las preguntas que definen las diferentes concepciones y brindan los elementos para el análisis. Las miradas conservadoras centran la transición en un proceso de sustitución tecnológica para un cambio de matriz energética con fuentes renovables y la búsqueda de la eficiencia energética. Por otra parte, las propuestas más completas advierten que un cambio de matriz energética es necesario, pero no es suficiente. Y plantean la transición como un proceso de transformación integral, territorialmente situado y plural, que supone la creación de nuevas condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para lograr la construcción del derecho a la energía. Si planteamos la transición como un cambio de sistema, es imprescindible construir otro tipo de relaciones entre seres humanos, naturaleza y relaciones de producción. Pautas para pensar la transición energética en Latinoamérica Con base en los argumentos de Pablo Bertinat, especialista en el tema, transitar ese camino en la región requiere: Construir el derecho a la energía como derecho colectivo, en congruencia con los derechos de la naturaleza. Se debe tomar en cuenta los daños generados por el desarrollo energético a territorios y comunidades; erradicar las Zonas de Sacrificio, reconociendo su vulnerabilidad; y garantizar el respeto a derechos humanos durante la transición. Resolver problemas de pobreza energética con energía limpia, accesible, confiable y asequible. Los proyectos de energía deben beneficiar al territorio en el cual se instalan en cuanto a generación, abastecimiento y trabajo para lograr la redistribución de la riqueza producto de la transición energética. Avanzar en un proceso de disminución de energía ante un escenario de restricción en el cual los recursos no permiten cubrir la demanda energética. Esto implica una transición integral. Se debe pensar en un nuevo modelo productivo construido con base en la disponibilidad de energía, así como replantear sistemas de transporte, de agricultura, de infraestructura, etc. Profundizar el cambio de matriz energética desde procesos de resignificación de tecnologías por aquellas que sean adecuadas, es decir, que permitan la inclusión social, que sean construidas desde las comunidades, que estén orientadas a resolver los problemas de estas y que tomen en cuenta los procesos de aceptación de nuevos emprendimientos energéticos. Impulsar procesos de democratización de la energía mediante la participación de diversos actores, especialmente sectores excluidos, en la toma de decisiones respecto a la transición y elaboración e implementación de políticas, garantizando los derechos de acceso a información oportuna y completa, participación de calidad y acceso a la justicia ambiental, que logren asegurar la autonomía energética a nivel local.   En conclusión, hablar de transición energética justa implica recuperar la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de recursos finitos e inequidades. No debemos empezar de cero. Comunidades locales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y gobiernos han dado ya pasos importantes hacia una transición energética justa, democrática y popular en la región. Con ese impulso, la transición no solo es deseable, sino posible.  

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5 razones para ponerle fin a la extracción y uso de carbón

El uso de carbón para generar energía comenzó hace 2.000 años. Sin embargo, actualmente, su rol como combustible ha llegado a su fin: los impactos negativos de su explotación y uso son mucho mayores que los beneficios. Además, la solución a la crisis climática pasa en gran parte por terminar con la dependencia del carbón. Aunque actualmente estamos viendo un crecimiento en los proyectos de carbón, para reducir significativamente las emisiones causantes del calentamiento del planeta es necesario que, en un contexto pos-COVID-19, los países se comprometan a una recuperación económica alejada del carbón como fuente energética. Frente a gobiernos y empresas que siguen promoviendo la industria del carbón en el contexto económico y político actual —ignorando sus costos reales—, existen al menos cinco razones por las cuales continuar extrayéndolo y quemándolo es una mala decisión desde las perspectivas económica, política, ambiental, climática y de derechos humanos.   1. El carbón es económicamente inviable por los altos costos de sus impactos Al momento, la cadena del carbón no contempla los costos externos derivados de los daños e impactos climáticos, ambientales y sociales que provoca, los cuales podrían duplicar o incluso triplicar el precio de la electricidad generada. Por ejemplo, la exportación de una tonelada de carbón de Colombia a Europa, Estados Unidos o Asia conlleva costos externos estimados de entre 144,64 y 210,95 dólares por tonelada, tres veces el precio de mercado del carbón (de 47,8 dólares la tonelada en agosto de 2019) (1). De ese modo, la explotación y uso del carbón resultan económicamente inviables porque el precio de mercado no alcanza para cubrir la reparación de los daños causados. Lo más grave es que ya que las empresas de la industria no los asumen, estos costos quedan en manos de Estados, comunidades y ecosistemas. 2. Los proyectos de carbón generan desempleo Los argumentos según los cuales la explotación de carbón genera desarrollo allá donde se realiza son un mito. La contaminación generada por la minería de carbón impacta la salud de las personas expuestas a ella, afectando su efectividad laboral y poniéndolas en desventaja para acceder a otras opciones de trabajo. Esto resulta en altos índices de desempleo en poblaciones aledañas a minas de carbón con tasas de hasta el 40%. Además, la industria de las energías renovables no convencionales emplea al momento a muchas más personas que la del carbón. Según la International Renewable Energy Agency, esa industria generó 11 millones de empleos a nivel mundial en 2018, mientras que los 10 países con más fuentes laborales dependientes del carbón solo generan 225.000 empleos aproximadamente. Asimismo, según estimaciones de la ONU, transitar a energías renovables podría generar hasta 35 millones de puestos de trabajo adicionales entre 2020 y 2050. 3. Invertir en carbón es cada vez más riesgoso Tanto bancos como aseguradoras están dejando de invertir en el sector carbonífero por sus elevados costos, altos riesgos y baja rentabilidad. Hoy, 26 de los 35 mayores bancos del mundo tienen políticas que restringen el financiamiento de proyectos relacionados con la minería de carbón o con la generación eléctrica a partir del carbón. Incluso, un grupo de países de la OCDE, anunció recientemente que pondrá fin a las ayudas financieras a centrales eléctricas de carbón. Del mismo modo, al menos 18 de las grandes compañías aseguradoras a nivel mundial han decidido restringir actividades vinculadas con la industria carbonífera. Esto muestra que,  gracias a la presión ciudadana, estamos frente a un proceso de desfinanciación de esa industria, cuyo mercado ya no es asegurable. 4. El uso de carbón agrava la crisis climática mundial La extracción y quema del carbón agrava la crisis climática, al igual que todas las violaciones a derechos humanos derivadas de ella: inundaciones que desplazan personas, incendios que destruyen pueblos y ecosistemas enteros, sequías que acaban con los cultivos, entre otras. De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el carbón está detrás del 44% de las emisiones de CO2 provenientes de combustibles fósiles. Pero solo nueve países son responsables del 85% de las emisiones globales provenientes de la combustión de este mineral. La minería de carbón emite también metano, un gas con 67 veces más poder que el CO2 para calentar el planeta en un periodo de 20 años y cuyas emisiones son responsables de alrededor del 25% del calentamiento global. Construir nuevas centrales eléctricas de carbón implica un cambio climático catastrófico. Por ello la ONU planteó como medida urgente acelerar la descarbonización de todos los aspectos de la economía. Para mantenernos en el camino de los 1.5°C, al 2050, el 90% del carbón debe permanecer bajo tierra. 5. La minería y el uso de carbón vulneran derechos humanos esenciales, como la salud Todo el ciclo del carbón —desde su extracción, transporte y exportación, hasta su quema o combustión— causa daños irreversibles en las personas. Uno de los principales impactos de la minería de carbón es la degradación de la calidad del aire, que a su vez viola el derecho a la salud, a la vida y a un ambiente sano, generando altas tasas de morbilidad y mortalidad. Los daños de la extracción de carbón incluyen la neumoconiosis (pulmón negro), conocida como “la enfermedad del minero”, que reduce considerablemente las expectativas de vida de quienes trabajan en minas y de las comunidades aledañas, donde la población infantil es la principal afectada. Asimismo, las emisiones contaminantes de las centrales de carbón son las principales responsables de formar partículas microscópicas (PM10 y PM2,5) capaces de penetrar en el sistema respiratorio y sanguíneo, aumentando las tasas de enfermedades graves como el cáncer de pulmón e incluso de muertes prematuras.   Estas cinco razones son al mismo tiempo argumentos para la descarbonización de la matriz energética de América Latina. La región puede y debe dirigir sus esfuerzos hacia un sistema energético basado en energías renovables no convencionales, amable con el ambiente, respetuoso de las personas y sostenible en el tiempo. Para más información, consulta nuestro informe Carbón, un combustible condenado al entierro. El final de una era y la promesa de una transición justa. (1) Precios actualizados a 2019 tomados de Cardoso A. Behind the life cycle of coal: Socio-environmental liabilities of coalmining in Cesar, Colombia. Ecological Economics 120 (2015) 71- 82, y Cardoso A., Santamaria R,. Peñalver L. (2019). Thetrue cost of coal in Colombia.  

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Carbón, un combustible condenado al entierro. El final de una era y la promesa de una transición justa

El informe expone cinco razones por las cuales se debe terminar con la extracción y quema de carbón desde la perspectivas económica, política, ambiental, climática y de derechos humanos. Además, presenta argumentos en favor de la descarbonización de la matriz energética de América Latina mediante un proceso enmarcado en la justicia climática que respete los derechos humanos y la equidad de género. Latinoamérica puede y debe dirigir sus esfuerzos hacia un sistema energético basado en energías renovables no convencionales, amable con el ambiente, respetuoso de las personas y sostenible en el tiempo. Esta publicación se realiza con base en un análisis de tendencias, no de coyunturas específicas, de la trayectoria del carbón hacia escenarios de descarbonización y de transición energética. Está dedicada a todas esas personas que han resistido incansablemente la intromisión del carbón en sus territorios y que han trabajado por evidenciar sus impactos y buscar soluciones.       Descarga el informe  

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Carbón, un combustible condenado al entierro

Este seminario web tuvo como objetivo presentar el informe “Carbón, un combustible condenado al entierro: El final de una era y la promesa de una transición justa”, así como favorecer un espacio de discusión regional en torno al tema.En ese sentido, las panelistas compartieron sus experiencias sobre litigios estratégicos y acciones de incidencia para frenar la expansión del carbón en países del continente. PanelistasRosa Peña: abogada, Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).Daniela García Aguirre: abogada e ingeniera ambiental, becaria de la Iniciativa de Aire Limpio de AIDA.Andrea Cardoso (Colombia): Doctora en Ciencia y Tecnología Ambientales con enfoque en economía ecológica; profesora en la Universidad del Magdalena.Cristina Auerbach (México): Organización Familia Pasta de Conchos.Alejandra Donoso (Chile): Abogada, directora de la Defensoría Ambiental.Moderó: Daniela García Aguirre, (AIDA). Grabación Más informaciónConsulta el informe Carbón, un combustible condenado al entierro. El final de una era y la promesa de una transición justa.​

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Resumo da 31ª Reunião do Conselho do Fundo Verde para o Clima

Março de 2022De 28 a 31 de março de 2022, a diretoria do Fundo Verde para o Clima (GCF) realizou sua 31ª reunião (B.31), novamente em formato virtual. A reunião concentrou-se em questões administrativas e processuais.Apenas duas propostas de financiamento no total de US $187,6 milhões do GCF foram consideradas e aprovadas, uma delas para um projeto na Colômbia.Além disso, foram tomadas decisões sobre a acreditação de uma entidade e sobre a reacreditação de quatro entidades.Ver e baixar o resumo 

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Resumen de la 31ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Marzo de 2022Del 28 al 31 de marzo de 2022, la Junta del Fondo Verde del Clima (FVC) celebró su 31a reunión (B.31), una vez más en formato virtual. La reunión se centró en cuestiones administrativas y de procedimiento.En ella se consideraron y aprobaron apenas dos propuestas de financiamiento por un total de 187,6 millones de dólares del FVC, una de ellas para un proyecto en Colombia.Además, se decidió sobre la acreditación de una entidad y acerca de la reacreditación de cuatro entidades.Consulta y descarga el resumenResumen en portugués 

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La oportunidad de un alto tribunal en Perú para combatir los derrames de petróleo en la Amazonía

En 2014, debido a una fuga en el Oleoducto Norperuano, 2.500 barriles de petróleo fueron vertidos a la Quebrada de Cuninico, provincia de Loreto, en el corazón de la Amazonía. Las consecuencias del derrame persisten hasta hoy, afectando la vida e integridad de las comunidades nativas de San Francisco, Nueva Esperanza, Cuninico y Santa Rosa, cuyos habitantes sufren para encontrar agua limpia y desarrollar sus cultivos. Tras el derrame que cambió drásticamente sus vidas, los pueblos indígenas afectados claman a las autoridades que el desastre no vuelva a ocurrir. Acompañados por el Instituto de Defensa Legal, presentaron en junio de 2018 una demanda de amparo para pedir el mantenimiento del Oleoducto Norperuano y evitar más derrames. Ahora mismo, la demanda está siendo conocida por el Tribunal Constitucional de Perú, que tiene en sus manos una oportunidad magnífica: ordenar a la empresa estatal Petroperú realizar el mantenimiento del oleoducto, una tarea fundamental para frenar los derrames de petróleo en la Amazonía peruana y con ellos la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas que allí habitan. Desde AIDA, en el marco del programa Todos los ojos en la Amazonía, nos sumamos a su lucha con la presentación ante el tribunal de un escrito legal (Amicus Curiae) que recoge argumentos del derecho internacional de los derechos humanos sobre la obligación del Estado peruano de garantizar la adopción de las medidas necesarias —administrativas, jurídicas, políticas y culturales— para proteger los derechos a una vida digna y a un medio ambiente sano. Un problema sistemático con la infraestructura petrolera Lo ocurrido en Cuninico, tristemente, no es un hecho anecdótico, sino más bien sistemático. Los derrames de petróleo en la región amazónica de Perú están causando graves afectaciones socioambientales que ponen en riesgo a familias y comunidades enteras, comprometiendo su seguridad alimentaria, contaminando ecosistemas y afectando las cosmovisiones y formas de vida de los pueblos amazónicos. De acuerdo con La sombra del petróleo, informe de OXFAM publicado en 2020, de los 474 derrames ocurridos en lotes petroleros amazónicos y en el Oleoducto Norperuano entre 2000 y 2019 —que afectaron el territorio de 41 pueblos indígenas— el 65% se debió a corrosión de los ductos y a fallas operativas, mientras que el 28% fue causado por terceros. Ello prueba que la responsabilidad de la gran mayoría de los derrames recae sobre las empresas operadoras. Datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería —ambas entidades públicas— confirman que, en su mayoría, los derrames petroleros no son atentados puntuales de terceros, sino que se derivan principalmente de la falta de supervisión y vigilancia del Estado y de la ausencia de debida diligencia de las empresas. Ello ha generado un escenario estructural de amenazas y violaciones a los derechos humanos y ambientales de estas poblaciones ancestrales. La dependencia de la extracción de los combustibles fósiles, la falta de mantenimiento de las instalaciones, la debilidad institucional y los vacíos respecto a la responsabilidad empresarial son otras de las causas de los continuos derrames petroleros en Perú. Litigio estratégico: un camino a seguir Los tribunales de la región han sido, en muchas ocasiones, actores muy valiosos para la protección del derecho a un ambiente sano y de los derechos humanos en general. En Colombia, han evitado el avance de algunos proyectos que se implementaron sin consulta previa, afectado los derechos de los pueblos indígenas. En México, han reconocido los derechos de comunidades indígenas a participar en la utilización y administración de los minerales que están en el subsuelo de su territorio. Y en Ecuador,  la Corte Constitucional (el más alto tribunal del país) ordenó al Ministerio del Ambiente remediar los daños causados por las plantaciones de palma aceitera y tomar medidas para controlar y mitigar daños futuros y potenciales. Ahora, es turno del Tribunal Constitucional de Perú proteger la Amazonía de nuevos derrames de petróleo. Sin duda, la decisión puede ser un precedente regional histórico para la protección de un ecosistema indispensable. La Amazonía es un territorio majestuoso: en sus cerca de 7,4 km2 es el bosque tropical más grande del planeta y alberga por lo menos el 10% de la biodiversidad conocida, mucha de ella endémica. También es la casa de más de 470 pueblos indígenas, quilombolos y campesinos desde tiempos ancestrales; entre sus árboles y ríos se escuchan más de 86 lenguas y 650 dialectos diversos. Además, es un ecosistema vital en tiempos de crisis climática: funciona como un gran sumidero de carbono que almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero más importantes que, de ser liberado, aceleraría aún más el cambio climático. Lo ocurrido en Perú resalta la importancia del litigio estratégico para preservar la Amazonía como ecosistema clave frente a la crisis climática, y para defender a los pueblos que la llaman hogar.  

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O que se deve saber sobre o alerta trinacional para salvar o Pantanal dos incêndios

Os incêndios dos últimos anos danificaram seriamente o Pantanal: a maior área úmida de água doce do mundo, que se estende pela Bolívia, Brasil e Paraguai. Diante da urgência da situação, organizações da sociedade civil alertaram a Secretaria da Convenção de Ramsar, tratado intergovernamental para a proteção de áreas úmidas, sobre os danos ao Pantanal e solicitaram seu apoio na busca de soluções. No atual contexto de crise climática, a proteção de ecossistemas chave, como as zonas húmidas, e a contenção das grandes emissões de dióxido de carbono causadas pelos incêndios florestais são tarefas urgentes. Segue aqui o que você precisa saber sobre a crise enfrentada pelas áreas úmidas do Pantanal e os esforços recentes para restaurá-las por meio da cooperação transfronteiriça.   UM EPICENTRO DE BIODIVERSIDADE EM RISCO Em seus quase 20 milhões de hectares, o Pantanal abriga pelo menos 3.500 espécies de plantas, cerca de 600 aves, 150 mamíferos, 175 répteis, 40 anfíbios e 300 peixes de água doce. Alguns deles também estão em perigo de extinção em outras regiões.  O Pantanal ainda abriga a maior concentração de onças e jacarés. A FORÇA DESTRUTIVA DO FOGO Em 2019 e 2020, o Pantanal queimou a uma taxa sem precedentes. Em 2020, os incêndios devastaram 4,3 milhões de hectares da região, o maior número registrado desde 1998. Nesse mesmo ano, 100% do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense no Brasil foi queimado. O fogo tornou-se em um problema transfronteiriço. AUMENTANDO A CRISE CLIMÁTICA GLOBAL Além da perda de florestas, da morte de animais e do impacto direto na saúde e no estilo de vida das comunidades locais, as queimadas no Pantanal agravam a crise climática, um problema global. Um estudo publicado pela Academia Brasileira de Ciências estima que os incêndios de 2020 na região do Pantanal brasileiro lançaram cerca de 115 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, o que representa mais de 20% das emissões geradas na Colômbia durante o mesmo ano. ALERTA INTERNACIONAL PARA MEDIDAS URGENTES No último dia 2 de fevereiro, no Dia Mundial das Zonas Úmidas, a AIDA —em conjunto com o Centro de Diversidade Biológica e Ecologia e Ação (ECOA)— solicitou ao Secretariado da Convenção de Ramsar o envio de uma missão consultiva às seis zonas úmidas do Pantanal localizadas na Bolívia, Brasil e Paraguai. As organizações também pediram que os locais - considerados de importância internacional pelo tratado - sejam inscritos no Registro de Montreux, a lista mundial de zonas úmidas em sério risco. E incentivaram os três governos a implementar medidas para preservar o bioma como um ecossistema transfronteiriço. APOIO ESPECIALIZADO A RESGATE “A missão consultiva consiste em uma visita de especialistas internacionais que podem dar recomendações especializadas ao Brasil, Bolívia e Paraguai para superar as condições que colocam em risco a conservação e o uso racional do bioma, bem como desenvolver medidas inovadoras de gestão e proteção”, explica Claudia Velarde, advogada da AIDA. A inscrição dos locais no Registro de Montreux permite obter auxílio econômico, além de apoio e assessoria técnica para a recuperação da região nos três países. Em julho de 2021, somente no estado de Mato Grosso, a área queimada do Pantanal foi cinco vezes maior que a de São Paulo. Com ações adequadas e oportunas será possível evitar que a degradação do ecossistema se repita nos meses de junho e julho deste ano, quando geralmente começam os incêndios florestais. O alerta enviado pela sociedade civil representa uma importante oportunidade para que os países que compartilham o Pantanal gerenciem sua riqueza ecológica de forma colaborativa e sustentável, unindo esforços para sua preservação. Versão em espanhol  

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Taller "Pérdidas y daños asociadas al cambio climático: Promoviendo reflexiones y rutas de incidencia desde las comunidades afectadas"

El objetivo de este taller fue generar un espacio de reflexión entre comunidades afectadas por el cambio climático, facilitar herramientas para la comprensión del concepto de pérdidas y daños, así como promover el fortalecimiento de las estrategias de incidencia política regional sobre el tema.Esperamos que el diálogo entre diferentes grupos interesados en el tema permita la construcción y fortalecimiento de estrategias de incidencia en torno a pérdidas y daños, potencializando el trabajo de las comunidades y organizaciones que les acompañan. Grabación Presentaciones1. Presentación de Liliana Ávila, AIDA: 

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