Cambio Climático

Seminario virtual "El Fondo Verde Climático ya cuenta con recursos financieros: ¿Cuáles son los siguientes pasos?"

El Fondo Verde Climático (FVC) cuenta al momento con 10.2 mil millones de dólares en contribuciones financieras. Este año es crucial para el Fondo porque comenzará el proceso de aprobación de entidades intermediarias e implementadoras y se aprobarán también los primeros proyectos y programas a financiar. ¿Qué hace falta decidir para que ambas tareas arranquen con éxito? Representantes de gobiernos de América Latina en la Junta Directiva del Fondo, e integrantes de la sociedad civil respondieron a ésa y otras interrogantes en este seminario virtual. Grabación Resumen CONSULTA EL RESUMEN DEL SEMINARIO

Seminario virtual "La primera parada en el camino a París 2015: Análisis de la sesión de Ginebra"

El nuevo acuerdo climático global va tomando forma gracias al impulso de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) de Lima, Perú, y las recientes negociaciones en Ginebra, Suiza. En esa última sesión, los gobiernos marcaron un hito al acordar finalmente los elementos del borrador del nuevo acuerdo que se espera sea firmado en la COP21 de París.  En el seminario, representes de la sociedad civil abordaron las siguientes interrogantes: ¿Qué se acordó en Ginebra? ¿Qué se espera para la próxima sesión de negociaciones climáticas? ¿Qué podemos cambiar en 2015 para que en diciembre la COP21 de París sea un éxito? Grabación Resumen ¡CONSULTA EL RESUMEN DEL SEMINARIO!

Hacia una ley para proteger los glaciares y el agua en Chile

Del agua dulce disponible en la Tierra, más del 70% está congelada en glaciares[1], convirtiendo a esos gigantes enla reserva de agua dulce más importante del planeta. La distribución de esa riqueza ha resultado generosa para algunos países. Según el Inventario Randolph, el mapa más completo de glaciares en el mundo, Chile es guardián de la mayor superficie de glaciares de Sudamérica: 23.6 mil km2 distribuidos en miles de glaciares que van desde las cumbres del Altiplano, en el norte del país, hasta el extremo austral del continente. El cambio climático y las actividades industriales cerca de ellos son las amenazas más serias para los glaciares. A través de litigio estratégico, AIDA trabaja para combatir ambas amenazas. El cambio climático ha provocado la disminución de la nieve y la lluvia, así como el aumento de la temperatura, lo que ha reducido la acumulación de hielo e incrementado el derretimiento de los glaciares. La exploración y explotación minera causan la degradación de los glaciares con la construcción de carreteras, la perforación y el uso de explosivos y materiales tóxicos. Estas actividades también generan polvo que se deposita en los glaciares, oscureciéndolos y acelerando su derretimiento. Aunque sabemos que el agua es fundamental para la vida y que los glaciares almacenan gran parte de ella, lalegislación que protege a los glaciares es sorprendentemente escasa a nivel mundial. No existe un tratado internacional orientado a su preservación ni un proyecto que lo esté considerando. A nivel nacional, solo Argentina cuenta con una ley para proteger sus glaciares. En Chile, el proyecto de ley sobre glaciares es debatido hace años en el Congreso. Considerando también la ola de sequías que azota actualmente a ese país, ¿se necesitan más argumentos para contar lo antes posible con una BUENA herramienta legal para cuidar a los glaciares chilenos? El camino a la ley El primer intento por promulgar una ley para protección de glaciares en Chile data de 2006. Fue impulsado por la aprobación del proyecto minero Pascua-Lama, el cual amenazaba a los glaciares montañosos del Norte del país. La iniciativa no prosperó y fue archivada en 2007. El 20 de mayo de 2014, un grupo de diputados autodenominados "la bancada glaciar" planteó un nuevotexto de ley. La propuesta fue ampliamente criticada por empresas mineras y de geotermia ya que buscaba preservar todos los glaciares y prohibía ellos actividades mineras y otras que pudieran afectarlos. En marzo de este año, el Poder Ejecutivo hizo una "indicación sustantiva" (una contrapropuesta) a dicho texto. Según organizaciones ambientalistas, la misma cambia completamente el espíritu de protección de los glaciares de la propuesta parlamentaria para responder más a las demandas de las empresas mineras. A continuación les presento algunos puntos a favor y en contra de la propuesta del gobierno elaborados con base a una minuta de prensa de organizaciones ambientalistas: Aspectos positivos Reconoce a los glaciares como reservas de agua dulce, proveedores de servicios ecosistémicos y bienes nacionales de uso público. Prohíbe la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Fortalece las atribuciones de la Dirección General de Aguas para generar información, monitorear el estado de los glaciares e imponer multas. Eleva la jerarquía legal del inventario de glaciares. Aspectos negativos No protege todos los glaciares, sino solo a los que se encuentren en parques nacionales o reservas de regiones vírgenes. Esto resulta muy grave si consideramos que los glaciares más amenazados están en el Norte del país, donde los parques nacionales no abundan y donde comparten territorio con las reservas mineras. Peor aún es saber que en el Norte los glaciares abastecen de agua potable a millones de personas que viven en zonas de estrechez hídrica. Podría salvaguardar algunos glaciares fuera de áreas protegidas si éstos son considerados "reservas estratégicas de agua" por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad. Sin embargo, la propuesta no hace referencia a instrumentos ni fondos públicos para realizar esa identificación. El riesgo es que eventualmente esa tarea quedaría en manos de consultoras que muchas veces son contratadas por las propias empresas mineras. Dispone que los glaciares no considerados "reservas estratégicas" quedarían a merced del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual determinaría si se puede o no realizar alguna actividad industrial en ellos. En el pasado, ese organismo ha permitido proyectos nocivos para los glaciares como Pascua Lama, Andina 244, Los Bronces y Los Pelambres. Establece que solo se revisarán las resoluciones de calificación ambiental de proyectos que afectan hoy a glaciares en parques nacionales o a glaciares declarados "reservas estratégicas". De ese modo, deja a todos los demás glaciares a merced de los proyectos mineros o energéticos que ya los están dañando. Por ahora no queda más que hacer un seguimiento de los debates internos en el Congreso y esperar que el resultado final sea una ley que garantice la protección de todos los glaciares y del agua que éstos resguardan. Mientras tanto, los defensores legales de AIDA trabajan con dedicación para prevenir y minimizar las amenazas de la minería al ambiente y a las personas. Actualmente estamos elaborando Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros, una guía que detalla el análisis comprehensivo que cualquier propuesta de proyecto minero debe contener. Abogamos para que las entidades de gobierno lleven a cabo evaluaciones exhaustivas antes de aprobar nuevos proyectos mineros y, cuando es necesario, realizamos litigio estratégico para hacer que esas entidades mejoren sus evaluaciones. También estamos fortaleciendo las leyes y precedentes ambientales aplicables a industrias extractivas. En Colombia y Panamá, AIDA está abogando activamente por la revisión de los códigos nacionales de minería, específicamente por la protección de recursos hídricos cruciales. Aplicamos el derecho internacional para influir en el tema y recurrimos a tratados internacionales para establecer precedentes que sean aplicados a la minería en general. También hemos comenzado a crear un grupo de expertos técnicos para ayudar a las comunidades y gobiernos locales a comprender y evaluar propuestas para la extracción de minerales. Visita por favor este blog para conocer más sobre minería, agua y los esfuerzos de AIDA para defender el derecho humano a un ambiente sano. [1] Según datos del Global Water Partnership: http://www.gwp.org/

Cuatro recomendaciones para la Cumbre de las Américas

La inequidad en América Latina ha aumentado escandalosamente en los últimos años. Esto impide el ejercicio de la democracia. La región todavía es la más desigual del planeta y si queremos acercarnos al desarrollo, debemos actuar seriamente al respecto.  Justamente "Prosperidad con Equidad" es el tema de la VII Cumbre de las Américas de la OEA que tendrá lugar el 10 y 11 de abril en Panamá. En la Cumbre se reúnen Jefes de Estado y de Gobierno para comprometerse en acciones concertadas a nivel nacional y regional para enfrentar los desafíos del continente.  El reto principal, pienso, es dejar de hacer ciertas cosas o al menos actuar diferente. Bien lo decía Eli, una indígena Ngobe en Panamá. "Con que nos dejen tranquilos quedo contenta", respondió cuando le preguntamos qué quería del gobierno.   Aprovechando la consulta con la sociedad civil que hizo la OEA, en AIDA analizamos dos de los ocho Mandatos para la Acción, el documento que negociarán los Estados en la Cumbre de las Américas. Hicimos recomendaciones sobre los mandatos relacionados con energía y medio ambiente: 1. Dejar de considerar a las represas fuente de energía sostenible Los Mandatos de la Cumbre establecen que los países se acogerán a la iniciativa de Naciones Unidas de Energía Sustentable para Todos (SE4ALL). Dado que el sector energético es clave para atacar la desigualdad y avanzar hacia la sostenibilidad, recomendamos acoger esta iniciativa siempre y cuando las represas hidroeléctricas no sean consideradas como energía limpia. Entre otras cosas, las represas: Producen gases de efecto invernadero, agravando el cambio climático, especialmente en regiones tropicales. Causan daños irreparables al ambiente y pueden generar violaciones a los derechos humanos. Terminan costando casi el doble de lo presupuestado, incluso sin considerar los daños socioambientales. Además, construir estos dinosaurios de la energía toma más tiempo del previsto. Tres represas cuyas obras están actualmente suspendidas lo demuestran: Belo Monte (Brasil), suspendida por protestas de comunidades afectadas cuyas compensaciones se han incumplido. Lleva un año de retraso y enfrenta multas y el posible pago de intereses adicionales por préstamos del BNDES. El Quimbo (Colombia), cuyo llenado está suspendido por orden judicial por la falta de evaluación de impactos al sector pesquero. Barro Blanco (Panamá), suspendida por orden del gobierno mientras se revisen —y esperamos remedien— las irregularidades del estudio de impacto ambiental. Ante ello, le recordamos a la Cumbre que en diciembre pasado, más de 200 organizaciones, redes y movimientos del mundo solicitamos que gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras dejen de considerar a las represas fuente de energía sostenible e implementen soluciones realmente sostenibles. 2.  Reconocer el impacto del cambio climático en los derechos humanos La Cumbre considera el cambio climático como punto prioritario de su agenda, lo cual es positivo. Se debería incorporar la relación con los derechos humanos y el compromiso de respetarlos en todas las acciones climáticas. El cambio climático causa y causará serios impactos en América Latina que están comprometiendo el goce de los derechos humanos. Naciones Unidas y la Asamblea General de la OEA han reconocido que el respeto y disfrute de los derechos humanos están intrínsecamente conectados con el cambio climático. El Banco Mundialconcluyó que el cambio climático complica los esfuerzos para acabar con la pobreza, algo con clara implicación en los derechos humanos. Incluso el reciente borrador del texto de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático contempla la necesidad de respetar los derechos humanos. Por tanto, la Cumbre debería considerar que el vínculo entre cambio climático y derechos humanos debe ser incorporado a todas las acciones que pretendan combatir la inequidad y promover mejores estándares de vida. 3. Incluir el compromiso de implementar acciones de mitigación Considerando el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, todos los Estados deben mostrar voluntad para implementar acciones de mitigación frente a los impactos del cambio climático. De esta manera, aunque no les corresponde mitigarlos en la misma medida, todos los países deberían contribuir a esa tarea. Los Mandatos para la Acción de la Cumbre se refieren a acciones de adaptación al cambio climático. Pero las tareas de mitigación no deberían quedar fuera. Ello reflejaría la realidad de la región, en la que se están desarrollando importantes esfuerzos para enfrentar el problema. 4. Reconocer que la corrupción atenta contra la equidad e incluir acciones para erradicarla Los Mandatos para la Acción reconocen los impactos de la corrupción en cuanto al uso de la tecnología para mejorar la participación. Pero la corrupción es un problema estructural en la regióny las acciones para enfrentarla deben ser parte de la gobernabilidad democrática. La corrupción tiene una relación directa con la inequidad en la región, impidiendo el verdadero avance y la lucha contra la pobreza.  

La Conferencia de Ginebra debe dar claridad para un financiamiento climático adecuado

El camino hacia un nuevo acuerdo climático global, iniciado en la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) de Lima, Perú, continuará esta semana en Ginebra, Suiza. Allí, delegados de países se reunirán para trabajar a detalle en los elementos de lo que será el borrador del nuevo acuerdo. Uno de esos elementos es el financiamiento, factor clave para que los países en desarrollo le hagan frente al cambio climático. "Esperamos que la sesión de Ginebra concluya con un texto de negociación que brinde claridad para un financiamiento predecible y sostenible; se necesita establecer con certeza de dónde vendrán los recursos, qué instituciones los manejarán y cómo lo harán; así como garantizar que estos esfuerzos contribuirán a un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en países en desarrollo", dijo Andrea Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). La Conferencia en Perú terminó con el Llamado de Lima a la Acción Climática, documento cuyos anexos contienen los elementos esenciales para el borrador de texto de negociación del nuevo acuerdo climático a ser firmado en la COP21 de París. Se espera que en Ginebra se intensifique el trabajo en torno a esos elementos y que de esa sesión salga un texto de negociación que tendrá fuerza legal bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Dada la relevancia de la Conferencia de Ginebra y en términos de financiamiento climático, desde AIDA recomendamos a los negociadores que el borrador del nuevo acuerdo incorpore los siguientes aspectos: Disposiciones claras sobre quienes tienen la obligación de movilizar recursos. Metas claras para después de 2020 a partir de una ruta con objetivos de financiamiento público anuales. Incremento gradual de recursos para asegurar el cumplimiento del compromiso ya existente de movilizar 100 millones de dólares a partir del 2020, y para permitir que los países planifiquen sus acciones climáticas. Movilización de recursos predecible, adecuada y suficiente para promover la transición hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en países en desarrollo. Asignación balanceada de recursos y financiamiento equilibrado de acciones tanto de mitigación como de adaptación. Definiciones de financiamiento climático e inversiones climáticas. Claridad sobre qué instituciones de financiamiento climático movilizarán y otorgarán recursos, cuáles funcionarán y cómo. Reconocimiento del Fondo Verde Climático como la entidad primordial para movilizar recursos, sin la exclusión de otros fondos. Fortalecimiento del mandato del Comité Permanente de Financiamiento como entidad a cargo de garantizar la coherencia y armonía entre el trabajo de las diferentes instituciones financieras. AIDA es una organización internacional ambiental que usa las leyes para defender el derecho a un ambiente sano en el continente americano. "Cambio climático" es una de nuestras cinco líneas estratégicas. El cambio climático global tiene el potencial de ser la amenaza más generalizada y de largo alcance para a la salud ambiental y AIDA está desarrollando instrumentos legales para proteger a las comunidades humanas más vulnerables.

Los derechos humanos en el nuevo acuerdo climático

Como parte de un gran equipo de trabajo de AIDA, junto con mis colegas Andrea Rodríguez y Víctor Quintanilla, participé en diciembre pasado de la 20ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20) en Lima, Perú. Fue una gran experiencia y aprendizaje. Las negociaciones climáticas son un mundo aparte. En él se discuten muchos temas al mismo tiempo. Gobiernos, organizaciones y personas avanzan en sus agendas sobre mitigación, adaptación, financiamiento, Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional o INDCs por sus siglas en inglés (Intended Nationally Determined Contributions), daños y perjuicios, responsabilidades comunes pero diferenciadas, y otros asuntos. El objetivo común es lograr compromisos vinculantes para enfrentar al cambio climático. Fueron dos semanas, mucho más en los últimos días, de intensas negociaciones para abonar el camino hacia un nuevo acuerdo vinculante que sería adoptado en la COP21 de París. El resultado fue el Llamado de Lima a la Acción Climática, un documento aprobado en tiempos extra y como una medida de emergencia de la Presidencia de la COP para que ésta no concluyera sin un acuerdo. Del documento ya se escribió bastante, calificado por unos como un éxito y por otros como un fracaso. Ha recibido críticas positivas y negativas. Yo me limitaré a señalar un punto clave y ausente del Llamado de Lima: el reconocimiento de que el cambio climático interfiere con el goce de los derechos humanos. Detrás de los tecnicismos y las negociaciones, está el rostro humano del cambio climático. De hecho, Mary Robinson, Ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ahora Enviada Especial del Secretario General de la ONU para el Cambio Climático, advirtió que éste es "el mayor problema de derechos humanos del siglo XXI". Y eso no es todo. Expertos y relatores de Naciones Unidas han requerido a los Estados parte de la Convención Marco incluir en el acuerdo a ser adoptado en París este año un lenguaje que establezca que todas las Partes deben, en todas las medidas relativas al cambio climático, promover, respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos para todos y todas. Así lo hicieron 28 expertos y relatores especiales de la ONU en una carta abierta del 17 de octubre de 2014, enviada con ocasión de la reunión en Bonn del Grupo Ad Hoc de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una acción reforzada (ADP)[1]. También ocurrió en un llamado del 10 de diciembre, realizado por más de 70 expertos independientes y relatores especiales de la ONU con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. AIDA, junto con colegas de varias organizaciones de la sociedad civil, ha estado involucrada activamente, entre otros temas, para que se incorpore, no sólo un lenguaje integral, adecuado y operativo en materia de derechos humanos, sino para que las acciones emprendidas para mitigar el cambio climático respeten los derechos humanos. Es ese contexto y durante la Conferencia de Lima, tuve la oportunidad de conocer a Máximo Ba Tiul, indígena Maya Poqomchi de Guatemala y representante del Consejo de Pueblos de Tezulutlán. Máximo participó en persas actividades de la COP llevando el mensaje de los pueblos indígenas de Guatemala afectados por la hidroeléctrica Santa Rita, proyecto registrado en 2014 bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención. El MDL establece que los países industrializados que en virtud del Protocolo de Kioto han asumido el compromiso de reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, puedan implementar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo para obtener créditos por reducciones certificadas de las emisiones (RCE). El problema es que en la implementación de varios de estos proyectos se han violado derechos humanos. El Estado guatemalteco no consultó ni obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados antes de autorizar Santa Rita. Aún más, el proyecto ha generado la oposición de las comunidades, las cuales han obtenido como respuesta el hostigamiento de la Fuerza Pública y la criminalización de sus líderes. La represión y violencia ha llegado a tal punto que en agosto de 2013 un trabajador de la empresa que buscaba atentar contra la vida de los líderes comunitarios asesinó a los niños David y Ageo, de 11 y 13 años respectivamente. En agosto de 2014, la violencia recrudeció con una campaña represiva de la Policía contra las comunidades. En esa ocasión, más de 1,000 agentes estatales incursionaron en la zona y se registraron agresiones contra los miembros de la comunidad, entre los que había mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y niñas que se vieron obligados a huir. En lo que parece ser el mundo al revés, el proyecto ha violado y continúa violando los derechos humanos; los crímenes, violencia y hostigamiento permanecen en la impunidad; y el proyecto ostenta una certificación del MDL. De cara al público, en uno de los eventos de la COP, Máximo se preguntó: ¿Por qué se tienen que violar los derechos humanos para mitigar los efectos del cambio climático? La respuesta: solo silencio. Casos como el de la represa Santa Rita en Guatemala, la represa Barro Blanco en Panamá y otros tantos proyectos registrados bajo el MDL, nos recuerdan la necesidad imperativa de que los derechos humanos sean incorporados en todas las acciones climáticas y que ello sea vinculante en el nuevo acuerdo climático de París. De no ser asi, la lucha por la defensa de los derechos de las comunidades de líderes y lideresas como Máximo Ba Tiul en Guatemala y Weni Bagama en Panamá, con quienes tuve el honor de compartir en Lima, será un llamado más sin respuesta en la búsqueda de soluciones y compromisos frente al cambio climático. ¡El momento es hoy y ahora, mañana será muy tarde! [1] La ADP es un órgano subsidiario del cual debe emanar un instrumento legal vinculante que sea adoptado en París durante la COP21.

La COP20 falló en dar certeza sobre financiamiento y derechos humanos

La 20ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) realizada en Lima, Perú, tenía la oportunidad de elaborar un borrador que estableciera bases adecuadas para el nuevo acuerdo climático que será firmado el 2015 en la COP de París. Sin embargo, la conferencia concluyó con un acuerdo poco ambicioso que falló en dos tareas clave: brindar certeza sobre la movilización de fondos para combatir el cambio climático e incluir la protección de los derechos humanos en las acciones climáticas. Para AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil, era importante que el acuerdo de Lima determinara un mapa o ruta acerca de cómo y cuándo los gobiernos cumplirán su compromiso de aportar 100 mil millones de dólares por año a partir del 2020 para financiar actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. "Los países en desarrollo necesitan saber con certeza con cuánto dinero cuentan y cuál será la fuente del mismo para planificar su lucha contra el cambio climático", señaló Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. La conferencia no dio esa certidumbre. Un claro ejemplo es que la parte del acuerdo de Lima referida a las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) —los aportes concretos de cada país— dejó por fuera los compromisos de financiamiento y adaptación, aspectos clave para los países más vulnerables a los cambios extremos en el clima. El acuerdo de Lima solo incluyó las contribuciones para mitigación. Y, aún en ese tema, el documento no contiene indicaciones específicas sobre el tipo de aportes, su plazo y el carácter obligatorio o no de éstos. Por otra parte, durante la conferencia, AIDA y organizaciones aliadas a nivel global, exhortamos a los Estados parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para que el borrador del nuevo acuerdo incluya lenguaje específico sobre la protección, promoción, respeto y cumplimiento de los derechos humanos en todas las acciones climáticas. Como resultado del esfuerzo colectivo, Filipinas, México y Ghana hicieron llamados específicos para que la decisión adoptada en Lima y el acuerdo a ser aprobado en 2015 incorpore esas referencias. "No hay duda que el cambio climático interfiere con el goce de los derechos humanos. La decisión adoptada en Lima no incorpora una referencia a los derechos humanos, pero trabajaremos arduamente para lograr su plena inclusión en el acuerdo de París, no solo desde el punto de vista formal sino también operativo", señaló María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. No todo fue malo. Desde AIDA destacamos que en el marco de la conferencia en Lima, el Fondo Verde Climático haya incrementado sus fondos a 10,2 mil millones de dólares. Resaltamos el impulso de América Latina a ese logro con las acciones adoptadas por países como Perú, Colombia, México y Panamá, quienes a pesar de ser países en desarrollo hicieron el esfuerzo de contribuir. "Aunque todos los aportes son bien recibidos, es importante recalcar que el monto recaudado todavía no cubre las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo", indicó Rodríguez. La conferencia también sirvió para conocer las acciones de financiamiento climático de gobiernos y actores no gubernamentales de la región. Así ocurrió en el Día de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe, evento organizado por AIDA y organizaciones aliadas. El evento facilitó un diálogo sobre los avances de la región en la preparación para acceder a recursos, el creciente involucramiento del sector privado en actividades que combaten el cambio climático y las condiciones que ese tipo de apoyo requiere: la certeza jurídica, uno de ellos. También ese día, la sociedad civil compartió sus experiencias sobre transparencia y rendición de cuentas, tareas fundamentales no solo para obtener mayores recursos, sino también para su uso efectivo. AIDA informó sobre la oportunidad que el Fondo Verde del Clima brinda para que los países del continente mejoren la participación pública en el diseño, desarrollo y ejecución de políticas y proyectos climáticos. La participación pública y la preparación son pasos previos y necesarios para acceder a recursos del Fondo. Aun queda mucho por hacer para encontrar soluciones efectivas al cambio climático. ¡Seguiremos contribuyendo al logro de ese objetivo!

COP20: Hacia un acuerdo climático que incorpore los derechos humanos

El impacto del cambio climático en los derechos humanos es evidente. Sin embargo, al momento, ningún tratado internacional sobre derechos humanos hace referencia al cambio climático y viceversa. En nuevo acuerdo climático que será firmado en 2015 es una gran oportunidad para llenar el vacío e incorporar un lenguaje específico sobre la protección de los derechos humanos. El aumento en las temperaturas ha causado la reducción de la productividad de los cultivos, poniendo en riesgo el derecho a la alimentación, así como la disminución del agua limpia disponible, un recurso al que todos tenemos derecho. Con esos dos ejemplos, Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explicó la relación entre cambio climático y derechos humanos en un evento realizado con motivo de la COP20 en el Tribunal Constitucional de Perú. Esa relación nos hace pensar en la "vulnerabilidad material", en las condiciones de vida de muchas personas y frente a las cuales se necesitan acciones de adaptación efectivas, dijo en el evento Manuel Pulgar Vidal, Ministro de Ambiente de Perú y presidente de la COP20. María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, recordó que los impactos del cambio climático en los derechos humanos fueron abordados en un informe elaborado en 2009 por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos. Entre otras cosas, el informe decía que el cambio climático afectará al derecho a la vida debido a un aumento del hambre y la malnutrición, y que las enfermedades conexas tendrán consecuencias para el crecimiento y desarrollo infantil. Tras el informe, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la que señala, entre otras cosas, que "los impactos relacionados con el cambio climático tienen una serie de implicaciones, tanto directa como indirecta, en el goce efectivo de los derechos humanos (…)". A esos avances se suman los acuerdos firmados en la COP16 de Cancún, México, los cuales establecen que los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático "deberían respetar plenamente los derechos humanos" en todas las actividades relacionadas con el cambio climático. Dados estos antecedentes, añadió Veramendi Villa, el reto para el 2015 es que el nuevo acuerdo climático incluya un lenguaje específico e integral sobre la obligación de los Estados de proteger, promover y respetar los derechos humanos en todas sus acciones climáticas. "Si ello ocurre, tendremos un instrumento internacional vinculante que guiarás las acciones climáticas los Estados y les ayudará a implementar las obligaciones que ya tienen en materia de derechos humanos". Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org

No más grandes represas: La verdad sobre ellas

COP20: "La necesidad principal es la previsibilidad de los fondos"

Entrevista a Jacqueline Melgar, Jefa de Gestión de Financiamiento Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Por Victor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs - ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de El Salvador frente al cambio climático? - El Salvador es uno de los países más vulnerables de América Latina. Hay muchas inundaciones y sequías, tenemos los extremos de las cosas. Cuando hay desastres naturales fuertes, muchos de los fondos destinados a proyectos de cooperación tienen que reorientarse para atender esos desastres, a las personas afectadas. Creo que una de las principales necesidades desde la perspectiva de gobierno es la previsibilidad de los fondos, conocer cualés serán realmente esos aportes que el Fondo Verde del Clima nos va a dar y cómo podemos acceder a ellos. Eso va a determinar todas las acciones. - ¿Cuáles son las expectativas del país respecto del Fondo Verde Climático? - La expectativa es prepararnos para acceder a los fondos climáticos, y sobre todo fortalecer nuestra capacidad a nivel nacional en el proceso de acreditación ante el Fondo y en el de coordinación a nivel nacional con todos los actores. Nuestra expectativa final es acceder a esa oportunidad de financiamiento y comenzar a presentar propuestas de proyectos que sen financiables y que tengan un enfoque multisectorial y un mayor impacto. - ¿Qué acciones están realizando con miras a obtener ese financiamiento? - El Salvador es uno de los seis países donde se está implementando el programa Green Climate Fund Readiness. También hemos solicitado apoyo del Readiness Support. Son dos programas complementarios y nuestro objetivo es prepararnos para el acceso a esos fondos climáticos. Hemos comenzado una identificación de seis actividades iniciales. Éstas tienen que ver con un mapeo de las instituciones que trabajan el tema a nivel nacional para definir roles, coordinación interna. Se piensa trabajar una propuesta de catálogo de oportunidades de financiamiento. Otra de las actividades es tener una cartera de proyectos a futuro, y otra es la acreditación de nuestra autoridad nacional implementadora. También se piensa trabajar con el sector privado. Y en el marco del Readiness Support, hemos solicitado apoyo al Fondo para cuatro áreas. Una de ellas es la creación de marcos y estrategias nacionales de cambio climático. Otra es el intercambio de información y de experiencias de aprendizaje con otros países. Es un tema que para El Salvador es todavía nuevo y hay que conocer que es lo que el Fondo Verde puede hacer en términos de salvaguardas ambientales, de requisitos de contabilidad internacional. Estamos dando los primeros pasos. - ¿Cómo entiende el cambio transformacional, el cual se busca lograr en la región con apoyo del Fondo Verde? - Desde una perspectiva personal, es un cambio cultural, de cómo entendemos el cambio climático, el cual nos está afectando a todos, de cómo nos organizamos para hacerle frente a esta situación. Éste es un cambio que transforma y que va a generar un proceso de coordinación a nivel interno con todos los actores para acceder a los fondos y ejecutarlos para que el país esté adaptado. Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org