Cambio Climático

Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Grandes represas: Elefantes blancos, caros y hasta premiados. ¿Aprenderemos la lección?

Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes Cualquier tonto inteligente puede hacer cosas más grandes, más complejas y más violentas. Se necesita un toque de genialidad —y mucho coraje— para moverse en la dirección opuesta. (Albert Einstein) La semana pasada y en el marco de la Semana Mundial del Agua, Estocolmo entregó como cada año el Premio del Agua. En esta ocasión, el galardonado fue el profesor John Briscoe “por su sin igual contribución al manejo global y local del agua”. Briscoe es uno de los mayores promotores de las grandes represas en el mundo. Ha sido asesor de diferentes gobiernos, director de la oficina en Brasil del Banco Mundial y Gerente de Agua de esa institución. Al ser entrevistado sobre el premio, el ahora profesor de Harvard declaró estar sorprendido y dijo que se trata de “un reconocimiento a un grupo de personas que trabaja en manejo del agua” combinando investigación y aplicación de políticas públicas. Confieso que, al igual que Briscoe, yo también recibí con sorpresa la noticia. Me sorprendió profundamente porque Estocolmo es una ciudad que se precia de ser sustentable. Es la capital de Suecia, un país que lleva más de 40 años sin construir una gran represa, cuyos cuatro ríos principales están protegidos, y que prohíbe mayores desarrollos. Me sorprendió además que se premie al Sr. Briscoe pese a toda la evidencia científica y empírica que demuestra que las grandes represas no son un buen negocio, que causan graves daños ambientales y a las comunidades, cuyos costos superan los beneficios que brindan, y que contribuyen seriamente al cambio climático. Aclaro que se no trata de algo personal contra el Sr. Briscoe. Es mas bien un asunto de coherencia. Me desconcierta que un galardón creado para honrar las contribuciones a la conservación y protección de los recursos de agua fresca y al mejoramiento del bienestar de las personas y ecosistemas, haya laureado precisamente la promoción de las grandes represas.  Me sorprende que tecnología y soluciones de energía del siglo pasado, cuya ineficiencia e inviabilidad económica se ha demostrado sistemáticamente, aún sea motivo de premios. Me preocupa además que como sociedad no hayamos aprendido la lección y estemos encaminados a seguir promoviendo masivamente este tipo de infraestructura. En AIDA llevamos más de 10 años trabajando en casos de impactos por grandes represas.  Asesoramos a comunidades afectadas y ayudamos a gobiernos e instituciones internacionales a identificar mejores soluciones. En 2009, publicamos el informe Grandes Represas en América: ¿peor el remedio que la enfermedad?, el cual demuestra, a partir de cinco estudios de caso en diferentes países, que en América Latina estos proyectos ignoran las normas nacionales e internacionales, destruyen el ambiente y violan derechos humanos.  Además, junto con colegas de Brasil, representamos a comunidades afectadas por la represa Belo Monte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso triste, emblemático y una prueba sólida de lo que no debe hacerse para producir energía. Es la punta del iceberg de lo que ocurre en América Latina, donde cientos de represas —casi 100 solo en la Amazonía— están planeadas para los próximos años. El Premio del Agua 2014 también me recordó el estudio de la Universidad de Oxford ¿Deberíamos seguir construyendo más grandes represas?, publicado en marzo. En él se analizan a profundidad 245 grandes represas construidas entre 1934 y 2007 en 65 países de los cinco continentes. Los investigadores concluyen que “incluso sin contabilizar los impactos negativos en la sociedad humana y el ambiente, los costos reales de las grandes represas son demasiado altos para brindar un retorno [de inversión] positivo”. Este estudio demostró que el 96% de las grandes represas cuesta más de lo inicialmente presupuestado y que ocho de cada 10 de ellas superan el tiempo previsto de construcción.  Los sobrecostos y las demoras se aplican sin importar el lugar del mundo donde se implementen, la entidad que las financia o cuándo se construyeron. Es decir que, en 70 años de desarrollo de las represas analizadas, no hemos aprendido de los errores del pasado. Pero nunca es tarde y ahora es el momento perfecto. Así lo ha demostrado otro gran gurú de la construcción de represas: el Sr. Thayer Scudder, con casi 60 años de carrera profesional. Tras haber sido un férreo defensor de los beneficios que en su criterio las grandes represas traen, en especial a las comunidades más pobres, Scudder cambió de opinión. A sus 84 años, reconoció que “las grandes represas no solo no valen lo que cuestan, sino que muchas de las que están en construcción ‘tendrían desastrosas consecuencias ambientales y socio-económicas’”. Así lo admitió hace poco según lo escrito por Jacques Leslie en su editorial del New York Times.  El giro de 180º de Scudder me lleva a otra de las conclusiones del estudio de Oxford: Una de las razones por las que los costos y tiempo de construcción de las grandes represas son subvalorados es el excesivo positivismo de quienes las planean. Entiendo que las personas seamos positivas. Sin embargo, negar la realidad es otra cosa y premiar esa negación, supera los límites. Así que felicito al Sr. Briscoe por un premio que sorprendió a más de uno. Lo hago solo con la esperanza de que este premio sea el comienzo del fin de las grandes represas. El galardón otorgado la semana pasada debería ser lo último que veamos en la promoción de las grandes represas. Espero, por el contrario, que ahora y por fin tengamos la genialidad y el coraje de considerar las verdaderas oportunidades viables de energía que existen, aquellas que en el mediano y largo plazo son más baratas y que realmente podrían contribuir a solucionar las emergencias energéticas que enfrentamos. Que así sea para que el remedio no resulte peor que la enfermedad.

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Cambio Climático

Taller de Fortalecimiento de Capacidades para Negociaciones de Cambio Climático con miras a la COP20

¡LOS VIDEOS DEL TALLER YA ESTÁN DISPONIBLES! Puedes descargar las presentaciones del taller abajo (Archivos adjuntos) Taller coordinado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y se realiza con apoyo de la Fundación Avina, Climate Action Network Latinoamérica (CANLA) y WWF Perú. Cuenta además con la participación del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamerica y el Caribe, Iniciativa Construyendo Puentes, Fundación Futuro Latinoamericano, Plataforma Climática Latinoamericana y Red SUSWATCH.   Fecha y lugar:     8 y 9 de agosto en el Hotel Señorial, calle José González 567, Miraflores, Lima, Perú.       Dirigido a:   Miembros de las ONG latinoamericanas que trabajan en temas de cambio climático y que tienen previsto participar en la COP20, la cual se realizará del 1 al 12 diciembre en Lima, Perú. La participación en el taller estará limitada a un cupo máximo de 45 personas.                 Objetivos:   Brindar a los participantes información actualizada sobre el proceso de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Comprender las relaciones existentes entre las posiciones y políticas nacionales de los diferentes países. Favorecer un análisis conjunto de la situación actual de las negociaciones internacionales sobre cambio climático, y promover que la sociedad civil latinoamericana juegue un rol más activo en ellas. Identificar los avances prioritarios que los Estados deben conseguir en la COP20 a fin de sentar las bases para que el nuevo acuerdo climático a ser suscrito el 2015 en París sea vinculante y efectivo. Generar mecanismos de comunicación e intercambio para optimizar el trabajo de la sociedad civil Latinoamericana con miras a las negociaciones de Lima y París. Generar un diálogo abierto y constructivo entre representantes de la sociedad civil de América Latina         Mayor información con:   Andrea Rodríguez, AIDA, [email protected] Paula Ellinger, AVINA, [email protected]

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Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Desmantelando el mito de las grandes represas

En nuestro planeta, menos del 2.5% del agua es dulce. De ella, menos de un tercio se encuentra en estado líquido y de ese porcentaje, menos del 1.7% fluye por ríos. Según la Comisión Mundial de Represas (CMR), al año 2000 se habían construido más de 45,000 represas, interrumpiendo más del 60% de los ríos del mundo.  Las represas son barreras artificiales edificadas para detener o regular el curso de un río, produciendo un embalse de agua. Antes se construían también para riego o control de inundaciones, pero hoy, en su mayoría, para generar electricidad. La energía hidroeléctrica generada por las represas es barata, pues una vez construida la obra el agua funciona como recurso inagotable que se renueva gratuita y constantemente. Además, es considerada “no contaminante” porque no requiere la quema de combustibles ni la adición de elementos externos al agua. Por ello se han construido tantas represas en muy poco tiempo. En los años 70, cuando se alcanzó un pico en la tendencia, se inauguraban en promedio de dos a tres grandes represas por día en alguna parte del mundo. Pero las centrales hidroeléctricas sí producen impactos ambientales y sociales que no por ser menos conocidos resultan menos nocivos. El peligro está en la falsa creencia de que son una opción verde. Nuestro desafío es informar al público lo que está en juego cuando se detiene el flujo de un río, tal vez para siempre.  Impactos de las grandes represas Entre los impactos socio-ambientales más notorios de las grandes represas están el desplazamiento forzado, el empobrecimiento y la pérdida de formas de vida que afectan a las personas. Estas obras también dejan su huella en el ambiente causando deforestación y degradación de ecosistemas, graves daños a la biodiversidad que incluyen la extinción de especies e importantes emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras agravantes del cambio climático. Estos impactos resultan más alarmantes si consideramos que las represas tienen una vida útil limitada, de 50 a 150 años. La CMR fue creada por el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza en 1998, como respuesta a la creciente oposición mundial a las grandes represas. Su mandato fue revisar la eficacia de las grandes represas y desarrollar lineamientos para su planificación y desarrollo. La Comisión fue integrada por 12 representantes de un amplio espectro de intereses relacionados con represas, incluyendo gobiernos, ONG y operadores de represas, entre otros. El resultado fue el informe Represas y Desarrollo: El Reporte Final de la Comisión Mundial de Represas. Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones, publicado en 2000. En él se concluye que si bien las represas han hecho una contribución importante y significativa al desarrollo humano, otorgando considerables beneficios, el precio ha sido en demasiados casos inaceptable y a menudo innecesario, especialmente en términos sociales y ambientales. Además, la CMR demostró que en muchos casos las represas no logran los beneficios proyectados y que los mismos son en general exagerados. Para conocer más detalles sobre los costos socio-ambientales de las represas, consulta Grandes Represas en América, ¿Peor el Remedio que la Enfermedad?, informe publicado por AIDA en 2009. La represa Belo Monte, construida en el río Xingú en la Amazonía brasileña, es un ejemplo de cómo estas enormes obras de infraestructura pueden traer más problemas que beneficios. De concluirse, Belo Monte será la tercera hidroeléctrica más grande del mundo y ya está causando graves estragos en pueblos indígenas, comunidades ribereñas y en el ambiente. Las irregularidades en torno a la obra se han plasmado en más de 20 acciones judiciales en su contra. En AIDA trabajamos de cerca con las personas afectadas. Conoce más detalles de la obra y de nuestra labor. Lo impactante es que, al final del día, Belo Monte parece no ser tan buena idea. Además de los daños irreversibles y conflictos generados, estudios técnicos dan cuenta que la represa será ineficiente e insuficiente: producirá solo 40% de su capacidad instalada durante los 3 a 5 meses de la temporada seca, y para un óptimo funcionamiento requiere la construcción de represas adicionales río arriba, causando más daños a la selva y sus habitantes.  Conclusión Si bien las grandes represas han tenido un importante papel en el desarrollo de los países, no son la panacea de energía limpia que se creía. El hecho de que sus impactos no sean abiertamente conocidos resulta un arma de doble filo, pues se han llegado a promover desmedidamente.  También es importante cuestionar el paradigma que plantea el aumento constante del consumo como única vía hacia el crecimiento económico y la prosperidad. A la vez, es crucial promover la  eficiencia energética como política pública fundamental en el desarrollo de los países. Las grandes represas solo deberían implementarse tras un análisis real de sus costos y beneficios, teniendo la plena seguridad de que no existen mejores alternativas. De llegarse a esa conclusión, su construcción debe hacerse con plena participación y consentimiento de las comunidades afectadas, y garantizado el cuidado del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. Si los ríos del mundo son como las venas del cuerpo, no es mero romanticismo considerar que el flujo continuo del agua tiene una razón de ser. "Represar el río es como obstruir las venas de una persona. Afecta todo el cuerpo, y después viene la enfermedad. Es lo mismo con el río. El agua, las montañas, la tierra, los animales es la vida de la gente indígena. La vida de la gente está en el agua. Somos como nutrias" (Indígena Embera-Katio, Colombia)

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Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

COP20: Una oportunidad para luchar contra el cambio climático

Habrá más pobreza, hambre y enfermedades. Será el resultado de inundaciones, olas de calor, grandes tormentas y sequías cada vez más prolongadas. El reporte más reciente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas describe así el panorama que le espera a la humanidad en un futuro no muy lejano a causa de los cambios experimentados en el clima. Este año, América Latina tiene la gran oportunidad de reposicionar las necesidades de la región en la agenda internacional sobre cambio climático. En diciembre, Lima (Perú) será sede de la principal sesión de negociación climática, la 20ª versión de la Conferencia de las Partes (COP), cuya principal misión es impulsar la elaboración del borrador del nuevo acuerdo climático vinculante que será firmado en París en 2015. En AIDA estamos trabajando desde ahora para contribuir a que la región asuma una rol más proactivo y aproveche esta coyuntura positiva para impulsar la toma de decisiones destinadas a combatir sin más demoras los efectos del cambio climático. Nuestra labor está dividida en tres tareas clave: fortalecimiento de capacidades, elaboración de recomendaciones y difusión de información. Estas actividades van dirigidas a tomadores de decisiones —gobiernos, negociadores y miembros de instituciones financieras internacionales, entre otros—, representantes de la sociedad civil —para que su participación en las negociaciones sea más efectiva—, y a los ciudadanos en general, quienes deben entender que también pueden aportar a las soluciones generando presión social a sus gobiernos. El pasado mes, como parte de dichos esfuerzos, participamos del foro internacional Cambio Climático: Avances y perspectivas en el Congreso de Perú, país que analiza la posibilidad de crear una ley sobre cambio climático. En el evento, AIDA compartió su experiencia en financiamiento climático internacional, resaltando la necesidad de que los países de la región establezcan y/o fortalezcan entidades locales que sirvan de nexo con mecanismos financieros internacionales para tener acceso directo a fondos para proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. Estamos trabajando para que el financiamiento a largo plazo sea un componente clave del nuevo acuerdo climático que se delineará en la COP20 en Lima. Creemos relevante que los países sepan con anticipación que habrá recursos económicos sobre los cuales es viable planificar acciones en favor de las comunidades más vulnerables a los fenómenos climáticos. El 11 de febrero, AIDA, junto con organizaciones aliadas, realizó un seminario virtual para informar de los principales aspectos relacionados con el Fondo Verde del Clima (FVC), entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que prevé movilizar grandes cantidades de recursos públicos y privados para apoyar la lucha contra el cambio climático en países en desarrollo. AIDA sigue de cerca el proceso de implementación del FVC para asegurar que su contribución sea efectiva. Con tu apoyo haremos aún más para informar de la existencia de alternativas frente a esta problemática global, promover el uso responsable y eficiente de las mismas, generar presión social para la adopción de soluciones prontas y reales, y robustecer la incidencia de la sociedad civil en la toma de decisiones climáticas en la COP20 y en todos los espacios e instancias a nuestro alcance. ¡Gracias!

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Cambio Climático, Fuentes de Agua Dulce

México actúa para proteger sus humedales del desarrollo no sostenible

AIDA y los miembros del Comité Nacional de Humedales han obtenido una gran victoria tras años de trabajo para proteger legalmente a los humedales —zonas terrestres inundables de manera permanente o intermitente como esteros (desembocaduras de ríos en el mar), arrecifes, manglares, entre otras— de México. El 4 de febrero de 2014, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) presentó la nueva Política Nacional de Humedales, un marco legal que nosotros habíamos estado pidiendo desde 2009. “No es la panacea, pero es un buen comienzo”, dice Sandra Moguel, abogada de AIDA que participó en el Comité Nacional de Humedales, un grupo liderado por la CONANP que ayudó a desarrollar la política. México es rico en humedales. El país ocupa el segundo lugar, después del Reino Unido, en el número de zonas de humedales protegidas bajo la Convención Ramsar, un tratado internacional para la conservación y el uso sostenible de esos ecosistemas. Los arrecifes de coral, con siglos de antigüedad, sirven como áreas de reproducción para peces que alimentan a la población y deleitan a los buzos. Los bosques de manglar albergan especies en peligro de extinción y brindan servicios ambientales cada vez más importantes: absorben las emisiones de carbono, y protegen a las costas de tormentas, mismas que son más severas debido al cambio climático. Pero muchos arrecifes, manglares, esteros  y ríos han sido víctimas de desarrollos pobremente planeados. En el Golfo de California, por ejemplo, planes de mega resorts nos han mantenido ocupados defendiendo el arrecife de coral Cabo Pulmo y, ahora, una propuesta de expansión portuaria está amenazando los arrecifes de Veracruz. Para defender estos y otros humedales, hemos tenido que recurrir a una maraña de leyes y políticas. Pero ya no más. Ahora contamos con un instrumento específico y además acorde a las leyes y políticas referidas a la protección de humedales. La nueva política establece acciones, metas y prioridades para el manejo y protección de los humedales. Es un gran avance. Si bien una política nacional de humedales es un requisito para Ramsar, la de México se distingue de muchas otras en el mundo por establecer no sólo principios y lineamientos, sino también un plan de acción para llevarlos a cabo. Por ejemplo, el gobierno pronto establecerá y mantendrá niveles mínimos de agua para preservar los manglares. Otras acciones garantizarán el uso razonable de los humedales. La pesca, el turismo y otras actividades que dependen de los manglares deben realizarse de manera sostenible. Si se producen daños, el Estado debe garantizar la restauración de estos ecosistemas. Un elemento clave que AIDA impulsó es el principio de progresividad ambiental. La nueva política impide al gobierno continuar modificando y reduciendo áreas naturales protegidas para dar paso a grandes proyectos de infraestructura, o beneficiar intereses privados. Ahora las autoridades deben preservar y promover la progresividad ambiental respetando los estatus de áreas protegidas y mejorando las salvaguardas. Estamos emocionados. Este principio podría ayudar a AIDA en su batalla legal para detener la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital. La hidroeléctrica reduciría el flujo de agua y los sedimentos que alimentan y sostienen a los manglares de Marismas Nacionales, una zona protegida de humedales en el Golfo de California. La construcción de la hidroeléctrica revertiría claramente el progreso ambiental. La nueva política tiene puntos débiles. Por ejemplo, no establece fechas para revisar el progreso del plan de acción, y las acciones podrían complementarse para que sean más efectivas, pero, comparativamente, está a la vanguardia de las políticas de humedales en América Latina. “México está poniendo el ejemplo”, dice Moguel. “Esperemos que esto aliente a otros países a hacer lo mismo”. Tus contribuciones nos han ayudado a presionar para el desarrollo de esta nueva política, y a realizar aportes a la misma. Y con tu apoyo constante seremos capaces de ayudar a México en sus esfuerzos por proteger sus vitales humedales.

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Contaminantes Climáticos de Vida Corta: Una gran oportunidad para frenar el cambio climático

Por Florencia Ortuzar, asesora legal de AIDA Si bien muchos ya estamos bastante alarmados con el cambio climático y sus efectos palpables, el terror es aún mayor al saber que no es posible remover el CO2  acumulado en el ambiente, incluso si hoy mismo detuviéramos todas las fuentes de emisión. Así lo confirmó recientemente el quinto Informe sobre el Estado Actual del Clima (en inglés), elaborado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). La explicación de ese hecho es simple: el CO2, a diferencia de otros gases y contaminantes, permanece en la atmósfera por milenios después de emitido. Queda estancado por tiempos que en la escala humana son eternos, y su efecto de manto abrigador no cesa con el inmediato corte de sus emisiones. Las buenas noticias son que el CO2 no es la única causa del calentamiento global y los otros contaminantes que contribuyen a ese proceso no comparten su característica de permanencia casi eterna. Por el contario, estos “otros” agentes, responsables de 40 a 45% del calentamiento, son conocidos por su corta permanencia en la atmósfera: de algunas horas a unas pocas décadas como máximo; y por lo mismo se les denomina “Contaminantes Climáticos de Vida Corta” o “CCVC”. Asimismo, las emisiones de estos CCVC provocan otros problemas al ser humano y los ecosistemas. Así, su reducción, además de alivio inmediato para los más afectados por el cambio climático, traería importantes beneficios para el ambiente y las personas. Los principales CCVC Pese a tener en común su poca permanencia en la atmósfera y su importante aporte al cambio climático, cada uno de ellos tiene sus propias características y fuentes de emisión. El carbono negro u hollín es un material particulado producido por la combustión incompleta de combustibles, principalmente en vehículos motorizados, cocinas domésticas, incendios y fábricas industriales. Contribuye al calentamiento global pues sus oscuras partículas absorben luz, calentando la atmósfera y, cuando las mismas se depositan sobre el hielo y la nieve, aceleran su derretimiento. El carbono negro afecta además la salud humana pues contribuye a problemas respiratorios como cáncer de pulmón y asma.  El ozono troposférico es un gas formado por la reacción del sol con otros gases llamados “precursores”, los cuales pueden ser naturales o producidos por el hombre. Uno de ellos es el metano, otro CCVC. Al ozono troposférico se le asocian males como bronquitis, enfisema, asma y cicatrices permanentes en el tejido pulmonar. Más aún, se ha comprobado que afecta directamente a la vegetación, reduciendo el rendimiento de los cultivos y disminuyendo la capacidad de las plantas para absorber CO2. El metano es un poderoso gas de efecto invernadero cuyas emisiones provienen en un 60% de actividades humanas como el cultivo de arroz, la minería de carbón, los vertederos y la combustión de petróleo. Dos fuentes importantes de metano son la ganadería, cuyo efecto se ha incrementado peligrosamente por la ganadería industrial, y las grandes represas, especialmente las ubicadas en zonas tropicales.  Por último están los hidrofluorocarbonos (HFC), creados por el hombre para la fabricación de aire acondicionado, refrigeración y aerosoles, en reemplazo de los CFC, los cuales fueron prohibidos por el Protocolo de Montreal. A pesar que los HFC aún representan un porcentaje menor dentro de los gases de efecto invernadero, la preocupación que generan no es menor porque ese porcentaje está aumentando rápidamente, en una tasa anual del 10 a 15%, según advirtió el PNUMA en su informe (en inglés) al respecto. Todos ganamos Según el IPCC, la reducción de estos contaminantes tiene el potencial de evitar alrededor de 0,5 grados Celsius del calentamiento global promedio para el 2050, reduciendo la tasa actual de calentamiento global a la mitad y beneficiando en especial a algunas de las zonas más sensibles a los cambios del clima como el Ártico, las regiones elevadas del Himalaya y el Tíbet. Asimismo, su mitigación es crucial para desacelerar el derretimiento de glaciares y la tasa de elevación del nivel del mar, situación especialmente sensible para un porcentaje importante de la población mundial que vive en zonas costeras. La reducción de los CCVC traería también importantes beneficios socio-ambientales. Como se explicó, el carbono negro y el ozono troposférico dañan la salud humana y la rendición de los cultivos, lo que a su vez afecta los ecosistemas, la seguridad alimentaria, el bienestar humano y, en suma, todo el ciclo natural que mantiene saludable al planeta. Algunos puntos de partida Dado que los CCVC surgen de persas fuentes, su efectiva mitigación requiere de una serie de acciones integrales que aborden cada contaminante por separado. Felizmente, el camino ya está marcado: muchas de las tecnologías, leyes e instituciones necesarias para su reducción ya existen. En el caso del carbono negro, las tecnologías son poco costosas y están disponibles. Países desarrollados ya las aplicaron y lograron reducir su emisión significativamente. Podría por ejemplo modernizarse el sistema de cocinas de las viviendas de la región, implementando el uso de cocinas solares, y en el transporte podrían usarse mejores filtros para tubos de escape. El metano, que a su vez incide en la reducción del ozono troposférico, tiene determinadas fuentes que provienen generalmente de algunos sectores industriales. En ese sentido, una buena regulación debería controlar las industrias que más lo producen, como la ganadería intensiva, la minería, los hidrocarburos, y las grandes represas. Finalmente, la tecnología para generar una alternativa a los HFC ya existe. Lo que se necesita es apuntar a regulaciones que estimulen su substitución, sobrellevando las barreras comerciales. Al respecto, algunos países han propuesto incorporarlos en el Protocolo de Montreal, acuerdo internacional reconocido hoy en día por ser uno de los más exitosos, al reducir significativa y rápidamente las emisiones de CFC, que, en su momento, planteaban un desafío global como el que ahora enfrentamos. Para saber más de los CCVC, consulte el documento informativo elaborado por AIDA, CEDHA, CEMDA y RedRacc.

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Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

Financiamiento para cambio climático: necesidades y expectativas

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. Al hablar de los recursos económicos necesarios para hacerle frente al cambio climático, la discusión en la plenaria de la COP19 se enfocó en tres temas: financiamiento a largo plazo, el reporte del Comité Permanente, y reporte del Fondo Verde Climático (FVC) a la COP. Financiamiento a largo plazo Filipinas. Remarcó que ese tipo de financiamiento es crucial para los países en desarrollo y que los acuerdos a los que se llegue en 2015 dependerán de qué tan lejos esas naciones estén dispuestas a llegar. Se necesita “claridad sobre la cantidad específica [de recursos] y las actividades a las que el financiamiento estará dirigido. Pero hasta ahora la situación se puede calificar como desastrosa”, expresó el delegado filipino. Egipto. Su delegado, a nombre del grupo africano, señaló que “los acuerdos de 2015 definitivamente dependerán de qué tan lejos se llegue en la administración de los fondos para el clima; la meta de alcanzar los 2°C y la movilización de los 100 mil millones de dólares son aspectos urgentes”. Unión Europea. Reafirmó el compromiso de movilizar fondos para el cambio climático con la esperanza de que el Fondo Verde Climático incremente su financiamiento en el tema de adaptación. Malpas. La delegación mencionó la necesidad de lograr un equilibrio entre el financiamiento que se otorga para mitigación y el que se concede para adaptación al cambio climático. Se trata de un tema esencial para los países en desarrollo, resaltó. Colombia. Su delegado urgió a que se trabaje de forma continua en el financiamiento para el cambio climático. Hasta ahora, considera, las acciones realizadas al respecto se encuentran estancadas. Contar con los 100 mil millones de dólares comprometidos para financiar acciones de mitigación y adaptación es una tarea también apremiante, agregó. Reporte del Comité Permanente Filipinas. El Comité tiene mucho trabajo por hacer, en especial en lo referente a temas de transparencia y acceso a la información, manifestó el delegado a nombre del G77. “Es necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo, verificación y reporte antes del 2015” y que el tema del financiamiento adicional sea abordado en su totalidad, subrayó. Egipto. En la misma línea que Filipinas, esta delegación enfatizó la urgencia de brindar apoyo a los mecanismos de verificación, monitoreo y reporte. Bolivia. El delegado de ese país se refirió al acceso a los fondos, asunto que calificó como “piedra angular para abordar los impactos del cambio climático”. Se requiere para ello del apoyo de todos los países, añadió. Reporte del Fondo Verde Climático (FVC) a la COP Los co-presidentes del FVC dijeron que el mismo debe ser ambicioso e ir en aumento. Mencionaron además la importancia de lograr un balance entre los apoyos para mitigación y adaptación en la lucha contra el cambio climático, y de movilizar los recursos financieros antes de mediados de 2014. Al respecto, los países manifestaron lo siguiente: Filipinas. Existen muchas expectativas sobre el Fondo, indicó ese delegado. A tres años de la COP en Cancún, sostuvo, ya es tiempo de empezar a mover el dinero. Egipto. La movilización de fondos debe ser optimizada lo más pronto posible y el Fondo debe sosteniblemente concentrarse en financiamiento para el cambio climático, se señaló desde esa delegación. India. Según esa delegación, los acuerdos que se alcancen en 2015 dependerán del financiamiento para el clima que exista en ese momento. Se reiteró la idea del equilibrio entre mitigación y adaptación en torno al Fondo. Zambia. “Se debe colocar 50% de los fondos en adaptación”, los cuales deberían servir al mismo tiempo a programas de reducción de la pobreza en grupos vulnerables, expresó su delegado. Malpas. Sobre la importancia de movilizar los recursos financieros de manera rápida, ese delegado exhortó a que esos fondos estén disponibles antes de la COP20 en Lima. Uganda. Su delegado recordó a los presentes que el cambio climático no está esperando a que los recursos comiencen a movilizarse.

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Cambio Climático

Contaminantes Climáticos de Vida Corta: una oportunidad para reducir emisiones

AIDA —junto con CEDHA, CEMDA y la RedRacc— elaboró un documento informativo sobre los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) a ser presentado en la 19ª Conferencia de las Partes (COP19) sobre Cambio Climático, evento que se realizará del 11 al 22 de noviembre en Varsovia, Polonia. Los CCVC son agentes que contribuyen al calentamiento global y cuya vida útil en la atmósfera es relativamente breve (entre unos pocos días y unas pocas décadas), a diferencia del CO2, que permanece en la atmósfera durante siglos o milenios después de ser emitido. Se estima que el aporte del CO2 al calentamiento global va del 55 al 60%, mientras que el restante 40 a 45% es consecuencia de la emisión de los CCVC. Estos últimos afectan gravemente la salud humana y la de los ecosistemas, por lo que su reducción traería además importantes beneficios sociales.   El hecho de que estos contaminantes permanezcan por poco tiempo en la atmósfera significa que su mitigación traería beneficios en el corto plazo, favoreciendo especialmente a aquellas regiones del planeta que son más vulnerables y que ya se están siendo afectadas por el cambio climático. Por ello la reducción de los CCVC representa una oportunidad que debemos aprovechar en la lucha contra los efectos de este desafío global.   El documento informativo que será distribuido en Varsovia explica qué son los CCVC, describe los CCVC más relevantes, expone las razones por las cuales debemos actuar por su regulación y reducción, y ofrece algunas recomendaciones para abarcar el reto.   Lee y descarga la hoja informativa  

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Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

¿Puede la COP19 acercar al Fondo Verde Climático a la realidad?

Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Marcus Pearson, voluntario de AIDA (artículo publicado originalmente en inglés en Respond/RTCC Magazine) El Fondo Verde Climático (FVC) fue creado como respuesta efectiva a los impactos del cambio climático mediante la canalización de recursos financieros de países desarrollados a países en desarrollo. ¿Será una realidad? En noviembre, la  Conferencia de las Partes (COP) brindará a los países en desarrollo la oportunidad de presionar al mundo desarrollado por compromisos financieros significativos para asegurar la viabilidad a largo plazo del FVC. El Fondo Verde Climático (FVC) fue creado en 2010 durante la 16a Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Su misión es canalizar recursos financieros públicos y privados a países en desarrollo para ayudarlos a mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático mediante programas bajos en emisiones y resilientes al clima. Sin embargo, casi cuatro años después de su creación, el FVC aún no tiene recursos para desembolsar. La Junta del FVC se ha reunido cuatro veces y sólo con resultados limitados. En la primera reunión, celebrada en Ginebra en agosto del 2012, la Junta eligió a dos copresidentes interinos: Zaheer Fakir de Sudáfrica y Ewen McDonald de Australia. Conformó además comités, designó al Banco Mundial como Fideicomisario Provisional, y aceptó invitar a organizaciones observadoras a participar, aunque de forma limitada. La falta de consenso estancó las decisiones en la reunión de octubre de 2012 en Corea del Sur, donde el único movimiento importante fue hacer de Songdo, Corea del Sur, la sede del FVC. Mayores avances ocurrieron en la reunión de febrero de 2013 en Berlín. La Junta adoptó reglas de procedimiento para regir sus acciones, regular la selección de miembros, y definir la participación y el rol de los observadores de la sociedad civil. Ello sentó las bases para que el FVC lleve a cabo su misión. En la reunión de junio de 2013 en Corea del Sur, la Junta discutió el modelo de negocio (BMF por sus siglas en inglés) del FVC, así como las políticas, directrices y estructuras organizacionales requeridas para que sus operaciones comiencen. Además, la Junta escogió la estructura de gobernanza de la facilidad para el sector privado (PSF por sus siglas en inglés) [i] y nombró a Hela Cheikhrouhou, de Túnez, Directora Ejecutiva de la Secretaría del FVC. La quinta reunión en París podría abordar las muchas cuestiones aún pendientes para que el FVC entre en funcionamiento efectivo. Para ello, la Junta debe superar su hasta ahora percibida ineficacia. Preocupaciones de la sociedad civil Las organizaciones de la sociedad civil (CSOs) están preocupadas por el futuro y el proceso de toma de decisiones del FVC. La incertidumbre sobre el financiamiento es quizás la principal cuestión. La Junta Directiva del FVC ha empezado a identificar áreas de proyecto y a definir criterios para asignar recursos, pero los países desarrollados todavía tienen que comprometer recursos significativos. Compromisos concretos son esenciales para asegurar la disponibilidad de recursos previsibles y necesarios para lograr resultados a largo plazo para mitigar y protegerse de los impactos del cambio climático. Las CSOs también temen que la falta de transparencia y rendición de cuentas debilitará el FVC. La transparencia no parece ser una prioridad para la Junta. Por ejemplo, la Junta ha decidido no transmitir en vivo sus reuniones, aunque la CMNUCC comúnmente sí lo hace, lo que ayudaría a reducir costos y emisiones de carbono asociadas con los viajes. Si el FVC ya transmite las reuniones a los observadores sentados en una sala anexa, ¿por qué no transmitirlas en vivo? El temor de las CSOs es que la Junta no quiera realizar reuniones abiertas al público. La falta de rendición de cuentas continúa siendo una preocupación, particularmente debido a  la poca oportunidad brindada a la sociedad civil para participar en el proceso de toma de decisiones. El FVC movilizará recursos financieros de ambos sectores, el público y el privado, y la vigilancia de la sociedad civil es necesaria para asegurar que las políticas no respondan a los intereses de inversión del sector privado, sino a las necesidades de los más vulnerables. Más aún, la Junta no concede oportunidades de participación significativas a las CSOs. El FVC publica documentos antes de las reuniones, pero sin dar el tiempo suficiente para que muchas CSOs revisen y comenten las propuestas [ii]. Entretanto, sólo dos representantes de las CSOs pueden participar activamente y en persona de las reuniones de la Junta y, aun así, es posible que no se les permita hablar o acercarse a los miembros de la Junta [iii]. Estas prácticas ponen en duda la legitimidad del FVC. A nivel global, las CSOs juegan un rol vital en el desarrollo de políticas de cambio climático ya que informan a los tomadores de decisiones sobre problemáticas y necesidades locales, y proporcionan ejemplos sobre mejores prácticas para la asignación de recursos. Dado que el mandato del FVC hace hincapié en la rendición de cuentas, las CSOs deberían tener acceso a los representantes de gobiernos y a la información en reuniones abiertas y transparentes. COP19: ¿Una oportunidad para el FVC? La COP19, a celebrarse en noviembre en Varsovia, mostrará al mundo si el FVC puede convertirse en un motor eficaz para el financiamiento al cambio climático en los países en desarrollo. En esta conferencia, los países en desarrollo deben lograr compromisos concretos y firmes para la adaptación y mitigación al cambio climático. Sólo un financiamiento garantizado permitirá a la Junta tomar decisiones efectivas respecto de la distribución de recursos, o proporcionar a los países en desarrollo un panorama claro de la cantidad de recursos disponibles. La Junta Directiva del FVC debe buscar –y recibir– orientación ya que muchos de los asistentes a la COP se beneficiarán de los recursos del Fondo. Los países pueden usar la COP para dar consejos sobre las políticas del FVC, compartir sus necesidades prioritarias de financiamiento, y recomendar criterios para garantizar el acceso a los recursos. La COP también dará a los representantes de las CSOs la oportunidad de plantear preguntas y resaltar prácticas contraproducentes. Conclusiones La COP representa una oportunidad para que los países desarrollados se comprometan con los objetivos establecidos por el FVC, y otorguen el financiamiento que desesperadamente se requiere. Las partes y las CSOs deben usar la COP –el órgano de monitoreo del FVC– como una herramienta para mejorar la responsabilidad, la inclusión y la transparencia del Fondo, de modo tal que el FVC pueda realmente trabajar en beneficio de las poblaciones más vulnerables en los países en desarrollo. La COP debería ser un punto de referencia para el avance del FVC en lugar de un evento más en el que los países desarrollados se feliciten a sí mismos por los poco significativos avances. [i] El PSF permitirá al FVC financiar directa o indirectamente las actividades de mitigación y adaptación del sector privado a nivel nacional, regional e internacional. [ii] En la reunión de junio en Corea del Sur, los documentos fueron publicados menos de dos semanas antes de la reunión, en lugar de 21 días antes como se indica en la decisión sobre reglas adicionales de procedimiento tomada en Berlín. [iii] Fue el caso del último día de reunión en Songdo.

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Grandes Represas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Represas y minas amenazan derechos indígenas: Recomendaciones de un experto en derechos humanos de la ONU

Por Jessica Lawrence, anapsta investigadora de Earthjustice Una de las metas constantes de Earthjustice y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha sido alertar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en tribunales nacionales y foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre violaciones ambientales y de derechos humanos asociadas con minas y represas. Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables a los efectos nocivos que las industrias extractivas y energéticas tienen en sus territorios. El pasado abril, Earthjustice y AIDA proporcionaron evidencia de esos daños, así como recomendaciones acerca sobre cómo evitarlos, al experto en derechos indígenas de la ONU James Anaya, quien recientemente pubpcó un informe sobre las industrias extractivas y energéticas y los pueblos indígenas. Los comentarios (en inglés)de Earthjustice y AIDA se enfocaron en el cierre de minas, describiendo cómo el inadecuado cierre, restauración o monitoreo puede causar una contaminación ambiental severa y de largo plazo, y violar derechos humanos e indígenas. Identificamos las medidas que los países pueden adoptar para prevenir esos problemas, incluyendo la promulgación de leyes estrictas sobre la responsabipdad de los operadores mineros, y la exigencia de que éstos brinden garantías financieras para asegurar una adecuada pmpieza durante y después del cierre de una mina. Dichas medidas pueden ayudar a proteger los derechos humanos a la salud, al agua potable y a un ambiente sano, así como los derechos indígenas a la cultura, apmentación y medios de subsistencia, sus tierras y recursos naturales. El informe de Anaya incluye una serie de recomendaciones que tienen imppcaciones ambientales y de salud. Las recomendaciones clave incluyen: Garantizar el derecho de las comunidades indígenas a oponerse a proyectos extractivos y energéticos sin miedo a represapas, violencia o consultas coercitivas. Si un gobierno decide continuar un proyecto sin su consentimiento, las comunidades indígenas deben ser capaces de impugnar esa decisión ante las cortes. Las Evaluaciones de impacto ambiental rigurosas deben ser una precondición. Las comunidades indígenas deben tener la oportunidad de participar en esas evaluaciones, y tener acceso total a la información recabada. Los gobiernos deben garantizar la objetividad de las evaluaciones de impacto, ya sea a través de revisiones independientes o asegurando que las evaluaciones no son controladas por los promotores del proyecto. Las medidas para prevenir los impactos ambientales, particularmente aquellas que impactan en la salud o la subsistencia, deben incluir monitoreos con la participación del púbpco, así como medidas que aborden el cierre del proyecto. Si los gobiernos y los operadores de los proyectos siguieran las recomendaciones de Anaya, se reducirían sustancialmente los daños ocasionados a pueblos indígenas por la conducta frecuentemente vergonzosa e irresponsable de las industrias extractivas y energéticas. AIDA, a quien Earthjustice brinda apoyo significativo, trabaja con comunidades locales para responder ante violaciones a derechos humanos derivadas de las industrias extractivas en todo el hemisferio, incluyendo los casos de la represa Barro Blanco en Panamá, la represa Belo Monte en Brasil, la represa La Parota en México, y las minas en ecosistemas andinos de Colombia.

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