Cambio Climático

AIDA envía informe a la OEA sobre los peligros del cambio climático para los derechos humanos en América Latina

La reducción dramática de acceso al agua representa uno de los impactos más graves. La inestabilidad del clima limitará el acceso al agua a millones de personas en la región tropical andina. AIDA urge medidas para proteger los derechos humanos en las comunidades más vulnerables del continente. Ciudad de México / Bogotá. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entregó el 16 de febrero un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la relación del cambio climático y los derechos humanos. El documento llamado “Cambio climático y derechos humanos en América Latina: Una crisis humana” preparado en inglés y en español por el equipo de investigación de AIDA, detalla los efectos negativos del cambio climático para los derechos humanos al ambiente sano, a la vida, al agua, a la alimentación y a la vivienda, entre otros, para millones de personas en América Latina. El más grave de los impactos es la escasez de agua potable en América Latina.  El derretimiento de glaciares, la degradación de los humedales de alta montaña como los páramos, los patrones inestables del clima y las graves sequías, son algunas de las causas que limitarán a aproximadamente 50 millones de personas, el acceso al agua a en la región tropical andina para el 2050. “El cambio climático afecta más a quienes son menos responsables de las emisiones de efecto invernadero, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad como las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y barrios pobres de ciudades”, afirmó el asesor legal de AIDA y co-autor del informe, Jacob Kopas. El reporte aboga por un acuerdo climático con obligaciones legales vinculantes para que los países con mayores emisores de carbono asuman su responsabilidad proporcional para la adaptación y mitigación y apoyen a los países en desarrollo. “Esperamos que la Comisión Interamericana recomiende a los gobiernos más responsables por las emisiones históricas y actuales, que cumplan con su obligación internacional de contribuir más a soluciones duraderas frente al cambio climático", añadió Kopas. Otros impactos del informe incluyen el pronóstico de más lluvias e inundaciones en el continente.  Esto tan sólo en 2010 afectó a 2,2 millones de personas y causó daños en Colombia por $USD 300 millones. También se han perdido 80% de arrecifes de coral debido en gran medida al calentamiento del agua de los océanos y a su acidificación. AIDA espera que el informe sea útil a la CIDH en la investigación continua sobre el vínculo entre los derechos humanos y el cambio climático, derivado del mandato de la Asamblea General de la OEA para investigar al respecto (Resolución 2429, XXXVIII-O/08), y también para los gobiernos y comunidades para encontrar mejores soluciones a este problema global. Para mayor información:  http://www.aida-americas.org/es/project/el-impacto-del-cambio-climatico-en-los-derechos-humanos  

AIDA presenta informe en Durban sobre el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos en América Latina

Llaman a tomar medidas para proteger los derechos humanos de las comunidades más vulnerables. Durban, Sudáfrica. El miércoles 7 de diciembre de 2011, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante los delegados que participan en las negociaciones climáticas en Durban, Sudáfrica, un informe donde se detallan los efectos negativos del cambio climático sobre los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, al acceso al agua, a la salud, a la alimentación y a la vivienda para millones de personas en América Latina. “El cambio climático es la causa del mayor perjuicio a los derechos humanos de aquéllos que son los menos responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero- comunidades vulnerables e históricamente desfavorecidas como campesinos, pueblos indígenas y la gente más pobre de las ciudades urbanas”, afirmó el abogado de AIDA Jacob Kopas.  “Los gobiernos que son desproporcionadamente responsables de las históricas y actuales emisiones tienen una obligación internacional de contribuir más a las soluciones duraderas”. El impacto más perturbador de todos los que han sido detallados en el informe es la reducción drástica del acceso al agua dulce en América Latina.  El incremento del descongelamiento de los glaciares, la degradación de los humedales en los páramos de alta montaña, los patrones meteorológicos erráticos y las duras sequías limitarán de aquí al año 2050, el acceso al agua a más de 50 millones de personas en la región tropical andina. Otros impactos incluyen lluvias e inundaciones más fuertes, fenómeno que ya ha afectado a 2.2 millones de personas y ha ocasionado US$300 millones de dólares en daños sólo en Colombia durante el año 2010; y la pérdida del 80% de los arrecifes de coral del Caribe debido en gran parte a un incremento en las temperaturas y la acidificación del océano. “Las partes deben entender que no es posible cerrar los ojos ante el problema del cambio climático. Tenemos que actuar ahora mismo para ayudar a que las comunidades más afectadas del mundo puedan enfrentar el cambio climático y para ello debemos garantizar soluciones urgentes y alcanzables como el Fondo Verde Climático aquí en Durban”, dijo Andrés Pirazzoli, abogado de AIDA, quien repartió el informe entre los delegados participantes de las negociaciones. AIDA respalda al Fondo Verde Climático, destinado a financiar la adopción de tecnologías bajas en carbono, además de programas de adaptación en el mundo en vías de desarrollo. AIDA publicó un informe esta semana donde da a conocer una investigación formulada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revela el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos.  El informe exhorta a la aprobación de un tratado climático vinculante y exhorta a los emisores más grandes a que sufraguen los gastos de las medidas de adaptación y mitigación en el mundo en vías de desarrollo.

Incidiendo ante el Fondo Verde del Clima

Comisiones de la Cámara de Diputados reciben de organizaciones ciudadanas propuesta de modificación al Proyecto PEF 2011, y se les invita a ser consistentes con las metas de cambio climático

Para publicación inmediata 11 de noviembre, 2010.   Diputados representantes de la Comisión Especial de Cambio Climático y la Comisión de Medio Ambiente se suman a iniciativa de organizaciones de la sociedad civil para la construcción y diálogo de una Política Efectiva de Financiamiento en materia de Cambio Climático     Ciudad de México, México – A unos días de la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PPEF 2011), representantes de la iniciativa denominada “Grupo de Financiamiento para Cambio Climático” de la sociedad civil, hicieron entrega a las comisiones de la Cámara de Diputados de Presupuesto y Cuenta Pública, Cambio Climático, Energía, Transporte, Medio Ambiente, Agricultura, Género y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; un documento de recomendaciones de modificación al PEF 2011, basada en los objetivos de reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero para el combate al cambio climático en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura.   Al respecto, el Diputado César Daniel González Madruga, Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático, señaló que la colaboración entre el Poder Legislativo y la sociedad civil es fundamental y estratégica en términos de avanzar hacia la construcción de una política de financiamiento que considere objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, como la mayor amenaza que enfrenta la humanidad a nivel mundial”.   Los representantes de las organizaciones impulsoras de esta iniciativa comentaron que el Poder Legislativo es una actor clave capaz de hacer la diferencia en la política climática nacional, a fin de que la actuación de nuestro país sea consistente con las metas propuestas en el marco de las negociaciones internacionales, reflejadas tanto en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), como en otras medidas que pueden ayudar a cumplir con dichas metas. “México ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una arquitectura financiera internacional, y si bien contar con más recursos provenientes de otros países es necesario, es más urgente hacer un uso efectivo y transparente de los recursos que actualmente tiene el Gobierno para promover medidas contundentes de combate y adaptación al cambio climático.   En este contexto, el trabajo del Grupo de Financiamiento para Cambio Climático -en colaboración con las comisiones de Cambio Climático- marca un precedente importante, no sólo para dar a conocer las propuestas de modificación al proyecto PEF 2011 en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura durante la presente negociación presupuestaria, sino también como una oportunidad para que México, sede de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático a celebrarse en unas cuantas semanas, presente al mundo acciones concretas e inmediatas que avalen su compromiso con la atención a dicho fenómeno.   Finalmente, los representantes de las más de 10 organizaciones además de los diversos actores que conforman dicha iniciativa confiaron en que el Poder Legislativo, en respuesta a esta propuesta ciudadana sobre ajustes estructurales al proyecto de Presupuesto de Egresos y la respectiva asignación de presupuesto para acciones prioritarias en la lucha contra el cambio climático; acogerá estas recomendaciones y será un actor decisivo para comenzar a crear una estructura financiera que permita a nuestro país hacer frente al cambio climático de manera decisiva.     Organizaciones firmantes: El Barzón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Tecnológico de Monterrey (CEDAN), el Centro de Transporte Sustentable (CTS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Clima Integral, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Fundación Heinrich Bell, Greenpeace México y Oxfam México.     Notas: La versión electrónica del documento de recomendaciones al proyecto PEF 2011 está disponible en la página: www.cemda.org.mx      Para mayor información contactar: Claudia Gómez-Portugal M. / [email protected] / Cel. (55) 1850 6827 Mariana Gutiérrez / [email protected] / Cel. (55)1502 0125 Sakbe Comunicación Ambiental / Tel. (55) 5264 3777

Organizaciones ciudadanas inician proceso de construcción y diálogo hacia una política efectiva de financiamiento en materia de cambio climático

Para publicación inmediata 4 de noviembre, 2010   Para mayor información contactar: Claudia Gómez-Portugal M., Sakbe Comunicación Ambiental, Tel. (55) 5525 6136 / Cel. (55) 1850 6827, [email protected]     Enviarán a la Cámara de Diputados propuesta de modificación al PEF 2011, basada en los objetivos de reducción efecitva de emisiones de gases de efecto invernadero para el combate al cambio climático en sectores estratégicos como energía, agricultura, transporte y bosques   Ciudad de México, México – El cambio climático es el reto más grande que enfrenta la humanidad y sus impactos traerán severos costos económicos y sociales a México. Por ello y con el objetivo de lograr una asignación, manejo y distribución adecuada y transparente de los recursos federales para la adaptación y mitigación al problema, más de 10 organizaciones de la sociedad civil y diversos actores independientes lanzan una iniciativa de construcción y diálogo para una política efectiva de financiamiento en materia de cambio climático.   De acuerdo con las organizaciones que conforman este esfuerzo, un primer paso elemental en la consecución de los compromisos internacionales que México ha asumido en la materia1, es modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, para dar prioridad y redireccionar recursos a aquellos sectores considerados clave para el cumplimiento de las metas nacionales de reducción de emisiones en el corto, mediano y largo plazo1, tales como el transporte, forestal, energético y agropecuario.   “Como ciudadanas y ciudadanos activos, con experiencia en presupuestos sectoriales e investigación y análisis sobre la situación de los sectores energía, agricultura, transporte, bosques y protección ambiental, hemos adoptado el tema de financiamiento como articulador de sinergias. Es así que hemos venido trabajando en la conformación de propuestas de financiamiento posibles, inmediatas y efectivas, para el cumplimiento de objetivos concretos en materia de cambio climático para los sectores señalados, mismas que consideramos fundamentales para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF 2011, basadas en la premisa de que el cambio climático es un tema transversal cuya atención depende de la participación de todos los sectores causantes del problema así como de aquellos que padecen sus consecuencias”, dijo Dolores Rojas de Oxfam, México.   Las organizaciones presentarán al Congreso una serie de recomendaciones sectoriales, mismas que esperan sean tomadas en cuenta por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, no sólo para su trabajo durante la presente negociación presupuestaria, sino también como una oportunidad para que México, sede de la COP16 a celebrarse en unas cuantas semanas, presente al mundo acciones concretas e inmediatas.   “Las organizaciones impulsoras de esta iniciativa consideramos que el Poder Legislativo puede hacer la diferencia en la política climática, para que la actuación de nuestro país sea consistente con las metas propuestas en el marco de las negociaciones internacionales, reflejadas no sólo en su Programa Especial de Cambio Climático (PECC), sino también de otras medidas que pueden ayudar a cumplir con dichas metas. Lo anterior es importante porque México ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una arquitectura financiera internacional y si bien, contar con más recursos provenientes de otros países es necesario, es más urgente hacer un uso efectivo y transparente de los recursos que actualmente tiene el Gobierno, para promover medidas efectivas de combate y adaptación al problema”, afirmó Jorge Villareal de la Fundación Heinrich Böll.   Entre las recomendaciones de las organizaciones, para el Sector Energía se señala la necesidad de reasignar más recursos para la eficiencia energética a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y sus programas de ahorro energético; así como el impulso al aprovechamiento de energías renovables, para lo cual se le deben destinar al menos 3 mil millones de pesos anuales al Fondo para la Transición Energética. Al respecto, Sandra Guzmán del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que estas medidas son posibles si se priorizan aquellos programas y acciones dirigidas a promover la eficiencia energética en todos los sectores económicos y sociales, en vez de contemplar la construcción de nuevas centrales de generación eléctrica para cubrir la demanda creciente y evitar la construcción de más proyectos que utilizan combustibles fósiles como los que aparecen en el presupuesto.   Respecto al Sector Transporte, Gabriela Niño del Centro de Transporte Sustentable resaltó que es necesario destinar más recursos a la reactivación de las vías férreas por ser una alternativa eficiente e inmediata para reducir emisiones y restar recursos al sistema carretero que contribuye con la mayor parte de las emisiones del sector; y asegurar la continuidad y los recursos del programa de transporte masivo (PROTRAM) –parte del Fondo Nacional de Infraestructura - con el cual se promueve la implantación de sistemas de transporte urbano masivo, como catalizador de calidad de vida, salud y reducción de emisiones.   “En el Sector Forestal se deben redireccionar al menos 600 millones hacia programas que promuevan el manejo forestal sostenible para lograr la conservación activa de los ecosistemas forestales terrestres, los manglares y los almacenes de carbono”, afirmó Iván Zúñiga del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).   Para el Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación2, es necesario asignar recursos para la constitución urgente del fondo de agua y energía el cual deberá convertirse en el instrumento para la recarga, conservación y mantenimiento de los mantos acuíferos, la reducción de la energía para el bombeo de agua y la tecnificación del riego agrícola. “Este fondo será la base para llevar acabo acciones de mitigación y adaptación en la agricultura ante el cambio climático, mediante un esquema de acceso al financiamiento para el ordenamiento sustentable de acuíferos y tecnologías para el ahorro de agua y energía”, señaló Alfonso Cuellar del Barzón.   Las organizaciones abajo firmantes confían en que el Poder Legislativo,en respuesta a esta iniciativa ciudadana sobre ajustes estructurales, fortalecimiento de capacidades, establecimiento de mecanismos económicos y la respectiva asignación de presupuesto; acoja estas recomendaciones y sea un actor decisivo para comenzar a crear una estructura financiera que permita a nuestro país hacer frente de manera contundente al cambio climático. Dichas recomendaciones serán enviadas en los próximos días a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre el proyecto PEF 2011.     Organizaciones firmantes: El Barzón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Tecnológico de Monterrey (CEDAN), el Centro de Transporte Sustentable (CTS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Clima Integral, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Fundación Heinrich Bell, Greenpeace México y Oxfam México.       Notas: El Gobierno Federal ha establecido metas a nivel internacional para combatir el fenómeno tales como la reducción de 50 millones de toneladas de CO2 en 2012, la reducción de 30% de las emisiones en 2020 y 50% en 2050 De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones al 2006, la categoría de agricultura, bosques y otros usos del suelo contribuyó con casi 19 por ciento de las emisiones totales del país. Por su parte, el sector transporte es responsable del 34 por ciento de las emisiones de CO2e en nuestro país, mientras que la generación de energía representa el 27.3 por ciento de las emisiones GEI totales del país. El sector forestal es responsable del 12.4% de las emisiones del país por la deforestación, la degradación y el cambio de uso de suelo.

Combatiendo a los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC)

AIDA Presenta Informe sobre Represas Ante el Bid

  COMUNICADO DE PRENSA Para Publicación Inmediata 19 de Marzo de 2010 Contactos: Astrid Puentes Riaño - AIDA, +(52-1-55) 23016639, [email protected]   Informe: Grandes Represas en América ¿Peor el remedio que la enfermedad? AIDA PRESENTA DOCUMENTO ANTE EL BID   El objetivo del documento es el de promover un mejor entendimiento de la situación, evidenciar la vinculación entre los graves impactos ambientales y la violación a los derechos humanos que las grandes represas pueden causar. Cancún, México. – La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, presentará el informe: “Grandes Represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad?” ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La presentación se hará en el marco de la Reunión Anual de Gobernadores del BID que se celebra en Cancún, hasta el 23 de marzo. En esta reunión, entre otros, el BID decidirá acerca de la recapitalización del Banco para promover mayores inversiones en el hemisferio. “Esperamos que las futuras inversiones financiadas por el BID y otras Instituciones Financieras Internacionales tengan en cuenta este informe, así como los estándares internacionales para estos proyectos, incluyendo las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas” declaró Astrid Puentes, co-directora de AIDA. “Esto podría Así podrían evitar graves impactos ambientales y a los derechos humanos, y promover verdaderos proyectos de energía limpia”. El objetivo del Informe es evidenciar la vinculación entre los graves impactos ambientales y la violación a los derechos humanos que las grandes represas pueden causar y motivar la implementación de proyectos de energía adecuados. Para ello, se analizan cinco estudios de caso de distintas regiones de América Latina: La Parota (México), Chan 75 (Centroamérica), Baba (región Andina), Río Madeira (Brasil) y Yacyretá (Cono Sur). El informe preparado por AIDA en coordinación con International Rivers y con la cooperación de múltiples organizaciones no gubernamentales y de comunidades afectadas por las grandes represas en el hemisferio, se presentó también en noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. La CIDH celebró esta audiencia dada la importancia del tema para la adecuada protección de los derechos humanos en la región. Entre los impactos más graves generados por las grandes represas, abordados en el Informe, se incluyen: el empeoramiento de la calidad y salubridad de las aguas tanto río arriba como río abajo por la modificación artificial de las cuencas hidrográficas; la degradación de ecosistemas acuáticos; los impactos a la biodiversidad; los impactos en el cambio climático por el aumento en la emisión de gases efecto invernadero dada la descomposición de materia orgánica inundada; el posible aumento de actividad sísmica; la destrucción de ecosistemas estratégicos; el desplazamiento forzado de comunidades típicamente en situación de vulnerabilidad, como las indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como las mujeres y los niños y las niñas; la pérdida de fuentes de alimentación y de sustento; la falta de participación pública y acceso a la información; la falta de consulta y la obtención del consentimiento libre, previo e informado de comunidades afectadas; y criminalización de la protesta social hacia personas o comunidades que defienden sus derechos. “Buscamos evitar estas consecuencias negativas y promover alternativas efectivas a las necesidades energéticas, para lograr un verdadero desarrollo sostenible”, puntualizó Jacob Kopas, abogado de AIDA y coautor del Informe. Versión completa del informe y Resumen Ejecutivo: http://www.aida-americas.org/node/1536 Para mayor información acerca de la situación de las grandes represas en América Latina visite: www.aida-americas.org, www.internationalrivers.org, www.redlar.org/

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Celebrará Audiencia de Grandes Represas

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Celebrará Audiencia de Grandes Represas Washington, D.C. - El 2 de noviembre de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrará en Washington, D.C. una audiencia pública para abordar el impacto que las grandes represas en América Latina tienen en los derechos humanos y en el ambiente. En la audiencia, solicitada por más de cuarenta organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales y de comunidades afectadas, se presentarán las conclusiones del informe “Grandes Represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad?” preparado por AIDA en coordinación con varias organizaciones. Así se informará a la Comisión de la situación, para que la investigue y recomiende la observancia de los estándares internacionales, y así evitar mayores daños ambientales y a los derechos humanos. La información será presentada por Gabriel Espinoza, representante de las comunidades afectadas por la represa El Zapotillo, en México, Rafael González y Astrid Puentes, de AIDA, y Shannon Lawrence de International Rivers. ”Más de un millón de personas ya han sido afectadas por grandes represas en América Latina, muchas de ellas indígenas y campesinas” dijo Rafael González, vicepresidente de la Junta de AIDA. “Hay más de trescientas grandes represas propuestas en la región que podrían afectar negativamente las formas de vida de cientos de miles de personas y destruir ecosistemas estratégicos, pues no cumplen con los estándares internacionales, como las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas y las normas de derechos humanos”. Dentro de los graves impactos se incluyen: destrucción de ecosistemas; contaminación de agua dulce; impactos en cambio climático por emisiones de GEI; disminución de la biodiversidad, incluyendo especies de peces migratorios; y el aumento de riesgos sísmicos. Estos daños se derivan, entre otros, de la falta de estudios de impacto ambiental integrales; la ignorancia de los estándares internacionales aplicables; y la falta de análisis comprehensivo de alternativas. Adicionalmente, de manera sistemática las comunidades afectadas, en su mayoría pueblos indígenas, tribales y campesinos, denuncian la falta de consentimiento previo, libre e informado, ser objeto de presiones y hostigamientos cuando se oponen a los proyectos, y no contar con información clara e integral de éstos, ni de medidas de prevención o compensación por los daños. “La convocatoria de la audiencia es una demostración muy positiva de la CIDH de reconocer que el desarrollo de grandes represas podría estar afectando los derechos humanos”, afirmó Astrid Puentes, co-Directora de AIDA. “Esperamos que la Comisión dé seguimiento e investigue la situación y formule recomendaciones a los Estados, para que se adecuen a los estándares internacionales, atiendan las obligaciones de derechos humanos y eviten graves impactos ambientales”. “Aceptamos que las necesidades de energía y agua y se deben solucionar como un derecho fundamental de las personas” dijo Pbto. Gabriel Espinoza, vocero de las comunidades afectadas de El Zapotillo, que se pretende construir en la región de Los Altos de Jalisco, México, “Pero no aceptamos la forma en que las autoridades lo quieren hacer porque atentan contra nuestra libertad, contra la vida, la historia, la cultura, la economía, el arraigo”, añadió. “Generalmente hay mejores alternativas, más baratas y menos destructivas que la construcción de grandes represas, tanto para atender la demanda de agua como de energía, y para reducir los impactos de inundaciones” dijo Monti Aguirre de International Rivers. “Cuando se discuten proyectos de grandes represas, soluciones como el abastecimiento de agua descentralizado y en pequeña escala, nuevas opciones renovables, y opciones de eficiencia y conservación a gran escala muchas veces son ignoradas o no tenidos en cuenta. Como lo recomendó la Comisión Mundial de Represas, debería priorizarse el uso de procesos integrales y participativos para evaluar de antemano las necesidades de agua y energía, seguidos por procesos participativos similares para evaluar la gama de opciones para atender esas necesidades”. La audiencia está abierta al público y tendrá lugar el 2 de noviembre entre 5:30p.m. y 6:15 p.m., Salón Rubén Darío, 8o Piso del Edificio de la Secretaría General de la OEA, 1889 F Street NW, Washington, D.C. Lineamientos para cubrimiento de prensa en: http://www.cidh.org/Prensa/pautascoberturaaudienciasSPAN.htm .    Para mayor información acerca de la situación de las grandes represas en América Latina visite: International Rivers, Redlar.

Grandes represas en América: ¿Peor el remedio que la enfermedad?

Las grandes represas provocan constantes y graves perjuicios ambientales y sociales que, en muchos casos, son irreversibles. Su construcción es además frecuentemente asociada con violaciones a los derechos humanos y a las leyes ambientales. Cuando los ciudadanos protestan contra la destrucción que causan las represas, no es nada raro que se enfrenten a la represión y la brutalidad. El informe de AIDA titulado Grandes Represas en América: ¿Peor el remedio que la enfermedad? explora estos graves impactos y explica las normas internacionales que deben aplicarse para proteger el ambiente y los derechos humanos. El reporte expone los peligros de utilizar las grandes represas hidroeléctricas para satisfacer la creciente demanda de energía en América Latina. Con el objetivo de promover una mayor protección de los derechos humanos, AIDA dio testimonio de las conclusiones encontradas en su informe sobre represas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo hizo en una audiencia general celebrada el 2 de noviembre de 2009. Adicionalmente, AIDA ha compartido los hallazgos incluidos en el documento entre expertos internacionales, legisladores, organizaciones no gubernamentales, instituciones financieras internacionales y comunidades locales en todo el continente americano. Asimismo, el equipo de AIDA impartió talleres sobre estrategias jurídicas en "Ríos para la vida 3", un encuentro internacional de comunidades afectadas por represas realizado en Temacapulín, México, del 1 al 7 de octubre de 2010.  En septiembre de ese mismo año y en el marco de "La Semana Mundial del Agua", AIDA representó a América Latina en un panel de expertos en el tema del agua que tuvo lugar en Estocolmo. También hemos presentado nuestros argumentos respecto a los riegsos de las represas ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En Grandes Represas en América, AIDA analiza cinco grandes represas hidroeléctricas que violan una gama de leyes ambientales y de derechos humanos: Yacyretá, en Argentina y Paraguay; Río Madeira, en Bolivia y Brasil; Baba, en Ecuador; Chan-75, en Panamá; y La Parota, en México. A través de estos casos específicos, el informe ilustra cómo los gobiernos generalmente no prestan atención a las obligaciones y las normas, entre ellas la necesidad de conducir las correspondientes evaluaciones ambientales y de impacto social. Muestra cómo las familias locales sufren cuando son expulsadas o desalojadas a la fuerza a causa de la construcción de una represa y pierden sus valiosas tierras agrícolas, fuentes de agua o sus áreas de pesca tradicional. En el reporte se documenta que quienes resultan más perjudicados por las grandes represas son aquellos que pertenecen a los grupos más vulnerables de la población como indígenas, afrodescendientes y campesinos pobres. Grandes Represas en América también se encarga de disipar el mito de las represas como fuente de "energía verde". En realidad, las grandes represas representan típicamente un perjuicio para el ambiente porque inundan ecosistemas valiosos, alteran dramáticamente el flujo natural del agua, desestabilizan el hábitat de la vida silvestre, y obstruyen las trayectorias de persas especies, por mencionar sólo algunos de sus impactos. Estos mega proyectos han sido alabados erróneamente como la panacea ante la crisis de cambio climático. A pesar de que las represas no dependen de combustibles fósiles para generar electricidad, no dejan de contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero. Las represas hidroeléctricas crean enormes estancamientos de agua de río que inundan los valles y conducen a la descomposición de materia orgánica en inmensas cantidades. A medida que los árboles y otras biomasas se descomponen, liberan dióxido de carbono y metano, los mismos gases de efecto invernadero creados por tecnologías "sucias" como las plantas eléctricas que funcionan con carbón. Asimismo, las turbinas expulsan el metano atrapado en el agua profunda y emiten dióxido de carbono a medida que liberan la presión del embalse. En las regiones tropicales, las represas pueden emitir hasta once veces más la cantidad de gases de efecto invernadero que lo que emitiría una planta convencional de tamaño semejante. Dado el impacto negativo de las grandes represas, el informe de AIDA recomienda que los tomadores de decisiones consideren seriamente otras soluciones que protejan los derechos humanos y nuestros ecosistemas naturales, y que ahorren energía y reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. Las alternativas podrían estar en mejorar la eficiencia energética, reducir la demanda, hacer un mejor uso de las fuentes de energía sostenible, invertir en tecnologías e infraestructuras que sean eficientes en función del gasto energético, y en eliminar las barreras que obstaculizan el intercambio de tecnología entre las naciones. El informe fue elaborado entre AIDA, algunas de sus organizaciones participantes (CEMDA, CEDHA, ECOLEX, Earthjustice) y otras ONG (International Rivers, Sobrevivencia y la Asociación para la Conservación y el Desarrollo). Esperamos que con nuestro esfuerzo por informar a los gobiernos, dirigentes, comunidades y otros participantes clave en el tema de los impactos de las grandes represas, logremos motivar a las autoridades a investigar el asunto y aplicar nuestras recomendaciones sobre cómo implementar los proyectos de represas en cumplimiento con las leyes internacionales.