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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Las instituciones financieras juegan un rol crucial en la lucha global contra el cambio climático. Para que los países de todo el mundo busquen con éxito un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, necesitan disponer de importantes cantidades de financiamiento. El Acuerdo de París —que se prevé sea finalizado esta semana para el cierre de la COP21—seguramente promoverá el financiamiento climático a nivel mundial. Pero el financiamiento climático representa solo un pequeño porcentaje de todos los flujos financieros globales. Por tanto, el grado en el que las consideraciones de cambio climático sean incorporadas dentro de las instituciones financieras, tendrá un efecto importante en la rapidez de la transformación de la economía mundial como respuesta al cambio climático. 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La importancia de la presencia de Puentes Riaño en el panel fue de inmediato aparente: no solo era la única mujer, también era la única voz en representación de la sociedad civil. Los otros panelistas incluían a representantes de las principales instituciones financieras públicas y privadas, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Europeo de Inversiones, y al titular del Ministerio de Ambiente y Turismo de Namibia. Las presentaciones hechas en nombre de las instituciones financieras fueron breves pero alentadoras en cierto grado. Sus representantes se preciaron de los miles de millones de dólares que estaban comprometiendo para la lucha contra el cambio climático, y de otros pasos que estaban dando para reducir el impacto climático de sus inversiones. El representante del Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, puso de relieve su nuevo estándar de rendimiento de emisiones para inversiones en nuevos desarrollos energéticos, el cual, dijo, no discriminó ninguna fuente de energía en particular, pero excluyó al carbón. También se discutió la importancia de trabajar juntos y construir plataformas de intercambio de información como un sitio web que albergue información recopilada por las instituciones financieras. El representante del sector de la banca comercial dijo que su compañía se había comprometido a invertir 2 mil millones de dólares en bonos verdes, lo cual no iría a financiar nuevas plantas de carbón, sino que incrementaría las inversiones en energía renovable. El Ministro de Nanibia subrayó que su país ya está sufriendo, y continuará sufriendo, los efectos devastadores del cambio climático. Explicó que aunque el cambio climático es una prioridad para su gobierno, no existen recursos disponibles para atender las diferentes necesidades que pueden surgir en cualquier momento. Hablando en nombre de la sociedad civil, Puentes Riaño recibió con agrado la iniciativa como un buen comienzo, el cual proyecta una imagen positiva del sector financiero. Reconociendo que el esfuerzo estaba aún en su etapa inicial, ofreció algunas recomendaciones para su implementación. En primer lugar, llamó a que los derechos humanos y el riesgo social sean incluidos en las evaluaciones de proyectos. Ello, explicó Puentes Riaño, facilitaría la elección de los tipos adecuados de proyectos en los cuales invertir. En segundo lugar, exhortó a que se haga un esfuerzo para garantizar que se considere, y que exista un acuerdo entre instituciones financieras sobre definiciones clave como “energía renovable” y “desarrollo sostenible”, así como una idea clara de las opciones que deben ser excluidas por ser falsas soluciones. Finalmente, exhortó a que estas instituciones financieras se centren en cómo la iniciativa será implementada. Recomendó tener un mapa claro, transparente, participativo y lo suficientemente ambicioso para poner al mundo en un camino de 1,5 º C. En discusiones como ésta, es fácil ver lo importante que para las organizaciones de la sociedad civil es estar presente y hacer su mejor esfuerzo para contribuir al diálogo. En este caso, AIDA fue capaz de unirse a la conversación y poner su posición sobre la mesa para abogar por el acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas, la participación pública y los derechos humanos.
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En el marco de la COP21, organizaciones de la sociedad civil de América Latina pidieron a las y los líderes mundiales reunidos en París prohibir las operaciones de fracking en sus países porque éstas, al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, van en contra del objetivo central de las negociaciones: frenar el calentamiento del planeta. París, Francia. En un pronunciamiento público dirigido a los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden que las actividades de fracking o fracturación hidráulica sean prohibidas “para enfriar el planeta” debido a que, entre otros impactos, éstas emiten gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento del planeta. Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales extraídos vía fracking, se libera metano que, como gas de efecto invernadero, es 87 veces más activo que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, se explica en el pronunciamiento. El documento será presentado el viernes 11 de diciembre, a las 10:00 a.m. (hora local), en la Zona de Acción por el Clima, por la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Ambiente y Sociedad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Food & Water Watch, Freshwater Action Network México, la Fundación Heinrich Böll - México, Centroamérica y El Caribe, el Instituto Brasileiro de Analises Socias e Economicas (IBASE) y el Observatorio Petrolero Sur (OpSur). Las organizaciones expondrán además la situación que se vive actualmente en América Latina respecto de la fracturación hidráulica. Pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminentes, varios países de la región —entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia— han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. “El fracking está avanzando a ciegas en América Latina, sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños graves e irreversibles que puede causar en la salud de las personas y en el ambiente”, dijo Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA. “Las operaciones de este tipo en la región no han respetado derechos humanos fundamentales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la participación y control social; y el derecho a la información”, manifestó por su parte Milena Bernal, abogada de la Asociación Ambiente y Sociedad. Según las organizaciones, el fracking se está abriendo paso en comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas. Ello ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible. De modo paralelo al inicio de estas operaciones, ha crecido el rechazo a ellas. “Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios que la han prohibido en Argentina, Brasil y Uruguay”, indicó Diego di Risio, investigador del Observatorio Petrolero Sur. “Como parte de nuestro pronunciamiento, urgimos a los Estados parte de la Convención a la firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los gases de efecto invernadero e incorpore a los derechos humanos dentro del texto legal; a la aplicación del principio precautorio para prohibir el fracking; y al impulso de las energías renovables y el desincentivo a la extracción de combustibles fósiles”, expresaron Claudia Campero Arena, investigadora de Food & Water Watch, y Moema Miranda, directora de Ibase. Lea aquí el pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking. Evento “The fight against fracking in Latin America: experiences in Argentina, Bolivia, Colombia, Brazil and Mexico” Traducción simultánea inglés-francés Viernes 11 de diciembre, 10:00 a.m. Zona de Acción por el Clima (ZAC) Centquatre, 5 rue Curial, Paris (Métro Riquet)
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