Project
John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
Proyectos relacionados
Organizaciones y comunidades piden intervención de la CIDH ante impactos a los derechos humanos de la minería para la transición energética
El viernes 15 de noviembre, representantes de organizaciones nacionales y regionales de América Latina, junto con miembros de comunidades y pueblos indígenas, participaron de una audiencia pública regional ante Comisionados/as y el Relator de Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA) de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre las violaciones a derechos humanos que la extracción de minerales para la transición energética está causando en el continente.En concreto, pidieron a la CIDH urgir a los Estados a:Crear o fortalecer zonas intangibles libres de minería en consideración a sus valores culturales, climáticos o ecosistémicos.Abstenerse de modificar los marcos normativos de protección ambiental y de pueblos indígenas con el propósito de facilitar la inversión en proyectos de minería para la transición energética sin considerar la protección de los derechos humanos.Respetar y garantizar el marco de protección del derecho a un ambiente sano, considerando los impactos sinérgicos, acumulativos, a perpetuidad y climáticos; e implementar mecanismos efectivos de supervisión y fiscalización a actores públicos y privados involucrados en la extracción de estos minerales.Fortalecer sus sistemas de administración de justicia, considerando los principios de prevención y precaución frente a daños irreparables a los ecosistemas, personas y comunidades. Solicitaron además que la CIDH elabore un informe en la que se examinen las medidas que deben adoptarse por parte de los Estados de la región para garantizar que la promoción de los minerales para la transición no promueva la vulneración de los derechos humanos, especialmente de las comunidades que habitan zonas altamente vulnerables a los impactos de las actividades mineras.En la audiencia se evidenciaron —con base en casos concretos— las graves problemáticas de derechos humanos asociadas a la minería de litio, cadmio, cobre, cobalto y otros minerales utilizados en el desarrollo de tecnologías para la generación de energías renovables.Al inicio, Felipe Pino, coordinador de proyectos en ONG FIMA, Chile, enfatizó que a medida que se acelera el despliegue de proyectos de transición energética, se multiplican las voces que demandan una transición justa, lo cual debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática: climática: el resguardo de las personas y los ecosistemas del planeta. "Las comunidades más afectadas por la crisis climática, hoy se ven amenazadas por las estrategias para combatir el cambio climático. El éxito de nuestros esfuerzos dependerá de si somos capaces de resolver esta supuesta paradoja de aceleración versus justicia, la cual se expresa con particular fuerza en nuestra región", señaló.Pia Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "El gran interés alrededor de estos minerales se refleja también en la enorme disputa geopolítica para lograr su control. Países de Norteamérica, Europa y Asia dictaron sus regulaciones para aprovechar estos minerales, y asegurar su suministro. Organismos internacionales como el Grupo del Banco Mundial, o el G20, desarrollaron sus políticas para asegurar financiamiento con ciertas salvaguardas en su aprovechamiento”.También, Marchegiani mencionó que esta problemática ha adquirido tal relevancia que el propio Secretario General de las Naciones Unidas estableció una serie de principios rectores destinados a garantizar la justicia, la equidad y la sostenibilidad en la transición energética global. El primero de estos principios subraya la importancia de colocar los derechos humanos en el centro de las cadenas de valor de los minerales. El segundo destaca la necesidad de abordar la transición de manera integral, teniendo en cuenta la protección del planeta, la biodiversidad y el medio ambiente."Se estima que la demanda de estos minerales crecerá exponencialmente en los próximos años. En algunas previsiones, hasta se podría llegar a cuadriplicar su demanda global para el 2040 si se cumplen los acuerdos climáticos. Los vehículos eléctricos y las baterías representan aproximadamente la mitad del crecimiento de esta demanda para las próximas dos décadas. Este aumento de la demanda se traduce en una enorme presión para Latinoamérica, que hoy ya provee el 40% de la producción mundial de cobre y el 35% del litio", agregó Marchegiani.Para explicar el vínculo entre la extracción de litio y las vulneraciones a derechos humanos, Óscar Campanini, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) señaló: "El litio se extrae del agua salada debajo de los salares, para ese propósito se deben sacar decenas de millones de m3 de agua salada y dulce. Los salares en el denominado triángulo del litio se encuentran en zonas desérticas en las que la vida es posible solo gracias a aguas subterráneas fósiles".Verónica Gostissa, abogada y activista en la Asamblea PUCARÁ de Catamarca, Argentina, expresó: "Desde 1997, las empresas trasnacionales extraen litio del Salar del Hombre Muerto, un sensible humedal de altura. Debido al uso de millones de litros de agua dulce y salada, las empresas -con el aval del Estado-, ya han generado un daño ambiental irreversible: secaron la vega del Río Trapiche -es decir, más de 5 km de río- ha muerto".Por su parte, Lady Sandón, representante de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, Chile, afirmó: "Se intenta asegurar la producción a 30 años para explotar litio en ecosistemas frágiles como los salares, sin haberse llevado adelante procesos de consulta con comunidades indígenas, sin transparencia adecuada, sin considerar a quienes habitamos en el salar, eligiendo arbitrariamente que salares proteger, sin entender que existe una interconexión de agua".Verónica Chávez, integrante de la Comunidad de Santuario de Tres Pozos, una de las más de 38 comunidades originarias que vivimos en la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy de Argentina, sostuvo: "Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, la de las plantas, los animales domésticos y silvestres, la vicuña, la llama, etc. La vida de nuestros ancestros, lagunas y salinas, que son parte de nuestras familias. Todos nosotros necesitamos agua para vivir; agua limpia y un territorio sano. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un trabajo hacia futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral".Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, Colombia, indicó que hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción legal e ilegal de minerales para la transición. "Hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre, u otros minerales estratégicos, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal… La actividad minera es ajena a los sistemas de conocimiento y al ordenamiento dado por la ley de origen a la gran mayoría de pueblos indígenas amazónicos", enfatizó.Finalmente, Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que los testimonios evidencian al menos tres elementos transversales: afectaciones al derecho al agua, vulneraciones al derecho a un ambiente sano e impactos agravados a pueblos indígenas y comunidades locales. "La región ha experimentado décadas de impactos en los derechos humanos derivados de la extracción de combustibles fósiles. Es indispensable que las nuevas formas de producción de energía superen este legado de abusos", afirmó.La audiencia fue solicitada en el marco del 191º período de sesiones de la CIDH por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación Gaia Amazonas y las organizaciones que integran la Alianza por los Humedales Andinos: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ de Argentina; el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el Colectivo de Derechos Humanos Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile. Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107
Leer más
Cetáceos y salmonicultura: ¿Cómo impacta la industria a nuestros gentiles gigantes marinos?
Chile es por naturaleza un país de cetáceos. De las 94 especies de cetáceos existentes en el mundo, 43 tienen su hábitat en las aguas del país. Y 26 de ellas, un 28% del total mundial, habitan la Patagonia. Pero Chile es también, desde hace poco, un país de salmones, ocupando el segundo lugar en producción mundial, solo superado por Noruega. La superposición de la industria salmonera con el hábitat de estos emblemáticos mamíferos marinos representa una amenaza significativa para los cetáceos en Chile de la cual no se conoce suficiente.Los recientes sucesos de muertes de ballenas en zonas protegidas de los mares australes chilenos nos obligan a preguntarnos por qué están muriendo y cómo les afecta esta creciente industria con la que comparten hábitat.La sociedad civil está reaccionando. A comienzos de noviembre de 2024, Greenpeace —junto con la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómadas del Mar y con el respaldo de AIDA— presentó dos querellas criminales contra quienes resulten responsables de la muerte de ballenas jorobadas al interior de áreas protegidas.Estas acciones legales, que ya fueron declaradas admisibles, representan un hito inédito en la historia penal del país pues en ellas se utilizan por primera vez las modificaciones introducidas por la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales al Código Penal para iniciar una querella por posibles infracciones ocurridas al interior de áreas protegidas.En este contexto, AIDA, junto con Greenpeace y ONG FIMA —aliadas históricas en la resistencia a la expansión de la salmonicultura en las aguas de la Patagonia chilena—, encargaron un informe científico —denominado Cetáceos y salmonicultura: Desafíos para la protección de la biodiversidad marina en la Patagonia chilena— para poner sobre la mesa la información disponible sobre los impactos de la salmonicultura en los cetáceos de la Patagonia chilena. Los resultados son alarmantes: se identificaron riesgos graves, además de una falta de datos que dificulta entender la magnitud y consecuencias de las amenazas.Uno de los impactos más evidentes es la captura incidental de pequeños y grandes cetáceos en los centros de cultivo. Existen casos documentados de enmallamiento y muertes, aunque la falta de registros oficiales dificulta dimensionar la gravedad del problema.El intenso tráfico marítimo en la Patagonia, vinculado en gran parte a la industria salmonera, representa otra amenaza significativa. Aunque en Chile no existen cifras oficiales al respecto, hay evidencia de muertes y lesiones graves resultantes de colisiones entre embarcaciones y cetáceos. Además, el ruido submarino generado por los motores de las embarcaciones afecta la salud y bienestar de los cetáceos, que dependen del sonido para comunicarse y orientarse.A estos se suman otros problemas de la industria, cuyos efectos sobre ballenas y delfines no han sido suficientemente estudiados, pero que debemos considerar mientras se generan los estudios pertinentes. Uno de ellos es la fuga de salmónidos, que compiten con las especies nativas por los recursos alimenticios y posiblemente les transmiten enfermedades que podría afectar sobre todo a los cetáceos más pequeños, por la reducción en la disponibilidad de presas que les sirven de alimento. La contaminación por microplásticos, originada en un 40% por los centros de cultivo de salmones, representa otra preocupación ambiental poco investigada respecto de su impacto en los cetáceos. Y el uso excesivo de antibióticos en la salmonicultura chilena, una de las tasas más altas del mundo, podría estar teniendo efectos indirectos negativos en los ecosistemas que son hábitat de estos mamíferos marinos.Finalmente, uno de los impactos ambientales más significativos de la industria salmonera en los hábitats de la Patagonia chilena es la generación de hipoxia y anoxia, debido al exceso de materia orgánica de los centros de cultivo, proveniente de las fecas de los salmones y de la comida no consumida que cae al lecho marino. La degradación de esta materia consume el oxígeno del agua, generando zonas en el mar donde la vida se dificulta o imposibilita.Esperamos que este informe llene el vacío de información que, ante las recientes muertes de ballenas, se ha vuelto incómodo y hasta insostenible.Con esta evidencia podremos impulsar una respuesta del gobierno hacia la rápida implementación de medidas de protección efectivas para los cetáceos, aún en un escenario de conocimiento limitado.Chile es país de cetáceos, y como sus guardianes, debemos asegurar que nuestras aguas sean un espacio seguro para su desarrollo y bienestar. Lee y descarga el informe completo
Leer más
Organizaciones y comunidades alertan a la CIDH sobre los impactos a los derechos humanos de la extracción de minerales para la transición energética
Expondrán en audiencia pública información sobre las afectaciones a territorios y comunidades de América Latina a raíz de la expansión e intensificación de la extracción de litio y otros minerales utilizados para la generación de energías renovables. Washington DC. El 15 de noviembre, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones nacionales y regionales, junto con miembros de comunidades y pueblos indígenas, presentarán información actualizada sobre cómo el incremento exponencial en la demanda y extracción de minerales para la transición ha causado graves problemáticas de derechos humanos como parte de un proceso de transición planteado únicamente como cambio de matriz energética, incapaz de superar las inequidades en la producción y el consumo de energía, particularmente en el sur global.Los minerales para la transición (como el litio, cobre, cadmio y cobalto, entre otros) —también llamados minerales “críticos”— han sido propuestos en múltiples espacios de discusión global como una de las principales soluciones a la crisis climática, pues son utilizados en el desarrollo de tecnologías para la generación de energías renovables y, en consecuencia, para reducir o reemplazar el uso de combustibles fósiles. Gran parte de las reservas de estos minerales se encuentran en América Latina, en territorios con gran diversidad biocultural.En la audiencia, las y los participantes expondrán las amenazas principales que la minería para la transición energética implica para los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales; el derecho a un ambiente sano; el acceso a la información ambiental, a la participación ciudadana y a la justicia. Además, a través de testimonios, se presentarán casos concretos de vulneración de derechos humanos en el contexto de la extracción de minerales para la transición.Estas afectaciones ocurren ya en países como Argentina, Bolivia y Chile —que concentran cerca del 53% de los yacimientos conocidos de litio a nivel mundial en sus humedales andinos, ecosistemas sumamente frágiles y con escasez hídrica—; en Chile y Perú, donde tiene lugar el 40% de la extracción de cobre; y en la Amazonía colombiana, donde las concesiones, solicitudes de explotación y extracción ilegal de minerales de transición vulneran los derechos de pueblos indígenas.Diferentes organismos internacionales se han pronunciado frente a las violaciones de derechos humanos ligadas a los procesos de respuesta a la crisis climática, particularmente a los de transición energética. En septiembre, el Panel de la ONU sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió una serie de recomendaciones y principios voluntarios para que gobiernos, industrias y otras partes interesadas garanticen una gestión equitativa, justa y sostenible de estos minerales. Estos lineamientos están orientados a que el paso a las energías renovables esté basado en la justicia y la equidad, y a que promueva el desarrollo sostenible, el respeto a las personas y la protección del ambiente en los países en desarrollo.La audiencia se realizará en el marco del 191º período de sesiones de la CIDH. Fue solicitada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación Gaia Amazonas y las organizaciones que integran la Alianza por los Humedales Andinos: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ de Argentina; el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el Colectivo de Derechos Humanos Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile.La audiencia se realizará de 9:00 a 10:30 horas (tiempo de Washington DC) y será transmitida vía Zoom, lo cual requiere un registro previo en el siguiente enlace: https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_dsEZdrDqSyOA8-i7ikveJQ#/registration Citas de representantes de organizaciones y comunidades Verónica Chávez, referente de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Argentina:"Todos los que integramos la cuenca de Salinas Grande estamos viviendo una situación de afectación de nuestro derecho. Esperamos que la CIDH pueda resolver esta situación porque es gravísimo, porque están dañando a nuestros territorios, a los seres vivos y a la misma naturaleza". Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA):"La transición energética en nuestros países debe ser una oportunidad para avanzar hacia procesos de producción y distribución de energía más justos y equitativos. El marco de los derechos humanos y el rol del sistema internacional de protección es fundamental para ese propósito. Es muy importante que la Comisión Interamericana siga de cerca este proceso y promueva la protección de los derechos humanos". Verónica Gostissa, abogada de la Asamblea Pucará de Catamarca, Argentina:“Vivimos una grave afectación de derechos en nuestro territorio, la provincia de Catamarca, Argentina, que se refleja, en primer lugar, en el visible impacto ambiental. Desde 1997, el extractivismo de litio ha provocado daños ambientales significativos, incluyendo la desecación de un brazo de la vega del río Trapiche, un daño que persiste hasta hoy. De ese río dañado, siguen extrayendo agua, pese al reconocimiento del daño por parte de la empresa y las autoridades gubernamentales. También se observan afectaciones en el acceso a la información pública, la participación y la consulta y el acceso a la justicia. Durante años, se aprobaron proyectos extractivos sin procedimientos adecuados y, aunque la acción judicial impulsada por la comunidad indígena Atacameños del Altiplano impulsó una regulación, esta no cumple con los estándares de consulta indígena efectiva. Además, en un mismo territorio, el Salar del Hombre Muerto, se desarrollan más de 10 proyectos de litio, sin ninguna evaluación de impacto acumulativo e integral hasta la fecha”. Vivian Lagrava Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos EMPODÉRATE, Bolivia:"Las comunidades indígenas rechazan los proyectos mineros, pueden incluso emitir sus resoluciones y decirlo alto en el proceso de consulta minera, pero sus decisiones no son vinculantes para los gobiernos. Se incumplen estándares internacionales y se legitiman el avasallamiento de los territorios y la imposición de derechos mineros con discursos de progreso y desarrollo; sin embargo, no es desarrollo desde la visión de los pueblos indígenas, ni desde la nuestra". Lady Sandón, representante de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, Chile:"Existe mucho desconocimiento del derecho para el pueblo originario/indígena, eso le favorece al Estado y es por eso que los habitantes del pueblo, al desconocer, no hacen valer sus garantías. Las instituciones estatales vulneran los aspectos sociales, medioambientales, culturales; a veces ocupan a la propia gente indígena para ocasionar división y tener adeptos u operadores políticos y operadores mineros que fomentan el cambiar el pensamiento de la memoria genética que tenemos como pueblo originario. Espero que podamos revisar la situación de la justicia indígena ancestral como mecanismo que antiguamente establecía correcciones para que se respetaran valores y principios del BUEN VIVIR". Daniel Cerqueira, director de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF):"Esta audiencia es una oportunidad para que la Comisión Interamericana aclare los parámetros de actuación tanto de los Estados como de las empresas, aplicables a la gestión de los minerales de transición. Es imperativo contar con obligaciones específicas en la materia, pues las violaciones de derechos humanos derivadas de la extracción de estos minerales es una realidad que tiende a agravarse en varios países de la región". Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas (Colombia):"Los gobiernos indígenas de la Amazonía ejercen su autoridad territorial y ambiental de acuerdo con la Ley de Origen, que orienta sus sistemas de conocimiento y los principios de relacionamiento con los elementos del territorio, como los minerales. La descarbonización de la matriz energética para mantener estándares de consumo en el norte global no debe hacerse a costa de territorios indígenas y de comunidades que los protegen, gobiernan y hacen que florezcan con sus prácticas cotidianas".Contactos de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107Rocío Wischñevsky (Argentina), FARN, [email protected], +54 91159518538 Karen Arita (México), DPLF, [email protected], +52 442 471 9626
Leer más