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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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La crisis climática y las graves consecuencias de El Niño desataron en las últimas semanas un panorama de colapso climático en la alta montaña y en los páramos colombianos. Los incendios ocurridos allí son una señal de auxilio para tomar conciencia y acción hacia la protección de estos sistemas de vida, que albergan frailejones, dantas, colibríes y osos paramunos, entre otras especies únicas. Los incendios forestales también se presentan hoy con alta intensidad en otros lugares del continente como Chile y la Amazonía. Según la Oficina Regional para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la interconexión entre la crisis climática, así como las altas temperaturas y sequías que genera El Niño, fueron las causas de incendios de mayores magnitudes y difíciles de controlar. Las especies invasoras como el pino, el eucalipto y el retamo espinoso —con las que lamentablemente han sido arborizadas algunas montañas del país— también agravaron la emergencia pues contienen material biótico altamente inflamable. La Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres señaló que, hasta el 3 de febrero de 2024, un total de 576 incendios destruyeron más de 37.742 hectáreas, afectando incluso Parques Nacionales Naturales que albergan diferentes tipos de ecosistemas. La situación fue especialmente preocupante en los páramos y nevados del país. Entre estos, los más afectados fueron la Sierra Nevada de Santa Marta —una reserva hidrográfica en el norte de Colombia— y los páramos de Santurbán-Berlín en Santander, parte de la Estrella Hidrográfica del Nororiente Colombiano. Desde el reporte del grave incendio en el Parque Nacional Natural Los Nevados que afectó gravemente la cobertura vegetal del área, este tipo de sucesos se han hecho más comunes. Los páramos son ecosistemas de montaña, únicos en el planeta. Cumplen un rol importante pues proveen el 70% del agua para la población de Colombia y son sumideros naturales de carbono, una función climática fundamental. Los frailejones son sus plantas más emblemáticas. Tienen la función de absorber y purificar el agua de la neblina y condensarla a través de sus hojas vellosas. Los flujos de agua que reciben se acumulan en humedales, contribuyendo a regular los flujos hídricos y sirviendo como reservorios importantes de agua dulce para el consumo humano. Sin embargo, crecen tan solo 1 cm por año, lo cual alerta desde ya que su regeneración tomará décadas. Las cifras de esta temporada de incendios son alarmantes. En el Páramo de Santurbán, más de 800 hectáreas de frailejones fueron destruidas, amenazando la conservación de la flora y la fauna local. También se registraron incendios en el Páramo de Berlín —parte esencial del sistema de páramos de Santurbán y fuente de abastecimiento de agua para 30 municipios de Santander y Norte de Santander— donde las llamas consumieron 300 hectáreas. En total, el sistema de páramos de Santurbán es la fuente hídrica de más de 2 millones de personas. Las valiosas funciones ecosistémicas de los páramos se vieron altamente afectadas. La pérdida de materia orgánica en la primera capa del suelo pudo afectar su capacidad de retener agua, por lo que su restauración deberá ser lenta y ajustarse a su estado de fragilidad agravada actual. Por su valioso rol ecosistémico, en Colombia existe un mandato legal y constitucional para proteger los páramos, el cual se traduce en la prohibición de realizar en ellos ciertas actividades como la minería, la extracción de hidrocarburos, las quemas y cualquier otra que degrade la cobertura vegetal nativa. La normativa internacional ha reforzado ese deber de conservación por tratarse de ecosistemas con gran biodiversidad (Convenio de Diversidad Biológica), que son sumideros de carbono esenciales para la mitigación de la crisis climática (Convención Marco de las Naciones Unidos sobre el Cambio Climático) y refugio de humedales fundamentales para la seguridad hídrica (Convención Ramsar). El Instituto Humbolt viene alertando que el cambio climático causa en la alta montaña mayores temperaturas y menos precipitaciones y, por tanto, una tendencia a la aridización que conlleva el aumento del régimen de fuego. Pese a ello, el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los páramos, los bosques y el ciclo del agua, situación que resultó en una catástrofe ambiental sin precedente en el país. Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y el Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca) expresamos nuestro más profundo apoyo y solidaridad a las comunidades afectadas, a las y los campesinos y montañeros, a los pueblos indígenas, a los cuerpos de bomberos, a las brigadas forestales comunitarias y a todas las personas que trabajaron incansablemente para controlar los incendios. Asimismo, nos sumamos al llamado urgente a la acción para proteger integralmente el agua, los bosques y páramos de Colombia. Esperamos que la terrible imagen de las llamas cubriendo con cenizas los bosques y la frágil vegetación paramuna lleve al gobierno de Colombia a: Tomar acción urgente para prevenir y contener futuros incendios. Avanzar hacia la restauración ecológica de áreas degradadas de forma integral y con un enfoque holístico, para que los esfuerzos de reforestación no sean aislados, sino que se concreten en acciones basadas en el conocimiento profundo de estos ecosistemas. Adoptar las medidas de protección integral del agua, los bosques y páramos frente a actividades extractivas como la minería que agravan la crisis climática y el desabastecimiento hídrico e incrementan la ocurrencia de incendios en la región andina. Que estos días de calor y sequía nos recuerden la gran importancia de estos ecosistemas para la diversidad biológica, la soberanía y la seguridad hídrica, así como para la estabilidad climática. Que nos motiven a seguir defendiendo estos valiosos ecosistemas. Contactos de prensa: Juan Camilo Sarmiento, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected] Robinson Mejía, Cosajuca, [email protected] Yeny Rodríguez, AIDA, [email protected], +573107787601.
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Todos los aspectos del bienestar humano están ligados a la salud de los humedales del mundo. Pese a ello, la extensión mundial de los humedales disminuyó entre un 64 y un 71%. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son ecosistemas de alta importancia ambiental y social. Están en riesgo grave por la crisis climática, los cambios de uso de suelo y la minería de litio, cobre y otros minerales llamados “críticos” para la transición energética. En el marco del Día Mundial de los Humedales —celebrado cada 2 de febrero para generar conciencia acerca del valor de estos ecosistemas para la vida en el planeta—, desde la Alianza por los Humedales Andinos hacemos un llamado a proteger y conservar los humedales andinos en América Latina, así como el agua, la biodiversidad, los territorios y los modos de vida de comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos. Los humedales andinos —entre ellos salares, lagos y lagunas— son ecosistemas de alta importancia ambiental y social, pero también muy frágiles por sus características, cuyo elemento central es el agua. Desde la Alianza por los Humedales Andinos, —integrada por organizaciones ambientales de Bolivia, Chile, Argentina y de carácter regional—, advertimos que estos humedales están en riesgo grave por los impactos de la crisis climática, los cambios en el uso del suelo y los impactos negativos de actividades extractivas como la minería de litio, de cobre y de otros minerales ahora llamados “críticos” por su contribución al debate de la transición energética. El incremento de la demanda de litio en el norte global ha puesto en marcha un proceso acelerado de extracción y producción a nivel global, enfocado en regiones ricas en este mineral, como los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile —países que albergan más del 53% de los recursos globales. Este año, la Secretaría de la Convención Ramsar resalta que todos los aspectos del bienestar humano están ligados a la salud de los humedales del mundo. Es un llamado a valorarlos y a mantenerlos sanos para seguir contando con suministro de agua y alimentos, una biodiversidad global próspera, medios de vida, protección frente a eventos meteorológicos extremos y apoyo en la mitigación de la crisis climática. Según datos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, la extensión mundial de los humedales disminuyó entre un 64 y un 71% durante el siglo XX y la pérdida y degradación de estos ecosistemas continúa en todo el mundo. Actualmente, hay 257.182.378 ha de humedales considerados de importancia internacional bajo el tratado en 172 países. Frente a esta tendencia global, la Alianza por los Humedales Andinos promueve una transición socioecológica justa, participativa y popular con una visión de largo plazo, en la que se priorice la gestión integral del agua bajo un enfoque de justicia socioambiental y climática. La restauración de los humedales es esencial para superar la crisis climática y de biodiversidad, así como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en beneficio de todas las personas. Además, los humedales aportan a las ciudades, centros poblados, comunidades y a sus habitantes múltiples beneficios económicos, sociales y culturales fundamentales para el bienestar humano. Citas de miembros de la Alianza por los Humedales Andinos Ramón Balcazar, director de la Fundación Tantí, Chile “Abogar por una transición energética justa y popular implica considerar no solo la necesidad de descarbonizar, sino también garantizar la preservación de la biodiversidad y los modos de vida de los pueblos y comunidades. Es hora de adoptar enfoques más radicales y propositivos que busquen un equilibrio entre la satisfacción de necesidades y la conservación, priorizando la justicia socioambiental en el camino hacia un futuro más sostenible”. Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina “La minería de litio en humedales implica graves alteraciones en su disponibilidad para la biodiversidad y las personas, y para el funcionamiento de los ecosistemas en su conjunto. La minería de litio incumple, además, con distintos derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada para comunidades indígenas respecto a actividades que puedan afectarlas, así como también con el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, garantizadas por la normativa internacional y nacional”. Claudia Velarde, cocoordinadora del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) “Es imprescindible reforzar el vínculo agua-territorio-energía-vida para plantear una transición energética justa. Los salares, lagos y lagunas andinas son sistemas de vida complejos y frágiles. Las comunidades y pueblos que los habitan custodian una sabiduría ancestral que mantiene el equilibrio en el ecosistema. El agua, como elemento central del paisaje, es hábitat y fuente de vida para innumerables especies de flora y fauna. Todo esto, y más, es lo que está en riesgo cuando la transición energética corporativa presiona para la rápida y descontrolada extracción de minerales críticos en los humedales andinos, que avanza sin respetar los derechos humanos ni los estándares internacionales de protección ambiental. Es momento de cuestionar si la apuesta por los minerales a toda costa es la transición que el mundo necesita realmente o si únicamente replica el viejo modelo extractivo creando nuevas zonas de sacrificio en América Latina”. Integrantes de la alianza: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) de Argentina; el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile; y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional. Contacto de prensa: Victor Quintanilla-Sangüeza (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Comunidades locales denuncian que la zona se encuentra altamente exigida por la salmonicultura, que no está cumpliendo con la normativa ambiental. El 30 de enero del año 2019, se publicó en el Diario Oficial el decreto que dio origen a la Reserva Nacional Kawésqar, en Magallanes, que se extiende por 2 mil 842 hectáreas entre fiordos y penínsulas patagónicas. Con esta calificación se buscaba garantizar la protección de esta zona, su territorio y biodiversidad, así como establecer que es deber del Estado procurar su conservación. Este 2024 se cumplen 5 años de este hito, lo que lleva a la pregunta: ¿se está logrando el objetivo? Los reclamos de la comunidadCon la calificación de Reserva Nacional, esta zona fue separada del Parque Nacional Kawéskar, que ofrece una protección más amplia. A juicio de las comunidades locales, esta división administrativa determina de forma antojadiza qué priorizar y separa la tierra del mar, como si fueran elementos independientes, lo que hace "que las divisiones y confusiones crezcan a todo nivel", dice Eric Huaiquil Caro, miembro de las Comunidades Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar. También, acusa que los "acuerdos que se tomaron en la consulta indígena no han tenido respuesta". Por último, Caro pide que la conservación de esta reserva se haga "sin salmoneras y esperamos que eso quede fijado en el Plan de Manejo que será sometido a consulta en el mes de marzo de 2024". Una zona sobreexigidaDentro de la Reserva Nacional Kawésqar están los bosques de alga parda más ricos del país, cuyo ecosistema se considera clave en el combate del cambio climático, ya que pueden absorber altos niveles de dióxido de carbono y regenerar sistemas marinos. A pesar de que el Estado debe garantizar su protección, la zona está experimentando una gran presión por parte de la industria de la salmonicultura. A modo de ejemplo, existen 133 concesiones aprobadas en toda la Región de Magallanes y 85 en trámite, de las cuales 68 aprobadas y 57 en trámite están en la Reserva Nacional Kawésqar, "lo que nos parece insólito porque está comprobado que la industria salmonera no es sustentable ni compatible con el cuidado ecosistémico de la reserva. Esto es fundamental en la creación del Plan de Manejo de la Reserva, que actualmente se está diseñando y que debe establecer la incompatibilidad de la industria con el mandato de protección de la zona, tal como está documentado en el informe que hemos realizado junto a las comunidades", afirma Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)."El 43% de las concesiones aprobadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar ha presentado condiciones de anaerobia dentro del marco de sus operaciones, de acuerdo con información obtenida de los Informes Ambientales para la Acuicultura. Esto quiere decir que sufren o han sufrido pérdida total o parcial de oxígeno, lo que afecta las condiciones de vida de toda la biodiversidad de la zona”, agrega Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile.De ahí que el impacto, dice Sofía Barrera , abogada de ONG FIMA, es “enorme y altamente destructivo”.“Para empezar, estos centros de cultivo se concentran en apenas siete sectores (Península Staines, Seno Taraba, Estrecho Poca Esperanza y Canal Vlados, Seno Glacier, Seno Skyring, Isla Desolación y Golfo Xaltegua), lo que también concentra los efectos sinérgicos. Algunos de estos son el impacto de las rutas de las embarcaciones, la matanza de lobos marinos para evitar que ataquen las jaulas de salmones, la sobreproducción de salmones, la presencia de basura fuera de los polígonos de concesiones y la detección del virus ISA en los centros de cultivo, que termina por enfermar al resto del ecosistema marino, algo que ha sido reconocido por los Tribunales Ambientales", agrega Barrera. "Además, la dispersión de materia orgánica desde los centros de cultivo provoca eutrofización, eventos de floración de algas nocivas (FAN), generando alteraciones significativas en la calidad del agua y afectando la vida marina", aporta González.A juicio de las representantes de estas tres organizaciones, a pesar de las prohibiciones legales y de las exigencias ambientales, que muchos de estos proyectos se hayan ingresado y aprobado mediante declaraciones de impacto ambiental, plantea cuestionamientos legales y políticos. "¿Por qué la autoridad no está velando por el cuidado real de esta zona? ¿Qué intereses se están cuidando y cómo está influyendo la industria salmonera en nuestras autoridades?", plantea Barrera.Lamentablemente, añade González, cuando se han pedido explicaciones, "no hemos recibido respuestas ni certezas. Por ello es urgente avanzar hacia un plan de manejo que resguarde realmente este ecosistema y no permita más centros que pongan en riesgo a la biodiversidad". Contacto de prensaVíctor Quintanilla (AIDA), [email protected], +521 5570522107
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