Project
Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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5 cosas que deberías saber sobre el metano
Texto publicado originalmente por el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA) Aunque su presencia en la atmósfera es menor a la del dióxido de carbono (CO2) —el más abundante y conocido de los gases de efecto invernadero—, el metano, debido a su composición química, es mucho más efectivo para retener el calor. Ello implica que al añadir menos metano a la atmósfera se tienen efectos en el calentamiento del planeta equivalentes a grandes cantidades de CO2. De hecho, desde 2006, el metano en la atmósfera ha aumentado considerablemente, cerca de 25 millones de toneladas por año. Y existen estudios que asocian su incremento con la fuga y quema de metano en la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante fracking o fracturación hidráulica. Aunque la producción de gas extraído mediante fracking es vendida como una alternativa “más limpia” que otros combustibles fósiles, se trata de un argumento falaz que es necesario combatir. En general, todas las actividades responsables de las emisiones de metano son una pésima idea ante la crisis climática y ante la necesidad cada vez más urgente de combatir la contaminación del aire. El entendimiento común que se tiene del metano es inexacto. Por ello es necesario generar mayor consciencia sobre qué es y cuáles son sus impactos reales. A continuación, cinco datos básicos sobre el metano: 1. Es un gas de efecto invernadero y un contaminante climático de vida corta El metano es un gas de efecto invernadero (GEI). La atmósfera, compuesta por diferentes gases, captura algunos de los rayos del sol y los mantiene dentro para lograr una temperatura media en el planeta. A ese fenómeno natural se le conoce como efecto invernadero. Pero cuando se emiten en exceso otros gases como el metano, la atmósfera retiene más calor del necesario, dando lugar al calentamiento global. El metano tiene 67 veces más poder que el CO2 para calentar el planeta en un periodo de 20 años. Sus emisiones son responsables de casi el 25% del calentamiento global. Debido a que permanece menos tiempo en la atmósfera, 12 años en promedio (el CO2 permanece siglos), es uno de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), que causan entre el 40 y 45% del calentamiento global y dañan la calidad del aire. 2. Proviene mayormente de fuentes humanas Cerca del 60 por ciento del metano en la atmósfera proviene de fuentes que la ciencia considera son causadas por actividades humanas, mientras que el restante 40 por ciento se origina en fuentes naturales. Entre las fuentes naturales están los humedales, las termitas, los volcanes y el permafrost. Las fuentes humanas incluyen la ganadería, los sitios de explotación de gas y petróleo, los arrozales, las minas (particularmente de carbón) y los vertederos. Cabe resaltar que, según evidencia científica, los embalses de las represas son también una fuente importante de metano. Generan 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero de toda la humanidad en un año (más que todas las emisiones contaminantes de Canadá) y el 80% de esa contaminación es metano. 3. Degrada la calidad del aire de manera directa e indirecta En la explotación, procesamiento y transporte de gas y petróleo se filtran o liberan intencionalmente grandes cantidades de metano. Únicamente en Estados Unidos, esas emisiones directas llegan a 13 millones de toneladas cada año. Y al ser liberado a la atmósfera, el metano es acompañado por otros contaminantes tóxicos (como benceno, formaldehído y etilbenceno). De otro lado, al interactuar con la radiación solar, el metano favorece la formación del ozono a nivel del suelo (O3), otro contaminante climático de vida corta (CCVC) y el principal componente de la niebla tóxica o esmog. Asimismo, la quema de gas metano produce carbono negro y compuestos orgánicos volátiles (COV), que también son CCVC. 4. Causa daños graves a la salud humana Como dijimos, las emisiones de metano favorecen la formación del ozono que se encuentra en las capas más bajas de la atmósfera, el cual tiene impactos serios en la salud de las personas: Irrita las vías respiratorias, genera sensación de ardor y falta de aire, complica cuadros de asma, causa disfunciones pulmonares e incluso muertes prematuras, y altera la respuesta del sistema inmunológico, mermando su capacidad para responder a enfermedades como la COVID-19, la cual afecta principalmente las vías respiratorias. Y dado que la quema de metano genera carbono negro, es relevante decir que el mismo es un componente clave del material particulado (PM 2.5), que son partículas contaminantes 35 veces más pequeñas que un grano de arena, por lo que no pueden ser filtradas o retenidas de forma natural en la nariz, pudiendo entrar incluso hasta los pulmones. El material particulado es el contaminante atmosférico más frecuentemente asociado con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y pulmonares, incluyendo cáncer de pulmón. 5. Es urgente regular y frenar sus emisiones Dado que el metano, además de agravar la crisis climática, deteriora la calidad del aire y con ello la salud humana, es urgente actuar para frenar sus emisiones. Desde la sociedad civil organizada y también desde la ciudadanía, debemos exigir a los gobiernos normas que regulen de manera eficiente las emisiones de metano provenientes de la industria de los hidrocarburos y de otros sectores como la minería de carbón y la ganadería industrial. Además, debemos exigir el monitoreo de emisiones, así como la producción y difusión de información oportuna a la población sobre los daños del metano en la calidad del aire.
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Sus emisiones son responsables de casi el 25% del calentamiento global. Debido a que permanece menos tiempo en la atmósfera, 12 años en promedio (el CO2 permanece siglos), es uno de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), que causan entre el 40 y 45% del calentamiento global y dañan la calidad del aire. 2. Proviene mayormente de fuentes humanas Cerca del 60 por ciento del metano en la atmósfera proviene de fuentes que la ciencia considera son causadas por actividades humanas, mientras que el restante 40 por ciento se origina en fuentes naturales. Entre las fuentes naturales están los humedales, las termitas, los volcanes y el permafrost. Las fuentes humanas incluyen la ganadería, los sitios de explotación de gas y petróleo, los arrozales, las minas (particularmente de carbón) y los vertederos. Cabe resaltar que, según evidencia científica, los embalses de las represas son también una fuente importante de metano. Generan 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero de toda la humanidad en un año (más que todas las emisiones contaminantes de Canadá) y el 80% de esa contaminación es metano. 3. Degrada la calidad del aire de manera directa e indirecta En la explotación, procesamiento y transporte de gas y petróleo se filtran o liberan intencionalmente grandes cantidades de metano. Únicamente en Estados Unidos, esas emisiones directas llegan a 13 millones de toneladas cada año. Y al ser liberado a la atmósfera, el metano es acompañado por otros contaminantes tóxicos (como benceno, formaldehído y etilbenceno). De otro lado, al interactuar con la radiación solar, el metano favorece la formación del ozono a nivel del suelo (O3), otro contaminante climático de vida corta (CCVC) y el principal componente de la niebla tóxica o esmog. Asimismo, la quema de gas metano produce carbono negro y compuestos orgánicos volátiles (COV), que también son CCVC. 4. 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La ciencia como derecho humano y herramienta de justicia ambiental
Por María Fernanda Ordoñez y Andrés Ángel Según la Enciclopedia Británica, la ciencia es todo sistema de conocimientos que estudia el mundo físico y sus fenómenos, implicando observaciones imparciales y experimentación sistemática. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define ciencia como la herramienta creada por el ser humano para comprender el mundo que le rodea, siendo el acceso a ella fundamental para la toma de decisiones personales, profesionales y políticas. Si es una herramienta tan importante, ¿por qué no está al alcance de todos y todas? Queda mucho camino por recorrer en el reconocimiento mundial del derecho humano a la ciencia. Además, los avances alcanzados al momento no son del todo conocidos. El denominado derecho a la ciencia tiene sus antecedentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 27 establece “toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. También está contemplado en la Carta de la OEA (artículo 38) y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —que entró en vigor en 1976— reconoce en su artículo 15 el derecho de toda persona a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. Justamente para generar mayor conciencia en la opinión pública sobre el uso responsable de la ciencia para el beneficio de las sociedades es que cada 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Grandes brechas Si bien el derecho a la ciencia es promovido por diversas organizaciones científicas de talla mundial como la American Association for the Advancement of Science (AAAS), su aplicación aún es relativamente discreta. Esto puede deberse en parte al desconocimiento y a las dificultades económicas en algunos países. En América Latina y el Caribe, las brechas socioeconómicas, raciales y de género son los grandes obstáculos para la universalización del derecho a la ciencia, íntimamente ligado a otros derechos, como el derecho a la educación. Según el informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017-2018 de la Unesco, el 52% y el 36% de niños, niñas y adolescentes en la región no alcanzan niveles mínimos de matemáticas y lectura, respectivamente. Además, la tasa de jóvenes fuera de la escuela en edad escolar de secundaria llegó a 15,3% en 2015. Un indicador más diciente es el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a educación pública, el cual se ubica en promedio en 5,0%. En cuanto al porcentaje del PIB destinado a investigación y desarrollo, datos del Banco Mundial dan cuenta que los países que destinaron más recursos a este propósito en 2017 fueron Brasil (1,26%) y Argentina (0,54%), seguidos por Cuba (0,43%) y Costa Rica (0,42%). Y las cifras más bajas se registraron en Guatemala (0,03%), Honduras (0,04%) y Perú (0,12%). Estas cifras demuestran que existen retos profundos que enfrentar para crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho a la ciencia. La ciencia al servicio de la justicia ambiental Los avances científicos permiten encontrar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrentamos en nuestro camino hacia un futuro más justo y sostenible. En temas ambientales, la mayoría de las comunidades de la región no tiene acceso a herramientas básicas ni cuentan con entrenamiento para desarrollar programas de monitoreo independiente de parámetros ambientales, como la calidad del aire o del agua. Así, ante propuestas de grandes proyectos mineros, petroleros, agroindustriales o de otro tipo, se produce una asimetría muy pronunciada que pone a las comunidades en grave desventaja en el contexto de los conflictos socioecológicos que se puedan generar. Sin embargo, es alentador saber de comunidades empoderadas que han decidido implementar programas de monitoreo comunitario de calidad de agua, iniciativas de epidemiología popular y muchas otras que vale la pena destacar y promocionar. Existe esperanza además porque los datos de la Unesco reflejan también un avance significativo de la tasa bruta de matriculación en la educación superior entre 2000 y 2015, que pasó de 22% a 46%. Asimismo, muchas organizaciones de la sociedad civil están apoyando el reconocimiento del derecho a la ciencia en la región. En AIDA, el conocimiento científico es empleado para fortalecer nuestras estrategias legales para proteger a las personas y entornos de la región. En octubre de 2019, participamos en la Conferencia sobre Ciencia, Tecnología y Derechos Humanos organizada por la AAAS. Allí explicamos el nexo entre ciencia y defensa de los derechos humanos y cómo lo aplicamos en nuestro trabajo. Dos meses antes, en agosto, la UNESCO organizó un taller en Argentina, el primero desarrollado por ese organismo en América Latina, para discutir el desarrollo e implicaciones del derecho a la ciencia, definiéndolo como uno de los ejes principales de su trabajo en la región. Aunque lentamente, estamos avanzando en el reconocimiento y promoción de tan importante derecho, lo que nos llena de esperanza. Evidentemente, queda mucho por hacer. Fortalecer el derecho a la ciencia en América Latina es vital para promover sociedades más justas y sostenibles, donde las brechas socioeconómicas, raciales y de género no sean impedimento para acceder a la información como bien común. Es indispensable involucrar a personas capacitadas y comprometidas con la investigación y con la sociedad en proyectos, organizaciones y entidades que promueven la justicia social y ambiental. Además, el apoyo de los y las profesionales científicos es fundamental en los procesos de transferencia de conocimiento entre países y regiones y es indispensable para la elaboración de políticas públicas efectivas y eficientes. Finalmente, cabe señalar que la ciencia no sólo debe contribuir a superar las asimetrías de información entre actores de la sociedad, sino que debe practicarse y desarrollarse en un marco de respeto a los derechos de la naturaleza y a los derechos humanos. Desde AIDA continuaremos promoviendo el derecho a la ciencia, construyendo capacidades nuevas y fortaleciendo las existentes, tanto de nuestros socios como de las comunidades que apoyamos.
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