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Foto: Manuel VictoriaEl arrecife veracruzano: El más grande del Golfo de México
En el Golfo de México, 27 arrecifes de coral forman una cadena montañosa submarina que se extiende por kilómetros entre seis islas. Cientos de especies de peces de colores, pastos marinos, erizos y estrellas de mar, comparten los arrecifes con otras formas de vida. La pesca, el buceo deportivo y el turismo de playa prosperan a lo largo de la costa. Se trata del magnífico arrecife veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo.
En 1992, el gobierno de México declaró Área Natural Protegida al Sistema Arrecifal Veracruzano. En 2004, lo enlistó como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, un tratado para la protección de humedales, incluidos los arrecifes.
Pese a la relevancia reconocida del arrecife, en 2013, el gobierno redujo el tamaño del Área Natural Protegida y aprobó un proyecto de ampliación portuaria. Comunidades locales y organizaciones impugnaron los permisos ambientales del proyecto demandando la protección del derecho a un ambiente sano.
El 9 de febrero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió de manera unánime que las autoridades violaron el derecho a un ambiente sano de residentes de Veracruz al autorizar la ampliación portuaria con base en una evaluación de impacto ambiental fragmentada. Esto implica que los permisos para el proyecto quedan inexistentes y que se de estudiar nuevamente los impactos del proyecto a la salud de los arrecifes, esta vez de manera integral, e incluso la viabilidad de la obra.
El fallo es un precedente es histórico no sólo en México, sino para toda la región, al permitir el acceso a la justicia ambiental de las personas vecinas de un ecosistema afectado por un proyecto.
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Proyectos relacionados
Cómo Brasil está amenazando los derechos indígenas y ambientales
Con la nueva presidencia, el Estado brasileño ha iniciado un desafortunado periodo de cambios —a su legislación, su estructura, su política exterior y sus políticas públicas— que amenazan con hacer que Brasil retroceda décadas en asuntos climáticos, ambientales y de derechos humanos. En los primeros meses de la nueva administración hubo varias modificaciones extremadamente cuestionables porque apuntan al debilitamiento de las garantías para los derechos indígenas y ambientales. Entre esas reformas, destacan las siguientes: La transferencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de las funciones más importantes del Ministerio de Medio Ambiente. La precarización de entidades gubernamentales responsables de fiscalizar casos de crímenes ambientales. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. La suspensión de contratos firmados entre entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil. El debilitamiento del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza constante de retirar a Brasil de acuerdos internacionales sobre la protección del ambiente y de los pueblos indígenas, incluida la reciente de retirar al país de la Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos cambios parecen ser solo el comienzo pues el panorama podría agravarse. Hace poco, en uno de los mayores eventos sobre minería a nivel mundial (la convención de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá), el Ministro de Minas y Energía anunció que buscará la autorización de actividades mineras en territorios indígenas y zonas fronterizas. Afirmó que los pueblos indígenas no tendrán autonomía para impedir la instalación de minas en sus tierras. El anuncio da a entender que la prioridad del Estado estará en promover un desarrollo irresponsable y no en garantizar los derechos humanos. La amenaza de la minería a tierras indígenas El año pasado, con la aprobación del Decreto 9.406, se establecieron cambios importantes y flexibilizaciones para las actividades mineras, entre ellas prórrogas sucesivas para los permisos y la consideración de que los fundamentos para la minería son el interés nacional y la utilidad pública. En sí misma, la minería es una actividad que implica grandes daños ambientales porque rompe con el equilibrio natural de los ecosistemas. No puede ser pensada como una forma de desarrollo sostenible, sino como una actividad de muy alto riesgo que genera destrucción y contaminación. Más aún cuando Brasil no ha sido capaz de regular la minería en términos de seguridad mínima. Basta recordar el rompimiento, en menos de cuatro años, de dos presas de desechos mineros en el estado de Minas Gerais. El primer caso es considerado la mayor tragedia ambiental de la historia del país, y el segundo resultó en 197 muertes y 111 personas desaparecidas. Si para el gobierno la necesidad de la minería es innegable, también lo es la necesidad de un control estricto, del uso de las técnicas más seguras, y de una evaluación nacional seria sobre la viabilidad de cada mina. Ante los graves daños ambientales asociados a la minería, su implementación en tierras indígenas implica trasladar esos daños a una población minoritaria y vulnerable que depende directamente de la salud del ambiente para su sobrevivencia física y cultural. Las comunidades indígenas tienen el derecho constitucional a ser escuchadas ante proyectos que puedan afectarles. Algunas comunidades han creado protocolos sobre la forma en que quieren ser consultadas. Construir una mina contra la voluntad de una comunidad es violar sus derechos a la vida, a la autodeterminación, a la autonomía, al mantenimiento de su cultura, a no ser desplazados forzadamente, a beneficiarse de sus territorios originarios y al ambiente sano, entre muchos otros. Con sus declaraciones, el Ministro de Minas y Energía muestra una falta total de compromiso con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución brasileña y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Revela su intención de apaciguar a los inversores, principalmente a la empresa canadiense detrás del proyecto minero Belo Sun, el cual busca instalar en las tierras indígenas ya afectadas por la construcción de la represa Belo Monte. En defensa de los pueblos indígenas La minería en tierras indígenas no es un tema regulado de forma adecuada y suficiente en Brasil, siendo necesaria una ley aprobada por el Congreso Nacional que respete los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. El Congreso debe aprobar una ley que represente la protección de tierras indígenas y que incluya a las comunidades en el proceso. Ante los retrocesos planteados por el gobierno actual, la resistencia de las comunidades indígenas y de quienes las apoyan, se ha fortalecido. Organizaciones de la sociedad civil como AIDA están comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la protección de los territorios indígenas y con la rendición de cuentas de gobiernos y empresas cuando sea necesario.
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Os retrocessos dos direitos ambientais e indígenas brasileiros
Com o novo mandato presidencial, o Estado brasileiro está no início de uma infeliz jornada de mudanças — na sua legislação, na sua estrutura, na sua política externa e nas suas políticas públicas— que ameaçam retroceder o Brasil em décadas nos assuntos de mudança climática, meio ambiente e direitos humanos. Nos primeiros meses da nova administração houve diversas modificações extremamente questionáveis visto que levam ao enfraquecimento da garantia dos direitos humanos indígenas e ambientais. Entre essas mudanças, destacam-se: A transferência das funções mais importantes do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A precarização de órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização de crimes ambientais. A transferência da competência para demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A suspensão dos contratos celebrados entre organizações estatais e entidades da sociedade civil. A fragilização do licenciamento ambiental. A constante ameaça de retirar o Brasil de acordos internacionais sobre proteção indígena e ambiental, incluindo a recente ameaça de se retirar da Convenção 169 da OIT Essas alterações são apenas o começo pois o panorama pode piorar. Recentemente, em um dos maiores eventos sobre mineração do mundo (o Prospectors and Developers Association of Canada), o Ministro de Minas e Energia anunciou que buscará a autorização para realizar mineração em territórios indígenas e em faixas de fronteiras. Acrescentando que os povos indígenas não terão autonomia para vetar a instalação das minas em suas terras. O anúncio esclarece que a prioridade do Estado brasileiro está em promover um desenvolvimento irresponsável, e não em garantir os direitos humanos. A AMEAÇA DE MINERAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS Ano passado, com a aprovação do Decreto nº 9.406, se estabeleceram mudanças importantes e flexibilizações para as atividades de mineração, entre elas a previsão expressa do interesse nacional e utilidade pública como fundamentos da atividade mineral; e a possibilidade de prorrogações sucessivas do alvará na hipótese de falta de acesso, bem como na falta de assentimento ou licença do órgão ambiental. A mineração é por si só uma atividade de imenso impacto ambiental que rompe o equilíbrio de biomas e ecossistemas. Não pode ser pensada como forma de desenvolvimento sustentável, mas sim como uma atividade humana de altíssimo risco que gera destruição e poluição. Principalmente, quando o Brasil demonstra ter dificuldade em regular a mineração de forma minimamente segura. Basta lembrar dos dois grandes rompimentos de barragens, nos últimos quatro anos no estado de Minas Gerais. O primeiro deles sendo a maior tragédia ambiental da história do país, destruindo rios, biodiversidade, e o segundo resultando em 197 mortos e 111 desaparecidos. Se para o governo a necessidade da mineração é inegável, também é inegável a necessidade de um controle rígido, da utilização das técnicas mais seguras, e de uma avaliação nacional séria de viabilidade individual de cada mina. Com todos esses graves impactos ao meio ambiente, o desenvolvimento da mineração em terras indígenas vai alocar os prejuízos ambientais à uma minoria que depende diretamente da saúde do meio ambiente para sua sobrevivência física e cultural. As comunidades indígenas têm o direito constitucional a serem ouvidas diante de projetos que possam afetá-las. Algumas comunidades já criaram protocolos que determinam de que forma querem ser consultadas. Construir uma mina contra a vontade de uma comunidade indígena é violar seus direitos à vida; à autodeterminação; à autonomia; à manutenção de sua cultura; à não serem deslocados contra sua vontade; ao usufruto de seus territórios originais; ao meio ambiente sadio, entre diversos outros. Com suas declarações o Ministro mostra uma total falta de comprometimento com os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição brasileira e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Revela a intenção de apaziguar investidores, principalmente, a respeito do projeto de Belo Sun (mineradora canadense) em processo de licenciamento para se estabelecer em Terras Indígenas já vulneráveis pela construção da Usina Hidroelétrica Belo Monte. EM DEFESA DOS POVOS INDÍGENAS A mineração em terras indígenas não é um tema regulado de forma adequada e suficiente no Brasil, sendo necessária a aprovação de lei pelo Congresso Nacional que respeite os direitos fundamentais das comunidades indígenas. O Congresso deve aprovar uma lei que garanta a proteção constitucional das terras indígenas e que inclua as comunidades em sua elaboração. Diante de tantos retrocessos pelo atual governo, a resistência das comunidades indígenas e de quem as apoia, tem se fortalecido. Organizações da sociedade civil, como a AIDA, estão comprometidas com a defesa dos direitos humanos, a proteção de territórios indígenas, e com a responsabilização de governos e empresas quando necessário.
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Pronunciamento sobre o assassinato de Dilma Ferreira Silva, líder do Movimento dos Atingidos por Barragens do Brasil
Em face do crime brutal cometido, em 22 de março, contra uma coordenadora do Movimento dos Atingidos por Barragens, no Brasil, as organizações defensoras dos direitos humanos e do meio ambiente, signatárias abaixo, instam as autoridades brasileiras e as organizações multilaterais à garantir que as obrigações do Estado relativas à proteção de defensores e defensoras sejam implementadas. Com profunda tristeza e indignação, recebemos a notícia que Dilma Ferreira Silva, uma coordenadora regional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), juntamente com seu esposo Claudionor Costa da Silva, e Hilton Lopes, um amigo da família, foram assassinados na sexta-feira, 22 de março, no estado do Pará. Os corpos das três vítimas foram encontrados em sua residência com sinais de tortura. Dilma Ferreira Silva era uma ativista proeminente e líder consagrada que, durante mais de três décadas, lutou pelos direitos dos impactados por Tucuruí, grande hidroelétrica construída na Amazônia brasileira durante a ditadura militar que provocou o deslocamento forçado de 32 mil pessoas e graves impactos ambientais. Este não é o primeiro caso de um brutal assassinato perpetrado contra um defensor de direitos humanos na região da hidroelétrica de Tucuruí. Em abril de 2009, Raimundo Nonato do Carmo, um líder sindical que lutou em nome daqueles cujas vidas foram arruinadas por Tucuruí, foi baleado sete vezes por dois homens em uma motocicleta, enquanto saía de um supermercado na rua em que vivia, na cidade de Tucuruí. Dilma dedicou sua vida a promover uma política nacional que levasse em consideração os direitos das e dos atingidos por barragens, incluindo um enfoque de gênero para as mulheres impactadas. Dilma vivia no assentamento Salvador Allende, área regularizada em 2012 pelo governo federal para agricultores familiares como fruto da mobilização do Movimento dos Trabalhadores Sem Terras (MST) com apoio do MAB. No entanto, a área continuou a ser cobiçada por grileiros e fazendeiros que invadem e tomam controle de terras públicas e comunitárias. Esse é o caso de Fernando Ferreira Rosa Filho (também conhecido como "Fernandinho"), preso pela polícia civil do estado do Pará, como principal suspeito no triplo homicídio de Dilma Ferreira, Claudionor Costa da Silva e Hilton Lopes. O assassinato de Dilma Ferreira Silva evidencia a grave situação enfrentada pelos defensores dos direitos humanos e do meio ambiente no Brasil, que em 2017 foi o país com o maior número de mortes de defensores, com um homicídio registrado a cada seis dias. A nova administração do Presidente Jair Bolsonaro tem intensificado as recentes tentativas de enfraquecer a progressista legislação brasileira sobre proteção ambiental e direitos humanos- especialmente as relativas às comunidades indígenas, quilombolas, pequenos agricultores e outras populações tradicionais. Tais tentativas têm entrado em conflito com a própria Constituição Federal Brasileira, aprovada em 1988 durante o período de redemocratização ocorrido após o regime militar. O retrocesso nas políticas públicas, juntamente com as declarações públicas que incitam a violência em áreas de conflito, estão aumentando seriamente os riscos enfrentados pelos defensores dos direitos humanos e ambientais, como Dilma Ferreira Silva. As organizações em defesa do meio ambiente e de direitos humanos signatárias deste comunicado expressam sua solidariedade à família de Dilma e ao Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Sem dúvida, este assassinato é uma enorme perda para a defesa do meio ambiente e dos direitos humanos na Amazônia. Apoiamos o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em sua declaração que exige uma investigação completa, independente e imparcial do assassinato de Dilma Ferreira Silva, bem como a punição exemplar dos executores e mandantes deste crime horrendo. Além disso, instamos as autoridades brasileiras a garantir que a legislação interna do país e as obrigações internacionais relativas à garantia de direitos humanos e proteção dos defensores do meio ambiente sejam plenamente implementadas, incluindo medidas preventivas para evitar novos atos de violência. Assinado, 1. 350.org 2. Aborigen-Forum 3. AMAR - Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária 4. Amazon Watch 5. APREC Ecossistemas Costeiros 6. Arctic Consult 7. Articulação Antinuclear Brasileira 8. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - AIDA 9. Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda 10. Association green alternative Georgia 11. Association of Journalists-Environmentalists of the Russian Union of Journalists 12. BAI Indigenous Women's Network in the Philippines 13. Bank Information Center (BIC) USA 14. Biodiversity Conservation Center 15. Both ENDS 16. Bretton Woods Project 17. Buryat Regional Association for Baikal 18. Business & Human Rights Center 19. Center for International Environmental Law - CIEL 20. CIDSE - International family of Catholic social justice organizations 21. Coalition for Human Rights in Development 22. Colegiado Mar RBMA/Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Grupo Conexão Abrolhos -Trindade 23. Coletivo de Mulheres do Xingu 24. Coletivo de Mulheres Negras de Altamira 25. Comisión Ecumenica de Derechos Humanos 26. Comité Ambiental en Defensa de la Vida 27. Conectas Direitos Humanos 28. Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement en RDC 29. Conselho Indigenista Missionário - CIMI 30. Corporación SOS Ambiental 31. Crescente Fértil 32. Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR 33. Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA 34. Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno - Perú 35. DKA Austria 36. ECOA - Ecologia e Ação 37. Ecological Center DRONT 38. Ecolur Information NGO 39. Environmental Investigation Agency 40. Fastenopfer Switzerland 41. Focsiv - Federation of Italian Christian NGOs 42. Fórum em Defesa de Altamira 43. Foundation Sami Heritage and Development 44. Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil 45. Front Line Defenders 46. Fundação Avina 47. Fundação Grupo ESQUEL 48. Future for Everyone 49. Global Witness 50. Green Dubna 51. Green Peace Brasil 52. ONG Guajiru 53. In Difesa Di - per i Diritti Umani e chi li difende 54. Indigenous Peoples Movement for Self-determination and Liberation (IPMSDL) 55. Instituto Igarapé 56. Instituto Terramar 57. Institutos Ethos 58. International Indigenous Fund for Development and Solidarity "Batani" dos EUA 59. International Land Coalition Secretariat 60. International Rivers 61. Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (Katribu national alliance of indigenous peoples in the Philippines) 62. Kazan Federal University 63. Latin America Working Group 64. London Mining Network 65. Lumiere Synergie pour le Developpement 66. MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens 67. Maryknoll Office for Global Concerns 68. MISEREOR 69. Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) 70. Movimento Negro 71. Movimento Paulo Jackson - Ética, Justiça, Cidadania 72. Movimento Tapajós Vivo 73. Movimento Xingu Vivo para Sempre 74. Movimiento de Afectados por Represas de America Latina - MAR 75. O Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas (MNCP) 76. Oyu Tolgoi Watch 77. Pax Christi - Comisión Solidaridad Un Mundo Alemania 78. Pax Christi Internacional 79. Pax Christi Toronto 80. Projeto Saúde e Alegria 81. Protection International 82. Public Interest law Center (PILC/CHAD) 83. Red de Comités Ambientales del Tolima 84. Red de Género y Medio Ambiente de México 85. REDE GTA 86. Resource Rights Africa da Uganda 87. Rivers without Boundaries International Coalition 88. Rivers without Boundaries - Mongolia 89. SAPÊ - Sociedade Agrense de Proteção Ecológica 90. SCIAF - Scottish Catholic International Aid Fund 91. Serpaj Chile 92. Siberian Environmental Organization 93. Socio-ecological Union International 94. Tatarstan Organization of the All-Russian Society for the Conservation of Nature 95. Terra 1530 96. The Canadian Catholic Organization for Development and Peace/Caritas 97. The Society for Threatened Peoples International STPI - Gesellschaft für bedrohte Völker-International, GfbV-International 98. The Volunteer Movement Save Utrish 99. Toxisphera - Associação de Saúde Ambiental 100. Tutela Legal Maria Julia Hernández 101. Uma Gota no Oceano 102. Uniafro Brasil 103. Washington Office on Latin America - Wola 104. WoMin African Alliance 105. World Wide Fund for Nature – WWF/Brasil
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