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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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Informe de la Misión Internacional a Colombia “Frenemos las Demandas de Transnacionales”
A finales de mayo de 2023, una Delegación de 13 integrantes de organizaciones sociales y ambientales de 8 países de las Américas y de Europa visitamos Colombia para compartir experiencias de acción en contra de las demandas de empresas transnacionales en los tribunales de arbitraje internacional y para observar en territorio los pueblos y ecosistemas amenazados por razón de las demandas y los daños ambientales, sociales y culturales que ya han generado el accionar de estas empresas en el país, especialmente en los departamentos de La Guajira y Santander.La visita fue relevante por el aumento significativo de demandas de inversores que el país ha recibido en los últimos años, tal como se destaca en la Declaración “Recuperemos la Soberanía de Colombia en Defensa del Agua, la Vida y los Territorios”, firmada por más de 280 organizaciones de 30 países, además de 54 congresistas colombianos. En los últimos cinco años Colombia se ha situado entre los países de América Latina con más cantidad de demandas de arbitraje. Tan solo en 2018, Colombia recibió la mayor cantidad de demandas a escala global.En total, las demandas pendientes ascienden a 13,2 mil millones de dólares. Este monto es equivalente al 13% del presupuesto de la nación para 2023, casi igual a lo que Colombia proyecta gastar en educación en este año.De acuerdo a datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta marzo de 2023 se encontraban abiertos 14 procesos, mientras 8 más estaban en la etapa prearbitral. En total, las demandas pendientes ascienden a 13,2 mil millones de dólares (52,3 billones de pesos colombianos en julio de 2023), aunque en tres casos los inversores no hacen público el monto reclamado. Este monto es equivalente al 13% del presupuesto de la nación para 2023, casi igual a lo que Colombia proyecta gastar en educación en este año. Gran parte de los inversores que demandan provienen del sector extractivo, especialmente de la minería.Presenciamos cómo este sistema permite la impunidad corporativa y pone en riesgo la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos, ambientales y fundamentales de los colombianos. Vimos asimismo el impacto que este sistema tiene sobre la independencia judicial, la regulación de los bienes comunes y la soberanía nacional. Lee y descarga el informe
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Proteger el Parque Nacional Yasuní en Ecuador puede impulsar la necesaria transición energética justa a nivel mundial
La decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta del 20 de agosto tiene el potencial no solo de frenar la explotación petrolera en la Amazonía, sino también de generar un impacto transformador a nivel nacional e internacional como resultado de reconocer el valor de un ecosistema clave para la estabilización del clima global y la necesidad de transitar a la producción de energía renovable y sostenible. El próximo 20 de agosto, habrá una consulta popular en la que el pueblo ecuatoriano tendrá la oportunidad de decidir un alto definitivo a la explotación petrolera en una parte del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta, ubicada en la Amazonía. La consulta busca detener la extracción petrolera en el bloque ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), uno de los tres en producción dentro del parque. El Parque Nacional Yasuní es Reserva de la Biósfera por la UNESCO y múltiples estudios científicos han demostrado su valor e importancia en términos de biodiversidad y por ser hogar del pueblo Waorani y de los grupos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. Al ser la Amazonía una región interconectada y compartida por ocho países —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— y por Guayana Francesa, un departamento francés de ultramar, lo que ocurre en una parte de ella afecta al resto. Además, al ser megadiversa y servir como estabilizador climático global, la importancia de la selva amazónica es mundial. Los ojos del mundo estarán atentos a que Ecuador opte por proteger su territorio amazónico, lo que puede tener un impacto transformador no solo en el país, sino también en América Latina y en el mundo al enviar un mensaje claro que reconoce el valor ecológico y social de la Amazonía para materializar la necesaria transición energética y la protección de los derechos humanos. Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Clima de AIDA, expresa lo siguiente: “Después de años de lucha incansable de organizaciones sociales y de movimientos indígenas, Ecuador puede lograr un avance importante en la protección de un ecosistema clave para la adaptación y mitigación de la crisis climática a nivel mundial, así como para la sobrevivencia de pueblos indígenas, tradicionales y en aislamiento voluntario. Salvaguardar el clima para esta y las futuras generaciones exige que la producción de combustibles fósiles entre en un declive controlado de inmediato y que la generación de energía renovable avance con urgencia y como parte de una transición justa. Ecuador puede ser pionero en mostrar al mundo cómo la sociedad civil es capaz de impulsar la transición energética justa que el mundo necesita, dejando atrás las zonas de sacrificio ambiental y social que la industria de los combustibles fósiles ha propiciado. Puede ser un ejemplo de construcción de alternativas energéticas basadas en la garantía de los derechos humanos y los de la naturaleza, y de combate efectivo de la triple crisis que el mundo enfrenta con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”. Contexto La iniciativa de frenar definitivamente la explotación petrolera en una parte de la Amazonía se alinea con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y de la Agencia Internacional de la Energía de mantener bajo tierra cifras que van del 30% a las dos terceras partes de las reservas petroleras como condición para mantener el incremento de la temperatura promedio del planeta por debajo de los 2°C, respecto a los niveles preindustriales, y evitar así efectos catastróficos. La consulta popular en Ecuador ocurrirá pocas semanas después de que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, declarara el inicio de la era de la “ebullición climática”, apuntando a la necesidad de cambios concretos para afrontar la emergencia y crisis producida por el calentamiento del planeta. Asimismo, esta consulta llegará poco después del cierre de la Cumbre Amazónica en Brasil, donde los ocho países amazónicos habrán discutido cómo determinar un camino sostenible para la selva amazónica. "Es hora de eliminar los combustibles fósiles para proteger la Amazonía", dijo hace poco Gustavo Petro, Presidente de Colombia, quien exhortó a que los países con territorio amazónico y sus socios en el Norte Global se comprometan a frenar la explotación de combustibles fósiles para proteger el derecho a una transición justa y acelerar el paso a hacia una economía pospetrolera. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe: El camino recorrido
Cuando el mundo atravesaba por una crisis de salud y la COVID-19 nos hacía alejarnos de todo y de todos/as, me topé con la Comunidad de Práctica de Litigio Climático en América Latina. Por esos días de 2020, era colaboradora externa de Greenpeace México y tuve la fortuna de coincidir con Javier, Florencia y Verónica, anfitriones/as de esta naciente comunidad desde su trabajo en AIDA. La comunidad propició diversos encuentros virtuales para intercambiar ideas en torno al litigio climático con personas de toda la región preocupadas por el ambiente, la crisis climática, la salud del planeta y de los seres vivos. Confirmamos preocupaciones compartidas y evidenciamos cómo, desde cada trinchera, hacíamos frente a las crisis ambientales y sociales a través de litigios climáticos estratégicos. Mientras algunas personas litigaban contra la deforestación, las minas de carbón y las termoeléctricas, o para la inclusión de variables de cambio climático en los estudios de impacto ambiental; otras buscaban frenar políticas encaminadas al uso de combustibles fósiles o la mejora y cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales. Fue interesante ver la amplitud y versatilidad con la que se desplegaba la herramienta del litigio para potenciar la acción climática. AIDA nos invitó después a participar en una serie de encuentros para conversar con las y los protagonistas de algunos de los casos de litigio estratégico más emblemáticos a nivel mundial. La experiencia de interactuar de cerca y en espacios de confianza con estas personas fue inigualable. Sin duda aumentó mi convicción de que la lucha que se estaba librando era muy importante, así como la necesidad de conocer más de los litigios climáticos. Luego llegó otra invitación de AIDA, esta vez para colaborar en el comité asesor para la construcción de una plataforma que contuviera, en un solo lugar, los casos de litigio climático de nuestra región y en nuestro idioma, como testimonios de una resistencia que proviene desde diversos frentes. El objetivo era agrupar y visibilizar los esfuerzos de América Latina y el Caribe frente a los conflictos climáticos en un sitio web donde las y los usuarios accedieran a información, argumentos para apoyar luchas, estrategias y a la posibilidad de establecer contacto con abogados/as y científicos/as. El Instituto Alana de Brasil, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, la Defensoría Ambiental de Chile y Greenpeace México respondimos al llamado para participar en el diseño de la herramienta. Los esfuerzos conjuntos dieron fruto y, en febrero de 2022, la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe nació oficialmente con el objetivo de fortalecer el litigio climático en la región y con ello su poder para promover los cambios estructurales que se necesitan. El principal reto estaba en cómo recopilar, sistematizar y mantener actualizados los datos. La solución fue conformar un equipo de relatores/as. Así, personas voluntarias —abogados/as o estudiantes de derecho de distintos países con interés en trabajar por el ambiente, el clima y el respeto a los derechos humanos— empezaron a colaborar de manera virtual en el mantenimiento y actualización de la plataforma e informando de casos nuevos en sus jurisdicciones. La plataforma fue lanzada con 49 casos y actualmente alberga 61 casos de ocho países. Otros 30 están en proceso de ser incluidos. Los casos están identificados y categorizados de forma amigable e intuitiva. El equipo de relatores/as está integrado por 24 personas que cubren 12 países. La plataforma no sería posible sin su trabajo y entusiasmo incansables. A un año y medio del lanzamiento de la plataforma, y mucho más tiempo desde que fue gestada, mis recuerdos apuntan al entusiasmo, la dedicación y el compromiso de mucha gente por defender nuestro hogar común, por luchar contra la devastación y la posibilidad de heredar a las futuras generaciones un planeta más verde y azul. Tenemos la obligación de rendir cuentas a las generaciones venideras. Debemos brindar herramientas, iniciar y continuar acciones que den luz a futuras acciones legales para proteger y cuidar el ambiente. Comparto mi certeza de que los objetivos marcados por la comunidad de práctica en esas primeras reuniones de 2020 se están cumpliendo y que este proyecto seguirá adelante a pasos agigantados. El reto se mantiene: seguir difundiendo los casos de éxito, las valiosas lecciones de cuando las cosas no resultan como esperamos, las experiencias regionales e internacionales exitosas; y seguir trabajando para hacer efectivas las sentencias que le dan la razón al planeta. Desde AIDA, te invitamos a conocer y a usar la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe para adentrarte en el mundo de los litigios climáticos, que representan una gran oportunidad en la lucha por la justicia climática y la protección de los derechos humanos en la región y en el mundo. Visita la plataforma
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