Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
Encuentro Latinoamericano sobre Litigio Climático y Transición Energética Justa: Resumen de memorias
Ante la gran amenaza que representa el cambio climático para el planeta y los derechos humanos, el litigio climático estratégico se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para exigir ante órganos jurisdiccionales que los Estados, las empresas y otros actores asuman su responsabilidad en torno a la crisis climática.Se trata de un instrumento complementario al trabajo por la defensa del ambiente, el territorio y la protección de los derechos humanos de pueblos y comunidades que en los últimos años ha demostrado ser clave para buscar justicia climática.En este contexto, los días 7 y 8 de septiembre de 2023 tuvo lugar en Bogotá (Colombia) el Encuentro Latinoamericano sobre Litigio Climático y Transición Energética Justa, un espacio para potenciar el litigio estratégico climático en la región y reflexionar sobre sus retos y aprendizajes. En este evento se reunieron 80 participantes representando a una diversidad de actores del mundo del litigio climático, incluidos abogados/as, activistas, defensores/as científicos/as y comunicadores/as.El encuentro tuvo tres ejes temáticos: 1) La transición energética justa y sus dilemas; 2) Pérdidas y daños; 3) Aire, derechos humanos y clima, los cuales se desarrollaron a través de talleres y mesas de discusión sobre:La Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe (PLC), y las posibilidades para potenciar su utilidad en el ámbito regional.Los avances de la energía comunitaria y la incidencia en la política pública en este tema.El caso del carbón en Colombia y el cumplimiento de obligaciones climáticas.Pérdidas y daños, y las estrategias de monitoreo comunitario al respecto.Aire y clima integrados desde el litigio y la comunicación.El fortalecimiento de la comunidad de práctica de litigio climático en la región.Presentación e intercambio alrededor de casos emblemáticos de litigio climático en la región (mediante la exposición de 20 pósteres de casos). Lee y descarga la publicación
Leer más
Organizações pedem proteção ao Pantanal diante da crise por queimadas e degradação ambiental
A maior zona úmida do planeta, vital para a biodiversidade e a subsistência das comunidades locais, enfrenta uma devastação sem precedentes devido a uma nova temporada de incêndios, à seca e às atividades humanas. Apelamos à comunidade internacional para unir forças na proteção e restauração desse ecossistema transfronteiriço crucial. O Pantanal é a maior zona úmida do mundo —abrange Brasil, Bolívia e Paraguai— e é crucial para a biodiversidade e a economia regional. Esse ecossistema está em crise devido a incêndios, secas, expansão agrícola e a construção de barragens e hidrelétricas.Até julho de 2024, foram detectados 4.072 focos de incêndio na região, valor cinco vezes maior que a média histórica da época. Esse número aponta a urgência de uma ação imediata e coordenada para a sua proteção.Como organizações signatárias, reafirmamos nosso compromisso com a conservação da região e apoiamos os esforços locais para gerar respostas eficazes a essa crise. Da mesma forma, apelamos urgentemente à comunidade internacional, às organizações não governamentais e aos governos do Brasil, Bolívia e Paraguai para que se unam na proteção e restauração de um ecossistema crucial para a biodiversidade e o bem-estar hídrico da América do Sul. Causas e impactos da crise no PantanalAs crises no Pantanal são consequências de deficiências estruturais e cíclicas. As primeiras incluem a falta de aplicação e articulação de políticas eficazes para a conservação e recuperação da região, que levaram ao uso inadequado do fogo para a agricultura, à mudança no uso da terra para atividades agrícolas, à monocultura e ao agravamento da crise climática. As atuais regulamentações legislativas nos três países são insuficientes, como demonstra a recente decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que denuncia a falta de políticas coordenadas e de gestão integrada da zona úmida.O fenômeno do El Niño, o aumento das temperaturas e a diminuição dos níveis de água —cuja causa é a crise climática— tornaram a temporada de incêndios no Pantanal sem paralelo. Em 2024, os incêndios aumentaram significativamente em comparação com o mesmo período do ano anterior, ameaçando uma perda irreversível de biodiversidade, destruição de habitats críticos e alteração de ciclos hidrológicos essenciais. Além disso, desde 2018, os períodos de fortes chuvas e cheias de rios, que normalmente duravam de cinco a seis meses, foram reduzidos para dois meses.Embora em algumas áreas do Pantanal os incêndios tenham sido apagados graças à chegada de um frente fria e chuva, ocorreram elevados danos ecológicos que afetam pelo menos 4,53% do ecossistema. Isso corresponde a 680.000 hectares, equivalente à região metropolitana de São Paulo. E é provável que os incêndios voltem devido às condições climáticas adversas e à seca generalizada na região.A perda de biodiversidade, juntamente com a destruição da flora e da fauna locais, altera os processos naturais que estão na base de serviços ecossistêmicos vitais para comunidades locais e indígenas. Esses serviços incluem proteção do solo, regulação climática, qualidade do ar, polinização, filtragem de água e controle de pragas e patógenos. As consequências para as comunidades locais são devastadoras. Os problemas de saúde e o deslocamento forçado se tornaram cada vez mais comuns entre a população local. Ações para enfrentar a crise múltipla no PantanalPara enfrentar as múltiplas crises que atravessa a maior zona úmida do mundo, as organizações signatárias consideram imperativo: 1. Avançar para o reconhecimento do conhecimento e da sabedoria das comunidades locaisA proteção do Pantanal pelas comunidades locais é uma realidade. Pantaneiros e pantaneiras – sejam ribeirinhos, comunidades tradicionais ou povos indígenas – dedicam-se incansavelmente à defesa de seus territórios. Um exemplo desse trabalho são os esforços realizados no Pantanal do Alto Paraguai, em Mato Grosso, onde os Comitês Populares da Água e do Clima têm se articulado como corredores bioculturais para enfrentar os desafios impostos pelas queimadas, pelas secas, pela expansão do agronegócio e pela construção civil de barragens e usinas hidrelétricas.O conhecimento e a sabedoria acumulados pelos povos do Pantanal, que repetidamente resistiram a essas ameaças, devem servir de base para enfrentar os desafios da proteção dos ecossistemas. É essencial promover iniciativas de pressão que ampliem e transformem essas ações comunitárias em políticas públicas eficazes.2. Promover a proteção transnacional do PantanalO Pantanal enfrenta o risco de um colapso total. A perda desse ecossistema teria implicações catastróficas para a região, afetando a conexão com outros ecossistemas. O equilíbrio ambiental da planície pantaneira é vinculado ao equilíbrio do planalto do Cerrado e, por sua vez, à capacidade da floresta amazônica de gerar precipitação na região.Para enfrentar a crise a cooperação internacional é crucial, bem como a implementação de políticas transnacionais fortes que abordam as alterações climáticas e promovem a conservação dos ecossistemas. As organizações signatárias instam os governos do Brasil, Bolívia e Paraguai a renovar e fortalecer os mecanismos de governança, coordenação e participação pública para a conservação e o desenvolvimento sustentável do Pantanal.3. Dinamizar os atuais mecanismos de proteção internacionalÉ vital ampliar o conteúdo e os mecanismos de proteção de instrumentos como a Declaração para a Conservação e o Desenvolvimento Sustentável do Pantanal, a Convenção de Bonn (CMS), o Tratado da Bacia do Prata, a Comissão Binacional para o Desenvolvimento da Bacia Hidrográfica Pilcomayo e o Protocolo de Cooperação Ambiental do Mercosul. Estes instrumentos podem facilitar a harmonização das políticas ambientais, o monitoramento conjunto dos recursos naturais e o estabelecimento de um fundo regional para projetos de desenvolvimento sustentável que incluam comunidades locais e povos indígenas.Apelamos às secretarias de tratados como a Convenção sobre Zonas Úmidas, a Convenção de Combate à Desertificação, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e o CMS para acionarem os mecanismos de notificação e proteção. Além disso, pedimos o reconhecimento de práticas e costumes tradicionais das comunidades pantaneiras e a proteção dos corredores bioculturais como medidas eficazes de conservação.É imperativo ter recursos técnicos para apoiar os esforços de combate e prevenção de incêndios. Isso inclui fornecer apoio científico para compreender a biodiversidade, as funções ecológicas e os serviços ecossistêmicos do Pantanal, realizar estudos ambientais, treinar comunidades em metodologias de coleta e análise de dados, bem como fortalecer a colaboração comunitária e espaços de defesa por meio de governança participativa transfronteiriça. Assinam:Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA)Coletivo PesquisAçãoEscola de AtivismoInstituto GAIAREESOLBIOSociedade Fé e VidaContatos de imprensa:Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +52 5570522107Ellen Nacanishi, Instituto GAIA, presidê[email protected] Vailant, REESOLBIO, [email protected] Salomão, Sociedade Fé e Vida, [email protected]ão Andrade, Coletivo PesquisAção, [email protected] Munari, Escola de Ativismo, [email protected]
Leer más
Organizaciones llaman a proteger el Pantanal ante crisis por incendios y degradación ambiental
El mayor humedal del planeta, vital para la biodiversidad y los medios de vida de comunidades locales, enfrenta una devastación sin precedentes debido a una nueva temporada de incendios, a sequías y actividades humanas. Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la comunidad internacional para unir esfuerzos en la protección y restauración de este crucial ecosistema transfronterizo. El Pantanal es el humedal más grande del mundo —se extiende por Brasil, Bolivia y Paraguay— y es crucial para la biodiversidad y la economía regional. Este ecosistema está en crisis debido a incendios, sequías, expansión agrícola y la construcción de represas y plantas hidroeléctricas. Hasta julio de 2024, se han detectado 4,072 focos de incendios en el Pantanal, cantidad cinco veces mayor al promedio histórico en esta época. Esta cifra subraya la urgencia de una acción inmediata y coordinada para su protección. Las organizaciones firmantes reafirmamos nuestro compromiso con la conservación del Pantanal y con el apoyo a los esfuerzos locales para generar respuestas efectivas a esta crisis. Asimismo, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, organizaciones no gubernamentales y a los gobiernos de Brasil, Bolivia y Paraguay para que se unan a la protección y restauración de un ecosistema crucial para la biodiversidad y el bienestar hídrico de América del Sur. Causas e impactos de la crisis en el Pantanal Las crisis incluyen deficiencias estructurales y coyunturales. Las primeras abarcan la falta de aplicación y articulación de políticas efectivas para la conservación y restauración del Pantanal, que han derivado en el uso inadecuado de fuego para la agricultura, el cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias, el monocultivo y en la exacerbación de la crisis climática. Las actuales iniciativas legislativas en los tres países son insuficientes, como lo demuestra el reciente fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que denuncia la falta de políticas coordinadas y de gestión integrada del humedal. El fenómeno de El Niño, el incremento de las temperaturas y la disminución de los niveles de agua —cuya causa es la crisis climática—, han hecho que la temporada de incendios en el Pantanal no tenga parangón. En 2024, los incendios han aumentado significativamente en comparación con el mismo período del año anterior, amenazando con una pérdida irreversible de biodiversidad, destrucción de hábitats críticos y alteración de ciclos hidrológicos esenciales. Además, desde el 2018, los períodos de lluvias intensas y desbordamientos de los ríos, que normalmente duraban entre cinco y seis meses, se redujeron a dos meses. Si bien en algunas zonas del Pantanal los incendios se han apagado gracias a la llegada de un frente frío y lluvias, han ocurrido daños ecológicos altos que afectan al menos 4.53% del ecosistema. Esto corresponde a 680,000 hectáreas, equivalentes a la región metropolitana de São Paulo. Y es probable que los incendios regresen debido a las condiciones climáticas adversas y a la sequía generalizada en la región. La pérdida de biodiversidad, junto con la destrucción de flora y fauna locales, altera procesos naturales que son la base de servicios ecosistémicos vitales para comunidades locales e indígenas. Estos servicios incluyen la protección de suelos, la regulación del clima, la calidad del aire, la polinización, la filtración de agua y el control de plagas y patógenos. Las consecuencias para las comunidades locales son devastadoras. Los problemas de salud y el desplazamiento forzoso se han vuelto cada vez más recurrentes entre la población del lugar. Acciones para hacer frente a la crisis múltiple en el Pantanal Para hacer frente a las múltiples crisis que atraviesa el humedal más grande del mundo, las organizaciones firmantes consideramos imperativo: 1. Avanzar hacia el reconocimiento de los conocimientos y saberes de las comunidades locales La protección del Pantanal por parte de las comunidades locales es una realidad. Pantaneiros y pantaneiras —ya sean ribereños/as, comunidades tradicionales o pueblos indígenas— se dedican incansablemente a la defensa de sus territorios. Un ejemplo de esta labor son los esfuerzos realizados en el Pantanal del Alto Paraguay, en Mato Grosso, donde los Comités Populares del Agua y del Clima se han articulado como corredores bioculturales para enfrentar los desafíos que plantean incendios, sequías, expansión del agronegocio y construcción de represas y plantas hidroeléctricas. Los conocimientos y saberes acumulados por los pueblos del Pantanal, quienes han resistido repetidamente estas amenazas, deben servir como fundamento para abordar los desafíos de protección del ecosistema. Es esencial promover proyectos de incidencia que amplifiquen y transformen estas iniciativas comunitarias en políticas públicas efectivas. 2. Impulsar la protección transnacional del Pantanal El Pantanal enfrenta el riesgo de un colapso total. La pérdida de este ecosistema tendría implicaciones catastróficas para la región, afectando la interconectividad con otros ecosistemas. El equilibrio ambiental de las tierras bajas del Pantanal está vinculado al equilibrio de las tierras altas del Cerrado y, a su vez, a la capacidad de la selva amazónica para generar precipitaciones en la región. Para enfrentar la crisis, es crucial la cooperación internacional, así como la implementación de políticas transnacionales sólidas que aborden el cambio climático y promuevan la conservación de los ecosistemas. Las organizaciones firmantes instamos a los gobiernos de Brasil, Bolivia y Paraguay a renovar y fortalecer los mecanismos de gobernanza, coordinación y participación pública para la conservación y el desarrollo sustentable del Pantanal. 3. Dinamizar los mecanismos internacionales de protección vigentes Es vital ampliar el contenido y mecanismos de protección de instrumentos como la Declaración para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Pantanal, la Convención de Bonn (CMS), el Tratado de la Cuenca del Plata, la Comisión Binacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo y el Protocolo de Cooperación Ambiental del Mercosur. Estos instrumentos pueden facilitar la armonización de políticas ambientales, el monitoreo conjunto de recursos naturales y el establecimiento de un fondo regional para proyectos de desarrollo sostenible que incluyan a las comunidades locales y pueblos indígenas. Hacemos un llamado a las secretarías de tratados como la Convención sobre los Humedales, la Convención de Lucha contra la Desertificación, la Convención sobre la Diversidad Biológica y la CMS para que activen mecanismos de reporte y protección. Además, exhortamos al reconocimiento de las prácticas tradicionales y costumbres de las comunidades del Pantanal y a la protección de los corredores bioculturales como medidas efectivas de conservación. Es imperativo disponer de recursos técnicos para apoyar los esfuerzos de combate y prevención de incendios. Esto incluye brindar apoyo científico para entender la biodiversidad, funciones ecológicas y servicios ecosistémicos del Pantanal, realizar estudios ambientales, capacitar a las comunidades en metodologías de recopilación y análisis de datos, así como fortalecer los espacios de colaboración y defensa de las comunidades a través de una gobernanza participativa transfronteriza. Firman: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Coletivo PesquisAção Escola de Ativismo Instituto GAIA REESOLBIO Sociedade Fé e Vida Contactos de prensa: Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +52 5570522107 Ellen Nacanishi, Instituto GAIA, [email protected] Clovis Vailant, REESOLBIO, [email protected] Isidoro Salomão, Sociedade Fé e Vida, [email protected] João Andrade, Coletivo PesquisAção, [email protected] Silvio Munari, Escola de Ativismo, [email protected]
Leer más