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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo

Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.  

El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.

Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.

Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.

Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.

La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.

Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.

La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.

Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.

 


Gladys Martínez, directora ejecutiva de AIDA

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) anuncia con orgullo que, luego de un proceso de reclutamiento riguroso liderado por su Junta Directiva, Gladys Martínez de Lemos aceptó el cargo de directora ejecutiva de la organización, con efecto inmediato. Gladys Martínez tiene una larga trayectoria con AIDA, habiendo ayudado a construir y fortalecer la organización durante los últimos 15 años. Cuenta con el reconocimiento del equipo como una lideresa positiva, empática y dinámica que cree profundamente en AIDA y que impulsa el crecimiento profesional y personal del equipo. A lo largo del proceso de contratación, encomendado a una empresa independiente de búsqueda y en el que participó un comité de representantes de la Junta Directiva y del equipo, Gladys demostró ser la candidata más calificada para el puesto. En los últimos ocho años, Gladys ha liderado el Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA, que bajo su supervisión ha crecido hasta convertirse en un equipo multidisciplinario de profesionales del derecho y de la ciencia que abogan por la preservación de especies y ecosistemas, por prácticas de gestión responsables y por la protección de comunidades costeras. Ha representado a AIDA ante organismos internacionales de negociación, sostenido relaciones con gobiernos y cultivado alianzas con organizaciones y personas defensoras del ambiente en todo el continente americano. Gladys tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica y una maestría en Seguridad Ambiental y Paz de la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz. Y, más recientemente, se formó en administración de organizaciones sin fines de lucro en la Kellogg School of Management de la Northwestern University.   “Mi camino con AIDA ha sido una gran aventura por la defensa del ambiente y de los derechos humanos en América Latina, la región a la que orgullosamente pertenezco. Tengo mi corazón y mi mente en esta organización que me ha visto crecer y que ahora tengo la oportunidad de liderar en una nueva etapa. Con mi experiencia y con las herramientas adquiridas en los últimos años, estoy preparada para potenciar al máximo el talento del equipo e impulsar nuestros esfuerzos por la justicia ambiental y climática en el continente”.   Esta transición de liderazgo ejecutivo representa una evolución organizacional importante pues AIDA adopta un modelo de dirección ejecutiva única tras la salida de Astrid Puentes Riaño, excodirectora ejecutiva. En la nueva estructura, la excodirectora Anna Cederstav fue designada directora financiera por la Junta Directiva. También fungirá como directora ejecutiva adjunta para contribuir a que la organización continúe creciendo y fortaleciéndose. AIDA tiene una deuda de gratitud con Astrid y Anna por sus 18 años de codirección y por haber convertido a AIDA en la organización regional dinámica que es hoy. Con el conocimiento, las habilidades y la experiencia de su equipo, y la sólida base sobre la que está construida, AIDA continuará promoviendo la justicia ambiental y climática en América Latina y defendiendo los cambios sistémicos que la región, y el mundo, necesitan tan urgentemente.  

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“Retratos de una transición energética feminista”

La transición a energía es indispensable y está en marcha, pero ¿cuáles son los riesgos y oportunidades que representa la revolución de energía verde para la realización de los derechos de las mujeres?, ¿Cómo podemos evitar que se repliquen prácticas extractivas comúnmente asociadas a las industrias fósiles?, ¿Cómo podemos promover modelos de energía renovable que impulsen la participación de las mujeres y la erradicación de la pobreza energética? La serie “Retratos de una transición energética feminista” busca visibilizar las historias de las activistas y defensoras de derechos humanos que luchan por una transición energética justa que proteja el medio ambiente, impulse la igualdad de género y brinde acceso seguro, asequible y sostenible a los recursos energéticos. Pese a que las mujeres tienen un papel fundamental en el manejo y uso de los recursos energéticos en los hogares y sus comunidades, enfrentan retos comunes ligados a la discriminación sistemática, la pobreza energética y la falta de representación en el desarrollo del nuevo sector de energía renovable. No podemos acelerar el rumbo hacia sistemas de energía sostenibles sin poner al centro las voces de las mujeres y las comunidades que históricamente han estado rezagadas de los espacios de toma de decisión. En el contexto de la Conferencia de la Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) y cuando se discute una transición energética que supone un cambio técnico y tecnológico sin precedente para pasar de una fuente de energía a otra y contrarrestar los efectos del cambio climático, las organizaciones de la sociedad civil, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR) y la Asociación Interamericana por la Defensa del Ambiente (AIDA), con el apoyo de FES-Ginebra, lanzan el primer video de la serie que cuenta la historia de María, una mujer indígena de la etnia Maya Chuj que vive en la micro-región de Yich K’isis en Guatemala. Es a través de las historias y experiencias de las mujeres que podemos reducir los riesgos de la transición energética y catalizar el potencial transformador de la energía renovable para impulsar la igualdad de género y construir un futuro sostenible y bajo en carbono. ¡Escucha la historia de María!  

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Los cinco avances que la COP26 debe impulsar

Desde el pasado 31 de octubre y durante dos semanas, líderes de más de 190 países, organizaciones internacionales, miembros de la sociedad civil y activistas coincidirán en Glasgow, Escocia, a propósito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Al encuentro global llegará también el movimiento juvenil con sus propuestas de cambio, entusiasmo y esperanza, un aporte que con los años se ha hecho cada vez más contundente. La COP26 fue aplazada un año por la pandemia global y se realiza en medio de las crisis sociales y económicas derivadas de la contingencia sanitaria, que intensificó las brechas entre países ricos y pobres. Las grandes diferencias en el acceso a programas de vacunación han sumado dificultades a la participación de organizaciones de la sociedad civil, tarea clave para empujar las negociaciones en Glasgow. Lo cierto es que estas dos semanas son cruciales para el futuro del planeta. Según la más reciente evaluación científica de Naciones Unidas, las consecuencias del cambio climático “son irreversibles”, se están viviendo en todas partes del mundo y tienen una relación “inequívoca” con la actividad humana. La gravedad de la situación es tal que estamos cerca de cruzar puntos de inflexión que podría llevarnos a un “punto de no retorno”. No es más un problema del futuro ni solamente de las personas y países más vulnerables. Frente a ese panorama, es clave que la COP26 logre avances en al menos cinco áreas: 1. La ambición que permita mantener el calentamiento global por debajo de 1.5ºC Urge una verdadera reducción de emisiones basada en planes serios para abandonar la explotación y uso de combustibles fósiles y promover energías renovables. Los subsidios a los combustibles fósiles siguen presentes en muchas partes del mundo. Ya no hay tiempo ni espacio para las falsas soluciones, aquellas que permiten seguir contaminando (como las promesas del carbón limpio, por ejemplo). Las transformaciones necesarias son difíciles, pero también posibles, deseables y urgentes. Un mundo sin quema de combustibles fósiles es más verde y justo. Es importante que esta titánica tarea se haga respetando los derechos de las personas y comunidades en los territorios, incluyendo las diferentes voces, aprovechando y honrando el conocimiento local, con un enfoque de justicia climática y equidad de género.  De otro lado, está demostrada la utilidad de incluir metas claras y medibles de mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta, que permanecen menos tiempo en la atmósfera que los gases de efecto invernadero, pero cuyas emisiones causan entre el 30 y 45 por ciento del calentamiento del planeta, además de contaminar el aire. La inclusión en las negociaciones de un abordaje integral que contemple la reducción de estos contaminantes es una oportunidad para mitigar la crisis climática y proteger la salud humana en el corto plazo.   2. el libro de reglas del Acuerdo de París El artículo 6 del Acuerdo de París propone a los países la utilización de mecanismos de cooperación voluntaria para aumentar la ambición climática, entre ellos los mercados de emisiones de CO2, cuyas normas, modalidades y procedimientos no han sido definidos.  Estos mecanismos de mercado permitirían a los países vender un “excedente” de emisiones a países que no hayan alcanzado sus objetivos de mitigación o que busquen un cupo mayor, dando origen a un nuevo mercado internacional de intercambio de créditos de carbono generados en los sectores público y privado de cualquier lugar del mundo. En la COP se debe establecer el órgano que regulará este mercado. Es la única parte del libro de reglas del Acuerdo de París que toavía no se ha resuelto. Luego de la falta de consensos en la COP25 de Madrid, se espera una definición al respecto en Glasgow. Las negociaciones deben asegurar que el mercado garantice que los bonos provengan de proyectos con salvaguardas socioambientales que garanticen el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos, en especial de grupos en situación más vulnerable, como los pueblos indígenas; así como la integridad de ecosistemas y la reducción neta de emisiones. Asimismo, los mercados de carbono deben garantizar un aumento adicional del esfuerzo global de mitigación y no lo contrario, es decir, ayudar a reducir de emisiones que no hubieran sido posible disminuir sin estos mecanismos.   3. las finanzas climáticas La meta de la COP26 es atender el compromiso de los países desarrollados de movilizar 100 mil millones de dólares por año hasta 2025 para que los países menos desarrollados mitiguen y se adapten a los embates del cambio climático. También deben sentarse las bases para las negociaciones que llevarán a una meta post 2025. Pero esto es solo el inicio. Necesitamos una verdadera transformación de las finanzas internacionales, dejando atrás las inversiones que no aportan al cuidado y regeneración del planeta. Además, los y las negociadoras deben asegurar que los fondos climáticos lleguen a quienes más los necesitan: los países, sectores y poblaciones más vulnerables al cambio climático, que muchas veces tienen dificultades para acceder a financiamiento por la burocracia que implica. De otro lado, el financiamiento debe respetar estándares de derechos humanos, especialmente de comunidades étnicas y mujeres. Para ello se necesita un sistema efectivo de salvaguardas y rendición de cuentas.   4. las medidas para enfrentar las pérdidas y daños El artículo 8 del Acuerdo de París reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y daños. Este debe ser el tercer pilar de la acción climática, junto con la mitigación y la adaptación. Su inclusión en la agenda climática internacional como parte de una respuesta justa y sistemática ha sido esencialmente promovida por países vulnerables y movimientos sociales de todo el mundo. Comunidades y naciones pobres o en situación de vulnerabilidad ya están sufriendo los efectos más negativos de la crisis climática, siendo los menos responsables de ella. Las acciones de mitigación y adaptación no aplican ante escenarios de pérdidas y daños, que requieren respuestas efectivas basadas en la asignación de responsabilidades y la justicia climática. Pese a la evidencia de los daños y su contexto de injusticia, las negaciones climáticas poco han avanzado para fortalecer este pilar y promover un marco que permita dar respuestas concretas. Es urgente que la COP26 avance en este propósito. En la COP25 se creó la Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños con la idea de reunir a diversos actores y catalizar la asistencia técnica para “evitar, minimizar y hacer frente a las pérdidas y los daños a nivel local, nacional y regional”. Es urgente que en la COP26 se configure esta red, otorgándole mandatos claros para que promueva discusiones, recomendaciones y adopte acciones que respondan a demandas históricas sobre el tema.   5. la protección del océano como prioridad El océano es el principal regulador climático del planeta. Uno de los servicios más importantes que brinda es la absorción de emisiones, con la que ha retenido aproximadamente el 90% del calor atmosférico causado por el cambio climático. Pero esto no es inocuo. La gran cantidad de CO2 capturada está alterando el pH del océano, lo que conlleva un proceso de acidificación que genera un desequilibrio en los ecosistemas marinos y afecta seriamente a comunidades pesqueras y habitantes de zonas costeras en todo el mundo. Pese a su importancia y a lo frágil que se ha vuelto debido a la crisis climática, el océano no ha sido parte de las negociaciones internacionales sobre cambio climático. La COP25 dio los primeros lineamientos al respecto. Lo clave es que lo que se negocie esté orientado a proteger y conservar el océano, no a intensificar su uso como sumidero de carbono o como lugar para compensar las necesarias mitigaciones en tierra. Es indispensable que en Glasgow se den pasos decisivos para invertir en soluciones basadas en la naturaleza, asegurar la conservación del 30% del océano global a través de una red robusta de áreas marinas protegidas para 2030, detener la expansión de la exploración y producción de petróleo y gas natural en alta mar; y promover la participación de las comunidades de pescadores y comunidades costeras en la planeación, desarrollo e implementación de políticas relacionadas. Los países no deben utilizar medidas de mitigación en el océano como compensaciones de carbono para permitir más emisiones terrestres.   Cabe resaltar que todos estos avances deben tener a los derechos humanos como motor y pilar fundamental. Existe una relación inseparable entre el cambio climático y los derechos humanos. Así lo reconoce el Acuerdo de París, estableciendo que —al adoptar medidas para enfrentar el cambio climático— las Partes deben respetar, promover y tener en cuenta sus obligaciones relativas a los derechos humanos; especialmente aquellas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños y niñas, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables; así como el derecho al desarrollo, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. La justicia climática debe iluminar todas las decisiones que busquen frenar la crisis climática, en las COP y en cualquier otro escenario.  

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