América Latina


Selva amazónica en Perú

Hacia la reducción del metano: Hablemos de las emisiones no contabilizadas

Cada molécula de metano, un gas de efecto invernadero (GEI) y un contaminante climático de vida corta (CCVC), calienta el planeta 80 veces más que el CO2 en periodos de 20 años, además de dañar la calidad del aire y con ello la salud humana. Estas emisiones son la causa de alrededor del 30% del aumento de la temperatura actual, siendo el sector de los combustibles fósiles el responsable de casi un tercio de ellas.Sin embargo, más allá de los datos que sí conocemos, existe una preocupación creciente por las emisiones no contabilizadas de metano en el ciclo de producción y consumo del gas, el petróleo y el carbón. Estas responden a fugas, procesos indirectos, subestimaciones, venteos intencionales y de emergencia, entre otras cosas.No medir estas emisiones impide adoptar las acciones necesarias para reducirlas. En este webinar, de la mano de personas expertas, hablamos de las emisiones no contabilizadas de metano: ¿dónde están?, ¿por qué no se cuentan?, ¿qué alternativas tenemos para incluirlas y gestionarlas adecuadamente?Fue el sexto seminario web de la serie "Extractivismos y defensa territorial desde la ciencia", que busca profundizar en los impactos que las actividades extractivas de recursos minero-energéticos generan en comunidades y ecosistemas de nuestra región. PanelPatricia Rodríguez, Earthworks.Javier Dávalos, Climate Reality Project.Moderó: Patricia Rengel, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación   

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Pescadores en Bahía de Banderas, México
Derechos Humanos, Océanos

Reflexiones para la recuperación de los recursos pesqueros de América Latina

Por Juan Fernando Carrascal, Gisselle García y Bryslie Cifuentes* Los recursos pesqueros de América Latina y el Caribe están hoy en un escenario de sobreexplotación y de explotación a niveles máximos sostenibles de numerosas especies de interés comercial y de consumo comunitario.La situación es agravada por la falta de información adecuada para gestionar estos recursos, además de por la alta vulnerabilidad de las pesquerías artesanales a la crisis climática y a la competencia por el espacio con la pesca industrial y los desarrollos costa afuera (offshore).La emergencia climática tiene efectos drásticos y a largo plazo en las pesquerías de la región, afectando la distribución de las especies, los medios de vida de las comunidades pesqueras y la eficacia de las estrategias de manejo.Frente a este panorama, es fundamental gestionar y reducir la presión pesquera, protegiendo y restaurando los ecosistemas marino-costeros. El uso del derecho en general, particularmente el derecho pesquero internacional y nacional, permite el ordenamiento de la actividad pesquera. Brindando las condiciones para el aprovechamiento, manejo y conservación de las pesquerías e incluso para la restauración de especies y ecosistemas.   Situación de las pesquerías en América Latina y el CaribeA nivel global, cerca del 36 % de los stocks pesqueros está por encima de los niveles biológicamente sostenibles, algo que se refleja en las estimaciones regionales, donde la tendencia general de las pesquerías se enmarca en los niveles máximos de explotación o sobreexplotación.Los medios de vida de las comunidades costeras y pesqueras artesanales dependen de los recursos locales, lo que incrementa sus niveles de vulnerabilidad frente a la disminución de las capturas y la degradación de los hábitats.Algunos datos, detallados a continuación, evidencian el agotamiento de los recursos pesqueros del continente y/o la falta de información al respecto:En el Pacífico Sudeste, la anchoveta peruana, altamente sensible a eventos climáticos como El Niño, se encuentra explotada en su máximo sostenible o sobreexplotada.Meros y pargos están en su máximo nivel sostenible o sobreexplotados en varias partes de Centroamérica.En México, 735 especies de 83 pesquerías no están evaluadas; el Pacífico Central mexicano, el Golfo de Tehuantepec y el Banco de Campeche son regiones altamente deterioradas donde la mayoría de las pesquerías están sin posibilidad de expansión, totalmente explotadas o agotadas.En Brasil, los registros de la pesca artesanal son escasos e insuficientes. Pero registros más completos muestran que entre el 50 y 60 % del recurso pesquero nacional está sobreexplotado o colapsado con regiones como el sureste y el sur con el 29 y 32 % del recurso totalmente colapsado, respectivamente.En República Dominicana, los estudios de pesquerías han sido descriptivos o ausentes. Sin embargo, especies como el caracol rosado y la langosta espinosa están sobreexplotadas en todo el país; existe además un alarmante crecimiento del 90 % en las capturas por debajo de la talla legal autorizada.En Uruguay, recursos como el mejillón azul se encuentran totalmente explotados o en riesgo inminente de sobreexplotación. Además de la sobreexplotación, la situación crítica de las pesquerías de la región responde a la degradación y contaminación de hábitats marinos y costeros, a los impactos climáticos, así como a deficiencias en la gobernanza y a la falta de información detallada para una gestión sostenible. Impactos de la crisis climática en los recursos pesquerosEl incremento de la variabilidad del clima, las anomalías de la temperatura superficial del océano, el aumento del nivel del mar y la acidificación del océano —entre otros impactos de la crisis climática— afectan las pesquerías a gran escala y en el largo plazo.Eventos cada vez más intensos y duraderos como El Niño en el Pacífico o las tormentas tropicales y huracanes en el Caribe, afectan considerablemente las pesquerías artesanales, aumentando así su vulnerabilidad, reduciendo los días de pesca y los ingresos económicos, generando desempleo y la reubicación de las aldeas pesqueras.  Un claro ejemplo de estas afectaciones es el de la anchoveta peruana, uno de los recursos pesqueros más importantes a nivel mundial. Eventos intensos de El Niño, como el registrado en 1983-1984, tienen un fuerte efecto en sistemas como la corriente de Humboldt, crucial para el surgimiento de las aguas frías y nutritivas que la anchoveta necesita. Esto afecta no solo la distribución espacial del recurso, sino además las dinámicas ecológicas y biológicas de la especie.Asimismo, eventos cálidos de El Niño causaron mortalidades masivas de almeja del surf, especie que se encuentra principalmente en Perú y el norte de Chile. Además, el desplazamiento de la corriente de Brasil hacia el sur debido al calentamiento del océano y al incremento en la intensidad de los vientos ha desplazado especies de interés comercial como la gamba roja argentina.Por otro lado, el aumento de las anomalías de la temperatura superficial del océano ha ocasionado eventos de blanqueamiento masivo de corales a nivel mundial, dañando y matando cientos de kilómetros cuadrados de hábitat esencial para las especies de peces arrecifales y para el acceso al recurso pesquero de comunidades aledañas a estos ecosistemas.  Aunque los impactos negativos de la crisis climática son claros, la sobrepesca sigue siendo la amenaza principal para la mayoría de las pesquerías. Y los problemas de gobernanza y gestión pesquera han exacerbado los impactos climáticos, agravando la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras artesanales en la región. Estrategias para recuperar las pesquerías del continenteLa recuperación de los recursos pesqueros pasa por la gestión y reducción de la presión pesquera, incluyendo la protección y restauración de los ecosistemas marinos y costeros. Entre las estrategias encaminadas a lograr estos objetivos, muchas de ellas basadas en el uso del derecho, están las siguientes:Crear áreas marinas protegidas y zonas de no captura, restaurar hábitats, proteger fases críticas del ciclo de vida de las especies (como el desove), así como reclutar e identificar áreas de crianza como manglares y praderas de pastos marinos. Un ejemplo en alta mar de zona de no captura que por años se ha implementado bajo el régimen del derecho internacional es “El Corralito”, establecida por la Comisión Interamericana del Atún Tropical para reducir la presión pesquera de túnidos tropicales y las especies acompañantes.Como complemento al punto anterior, realizar evaluaciones de impacto ambiental integrales que consideren aspectos biológicos, sociales y económicos, fortalecerá el monitoreo de capturas, especialmente en el sector de la pesca artesanal.Hacer cumplir las obligaciones de los Estados para proteger el océano, lo que incluye la conservación de los recursos marinos y pesqueros. Los países miembros de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar deben asegurar los recursos marinos a través de medidas adecuadas de conservación que tomen en cuenta los datos científicos más fidedignos disponibles. Asimismo, los Estados ribereños y las organizaciones internacionales competentes (subregionales, regionales o mundiales), deben cooperar para la conservación y administración de estos recursos.  Frenar los incentivos a la sobreexplotación. Otro instrumento que surge a nivel internacional y que implica grandes beneficios para los Estados y su ordenamiento jurídico interno es el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio, vigente desde el pasado 15 de setiembre. Su objetivo es eliminar y prohibir las subvenciones pesqueras nocivas que contribuyen al agotamiento de los recursos marinos. Los países que lo aceptaron formalmente deben garantizar su implementación y no permitir subsidios para actividades de pesca que sean ilegales, no declaradas y no reglamentadas, así como impedir subsidios para pesca en alta mar cuando no haya regulación o gobernanza adecuada.  A nivel nacional, promover la gestión adaptativa, la participación de comunidades pesqueras en las decisiones y el uso de enfoques basados en derechos. Esto debe ir acompañado de instituciones sólidas que garanticen equidad, transparencia y sostenibilidad a largo plazo. También es necesario impulsar medios de vida alternativos; favorecer embarcaciones pequeñas y polivalentes; además de masificar el uso de subsidios no perjudiciales a la pesca, la reducción de la presión pesquera, la mejora de los ecosistemas, la optimización de la recopilación de datos y la implementación de marcos de gobernanza y gestión más robustos. Habiendo reconocido el deterioro de las poblaciones de interés pesquero en América Latina y el Caribe, así como la importancia de estos recursos para nuestra seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras, es momento de evaluar la eficacia de las medidas que se han adoptado e implementar las nuevas herramientas que provee el derecho internacional. Conoce más del tema en nuestra más reciente publicación* Juan Fernando Carrascal es científico becario de AIDA, Gisselle García es abogada del Programa de Clima y Bryslie Cifuentes es abogada de Océano. 

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Sesión Plenaria de los pueblos en la 30 Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático en Brasil

Termina la COP30 con algunos aciertos para seguir adelante

Con más de 25 horas de retraso, terminó la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30). La llamada "COP de la Amazonía", celebrada en la ciudad brasileña de Belém do Pará, deja desilusión por no haber cambiado el rumbo, pero también algunos avances para seguir empujando la acción climática. No fue un fracaso total: el multilateralismo sigue vigente, aunque aporreado.La COP30 estuvo marcada por la presencia de pueblos indígenas, sobre todo de la cuenca amazónica, que llenaron calles y eventos paralelos. Sin embargo, según reportes, solo una fracción de estas delegaciones accedió a las salas formales de negociación, mientras que un número desproporcionado de representantes de la industria de los combustibles fósiles sí participaron del evento oficial. Esta asimetría es reflejo de la salud democrática del régimen climático: en la COP de la Amazonía, la fuerza de pueblos indígenas y afrodescendientes se sintió en la calle, pero sus voces siguieron estando subrepresentadas de los espacios de toma de decisiones.A pocos días de iniciada la conferencia, se publicó el más reciente informe de síntesis de las contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas. Su mensaje fue quizás más agrio que dulce, pero dejó un punto rescatable: aunque la brecha para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C sigue siendo enorme y compleja, el informe confirma que el Acuerdo de París sí ha contribuido a encauzar el desafío. Hoy estamos mejor que en un escenario sin acuerdo: se han frenado las proyecciones de crecimiento de emisiones, aunque no lo suficiente.A estas alturas, está claro que las COP no van a “salvar el mundo”, pero tampoco parece posible que salgamos de esta crisis sin la plataforma de cooperación que ofrecen. Desde ahí, vale la pena preguntarse qué nos deja la COP30. El acuerdo aprobado: Global de MutirãoLa palabra "Mutirão" hace referencia al espíritu de colaboración, cuerpo y alma que Brasil quiso traer al proceso de negociación internacional de esta COP.El acuerdo aprobado habla de mantener viva la meta de no superar los 1.5°C en la temperatura del planeta, reconociendo que el tiempo se agota. Para ello propone dos mecanismos voluntarios liderados por la presidencia, que por ahora parecen declaraciones de buena intención que herramientas con dientes: un "acelerador global de implementación" y la "misión de Belém al 1.5°C".  En cuanto a financiamiento, el texto establece un programa de dos años de trabajo sobre el Artículo 9.1 del Acuerdo de París, referido a los recursos públicos que los países desarrollados deben proveer, entendiéndose en el contexto del Artículo 9 en su totalidad. Se incluyó una nota al pie para dejar claro que esto no prejuzga la implementación de la nueva meta global. El riesgo que advierten las organizaciones de la sociedad civil es que esta formulación siga diluyendo las obligaciones específicas de los países desarrollados bajo la narrativa de "todas las fuentes de financiamiento", sin reglas claras sobre quién debe poner realmente los recursos y en qué condiciones. El valor real de todo esto aún está por verse en la práctica. Lo ganado: un nuevo mecanismo para la transición justaUn avance importante de la COP30 fue la adopción del Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés), un nuevo arreglo institucional bajo el Programa de Trabajo sobre Transición Justa. Fue la principal bandera de la sociedad civil organizada.Se trata de un hub para centralizar y articular iniciativas de transición justa alrededor del mundo, brindando asistencia técnica y cooperación internacional para que la transición no repita los errores de la era de los fósiles.El texto incorpora buena parte de los principios que empujó la sociedad civil latinoamericana —incluyendo de derechos humanos, ambientales y laborales; el consentimiento previo, libre e informado; y la integración de grupos marginados— como pieza clave para lograr acción climática ambiciosa.Aun con brechas en salvaguardas y en la definición de su gobernanza, el BAM es un avance concreto de esta COP en materia de justicia climática. Es un punto de partida para discutir no solo que haya transición, sino cómo y con qué reglas se hace para evitar que se replique la lógica de los fósiles. Su diseño y puesta en marcha concreta se debatirán en las próximas COP: ahí será clave que la región llegue con propuestas sólidas y en bloque. Terminar con los fósiles y la deforestación: dos "casi" que nos ponen en otro peldañoUn acuerdo para dejar atrás los combustibles fósiles y la deforestación —atendiendo de frente y sin más rodeos las causas principales de la crisis climática— "casi" queda en la decisión final.Más de 80 países del norte y del sur pedían una hoja de ruta para salir del petróleo, el gas y el carbón. Y más de 90 apoyaron la idea de otra para detener y revertir la deforestación hacia 2030. Aunque las solicitudes lograron entrar en borradores de la decisión de cierre de la conferencia, desaparecieron del texto final tras la resistencia de los grandes productores fósiles.Aun así, no nos vamos con las manos vacías: Brasil, a cargo de la Presidencia de la COP30, anunció que impulsará dichas hojas de ruta, aunque fuera del régimen formal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para el caso de la salida de los fósiles, Colombia se comprometió a coorganizar, junto con los Países Bajos, la primera conferencia global sobre el tema en abril de 2026.Si bien no quedó establecido dentro de las negociaciones oficiales, vale la pena celebrar que por primera vez un grupo tan amplio de países unió fuerzas para conseguirlo. Estos dos "casi" importan: nos dejan en un nuevo piso político y jurídico para las siguientes rondas. Dos herramientas para avanzar con la adaptaciónLa COP30 dejó herramientas para que las negociaciones sobre adaptación sigan adelante.La decisión de Mutirão llama a triplicar la financiación colectiva de adaptación hacia 2035, ligada a los USD 300 mil millones anuales acordados en la nueva meta global. Es menos de lo que pedían los países más pobres (triplicar para 2030, con cifra explícita), sin claridad ni garantía del rol de los países desarrollados, pero es un ancla política que aprovechar.Al mismo tiempo, se adoptó un primer paquete de 59 indicadores para el Objetivo Global de Adaptación (GGA). Varios países africanos y personas expertas los calificaron de "poco claros, imposibles de medir y en muchos casos inutilizables" porque sacrifican precisión y anclaje en las realidades de las comunidades a cambio de destrabar el acuerdo. En respuesta, el texto incluyó la "Visión Belém–Addis", una ventana de dos años para corregir fallas y hacer que el marco sea operativo de aquí a 2027.En resumen, tenemos más promesas de dinero y un marco de indicadores más débil de lo necesario, pero también un proceso donde la región podrá seguir empujando por un GGA útil y un financiamiento de adaptación justo y suficiente. Pérdidas y daños: lento y ni tan seguroEl avance en este tema ha sido desesperantemente lento frente a la urgencia. En la COP30 se acordó por fin la tercera revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia. El resultado es frustrante pues las discusiones han durado una década mientras las comunidades ya están pagando el costo del calentamiento.Por otro lado, el Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños, creado hace dos años, lanzó su primer llamado a solicitudes, con un paquete inicial de USD 250 millones en subvenciones para los próximos seis meses. El Fondo cuenta con 790 millones prometidos, pero solo 397 efectivamente depositados, una brecha enorme ante las necesidades estimadas en cientos de miles de millones anuales para países en desarrollo.La esperada presión política para que los países desarrollados aumentaran sus aportes quedó muy diluida en el texto final, aunque al menos se logró vincular al Fondo con la nueva meta global de financiamiento acordada en la COP29. Un nuevo Plan de Acción de GéneroLa COP30 terminó con la adopción de un nuevo Plan de Acción de Género bajo el Programa de Lima renovado. El Plan tiene cinco áreas prioritarias: fortalecimiento de capacidades y conocimiento; participación y liderazgo de las mujeres; coherencia entre procesos; implementación y medios de implementación con enfoque de género; monitoreo y reporte. Además, da una hoja de ruta para que la acción climática sea realmente sensible al género, con indicadores para medir progresos. Metano: un supercontaminante aún sin el protagonismo que exige la ciencia    En la COP30, los contaminantes climáticos de vida corta, particularmente el metano, ocuparon un espacio relevante gracias a un pabellón exclusivo donde hubo conversaciones con diversos actores regionales y globales. Además, se presentó el Global Methane Status Report 2025, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Coalición por el Clima y el Aire Limpio. El informe señala avances "significativos" desde el lanzamiento del Global Methane Pledge en 2021. Sin embargo, advierte que el progreso actual aún está lejos de la meta de reducir un 30 % las emisiones de metano al 2030.En las negociaciones oficiales, aunque el borrador del Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme incluía una referencia explícita a la necesidad de mitigar metano mediante una adecuada gestión de residuos, esa mención fue eliminada del texto final, quedando únicamente un llamado general a mejorar la gestión de residuos y restando protagonismo a la urgencia de reducir emisiones de un contaminante cuya mitigación es esencial para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Aun así, durante la COP30 se lanzó la iniciativa global “No Organic Waste (NOW) Plan to Accelerate Solutions”, que busca reducir en 30 % las emisiones de metano provenientes de residuos orgánicos para 2030.En general, esta COP dejó pasar una oportunidad clave para cumplir con su objetivo. Si realmente queremos mantenernos en la senda del Acuerdo de París, debemos tratar al metano como lo que es: una oportunidad decisiva que todavía no estamos aprovechando. ¿Cómo cerramos la COP30 y nos preparamos para la siguiente?La COP31 se llevará a cabo en Turquía, bajo la presidencia de Australia. Y, más allá de las carencias que dejó la COP30, hay al menos cuatro cosas que defender y en las que avanzar: La normalización del debate sobre la salida de los fósiles, con más de 80 países pidiendo abiertamente una ruta y Colombia–Países Bajos llevando esa conversación a una conferencia específica en 2026.Una agenda forestal que, aunque quedó fuera del texto, deja la promesa de una hoja de ruta de Brasil y el respaldo explícito de un grupo amplio de países.Un avance pequeño pero real en adaptación con la decisión de triplicar la financiación y un primer conjunto de indicadores que, aunque débiles, dan algo desde donde empujar mejoras.La creación de un nuevo mecanismo para la transición justa, que puede definir cómo se hace la transición, unificando y potenciando esfuerzos que favorezcan y protejan a personas trabajadoras, comunidades y pueblos indígenas. 

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Flamencos en la Laguna Colorada, Bolivia

“Choose Europe”: Priorizando minerales, no derechos

Finalizó la Semana de las Materias Primas en Bruselas, Bélgica, el evento organizado anualmente por la Comisión Europea para debatir cómo garantizar el acceso "sostenible y seguro" a materias primas en y para Europa, con el fin de fortalecer alianzas internacionales que permitan cumplir sus objetivos de defensa, digitalización y seguridad.La Comisión Europea destacó que Europa es altamente dependiente de las importaciones de minerales de América Latina, lo que profundiza las presiones históricas sobre la región y la consecuente necesidad de mayores medidas de protección socioambientales. Sin embargo, desde la Alianza por los Humedales Andinos sostenemos que los debates de la semana mostraron un enfoque cada vez más desconectado de los derechos humanos, de las voces comunitarias y de la crisis socioambiental global.Este desplazamiento de prioridades se inscribe en un giro político marcado por tensiones geopolíticas en torno al acceso a minerales "críticos" y nuevas fuentes de energía, y por el avance de fuerzas conservadoras y del autoritarismo. Se advierte una  tendencia dentro de la Unión Europea (UE) a la privatización de los estándares de derechos humanos y ambientales, así como al debilitamiento de las garantías sociales y ambientales a través de procesos de desregulación. Ejemplo de ello es el debate sobre la flexibilización a la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en Sostenibilidad (CSDDD por sus siglas en inglés).La narrativa dominante esta semana estuvo atravesada por conceptos como "competitividad" y "defensa" como los ejes articuladores de las políticas europeas. En el marco de una competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, Europa busca minimizar la dependencia de su histórico aliado occidental bajo el lema "Choose Europe",  como se tituló esta edición. De esta forma, la Comisión Europea insistió en promover el acceso a minerales desde una lógica centrada en la seguridad de sus cadenas de suministro sin analizar sus políticas a la luz de los límites planetarios ni de los derechos de las personas. Esta lógica contradice los compromisos con la transición energética que originalmente motivaron las discusiones sobre "minerales críticos". Hoy nos preguntamos, en qué medida el costo de "elegir Europa" lo seguirán pagando las comunidades locales de América Latina y de otras regiones periféricas europeas afectadas por la expansión minera.Esta ha sido la edición en la que menos se ha debatido sobre la necesidad de integrar los derechos humanos en las políticas europeas sobre minerales. En efecto, las acreditaciones para el acceso al evento oficial fueron limitadas y en la agenda oficial de este foro no hubo un espacio donde comunidades y sociedad civil del sur global pudieran expresar sus perspectivas en relación a las cadenas de valor de minerales como el litio, e incidir en los debates que orientarán el rumbo de las decisiones que les afectan. Por el contrario, predominaron las conversaciones sobre las oportunidades de inversión para empresas y gobiernos.Desde la Alianza por los Humedales Andinos evidenciamos que la ampliación de la frontera extractiva contradice los compromisos en materia de clima y biodiversidad que la UE ha suscrito y amenaza con profundizar las asimetrías entre ambas regiones. Por eso, reafirmamos nuestro posicionamiento sobre la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas de materias primas de la UE para que sean inclusivas, transparentes y sostenibles, asegurando la participación de las comunidades y organizaciones que se encuentran en la frontera extractiva de los minerales de transición. Asimismo, en el contexto de la policrisis ecológica y democrática, insistimos en la necesidad de que la UE establezca metas concretas para reducir efectivamente la demanda de minerales y refuerce el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y ambientales.Kit de prensaContactos de prensaVíctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801Juan Francisco Donoso, Formando Rutas, [email protected], +4915780743628 

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Inauguración de la Conferencia de la ONU sobre cambio climático en la Amazonía brasileña

La recta final de la COP30: Sombras, contradicciones y algunas luces

Terminó la primera semana y arrancó la fase política en la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en Belém do Pará, Brasil. Comenzaron los días en que deben tomarse decisiones.  Desde 2021 la COP no se celebraba en un país donde protestar es posible. Y los pueblos lo han hecho valer. El sábado, la manifestación fue masiva: miles de personas exigieron justicia climática en las calles, al ritmo de tambores amazónicos. También hubo un "funeral para los combustibles fósiles", al estilo de Tim Burton, con monstruos y viudas tétricas despidiéndose de una era que bien vale la pena enterrar. Pero no todo ha sido carnaval. Representantes de pueblos indígenas bloquearon la entrada del evento en varias ocasiones e incluso irrumpieron en masa en la zona azul, de acceso restringido, denunciando la explotación de sus territorios. El descontento es total. Aunque las autoridades de la COP recibieron al grupo, pero poco después enviaron una carta al gobierno brasileño solicitando reforzar la seguridad y dispersar manifestaciones. Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas advirtieron sobre el peligro de criminalizar la protesta y el mensaje que ello envía acerca del rol de los pueblos indígenas.Estas manifestaciones son la expresión de comunidades que terminaron siendo minoría en un evento que prometió ser inclusivo. Además, hubo muchas críticas por la cantidad desproporcionada de representantes de la industria de los combustibles fósiles presentes en las negociaciones. Todo lo anterior hace más complejo lograr justicia climática.Finalmente, las opiniones consultivas (OC) no podrían quedar fuera de este recuento. Aunque no son un elemento formal de la agenda, dejaron huella. Su mensaje central es potente: la cooperación internacional no es voluntaria, es una obligación jurídica. No es extraño entonces que el tema aparezca una y otra vez en eventos específicos, menciones constantes de la sociedad civil y de algunas delegaciones de países, así como en referencias cruzadas en debates sobre financiamiento, adaptación y transición. Más que citar las OC, se las ha hecho valer: se mantiene el impulso para que alcancen su mayor potencial en esta COP y en lo que sigue. Negociaciones: los cuatro temas en "consultas presidenciales"La Presidencia de la COP inició las negociaciones expeditamente mediante una novedosa táctica: para adoptar la agenda sin contratiempos, dejó fuera y envió a “consultas presidenciales” cuatro temas complejos: Artículo 9.1 sobre financiamiento público de países desarrollados: se discute si el este financiamiento incluirá solo fondos públicos o también privados, además de la rendición de cuentas de estos fondos y cómo serán reportados. Los países más ricos —que están obligados a proveer— oponen resistencia, mientras que los países vulnerables lo necesitan para sobrevivir la crisis.Medidas unilaterales de comercio vinculadas al clima: son aquellas que los países pueden imponer en relación con su política climática (impuestos al carbono, por ejemplo). Son consideradas injustas o proteccionistas, sobre todo por los países del sur global con menor capacidad de reducir emisiones. Las negociaciones buscan evitar que sean barreras comerciales arbitrarias.  Las NDC y el nivel de ambición: según el último reporte de síntesis, hay una brecha entre los compromisos de los países y lo que se necesita para mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 °C. Para muchas personas negociadoras, es clave acordar medidas concretas para reducir la brecha, pero los países que más emiten se resisten.Síntesis de los reportes de transparencia climática: el Acuerdo de París incluye un Marco de Transparencia Reforzado que obliga a que los países reporten periódicamente sus emisiones, esfuerzos de acción climática y el apoyo que dan o reciben, entre otros temas. En la COP30 se discute específicamente cómo hacer los reportes de síntesis más rigurosos y útiles.  Las consultas han sido tensas y avanzan lentamente. El domingo, la Presidencia difundió una "nota de resumen" con posibles salidas y hoy se publicó un borrador de decisión sobre la que aún no hay reacciones. Lo que sigue son más reuniones cerradas que podrían llevar a diferentes desenlaces. Con el borrador, parece cada vez más plausible que la COP termine con una "decisión de mutirao (cover decision)", que resuma todos los avances y aborde los temas complejos. Su alcance dependerá de los cuatro días que faltan. Transición energética justa y la promesa de un mecanismo adecuadoEl Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa es un nuevo arreglo institucional bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) impulsado por ONG y países del sur global. Su objetivo es ordenar el tema de transición justa que hoy reúne esfuerzos fragmentados. El mecanismo coordinaría iniciativas, sistematizaría conocimiento y apoyaría con financiamiento de calidad y asistencia, siendo una especie de evolución del Programa de Trabajo de Transición Justa que se discute desde la COP27.La sociedad civil, liderada por Climate Action Network (CAN), ha puesto muchísimo esfuerzo en lograr una decisión que se comprometa con crear este mecanismo. El G77+China, el grupo más grande de negociación en la COP y que agrupa a la mayoría de los países en desarrollo, mostró su apoyo a una iniciativa de este tipo, lo que le valió recibir por primera vez el "Ray of Light", premio de CAN que reconoce a quienes realizan un trabajo en favor de la justicia climática. Otros países desarrollados presentaron una propuesta propia, menos ambiciosa, pero que confirma que estamos más cerca de un punto de encuentro. La sociedad civil está optimista con lograr un resultado concreto y sabrá celebrarlo.  Una ruta para dejar fuera de los combustibles fósilesTodo empezó en 2023, en la COP28 de Dubai, cuando apareció por primera vez en un texto de la COP el llamado a esta transición.Ahora, al inaugurar la COP30, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se refirió explícitamente a una ruta para la transición, mientras que Marina Silva, Ministra de Medio Ambiente, supo aprovechar el impulso. En paralelo, Colombia lanzó una declaración al respecto que, entre otras cosas, menciona las OC, y con la que busca apoyo. También algunos países industrializados retomaron compromisos en el marco de la Beyond Oil and Gas Alliance.Actualmente, son 63 países los que apoyan el compromiso denominado "Transition Away from Fossil fuels". El tema no se negocia formalmente porque hay iniciativas diferentes y esfuerzos paralelos. Podría emerger un plan de acción al respecto, un apartado en la decisión final, o quizás termine siendo "una hoja de ruta para elaborar una hoja de ruta". También podría quedarse en coaliciones voluntarias de Estados comprometidos con seguir empujando la idea.  Finanzas climáticas: siempre presentes, siempre complejasEl debate financiero avanza en múltiples frentes, todos interconectados:Artículo 9.1: los países en desarrollo reiteran que las obligaciones de financiamiento público de los países desarrollados son vinculantes y no pueden reemplazarse con inversión privada. De los temas en consulta presidencial, este ha sido probablemente el más contencioso.Adaptación: crece el consenso en torno a la necesidad de triplicar la meta de financiamiento (hasta USD 120 mil millones anuales) y fortalecer la transparencia y el acceso directo.Hoja de ruta Baku–Belém: busca escalar la financiación climática global a USD 1,3 billones anuales hacia 2035, combinando recursos públicos, multilaterales y privados.Fondo para Pérdidas y Daños: está operativo, pero no capitalizado, con nuevos aportes menores (como los de España y Alemania) aun insuficientes.Tropical Forests Forever Facility: presentado por Brasil como un modelo innovador de inversión para países con bosques tropicales, pero cuestionado por la sociedad civil por su naturaleza de mercado, su dependencia de inversiones volátiles y la falta de garantías para comunidades locales. Ha recibido menos atención de la esperada. Adaptación: avances parciales y el fantasma del dineroLas discusiones se concentran en dos frentes: Indicadores del Objetivo Global de Adaptación: A 10 años de la adopción del Acuerdo de París, aún no se acordó una forma de medir el progreso del objetivo. El programa de trabajo que busca desarrollar los indicadores logró reducir cerca de 9.000 propuestas a unos 100 indicadores que supuestamente serían adoptados en la COP30. Pero persisten dilemas técnicos y políticos. Varios países africanos y árabes han pedido retrasar el cierre total hasta tener medios financieros y capacidades. La narrativa dominante es “no hay indicadores sin dinero”: nadie quiere repetir la historia de metas sin implementación.Financiamiento para la adaptación: no es parte del objetivo global, pero se vincula directamente pues sin financiamiento los indicadores no servirán de mucho. Tras acordarse nueva meta global de financiamiento climático en la COP29, ahora se discute la hoja de ruta y cómo vincular los indicadores del objetivo con los medios de implementación (finanzas, tecnología, creación de capacidades). La brecha es notoria y las diferencias sobre qué contar y cómo (el rol del financiamiento privado, el seguimiento de presupuestos nacionales vs. flujos internacionales, etc.) han dominado los debates. 

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Sede de la COP30 sobre cambio climático en Brasil

¿Qué esperamos de la COP30? 5 claves para las negociaciones climáticas en Brasil

La 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), mejor conocida como COP30, empieza hoy en la ciudad brasileña de Belém do Pará. Como siempre, las expectativas son altas: en estas negociaciones se juega buena parte de la respuesta global frente a la crisis climática.Pero esta COP no es como las anteriores. Con las reglas del Acuerdo de París por fin zanjadas, el llamado ahora es a su implementación: es momento de comprobar si el acuerdo funciona en la práctica. Y el timing es simbólico: la COP30 coincide con el décimo aniversario de la adopción del Acuerdo de París, mediante el cual los países se comprometieron a limitar el calentamiento del planeta muy por debajo de 2°C, idealmente hasta 1,5°C, en comparación con los niveles preindustriales.La sede también evoca. La conferencia tendrá lugar en plena Amazonía brasileña. Esperemos que este detalle no sea solo simbólico y que las negociaciones conecten realmente con el territorio, con los pueblos indígenas y comunidades tradicionales de la selva para poner la protección de la naturaleza, los derechos humanos y la justicia climática en el centro de cada decisión. Tiempos de contrasteLa COP30 transcurrirá en un escenario mundial muy desafiante. La crisis climática se agrava y el multilateralismo, necesario para hacerle frente, está golpeado. Hay guerras que devastan territorios, desvían recursos y atención, mientras algunos de los países más emisores siguen sin responder a su responsabilidad histórica. El más grande de todos le ha dado la espalda al resto del mundo.Sin embargo, hay razones para seguir empujando. Mientras los países continúen sentándose a negociar, hay una cancha donde se está jugando el futuro del planeta que no podemos abandonar.A esto se suman las recientes opiniones consultivas sobre la emergencia climática emitidas por los principales tribunales internacionales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Internacional de Justicia. Estas opiniones no inventan nuevas obligaciones, sino que reconocen e interpretan obligaciones de derecho internacional que siempre han existido y que se fundamentan en la dignidad humana y la integridad de la naturaleza.El mensaje no podría ser más claro: los Estados tienen el deber legal de proteger a las personas y a la naturaleza frente a la crisis climática, de regular al sector privado, de colaborar con otros países y de actuar conforme a la ciencia para lograrlo. Estas obligaciones trascienden al gobierno de turno y alcanzan a todos los Estados, sin importar si hacen parte de tal o cual acuerdo internacional. La COP30 es un escenario clave donde poner en práctica estos estándares.Con este panorama, desde AIDA y de cerca con nuestras alianzas, resumimos nuestras expectativas para la COP30 en cinco claves: Clave 1: Una nueva ronda de NDC que nos encause en los 1,5°CLas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) son los planes climáticos que cada país debe presentar bajo el Acuerdo de París.Este año todos los países deben actualizarlas, pero hasta septiembre solo 64 lo habían hecho, cubriendo apenas cerca del 30 % de las emisiones globales, según el informe de síntesis publicado por la CMNUCC, donde se advierte además que estamos muy lejos de la meta de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5°C. Por eso la COP30 debe consolidar:NDC nuevas y actualizadas en todos los países.Más ambición para mitigación, con metas claras y verificables para reducir emisiones.Señales claras hacia la eliminación de los combustibles fósiles.Planes de transición justa participativos y creíbles, con metas a corto plazo y verificables.Sin estos elementos, no podemos hablar de implementación del Acuerdo de París. Clave 2: Adaptación con estándares y recursosLa crisis climática ya está aquí, golpeando más fuerte a quienes menos contribuyeron a causarla. En Belém se debe avanzar en la implementación de la Meta Global de Adaptación acordada en la COP28 de Dubái. Ello requiere:Definir indicadores claros de adaptación y un sistema de seguimiento robusto.Evaluar y acelerar los Planes Nacionales de Adaptación.Cerrar la brecha de financiamiento para adaptación, conectando compromisos políticos con recursos reales para el sur global. Clave 3: Financiamiento climático suficiente, justo, accesible y sin deudaEn la COP29 se acordó una nueva meta global de financiamiento climático y la Ruta Bakú-Belém que apunta a movilizar recursos necesarios para cumplir las NDC y los planes de adaptación. Esto incluyó triplicar la meta previa hasta 300 mil millones de dólares anuales hacia 2035 y trabajar para movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales hacia ese año.El Fondo de Pérdidas y Daños, creado en la COP27, ya existe en papel, pero su implementación y capitalización siguen pendientes.Entonces, ¿qué esperamos en temas de financiamiento?Compromisos claros de los países desarrollados para aportar recursos nuevos, adicionales y que no generen deuda.Transparencia y rendición de cuentas en la provisión de financiamiento.Un Fondo de Pérdidas y Daños operativo, con suficiente capital, reglas claras y acceso directo, simple y sin condicionalidades regresivas para comunidades y gobiernos locales.Sin financiamiento suficiente y justo, la implementación seguirá siendo una promesa vacía. Clave 4: Transición justa con mandatos realesDurante la COP27 se estableció el Programa de Trabajo sobre Transición Justa para responder a una pregunta básica: ¿cómo asegurar que la acción climática transforme las estructuras de desigualdad en vez de profundizarlas? Sin embargo, los esfuerzos han sido fragmentados e insuficientes.En este contexto surgió la propuesta del Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa, un nuevo mecanismo global y multilateral pensado para ordenar y potenciar las iniciativas de transición justa que hoy están dispersas. La COP30 debe ver el nacimiento de un mecanismo que logre:Coordinar iniciativas y evitar duplicación de esfuerzos.Ser un hub de conocimiento y apoyo técnico accesible.Conectar proyectos con financiamiento no oneroso, priorizando al sur global.Para que esto se cumpla, es clave que el mecanismo venga con mandatos claros, recursos y control social. Clave 5: Participación social en el centroNinguna de estas expectativas se cumplirá sin participación.Para que la COP30 realmente marque una nueva era en la acción climática necesitamos el protagonismo real de pueblos indígenas, comunidades locales, juventudes y movimientos sociales, en el corazón de las negociaciones y acuerdos.La COP de la implementación solo tendrá sentido si implementa justicia climática. 

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Complejo Metalúrgico de La Oroya en Perú

Cuando las ciencias están al servicio de la justicia ambiental

Por David Cañas y Mayela Sánchez* La ciencia o más bien las ciencias son el conjunto de sistemas de conocimientos que diferentes grupos sociales han desarrollado a lo largo de la historia para describir los fenómenos de la naturaleza y de las sociedades. Gracias a ellas se han encontrado soluciones a problemas que la humanidad ha enfrentado y hoy, más que nunca, deben responder a crisis globales como la climática, la de contaminación y la de pérdida de biodiversidad.Comprender los procesos ecosistémicos es fundamental para la protección del ambiente y para brindar sustento comprobable y replicable a los fenómenos de la naturaleza y a los impactos de actividades humanas sobre ella. Permite además desarrollar soluciones creativas para su protección y recuperación.  Para que las ciencias aporten a la justicia ambiental —concepto enfocado en garantizar que todas las personas disfruten de un ambiente sano— es necesario que el trabajo científico esté en contacto con la realidad de las personas y comunidades afectadas por la degradación ambiental, que habitan o dependen de ecosistemas vulnerables a daños ambientales; que se construya desde la empatía y el respeto por otros saberes; y que busque reducir las asimetrías sociales.En AIDA, las ciencias son un elemento clave de nuestro trabajo pues respaldan y complementan los litigios estratégicos que desarrollamos para proteger el ambiente sano en América Latina. Es a través y gracias a las ciencias que podemos demostrar los impactos al ambiente causados por actividades humanas y exigir rendición de cuentas a quienes resulten responsables. ¿Cómo hacemos ciencia en AIDA?El equipo científico de AIDA es un grupo multidisciplinario de profesionales que se especializan en distintas áreas del conocimiento, entre ellas la geografía, geología, biología, biología marina, oceanografía, antropología y economía.Entre otras cosas, recaban y construyen evidencia científica para fortalecer los argumentos legales de los casos que acompañamos en nuestras distintas líneas de trabajo, que van desde protección del océano y otros ecosistemas clave hasta la defensa de derechos humanos como la salud o el acceso a fuentes de agua potable.El uso estratégico de las ciencias ha estado presente desde que AIDA nació como organización ambiental, hace más de 25 años, con el caso de La Oroya en Perú, donde un grupo de residentes demandó al Estado por la falta de protección frente a décadas de contaminación con metales pesados proveniente de un complejo metalúrgico. Analizamos los reportes de emisiones atmosféricas de la empresa a cargo del complejo, reportes de la calidad del aire en la zona y la capacidad de las estaciones de monitoreo atmosférico cercanas, entre otros datos. Hicimos lo que no se había hecho: conectar los estudios existentes con la realidad de La Oroya. Con ello comprendimos la relevancia del caso y pudimos demostrar el vínculo entre la contaminación y los impactos en la salud de los habitantes de la ciudad. Nuestro análisis, compilado en el informe La Oroya No Espera, sirvió para construir el caso legal y para formular propuestas al Estado peruano de medidas correctivas y preventivas para atender el problema.En 2024, en una decisión que marcó un precedente histórico para la fiscalización de la contaminación industrial por parte de los Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humano estableció la responsabilidad del Estado peruano y le ordenó adoptar medidas de reparación integral.Entre los aportes recientes del equipo científico está el análisis geoespacial del Salar del Hombre Muerto, en las provincias argentinas de Catamarca y Salta, para documentar con base en mapas e imágenes satelitales la pérdida de agua en este ecosistema a causa de la minería de litio.Otro ejemplo es el peritaje sobre la contaminación por residuos sólidos en afluentes del río Motagua, en Guatemala, en el que hicimos un registro y caracterización de vertederos ilegales a orillas del río Chinautla. Este trabajo ayudó a que las comunidades afectadas reunieran las pruebas necesarias para el litigio que presentaron contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación en ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de residuos sólidos. La ciencia como un derecho  Cuando las ciencias están al servicio de la justicia social y ambiental, sus beneficios llegan a todas las personas. Este propósito fue recientemente reivindicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 32, en la que reconoce el “derecho a la ciencia” como la posibilidad de todas las personas de disfrutar de los beneficios que resulten de progresos científicos y tecnológicos; así como de tener oportunidades de contribuir a la actividad científica sin discriminación.Además, la Corte reconoció los saberes indígenas, tradicionales y locales como otras formas de conocimiento a la par del científico. Es un reconocimiento de cómo el conocimiento profundo que pueblos indígenas y comunidades locales tienen de su entorno, su cosmovisión basada en el respeto y la interdependencia y su relación espiritual con la naturaleza, han sido fundamentales para la conservación de los ecosistemas.Como organización que utiliza las ciencias como herramienta para la protección del ambiente, creemos en una ciencia que comparta estos principios, es decir una ciencia construida a partir del diálogo de distintas formas de conocimiento, cuyos beneficios sean para todas las personas y que sirva para avanzar hacia la transformación socioecológica que el planeta necesita con urgencia.  *David Cañas es el director interino de Ciencias de AIDA; Mayela Sánchez es nuestra especialista en comunidad digital. 

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A toolkit for using Advisory Opinion 32/25 in climate justice work

Un kit de herramientas prácticas para usar la Opinión Consultiva 32 de la Corte IDH en el trabajo por la justicia climática

 CONSULTA Y DESGARGA EL KIT DE HERRAMIENTAS La crisis climática ya está afectando a personas y comunidades de toda América Latina y el Caribe, dañando hogares, medios de vida, ecosistemas y el derecho fundamental a un ambiente sano.  La Opinión Consultiva 32 (OC 32/25) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es la primera de su tipo en determinar que tanto Estados como actores no estatales, entre ellos empresas, tienen obligaciones claras y vinculantes, derivadas del derecho internacional, para abordar las causas y consecuencias de la crisis climática como un asunto de derechos humanos.Este pronunciamiento histórico, hecho pública el 3 de julio de 2025, brinda a personas defensoras del ambiente y los derechos humanos una nueva y poderosa herramienta para exigir acciones y justicia.Pero ¿cómo usar este dictamen para la protección efectiva de personas, comunidades y ecosistemas frente a la emergencia climática?Pero ¿cómo aplicar hoy esta decisión en casos reales, campañas, litigios y políticas? Un kit de herramientas jurídicas por la justicia climáticaPara ayudar a responder esa pregunta, más de 20 personas expertas y organizaciones ambientales, de derechos humanos y académicas —entre ellas AIDA— elaboraron una publicación que analiza la decisión histórica de la Corte IDH, con énfasis en sus aplicaciones prácticas.La publicación —Justicia Climática y Derechos Humanos: Estándares y Herramientas Jurídicas de la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— contiene 14 escritos, organizados en cuatro secciones clave:Conocimiento y Derechos Esenciales;Obligaciones Estatales y Corporativas;Derechos de Personas y Grupos Afectados; yDemocracia Ambiental y Reparaciones. Cada escrito contiene:Contexto y antecedentes para situar el tema.Un análisis jurídico claro de las principales contribuciones de la Corte.Una revisión crítica de cómo estos estándares pueden ser aplicados en la práctica.Identificación de oportunidades para el litigio y la incidencia, así como de las lagunas por llenar. Todo el contenido fue sometido a una rigurosa revisión por pares para garantizar su precisión y coherencia. ¿Por qué esto es importante ahora?Con la OC-32/25, las personas defensoras y las comunidades de toda la región cuentan ahora con:Fundamentos más sólidos para los litigios, al incorporar estándares de derechos humanos en casos relacionados con el clima.Apoyo legal para la rendición de cuentas empresarial, al aclarar las obligaciones de las empresas para prevenir y remediar daños.Argumentos para ampliar la protección de las personas más afectadas: niños, niñas, mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas defensoras del ambiente.Herramientas políticas para exigir acciones climáticas nacionales alineadas con la protección de los derechos humanos. En una región que enfrenta riesgos climáticos desproporcionados, esta decisión transfiere el poder a las comunidades y movimientos que buscan justicia. ¿Qué puedes hacer con este kit de herramientas?Esta publicación es una herramienta para facilitar la comprensión de la decisión de la Corte y promover —con base en ella— acciones jurídicas y políticas concretas para proteger a comunidades y ecosistemas frente a la emergencia climática.Está dirigida a personas, comunidades, organizaciones y redes que trabajan en temas de crisis climática y derechos humanos, a quienes brinda estándares y recomendaciones prácticas para fortalecer sus estrategias y esfuerzos de litigio e incidencia.En resumen, está diseñada para ayudarte a incorporar argumentos jurídicos sólidos en tu trabajo, incluyendo:Diseñar medidas de protección urgentes para las comunidades más vulnerables.Fortalecer las campañas de incidencia con respaldo jurídico.Nutrir la legislación climática y los debates sobre políticas públicas.Apoyar las demandas de las comunidades en materia de adaptación y resiliencia.Integrar estándares de derechos humanos en los litigios estratégicos. Ya seas abogado/a, miembro de una organización, líder o lideresa de tu comunidad o responsable de políticas públicas, este conjunto de herramientas puede ayudarte a convertir los estándares jurídicos en una protección y rendición de cuentas reales. Un llamado a la acciónAmérica Latina es la región que menos responsabilidad tiene en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero esta entre las más afectadas por los daños climáticos. La OC-32/25 abre un nuevo capítulo: uno en el que la defensa de los derechos humanos es también la defensa de nuestro clima.Ahora es el momento de utilizar esta decisión para impulsar la justicia en toda la región.Juntos/as, podemos convertir este hito jurídico en protecciones tangibles para las personas y los ecosistemas que más las necesitan. CONSULTA Y DESGARGA EL KIT DE HERRAMIENTAS 

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Volcán Cotopaxi en Ecuador

Comprendiendo la desfosilización y sus impactos en América Latina

El mundo apuesta su presente y futuro a una transición energética que busca cambiar las fuentes de energía, de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) a fuentes renovables y “verdes”. Este cambio ha sido llamado desfosilización o descarbonización.Lo preocupante no es el qué de este proceso, sino el cómo. Desafortunadamente, esta transición no integra cambios en los patrones de producción y consumo de energía, de circulación de materias y de generación de desechos. Estamos siendo testigos de la búsqueda y explotación de nuevas energías para repetir patrones de crecimiento infinito en un planeta que está alcanzando sus límites.En este seminario web buscamos comprender qué es la desfosilización, entender si este proceso está sucediendo o no y cómo afecta a los territorios en América Latina.Este fue el quinto seminario web de la serie "Extractivismos y defensa territorial desde la ciencia", que busca profundizar en los impactos que las actividades extractivas de recursos minero-energéticos generan en algunos de los ecosistemas más vulnerables de nuestra región. PanelJorge Forero, investigador del Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) y coordinador del proyecto Crisis climática y Movilidades en la Región Andina.Felipe Gutiérrez Ríos, investigador en el Observatorio Petrolero Sur (OPSur).Moderó: Patricia Rengel, científica becaria en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación   

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Medusa en el fondo del oceéano
Océanos

Minería submarina: ¿Está la ciencia lista para evaluar sus impactos?

La minería submarina (DSM, por sus siglas en inglés) es vista por ciertos sectores económicos como una fuente de minerales valiosos y esenciales para las tendencias actuales energéticas y tecnológicas. Sin embargo, este creciente interés viene acompañado de importantes preocupaciones ambientales. El licenciamiento o autorización ambiental de este tipo de minería requiere una base científica sólida y regulaciones claras para prevenir impactos severos e irreversibles. El océano profundo alberga ecosistemas complejos con una biodiversidad extraordinaria, gran parte de la cual aún no ha sido descubierta y que ahora se encuentra bajo amenaza.Este seminario web abordó la importancia de conocer la biodiversidad del océano profundo, así como comprender sus ciclos de vida y dinámicas. Pusimos de relieve las posibles consecuencias de alterar estos ecosistemas frágiles, abordando los desafíos científicos y tecnológicos, los vacíos de conocimiento y la necesidad de aplicar un enfoque precautorio en la carrera por explotar los recursos del fondo marino.Este fue el cuarto seminario web de la serie "Extractivismos y defensa territorial desde la ciencia", que busca profundizar en los impactos que las actividades extractivas de recursos minero-energéticos generan en algunos de los ecosistemas más vulnerables de nuestra región. PanelHelen Rosenbaum, Coordinadora de Investigación, the Deep Sea Mining Campaign.Jorge Cortes Nuñez, Profesor Emérito de la Facultad de Biología, Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), Universidad de Costa Rica.Moderó: Juan Fernando Carrascal, científico becario, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación 

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