América Latina

$Vista aérea de una operación de fracturación hidráulica o fracking.$

Julio 28 2026 Fracking

Fracking: ¿Un paso hacia la transición energética o la continuidad del extractivismo fósil?

Uno de los argumentos de quienes apoyan el uso del fracking como un paso hacia la transición energética es que la técnica permite ganar tiempo mientras las alternativas a los combustibles fósiles alcanzan madurez y estabilidad.Detrás de este razonamiento está la posibilidad de extraer más gas y el mito de que este es natural, cuando es fósil, y que permite generar energía de forma segura y sin contaminar tanto como el petróleo y el carbón.Pero una técnica que fomenta la continuidad de los combustibles fósiles y cuyos daños ambientales y sociales son amplios y documentados no puede ser vista como una solución ni un paso hacia una transición que no solo busca dejar atrás los combustibles fósiles, sino que implica un cambio de paradigma del sistema energético.Además, al profundizar la dependencia del petróleo y el gas, el fracking implica el recrudecimiento de la crisis climática debido a las emisiones de metano asociadas a la industria del gas, cuyo poder para calentar el planeta es mayor al del dióxido de carbono (CO₂).A continuación, desmitificamos los argumentos que defienden el uso de esta técnica como un paso hacia la transición energética. La continuidad de un sistema extractivistaLa fractura hidráulica, o fracking, es una técnica para extraer gas del subsuelo que consiste en perforar la tierra a gran profundidad para inyectar, a muy alta presión, una combinación de agua, arena y aditivos químicos (algunos tóxicos) para fracturar rocas subterráneas y extraer los hidrocarburos "atrapados" en ellas.Al igual que las industrias del petróleo y el carbón, el fracking utiliza una fuente de energía no renovable, explota de forma intensiva bienes naturales como el agua, e implica alteraciones a gran escala en los territorios donde se realiza.Y no solo repite estos patrones de la industria fósil, sino que los impactos negativos que genera son similares —e incluso más graves— a los de otras actividades de exploración, extracción y producción de combustibles fósiles. Entre ellos: contaminación del agua y del aire, sobreexplotación de bienes naturales, invasión de tierras, perturbación de ecosistemas, y devastación de fauna y flora.Esta repetición de los patrones de la industria fósil hace que el fracking no solo implique mantener la dependencia de los combustibles fósiles, sino contribuir a su ampliación y consolidación.Y es que el desarrollo de infraestructura para su operación contribuye a crear y consolidar mercados para el consumo de gas a largo plazo, ya que requiere inversiones de gran escala y por varias décadas. Esto puede generar incentivos económicos para mantener y maximizar su uso a lo largo del tiempo, y desincentivar o retrasar procesos de descarbonización. ¿Gas "natural"? Menos CO₂, pero más metanoEl gas que se obtiene mediante fracking se ha llamado "natural", una etiqueta para hacerlo parecer limpio. Pero el gas del fracking no tiene nada de natural ni de limpio.Es sucio de principio a fin: Desde los productos tóxicos que se inyectan en el suelo para extraerlo hasta los gases de efecto invernadero que se emiten al producirlo y quemarlo. Eso sin olvidar que es un combustible fósil, al igual que el petróleo o el carbón.Otro argumento para sugerir que el gas de fracking es más limpio —y por tanto promoverlo como un "combustible de transición"— es que genera menos emisiones de CO₂ que otros combustibles fósiles. Se trata de una verdad a medias, ya que omite decir que el principal componente del gas fósil es el metano, un gas de efecto invernadero cuyo potencial contaminante es mucho mayor que el del CO₂.Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), el potencial de calentamiento global del metano es aproximadamente 82,5 veces mayor que el del CO₂ en un horizonte de 20 años. Esto significa que, a pesar de emitir menos CO₂ en la combustión, el gas de fracking puede tener un impacto climático igual o incluso superior al de otros combustibles fósiles al considerar las emisiones de metano.Dichas emisiones pueden ocurrir tanto en eventos previstos como en fugas a lo largo de toda la cadena de producción y suministro.Hay estudios que estiman que las fugas de metano en explotaciones no convencionales de gas —como las de fracking— pueden alcanzar hasta un 12% a lo largo de la cadena de producción y transporte, o que calculan que las fugas a nivel mundial alcanzan hasta el 5% del gas total producido. Incompatibilidad con obligaciones climáticas y de derechos humanosComo se ha visto, el fracking significa más dependencia de los fósiles y más emisiones contaminantes. Esto no solo desmonta el argumento de que es un "combustible de transición", sino que muestra cómo esta técnica contraviene los compromisos internacionales de los países frente a la crisis climática.El Acuerdo de París, el compromiso global vinculante más importante para afrontar la crisis climática, establece que los países deben reducir sustancialmente sus emisiones de gases de efecto invernadero —entre ellos el CO₂ y el metano— a fin de limitar el aumento de la temperatura del planeta.¿Cómo podría justificar un país que usar una técnica que implica generar más emisiones contaminantes es compatible con sus compromisos para reducirlas?Implementar el fracking tampoco es conciliable con la obligación de los Estados de proteger el derecho humano a un ambiente sano, especialmente frente a los impactos de la crisis climática. Este precepto quedó establecido en la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reforzó la obligación de los Estados de adoptar medidas para la protección del sistema climático y los derechos humanos tanto de las generaciones presentes como de las futuras.En este momento, cuando distintos países de la región se están planteando realizar o ampliar actividades de fracking, es fundamental que las conversaciones no se limiten a análisis técnicos, sino que contemplen su dimensión ambiental, climática y de derechos humanos bajo la lupa de los compromisos internacionales de los países.Para que las narrativas que intentan hacer ver al fracking como un paso hacia la transición, no opaquen el hecho de que, en realidad, es un ancla a la dependencia de los combustibles fósiles. Conoce más de los impactos del fracking y de las acciones para frenar su expansión

Parque Nacional Manuel Antonio en Costa Rica

Julio 14 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos

La evaluación ambiental con enfoque climático: Clave para proteger los derechos humanos

En un fallo importante para la justicia climática en América Latina, el pasado 16 de junio, el Tribunal Constitucional de Costa Rica ordenó al gobierno incluir el análisis de impactos climáticos en la evaluación de todo proyecto, obra o actividad que pueda afectar el ambiente.La decisión fortalece logros similares obtenidos en otros países del continente gracias al litigio climático estratégico. La sentencia en Costa Rica fue resultado de un litigio respaldado por AIDA y en el que presentamos un escrito legal con argumentos sólidos para evidenciar que incorporar una perspectiva climática en la evaluación de proyectos es una obligación basada en la legislación nacional, convenios internacionales y en la experiencia de otros países de la región. Siendo la crisis climática la amenaza ambiental y a los derechos humanos más urgente que el mundo enfrenta actualmente, es importante que tribunales respalden la necesidad de que los gobiernos analicen los riesgos e impactos relacionados con el clima antes de autorizar cualquier proyecto o actividad. El procedimiento establecido para desarrollar este análisis —conocido como evaluación de impacto ambiental (EIA)— busca justamente identificar, anticipar, analizar, mitigar y/o evitar las afectaciones ambientales de proyectos o actividades potencialmente perjudiciales.Al mismo tiempo, es una herramienta clave para prevenir que una propuesta de desarrollo vulnere los derechos de personas y comunidades, incluido el derecho universal a un ambiente sano.A continuación, detallamos las razones por las que los gobiernos deben evaluar los impactos de un proyecto en el clima antes de darle luz verde, que fueron nuestros aportes a la victoria judicial reciente en Costa Rica. Obligaciones nacionales e internacionalesExisten varias normas nacionales que sustentan la obligación de incluir criterios sobre cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos. En Costa Rica, tenemos, por ejemplo:El Decreto 42465 de 2019, según el cual las instituciones que ejecutan obras de infraestructura pública deben evaluar los riesgos climáticos, el cambio climático y otros factores naturales o provocados por el hombre en todas las fases del proyecto. Nuestro escrito refiere también a una serie de documentos que analizan el riesgo climático en Costa Rica, país que por su ubicación en el trópico centroamericano está expuesto a fenómenos meteorológicos extremos —huracanes, tormentas tropicales, sequías e inundaciones— cuya frecuencia e intensidad han aumentado debido al calentamiento global.A nivel internacional, Costa Rica, al igual que otros países del continente, es parte de tratados y otros instrumentos del derecho internacional que implican obligaciones en materia de ambiente y derechos humanos que hacen referencia a la evaluación ambiental de proyectos:Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Establece que los gobiernos deben emplear métodos apropiados, como evaluaciones de impacto de proyectos, para reducir al mínimo los efectos adversos del cambio climático en la economía, la salud pública y el ambiente.Acuerdo de París. Obliga a los gobiernos a emprender y comunicar las acciones que realizarán para reducir las emisiones de gases que dañan el clima y para adaptarse a los impactos del cambio climático, las cuales deben respetar los derechos humanos.Convenio sobre la Diversidad Biológica. Compromete a los países a llevar a cabo procedimientos apropiados para exigir la evaluación de proyectos que puedan tener efectos adversos importantes en la diversidad biológica con miras a evitarlos o reducirlos al mínimo, permitiendo cuando proceda la participación pública.Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Pide a los países elaborar, fortalecer y poner en práctica las acciones pertinentes para alinear desarrollo y crecimiento sostenible, seguridad alimentaria, salud y seguridad, variabilidad y cambio climática, gestión ambiental y reducción del riesgo de desastres.Opinión Consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dispone que la evaluación ambiental de proyectos debe considerar su impacto acumulativo, evitar daños a comunidades indígenas y pueblos tribales, incluir planes de contingencia y mitigación, y garantizar que sea objetiva e independiente y con supervisión estatal. Lecciones de otros países de América LatinaEn varios países del continente, la obligación de incorporar criterios climáticos en la evaluación ambiental ha sido establecida institucionalmente y también respaldada por fallos judiciales. Dos casos recientes lo ejemplifican:Chile. En un litigio relacionado con la central termoeléctrica de Mejillones, ubicada en la Región de Antofagasta, en 2022, la Corte Suprema ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental de Chile analizar el componente atmósfera, incluyendo aquellos elementos que han variado en el ambiente terrestre a causa del cambio climático, desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta la actualidad.Colombia. Ante una demanda contra la norma sobre permisos ambientales en el país, la Corte Constitucional declaró en 2024 que los estudios de impacto ambiental deben incluir una evaluación de los impactos en materia de cambio climático: “un fenómeno global determinado por múltiples variables biofísicas y socioeconómicas que interactúan en largos periodos de tiempo, que incide de una manera cada vez más decisiva en los procesos naturales e impacta de forma diferenciada a los territorios, las comunidades y las personas, siendo Colombia uno de los países más afectados”. Protección del ambiente sano frente a la crisis climáticaPor lo dicho antes, la inclusión de criterios de cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos es esencial para el disfrute del derecho humano al ambiente sano. Esto implica:Evaluar los impactos que el proyecto o actividad pueda generar en relación con el cambio climático. Esto incluye cuantificar y documentar las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero; identificar si y en qué medida estas aumentan o disminuyen; y analizar estrategias adecuadas de mitigación que respondan a los impactos anticipados.Considerar los efectos que la propia crisis climática (respecto de accidentes o desastres inducidos por el clima, por ejemplo) podría ejercer sobre el desarrollo, viabilidad y sostenibilidad del proyecto o actividad en el tiempo, análisis que debe contribuir a la decisión sobre su autorización. La crisis climática no es una amenaza, sino una realidad que ya afecta gravemente a la región. En este contexto, es imperativo que los proyectos de desarrollo continúen siendo sometidos a una evaluación ambiental adecuada, lo cual exige considerar de forma obligatoria y sistemática los impactos climáticos, tanto en términos de mitigación como de adaptación. A través del litigio estratégico, AIDA seguirá contribuyendo a esa tarea. Conoce más en nuestra hoja informativa "Perspectiva de cambio climático en los Estudios de Impacto Ambiental" Consulta nuestro informe "Buenas Prácticas a Nivel Mundial para los Estudios de Impacto Ambiental"

A man sitting in a boat sailing down the Amazon River.

Junio 25 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos

Justicia climática al alcance de todas las personas

Cómo la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana reescribe las normas que rigen los litigios climáticos en América Latina. Este artículo fue publicado originalmente en Verfassungsblog. La Corte Interamericana de Derechos Humanos entregó a quienes llevan litigios climáticos en América Latina la herramienta más poderosa hasta ahora. La Opinión Consultiva OC-32/25, emitida en 2025, no se limita a interpretar los derechos existentes en el contexto de la crisis climática. Reestructura la arquitectura procesal de los litigios climáticos al invertir la carga de la prueba, autorizar la presunción de vínculos causales entre las emisiones de los Estados y los daños climáticos, y reconocer las imágenes satelitales como evidencia que los Estados deben hacer accesibles para las víctimas. Para las organizaciones que llevan años luchando por las comunidades más expuestas a la emergencia climática, esto no es un avance gradual. Es un momento transformador.El dictamen no surgió de la nada. A lo largo de la última década, la Corte Interamericana ha ido sentando las bases paso a paso. En 2017, la Opinión Consultiva 23 (OC-23/17) estableció el derecho a un ambiente sano como un derecho autónomo en virtud de la Convención Americana; no un derecho derivado, sino una garantía jurídica independiente con su propio estatus autónomo. Ese estándar pasó de la teoría a la práctica en el caso contencioso de La Oroya vs. Perú, en el que la corte determinó que la grave contaminación ambiental suponía un riesgo sistémico para la vida, la salud y la integridad física. La Opinión OC-32/25 es el tercer paso en esta trayectoria y, de lejos, el más ambicioso.El dictamen califica la crisis climática como un problema de derechos humanos que recae de manera desproporcionada EN quienes ya se encuentran marginados. Describe con precisión las vulnerabilidades de América Latina y el Caribe, identificando a América Central, la Amazonía, el Caribe y los Andes como zonas de riesgo existencial. Las cifras que cita la Corte dan que pensar. En 2021, la región contaba con 17,1 millones de personas desplazadas internamente por causas relacionadas con el clima. El 1% más rico de la población generó el 92 % de las emisiones de CO₂ per cápita en 2019, mientras que el 50% más pobre generó solo el 0,27%. Quienes menos emiten son quienes más sufren. En todos estos ecosistemas, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales se ven afectados de manera desproporcionada por las continuas violaciones de sus derechos relacionadas con el cambio climático. Un nuevo derecho autónomoA partir del derecho a un ambiente sano, se deriva para el tribunal un nuevo derecho autónomo: el derecho a un clima sano, definido como el derecho a vivir en un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas. El dictamen considera este derecho como una condición previa indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos humanos en el contexto de la emergencia climática. En consecuencia, los Estados están sujetos a un nivel más estricto de diligencia debida. La gobernanza climática ya no se considera únicamente una cuestión de discrecionalidad política. Los Estados deben prevenir los daños climáticos dentro y fuera de sus fronteras, exigir que las evaluaciones de impacto ambiental incluyan análisis específicos de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de autorizar proyectos, y establecer objetivos de reducción ambiciosos y progresivos, ajustados a los mejores datos científicos disponibles. El consenso científico reflejado en las evaluaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) se considera explícitamente como la norma de referencia jurídica.La corte añade una prohibición a la regresión: los niveles de protección ya alcanzados constituyen un mínimo, no un máximo. Amplía las obligaciones de debida diligencia no solo a las propias actividades de los Estados, sino también a las empresas que operan bajo su jurisdicción. Estas proposiciones no son del todo nuevas, pero el dictamen las consolida en un marco unificado y les confiere la autoridad de una interpretación interamericana definitiva. Para efectos de un litigio, el catálogo de obligaciones queda ahora ampliamente establecido. Los derechos procesales como verdadera innovaciónSi las obligaciones sustantivas son importantes, las innovaciones procesales resultan transformadoras. La contribución más significativa de la OC-32/25 al ámbito de los litigios climáticos no es la declaración del derecho a un clima sano, sino la forma en que el dictamen reestructura el marco de los derechos de acceso. De hecho, la corte desarrolla dos elementos muy valiosos: el derecho a la ciencia y los parámetros de prueba y evidencia que refuerzan los litigios climáticos. "El derecho a la ciencia comprende al acceso de todas las personas a los beneficios del progreso científico y tecnológico...j unto al conocimiento científico coexisten otras formas de conocimiento tales como los saberes locales, tradicionales e indígenas" (párr. 473 y 476). El derecho a la ciencia, fundamentado en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y leído conjuntamente con la OC-32/25, establece obligaciones exigibles para los Estados de garantizar un acceso efectivo a los conocimientos científicos sobre el clima. Los Estados ya no pueden ampararse en argumentos de incertidumbre científica o de conocimientos insuficientes: las políticas deben basarse en la mejor ciencia disponible y actualizarse a medida que la ciencia evoluciona. Las evaluaciones de impacto ambiental (párr. 362), los planes nacionales de adaptación (párr. 388) y las contribuciones determinadas a nivel nacional se consideran documentos auditables que deben basarse en evidencia científicamente creíble y ser transparentes (párrs. 510, 511 y 486). Más importante aún, los jueces pueden y deben evaluar si la base científica en la que se apoya el Estado cumple con los estándares de la Convención (párrs. 488-539). Esto amplía sustancialmente el alcance del control judicial de las políticas climáticas en el marco del Sistema Interamericano. Inversión de la carga de la pruebaDemostrar la existencia de una relación causal directa entre las emisiones de un Estado específico y un daño específico ha sido, históricamente, el mayor obstáculo en los litigios climáticos: una tarea técnicamente compleja, objeto de controversia judicial y, en la práctica, fuera del alcance de la mayoría de las comunidades afectadas. La OC-32/25 elimina ese obstáculo mediante cuatro medidas concretas.El dictamen reconoce que los litigios climáticos se caracterizan por asimetrías marcadas entre las partes en cuanto a su acceso a información técnica y científica. Por lo tanto, los tribunales nacionales deben adoptar medidas —incluida la inversión de la carga de la prueba— para garantizar una protección judicial efectiva. El lenguaje es directo: "carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información recaiga en el órgano al cual la información fue solicitada" (párr. 490). En materia de acceso a la información, la pasividad no es una opción para el Estado.En segundo lugar, el dictamen acepta la presunción del nexo causal entre las emisiones de gases de efecto invernadero de un Estado y la degradación del sistema climático global y, a su vez, el vínculo entre dicha degradación y los riesgos a los que se enfrentan las personas y los ecosistemas, siempre que ello se base en las evaluaciones del IPCC. Esto responde directamente al problema de la atribución que ha marcado los límites de los litigios climáticos durante décadas. Los tribunales ya no están obligados a resolver la cadena científica completa de causalidad en cada caso concreto.En tercer lugar, el dictamen introduce estándares alternativos de prueba. El acceso a la justicia climática no requiere demostrar la causalidad individualizada de cada daño. Basta con demostrar la generación o la tolerancia de riesgos significativos a través de la inacción del Estado, y la exposición efectiva de personas o grupos a dichos riesgos. Las comunidades no necesitan demostrar que una tonelada concreta de CO₂ procedente de un Estado específico causó una inundación concreta. Deben demostrar que estuvieron expuestas a riesgos previsibles que el Estado no abordó.En cuarto lugar, el tribunal destaca que la evidencia satelital es especialmente relevante en los casos relacionados con el clima y exige a los Estados que garanticen la cooperación y la transferencia de tecnología para que las víctimas puedan acceder a dichas pruebas en los procedimientos judiciales. Se trata de un reconocimiento práctico de que los instrumentos probatorios necesarios para los litigios climáticos suelen ser técnicamente sofisticados y económicamente inaccesibles para las comunidades que más los necesitan. ¿Qué cambia para los litigios?En conjunto, estas cuatro innovaciones transforman el panorama estratégico de los litigios climáticos en todo el continente americano. Organizaciones como AIDA pueden ahora impugnar proyectos de combustibles fósiles cuyas evaluaciones de impacto ambiental no incorporen un análisis climático adecuado, invocando directamente el derecho a la ciencia. Podemos impugnar las políticas climáticas estatales alegando insuficiencia científica u obsolescencia. Podemos interponer demandas en nombre de comunidades enteras sin necesidad de demostrar un daño individual y directo, gracias a la amplia legitimación que reconoce el Dictamen. Y podemos defender los territorios indígenas vinculando el daño climático a los derechos territoriales colectivos a través de un marco que ya no exige el criterio, casi imposible de cumplir, de la causalidad individualizada.La OC-32/25 no es un dictamen de aplicación automática. Sus estándares deberán invocarse, defenderse y desarrollarse caso por caso ante la Corte Interamericana, la Comisión y los tribunales nacionales de los Estados miembros. Es previsible que se produzca resistencia por parte de los Estados que pretenden mantener el statu quo. Pero la estructura ya está establecida: las normas aplicables han cambiado.En AIDA, llevamos años litigando en una región en la que existe una enorme brecha entre los compromisos climáticos formales de los estados y la protección real de la que disfrutan las comunidades. La OC-32/25 nos proporciona instrumentos jurídicos para reducir esa brecha. No nos pide que seamos más optimistas, sino que seamos más ambiciosos: en los casos que elegimos, en los criterios que invocamos y en los vínculos que establecemos entre el derecho internacional y las comunidades que se encuentran directamente afectadas por la crisis climática.

Plenaria de apertura de las 64 Sesiones de los Órganos Subsidiarios de la CMNUCC en Bonn

Junio 23 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos

Sesiones previas a la COP31 en Bonn: Un sistema climático fatigado con ventanas de esperanza

Por Florencia Ortúzar Greene y Karla Maass* Hace 30 años que el mundo negocia sobre el cambio climático. Son 30 años en los que los gobiernos se reúnen anualmente, acompañados de informes científicos cada vez más alarmantes. El proceso multilateral ha madurado, ya cuenta con las reglas de implementación y mecanismos establecidos para impulsar la acción climática a nivel global, pero esta sigue siendo limitada y discrecional. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos darle aires nuevos a este proceso global tan importante?La siguiente es nuestra reflexión tras participar en las 64° Sesiones de los Órganos Subsidiarios (SB64) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), realizadas del 8 al 18 de junio en Bonn, Alemania, para avanzar las negociaciones rumbo a la 31.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31). El estancamiento de las negociaciones climáticas internacionalesSería injusto decir que las sesiones en Bonn fueron un fracaso, más aún que la falta de resultados concretos sorprende. Lo que está pasando no es más que el reflejo de un proceso en lenta decadencia. Lo anterior se hace evidente en un momento en el que, de manera sostenida y transversal, se habla de la necesidad de "implementación" y de "cooperación" para poner en marcha el Acuerdo de París, mientras una y otra vez dos fracturas irreconciliables siguen bloqueando el avance. Poder nombrarlas tan claramente trae cierta tranquilidad.La principal tensión sigue siendo el financiamiento. Los países en desarrollo traen constantemente a las salas de negociación que el Acuerdo de París no solo establece metas de reducción de emisiones y de adaptación, sino también compromisos concretos de apoyo financiero por parte de los países desarrollados. Sin embargo, la conversación sobre la provisión de financiamiento está totalmente bloqueada. Esto sucede en un contexto en que los compromisos no solo son insuficientes, sino también inadecuados en su calidad, accesibilidad y predictibilidad. Frente a esta demanda, los países desarrollados han puesto cada vez más énfasis en la movilización de capital privado y en la creación de condiciones habilitantes para la inversión. Aunque estos flujos pueden desempeñar un papel importante, la inversión privada suele dirigirse a sectores y proyectos con retornos financieros claros. Mientras tanto, áreas críticas como la adaptación, las pérdidas y daños o el fortalecimiento de capacidades continúan dependiendo del financiamiento público concesional. A esto se suman elementos estructurales relacionados con la deuda que terminan profundizando las carencias en países ya sobrepasados. La segunda fractura está relacionada con la salida de los combustibles fósiles. La disposición para recorrer el camino que implica dejarlos no está sobre la mesa para varios de los Estados parte. Esto a pesar de que son signatarios del Acuerdo de París y de que en la COP28 de Dubái acordaron avanzar hacia una transición justa, ordenada y equitativa, lejos de los combustibles fósiles. Se habla de una transición justa, pero los planes de expansión de los combustibles fósiles son tan ciertos como concretos. El rol de la ciencia frente a la crisis climática ha sido relegado Un aspecto preocupante en las SB64 fue la intención de representantes de diversos países de restar importancia al papel de la ciencia en la toma de decisiones climáticas. Esto no es novedad. Ha venido ocurriendo durante años, de forma gradual y sostenida, quizás tan lentamente que no nos habíamos dado cuenta, sino hasta ahora. El fenómeno se hizo evidente al contrastarse con los resultados de la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, desarrollada hace poco en Santa Marta, Colombia. Allí la ciencia fue el hilo conductor, fundamento central del diálogo político. La forma en que se dio lugar a la ciencia nos recordó a como se hacía en las primeras COP, que abrían con las presentaciones de los hallazgos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Hoy eso ya no ocurre. En estos tiempos, la ciencia aparece como invitada de segundo orden, con un lugar objetado y poco claro.Esto es extremadamente importante porque, sin ciencia, el proceso pierde su sustento y se convierte en una negociación meramente política, en la que gana quien tiene más poder. Acción climática: Los nuevos aires que dan esperanzaEsta historia no termina en una depresión total. En las sesiones climáticas de Bonn pasaron cosas refrescantes y que son fruto de este proceso largo y complejo.La Presidencia de la COP30, de Brasil, se adjudicó la tarea de elaborar hojas de ruta para transicionar lejos de los combustibles fósiles, así como detener y revertir la deforestación para 2030, rescatando los dos pilares centrales de cualquier acción climática efectiva y confiable. Esto muestra a una autoridad dispuesta a desmarcarse del camino oficial para lograr avances. Además, en la COP30 se acordó implementar un mecanismo de transición justa (conocido como BAM), una decisión que respondió al llamado urgente de la sociedad civil y de las comunidades afectadas. Y en Bonn, los países lograron avanzar en el proceso de su operacionalización. Si bien aún queda mucho por hacer, el proceso sigue en pie y se definirá en la COP31, a llevarse a cabo del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía.Por otra parte, la conferencia de Santa Marta, gestada en el marco de la COP30 y con 57 países dispuestos a conversar sobre la transición energética, logró poner en marcha un proceso renovado de intercambio, que también es fuente indiscutida de esperanza que se irá robusteciendo de cara a la segunda conferencia, a cargo de Tuvalu e Irlanda. Conoce más en nuestro análisis de las SB64 *Florencia Ortúzar Greene es la directora del Programa de Clima de AIDA y Karla Maass es consultora externa de la organización.

May 25 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos

La próxima primavera no puede ser silenciosa

¿Hasta dónde debe llegar la ciencia cuando está en juego la vida? Hay quienes prefieren que científicos y científicas permanezcan en laboratorios y aulas, alejados de las decisiones políticas y económicas que, con frecuencia, responden a intereses ajenos al bienestar colectivo. Otros creemos que la ciencia no puede limitarse a comprender la realidad; también debe empujar las decisiones colectivas en favor del bienestar general y, en definitiva, poner la vida en el centro. Mi participación en la preconferencia académica en Santa Marta —durante la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles— reavivó esta reflexión y algunas lecciones que había estudiado en mi formación y que, revisadas hoy, cobran una urgencia distinta. El plomo y la batalla por la verdadA principios de la década de 1920, la gasolina con tetraetilo de plomo se presentaba como un símbolo de progreso industrial. Mejoraba el rendimiento de los motores y el mundo estaba ansioso por aumentar la productividad (a menudo por encima de aspectos cruciales como la salud humana). El plomo también se convirtió en un componente habitual de pinturas, maquillaje y productos cotidianos, liberando uno de los contaminantes más tóxicos de la era industrial sin advertencia a la población.Al mismo tiempo, el geoquímico Claire Patterson intentaba medir la edad de la Tierra a través del análisis isotópico de uranio y plomo en meteoritos. Determinó que nuestro planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años, pero su hallazgo más urgente fue otro: la medición del plomo.Lograrlo fue extraordinariamente difícil, ya que al parecer todo estaba contaminado de plomo, incluso el laboratorio a través de la pintura, y los gases de los autos que ingresaban desde la calle. Patterson descubrió que la actividad humana había incrementado drásticamente la exposición a este metal, poniendo en riesgo a millones de personas a daños neurológicos y otros problemas de salud pública, especialmente en niños. Empresas como Ethyl Corporation y General Motors tenían un negocio multimillonario en torno al plomo. Aunque existían indicios conocidos de la toxicidad del plomo, como el hecho de que los trabajadores de fábricas de tetraetilo de plomo sufrían alucinaciones y muerte, la industria impulsó la idea falsa de que las concentraciones ambientales eran "seguras". Gran parte de esta campaña en defensa del plomo fue a través del financiamiento de proyectos de investigación con fondos industriales. Así, Patterson fue excluido de paneles científicos, perdió financiamiento institucional y fue etiquetado como "alarmista" o "extremista político". Finalmente, estudios epidemiológicos confirmaron los efectos neurobiológicos en la niñez incluso en concentraciones muy bajas. El impulso de Patterson, la confirmación de los epidemiólogos y un naciente movimiento ambientalista en Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970, logró finalmente la regulación del plomo a través de la Environmental Protection Agency (EPA), a pesar de las resistencias de la industria que argumentaba altísimos costos económicos. Finalmente, la industria sobrevivió a la regulación y los niveles de plomo en sangre de la población disminuyeron drásticamente, obteniendo una de las victorias más importantes en salud pública impulsadas desde la ciencia. La ciencia como acto radicalCuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el dicloro difenil tricloroetano —mejor conocido como DDT— se impulsó como un éxito de la química moderna. Un plaguicida eficaz que permitía controlar vectores de enfermedades y plagas agrícolas, promovido en un ambiente de acelerada industrialización y optimismo tecnológico.Recuerdo que mi madre me contaba cómo su casa, en la costa rural del Ecuador, era fumigada con DDT. "Las tablas quedaban blancas, como si hubieran usado un extintor, y no se podía respirar durante el resto de la tarde", recuerda. Su uso era popular y amplio en toda América Latina. En 1962, la bióloga marina y escritora Rachel Carson publicó La Primavera Silenciosa, sintetizando con rigor y en leguaje sencillo la evidencia científica sobre los efectos ecológicos de pesticidas como el DDT. Carson explicaba cómo funcionan la bioacumulación y persistencia ecológica de estas sustancias, y su impacto más evidente en la disminución de poblaciones de aves. Uno de sus pasajes decía: "…las pocas aves que se veían estaban moribundas, temblaban violentamente y no podían volar. Era una primavera sin voces". Su obra se considera fundacional en la disciplina de la divulgación científica. La reacción de la industria fue coordinada y agresiva. Empresas como Velsicol y Union Carbide financiaron campañas para desacreditarla, cuestionaron su capacidad científica y la calificaron como "emocional", "alarmista" e "histérica". La industria intentó promover la idea de que restringir el uso de estos pesticidas nos haría retroceder en la lucha contra el hambre y las enfermedades. A pesar de ello, Carson había logrado colectar evidencia compleja y traducirla a un lenguaje accesible y profundamente humano; al tiempo, nuevas investigaciones confirmaban la toxicidad de estas sustancias en fauna silvestre y ecosistemas acuáticos. Junto al fortalecido movimiento ambientalista mencionado anteriormente, se logró la progresiva restricción del DDT en varios países. Aunque nunca se prohibió formalmente su uso, se impulsó un manejo integrado de plagas, por lo que no se produjo el colapso sanitario y agrícola que pronosticaban muchas empresas. Cuando la capa de ozono mostró lo innegableTambién durante el siglo XX los clorofluorocarbonos (CFC) fueron utilizados ampliamente en sistemas de refrigeración, aerosoles y procesos industriales debido a su alta estabilidad. Sin embargo, los CFC podían alcanzar la estratosfera y, debido a su estabilidad, podían permanecer décadas en la atmósfera.Los químicos Mario Molina y Sherwood Rowland demostraron que, allí arriba, los CFC liberaban átomos de cloro y estos átomos libres destruían moléculas de ozono en reacción en cadena. Debilitar la capa de ozono aumentaba la exposición a la radiación ultravioleta, incrementando el riesgo de sufrir cáncer de piel, cataratas e impactos en los ecosistemas. La reacción industrial, especialmente de DuPont, fue sembrar la duda cuestionando la solidez de los modelos atmosféricos y argumentando que eran insuficientes para imponer regulaciones estrictas. Sembrar la duda era suficiente para retrasar decisiones políticas y defender inversiones multimillonarias; no era necesario demostrar que su uso era seguro. Molina y Rowland fueron desacreditados y se intentó minimizar el problema en un contexto en el que aún se creía que difícilmente la actividad humana podía alterar procesos atmosféricos.Lo que inclinó la balanza fue que el agujero de la capa de ozono podía verse. En 1985 se midió y visualizó con claridad, y la ciudadanía comprendió rápidamente la urgencia. Una narrativa del fin del mundo, pero con una solución concreta, se difundió rápidamente y movilizó la voluntad política. Todo ello se materializó en el Protocolo de Montreal, considerado hasta ahora uno de los acuerdos ambientales más exitosos de la historia. Hoy la capa de ozono se ha recuperado y millones de casos de cáncer se han evitado. De los patrones del pasado a la urgencia del presenteEn los tres casos que refiero la reacción industrial siguió patrones similares: cuestionar la evidencia científica, exagerar los costos económicos y promover la idea de que cualquier restricción representaría una amenaza para el progreso. ¿Podemos reconocer estos patrones en las industrias extractivas actuales? Durante décadas, la industria de los combustibles fósiles ha financiado grupos anticientíficos y campañas de desinformación que siembran la duda, estrategias comunicacionales destinadas a trasladar la responsabilidad exclusivamente al individuo, lobby político y corporativo bloqueando la acción en las negociaciones climáticas internacionales.Sin embargo, la esperanza también proviene de las lecciones de quienes dedicaron su vida a defender la salud humana y los límites ecológicos del planeta. Nos han demostrado que con evidencia científica contundente, comunicación sencilla y humana, comprensión de la urgencia de la acción y una ciudadanía activa y movilizada podemos transformar la realidad.En ese sentido, la conferencia de Santa Marta y su flamante Panel Científico Asesor para la Transición Energética Global se alzan sobre estos principios y sobre algo completamente innovador: no queda espacio para la duda, hoy tenemos certeza de que los combustibles fósiles han provocado este reto de supervivencia y debemos actuar en consecuencia.La preconferencia académica consistió ya no únicamente en explicar el problema, sino en acelerar su implementación política y social. Mi participación se centró en el Grupo de trabajo de Metano fósil, donde discutimos desafíos concretos: mecanismos de monitoreo, reporte y verificación, cómo evitar quedar anclados al consumo de gas natural si es que se realizan inversiones en recuperación de gas y cómo convertir las estrategias de mitigación en políticas de Estado, más allá de los gobiernos electos. Sin duda, hay más preguntas que certezas, pero avanzar en esta discusión es más urgente que nunca.También allí discutimos el papel del metano como un "freno de emergencia" climático. Mientras los efectos positivos de reducir dióxido de carbono (CO2) pueden tardar siglos en percibirse, la reducción de metano podría generar impactos positivos en apenas décadas. Activar este freno de emergencia para ganar tiempo mediante la mitigación rápida del metano nos permitirá reducir riesgos inmediatos y enfrentar la transición más compleja de los demás gases de efecto invernadero.Pero Santa Marta también fue mucho más que discusiones técnicas. Tuve la oportunidad de conocer pescadores afectados por los puertos carboneros del Caribe colombiano, compartir con ellos pescado frito con tostones —conocidos como patacones en mi natal Ecuador— frente al mar y comprender la profundidad humana de una transición que a veces solo se discute en términos económicos o tecnológicos. También pude presenciar los esfuerzos por integrar conocimientos ancestrales y saberes comunitarios dentro de las discusiones científicas. Aunque sigue siendo una tarea pendiente, pueblos indígenas y comunidades continúan recordándonos algo que la modernidad industrial frecuentemente olvida: toda sociedad necesita reconocer límites ecológicos si aspira a perdurar en el tiempo. Sin embargo, también se evidenciaron desafíos importantes. A pesar de la diversidad de actores presentes, los diálogos entre personas científicas, jóvenes y comunidades se limitaron a instancias aisladas. Y aunque nos encontrábamos en una ciudad latinoamericana, gran parte de las conversaciones se desarrollaron exclusivamente en inglés, lo que limitó la participación plena de muchas y muchos actores del sur global y reprodujo desigualdades históricas en la producción del conocimiento. Aún así, salí de Santa Marta con una convicción fortalecida: la esperanza climática no puede ser pasiva.Dependerá de comunidades organizadas, ciencia comprometida con la justicia, liderazgos políticos capaces de priorizar la vida y ciudadanas y ciudadanos dispuestos a exigir transformaciones profundas. La conferencia de Santa Marta no resolvió el desafío climático, pero nos mostró nuestra responsabilidad histórica para que la próxima primavera no sea silenciosa, sino profundamente viva.

May 06 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos

Santa Marta y el fin de los combustibles fósiles: Del "sí" al "cómo"

Terminó la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, Colombia. Y todo apunta a que esta iniciativa llegó para quedarse. Muchos aspectos merecen atención en este proceso abierto por Colombia y los Países Bajos. ¿Estamos ante la primera piedra de una nueva era? Mientras el mundo aún no termina de digerir lo ocurrido, y espera el reporte oficial de los países coanfitriones en los próximos meses, hacemos un análisis temprano. Los orígenesLa conferencia de Santa Marta fue la respuesta a la frustración de tres décadas sin que las negociaciones climáticas internacionales —en las sucesivas Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC)— abordaran de frente la causa principal e indiscutida de la crisis climática: los combustibles fósiles. Y ya era hora. Desde 1992, la comunidad internacional ha negociado emisiones, metas y mecanismos de mercado, sin lograr mirar de frente al elefante en la sala. Las palabras "petróleo", "carbón" y "combustibles" no aparecen en el Acuerdo de París. Recién en 2021, en la COP de Glasgow se reconoció por primera vez que los combustibles fósiles causan el cambio climático, pero solo se pidió una reducción gradual del carbón. En 2023, en Dubai, se logró el mayor avance: la frase "transitioning away from fossil fuels". Y en 2025, en Belém, ni eso pudo mantenerse. Pero al menos esa frustración sirvió para detonar la conferencia de Santa Marta, que fue precisamente lo contrario: 57 países representando un tercio del PIB global sentados para hablar de cómo dejar los fósiles, no de si hacerlo o no. Si no llega a ser nada más, esta conferencia por lo menos fue un alivio, una señal de cordura en un mundo que a veces realmente no se entiende.Y no solo se habló del qué, sino del cómo, que incluye la justicia. El documento oficial de resumen que circularon los países anfitriones habla de planes territoriales de transición justa, reconversión laboral con participación de personas trabajadoras y comunidades, acceso directo a financiamiento para pueblos indígenas, y prevención explícita de "nuevas formas de dependencia extractiva". Se mencionan los sistemas de energía descentralizada y comunitaria como ejemplos concretos de producción sostenible.Desde AIDA, creemos que esta es una condición fundamental: sin justicia, no hay transición viable. No es un imperativo ético o jurídico, es también práctico. Cuando la transición se hace sin las comunidades, sin el resguardo de las personas y los territorios, sin una justa distribución de cargas y beneficios, genera resistencia que puede frenar los propios proyectos. La evidencia en América Latina habla por sí sola.En tiempos en que la humanidad atraviesa tanta oscuridad, cuesta ser optimista. Quizás en este caso hay razones para serlo. Una guerra que, paradójicamente, muestra el caminoLa guerra en Medio Oriente como telón de fondo le dio a la conferencia de Santa Marta una urgencia sin precedentes: la disrupción en el suministro de petróleo y gas que ha generado nos pone en una situación única. De un plumazo, se interrumpió entre el 20 y 25% del flujo de petróleo y gas en el mundo, generando estragos a lo largo y ancho del planeta: costos de vida disparados, apagones, economías tambaleándose. Un conflicto en un punto específico del planeta está afectando a casi todas las economías del mundo. Y eso cambió el tono de la conversación. La transición no se enmarca solo como una necesidad climática o ambiental, sino como un asunto de seguridad y soberanía. La guerra demostró que depender de los fósiles nos hace tremendamente vulnerables. Es tiempo de asumir que la urgencia climática y estabilidad económica están del mismo lado, no se contraponen.Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, declaró desde Santa Marta que la guerra "rompió los mercados fósiles sin posibilidad de reparación", refiriéndose a la metáfora del jarrón roto. No es solo una posición ambientalista, es un diagnóstico global. La renovación de Santa MartaAdemás de su contenido, la forma en que se desarrolló la conferencia de Santa Marta también sorprendió y podría considerarse una innovación para la diplomacia climática. El lobby de los combustibles fósiles fue explícitamente excluidos. Los países que históricamente han bloqueado cualquier progreso no fueron invitados. Y el formato del segmento de alto nivel rompió con las dinámicas tradicionales: en lugar de las declaraciones leídas desde un computador que caracterizan las COP, los ministros y delegados se sentaron en círculos pequeños bajo las reglas de Chatham House, sin pantallas, y junto a representantes de sociedad civil y pueblos indígenas en las mismas condiciones. No pasó al final, cuando ya nadie escucha, sino marcando la pauta desde el inicio.Tzeporah Berman, presidenta de la iniciativa para crear el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, describió la experiencia como "ver una represa ceder: "toda esa experiencia, esos conocimientos y esa pasión acumulados se traducen de repente en medidas concretas para eliminar gradualmente los combustibles contaminantes". La ciencia al volanteEntre los resultados concretos, destaca el lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés). En los primeros años de las negociaciones climáticas, la ciencia iba por delante: las COP abrían con una actualización del conocimiento científico más reciente y las decisiones se construían sobre esa base. Con el tiempo, eso se fue erosionando. Países con intereses fósiles fueron diluyendo las advertencias científicas e introduciendo lo que en la conferencia de Santa Marta se llamó abiertamente "falsas soluciones" —como la captura de carbono y los offsets— para justificar la continuidad de la extracción. La conferencia se propuso poner a la ciencia de regreso al volante.El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sigue produciendo informes fundamentales, pero tiene limitaciones que el SPGET puede subsanar. Publica informes cada siete años, un proceso lento para una crisis que se acelera. Sus resúmenes para personas tomadoras de decisiones —que en la práctica leen los gobiernos— son negociados línea por línea con representantes gubernamentales, incluyendo países con intereses fósiles, lo que atenúa conclusiones. Y el IPCC no está facultado para dar recomendaciones de política a los países. Carlos Nobre, uno de los fundadores del SPGET, contó que una vez quiso incluir información sobre los riesgos que enfrenta la Amazonía en un resumen del IPCC y que un representante de su propio país lo rechazó. El SPGET es totalmente independiente. Ningún gobierno puede vetar lo que dice y producirá actualizaciones anuales con recomendaciones concretas de política, apoyando a los países en el desarrollo de hojas de ruta alineadas con la meta de los 1.5°C. En cuanto a su estructura, está copresidido por una economista camerunesa (Vera Songwe), un economista alemán (Ottmar Edenhofer) y un ingeniero energético brasileño (Gilberto Jannuzzi). Si funciona como promete, podría convertirse en el brazo científico que la transición necesita. Continuidad y estructura. La promesa hacia el futuroLa conferencia de Santa Marta no fue un evento aislado, sino el inicio de un proceso estructurado. Para empezar, ya se confirmó una segunda versión para 2027, coorganizada por Tuvalu e Irlanda, sellando el compromiso de colaboración norte-sur. Con miras a eso, se crearon tres líneas de trabajo permanentes que operarán hasta Tuvalu. La primera línea de trabajo apoyará a los países en la elaboración de hojas de ruta nacionales de transición, conectadas con sus compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París. Hay ejemplos concretos: Francia llegó con la suya, una hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles de su matriz energética para 2050, la primera propuesta de este tipo presentada por un país desarrollado. Pero el plan ha sido criticado por la sociedad civil. No aborda la remediación de territorios dañados por décadas de extracción ni da cuenta de las nuevas presiones que su modelo de electrificación podría ejercer en el sur global, de donde provienen la gran mayoría de los minerales necesarios para baterías, redes y energías renovables. Colombia, por su parte, presentó la suya en la preconferencia académica, con datos que muestran que la transición resultaría económicamente rentable a partir de 2040. Estas hojas de ruta, a diferencia de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), abordan la producción de combustibles fósiles. Las NDC se refieren a la reducción de emisiones, pero no comprometen el cierre de minas o plantas de carbón ni el fin de las licitaciones para extraer fósiles. Ahora, las NDC también tienen algo que las hojas de ruta no tienen: anclaje jurídico, al ser parte del Acuerdo de París. Entonces, la promesa está en que las hojas de ruta se integren en las NDC, lo que dejaría con compromisos concretos y vinculantes de transición. Pero, como muestra el caso francés, si las hojas de ruta no incorporan la remediación de territorios afectados ni las cadenas de suministro que la electrificación demanda, hay riesgo de terminar con compromisos vinculantes que consolidan una transición desigual en lugar de corregirla.La segunda línea de trabajo permanente abordará las barreras financieras —deuda, subsidios fósiles y acceso a capital— con apoyo del IISD, un centro de investigación especializado en políticas de subsidios y finanzas climáticas. Y la tercera buscará formas de descarbonizar el comercio internacional, conectando a países productores y consumidores de combustibles fósiles para que trabajen juntos en la transición, con apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).A eso se suma el panel científico (SPGET), que dará base técnica a todo el proceso, y un grupo de coordinación permanente entre los coanfitriones actuales (Colombia y Países Bajos) y los futuros (Tuvalu e Irlanda), que asegurará continuidad. Todo lo que salga de estas líneas de trabajo alimentará las negociaciones climáticas oficiales de la ONU, incluyendo la COP31, prevista para noviembre de este año en Turquía.Aunque no hay acuerdos vinculantes que mostrar, sí contamos ya con mecanismos concretos de trabajo entre los países que sí quieren avanzar, con instituciones de apoyo, mandatos claros, una segunda conferencia para recibir los avances y la promesa de permear las negociaciones oficiales de la ONU. Es un buen comienzo que tiene estructura para sostenerse. Lo que queda por resolverHay una deuda que atraviesa todo lo anterior: los plazos y la urgencia. Recién empezamos a hablar de crear hojas de ruta para eliminar los combustibles fósiles, pero su implementación debió iniciar hace 40 años. Ese desfase debería marcar el tono de todo lo que viene.Un tema en el que la conferencia de Santa Marta se quedó particularmente corta es el financiamiento. El tema —deuda, espacio fiscal, subsidios, arquitectura financiera internacional—se discutió extensamente, pero no se logró traducir esto en señales claras. Para un proceso que aspira a coordinar la salida global de los combustibles fósiles, la ausencia de una hoja de ruta financiera es una limitación seria.No es algo nuevo ni se trata de caridad. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, consagrado en la propia CMNUCC, establece que los países que más contribuyeron a la crisis climática deben apoyar a los que menos lo hicieron y más sufren. Con esta base se han construido las metas de financiamiento climático que hoy ascienden a USD 300.000 millones anuales para 2035, según se acordó en la COP29. Pero la mayoría de ese financiamiento llega en forma de préstamos, lo que significa que los países del sur se endeudan para resolver un problema que no crearon. La deuda climática del norte con el sur se convierte, paradójicamente, en deuda financiera del sur con el norte. Así, no hay transición justa posible. Y la conferencia de Santa Marta no logró avances al respecto. Otra barrera estructural que sí llegó a Santa Marta, pero que aún requiere trabajo es el mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a corporaciones fósiles demandar a los Estados por adoptar medidas climáticas. Al menos USD 100.000 millones en compensaciones han sido otorgados a empresas a través de tribunales internacionales de arbitraje. El ISDS quedó en el resumen oficial de la conferencia de Santa Marta, pero con un lenguaje tibio. Mientras los gobiernos puedan ser demandados por miles de millones por cerrar una mina de carbón, la transición no avanzará, y no por falta de voluntad, sino por miedo a las demandas.Tampoco se resolvió el debate sobre el gas natural como combustible "de transición". El documento oficial reconoce que "hubo diferentes perspectivas respecto al rol de combustibles de transición y tecnologías”, un avance logrado gracias a la presión de la sociedad civil, considerando el número de países que promueven abiertamente el gas como solución. Pero el gas es un combustible fósil cuyas fugas de metano agravan el calentamiento. Presentarlo como "de transición" es profundizar la dependencia y postergar la transición. Finalmente, un análisis desde América Latina muestra una importante incoherencia práctica: la brecha entre lo que los países dicen y hacen. El gobierno de México participó activamente en la conferencia, pero al mismo tiempo instaló un comité para evaluar la viabilidad del fracking “sustentable”. El gobierno de Brasil, guardián de la Amazonía, sigue licitando pozos petroleros. Y Colombia, anfitrión de la conferencia, anunció que busca ampliar la frontera extractiva en el mar Caribe. Pareciera que diferentes ramas de un mismo gobierno actúan con objetivos totalmente contradictorios. El problema es que esto daña la credibilidad del proceso, que es crucial para una coalición como la que se pretende. Dicho todo esto, quizás era mucho esperar que la primera conferencia de este tipo, que buscó y logró sentar las bases de un proceso nuevo, llegara con todas las respuestas a la crisis de nuestros tiempos. La conferencia de Santa Marta sirvió para mapear los problemas, crear las líneas de trabajo y construir confianza. El siguiente paso no puede esperar mucho tiempo. Para la conferencia de 2027 en Tuvalu, no deberían quedar temas pendientes, sobre todo el financiamiento. Un plan sin financiamiento, por muy bueno y atinado que sea, no tiene como despegar. De un puerto carbonero a una isla que se hunde Terminó la conferencia en Santa Marta, un importante puerto carbonífero en Colombia, y la siguiente parada es Tuvalu, una pequeña nación insular del Pacífico, amenazada existencialmente por el aumento del nivel del mar. La ruta es simbólica: desde un país que exporta carbón a uno que desaparece por el calentamiento que la quema de ese carbón genera. Que estas dos naciones estén hoy construyendo juntas las bases para cambiar el rumbo es precisamente lo que necesitamos: reconocer el pasado y mirar al futuro con solidaridad. La Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles podría pasar a la historia como la primera piedra de una nueva era. Sigamos construyendo.

Inundación de islas en el río Xingú para la operación de la represa Belo Monte

May 05 2026 Derechos Humanos, Grandes Represas

Dez anos de Belo Monte: O tempo da justiça chegou

Marco de uma década da operação da usina reacende debate sobre responsabilização e resposta institucional.Ao completar dez anos de funcionamento, a Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, no Pará, retorna ao centro das atenções do debate público, desta vez sob o crivo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Mais do que um balanço sobre o marco temporal do empreendimento, a data impõe urgência de uma resposta institucional efetiva e evidencia que a justiça não pode ser mais adiada. O caso, que atualmente tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), reúne um conjunto consistente de evidências de violações de direitos humanos associadas à UHE Belo Monte. Apresentada por uma coalizão de organizações da sociedade civil, como a Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), a Justiça Global, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), o Movimento Xingu Vivo para Sempre (MXVPS) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), a petição consolida alegações de violações aos direitos à vida, à saúde, à consulta prévia e ao meio ambiente saudável. O caso está em estágio avançado de análise e tem potencial para ser encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos.Uma década após sua inauguração, os impactos socioambientais permanecem significativos e, em grande medida, não mitigados. A Volta Grande do Xingu, trecho de aproximadamente 130 km diretamente afetado pela redução artificial da vazão do rio, representa o principal passivo do empreendimento. A alteração do regime hidrológico, intensificada por eventos extremos associados às mudanças climáticas, comprometeu ecossistemas locais, afetou o ciclo reprodutivo de espécies, a navegabilidade e a segurança alimentar e hídrica das populações que dependem diretamente do rio.Nesse contexto, comunidades indígenas, ribeirinhas e pescadores artesanais enfrentam a deterioração de seus modos de vida, especialmente pela redução da disponibilidade de peixes e seus impactos na segurança alimentar. Outros efeitos são a proliferação de enfermidades associadas a mosquitos, a realocação de famílias ribeirinhas a assentamentos longe do rio, o estopim de relatos de depressão e suicídio entre jovens, e os impactos nas práticas culturais e modos de vida das comunidades locais. Diferentemente das discussões que marcaram a fase de implementação do projeto, o debate atual é intensificado pela emergência climática e por novos parâmetros normativos internacionais. O Parecer Consultivo 32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos traz diretrizes claras sobre as obrigações dos Estados na proteção de direitos humanos frente à crise climática, reconhecendo o direito a um meio ambiente saudável como elemento estruturante. Nesse cenário, o caso da UHE Belo Monte é um exemplo significativo dos desafios de conciliar o desenvolvimento energético, a preservação ambiental e a garantia de direitos da população.As organizações que acompanham o caso apontam o descumprimento de medidas cautelares outorgadas pela Comissão, o que reforça a necessidade de avanço para a próxima etapa no âmbito da Corte. A sustentabilidade legal do processo, somada à relevância internacional do tema, posiciona o caso como apto para julgamento."Mais de uma década de operação da UHE Belo Monte, os impactos no Xingu se comprovaram e seguem uma tendência de agravamento diante da pressão de novos empreendimentos na região e ante os efeitos da crise climática. As comunidades seguem mobilizadas por justiça e confiantes na atuação da Comissão Interamericana para que o caso seja levado à Corte - o passo final para assegurar a reparação integral e a proteção do território e de seus modos de vida", afirma Marcella Torres, coordenadora jurídica do Programa de Direitos Humanos da AIDA.De acordo com Melisanda Trentin, coordenadora de Justiça Socioambiental e Climática da Justiça Global, o projeto minerário Belo Sun avança sobre a Volta Grande do Xingu com falhas consultivas idênticas às de Belo Monte. “O que está em jogo na região é a sobreposição de danos e violações de direitos humanos e ambientais. Um rio com vazão reduzida, comunidades com insegurança alimentar e modos de vida alterados, e agora um novo projeto que repete as mesmas violações já denunciadas no Sistema Interamericano há mais de 10 anos”, aponta ela. Para as organizações signatárias, o marco temporal de uma década representa uma janela crítica para a efetivação da justiça. O caso Belo Monte deixa de ser um episódio isolado e se projeta como referência para a aplicação concreta da justiça ambiental na Amazônia, em um contexto de crescente pressão climática e de demanda por responsabilização estatal.SOBRE - Belo Monte é a quarta maior usina hidrelétrica do mundo, construída no rio Xingu, no estado do Pará, no coração da Amazônia. Com capacidade instalada de 11.233 MW, foi inaugurada em 5 de maio de 2016. Sua operação desvia 80% do fluxo do rio Xingu por um canal de 500 metros de largura e 75 km de comprimento. A área inundada entre o canal e o reservatório é de 516 km², maior que a cidade de Chicago, dos quais 400 km² eram de floresta nativa.#JustiçaNoXinguVeja a carta aberta dos peticionários do caso Belo Monte no CIDH Leia o que dizem as organizações peticionárias e aliadas do caso:Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)"Não há segurança jurídica sem o respeito aos direitos originários dos povos indígenas. Na Amazônia, essa defesa ultrapassa o campo jurídico: é um compromisso com a vida, com a integridade dos territórios e com o equilíbrio climático do planeta. Os prejuízos que a implantação da Usina de Belo Monte trouxe às populações indígenas e ao meio ambiente tornaram-se reais e são irreversíveis. A Assessoria Jurídica da COIAB atua para assegurar que a Constituição, os tratados internacionais e a autodeterminação dos povos indígenas sejam efetivamente respeitados em todas as instâncias de decisão", afirma Gabriele Baré, coordenadora da Assessoria Jurídica da COIAB.Conselho Indigenista Missionário (CIMI)"O que hoje se apresenta como tragédia anunciada nunca foi desconhecido. Desde os anos 1980, os Povos Indígenas da região do Xingu denunciaram, com clareza e insistência, o que significaria a imposição da Usina Hidrelétrica de Belo Monte: destruição de modos de vida, ruptura territorial, violência social e colapso das condições mínimas de existência. Nada disso foi ouvido! O que se seguiu não foi erro técnico nem falha de previsão. Foi uma decisão política consciente. Foi a escolha deliberada de sacrificar povos, territórios e vidas em nome de um projeto imposto, sustentado por uma lógica desenvolvimentista que trata corpos e rios como obstáculos descartáveis. Nesse sentido, para o Cimi, à luz do princípio da reparação integral, a posição é inequívoca: a concessão deve ser cancelada, o funcionamento da usina interrompido e iniciado um processo progressivo e estruturado de desmantelamento da infraestrutura, acompanhado de medidas de justiça, reparação geracional, restituição territorial aos Povos Indígenas e reparações sociais e econômicas a todas as vítimas."Movimento Xingu Vivo para Sempre"Belo Monte arrancou as pessoas do beiradão e dispersou o povo do Xingu por aí, longe do rio, da comunidade, da lida diária que era familiar e querida. O ribeirinho deixou de ser, a pescadora deixou de ser, viraram um nada, muitos vagando pelas periferias das cidades. Essas pessoas perderam a identidade e, com isso, a sua alma. Ficou só vazio e solidão. O impacto da perda da existência não pode ser compensado, mas tem que ser reconhecido para que haja algum tipo de reparação", afirma Ana Laide Barbosa, educadora do Movimento Xingu Vivo para Sempre.Observatório dos Povos Indígenas Isolados (OPI)"A instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte agravou ameaças e pressões aos povos indígenas da região do Médio Xingu de uma maneira similar ao que ocorreu durante o período ditatorial com a abertura da rodovia Transamazônica na mesma região. Povos de recente contato como os Parakanã e os Arara sofreram com índices alarmantes de invasões e desmatamento ilegal em suas terras e o refúgio de grupos indígenas em isolamento da Ituna Itatá chegou a ser um dos mais desmatados do Brasil. Ao mesmo tempo, o desvio das águas do Xingu promove danos ecocidas aos indígenas da Volta Grande; e políticas danosas de compensação de impactos tiveram efeitos desagregadores e etnocidas sobre quase todos os povos. Por tudo isso, a hidrelétrica se tornou mais um exemplo da relação colonial estabelecida pelo estado brasileiro com os povos amazônicos e uma dívida de reparação que precisa ser reconhecida e sanada", diz Helena Palmquist, coordenadora adjunta do Observatório dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI).

May 05 2026 Derechos Humanos, Grandes Represas

Diez años de Belo Monte: Llegó el momento de la justicia

El décimo aniversario de la operación de la hidroeléctrica reaviva el debate sobre la rendición de cuentas y la respuesta institucional.Brasilia. Al cumplirse diez años de su inauguración, la Central Hidroeléctrica Belo Monte, en el estado de Pará, vuelve al centro del debate público, esta vez bajo el escrutinio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Más que un balance, la fecha refuerza la urgencia de una respuesta institucional efectiva y deja claro que la justicia no puede seguir postergándose.El caso, que actualmente está en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reúne un conjunto de pruebas de violaciones de derechos humanos asociadas a la hidroeléctrica Belo Monte. La petición presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil —como la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), Justiça Global, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS) y el Consejo Indígena Misionero (CIMI)— consolida denuncias de violaciones de los derechos a la vida, la salud, la consulta previa y un ambiente sano. El caso se encuentra en una etapa avanzada de análisis y podría ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Una década después de su inauguración, los impactos socioambientales siguen siendo significativos y, en gran medida, no se han mitigado. La Volta Grande do Xingú, un tramo de aproximadamente 130 km directamente afectado por la reducción artificial del caudal del río, concentra el principal riesgo del proyecto. La alteración del régimen hidrológico, agravada por eventos extremos asociados al cambio climático, ha comprometido los ecosistemas locales y afectado el ciclo reproductivo de las especies, la navegabilidad y la seguridad alimentaria e hídrica de las poblaciones que dependen directamente del río.En este contexto, las comunidades indígenas, ribereñas y pesqueras artesanales enfrentan un deterioro sostenido de sus modos de vida, con una menor disponibilidad de pescado y repercusiones en la actividad pesquera. A ello se suman reasentamientos inadecuados, aumento de la violencia, problemas de salud mental y repercusiones en el mantenimiento de sus prácticas culturales.A diferencia de los debates que marcaron la fase de implementación del proyecto, el debate actual se intensifica debido a la emergencia climática y a los nuevos parámetros normativos internacionales. La Opinión Consultiva OC-32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proporciona directrices claras sobre las obligaciones de los Estados en la protección de los derechos humanos frente a la crisis climática, reconociendo el derecho a un ambiente sano como un elemento estructurante. En este escenario, el caso de la Central Hidroeléctrica Belo Monte es un ejemplo significativo de los desafíos que implica conciliar el desarrollo energético, la preservación del ambiente y la garantía de los derechos de la población.Las organizaciones que monitorean el caso señalan el incumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión, lo que refuerza la necesidad de avanzar a la siguiente etapa ante la Corte. La sostenibilidad jurídica del proceso, junto con la relevancia internacional del tema, sitúan el caso como listo para juicio."Más de una década después del inicio de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte, los impactos en el río Xingú persisten y se agravan, amplificados por la presión de nuevos proyectos y la crisis climática. Las comunidades siguen movilizadas en busca de justicia y confían en las acciones de la CIDH para llevar el caso ante la Corte, paso clave para garantizar la reparación integral y la protección del territorio y sus formas de vida", afirma Marcella Torres, coordinadora legal del Programa de Derechos Humanos de AIDA.Según Melisanda Trentin, coordinadora de Justicia Socioambiental y Climática de Justicia Global, el proyecto minero Belo Sun avanza en la Volta Grande del Xingú con fallas en el proceso de consulta idénticas a las de Belo Monte. "Lo que está en juego en la región es la acumulación de daños y violaciones de los derechos humanos y ambientales. Un río con caudal reducido, comunidades con inseguridad alimentaria y modos de vida alterados, y ahora un nuevo proyecto que repite las mismas violaciones ya denunciadas en el Sistema Interamericano hace más de 10 años", señala.Para las organizaciones firmantes, el décimo aniversario representa una oportunidad crucial para avanzar en la administración efectiva de justicia. El caso de Belo Monte deja de ser un episodio aislado y se proyecta como un referente para la aplicación concreta de la justicia ambiental en la Amazonía, en un contexto de creciente presión climática y demanda de rendición de cuentas por parte del Estado.ACERCA DE BELO MONTE: Es la cuarta central hidroeléctrica más grande del mundo, construida sobre el río Xingú, en el estado de Pará, en el corazón de la Amazonía brasileña. Cuenta con una capacidad instalada de 11.233 MW y fue inaugurada el 5 de mayo de 2016. Su funcionamiento desvía el 80% del caudal del río Xingú a través de un canal de 500 metros de ancho y 75 km de largo. La zona inundada entre el canal y el embalse abarca 516 km², una superficie mayor que la de la ciudad de Chicago, de los cuales 400 km² corresponden a bosque nativo.#JusticiaEnElXinguLee la carta abierta de los demandantes del caso de Belo Monte ante la CIDH Conoce lo que dicen las organizaciones demandantes del caso:Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB)"No hay seguridad jurídica sin el respeto a los derechos originarios de los pueblos indígenas. En la Amazonía, esta defensa va más allá del ámbito jurídico, es un compromiso con la vida, con la integridad de los territorios y con el equilibrio climático del planeta. Los daños que la construcción de la central de Belo Monte ha causado a las poblaciones indígenas y al medio ambiente se han hecho realidad y son irreversibles. La Asesoría Jurídica de COIAB trabaja para garantizar que la Constitución, los tratados internacionales y la autodeterminación de los pueblos indígenas sean respetados efectivamente en todas las instancias de decisión", afirma Gabriele Baré, coordinadora de la Asesoría Jurídica de COIAB.Movimiento Xingú Vivo para Siempre"Belo Monte arrancó a la gente de la ribera y dispersó a los habitantes del Xingu por todas partes, lejos del río, de la comunidad, de la vida cotidiana que les era familiar y querida. El ribereño dejó de serlo, la pescadora dejó de serlo, se convirtieron en una nada, muchos de ellos vagando por las periferias de las ciudades. Estas personas perdieron su identidad y, con ello, su alma. Solo quedó vacío y soledad. El impacto de la pérdida de la existencia no puede compensarse, pero debe reconocerse para que haya algún tipo de reparación", afirma Ana Laide Barbosa, educadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre.Observatorio de los Pueblos Indígenas Aislados (OPI)"La construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte ha agravado las amenazas y presiones sobre los pueblos indígenas de la región del Medio Xingú, de manera similar a lo que ocurrió durante el periodo dictatorial con la apertura de la carretera Transamazónica en la misma región. Los pueblos de contacto reciente, como los parakanã y los arara, han sufrido índices alarmantes de invasiones y deforestación ilegal en sus tierras, y el refugio de los grupos indígenas aislados de Ituna Itatá llegó a ser uno de los más deforestados de Brasil. Al mismo tiempo, el desvío de las aguas del Xingú provoca daños ecocidas a los indígenas de la Volta Grande; y las políticas perjudiciales de compensación de impactos tuvieron efectos desintegradores y etnocidas sobre casi todos los pueblos. Por todo ello, la hidroeléctrica se ha convertido en un ejemplo más de la relación colonial establecida por el Estado brasileño con los pueblos amazónicos y en una deuda de reparación que debe ser reconocida y subsanada", afirma Helena Palmquist, coordinadora adjunta del Observatorio de Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente (OPI).

Abril 28 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Hablemos del cierre y salida responsable de proyectos

Ningún proyecto minero, de extracción de combustibles fósiles y de generación de energía dura para siempre. Su vida útil está condicionada a factores internos, como la cantidad de reservas de los recursos, y externos, como la disminución de la demanda o problemas financieros, entre otros.Pero, sin importar la duración del proyecto o cómo esta pueda verse afectada, quienes lo promuevan —sean actores públicos o privados— deben prever un proceso de cierre y salida responsable con el entorno natural y con la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todas las personas involucradas.Este asunto es aún más relevante en el contexto de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática, relacionadas en gran parte con la transición energética, la cual implica en términos generales sustituir los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles; así como promover energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran gran importancia.En el primero, es necesario incluir en los proyectos vigentes obligaciones concretas y exigibles de cierre y salida responsable. En el segundo, estos requerimientos deben incluirse desde la etapa de planificación y la de prefactibilidad, integrándolos también las evaluaciones de impacto ambiental y en fases posteriores.En todos los proyectos, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que forman parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, financiadores, aseguradoras, proveedores, distribuidores y compradores, entre otros.Por lo señalado, la conversación en torno al cierre y salida responsable de proyectos es fundamental para abonar a la protección del ambiente y la gestión climática en América Latina.¿Qué entendemos por cierre y por salida de un proyecto?Todos los proyectos minero-energéticos tienen distintas fases a lo largo de su ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y poscierre. A su vez, tienen cadenas de suministro y de valor en las que participan —como dijimos— actores de diversos sectores.En este contexto, el cierre se refiere a la etapa de un proyecto en la cual este deja de operar y se da por finalizado. Por su parte, la salida se refiere a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro del proyecto, desde su propio rol, se desvinculan por completo de este. ¿Qué implica que un proceso de cierre y de salida sea responsable?Actualmente no existe un consenso sobre la definición y el alcance de los procesos de salida y de cierre de proyectos para que sean responsables y justos. En ocasiones, estos términos se utilizan de forma indiscriminada, lo que puede generar confusiones acerca de las responsabilidades de los actores involucrados y el alcance de los procesos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, hay elementos que permiten explicar estos conceptos con precisión:El cierre responsable y justo de un proyecto es un proceso planificado, realizado con anticipación, que debe contemplarse desde las fases iniciales del proyecto y actualizarse constantemente según su desarrollo.Por medio del cierre responsable se garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo, garantizando también el derecho a un ambiente sano.La planificación y el desarrollo de un plan de cierre deben estar enfocados en la gestión de riesgos, así como en la prevención y mitigación de impactos. Ello asegura un cierre responsable en el que las áreas afectadas puedan readecuarse y ser seguras tanto para la naturaleza como para las comunidades, permitiendo además que los ecosistemas recuperen sus funciones.La obligación general del promotor del proyecto es identificar en debida forma los impactos que este puede causar y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las medidas aprobadas por el Estado en sus instrumentos de gestión ambiental.La principal obligación del Estado (además de su deber general de regulación) es supervisar y fiscalizar el proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones del promotor, previniendo que se generen daños ambientales y/o sociales.El rol de los demás actores de la cadena de valor y de suministro es actuar con debida diligencia, utilizando su influencia para incentivar que el promotor del proyecto cumpla con sus obligaciones y, en caso de notar incumplimientos, tomar medidas desde su papel y capacidad de influencia para que se adopten las acciones correctivas necesarias.La salida responsable y justa se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor y de suministro cuando deciden desvincularse por completo de un proyecto, atendiendo las responsabilidades propias de su rol, que implican cumplir sus obligaciones en materia de respeto y debida diligencia en derechos humanos. En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas.Para conocer más del tema, consulta nuestro informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina En el siguiente video, explicamos los principales hallazgos del informe, que documenta y analiza casos en varios países del continente:

Río en el municipio de San José El Rodeo, Guatemala

Abril 07 2026 Fuentes de Agua Dulce

¿Cuánta agua se consume para producir energía?

El agua y la energía van de la mano. Procesos como la extracción de gas, la refinación de petróleo o el funcionamiento de una hidroeléctrica necesitan agua. Así, a medida que la demanda de energía aumenta, crece también la necesidad de agua para generarla. Eso genera impactos ambientales y sociales que incluyen el agotamiento de fuentes hídricas o la contaminación de ríos, lagos y otros cuerpos de agua.Conocer la conexión entre el agua y la producción de energía nos permite tener una visión más amplia de qué implica su consumo. Cuidar el agua significa también reducir nuestro consumo de energía, pensar en alternativas de generación más sostenibles y exigir que se produzca de forma limpia y justa. La huella hídrica de la energíaEl agua es indispensable para producir energía. Pero no todas las fuentes consumen la misma cantidad de agua, por lo que su impacto ambiental varía. Para la generación de 1 megavatio, que le da energía a 1,000 casas en una hora, estos son los litros de agua que se consumen en diferentes fuentes de electricidad: Pero el uso de agua va más allá. Además de la etapa de generación de electricidad, las industrias energéticas emplean agua dulce, con diversos impactos socioambientales, en sus diferentes procesos de producción: Centrales térmicas convencionalesEn ellas se calienta agua a altas temperaturas —mediante la combustión de carbón, gas o petróleo— a fin de producir vapor, el cual impulsa turbinas para generar energía eléctrica. En las termoeléctricas también se utiliza agua para enfriar las plantas generadoras de energía. Plantas hidroeléctricasUtilizan la fuerza del agua para mover turbinas que generan energía. Al interrumpir o desviar el cauce natural de ríos, arroyos y lagos causan la desconexión entre hábitats, provocando el desplazamiento y disminución de especies.También impactan en la calidad del agua.Además, provocan el desplazamiento forzado de poblaciones cercanas a las fuentes de agua y que dependen de ellas. Extracción y producción de combustiblesSe usa agua al extraer carbón y en la perforación de pozos para explotar gas y petróleo. En muchos casos, estos procesos generan aguas residuales. También se requiere agua para refinar petróleo y gas antes de que sean utilizados como combustibles. Minería de carbónAdemás del usarla para extraer el mineral, se puede emplear agua —junto con productos químicos— para eliminar el azufre e impurezas antes de su quema. La extracción de carbón mediante el uso de explosivos genera escombros que pueden contaminar fuentes locales de agua e incluso taparlas. El carbón puede ser transportado a la central eléctrica con un método que bombea el mineral finamente molido con agua a través de tuberías. Fractura hidráulica (fracking)En esta técnica, se inyecta a alta presión una mezcla de más de 90% de agua, junto con químicos y arena, en formaciones rocosas subterráneas para fracturarlas y acceder al petróleo o gas que contienen.Las aguas residuales de la mezcla quedan bajo tierra y pueden contaminar el agua subterránea que alimenta acuíferos cercanos. Energías renovablesLa energía solar fotovoltaica y la energía eólica no utilizan agua para funcionar, pero requieren insumos y materiales cuya producción requiere agua.El caso a destacar es el litio, usado para fabricar las baterías que almacenan la energía que generan estas fuentes. Su extracción conlleva un enorme consumo de agua de los salares, una de sus mayores fuentes:2 mil litros de agua por cada tonelada de litio producida en piletas de evaporación.Agua usada para obtener el carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto.Agua que se pierde durante el bombeo de la salmuera. Conocer cuánta agua necesitamos para producir la energía que utilizamos nos permite tener una visión más amplia de lo que implica su consumo.Reducir nuestras necesidades energéticas y alentar la producción sostenible y justa de energía también son maneras de cuidar el agua. Si quieres profundizar más en el tema, enlistamos las fuentes de información que consultamos: - "How It Works: Water for Electricity", Union of Concerned Scientists.- "El uso del agua: una planta de energía termoeléctrica", USGS.- "¿Por qué la termoeléctrica no es energía limpia?", J. Soto, Greenpeace.- "How much water does the typical hydraulically fractured well require?", U.S. Geological Survey.- "Hydraulic Fracturing and its Impact on Water Resources", Water Footprint Calculator.- "The intensification of the water footprint of hydraulic fracturing", Science Advances.- "Efectos del represamiento de ríos en países de América Latina y el Caribe sobre la biodiversidad, el agua, la alimentación y la energía", A. Stehr, CEPAL.- "Las represas y su impacto en la naturaleza", WWF.- "¿Qué es el litio, para qué sirve y de dónde se extrae en la Argentina?", Florencia Ballarino, Chequeado.- "El impacto de la minería de litio en los Humedales Altoandinos", Wetlands International.- "'Triángulo de litio: la amenaza a los salares de Bolivia, Chile y Argentina", Rodolfo Chisleanchi, Mongabay Latam. Datos sobre consumo de agua en la generación eléctrica obtenidos de: - "A simple model to help understand water use at power plants", A. Delgado y H. J. Herzog, MIT.- "How it Works: Water for Natural Gas", Union of Concerned Scientists.- "Hidropower Explained", U.S. Energy Information Administration.- "How it Works: Water for Nuclear", Union of Concerned Scientists.- "Geothermal Energu Factsheet", University of Michigan.- "Life cycle water use for electricity generation: a review and harmonization of literature estimates", J. Meldrum y otros, Environmental Research Letters.