América Latina

May 08 2025 Minería

Impacto minero en la hidrografía amazónica

Serie de seminarios web "Extractivismos y defensa territorial desde la ciencia" La minería metálica es una seria amenaza para la biorregión amazónica. La extracción de oro, cobre y las tierras raras dejan un rastro de contaminación hídrica en la cuenca hídrica más grande del planeta. Desde las cordilleras amazónicas en Ecuador a las profundidades de la llanura Amazónica en Colombia y Brasil, la minería formal e informal amenaza cada vez más uno de los biomas más importantes para la regulación hídrica de nuestro planeta, la Amazonía. ¿Cuál es el impacto en la hidrografía amazónica de la minería formal e informal? ¿Cuáles son los costos ambientales, sociales y climáticos de la minería en la Amazonía? ¿Qué herramientas tienen las organizaciones de la sociedad civil y comunidades para prevenir daños mineros irreparables? Estas son algunas de las preguntas quen respondimos en este seminario, el tercero de la serie. PanelistasLeonidas Wiener, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): El panorama minero de la Amazonía.Marcela Cabrera, Universidad IKIAM: Los ríos de la cuenca alta amazónica y su afectación por minería metálica. Sidney Novoa, Conservación Amazónica: Estado Actual de la Minería en la Amazonía.Juliana Siquiera-Gay, Universidad de Sao Paulo: Impactos de la minería en territorios indígenas de la Amazonía Brasileña.Moderó: Javier Oviedo, AIDA Grabación

Ejemplar de tiburón ballena recorre aguas de alta mar

Abril 25 2025 Océanos

El tratado que protege la vida en alta mar: ¿Por qué los gobiernos deben ratificarlo?

El océano cubre dos tercios del planeta. Es tan inmenso e inabarcable que 64% de sus aguas están fuera de cualquier frontera, en un espacio conocido como alta mar.Es una zona que está fuera de las jurisdicciones nacionales y que representa el 40% de la superficie de la Tierra.Por la riqueza de vida marina que resguarda —incluyendo especies nuevas para la ciencia—, alta mar es una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo. Es además fuente de alimento y oxígeno, regula el clima, amortigua los impactos de la crisis climática y sostiene los modos de vida de comunidades dedicadas a la pesca y al turismo.A pesar de su importancia, apenas 1,2 % de las aguas de alta mar tiene protección internacional.Para llenar este vacío, en junio de 2023, los países miembros de la ONU adoptaron formalmente un acuerdo para proteger la biodiversidad en alta mar, el cual necesita la ratificación de al menos 60 países para entrar en vigor.Consulta cuántos y qué países han ratificado el tratado Al ser un reservorio de bienes comunes globales, la protección y uso sostenible de alta mar es un derecho y una obligación de todos los gobiernos. ¿Qué establece el Tratado de Alta Mar?El Tratado de Alta Mar —nombre corto para el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés)— es universal y puede beneficiar a todos los países, incluso a los que no son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), como Colombia, El Salvador, Perú y Venezuela.El tratado contiene los siguientes elementos clave:Herramientas de manejo por zonas. El tratado establece un marco jurídico y un proceso claro para crear redes de áreas marinas protegidas, que pueden brindar una protección integral a la biodiversidad en alta mar frente a múltiples actividades, manteniendo la salud y resiliencia de esta parte del océano.Evaluaciones de impacto ambiental. Bajo el tratado, cualquier actividad nueva en alta mar está sujeta a evaluaciones de impacto ambiental detalladas y modernas que incluyan los impactos acumulativos de múltiples actividades afectando un mismo ecosistema. Los países en desarrollo recibirán apoyo para ser parte de esta tarea.Reparto justo y equitativo de los beneficios por recursos genéticos marinos. El acuerdo establece obligaciones para compartir los beneficios monetarios y no monetarios del aprovechamiento de los recursos genéticos encontrados en alta mar (material genético de cualquier animal, planta o microbio) para desarrollar nuevas medicinas, por ejemplo.Creación de capacidades y transferencia tecnológica. El tratado dispone la provisión de financiamiento y la transferencia de tecnología en condiciones justas para que países en desarrollo aumenten su capacidad científica y tecnológica marina, incluyendo intercambio de datos, desarrollo y mejora de infraestructura y respeto de conocimientos tradicionales.¿Por qué los gobiernos deben ratificar el Tratado de Alta Mar?Tener un Tratado de Alta Mar tomó más de dos décadas, incluyendo cinco años de negociaciones en la ONU. Para garantizar este avance histórico, el acuerdo debe entrar en vigor —volverse ley bajo el derecho internacional—, lo cual ocurrirá 120 días después de que lo hayan ratificado 60 países. Al momento, 21 países han ratificado el tratado.La ratificación significa que los países, además de firmarlo, dan su consentimiento formal al tratado, lo que a menudo implica garantizar que sus leyes nacionales sean coherentes con este.Hay muchas razones por las que la ratificación del acuerdo beneficiará a los países en desarrollo, particularmente a los de América Latina y el Caribe. Algunas de ellas son:El tratado nos acerca a la justicia ambiental. Beneficiará a los países históricamente excluidos del acceso a los recursos de alta mar, brindándoles nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico, científico y económico. Además, permitirá a todos los países ser actores activos de una plataforma global de toma de decisiones, coordinación y cooperación para la protección y uso sostenible de estos recursos.El tratado permite conservar ecosistemas clave. Bajo el tratado, todos los países podrán proponer áreas marinas protegidas en alta mar, incluyendo aquellos sin litoral (como Bolivia y Paraguay). Esto permitirá proteger zonas ricas en biodiversidad y especies endémicas en América Latina, como las cordilleras submarinas de Salas y Gómez & Nazca (Chile-Perú) o el Domo Térmico en el Pacífico centroamericano.El tratado beneficia modos de vida y economías locales. Al promover un alta mar saludable y resiliente, el tratado tendrá efectos positivos en las áreas costeras y en las actividades económicas que dependen de especies migratorias, como la observación de cetáceos y de tortugas, el buceo, el turismo, la pesca comercial y deportiva. Especies altamente migratorias como los calamares son vitales para las economías latinoamericanas.El tratado otorga voz en la toma de decisiones sobre alta mar. Los países que hayan firmado el tratado participarán en las reuniones de la Comisión Preparatoria y quienes lo ratifiquen podrán participar en la Conferencia de las Partes (COP) del acuerdo, cuya primera versión tendrá lugar un año después de su entrada en vigor, donde se decidirán aspectos clave para su implementación y para la puesta en marcha de sus beneficios. El llamado es entonces a que todos los países ratifiquen el Tratado de Alta Mar, protegiendo así el 64% de nuestro océano, que hoy carece de una protección efectiva.Es momento de actuar por la vida marina y por las futuras generaciones.

Marzo 24 2025 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Familias de La Oroya exigen al Estado peruano cumplir con las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte Interamericana

A un año de la sentencia, el Estado aún no la implementa y la población carece de atención en salud integral y está nuevamente expuesta a contaminación tóxica por la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que opera sin una gestión ambiental adecuada.A un año del fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano adoptar medidas de reparación integral en favor de residentes de La Oroya, tras responsabilizarlo de violar sus derechos, las víctimas continúan esperando la implementación de la sentencia y con ello el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.“Ha pasado ya un año desde la notificación de la sentencia, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar?”, cuestionó Yolanda Zurita, residente de La Oroya y peticionaria del caso. “¡Basta ya! Exigimos al Estado peruano dar cumplimiento inmediato a la sentencia de la Corte Interamericana, que beneficiará no solo a las víctimas del caso, sino también a la población de La Oroya y del país expuesta a sustancias tóxicas derivadas del desarrollo indiscriminado de actividades extractivas e industriales en nuestros territorios”.El 22 de marzo de 2024 —en una decisión histórica para la protección del ambiente sano en América Latina—, la Corte IDH dio respuesta a la larga e incansable búsqueda de justicia de familias de La Oroya, afectadas durante décadas por los niveles extremos de contaminación provenientes del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y por la falta de medidas adecuadas de protección por parte del Estado, que hoy ignora el fallo y subestima su importancia.Aunque la Corte IDH ordenó al Estado garantizar que las operaciones del CMLO cumplan con estándares ambientales internacionales, previniendo y mitigando daños al ambiente y a la salud humana, actualmente ocurre todo lo contrario: el CMLO reactivó sus operaciones sin haber modernizado sus instalaciones con la finalidad de prevenir y atender los riesgos que genera a la población en términos ambientales y de salud.Es urgente que el CMLO deje de contaminar y que el Estado peruano adopte las acciones requeridas por la Corte IDH para que se modernice acorde con los estándares ambientales internacionales de protección ambiental, cumpliendo con lo establecido en el fallo.“Con la reactivación del complejo metalúrgico, la población de La Oroya está nuevamente expuesta a niveles de contaminación ambiental que ponen en riesgo su vida; la sentencia de la Corte Interamericana es clara y el Estado está obligado a cumplirla”, afirmó Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El retraso en el cumplimiento del fallo genera una revictimización para familias que llevan más de 20 años exigiendo justicia”.La Corte IDH ordenó además al Estado brindar atención médica gratuita a las víctimas y garantizar atención especializada a residentes con síntomas y enfermedades relacionadas con la contaminación proveniente de la actividad minero-metalúrgica. Sin embargo, hoy la atención en salud integral no está siendo garantizada en La Oroya. Es necesario que el Estado —a través de y en coordinación con el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Junín, la Dirección General de Salud Ambiental y las entidades prestadoras de servicios de salud— creen e implementen el protocolo de atención integral para las víctimas en La Oroya, tal como lo estableció la Corte IDH.La sentencia estableció un precedente histórico para la fiscalización de la contaminación industrial por parte de los Estados. Para que el Estado peruano avance realmente en su implementación, es imperativo que la Procuraduría General expida la resolución de cumplimiento.“A pesar de los plazos establecidos por la Corte Interamericana al Estado peruano, prácticamente no se tiene ningún avance en la implementación de la sentencia” señaló Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). “Se debe considerar, sobre todo, la naturaleza misma del caso, lo cual implica que La Oroya fue catalogada como una zona de sacrificio por los altos niveles de contaminación; ante ello, la necesidad de reparar integralmente a las víctimas es urgente. Antecedentes del casoLa Oroya está ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. En 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Corporation instaló allí el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) para procesar concentrados de minerales. El complejo fue nacionalizado en 1974 y, bajo la denominación de Centromin Perú, operado por el Estado hasta 1997, cuando pasó a manos de la empresa Doe Run Perú, responsable de sus operaciones hasta 2009. En suma, el CMLO tiene más de 100 años de antigüedad.En La Oroya, la mayoría de las personas afectadas por la contaminación del CMLO, incluyendo niños y niñas, ha presentado niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En algunos casos, han registrado niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional y en representación de las víctimas, una coalición internacional de organizaciones presentó la denuncia contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006. En octubre de 2021, la Comisión estableció la responsabilidad del gobierno peruano y remitió el caso a la Corte Interamericana. En octubre de 2022, más de 16 años después de iniciada la demanda internacional, las víctimas presentaron el caso ante la Corte IDH, representadas por AIDA y APRODEH, con el apoyo de Earthjustice. Contactos de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107María Nieve Sullón (Perú), APRODEH, [email protected], +51 984926868

Marzo 21 2025 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

¿Por qué la minería de litio en salares andinos es llamada también minería de agua?

Por Víctor Quintanilla, David Cañas y Javier Oviedo* Según datos oficiales, en todo el mundo, cerca de 2 200 millones de personas no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura.Pese a este panorama, las amenazas de sobreexplotación y contaminación para este bien común van en aumento. Una de ellas es la extracción acelerada de litio en países de América Latina, impulsada por actores empresariales y estatales para cubrir las necesidades de transición energética del norte global.Y es que la extracción de litio implica un enorme consumo y pérdida de agua, siendo en esencia una minería del agua.En el continente, el avance de la industria del litio amenaza particularmente a los salares y otros humedales andinos de la región del Gran Atacama —ubicada en la región ecológica de la Puna, en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— donde está más del 53% de los recursos (material potencialmente explotable) del mineral.La explotación de litio está agudizando el déficit hídrico natural de la zona, poniendo en riesgo no solo a los salares, sino también a múltiples formas de vida que allí habitan. ¿De dónde viene el agua utilizada en la minería de litio?Antes que nada, es necesario señalar que lo salares son ecosistemas hídricos ubicados en el fondo de cuencas endorreicas o cerradas, donde los ríos no desembocan en el mar sino al interior del territorio, por lo que el agua conforma lagos o lagunas acompañadas a menudo por planicies de sal debido a la evaporación.En los salares suelen coexistir, en un delicado equilibrio, cuerpos de agua dulce y cuerpos de agua salada, lo cual permite el sustento de la vida en ellos.Las regiones donde existen salares, como el Gran Atacama, son áridas o semiáridas, presentando una alta evaporación y precipitaciones escasas. Allí encontramos acuíferos de agua dulce a los pies de las montañas y acuíferos de salmuera al centro de los salares, ambos conectados y en equilibrio.La salmuera es básicamente agua con alto contenido de sales, aunque la industria minera del litio la considere un mineral para justificar su explotación y minimizar la huella hídrica de sus actividades.Las aguas de las cuencas de los salares, además de ser esenciales para la vida, son un recurso patrimonial porque son muy antiguas —pueden alcanzar las decenas de miles de años de antigüedad— y han sido el sustento de poblaciones originarias que han habitado la Puna desde hace miles de años.Cuando la industria minera se instala en un salar, amenaza el equilibrio natural, afectando de forma directa las relaciones entre el agua y el entorno social, así como las relaciones entre el agua y otras formas de vida.Para explotar litio de un salar, el procedimiento tradicional consiste en perforar el salar, verter la salmuera en grandes piscinas, esperar a que el agua se evapore para que la concentración de litio aumente, enviar el concentrado de litio a una planta industrial y someterla a un tratamiento químico para separar el litio de otras sales y finalmente obtener carbonato o hidróxido de litio: materia prima empleada principalmente para fabricar baterías.La extracción continua y en grandes cantidades de salmuera de los acuíferos salinos altera el equilibrio natural del agua subterránea. Como resultado, las zonas que antes estaban llenas de salmuera se vacían, lo que provoca que el agua dulce de los acuíferos cercanos se desplace para ocupar esos espacios, salinizándose en el proceso.Los procesos finales para obtener carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto también requieren agua, obtenida de fuentes superficiales o subterráneas, de las cuales también se abastecen las comunidades locales.Por tanto, el agua utilizada en la minería de litio proviene de:Acuíferos subterráneos de agua dulce y de salmuera.Fuentes superficiales, como ríos y vegas (terrenos donde se acumula agua). Esto hace que el riesgo inherente a la minería de litio sea la sobreexplotación de estas fuentes de agua. ¿Cuánta agua consume la minería de litio?La extracción de litio por el método descrito implica un enorme consumo y pérdida de agua, la cual no regresa al ambiente porque se consume totalmente, porque sus características cambian o porque simplemente se pierde por evaporación.Según datos científicos, las siguientes son cifras promedio del hiperconsumo de agua en la minería de litio:150 m3 de agua dulce utilizada para producir una tonelada de litio.350 m3 de salmuera por tonelada de litio.Entre 100 y 1000 m3 de agua que se evapora por cada tonelada de litio producido. Para ilustrar la pérdida del recurso hídrico en la minería de litio, es posible mencionar que el agua que se pierde por evaporación equivale al consumo total de agua de la población de Antofagasta (166 000 personas) durante dos años. Esa ciudad chilena está ubicada a 200 km del Salar de Atacama, donde está más del 90% de las reservas de litio del país.Además de la sobreexplotación de agua, la minería de litio también puede contaminar el recurso al generar aguas residuales con presencia de sustancias tóxicas. Nuestra relación vital con el aguaA diferencia de la industria minera, que ve en el agua un recurso más para explotar, las comunidades indígenas que habitan en la zona tienen un vínculo ancestral con el recurso, del cual dependen sus actividades económicas y productivas, así como sus costumbres, tradiciones y cosmovisión.Estas comunidades deben enfrentar ahora las presiones sobre el agua del avance de la minería de litio, movida por intereses ajenos.Pero lo hacen con valentía, desarrollando procesos de defensa del agua y del territorio.Aprendamos de ellas a defender un bien común sin el cual ninguna forma de vida es posible.Conoce más de los impactos de la minería de litio en los salares andinos en este StoryMapVe la grabación del webinar “Evidencias del hiperconsumo de agua en la extracción y producción de litio” *Víctor Quintanilla es el coordinador de contenido de AIDA; David Cañas y Javier Oviedo son asesores científicos.

Marzo 12 2025 Cambio Climático

Cierre y salida responsable de proyectos: Retos y oportunidades en América Latina

En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que, en el actual proceso de transición energética, los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades afectadas. En efecto, la falta de un proceso de cierre, así como de claridad respecto de las obligaciones en los procesos de transición social y superación de las condiciones de dependencia económica, son obstáculos complejos que pueden agudizar los impactos ambientales y sociales.En este seminario web, compartimos los principales hallazgos y recomendaciones que, gracias al trabajo colaborativo con aliados en la región, hemos sistematizado desde AIDA acerca de esta problemática. Además, escuchamos las reivindicaciones de comunidades, personas defensoras y organizaciones que han enfrentado este desafío en distintos casos específicos. PanelRosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y Javier Oviedo, asesor científico de AIDA: Presentación del informe El cierre y la salida responsable: un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina.Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE): El caso de Yasuní en Ecuador.Cristina Lux, abogada de AIDA: El caso de Tocopilla en Chile.Joana Abrego, gerente Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y coordinadora de la Comisión Legal en la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): El caso de la multinacional canadiense First Quantum Minerals en Panamá.Hilda Arrieta, representante legal de las mujeres del municipio El Paso y accionante de la Mesa para la Defensa Territorial y la Transición Energética Justa en el Cesar y Magdalena: Abandono y cierre de minas de carbón en el Cesar, Colombia.Moderó: José David Castilla, abogado de AIDA. Grabación Más informaciónConsulta el informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina

Marzo 10 2025 Cambio Climático, Fuentes de Agua Dulce, Minería

Declaratoria de Zona de Reserva Temporal en el páramo de Santurbán es una victoria para la defensa del agua en América Latina

Organizaciones de la sociedad civil celebran la medida tomada por el Ministerio de Ambiente de Colombia, la cual implica la suspensión por dos años del proyecto de minería de oro de la canadiense Aris Mining en el macizo de Santurbán.Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Institute for Policy Studies (IPS) - Proyecto de Minería y Comercio, Mining Watch Canada, el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) y Common Frontiers Canada celebramos a la resolución mediante la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables. Este gran paso fortalece la protección de uno de los páramos más emblemáticos de la región andina y de los ecosistemas conexos, fundamentales para la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica de un estimado de 2 millones de personas en la región.Con la Resolución 0221 del 3 de marzo de 2025, en la que el MADS delimita y protege un área de 75.344,65 hectáreas, se logra la suspensión provisional por dos años del proyecto de minería de oro Soto Norte de la multinacional canadiense Aris Mining y su subsidiaria en Colombia, Sociedad Minera de Santander S.A.S. (Minesa), que amenazaba a Santurbán. Lo anterior porque, en virtud del principio de precaución, la norma prohíbe el otorgamiento en el área de “nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, (...) así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales” hasta tanto se adelanten los estudios técnicos necesarios que darían lugar a su protección definitiva. Esta resolución no afecta la actividad agrícola, pecuaria o de turismo en la zona. No obstante, manifestamos nuestra preocupación porque la resolución deja vigente el contrato de concesión con Calimineros, empresa que tiene un subcontrato de formalización minera con Minesa desde 2020, a partir del cual Minesa promete comprar y procesar material mineralizado. Alentamos a las autoridades competentes a suspender la evaluación de la solicitud de la licencia ambiental para este proyecto y la prórroga del subcontrato de formalización debido a los potenciales impactos ambientales que podría ocasionar en Santurbán y por efectivamente ser parte del mismo proyecto Soto Norte. Los páramos y ecosistemas conexos son de alta sensibilidad, reconocidos por su papel en la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de biodiversidad endémica. La remoción de la cobertura vegetal y la fragmentación de los ecosistemas que generaría la minería en Santurbán podría afectar el equilibrio ecológico, la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la vida; acidificar y reducir la cantidad de agua dulce disponible; y romper la interconectividad ecológica con otros biomas y ecosistemas, acabando con su capacidad de secuestrar carbono y provocando impactos a perpetuidad. Por estas razones, valoramos que la medida adoptada busque prevenir el avance de la minería en esta área de alta sensibilidad y relevancia ambiental, previniendo procesos de degradación de las cuencas que alberga la estrella hídrica de Santurbán y preservando el ciclo del agua.Sebastián Abad-Jara, abogado de AIDA, señaló: "Al proteger Santurbán, Colombia ratifica su compromiso con el cumplimiento de metas ambientales globales en materia de biodiversidad, clima y humedales, y se consolida como referente para los gobiernos de otros países donde estos ecosistemas también están amenazados por la actividad minera, como Perú y Ecuador"."Celebramos esta declaratoria como la victoria de haber dado el primer paso; el objetivo final debe ser la consolidación del costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva, protegiendo de manera definitiva esta estrella hídrica, vital para toda la vida que depende de ella", indicó Jen Moore, investigadora asociada del IPS - Proyecto de Minería y Comercio. Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada, agregó: "Esta resolución es fruto del arduo trabajo del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, que ha padecido hostigamientos e intimidaciones por su labor a favor de la protección del páramo y que ha sido víctima de campañas de desinformación sobre los supuestos efectos perjudiciales de la norma para la actividad agropecuaria". AIDA, IPS, MiningWatch Canada, CIEL y Common Frontiers Canada respaldamos la adopción de esta medida de protección para Santurbán. También alentamos con esperanza al gobierno nacional y local para que realice los estudios técnicos necesarios para su protección definitiva, y tome medidas preventivas para evitar los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos de la minería en la zona, en relación con los proyectos que ya cuentan con título minero. Además, reiteramos la urgencia de adoptar medidas de protección de las personas defensoras de los páramos en Colombia.La experiencia de Santurbán es muy valiosa y debe servir de ejemplo e impulsar legislaciones para la protección ambiental en América Latina que pongan en el centro el derecho humano al agua y el equilibrio e integridad de ecosistemas frágiles como los páramos y la alta montaña. Consulta la resolución que declara la zona de reserva temporal en Santurbán #NuestroOroEsElAgua Contactos de prensaVictor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107Jennifer Moore, IPS, [email protected], +12027049011 (prensa IPS)Viviana Herrera, Mining Watch Canada, [email protected], +14389931264Alexandra Colón-Amil, CIEL, [email protected], +12024550253

Febrero 24 2025 Cambio Climático, Contaminación Tóxica, Océanos

Conoce más sobre las negociaciones para reducir la contaminación del transporte marítimo

Descarbonizar las actividades productivas y económicas es fundamental y urgente para enfrentar la triple crisis —climática, de contaminación y de pérdida de biodiversidad— que enfrenta el mundo. En el transporte marítimo —que mueve cada año 10.000 millones de toneladas de carga y genera el 2.9 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), entre ellos dióxido de carbono (CO2)—, la necesidad mundial de reducir y, en el largo plazo, eliminar estas emisiones es abordada por la Organización Marítima Internacional (OMI), agencia especializada de la ONU a cargo de generar normas para un transporte marítimo seguro, eficiente y libre de contaminación.Avanzar hacia la descarbonización es fundamental pues de no haber cambios sustanciales, las emisiones del transporte marítimo podrían crecer hasta un 50% en 2050.La OMI tiene una Estrategia Revisada de Reducción de Emisiones, acordada en 2023 por los 175 países que integran el organismo. Con ella se espera reducir las emisiones del sector hasta en 30% a 2030, en 80% a 2040 y alcanzar el cero neto alrededor del año 2050. La implementación de la estrategia es actualmente objeto de negociaciones internacionales.AIDA participa en estas negociaciones como parte de la Clean Shipping Coalition, una coalición internacional de organizaciones. Además, coordina esfuerzos con Ocean Conservancy y Fundación Cethus para generar incidencia con países latinoamericanos y colaborar con información técnica actualizada sobre el avance de las negociaciones y sus implicaciones para la región.La descarbonización del transporte marítimo mundial y sus impactos económicos es una discusión muy importante para América Latina y el Caribe. Es necesario que todos los países y sectores de la economía se alineen con metas claras y que se evalúe de forma igualitaria y justa todos los impactos que se generen, así como las formas en que los países pueden mitigarlos.Aquí te contamos más de este importante proceso. ¿Qué medidas están en discusión para reducir la contaminación del transporte marítimo?Lo que se está negociando a nivel internacional es la elección del paquete de medidas necesarias para lograr las metas acordadas en 2023 para la reducción de emisiones de GEI en el transporte marítimo. Este paquete incluye medidas técnicas y económicas. Su estructura final será decidida en abril de este año en Londres, sede de la OMI, marcando un hito mundial en la lucha mundial contra la crisis climática.Las medidas técnicas incluyen un estándar global de combustibles, la captura de carbono en los barcos, mediciones de eficiencia energética de los combustibles utilizados y la reducción de velocidad de los barcos, entre otras. Todas ellas buscan que la operación del transporte marítimo sea lo más eficiente posible respecto de los combustibles usados, además de desincentivar gradualmente el uso de los combustibles más contaminantes. Esto implica utilizar la menor cantidad de energía, emitir la menor cantidad de CO2 y mantener en funcionamiento al sector.Como complemento a las medidas técnicas, se plantean medidas económicas orientadas a poner precio a las emisiones de CO2 del transporte marítimo. Se espera así que el incremento en la eficiencia de los barcos tenga no solo un componente tecnológico, sino también un estímulo de mercado. Esta combinación es fundamental para lograr las metas de reducción de emisiones pues permitirá que los sectores público y privado:Cuenten con los recursos económicos para las inversiones en nuevas tecnologías, en nuevos combustibles y otras que la transición energética del sector requiere.Tengan un estímulo económico para cerrar la actual brecha de costos entre los combustibles fósiles y las tecnologías limpias cercanas a las cero emisiones. Para definir la asignación de un precio a las emisiones de CO2, hay dos grandes propuestas:La primera tiene una estructura flexible frente a las emisiones. En su versión más básica, considera las diferencias en las emisiones para la implementación de la medida. Para ello se contempla un "límite permitido” de emisiones de CO2, clasificando a los barcos en aquellos que están debajo de este y aquellos que están por encima. Los primeros podrían recibir una recompensa económica y los segundos pagarían una tarifa por el CO2 emitido en el marco de un sistema de cupos de emisiones. En esta medida, aunque existe un mecanismo para regular las emisiones debajo del límite establecido, la tolerancia a estas limita la posibilidad de una reducción acelerada, lo que podría demorar la transición energética que la crisis climática requiere.La segunda tiene una estructura universal, lo que se traduce en poner un precio fijo a todas las emisiones de CO2 generadas por la operación de la flota marítima. Con ello se busca crear un estímulo de mercado que aumente la demanda de nuevas tecnologías de bajas emisiones (nuevos barcos y combustibles), promoviendo que los operadores marítimos las adquieran para evitar el pago de una tarifa. Con esta medida se espera tener un seguimiento más preciso de las emisiones totales de los barcos, motivar una transición energética más rápida y pronunciada, así como recolectar y luego redistribuir entre operadores marítimos y países una cantidad considerable de recursos económicos para mitigar los costos e impactos negativos desproporcionados que el proceso de descarbonización genere. ¿Qué implica la descarbonización del transporte marítimo para América Latina y el Caribe?Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a los desastres asociados al cambio climático por lo que las acciones orientadas a lograr metas de descarbonización en distintos sectores de la economía regional son fundamentales para hacerle frente a la crisis climática.Por otro lado, las acciones destinadas específicamente a la descarbonización del transporte marítimo tendrán impactos diferenciados a corto, mediano y largo plazo en cada uno de los países del continente. Por ejemplo, la elección de una u otra propuesta para el pago de una tarifa por las emisiones de CO2 del sector —la modalidad flexible o el precio fijo— tendrán impactos distintos en cada país. Lo que es común en todos los escenarios es que la región será fuertemente afectada por el proceso de descarbonización del transporte marítimo.En este sentido, es importante que los países identifiquen cuáles son los escenarios que les permiten un mayor rango de acción frente a estos impactos para compensarlos y para que la transición sea equitativa y justa, sin dejar a ningún país atrás.En términos económicos, la implementación de un precio universal para las emisiones de CO2 posibilitaría que los Estados reciban una parte de los recursos económicos obtenidos para compensar y mitigar los impactos de la descarbonización. Las cantidades y formas de este traspaso de recursos serán consensuadas en la OMI. Se espera que la combinación de medidas más ambiciosas (técnicas y económicas) recolecte hasta 120.000 millones de dólares anuales en los próximos años. La propuesta flexible para el pago por emisiones no incluye mecanismos de redistribución de recursos pues estos irían directamente a los operadores del transporte marítimo y a los productores de combustibles. Así, los países tendrían que mitigar los impactos de la descarbonización con recursos propios.Desde una perspectiva ambiental, sin el estímulo previsto por un precio universal, existe el riesgo de que el esquema flexible promueva indirectamente la continuidad del uso de combustibles que generan emisiones de CO2, sobre todo en regiones con recursos económicos limitados para invertir en la tecnología de punta menos contaminante. Esto causaría una demora en el logro de las metas de reducción de emisiones de la flota marítima mundial, alejando a los países del cumplimiento de sus compromisos climáticos en la OMI.En general, los costos de la reducción de emisiones de CO2 del transporte marítimo y de otros sectores, causantes de la crisis climática actual, son una realidad para todos los países, aunque con impactos diferenciados por región. La participación activa de América Latina y el Caribe en las discusiones internacionales al respecto, a lo largo de 2025, es fundamental para garantizar que la transición energética y la reducción de la contaminación del transporte marítimo sea justa y equitativa. Es importante que los países del continente tomen una posición que les permita proteger económica y ambientalmente sus intereses frente a los impactos de este proceso.Si la estrategia de descarbonización de la OMI no cumple sus ambiciones, tendremos un transporte marítimo que agrave la crisis climática y sus efectos. El éxito de esta estrategia será un logro de consenso mundial con consideraciones ambientales. Paro ello, la equidad y la justicia de la transición debe ser uno de los elementos principales. El reconocimiento de los impactos diferenciados de las medidas de descarbonización marítima y su compensación, sobre todo en los países más afectados, asegurará un triunfo que descanse sobre criterios de justicia y equidad ambiental.

Febrero 19 2025 Océanos

¡Feliz Día Mundial de las Ballenas! Garanticemos su protección y tranquilidad

Nací y crecí en Chile. Aquí pasé todos mis veranos disfrutando de las playas de este largo país costero.Ya de adulta, y habiendo dedicado mi vida profesional al cuidado del ambiente, me ha llamado la atención la poca información que me dieron en el colegio acerca de la abismante riqueza natural de mi lindo país, en particular respecto a las ballenas. Nunca supe, de niña, que Chile era un país de ballenas. Y sí que lo es: de las 94 especies de cetáceos en el mundo, 43 habitan nuestras aguas y 26 de ellas (un 28% del total global) se encuentran en la Patagonia. Estamos hablando de que casi la mitad de las ballenas pasan por Chile y de que casi un tercio están en la Patagonia.Sin embargo, el país, y sobre todo la Patagonia, es también un epicentro de la salmonicultura, industria que ha crecido rápidamente, amenazando los ecosistemas marinos. Chile es hoy el segundo productor mundial de salmón, solo superado por Noruega, donde, a diferencia de lo que ocurre aquí, el salmón es una especie nativa.Al hablar con mis pares, me he dado cuenta que muchos sienten lo mismo. En Chile, al menos en los años que yo crecí, no se hablaba mucho sobre los cetáceos de los que nuestros mares y costas son guardianes.¿Por qué en el colegio no nos enseñaron sobre estos majestuosos seres que habitan nuestras aguas? ¿Cuántas oportunidades de concientización y protección se habrán perdido con ese silencio que dejó de inspirar a tantos/as niños/as como yo? Y en consecuencia, ¿habrá tenido esta carencia algún efecto en la escasez de información disponible sobre las amenazas que enfrentan los cetáceos en Chile?Hagamos algo al respecto. Hoy, en el Día Mundial de las Ballenas, ellas merecen ser el centro de atención. Y con eso en mente, AIDA —junto a Greenpeace y ONG FIMA, aliadas históricas en la resistencia de la expansión de la salmonicultura en las aguas de la Patagonia chilena— lanzó un informe científico acerca de los impactos de esta industria en los cetáceos que habitan el extremo sur del país.El informe, elaborado por un equipo multidisciplinario de científicas, reveló datos alarmantes: las ballenas de la Patagonia están sometidas a múltiples amenazas causadas por la salmonicultura, pero no hay suficiente investigación ni monitoreo para medir su impacto real. Este vacío de información impide tomar medidas de conservación adecuadas y refuerza la necesidad de estudios sistemáticos y mayor fiscalización.Necesitamos visibilizar lo que está ocurriendo. Hablemos de las recientes muertes de ballenas en nuestras aguas protegidas o del estudio científico publicado en la revista Marine Policy, que explica que Chile tiene la mayor tasa de mortalidad de ballenas por colisiones con embarcaciones a nivel mundial desde 2013. Esto confirma el riesgo que habíamos identificado, aún falten datos precisos y regulaciones efectivas para mitigarlo.Propongo que hoy nos tomemos un momento para hablar de estos gentiles gigantes que transitan por las aguas del mundo y que pasan tan seguido por este rincón del mundo.Ojalá podamos contarles a los niños y niñas acerca de ellas, incluso llevarles a visitarlas en los diversos puntos de avistamiento que ofrece nuestro país y nuestra región. Que esta información llegue a quienes educan, para que las nuevas generaciones crezcan con el conocimiento y orgullo de ser guardianas de estas especies.Desde AIDA, junto con muchas otras organizaciones, seguiremos aportando con información, litigio e incidencia para garantizarles la protección y tranquilidad que merecen, por el solo hecho de existir.Consulta nuestro informe Cetáceos y Salmonicultura: Desafíos para la protección de la biodiversidad marina en la Patagonia chilena

Febrero 13 2025 Fortalecimiento de Capacidades, Fuentes de Agua Dulce, Minería

Evidencias del hiperconsumo de agua en la extracción y producción de litio

Serie de seminarios web "Extractivismos y defensa territorial desde la ciencia" En AIDA consideramos que la divulgación de las ciencias ambientales es una poderosa herramienta de defensa territorial frente al avance de las actividades extractivas en América Latina. Reconocemos la diversidad del conocimiento científico —que se extiende al conocimiento local, tradicional e indígena— y su potencial para contribuir a la comprensión holística de los impactos ambientales y sociales de los proyectos extractivos. También valoramos el vínculo entre el conocimiento científico y la defensa de un ambiente sano que comunidades y organizaciones de la sociedad civil realizan en los territorios.En esta serie de seminarios web dialogaremos —desde la ciencia— acerca de los impactos de la extracción de recursos minero energéticos en algunos de los ecosistemas más vulnerables de la región, así como en los procesos de defensa territorial. La serie tendrá tres ciclos en los abordaremos tres grandes temáticas: la minería metálica, los combustibles fósiles y las nuevas fronteras del extractivismo.En esta segunda sesión, parte del ciclo sobre minería metálica, explicamos las características de la extracción y producción de litio, las amenazas al sistema hídrico regional y las propuestas para enfrentarlas desde el litigio y la ciencia.La minería de litio impone al planeta un elevado costo ambiental, asociado al significativo consumo de recursos hídricos para la fabricación de baterías eléctricas. Chile y Argentina, dos de los principales países productores de litio son también los que tienen mayor riesgo hídrico.El agua subterránea y superficial es uno de los bienes más preciados que tenemos y su cuidado es crucial para la resiliencia hídrica de los pueblos que habitan la Puna, ubicada en el Altiplano de Argentina, Bolivia y Chile. Pero la minería de litio, caracterizada por el hiperconsumo hídrico, ha penetrado fácilmente en esta ecorregión, dejando evidencias claras de cambios en las condiciones ecológicas. PanelJavier Oviedo, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Consumo de agua en la minería de litio.Cynthia Escares, ONG Defensa Ambiental (Chile): La Puna. Valor ecológico y microbiológico de los salares andinos.Verónica Gostissa, Asamblea Pucará (Argentina): El caso del Salar del Hombre Muerto como ejemplo de lo que sucede en la región (impactos acumulativos). Moderó: David Cañas, AIDA. Grabación

Enero 30 2025 Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Participación Ciudadana

Corredor Biocultural: Esperanza de un futuro mejor para el Pantanal

Por Jorge Lu Palencia y Andrea Islas López*El Pantanal es un humedal único y de gran riqueza. Integra elementos de la selva amazónica semiárida, la Mata Atlántica (bosque húmedo), El Cerrado (sabana tropical), el bosque seco chiquitano y la sabana esteparia del Chaco. Con una extensión de casi 18 millones de hectáreas, trasciende las fronteras de Bolivia, Brasil y Paraguay. Su biodiversidad es fundamental para la protección del agua, la producción de alimentos, la regulación del clima, así como para la vida y cultura de millones de personas: campesinas, comunidades tradicionales, comunidades quilombolas y pueblos indígenas. Sin embargo, el Pantanal está en riesgo de desaparecer por las devastadoras temporadas de incendios forestales y otras amenazas originadas en las deficiencias estructurales de la gestión institucional del ecosistema.En 2022, organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Convención Ramsar aplicar al Pantanal los mecanismos de protección para humedales de importancia internacional, advirtiendo que el número de focos de incendios se había elevado a cifras cinco veces mayores que el promedio histórico. Y, en 2024, denunciaron que la temporada de incendios superó nuevamente las condiciones históricas promedio.Unas semanas después de los incendios, en noviembre de 2024, los Comités Populares del Agua y el Clima —conformados por pequeños agricultores de la cuenca del Río Paraguay— se reunieron para celebrar a la naturaleza y reafirmar su compromiso con la protección del agua mediante la autoafirmación del Corredor Biocultural del Río Paraguay / Pantanal.Estos comités han estado activos por más de 25 años para hacer frente a las amenazas socioambientales de la minería, de proyectos como hidrovías y presas hidroeléctricas, así como de los monocultivos de soja y caña de azúcar.Representan un modelo alternativo de gestión del ecosistema donde las comunidades se organizan para proteger su territorio y promover prácticas sostenibles. ¿Qué significa la autoafirmación del corredor biocultural?En la práctica ambiental, el término “corredor” se aplica a los corredores ecológicos, cuya función principal es la conectividad, es decir, el movimiento de las especies de fauna para refugio, alimentación y reproducción, así como la dispersión de las plantas.Sumar a los corredores el elemento “biocultural” es pensar en que los seres humanos somos parte del ecosistema, que la conservación de la naturaleza no excluye la finalidad de hacer posible la vida plena de los grupos humanos y que la cultura —materializada en las diversas cosmovisiones, conocimientos ancestrales, prácticas tradicionales y formas propias de organización— es un elemento fundamental para proteger efectivamente la naturaleza.La autoafirmación hecha por los comités populares del Pantanal es un hito que nos recuerda que la protección de la naturaleza no depende solo de la acción de los gobiernos, sino que es posible por la conciencia e iniciativa popular de las comunidades y los pueblos. Da cuenta que el ejercicio de los derechos de participación pública es irrenunciable y fundamental para políticas públicas que posibiliten la vida y la justicia socioambiental.Los corredores bioculturales permiten integrar la conservación de la naturaleza y las actividades económicas y culturales con prácticas ecológicas, propiciando así un futuro más sostenible para las comunidades y la región del Pantanal.Significan el nacimiento de una iniciativa de conservación más legítima y eficaz, de una gestión con gobernanza participativa y de un sistema de organización donde las decisiones y las políticas florecen de abajo hacia arriba. Un modelo alternativo a la deficiente gestión institucional En el contexto de la crisis climática y de un sistema político económico que exacerba las amenazas, las devastadoras temporadas de incendios en el Pantanal exhiben los problemas de cambio de uso del suelo, el uso irresponsable del fuego para las actividades agrícolas y ganaderas, una gestión inadecuada de recursos para prevenir y combatir los incendios, además de la ausencia de coordinación y cooperación transfronteriza.Las deficiencias estructurales de la gestión institucional se han traducido en políticas públicas insuficientes o que incluso han causado la pérdida del hábitat a través de incentivos a los monocultivos y a la ganadería extensiva, afectado la regulación hídrica por el uso de hidrovías y atrapado en represas al agua que permite los servicios ecosistémicos, la subsistencia y la cultura de las comunidades locales y pueblos indígenas.Frente a este panorama, la autoafirmación del corredor biocultural surge como modelo alternativo de gestión del territorio, impulsado por el pueblo como respuesta a la falta de políticas públicas efectivas.Con este modelo, las comunidades impulsan la educación popular consciente para proteger el agua y adoptar prácticas de agricultura ecológica, en lugar de depender de un sistema que favorece una economía de degradación a costa de la destrucción del hábitat. Razones para tener esperanza en la preservación del PantanalLa autoafirmación del corredor biocultural nos permite ser optimistas debido a:La resiliencia de las y los pantaneros, que les permite sobreponerse a la devastación y abrir un camino alterno para la conservación del ecosistema con la iniciativa y participación campesina popular.La conciencia y acción emancipatorias, que colocan en el centro a la vida con base en los derechos de la naturaleza, el respeto a los derechos humanos, la justicia social y ambiental.Una organización que resiste y se construye democráticamente, basada en la identidad pantanera, la mística, los conocimientos ancestrales y las prácticas tradicionales sostenibles.Un modelo de gestión popular y participativo, que armoniza los fines de conservación y de desarrollo integral, que tiende puentes con otras comunidades y pueblos indígenas, y que tiene el potencial de expandirse como sistema de gobernanza socioambiental transfronterizo con enfoque ecosistémico.Gracias a los comités populares, el Pantanal vive y tiene posibilidades de un futuro más sostenible. La creación del corredor biocultural es una clara señal de esperanza para este vasto y rico territorio de humedales.Este modelo, basado en la gestión popular y el respeto por la naturaleza, ofrece una alternativa viable frente a las amenazas que enfrenta el Pantanal y es una fuente de inspiración para otros territorios en crisis del continente.* Jorge Lu Palencia es abogado del Programa de Ecosistemas de AIDA; Andrea Islas López es abogada y pasante en AIDA.