América Latina

May 06 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos

Santa Marta y el fin de los combustibles fósiles: Del "sí" al "cómo"

Terminó la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, Colombia. Y todo apunta a que esta iniciativa llegó para quedarse. Muchos aspectos merecen atención en este proceso abierto por Colombia y los Países Bajos. ¿Estamos ante la primera piedra de una nueva era? Mientras el mundo aún no termina de digerir lo ocurrido, y espera el reporte oficial de los países coanfitriones en los próximos meses, hacemos un análisis temprano. Los orígenesLa conferencia de Santa Marta fue la respuesta a la frustración de tres décadas sin que las negociaciones climáticas internacionales —en las sucesivas Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC)— abordaran de frente la causa principal e indiscutida de la crisis climática: los combustibles fósiles. Y ya era hora. Desde 1992, la comunidad internacional ha negociado emisiones, metas y mecanismos de mercado, sin lograr mirar de frente al elefante en la sala. Las palabras "petróleo", "carbón" y "combustibles" no aparecen en el Acuerdo de París. Recién en 2021, en la COP de Glasgow se reconoció por primera vez que los combustibles fósiles causan el cambio climático, pero solo se pidió una reducción gradual del carbón. En 2023, en Dubai, se logró el mayor avance: la frase "transitioning away from fossil fuels". Y en 2025, en Belém, ni eso pudo mantenerse. Pero al menos esa frustración sirvió para detonar la conferencia de Santa Marta, que fue precisamente lo contrario: 57 países representando un tercio del PIB global sentados para hablar de cómo dejar los fósiles, no de si hacerlo o no. Si no llega a ser nada más, esta conferencia por lo menos fue un alivio, una señal de cordura en un mundo que a veces realmente no se entiende.Y no solo se habló del qué, sino del cómo, que incluye la justicia. El documento oficial de resumen que circularon los países anfitriones habla de planes territoriales de transición justa, reconversión laboral con participación de personas trabajadoras y comunidades, acceso directo a financiamiento para pueblos indígenas, y prevención explícita de "nuevas formas de dependencia extractiva". Se mencionan los sistemas de energía descentralizada y comunitaria como ejemplos concretos de producción sostenible.Desde AIDA, creemos que esta es una condición fundamental: sin justicia, no hay transición viable. No es un imperativo ético o jurídico, es también práctico. Cuando la transición se hace sin las comunidades, sin el resguardo de las personas y los territorios, sin una justa distribución de cargas y beneficios, genera resistencia que puede frenar los propios proyectos. La evidencia en América Latina habla por sí sola.En tiempos en que la humanidad atraviesa tanta oscuridad, cuesta ser optimista. Quizás en este caso hay razones para serlo. Una guerra que, paradójicamente, muestra el caminoLa guerra en Medio Oriente como telón de fondo le dio a la conferencia de Santa Marta una urgencia sin precedentes: la disrupción en el suministro de petróleo y gas que ha generado nos pone en una situación única. De un plumazo, se interrumpió entre el 20 y 25% del flujo de petróleo y gas en el mundo, generando estragos a lo largo y ancho del planeta: costos de vida disparados, apagones, economías tambaleándose. Un conflicto en un punto específico del planeta está afectando a casi todas las economías del mundo. Y eso cambió el tono de la conversación. La transición no se enmarca solo como una necesidad climática o ambiental, sino como un asunto de seguridad y soberanía. La guerra demostró que depender de los fósiles nos hace tremendamente vulnerables. Es tiempo de asumir que la urgencia climática y estabilidad económica están del mismo lado, no se contraponen.Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, declaró desde Santa Marta que la guerra "rompió los mercados fósiles sin posibilidad de reparación", refiriéndose a la metáfora del jarrón roto. No es solo una posición ambientalista, es un diagnóstico global. La renovación de Santa MartaAdemás de su contenido, la forma en que se desarrolló la conferencia de Santa Marta también sorprendió y podría considerarse una innovación para la diplomacia climática. El lobby de los combustibles fósiles fue explícitamente excluidos. Los países que históricamente han bloqueado cualquier progreso no fueron invitados. Y el formato del segmento de alto nivel rompió con las dinámicas tradicionales: en lugar de las declaraciones leídas desde un computador que caracterizan las COP, los ministros y delegados se sentaron en círculos pequeños bajo las reglas de Chatham House, sin pantallas, y junto a representantes de sociedad civil y pueblos indígenas en las mismas condiciones. No pasó al final, cuando ya nadie escucha, sino marcando la pauta desde el inicio.Tzeporah Berman, presidenta de la iniciativa para crear el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, describió la experiencia como "ver una represa ceder: "toda esa experiencia, esos conocimientos y esa pasión acumulados se traducen de repente en medidas concretas para eliminar gradualmente los combustibles contaminantes". La ciencia al volanteEntre los resultados concretos, destaca el lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés). En los primeros años de las negociaciones climáticas, la ciencia iba por delante: las COP abrían con una actualización del conocimiento científico más reciente y las decisiones se construían sobre esa base. Con el tiempo, eso se fue erosionando. Países con intereses fósiles fueron diluyendo las advertencias científicas e introduciendo lo que en la conferencia de Santa Marta se llamó abiertamente "falsas soluciones" —como la captura de carbono y los offsets— para justificar la continuidad de la extracción. La conferencia se propuso poner a la ciencia de regreso al volante.El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sigue produciendo informes fundamentales, pero tiene limitaciones que el SPGET puede subsanar. Publica informes cada siete años, un proceso lento para una crisis que se acelera. Sus resúmenes para personas tomadoras de decisiones —que en la práctica leen los gobiernos— son negociados línea por línea con representantes gubernamentales, incluyendo países con intereses fósiles, lo que atenúa conclusiones. Y el IPCC no está facultado para dar recomendaciones de política a los países. Carlos Nobre, uno de los fundadores del SPGET, contó que una vez quiso incluir información sobre los riesgos que enfrenta la Amazonía en un resumen del IPCC y que un representante de su propio país lo rechazó. El SPGET es totalmente independiente. Ningún gobierno puede vetar lo que dice y producirá actualizaciones anuales con recomendaciones concretas de política, apoyando a los países en el desarrollo de hojas de ruta alineadas con la meta de los 1.5°C. En cuanto a su estructura, está copresidido por una economista camerunesa (Vera Songwe), un economista alemán (Ottmar Edenhofer) y un ingeniero energético brasileño (Gilberto Jannuzzi). Si funciona como promete, podría convertirse en el brazo científico que la transición necesita. Continuidad y estructura. La promesa hacia el futuroLa conferencia de Santa Marta no fue un evento aislado, sino el inicio de un proceso estructurado. Para empezar, ya se confirmó una segunda versión para 2027, coorganizada por Tuvalu e Irlanda, sellando el compromiso de colaboración norte-sur. Con miras a eso, se crearon tres líneas de trabajo permanentes que operarán hasta Tuvalu. La primera línea de trabajo apoyará a los países en la elaboración de hojas de ruta nacionales de transición, conectadas con sus compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París. Hay ejemplos concretos: Francia llegó con la suya, una hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles de su matriz energética para 2050, la primera propuesta de este tipo presentada por un país desarrollado. Pero el plan ha sido criticado por la sociedad civil. No aborda la remediación de territorios dañados por décadas de extracción ni da cuenta de las nuevas presiones que su modelo de electrificación podría ejercer en el sur global, de donde provienen la gran mayoría de los minerales necesarios para baterías, redes y energías renovables. Colombia, por su parte, presentó la suya en la preconferencia académica, con datos que muestran que la transición resultaría económicamente rentable a partir de 2040. Estas hojas de ruta, a diferencia de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), abordan la producción de combustibles fósiles. Las NDC se refieren a la reducción de emisiones, pero no comprometen el cierre de minas o plantas de carbón ni el fin de las licitaciones para extraer fósiles. Ahora, las NDC también tienen algo que las hojas de ruta no tienen: anclaje jurídico, al ser parte del Acuerdo de París. Entonces, la promesa está en que las hojas de ruta se integren en las NDC, lo que dejaría con compromisos concretos y vinculantes de transición. Pero, como muestra el caso francés, si las hojas de ruta no incorporan la remediación de territorios afectados ni las cadenas de suministro que la electrificación demanda, hay riesgo de terminar con compromisos vinculantes que consolidan una transición desigual en lugar de corregirla.La segunda línea de trabajo permanente abordará las barreras financieras —deuda, subsidios fósiles y acceso a capital— con apoyo del IISD, un centro de investigación especializado en políticas de subsidios y finanzas climáticas. Y la tercera buscará formas de descarbonizar el comercio internacional, conectando a países productores y consumidores de combustibles fósiles para que trabajen juntos en la transición, con apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).A eso se suma el panel científico (SPGET), que dará base técnica a todo el proceso, y un grupo de coordinación permanente entre los coanfitriones actuales (Colombia y Países Bajos) y los futuros (Tuvalu e Irlanda), que asegurará continuidad. Todo lo que salga de estas líneas de trabajo alimentará las negociaciones climáticas oficiales de la ONU, incluyendo la COP31, prevista para noviembre de este año en Turquía.Aunque no hay acuerdos vinculantes que mostrar, sí contamos ya con mecanismos concretos de trabajo entre los países que sí quieren avanzar, con instituciones de apoyo, mandatos claros, una segunda conferencia para recibir los avances y la promesa de permear las negociaciones oficiales de la ONU. Es un buen comienzo que tiene estructura para sostenerse. Lo que queda por resolverHay una deuda que atraviesa todo lo anterior: los plazos y la urgencia. Recién empezamos a hablar de crear hojas de ruta para eliminar los combustibles fósiles, pero su implementación debió iniciar hace 40 años. Ese desfase debería marcar el tono de todo lo que viene.Un tema en el que la conferencia de Santa Marta se quedó particularmente corta es el financiamiento. El tema —deuda, espacio fiscal, subsidios, arquitectura financiera internacional—se discutió extensamente, pero no se logró traducir esto en señales claras. Para un proceso que aspira a coordinar la salida global de los combustibles fósiles, la ausencia de una hoja de ruta financiera es una limitación seria.No es algo nuevo ni se trata de caridad. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, consagrado en la propia CMNUCC, establece que los países que más contribuyeron a la crisis climática deben apoyar a los que menos lo hicieron y más sufren. Con esta base se han construido las metas de financiamiento climático que hoy ascienden a USD 300.000 millones anuales para 2035, según se acordó en la COP29. Pero la mayoría de ese financiamiento llega en forma de préstamos, lo que significa que los países del sur se endeudan para resolver un problema que no crearon. La deuda climática del norte con el sur se convierte, paradójicamente, en deuda financiera del sur con el norte. Así, no hay transición justa posible. Y la conferencia de Santa Marta no logró avances al respecto. Otra barrera estructural que sí llegó a Santa Marta, pero que aún requiere trabajo es el mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a corporaciones fósiles demandar a los Estados por adoptar medidas climáticas. Al menos USD 100.000 millones en compensaciones han sido otorgados a empresas a través de tribunales internacionales de arbitraje. El ISDS quedó en el resumen oficial de la conferencia de Santa Marta, pero con un lenguaje tibio. Mientras los gobiernos puedan ser demandados por miles de millones por cerrar una mina de carbón, la transición no avanzará, y no por falta de voluntad, sino por miedo a las demandas.Tampoco se resolvió el debate sobre el gas natural como combustible "de transición". El documento oficial reconoce que "hubo diferentes perspectivas respecto al rol de combustibles de transición y tecnologías”, un avance logrado gracias a la presión de la sociedad civil, considerando el número de países que promueven abiertamente el gas como solución. Pero el gas es un combustible fósil cuyas fugas de metano agravan el calentamiento. Presentarlo como "de transición" es profundizar la dependencia y postergar la transición. Finalmente, un análisis desde América Latina muestra una importante incoherencia práctica: la brecha entre lo que los países dicen y hacen. El gobierno de México participó activamente en la conferencia, pero al mismo tiempo instaló un comité para evaluar la viabilidad del fracking “sustentable”. El gobierno de Brasil, guardián de la Amazonía, sigue licitando pozos petroleros. Y Colombia, anfitrión de la conferencia, anunció que busca ampliar la frontera extractiva en el mar Caribe. Pareciera que diferentes ramas de un mismo gobierno actúan con objetivos totalmente contradictorios. El problema es que esto daña la credibilidad del proceso, que es crucial para una coalición como la que se pretende. Dicho todo esto, quizás era mucho esperar que la primera conferencia de este tipo, que buscó y logró sentar las bases de un proceso nuevo, llegara con todas las respuestas a la crisis de nuestros tiempos. La conferencia de Santa Marta sirvió para mapear los problemas, crear las líneas de trabajo y construir confianza. El siguiente paso no puede esperar mucho tiempo. Para la conferencia de 2027 en Tuvalu, no deberían quedar temas pendientes, sobre todo el financiamiento. Un plan sin financiamiento, por muy bueno y atinado que sea, no tiene como despegar. De un puerto carbonero a una isla que se hunde Terminó la conferencia en Santa Marta, un importante puerto carbonífero en Colombia, y la siguiente parada es Tuvalu, una pequeña nación insular del Pacífico, amenazada existencialmente por el aumento del nivel del mar. La ruta es simbólica: desde un país que exporta carbón a uno que desaparece por el calentamiento que la quema de ese carbón genera. Que estas dos naciones estén hoy construyendo juntas las bases para cambiar el rumbo es precisamente lo que necesitamos: reconocer el pasado y mirar al futuro con solidaridad. La Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles podría pasar a la historia como la primera piedra de una nueva era. Sigamos construyendo.

Inundación de islas en el río Xingú para la operación de la represa Belo Monte

May 05 2026 Derechos Humanos, Grandes Represas

Dez anos de Belo Monte: O tempo da justiça chegou

Marco de uma década da operação da usina reacende debate sobre responsabilização e resposta institucional.Ao completar dez anos de funcionamento, a Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, no Pará, retorna ao centro das atenções do debate público, desta vez sob o crivo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Mais do que um balanço sobre o marco temporal do empreendimento, a data impõe urgência de uma resposta institucional efetiva e evidencia que a justiça não pode ser mais adiada. O caso, que atualmente tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), reúne um conjunto consistente de evidências de violações de direitos humanos associadas à UHE Belo Monte. Apresentada por uma coalizão de organizações da sociedade civil, como a Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), a Justiça Global, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), o Movimento Xingu Vivo para Sempre (MXVPS) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), a petição consolida alegações de violações aos direitos à vida, à saúde, à consulta prévia e ao meio ambiente saudável. O caso está em estágio avançado de análise e tem potencial para ser encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos.Uma década após sua inauguração, os impactos socioambientais permanecem significativos e, em grande medida, não mitigados. A Volta Grande do Xingu, trecho de aproximadamente 130 km diretamente afetado pela redução artificial da vazão do rio, representa o principal passivo do empreendimento. A alteração do regime hidrológico, intensificada por eventos extremos associados às mudanças climáticas, comprometeu ecossistemas locais, afetou o ciclo reprodutivo de espécies, a navegabilidade e a segurança alimentar e hídrica das populações que dependem diretamente do rio.Nesse contexto, comunidades indígenas, ribeirinhas e pescadores artesanais enfrentam a deterioração de seus modos de vida, especialmente pela redução da disponibilidade de peixes e seus impactos na segurança alimentar. Outros efeitos são a proliferação de enfermidades associadas a mosquitos, a realocação de famílias ribeirinhas a assentamentos longe do rio, o estopim de relatos de depressão e suicídio entre jovens, e os impactos nas práticas culturais e modos de vida das comunidades locais. Diferentemente das discussões que marcaram a fase de implementação do projeto, o debate atual é intensificado pela emergência climática e por novos parâmetros normativos internacionais. O Parecer Consultivo 32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos traz diretrizes claras sobre as obrigações dos Estados na proteção de direitos humanos frente à crise climática, reconhecendo o direito a um meio ambiente saudável como elemento estruturante. Nesse cenário, o caso da UHE Belo Monte é um exemplo significativo dos desafios de conciliar o desenvolvimento energético, a preservação ambiental e a garantia de direitos da população.As organizações que acompanham o caso apontam o descumprimento de medidas cautelares outorgadas pela Comissão, o que reforça a necessidade de avanço para a próxima etapa no âmbito da Corte. A sustentabilidade legal do processo, somada à relevância internacional do tema, posiciona o caso como apto para julgamento."Mais de uma década de operação da UHE Belo Monte, os impactos no Xingu se comprovaram e seguem uma tendência de agravamento diante da pressão de novos empreendimentos na região e ante os efeitos da crise climática. As comunidades seguem mobilizadas por justiça e confiantes na atuação da Comissão Interamericana para que o caso seja levado à Corte - o passo final para assegurar a reparação integral e a proteção do território e de seus modos de vida", afirma Marcella Torres, coordenadora jurídica do Programa de Direitos Humanos da AIDA.De acordo com Melisanda Trentin, coordenadora de Justiça Socioambiental e Climática da Justiça Global, o projeto minerário Belo Sun avança sobre a Volta Grande do Xingu com falhas consultivas idênticas às de Belo Monte. “O que está em jogo na região é a sobreposição de danos e violações de direitos humanos e ambientais. Um rio com vazão reduzida, comunidades com insegurança alimentar e modos de vida alterados, e agora um novo projeto que repete as mesmas violações já denunciadas no Sistema Interamericano há mais de 10 anos”, aponta ela. Para as organizações signatárias, o marco temporal de uma década representa uma janela crítica para a efetivação da justiça. O caso Belo Monte deixa de ser um episódio isolado e se projeta como referência para a aplicação concreta da justiça ambiental na Amazônia, em um contexto de crescente pressão climática e de demanda por responsabilização estatal.SOBRE - Belo Monte é a quarta maior usina hidrelétrica do mundo, construída no rio Xingu, no estado do Pará, no coração da Amazônia. Com capacidade instalada de 11.233 MW, foi inaugurada em 5 de maio de 2016. Sua operação desvia 80% do fluxo do rio Xingu por um canal de 500 metros de largura e 75 km de comprimento. A área inundada entre o canal e o reservatório é de 516 km², maior que a cidade de Chicago, dos quais 400 km² eram de floresta nativa.#JustiçaNoXinguVeja a carta aberta dos peticionários do caso Belo Monte no CIDH Leia o que dizem as organizações peticionárias e aliadas do caso:Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)"Não há segurança jurídica sem o respeito aos direitos originários dos povos indígenas. Na Amazônia, essa defesa ultrapassa o campo jurídico: é um compromisso com a vida, com a integridade dos territórios e com o equilíbrio climático do planeta. Os prejuízos que a implantação da Usina de Belo Monte trouxe às populações indígenas e ao meio ambiente tornaram-se reais e são irreversíveis. A Assessoria Jurídica da COIAB atua para assegurar que a Constituição, os tratados internacionais e a autodeterminação dos povos indígenas sejam efetivamente respeitados em todas as instâncias de decisão", afirma Gabriele Baré, coordenadora da Assessoria Jurídica da COIAB.Conselho Indigenista Missionário (CIMI)"O que hoje se apresenta como tragédia anunciada nunca foi desconhecido. Desde os anos 1980, os Povos Indígenas da região do Xingu denunciaram, com clareza e insistência, o que significaria a imposição da Usina Hidrelétrica de Belo Monte: destruição de modos de vida, ruptura territorial, violência social e colapso das condições mínimas de existência. Nada disso foi ouvido! O que se seguiu não foi erro técnico nem falha de previsão. Foi uma decisão política consciente. Foi a escolha deliberada de sacrificar povos, territórios e vidas em nome de um projeto imposto, sustentado por uma lógica desenvolvimentista que trata corpos e rios como obstáculos descartáveis. Nesse sentido, para o Cimi, à luz do princípio da reparação integral, a posição é inequívoca: a concessão deve ser cancelada, o funcionamento da usina interrompido e iniciado um processo progressivo e estruturado de desmantelamento da infraestrutura, acompanhado de medidas de justiça, reparação geracional, restituição territorial aos Povos Indígenas e reparações sociais e econômicas a todas as vítimas."Movimento Xingu Vivo para Sempre"Belo Monte arrancou as pessoas do beiradão e dispersou o povo do Xingu por aí, longe do rio, da comunidade, da lida diária que era familiar e querida. O ribeirinho deixou de ser, a pescadora deixou de ser, viraram um nada, muitos vagando pelas periferias das cidades. Essas pessoas perderam a identidade e, com isso, a sua alma. Ficou só vazio e solidão. O impacto da perda da existência não pode ser compensado, mas tem que ser reconhecido para que haja algum tipo de reparação", afirma Ana Laide Barbosa, educadora do Movimento Xingu Vivo para Sempre.Observatório dos Povos Indígenas Isolados (OPI)"A instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte agravou ameaças e pressões aos povos indígenas da região do Médio Xingu de uma maneira similar ao que ocorreu durante o período ditatorial com a abertura da rodovia Transamazônica na mesma região. Povos de recente contato como os Parakanã e os Arara sofreram com índices alarmantes de invasões e desmatamento ilegal em suas terras e o refúgio de grupos indígenas em isolamento da Ituna Itatá chegou a ser um dos mais desmatados do Brasil. Ao mesmo tempo, o desvio das águas do Xingu promove danos ecocidas aos indígenas da Volta Grande; e políticas danosas de compensação de impactos tiveram efeitos desagregadores e etnocidas sobre quase todos os povos. Por tudo isso, a hidrelétrica se tornou mais um exemplo da relação colonial estabelecida pelo estado brasileiro com os povos amazônicos e uma dívida de reparação que precisa ser reconhecida e sanada", diz Helena Palmquist, coordenadora adjunta do Observatório dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI).

May 05 2026 Derechos Humanos, Grandes Represas

Diez años de Belo Monte: Llegó el momento de la justicia

El décimo aniversario de la operación de la hidroeléctrica reaviva el debate sobre la rendición de cuentas y la respuesta institucional.Brasilia. Al cumplirse diez años de su inauguración, la Central Hidroeléctrica Belo Monte, en el estado de Pará, vuelve al centro del debate público, esta vez bajo el escrutinio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Más que un balance, la fecha refuerza la urgencia de una respuesta institucional efectiva y deja claro que la justicia no puede seguir postergándose.El caso, que actualmente está en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reúne un conjunto de pruebas de violaciones de derechos humanos asociadas a la hidroeléctrica Belo Monte. La petición presentada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil —como la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), Justiça Global, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS) y el Consejo Indígena Misionero (CIMI)— consolida denuncias de violaciones de los derechos a la vida, la salud, la consulta previa y un ambiente sano. El caso se encuentra en una etapa avanzada de análisis y podría ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Una década después de su inauguración, los impactos socioambientales siguen siendo significativos y, en gran medida, no se han mitigado. La Volta Grande do Xingú, un tramo de aproximadamente 130 km directamente afectado por la reducción artificial del caudal del río, concentra el principal riesgo del proyecto. La alteración del régimen hidrológico, agravada por eventos extremos asociados al cambio climático, ha comprometido los ecosistemas locales y afectado el ciclo reproductivo de las especies, la navegabilidad y la seguridad alimentaria e hídrica de las poblaciones que dependen directamente del río.En este contexto, las comunidades indígenas, ribereñas y pesqueras artesanales enfrentan un deterioro sostenido de sus modos de vida, con una menor disponibilidad de pescado y repercusiones en la actividad pesquera. A ello se suman reasentamientos inadecuados, aumento de la violencia, problemas de salud mental y repercusiones en el mantenimiento de sus prácticas culturales.A diferencia de los debates que marcaron la fase de implementación del proyecto, el debate actual se intensifica debido a la emergencia climática y a los nuevos parámetros normativos internacionales. La Opinión Consultiva OC-32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proporciona directrices claras sobre las obligaciones de los Estados en la protección de los derechos humanos frente a la crisis climática, reconociendo el derecho a un ambiente sano como un elemento estructurante. En este escenario, el caso de la Central Hidroeléctrica Belo Monte es un ejemplo significativo de los desafíos que implica conciliar el desarrollo energético, la preservación del ambiente y la garantía de los derechos de la población.Las organizaciones que monitorean el caso señalan el incumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión, lo que refuerza la necesidad de avanzar a la siguiente etapa ante la Corte. La sostenibilidad jurídica del proceso, junto con la relevancia internacional del tema, sitúan el caso como listo para juicio."Más de una década después del inicio de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte, los impactos en el río Xingú persisten y se agravan, amplificados por la presión de nuevos proyectos y la crisis climática. Las comunidades siguen movilizadas en busca de justicia y confían en las acciones de la CIDH para llevar el caso ante la Corte, paso clave para garantizar la reparación integral y la protección del territorio y sus formas de vida", afirma Marcella Torres, coordinadora legal del Programa de Derechos Humanos de AIDA.Según Melisanda Trentin, coordinadora de Justicia Socioambiental y Climática de Justicia Global, el proyecto minero Belo Sun avanza en la Volta Grande del Xingú con fallas en el proceso de consulta idénticas a las de Belo Monte. "Lo que está en juego en la región es la acumulación de daños y violaciones de los derechos humanos y ambientales. Un río con caudal reducido, comunidades con inseguridad alimentaria y modos de vida alterados, y ahora un nuevo proyecto que repite las mismas violaciones ya denunciadas en el Sistema Interamericano hace más de 10 años", señala.Para las organizaciones firmantes, el décimo aniversario representa una oportunidad crucial para avanzar en la administración efectiva de justicia. El caso de Belo Monte deja de ser un episodio aislado y se proyecta como un referente para la aplicación concreta de la justicia ambiental en la Amazonía, en un contexto de creciente presión climática y demanda de rendición de cuentas por parte del Estado.ACERCA DE BELO MONTE: Es la cuarta central hidroeléctrica más grande del mundo, construida sobre el río Xingú, en el estado de Pará, en el corazón de la Amazonía brasileña. Cuenta con una capacidad instalada de 11.233 MW y fue inaugurada el 5 de mayo de 2016. Su funcionamiento desvía el 80% del caudal del río Xingú a través de un canal de 500 metros de ancho y 75 km de largo. La zona inundada entre el canal y el embalse abarca 516 km², una superficie mayor que la de la ciudad de Chicago, de los cuales 400 km² corresponden a bosque nativo.#JusticiaEnElXinguLee la carta abierta de los demandantes del caso de Belo Monte ante la CIDH Conoce lo que dicen las organizaciones demandantes del caso:Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB)"No hay seguridad jurídica sin el respeto a los derechos originarios de los pueblos indígenas. En la Amazonía, esta defensa va más allá del ámbito jurídico, es un compromiso con la vida, con la integridad de los territorios y con el equilibrio climático del planeta. Los daños que la construcción de la central de Belo Monte ha causado a las poblaciones indígenas y al medio ambiente se han hecho realidad y son irreversibles. La Asesoría Jurídica de COIAB trabaja para garantizar que la Constitución, los tratados internacionales y la autodeterminación de los pueblos indígenas sean respetados efectivamente en todas las instancias de decisión", afirma Gabriele Baré, coordinadora de la Asesoría Jurídica de COIAB.Movimiento Xingú Vivo para Siempre"Belo Monte arrancó a la gente de la ribera y dispersó a los habitantes del Xingu por todas partes, lejos del río, de la comunidad, de la vida cotidiana que les era familiar y querida. El ribereño dejó de serlo, la pescadora dejó de serlo, se convirtieron en una nada, muchos de ellos vagando por las periferias de las ciudades. Estas personas perdieron su identidad y, con ello, su alma. Solo quedó vacío y soledad. El impacto de la pérdida de la existencia no puede compensarse, pero debe reconocerse para que haya algún tipo de reparación", afirma Ana Laide Barbosa, educadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre.Observatorio de los Pueblos Indígenas Aislados (OPI)"La construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte ha agravado las amenazas y presiones sobre los pueblos indígenas de la región del Medio Xingú, de manera similar a lo que ocurrió durante el periodo dictatorial con la apertura de la carretera Transamazónica en la misma región. Los pueblos de contacto reciente, como los parakanã y los arara, han sufrido índices alarmantes de invasiones y deforestación ilegal en sus tierras, y el refugio de los grupos indígenas aislados de Ituna Itatá llegó a ser uno de los más deforestados de Brasil. Al mismo tiempo, el desvío de las aguas del Xingú provoca daños ecocidas a los indígenas de la Volta Grande; y las políticas perjudiciales de compensación de impactos tuvieron efectos desintegradores y etnocidas sobre casi todos los pueblos. Por todo ello, la hidroeléctrica se ha convertido en un ejemplo más de la relación colonial establecida por el Estado brasileño con los pueblos amazónicos y en una deuda de reparación que debe ser reconocida y subsanada", afirma Helena Palmquist, coordinadora adjunta del Observatorio de Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente (OPI).

Abril 28 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Hablemos del cierre y salida responsable de proyectos

Ningún proyecto minero, de extracción de combustibles fósiles y de generación de energía dura para siempre. Su vida útil está condicionada a factores internos, como la cantidad de reservas de los recursos, y externos, como la disminución de la demanda o problemas financieros, entre otros.Pero, sin importar la duración del proyecto o cómo esta pueda verse afectada, quienes lo promuevan —sean actores públicos o privados— deben prever un proceso de cierre y salida responsable con el entorno natural y con la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todas las personas involucradas.Este asunto es aún más relevante en el contexto de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática, relacionadas en gran parte con la transición energética, la cual implica en términos generales sustituir los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles; así como promover energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran gran importancia.En el primero, es necesario incluir en los proyectos vigentes obligaciones concretas y exigibles de cierre y salida responsable. En el segundo, estos requerimientos deben incluirse desde la etapa de planificación y la de prefactibilidad, integrándolos también las evaluaciones de impacto ambiental y en fases posteriores.En todos los proyectos, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que forman parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, financiadores, aseguradoras, proveedores, distribuidores y compradores, entre otros.Por lo señalado, la conversación en torno al cierre y salida responsable de proyectos es fundamental para abonar a la protección del ambiente y la gestión climática en América Latina.¿Qué entendemos por cierre y por salida de un proyecto?Todos los proyectos minero-energéticos tienen distintas fases a lo largo de su ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y poscierre. A su vez, tienen cadenas de suministro y de valor en las que participan —como dijimos— actores de diversos sectores.En este contexto, el cierre se refiere a la etapa de un proyecto en la cual este deja de operar y se da por finalizado. Por su parte, la salida se refiere a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro del proyecto, desde su propio rol, se desvinculan por completo de este. ¿Qué implica que un proceso de cierre y de salida sea responsable?Actualmente no existe un consenso sobre la definición y el alcance de los procesos de salida y de cierre de proyectos para que sean responsables y justos. En ocasiones, estos términos se utilizan de forma indiscriminada, lo que puede generar confusiones acerca de las responsabilidades de los actores involucrados y el alcance de los procesos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, hay elementos que permiten explicar estos conceptos con precisión:El cierre responsable y justo de un proyecto es un proceso planificado, realizado con anticipación, que debe contemplarse desde las fases iniciales del proyecto y actualizarse constantemente según su desarrollo.Por medio del cierre responsable se garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo, garantizando también el derecho a un ambiente sano.La planificación y el desarrollo de un plan de cierre deben estar enfocados en la gestión de riesgos, así como en la prevención y mitigación de impactos. Ello asegura un cierre responsable en el que las áreas afectadas puedan readecuarse y ser seguras tanto para la naturaleza como para las comunidades, permitiendo además que los ecosistemas recuperen sus funciones.La obligación general del promotor del proyecto es identificar en debida forma los impactos que este puede causar y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las medidas aprobadas por el Estado en sus instrumentos de gestión ambiental.La principal obligación del Estado (además de su deber general de regulación) es supervisar y fiscalizar el proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones del promotor, previniendo que se generen daños ambientales y/o sociales.El rol de los demás actores de la cadena de valor y de suministro es actuar con debida diligencia, utilizando su influencia para incentivar que el promotor del proyecto cumpla con sus obligaciones y, en caso de notar incumplimientos, tomar medidas desde su papel y capacidad de influencia para que se adopten las acciones correctivas necesarias.La salida responsable y justa se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor y de suministro cuando deciden desvincularse por completo de un proyecto, atendiendo las responsabilidades propias de su rol, que implican cumplir sus obligaciones en materia de respeto y debida diligencia en derechos humanos. En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas.Para conocer más del tema, consulta nuestro informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina En el siguiente video, explicamos los principales hallazgos del informe, que documenta y analiza casos en varios países del continente:

Río en el municipio de San José El Rodeo, Guatemala

Abril 07 2026 Fuentes de Agua Dulce

¿Cuánta agua se consume para producir energía?

El agua y la energía van de la mano. Procesos como la extracción de gas, la refinación de petróleo o el funcionamiento de una hidroeléctrica necesitan agua. Así, a medida que la demanda de energía aumenta, crece también la necesidad de agua para generarla. Eso genera impactos ambientales y sociales que incluyen el agotamiento de fuentes hídricas o la contaminación de ríos, lagos y otros cuerpos de agua.Conocer la conexión entre el agua y la producción de energía nos permite tener una visión más amplia de qué implica su consumo. Cuidar el agua significa también reducir nuestro consumo de energía, pensar en alternativas de generación más sostenibles y exigir que se produzca de forma limpia y justa. La huella hídrica de la energíaEl agua es indispensable para producir energía. Pero no todas las fuentes consumen la misma cantidad de agua, por lo que su impacto ambiental varía. Para la generación de 1 megavatio, que le da energía a 1,000 casas en una hora, estos son los litros de agua que se consumen en diferentes fuentes de electricidad: Pero el uso de agua va más allá. Además de la etapa de generación de electricidad, las industrias energéticas emplean agua dulce, con diversos impactos socioambientales, en sus diferentes procesos de producción: Centrales térmicas convencionalesEn ellas se calienta agua a altas temperaturas —mediante la combustión de carbón, gas o petróleo— a fin de producir vapor, el cual impulsa turbinas para generar energía eléctrica. En las termoeléctricas también se utiliza agua para enfriar las plantas generadoras de energía. Plantas hidroeléctricasUtilizan la fuerza del agua para mover turbinas que generan energía. Al interrumpir o desviar el cauce natural de ríos, arroyos y lagos causan la desconexión entre hábitats, provocando el desplazamiento y disminución de especies.También impactan en la calidad del agua.Además, provocan el desplazamiento forzado de poblaciones cercanas a las fuentes de agua y que dependen de ellas. Extracción y producción de combustiblesSe usa agua al extraer carbón y en la perforación de pozos para explotar gas y petróleo. En muchos casos, estos procesos generan aguas residuales. También se requiere agua para refinar petróleo y gas antes de que sean utilizados como combustibles. Minería de carbónAdemás del usarla para extraer el mineral, se puede emplear agua —junto con productos químicos— para eliminar el azufre e impurezas antes de su quema. La extracción de carbón mediante el uso de explosivos genera escombros que pueden contaminar fuentes locales de agua e incluso taparlas. El carbón puede ser transportado a la central eléctrica con un método que bombea el mineral finamente molido con agua a través de tuberías. Fractura hidráulica (fracking)En esta técnica, se inyecta a alta presión una mezcla de más de 90% de agua, junto con químicos y arena, en formaciones rocosas subterráneas para fracturarlas y acceder al petróleo o gas que contienen.Las aguas residuales de la mezcla quedan bajo tierra y pueden contaminar el agua subterránea que alimenta acuíferos cercanos. Energías renovablesLa energía solar fotovoltaica y la energía eólica no utilizan agua para funcionar, pero requieren insumos y materiales cuya producción requiere agua.El caso a destacar es el litio, usado para fabricar las baterías que almacenan la energía que generan estas fuentes. Su extracción conlleva un enorme consumo de agua de los salares, una de sus mayores fuentes:2 mil litros de agua por cada tonelada de litio producida en piletas de evaporación.Agua usada para obtener el carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto.Agua que se pierde durante el bombeo de la salmuera. Conocer cuánta agua necesitamos para producir la energía que utilizamos nos permite tener una visión más amplia de lo que implica su consumo.Reducir nuestras necesidades energéticas y alentar la producción sostenible y justa de energía también son maneras de cuidar el agua. Si quieres profundizar más en el tema, enlistamos las fuentes de información que consultamos: - "How It Works: Water for Electricity", Union of Concerned Scientists.- "El uso del agua: una planta de energía termoeléctrica", USGS.- "¿Por qué la termoeléctrica no es energía limpia?", J. Soto, Greenpeace.- "How much water does the typical hydraulically fractured well require?", U.S. Geological Survey.- "Hydraulic Fracturing and its Impact on Water Resources", Water Footprint Calculator.- "The intensification of the water footprint of hydraulic fracturing", Science Advances.- "Efectos del represamiento de ríos en países de América Latina y el Caribe sobre la biodiversidad, el agua, la alimentación y la energía", A. Stehr, CEPAL.- "Las represas y su impacto en la naturaleza", WWF.- "¿Qué es el litio, para qué sirve y de dónde se extrae en la Argentina?", Florencia Ballarino, Chequeado.- "El impacto de la minería de litio en los Humedales Altoandinos", Wetlands International.- "'Triángulo de litio: la amenaza a los salares de Bolivia, Chile y Argentina", Rodolfo Chisleanchi, Mongabay Latam. Datos sobre consumo de agua en la generación eléctrica obtenidos de: - "A simple model to help understand water use at power plants", A. Delgado y H. J. Herzog, MIT.- "How it Works: Water for Natural Gas", Union of Concerned Scientists.- "Hidropower Explained", U.S. Energy Information Administration.- "How it Works: Water for Nuclear", Union of Concerned Scientists.- "Geothermal Energu Factsheet", University of Michigan.- "Life cycle water use for electricity generation: a review and harmonization of literature estimates", J. Meldrum y otros, Environmental Research Letters.

Audiencia ante la CIDH sobre impactos en DDHH por extracción de combustibles fósiles

Marzo 26 2026 Derechos Humanos

Cuando la defensa ambiental en América Latina llega a foros internacionales clave

Por Víctor Quintanilla y Mayela Sánchez García* Las voces de los territorios de América Latina y el Caribe son poderosas, más cuando demandan la protección del ambiente frente a múltiples y crecientes amenazas.Con frecuencia, esta exigencia no encuentra eco en quienes administran justicia a nivel nacional o local.Esta tendencia hace necesario recurrir a vías complementarias de justicia en el plano internacional.Una de ellas es la que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano internacional con un mandato importante: la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.Como organización movida por la misión de garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina y el Caribe, la CIDH es un espacio clave en el cual visibilizar problemáticas ambientales que afectan derechos humanos en la región.Lo hacemos de la mano de comunidades y de organizaciones aliadas.Así las voces de los territorios resuenan ante un órgano internacional capaz de instar a que los gobiernos del continente cambien sus prácticas y fortalezcan sus estándares de protección de poblaciones afectadas por la degradación ambiental. Testimonios por una salida responsable de los combustibles fósilesLlevar las voces de las comunidades ante la CIDH es también una oportunidad de visibilizar patrones regionales de riesgo y violaciones de derechos humanos.Así ocurrió el pasado 10 de marzo, cuando representantes de comunidades de Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana expusieron ante la Comisión cómo décadas de extracción y uso de combustibles fósiles han vulnerado gravemente derechos humanos como el derecho a un ambiente sano, a la salud y al acceso a la información y participación en asuntos ambientales."Nuestra región no necesita únicamente descarbonizar su matriz energética, también necesita descarbonizar la injusticia histórica que han soportado nuestros pueblos", expresó Yaneth Ortiz, representante del pueblo indígena Wayuu de La Guajira, un territorio al norte de Colombia gravemente impactado por la operación del proyecto minero Carbones del Cerrejón.Sus mensajes fueron escuchados por la CIDH durante una audiencia pública denominada "Situación de los derechos humanos por la extracción de combustibles fósiles", en el marco de su 195° Período de Sesiones.Las y los representantes de las comunidades también hablaron de cómo en el contexto actual de transición energética, estas violaciones y riesgos se han profundizado."Nuestros niños se están enfermando en sus propias escuelas. A pesar de todo esto, no hay responsables claros ni soluciones estructurales… Para nosotros este proceso de descarbonización [en Chile] ha sido insuficiente y poco transparente", expresó Katta Alonso, en representación de la organización chilena Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia.Las experiencias locales compartidas evidenciaron la urgencia de llevar a cabo transiciones justas, lo que implica cierres responsables de proyectos de energía fósil en toda la región.Mientras que Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), planteó: "No nos han hecho consulta previa, libre e informada para realizar explotación petrolera en nuestro territorio, tampoco para la conformación del área protegida. Ahora exigimos que se respeten nuestros derechos en el proceso de cierre de la actividad petrolera y la reparación ambiental y social".AIDA solicitó la audiencia junto con las comunidades y con organizaciones aliadas."Expusimos el riesgo y las violaciones a derechos humanos que experimentan distintos territorios en contextos de cierre y salida irresponsable de proyectos de extracción y quema de carbón, gas y petróleo", detalla Rosa Peña, abogada de AIDA.Para la Comisión, el propósito de estas audiencias es recibir información sobre temáticas o asuntos de derechos humanos en países específicos o regionales para emitir recomendaciones a los gobiernos orientadas al respeto y goce de los derechos humanos.Antes de cada período de sesiones, recibe un número gigante de solicitudes para que aborde en las audiencias las diferentes problemáticas de derechos humanos del continente, no solo relacionadas con el ambiente o el clima."Así llegamos aquí, después de convencer a la Comisión de la importancia de ver este tema con un enfoque de derechos humanos y de que escuche a las comunidades", cuenta Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.Con los años, AIDA ha desarrollado amplia experiencia y liderazgo en recurrir exitosamente a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos —los dos pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mecanismo de la Organización de Estados Americanos— para lograr impacto regional en la protección del ambiente sano, de la mano de los territorios. Voces frente a los daños de la minería ilegalTambién durante el 195° Período de Sesiones de la CIDH, participamos en la audiencia de oficio "Impactos de la minería ilegal en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales", convocada por la propia Comisión.Nuestra intervención se sumó a otras voces para evidenciar por qué esta actividad es hoy uno de los fenómenos más preocupantes en el continente debido a sus graves afectaciones en los ecosistemas y los derechos humanos.En los territorios de América Latina, la minería de oro desencadena extracción ilícita que vulnera múltiples derechos, principalmente de pueblos indígenas y comunidades tradicionales.En la audiencia, propusimos ante la Comisión elementos relevantes para abordar la problemática desde una perspectiva regional.En AIDA buscamos amplificar la fuerza de los territorios y de su gente, llevando su sabiduría a espacios de toma de decisiones con potencial impacto de cambiar realidades en favor de un mejor futuro en el continente. *Víctor Quintanilla-Sangüeza es el Coordinador de Contenido de AIDA y Mayela Sánchez García es la especialista en comunidad digital de la organización.

Marzo 20 2026 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Familias de La Oroya exigen al gobierno peruano cuatro acciones urgentes para el cumplimiento efectivo del fallo de la Corte Interamericana

Ante la falta de avances significativos, demandan al Estado definir las entidades responsables de cumplir cada medida ordenada por la Corte, brindar atención integral y especializada en salud, garantizar la mitigación de la contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y pagar de inmediato las indemnizaciones a las víctimas del caso.La Oroya, Perú. Ante los avances mínimos en el cumplimiento de la sentencia emitida hace dos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, familias afectadas por décadas de contaminación en La Oroya exigen al gobierno la adopción urgente de cuatro acciones necesarias para la implementación efectiva del fallo en el corto plazo.El 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer el fallo en el que declaró al Estado peruano responsable por la violación de derechos humanos de un grupo de 80 residentes de La Oroya y le ordenó adoptar medidas de reparación integral.Sin embargo, la implementación del fallo continúa en una etapa inicial debido principalmente a la falta de voluntad política del Estado y a su cambio constante de argumentos para retrasar el proceso. Los avances al momento no han sido sustantivos y han estado relacionados con publicidad sobre la sentencia, el pago al Fondo de Víctimas instaurado por la Corte y el inicio de investigaciones penales por la estigmatización y persecución de las víctimas por su labor de defensa ambiental.Además, en los dos años transcurridos desde la emisión de la sentencia, el Complejo Metalúrgico de La Oroya, al haber reiniciado sus operaciones, ha generado nuevamente niveles de contaminación en la ciudad que superan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud."La reactivación del Complejo Metalúrgico en marzo de 2024, sin cumplir con los actuales estándares ambientales, vuelve a poner en riesgo la salud de toda la población de La Oroya. Hoy, ni las víctimas del caso ni las demás personas que viven en la ciudad tienen garantizada una atención en salud frente a la contaminación. Además, no hay claridad sobre cuándo terminará esta situación, lo que genera mucha incertidumbre por la falta de acción del Estado", afirmó Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que lleva el caso ante la Corte junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú.Frente a la situación, el grupo de víctimas del caso exige al gobierno peruano avanzar en el cumplimento de la sentencia mediante cuatro acciones urgentes:Emitir la Resolución de Determinación de Competencias que defina con claridad qué entidad es responsable de cada orden de la Corte, estableciendo presupuesto y plazos concretos de ejecución.Aprobar e implementar un protocolo especializado de atención integral en salud, elaborado con participación efectiva de las víctimas y con una asignación suficiente de fondos.Suspender las operaciones del Complejo Metalúrgico hasta contar con un instrumento de gestión ambiental acorde con los estándares establecidos por la Corte; así como evaluar medidas de transición para personas propietarias y trabajadoras a fin de evitar nuevos impactos sociales.Pagar las indemnizaciones a las víctimas según lo estipulado por la Corte. Después de más de 20 años de lucha, la sentencia histórica del caso todavía no se refleja en mejores condiciones de vida para las víctimas ni en reparaciones a los daños sufridos."Genera profunda preocupación que, a dos años de emitida la sentencia, el Estado no haya definido cuáles serán las entidades que tendrán a cargo el cumplimiento de cada una de sus disposiciones. Esta situación imposibilita incluso tener un espacio de coordinación directa a favor de las víctimas, así como de la población general de La Oroya y del país ante actividades minero-metalúrgicas. No olvidemos que la Corte ordenó también políticas públicas a nivel nacional para proteger el ambiente y la salud en Perú", dijo Christian Huaylinos, del Área Legal de APRODEH.Aunque la inestabilidad política de Perú ha influido, el principal obstáculo para avanzar de manera firme en la implementación del fallo internacional, que es obligatoria, ha sido la falta de decisión del Estado en ese sentido.Contacto de prensaLorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481

Termoeléctrica Ventanas en la Bahía de Puchuncaví, Chile

Marzo 10 2026 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones y comunidades solicitan acciones de la CIDH ante violaciones de derechos humanos por proyectos de combustibles fósiles

En una audiencia pública, evidenciaron los impactos y riesgos para comunidades de América Latina por décadas de extracción, comercialización y uso de carbón, petróleo y gas; así como por procesos de cierre y salida irresponsable de proyectos del sector en el marco de la transición energética.Ciudad de Guatemala. Representantes de organizaciones y comunidades de América Latina pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atender las violaciones de derechos humanos derivadas de la operación y cierre de proyectos de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) en la región.Lo hicieron en una audiencia pública en la que —a partir de casos emblemáticos en Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana— evidenciaron ante la Comisión las violaciones y riesgos de violaciones de derechos humanos por décadas de extracción, comercialización y uso de combustibles fósiles sin cumplir con estándares socioambientales. También alertaron sobre vulneraciones que ya están ocurriendo en procesos de cierre y salida irresponsable de proyectos del sector en el marco de políticas de transición energética.Los casos expuestos incluyeron el proyecto Carbones de Cerrejón en La Guajira, al norte de Colombia, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina; la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ubicada en la región sur de República Dominicana y alimentada con carbón colombiano; el Complejo Termoeléctrico de Quintero y Puchuncaví, localizado en una bahía de Chile reconocida como zona de sacrificio ambiental y donde convergen 14 industrias contaminantes; la central termoeléctrica Norgener en Tocopilla, Chile, cuyo proceso de cierre incluyó la quema forzada y acelerada de 94 mil toneladas de carbón que estaban en acopio; y la explotación petrolera en la Amazonía, incluida la instalada en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.La audiencia —realizada durante el 195° Período de Sesiones de la CIDH— fue otorgada a la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Nacionalidad Waorani (Ecuador), la Plataforma La Guajira le Habla al País (Colombia) (1), comunidades de Tocopilla y la asociación Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia (Chile), y al Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (República Dominicana).En la sesión, las organizaciones y comunidades presentaron además información que demuestra que en América Latina no existen marcos regulatorios que aseguren un cierre y salida de proyectos fósiles con enfoque de derechos humanos. En ese contexto, y con base en los casos descritos y las tendencias identificadas, solicitaron a la Comisión que:Establezca lineamientos que orienten a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos en todo el ciclo de vida de los proyectos, asegurando la identificación temprana de impactos, la prevención de daños, la definición de responsabilidades y la reparación de afectaciones.Defina estándares y criterios que guíen a los Estados en la adopción de medidas preventivas, correctivas y de mitigación de impactos en derechos humanos; incluyendo planes de cierre integrales, el desmantelamiento seguro de infraestructuras, la remediación ambiental y el monitoreo de riesgos para la salud y los ecosistemas.Promueva marcos regulatorios que obliguen a las empresas a planificar el cierre de proyectos; lo que incluye establecer responsabilidades frente a pasivos ambientales y sociales, garantías financieras para el cierre y mecanismos que eviten el abandono de operaciones o la transferencia de activos sin cumplir las obligaciones de cierre.Incorpore enfoques diferenciados que atiendan las afectaciones desproporcionadas a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades rurales y otros grupos en situación de vulnerabilidad.Refuerce las garantías de acceso a la información, participación efectiva y acceso a la justicia ambiental en todo el ciclo de los proyectos; asegurando que las comunidades afectadas participen de manera informada en el diseño, implementación y supervisión de los procesos de cierre y transición.Oriente a los Estados en la creación de mecanismos de supervisión, seguimiento y rendición de cuentas para monitorear los procesos de operación, cierre y poscierre; delimitar responsabilidades empresariales y estatales; y evitar transferencias de activos u otras reconfiguraciones empresariales como forma de eludir responsabilidades.Inste a los Estados a prever y gestionar los riesgos sociales, económicos, culturales y ambientales de la sustitución progresiva de los fósiles; incluyendo medidas para abordar la dependencia económica de los territorios, proteger los medios de vida de las comunidades y evitar impactos de procesos de cierre abruptos o mal gestionados. Las organizaciones y comunidades argumentaron ante la CIDH un riesgo regional creciente de que los procesos de cierre y salida de los proyectos de combustibles fósiles se realicen de forma irresponsable. En varios casos, las empresas abandonan operaciones, ceden o transfieren activos, devuelven concesiones y cesan operaciones sin garantizar la gestión adecuada de los impactos socioambientales generados por años. Estas prácticas pueden dejar afectaciones sin atender o reparar, además de responsabilidades difusas de actores públicos y privados, profundizando los riesgos para los derechos humanos y los territorios.Subrayaron que los Estados amazónicos deben adoptar acciones de cooperación regional y garantizar la protección integral de la Amazonía —uno de los ecosistemas más importantes del planeta por su biodiversidad y su papel en la regulación climática— frente al cierre y salida de proyectos de extracción de hidrocarburos. (1) La plataforma está conformada por comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes de La Guajira, el Centro de Investigación y Educación Popular Programa Por la Paz (Cinep/PPP), Censat Agua Viva y el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).Contacto de prensaLorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481

Marzo 04 2026 Cambio Climático, Minería

Carbón, un combustible sucio y obsoleto

Históricamente, el carbón ha sido identificado como una importante fuente de energía no renovable. Fue el combustible que impulsó la Revolución Industrial, que transformó la forma de producción en el mundo, y por mucho tiempo fue el principal combustible para el transporte, la generación de electricidad y la calefacción.Pero es momento de dejar atrás esa etapa. Hoy sabemos que el carbón es el combustible fósil que genera mayores emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero detrás del aumento de la temperatura global, con efectos como el derretimiento de glaciares y el aumento del nivel del mar.Además de argumentos climáticos y ambientales, existen razones económicas, políticas y de derechos humanos para terminar con la extracción y quema de este combustible.Para entender mejor por qué el carbón es tan contaminante y qué impactos genera en el ambiente y la salud, lo hemos diseccionado. Conociendo al carbónEl carbón mineral es una roca formada a partir de restos vegetales que quedaron inmersos en capas de sedimentos que no se descompusieron debido a la ausencia de oxígeno.Por procesos geológicos, durante millones de años, esa materia orgánica estuvo sometida a altas temperaturas y presiones. El resultado fue un material principalmente compuesto de carbono.La energía del carbón se libera durante su combustión. Al quemarse, el carbón genera calor. En las plantas termoeléctricas, ese calor se usa para transformar el agua en vapor y así producir electricidad. Cuando el carbón se quema para producir calor o electricidad, libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono y, en menores cantidades, metano y óxido nitroso.Todos estos gases dañan el ambiente y la salud humana. ¿Por qué es tan contaminante?El carbón genera impactos desde su extracción, ya que la minería de carbón a cielo abierto implica excavar y remover grandes cantidades de tierra para llegar a las capas ricas en carbón. Eso significa destruir paisajes, arrasar la vegetación y a los animales e incluso provocar el desplazamiento forzado de poblaciones.La minería de carbón también contamina el agua y los suelos en los sitios de extracción, tanto por el minado del mineral como por los residuos que genera.Pero la cadena de impactos no termina ahí. Durante la combustión del carbón se generan grandes cantidades de CO2, el principal gas responsable del calentamiento del planeta. A la par, durante su extracción, manejo y combustión se liberan otros gases:Metano, que tiene un potencial de calentamiento global hasta 30 veces mayor que el CO2 en un horizonte de 100 años.Óxido nitroso, cuyo potencial de calentamiento global en un periodo de 100 años es de hasta 273 y su periodo de vida en la atmósfera se extiende hasta 109 años. Además de gases de efecto invernadero, la combustión de carbón también libera otros contaminantes, como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y carbono negro (hollín), que afectan la calidad del aire y tienen efectos indirectos en el clima, como la alteración de patrones de precipitación, como puede ser la lluvia ácida. ¿Qué daños provoca en la salud? La ceniza que proviene de las centrales termoeléctricas a carbón, y que no es adecuadamente manejada, es un motivo de preocupación por sus impactos a la salud humana, de acuerdo con el informe Atlas del carbón, publicado por la Fundación Heinrich Böll.Al inhalar partículas finas de la ceniza, estas ingresan a las vías respiratorias y penetran en los pulmones y el flujo sanguíneo. Esto puede generar diversos problemas, como inflamación crónica de los pulmones, o enfermedades como asma, bronquitis crónica y cáncer pulmonar.Otro efecto es la reducción del flujo sanguíneo que llega al cerebro, ya que la sangre se coagula más rápido y puede transportar menos oxígeno, lo que genera una presión sanguínea alta, arritmias cardiacas e infartos.Las infancias son especialmente susceptibles a los efectos de los metales pesados que emiten las centrales termoeléctricas a carbón (plomo, mercurio, cadmio y arsénico). Si sus pulmones son dañados en etapas tempranas del desarrollo, pueden afectarse de manera permanente. ¿Por qué se sigue usando a pesar de los daños que causa?A pesar de los impactos conocidos del carbón en el ambiente y la salud, para muchas economías sigue siendo una opción confiable y barata para producir energía.Tras la caída en el consumo de carbón durante la pandemia de COVID-19, en los años recientes la demanda mundial de carbón creció más de 1 200 millones de toneladas desde el año 2020, de acuerdo con el análisis Coal 2024 de la Agencia Internacional de Energía.A pesar del aumento de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, los principales consumidores, como China o India, siguen apostando por el carbón en el sector energético.En el caso de América Latina, el futuro del carbón es incierto. Por un lado, la región sigue participando en la extracción de carbón para su exportación o para su quema para generar energía. El caso más emblemático es Colombia, el quinto mayor exportador de carbón del mundo.Por otro lado, hay esfuerzos hacia la descarbonización, como en Chile, donde la generación eléctrica a partir del carbón ha generado graves afectaciones a la salud y al ambiente en las llamadas "zonas de sacrificio".El gobierno propuso un plan para que al año 2050 todo el Sistema Eléctrico Nacional genere energía 100% limpia. Sin embargo, una reciente quema acelerada de carbón sobrante en una termoeléctrica, como parte de su proceso de cierre de operaciones, ha puesto el foco en cómo se está llevando a cabo esa descarbonización.Como región productora y consumidora de carbón, América Latina tiene una cuota de responsabilidad en los esfuerzos mundiales para frenar la explotación y quema de carbón y, en su lugar, favorecer sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, sostenibles en el tiempo, respetuosos del ambiente y de las personas.Terminar la era del carbón es posible. Es momento de hacerlo.

Febrero 06 2026 Cambio Climático, Derechos Humanos, Minería

La importancia del “cómo” en la transición energética

De las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) que proceden de combustibles fósiles, una de las principales causas de la crisis climática, cerca de la mitad viene del uso de carbón.Y América Latina no es ajena al problema porque tiene una participación tanto en la quema de carbón como en la extracción del mineral que, tras ser exportado, es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo.En ese contexto, el cierre de termoeléctricas a carbón —como el que está ocurriendo en Chile — es una gran noticia, así como una oportunidad para encauzar la transición energética por el camino de la justicia.Pero en una transición energética justa, el “cómo” importa: Cada paso hacia la desfosilización debe garantizar sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, el respeto del ambiente y los derechos humanos, además de procesos de cierre y salida responsable. Así, el caso chileno, que explicaremos a continuación, es un ejemplo importante de por qué la región necesita implementar procesos de descarbonización responsables. Cuando descarbonizar contamina másA principios de 2024, la empresa AES Andes SA cerró la termoeléctrica Norgener en Tocopilla, ciudad costera situada en el norte de Chile.Como parte del proceso de cierre, la empresa quemó de manera acelerada las 94 mil toneladas de carbón que mantenía en la planta, afectando a una ciudad saturada ya de contaminación y reconocida públicamente como zona de sacrificio ambiental.La población de Tocopilla fue expuesta a posibles afectaciones a su salud que incluyen impactos en el sistema respiratorio, incremento del riesgo de infartos y —en niños y niñas — alteraciones perinatales, afectaciones al desarrollo y a la función pulmonar, entre otros.La quema forzada de carbón fue autorizada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CNE) —organismo encargado de gestionar las diferentes fuentes de energía que ingresan al sistema eléctrico nacional— y la electricidad generada desplazó el uso de energía proveniente de fuentes renovables.Para detener la quema, AIDA, Greenpeace y Chile Sustentable —junto con comunidades locales — presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección para detener la quema, pero la decisión judicial llegó cuando el carbón ya se había quemado. Además, la corte consideró que el caso debía revisarlo un tribunal especializado en la materia en un procedimiento más prolongado. Un mal precedente para Chile y para el continenteAl autorizar la quema del carbón remanente de la termoeléctrica Norgener, el Coordinador Eléctrico Nacional hizo una excepción a la ley que dispone el orden de despacho energético. Poco después, en septiembre de 2024, el organismo emitió un procedimiento interno para ordenar el cierre anticipado de centrales eléctricas.Aunque es un intento por encauzar los procesos de cierre, la medida abre la puerta a que otras empresas con centrales a carbón en proceso de cierre repliquen lo ocurrido en Norgener: quemen su carbón remanente bajo el argumento de “vaciar stock” y generen energía que ingrese con prioridad al sistema eléctrico nacional, desplazando nuevamente a la proveniente de fuentes renovables.En Chile, el Coordinador Eléctrico Nacional decide qué unidad despacha su energía al sistema en un momento dado con base en un criterio de mérito económico creciente, según el cual la energía con menor costo variable entra primero. Sin embargo, el procedimiento interno dispone —sin respaldo normativo suficiente— que el organismo puede autorizar el despacho de energía fuera de orden económico para que centrales a carbón consuman su combustible remanente antes de su cierre.Frente a esto, AIDA, Greenpeace, Chile Sustentable y MUZOSARE (Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia) presentaron el 6 de febrero de 2026 una denuncia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra el Coordinador y sus consejeros por la aprobación y puesta en marcha de la medida.La denuncia representa una oportunidad para que las cosas se hagan bien: que el organismo fiscalizador del sector asegure que la planificación del cierre de termoeléctricas no termine premiando la mala gestión de inventarios de carbón a costa de la salud de comunidades y de una transición energética justa. Lo que la transición energética necesitaEn 2019, el gobierno chileno se comprometió a cerrar todas las centrales eléctricas de carbón del país para 2040. Desde ese anuncio público, el calendario se ha ido acelerando. Pero la urgencia de la descarbonización no debe servir para favorecer a las empresas a cargo de termoeléctricas ni dañar a las comunidades que viven cerca de industrias contaminantes.Hacerlo de este modo debilita el liderazgo climático de Chile, dando un mal ejemplo para cualquier proceso de desfosilización en la región.En una transición energética justa, las empresas involucradas en toda la cadena del carbón y de otros combustibles fósiles tienen la obligación de garantizar el cierre y salida responsable de sus operaciones.La transición energética no es un mero cambio de tecnologías, es una oportunidad para replantear los modelos de energía y de desarrollo, así como para corregir injusticias. Esto requiere reglas claras y adecuadas que favorezcan la seguridad del sistema energético, la competencia y el ambiente sano.