América Latina


Santa Marta, Magdalena, Colombia

¿Qué significa que un litigio sea climático?

De acuerdo con un informe publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los litigios climáticos se han duplicado en los últimos años a nivel mundial, consolidándose como una herramienta clave, cada vez más recurrida, para combatir la crisis climática. Más aún, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), declaró, en su sexto informe, que actualmente hay “un acuerdo académico cada vez mayor en el sentido de que el litigio climático se ha convertido en una fuerza poderosa en la gobernanza climática". Es que realmente el litigio climático ha venido para quedarse en la caja de herramientas usada por activistas para promover la acción climática. Y son los niños, niñas, jóvenes, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y las comunidades locales quienes han asumido el liderazgo en la presentación de estas acciones judiciales. El litigio climático es por esencia un litigio estratégico, lo que significa que busca cambios amplios en la sociedad, que van más allá de un caso particular. Por lo general, esto se logra promoviendo la protección de derechos o cambios en las políticas públicas. Así, estos litigios han servido para responsabilizar a gobiernos, autoridades, empresas y a otros actores no estatales por la crisis climática ante los tribunales, obligándolos —entre otras cosas— a la adopción, implementación y aumento progresivo de medidas concretas para frenar sus emisiones y a mitigar los impactos de la crisis climática. Hace poco más de un año, AIDA lanzó la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, un sitio web de consulta que reúne muchos de los casos de litigio climático en la región. El objetivo detrás de esta iniciativa es promover el intercambio de experiencias diversas para fortalecer los casos en favor de los cambios estructurales que se necesitan. La Plataforma contiene información sistematizada y actualizada de acciones de litigio interpuestas ante cualquier autoridad jurisdiccional (judicial, administrativa, internacional o autónoma). Incluye los argumentos que sustentan los casos, relativos a las obligaciones legales de los Estados y otros actores frente a la crisis climática. Pero la Plataforma alberga también casos que, si bien no se refieren directamente a la crisis climática, contribuyen a la búsqueda de justicia climática en el continente. Y es ahí donde surge la confusión y se gesta la pregunta: ¿Qué hace que un litigio sea considerado como climático? La verdad es que no existe una definición aceptada que permita identificar qué litigios son climáticos y cuáles no. Es un nicho relativamente nuevo en el campo del derecho ambiental y, como muchas cosas en la vida, tiene bordes difusos. Y es que hoy en día nuestro planeta sufre de múltiples crisis, todas interconectadas y muy vinculadas a la degradación ambiental. En este sentido, es posible casi siempre ligar los litigios ambientales, de alguna forma u otra, con el clima cambiante. De todos modos, y con el objetivo de proponer una discusión al respecto, nos atrevemos aquí a reflexionar sobre posibles definiciones que nos den luces y nos permitan delinear este concepto que tanta relevancia está cobrando.   Un acercamiento al concepto de litigio climático y a sus elementos Una manera de abordar el asunto acerca de lo que hace que un litigio sea climático pasa por decir que el litigio climático es todo aquel que contiene argumentos relacionados con la crisis climática en su demanda o en la sentencia que lo resuelve. Otro abordaje está relacionado con el objetivo del litigio, pudiendo decir que el litigio climático es todo aquel que tiene un objetivo relacionado con la acción climática. Esto implica una alta complejidad y una variedad importante de casos, muchos entrecruzados. Así, bajo esta definición, entrarían por ejemplo casos que: buscan la mitigación de las emisiones contaminantes que están causando el calentamiento global; demandan el cumplimiento (o aumento) de parte de los Estados de sus compromisos climáticos internacionales; promueven medidas de adaptación a los efectos inevitables de la crisis climática; demandan la reparación de daños generados por la crisis climática; tienen como objetivo hacer que las empresas se responsabilicen por su participación en el problema; persiguen cambios regulatorios o en políticas en favor de la acción climática; exigen la transparencia o rendición de cuentas de acciones gubernamentales o corporativas relacionadas con la crisis climática; piden que instituciones financieras eleven sus estándares para que en sus decisiones consideren el clima y el ambiente; buscan detener algún proyecto que pueda ser nocivo para el clima; tienen como finalidad proteger ecosistemas, sobre todo aquellos que funcionan como sumideros naturales de carbono; en algunas ocasiones, buscan aumentar la toma pública de conciencia respecto de los problemas relacionados con la crisis climática.   Una herramienta viva y en crecimiento constante Como se ve, la variedad de casos que pueden llevar la etiqueta de litigio climático es enorme, casi tan amplia como la creatividad de las personas que están poniendo la herramienta en uso. Algo interesante es que, a pesar de ser un concepto más o menos nuevo, el litigio climático se construye sobre sí mismo. Mientras más lo usemos, mientras más pongamos a los tribunales a examinar las obligaciones de empresas y Estados en favor de la acción climática, iremos generando más jurisprudencia, capacidades y experiencias útiles para seguir avanzando. El derecho nacional e internacional se fortalece mediante el uso del litigio climático y es importante mantenerlo vivo y en constante crecimiento, así como vincularlo con la responsabilidad que tienen Estados y empresas de hacerse cargo de la crisis climática, fundada en el derecho humano y universal a un ambiente sano. Es importante aclarar que el litigio estratégico —sea climático o ambiental— es difícil, complejo y oneroso. Requiere de tiempo, recursos, capacidad y dedicación. Iniciar un litigio climático no es una decisión fácil que pueda tomarse a la ligera. Muchas veces no es la mejor opción para lograr un objetivo. Pero sí podemos decir, con toda seguridad, que es una herramienta clave en la acción climática, que ha permitido llevar las voces de personas y grupos en situación de alta vulnerabilidad, con frecuencia invisibilizados, a los foros donde se toman decisiones, donde se hace justicia. Es, además, la última instancia de juego en el campo de lo institucional y lo legal. Visita la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe  

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Female farmers in Palacode, Tamil Nadu, India

Sesión 2 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2023

El monitoreo de la implementación de proyectos aprobados por el Fondo Verde del Clima Luego de una actualización acerca de las decisiones más recientes de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés), la sesión se enfocó en el monitoreo de la implementación de los proyectos aprobados por el Fondo, llevado a cabo por diferentes organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. La discusión giró en torno a la presentación de casos de estudio en África, Asia y América Latina. PanelistasClaire Miranda, Asian People’s Movement for Debt and Development (APMDD): Balace de la reunión más reciente de la Junta Directiva del Fondo y lo que se espera de la siguiente.Bertha Argueta, Germanwatch: Introducción al monitoreo de la implementación de proyectos aprobados por el Fondo.Casos de estudio de las experiencias de monitoreo de la implementación de proyectos en:África: Toini Amutenya, Namibia Nature Foundation.América Latina: Maite Smett, Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA), y Rosalía Soley, Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). Moderó: Bertha Argueta, Germanwatch. Grabación (en inglés) 

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Río Tiputini en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador

Yasuní: Crece la ambición climática gracias al pueblo de Ecuador

La decisión del pueblo ecuatoriano de dejar el petróleo en el subsuelo en una parte del Parque Nacional Yasuní, en plena Amazonía, es una respuesta a la historia de contaminación de la tierra, el agua y el aire de las comunidades amazónicas tras 50 años de explotación petrolera. Es además una muestra de ambición climática esperanzadora que debe ser reconocida y respaldada a nivel regional y global. El 20 de agosto pasado, en una consulta popular nacional, el pueblo ecuatoriano optó por detener la extracción petrolera en el bloque 43 ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), uno de los tres en producción dentro del parque. Con esta decisión, la población de Ecuador dio un paso importante hacia la transición ordenada para dejar una parte del petróleo bajo tierra. Implementarla es una obligación legal para el gobierno ecuatoriano. De hacerlo de manera adecuada, respetando los principios de transición justa y salida responsable, Ecuador será el primer país en cumplir con las demandas que el Secretario General de la ONU y los organismos científicos y energéticos —como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Agencia Internacional de la Energía— vienen haciendo a los actores nacionales acerca de un abandono progresivo de la explotación de combustibles fósiles. Resulta clave ahora que la sociedad civil regional y global acompañe la salida responsable de las operaciones petroleras en el bloque 43 del Yasuní, en el término establecido (18 meses calendario), aplicando veedurías independientes y apoyando alternativas de transición justa para el territorio y sus habitantes.   ¿Cómo se llegó a este resultado? Este avance importante para la protección del Yasuní, un ecosistema clave para la adaptación y mitigación de la crisis climática mundial, es fruto de diversos factores, previos a la decisión del 60% del pueblo ecuatoriano el pasado 20 de agosto. Entre ellos están: La lucha histórica de los movimientos indígenas por la defensa territorial y el acompañamiento de varios sectores de la sociedad civil que dieron origen a la Iniciativa Yasuní ITT, que trató de conseguir una compensación económica de la comunidad internacional, que entregaría fondos equivalentes a una parte de las ganancias de la comercialización, a cambio de dejar el crudo bajo tierra. La creación del colectivo social Yasunidos en el año 2013, a raíz del cese de la Iniciativa Yasuní ITT, para oponerse a la declaración de interés nacional de la explotación petrolera del Yasuní, realizada por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador. La lucha incansable de este y otros colectivos, que demostró el fraude realizado por el Consejo Nacional Electoral ante su pedido de consulta popular en 2014, antes del inicio de la explotación petrolera. La decisión de la Corte Constitucional de dar paso a la consulta y el reconocimiento de la violación de los derechos de participación de los miles de personas que firmaron el pedido de consulta en 2014.   ¿Qué implica la decisión? Esta histórica decisión tiene implicaciones nacionales, regionales y mundiales, como se detalla a continuación. A nivel nacional, el resultado de la consulta implica —según el dictamen de la Corte Constitucional—, adoptar las siguientes medidas: i) suspender las actividades de extracción; ii) no iniciar actividades nuevas ni firmar nuevos contratos; iii) tomar medidas para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario; iv) tomar medidas de reparación a la naturaleza; v) otras acciones. Todas ellas son oportunidades para generar un espacio de transición justa en la zona. La decisión implica el reconocimiento y reparación de los derechos humanos a la participación de miles de ecuatorianos/as que pudieron decidir con su voto el destino de esta zona, además de la protección de los derechos humanos relacionados con la vida y protección los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan el Parque Yasuní. Se trata de un paso que promueve la conservación del Parque Nacional Yasuní y de su enorme biodiversidad al ser parte de la Amazonía, un ecosistema regulador del clima y clave para la adaptación a la crisis climática a nivel mundial. Con la adecuada implementación de esta decisión, Ecuador dejará de emitir alrededor de 400 millones de toneladas de CO2, asociadas a la explotación petrolera de alrededor de 58 mil barriles diarios, que ahora debe ser suspendida. El resultado de la consulta contempla un plazo de 18 meses calendario para suspender la explotación petrolera y dejar el crudo bajo tierra de forma indefinida. Con ello se asoma el gran reto de implementar una medida que puede ser ejemplar para el mundo: el cierre y abandono responsable de un campo petrolero en la Amazonía.   Los retos para la implementación Para ser exitoso, el proceso de salida responsable en el bloque 43 debe garantizar: i) la protección del territorio para evitar la deforestación ilegal y ii) el cuidado de las comunidades con el fin de brindarles alternativas económicas (investigación, bioconocimiento, bioeconomía y turismo sostenible, entre otras). Además, su implementación requiere espacios de veeduría y observatorios ciudadanos locales, así como el respaldo de la comunidad internacional y regional a través de mecanismos financieros y de capacitación técnica. Esa es la promesa de los programas de trabajo de Transición Justa y de Mitigación generados en las negociaciones climáticas. Ante el llamado urgente a que los mayores emisores de carbono del mundo dejen rápidamente de quemar combustibles fósiles, el pueblo de Ecuador ha respondido con un avance importante hacia la transición, uno que comienza desde abajo, en una geografía determinada de la Amazonía. Por ello, su decisión debe ser reconocida en la plataforma para la Acción Climática Mundial (NAZCA por sus siglas en inglés) de la ONU, que recoge la acción climática de actores no estatales. También es fundamental que el próximo gobierno ecuatoriano selle este compromiso climático incluyéndolo en la actualización de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Implementar la decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta popular para proteger el Parque Nacional Yasuní es una obligación legal a nivel local y un precedente exitoso que puede impulsar la necesaria transición energética a nivel mundial.  

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Sesión 1 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2023

La red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y cómo funciona En esta primera sesión, hicimos una breve introducción al Fondo, al Plan Estratégico Actualizado para 2024-2027 y al segundo proceso de reposición, actualmente en curso. Además, hablamos de la plataforma del GCF Watch y de las oportunidades que brinda. Y conversaremos con dos de nuestras observadoras activas ante el Fondo para comprender mejor su trabajo, en alianza con la red de observadores de la sociedad civil que hace seguimiento al Fondo. PanelistasFlorencia Ortúzar, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Introducción a la serie de seminarios web y moderación.Jei Edora, Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD): Introducción al Fondo, el nuevo Plan Estratégico Actualizado y el segundo proceso de reposición.Ira Guerrero, Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC): La plataforma del GCF Watch.Erika Lennon, Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), y Liane Schalatek, Fundación Heinrich Boell: Conversación con observadoras activas ante el Fondo acerca de cómo trabajamos y por qué lo hacemos.Camila Bartelega, AIDA: Actividad interactiva para aprender del público.​Grabación (en inglés) 

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Empresas canadenses cometem série de violações de direitos humanos na América Latina, aponta relatório

Genebra - Foi apresentado hoje o relatório "Desmascarando o Canadá às Nações Unidas: Violações de Direitos em Toda a América Latina" durante a pré-sessão do Processo de Revisão Periódica Universal (RPU) das Nações Unidas em Genebra, que ocorre de 28 de agosto a 1 de setembro. Este documento foi entregue por uma delegação que inclui líderes indígenas do Brasil e da Colômbia, uma líder comunitária da Volta Grande do Xingu e demais representantes da sociedade civil latino-americana. As principais organizações indígenas do Brasil, APIB e COIAB, compõem a delegação. O relatório é resultado do trabalho de mais de 50 organizações que organizaram três documentos críticos (Informe Regional, Informe Amazônico e Informe Petroleiro), os quais, juntos, cobram responsabilidade por abusos corporativos associados a 37 projetos canadenses distribuídos por 9 países da América Latina e do Caribe. Das conclusões principais, destaca-se que 32 projetos violam o direito a um ambiente limpo, saudável e sustentável, como o caso da Frontera Energy, no Peru, responsável por 105 derramamentos de petróleo. Outros 26 projetos desrespeitam o direito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado de comunidades impactadas, evidenciado nas táticas divisionistas usadas no projeto Warintza do Equador pela Solaris Resources Inc. Adicionalmente, 19 projetos infringem os direitos econômicos, sociais e culturais, como o impedimento ao acesso à alimentação e à manutenção de atividades econômicas tradicionais, visto no Projeto Volta Grande pela mineradora canadense Belo Sun no Pará, Brasil. Outros 16 impactam os direitos políticos e civis, gerando situações de risco para os defensores, como a militarização dos territórios, abuso pelas forças públicas em prol dos interesses empresariais e a criminalização desses defensores. "Viemos aqui para denunciar o envolvimento das empresas canadenses em violações de direitos humanos no Brasil, particularmente o caso da mineradora Belo Sun, no Pará, que almeja estabelecer a maior mina de ouro a céu aberto do país. Embora o Canadá se promova como defensor dos direitos humanos e do meio ambiente, suas ações contradizem seu discurso, especialmente ao violar os direitos dos povos indígenas no Brasil. A discrepância fica clara quando sabemos que o Canadá não assinou a convenção 169 da OIT. Por isso, esperamos que os estados com os quais estamos em diálogo reconheçam essa realidade e pressionem o Canadá a reformular a atuação de suas corporações, buscando uma ação concreta em defesa dos povos indígenas e comunidades tradicionais", afirma Maurício Terena, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB. A Revisão Periódica Universal (RPU) é um processo que acontece a cada quatro anos, no qual todos os estados membros da ONU avaliam os registros de direitos humanos de seus pares. Este ano, a avaliação do Canadá será em 10 de novembro de 2023. Espera-se que os Estados membros considerem e incluam as recomendações feitas pela sociedade civil latino-americana. Dentre as sugestões apresentadas, destaca-se a necessidade do Canadá introduzir uma legislação vinculativa e abrangente centrada na devida diligência e responsabilidade corporativa. Isso inclui a supervisão de instituições financeiras e corporações canadenses ao longo de suas cadeias de fornecimento globais, com o objetivo de prevenir, mitigar e penalizar irregularidades corporativas, garantindo que vítimas dessas práticas no exterior possam buscar justiça e reparação completa. "Esperamos que o processo da RPU se consolide como mais uma estratégia em nossa defesa dos direitos dos povos indígenas, atuando como instrumento de proteção dos direitos humanos, indígenas e ambientais. É essencial reconhecer que as corporações envolvidas em tais violações estão cometendo atos criminosos. Essas ações não devem ser vistas apenas como atos isolados, mas sim em uma escala mais ampla, pois ao violar os direitos indígenas, impacta-se toda a humanidade. Assim, além das legislações nacionais e internacionais, essas infrações devem ser consideradas sob uma ótica mais abrangente. É essencial que os estados assumam o compromisso, dentro da ONU, de integrar um mecanismo global onde reconheçam a necessidade de monitorar e cobrar mutuamente ações que respeitem os direitos humanos, indígenas e ambientais", diz Kari Guajajara (Brasil), Assessora Jurídica, Organização Indígena Nacional da Amazônia Brasileira (COIAB). Esta não é a primeira vez que o Canadá enfrenta alegações dentro do Sistema Universal das Nações Unidas devido às atividades de suas corporações no exterior. Seis recomendações foram direcionadas ao Canadá durante o 3º ciclo da Revisão Periódica. Estas abordaram, entre outras preocupações, a garantia e proteção essencial dos direitos humanos pelas empresas canadenses. No entanto, mesmo após se comprometer a atender a essas recomendações, o Canadá falhou consistentemente em cumprir suas obrigações extraterritoriais, negligenciando tomar medidas efetivas para supervisionar atividades corporativas nacional e internacionalmente. "Nosso relatório revela a perturbadora realidade por trás dos empreendimentos corporativos do Canadá na América Latina. Enquanto o Canadá se gaba de uma conduta empresarial ética e se posiciona como "pró-clima", as evidências documentadas revelam a proteção do Canadá às indústrias extrativas responsáveis por significativos danos aos direitos humanos e ambientais - onde o lucro é priorizado sobre as pessoas e o meio ambiente", conclui Gisela Hurtado, gerente de Incidência Política da Amazon Watch. A delegação presente em Genebra é composta por Mauricio Terena da APIB; Maria Judite "Kari" Guajajara da COIAB; Josefa de Oliveira, Educadora Popular do Movimento Xingu Vivo Para Sempre; Lorena Aranha Curuaia, Vice-Presidente da Comunidade Iawá; e Brayan Mojanajinsoy Pasos, Secretário Geral da Associação de Conselhos Indígenas do Município de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP), e teve o apoio das organizações Amazon Watch, AIDA, Earthworks, Gaia e Ambiente y Sociedad.   Resumo dos casos principais de empresas canadenses envolvidas em violações de direitos destacadas no relatório   1. Frontera Energy no Lote 192 no Peru: - Mais de 2.000 locais contaminados, afetando 26 comunidades indígenas amazônicas. - O plano proposto de encerramento da atividade não inclui reparações para as comunidades afetadas.   2. Mineradora Argentina Gold SRL (parceria entre Barrick Gold e Shandong Gold): - Responsável por pelo menos cinco vazamentos de substâncias tóxicas, incluindo cianeto e arsênio, no Rio Jáchal na Argentina a partir da mina Veladero. - O projeto viola a Lei dos Glaciares devido à sua localização em uma zona glacial e afeta o patrimônio mundial da biodiversidade reconhecido pela UNESCO, a Reserva San Guilhermo.   3. Projeto Volta Grande da Belo Sun no Brasil: - Impactos cumulativos com a hidrelétrica Belo Monte, localizada a menos de 10 km do local de mineração prospectado. - Forças de segurança armadas contratadas pela mineradora para monitorar líderes locais e impedir sua locomocação. - Total desrespeito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado de comunidades indígenas e ribeirinhas. - Riscos iminentes e irreversíveis de uma tragédia ambiental se resíduos tóxicos forem lançados no Rio Xingu devido a uma possível ruptura da barragem, dada a falta de estudos de segurança sísmica e de barragens de rejeitos. - Impacto direto nas comunidades, seus meios de subsistência tradicionais e ecossistemas locais.   4. Mina Varadero no Chile: - Contaminou fontes de água com mercúrio, impactando populações rurais e crianças.   5. Barragem Hidrosogamoso da ISAGEN - Brookfield Asset Management na Colômbia: - Prejudicou significativamente os ecossistemas e comunidades locais.   6. Projetos de mineração da American Lithium (Falchani, Macusani e Quelccaya) no Peru: - Liberam regularmente resíduos tóxicos, afetando mais de 700.000 pessoas e contaminando as bacias do Lago Titicaca e do Rio Amazonas.   7. Projeto de mineração Warintza da Solaris Resources Inc. no Equador: - Ignorou os direitos territoriais do povo indígena Shuar Arutam e adotou táticas divisionistas.   8. Projeto de mineração Ixtaca no México: - Suspenso devido a violações dos direitos indígenas.   9. Projeto de mineração El Pato II na Guatemala: - Afetou as comunidades maias Poqomam e mestiças sem a devida consulta prévia.   10. Projeto de mineração Mocoa da Libero Copper na Colômbia: - Prejudicou diretamente o território ancestral do povo Inga, violando seus direitos.   11. Projeto de extração de ouro Machado da Cosigo Resources LTD na Colômbia: - Impactou gravemente locais sagrados indígenas no território Yaigojé Apaporis.   12. Mina Pueblo Viejo da Barrick Gold na República Dominicana:    - Forçou o deslocamento de 65 famílias locais devido à barragem de rejeitos El Llagal.   13. Projetos de mineração de La Plata pela Atico Mining Corporation e Las Naves pela Curimining S.A. (subsidiária da Adventus Mining Corporation) e Salazar Resources Limited no Equador: - Tentaram legalizar suas operações apesar de violarem leis nacionais e internacionais de direitos humanos, levando a confrontos e ferimentos.   14. Lote 95 da Petrotal no Peru: - Protestos exigindo direitos da comunidade resultaram em várias mortes pelas forças policiais que guardavam o campo de petróleo.   15. Equinox Gold no Brasil: - Ocultou dados sobre suas operações e impactos, incluindo uma ruptura de barragem. - 4.000 pessoas diretamente impactadas por resíduos tóxicos resultantes da ruptura da barragem que contaminaram rios amazônicos locais, violando o direito a um ambiente limpo e acesso adequado à água potável. - Criminalização de líderes comunitários locais que protestavam pelo direito à água.   16. Gran Tierra Energy no Equador: - Conduziu explorações nos blocos Charapa, Chanangué e Iguana sem o devido compartilhamento de informações às comunidades locais.  

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Voces buscando justicia para la comunidad de La Oroya

La situación de la comunidad de La Oroya en Perú, afectada por décadas de contaminación tóxica y por la falta de medidas eficaces para combatirla por parte del Estado, no es una excepción en América Latina. Lamentablemente, hay en el continente muchas zonas de sacrificio ambiental y social en las que se desarrollan actividades altamente contaminantes —como la del complejo metalúrgico de La Oroya— y pobremente supervisadas por las autoridades llamadas a garantizar la vida, la salud, la integridad personal y otros derechos humanos. La importancia del caso responde precisamente a estas realidades y trasciende el contexto peruano para representar la oportunidad histórica de sentar un precedente clave para todo el continente. A ello apuntan las miradas puestas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene pendiente emitir un fallo respecto de la responsabilidad del Estado peruano y las medidas de reparación para las personas afectadas. A la espera de la decisión, escucha los testimonios de quienes han sido parte de la búsqueda de justicia para La Oroya. Son voces que demuestran la gravedad de los daños causados, que dan cuenta que el camino en busca de reparación ha sido largo, pero fructífero. Son voces que expresan la urgencia de garantizar un futuro mejor para residentes de La Oroya y, en últimas, el goce efectivo del derecho a un ambiente sano en el continente.   1. Yolanda Zurita, peticionaria en el caso "Comunidad de La Oroya vs. Perú" ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 2. Anna Cederstav, directora ejecutiva adjunta y directora financiera de AIDA: 3. Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA:  

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Mujer y caballo en zona montañosa de Perú

Financiamiento climático y perspectiva de género: dos conceptos que deben ir entrelazados

Por Camila Bartelega, Florencia Ortúzar y Francisco Pinilla*   Las mujeres y niñas sufren desproporcionadamente los embates de la crisis climática. Esto se debe a que —generalmente— son las encargadas de buscar agua, comida y de velar por los/as niños/as, personas ancianas y enfermas. Estas labores de cuidado no remuneradas son mucho más difíciles con el cambio climático. También está comprobado que las mujeres y niñas sufren más riesgos ante desastres naturales. Se estima que en esos casos experimentan tasas de mortalidad 14 veces más altas que los hombres. Esto puede ser porque cargan con personas vulnerables a su cuidado, porque muchas veces no se les enseña a nadar o a trepar árboles o porque visten ropas no adecuadas para reaccionar, entre otras razones. Por otro lado, dado que la crisis climática genera caos y aumenta la violencia, quedan más expuestas a sufrir asaltos sexuales e incluso a violencia en sus propios hogares, alimentada por la frustración creciente de un mundo donde los recursos son más escasos y complejos de adquirir. Queda claro entonces por qué es importante incluir la perspectiva de género al hablar de la mejor forma de afrontar la crisis climática. Pero hacerlo es importante no solo para “nivelar el campo” para las mujeres, históricamente en desventaja, sino también porque ellas tienen muchos conocimientos que aportar y la carga adicional que llevan afecta su capacidad para contribuir a las mejores soluciones. Así, incorporar un enfoque de género en la acción climática es justo y también deseable para obtener resultados más eficaces y beneficiosos. Cuando se las excluye, pierden las mujeres y perdemos todos. Para Maite Smet, directora ejecutiva de la Red Internacional de Forestería Análoga, al hablar de un enfoque de género, o hasta de uno feminista, estamos hablando de temas de poder. "Trabajar desde la justicia de género y climática es querer transformar los sistemas de poder que históricamente han oprimido y excluido socialmente a las personas. Se abre la oportunidad de incluir a personas que no han sido parte de las conversaciones y decisiones importantes sobre el clima", comenta. Veamos ahora la relación entre la perspectiva de género y el financiamiento climático, elemento vital en la ardua batalla por mantener un planeta habitable.   Género y financiamiento para el clima Enfrentar la crisis climática mundial requiere transformar nuestra forma de existir en el planeta, incluyendo la producción de energía y de alimentos, la infraestructura y el transporte, entre otros. Esto requiere cuantiosos recursos financieros. El Acuerdo de París establece que los países desarrollados deben prestar asistencia financiera a los países menos desarrollados y más vulnerables.   Lo anterior nos lleva al mundo del financiamiento climático, a la provisión de fondos para implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Siendo que los impactos de la crisis climática afectan desproporcionadamente a las mujeres y niñas, todo financiamiento climático debe tener una perspectiva de género.  ¿Qué significa esto? Implica un financiamiento que entiende estos impactos diferenciados y que los aborda intencionalmente. Significa decidir el financiamiento con participación de las mujeres, reconociendo que tienen conocimientos valiosos sobre sus territorios y que por ende son portadoras de valiosas soluciones. Finalmente, se traduce en un financiamiento que esté disponible y accesible para las mujeres. Según Natalia Daza, monitora de género del Fondo Verde del Clima para América Latina y el Caribe e integrante de Women Environment and Development Organization, el enfoque de género en el financiamiento climático tiene mucho que ver con entender que la desigualdad moldea la forma en que se dan las relaciones sociales. "Las mujeres se ven impactadas de forma diferenciada, usualmente de forma más negativa, por los efectos del cambio climático. Por eso la sociedad civil tiene un papel muy importante: asegurar que las acciones climáticas incluyan las voces de mujeres, organizaciones LGBTIQ+ y organizaciones feministas desde el diseño hasta la implementación", explica.   El enfoque de género en el Fondo Verde del Clima En AIDA, cuando hacemos seguimiento al financiamiento climático que llega a la región, nos concentramos en el Fondo Verde del Clima (FVC), el principal fondo climático del mundo, que rinde cuentas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aunque está lejos de ser perfecto (entre otras razones, porque lo escrito no necesariamente se cumple), es quizás el fondo más progresista en temas de género.   La política de género del FVC reconoce que el cambio climático afecta de manera diferente a mujeres y hombres, además de enfatizar la importancia de la participación y del liderazgo de las mujeres en los procesos de toma de decisiones relacionados con el financiamiento. Es considerada progresista, en comparación con otros fondos, porque tiene un enfoque transversal que busca integrar las consideraciones de género en todos los aspectos del financiamiento. De acuerdo con Seblewongel Deneke, especialista en género del FVC, cualquier política o estrategia que surja dentro del fondo debe tener en cuenta la perspectiva de género. "Está claro que tanto las mujeres como los hombres contribuyen por igual y deberían tener las mismas oportunidades. Pero debemos reconocer que existen retos diferenciados para hombres y mujeres, que ambos son parte de la solución". La política incluye el desarrollo de capacidades, de herramientas y de materiales. "El debate sobre el clima no es sólo acerca de la agenda climática, sino que pone en la mesa otros elementos de la desigualdad. Tenemos que cambiar el acceso a la educación, a la salud y garantizar los derechos básicos que se supone cada individuo debe tener, incluidas las mujeres", afirma Seblewongel.   ¿Qué hace falta? No podemos negar que hemos avanzado. La importancia de la perspectiva de género, en la acción climática y en el financiamiento climático, se discute y se reconoce. Existen políticas para asegurarla, instituciones encargadas de implementarla y a veces incluso personal y presupuestos destinados a este objetivo. Pero no es una misión cumplida. El acceso a financiamiento climático para las mujeres aún es menor y ellas gozan de menos posiciones de poder. Y muchas veces los proyectos de mitigación y adaptación no consideran los efectos desproporcionados del cambio climático en las mujeres. Está claro que no es fácil cambiar las cosas cuando se mueven con la inercia de lo que siempre ha sido. Pero no debemos bajar los brazos. En AIDA hemos incluido la perspectiva de género de forma transversal en todo nuestro trabajo. Con ello hemos abierto camino en muchos frentes y mejorado nuestros resultados, en beneficio no solo de las mujeres. Como nodo regional del GCF Watch, un observatorio internacional que da seguimiento al Fondo Verde del Clima, AIDA es puente entre la toma de decisiones a nivel de la Junta Directiva y los territorios que reciben los proyectos financiados. Florencia Ortúzar, abogada senior de AIDA, comenta que no basta tener fondos, sino también inversiones adecuadas. "El seguimiento de la sociedad civil es clave para asegurar que las inversiones en nombre del clima se hagan con respeto a los derechos humanos y con enfoque de género, alcanzando el máximo potencial posible de los fondos destinados a este tipo de proyectos y programas". Ese fue el tema de un evento presencial realizado en junio en Río de Janeiro. Apoyado por la Alianza Global para la Acción Verde y de Género (GAGGA por sus siglas en inglés) —y organizado por el Fondo Socioambiental CASA, AIDA y Both Ends—, el evento buscó capacitar y motivar a organizaciones regionales con bases feministas para que estén mejor preparadas para dar seguimiento al Fondo Verde del Clima. Lola Gutiérrez, directora del Fondo de Mujeres Bolivia, quien participó en el evento, resalta la importancia de conocer más del fondo, de las experiencias de otros países y de cómo acceder a estos recursos. "A las mujeres, el extractivismo y el cambio climático nos afectan de forma diferenciada y somos actoras fundamentales de la solución. Es fundamental estar presentes y problematizar lo que está pasando". Una de las conclusiones del evento fue que, con los avances en políticas y con una narrativa mucho más receptiva al género, podemos dejar de ser porteras que evitan el paso de malos proyectos para ser goleadoras que proponen los proyectos a ser implementados para frenar la crisis climática. Ahí está la esperanza, en que pronto sean estas organizaciones de base las que accedan a los fondos y propongan soluciones. Solo entonces celebraremos y descansaremos.   * Camila Bartelega es becaria del Programa de Clima de AIDA, Florencia Ortúzar es abogada sénior y Francisco Pinilla es estratega de comunicación digital.  

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Paisaje de la selva amazónica en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador

Proteger el Parque Nacional Yasuní en Ecuador puede impulsar la necesaria transición energética justa a nivel mundial

La decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta del 20 de agosto tiene el potencial no solo de frenar la explotación petrolera en la Amazonía, sino también de generar un impacto transformador a nivel nacional e internacional como resultado de reconocer el valor de un ecosistema clave para la estabilización del clima global y la necesidad de transitar a la producción de energía renovable y sostenible.   El próximo 20 de agosto, habrá una consulta popular en la que el pueblo ecuatoriano tendrá la oportunidad de decidir un alto definitivo a la explotación petrolera en una parte del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta, ubicada en la Amazonía. La consulta busca detener la extracción petrolera en el bloque ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), uno de los tres en producción dentro del parque. El Parque Nacional Yasuní es Reserva de la Biósfera por la UNESCO y múltiples estudios científicos han demostrado su valor e importancia en términos de biodiversidad y por ser hogar del pueblo Waorani y de los grupos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. Al ser la Amazonía una región interconectada y compartida por ocho países —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— y por Guayana Francesa, un departamento francés de ultramar, lo que ocurre en una parte de ella afecta al resto. Además, al ser megadiversa y servir como estabilizador climático global, la importancia de la selva amazónica es mundial. Los ojos del mundo estarán atentos a que Ecuador opte por proteger su territorio amazónico, lo que puede tener un impacto transformador no solo en el país, sino también en América Latina y en el mundo al enviar un mensaje claro que reconoce el valor ecológico y social de la Amazonía para materializar la necesaria transición energética y la protección de los derechos humanos. Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Clima de AIDA, expresa lo siguiente: “Después de años de lucha incansable de organizaciones sociales y de movimientos indígenas, Ecuador puede lograr un avance importante en la protección de un ecosistema clave para la adaptación y mitigación de la crisis climática a nivel mundial, así como para la sobrevivencia de pueblos indígenas, tradicionales y en aislamiento voluntario. Salvaguardar el clima para esta y las futuras generaciones exige que la producción de combustibles fósiles entre en un declive controlado de inmediato y que la generación de energía renovable avance con urgencia y como parte de una transición justa. Ecuador puede ser pionero en mostrar al mundo cómo la sociedad civil es capaz de impulsar la transición energética justa que el mundo necesita, dejando atrás las zonas de sacrificio ambiental y social que la industria de los combustibles fósiles ha propiciado.  Puede ser un ejemplo de construcción de alternativas energéticas basadas en la garantía de los derechos humanos y los de la naturaleza, y de combate efectivo de la triple crisis que el mundo enfrenta con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”. Contexto La iniciativa de frenar definitivamente la explotación petrolera en una parte de la Amazonía se alinea con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y de la Agencia Internacional de la Energía de mantener bajo tierra cifras que van del 30% a las dos terceras partes de las reservas petroleras como condición para mantener el incremento de la temperatura promedio del planeta por debajo de los 2°C, respecto a los niveles preindustriales, y evitar así efectos catastróficos. La consulta popular en Ecuador ocurrirá pocas semanas después de que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, declarara el inicio de la era de la “ebullición climática”, apuntando a la necesidad de cambios concretos para afrontar la emergencia y crisis producida por el calentamiento del planeta. Asimismo, esta consulta llegará poco después del cierre de la Cumbre Amazónica en Brasil, donde los ocho países amazónicos habrán discutido cómo determinar un camino sostenible para la selva amazónica. "Es hora de eliminar los combustibles fósiles para proteger la Amazonía", dijo hace poco Gustavo Petro, Presidente de Colombia, quien exhortó a que los países con territorio amazónico y sus socios en el Norte Global se comprometan a frenar la explotación de combustibles fósiles para proteger el derecho a una transición justa y acelerar el paso a hacia una economía pospetrolera. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Glaciar Perito Moreno, Argentina

Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe: El camino recorrido

Cuando el mundo atravesaba por una crisis de salud y la COVID-19 nos hacía alejarnos de todo y de todos/as, me topé con la Comunidad de Práctica de Litigio Climático en América Latina. Por esos días de 2020, era colaboradora externa de Greenpeace México y tuve la fortuna de coincidir con Javier, Florencia y Verónica, anfitriones/as de esta naciente comunidad desde su trabajo en AIDA. La comunidad propició diversos encuentros virtuales para intercambiar ideas en torno al litigio climático con personas de toda la región preocupadas por el ambiente, la crisis climática, la salud del planeta y de los seres vivos. Confirmamos preocupaciones compartidas y evidenciamos cómo, desde cada trinchera, hacíamos frente a las crisis ambientales y sociales a través de litigios climáticos estratégicos. Mientras algunas personas litigaban contra la deforestación, las minas de carbón y las termoeléctricas, o para la inclusión de variables de cambio climático en los estudios de impacto ambiental; otras buscaban frenar políticas encaminadas al uso de combustibles fósiles o la mejora y cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales. Fue interesante ver la amplitud y versatilidad con la que se desplegaba la herramienta del litigio para potenciar la acción climática. AIDA nos invitó después a participar en una serie de encuentros para conversar con las y los protagonistas de algunos de los casos de litigio estratégico más emblemáticos a nivel mundial. La experiencia de interactuar de cerca y en espacios de confianza con estas personas fue inigualable. Sin duda aumentó mi convicción de que la lucha que se estaba librando era muy importante, así como la necesidad de conocer más de los litigios climáticos. Luego llegó otra invitación de AIDA, esta vez para colaborar en el comité asesor para la construcción de una plataforma que contuviera, en un solo lugar, los casos de litigio climático de nuestra región y en nuestro idioma, como testimonios de una resistencia que proviene desde diversos frentes. El objetivo era agrupar y visibilizar los esfuerzos de América Latina y el Caribe frente a los conflictos climáticos en un sitio web donde las y los usuarios accedieran a información, argumentos para apoyar luchas, estrategias y a la posibilidad de establecer contacto con abogados/as y científicos/as. El Instituto Alana de Brasil, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, la Defensoría Ambiental de Chile y Greenpeace México respondimos al llamado para participar en el diseño de la herramienta. Los esfuerzos conjuntos dieron fruto y, en febrero de 2022, la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe nació oficialmente con el objetivo de fortalecer el litigio climático en la región y con ello su poder para promover los cambios estructurales que se necesitan. El principal reto estaba en cómo recopilar, sistematizar y mantener actualizados los datos. La solución fue conformar un equipo de relatores/as. Así, personas voluntarias —abogados/as o estudiantes de derecho de distintos países con interés en trabajar por el ambiente, el clima y el respeto a los derechos humanos— empezaron a colaborar de manera virtual en el mantenimiento y actualización de la plataforma e informando de casos nuevos en sus jurisdicciones. La plataforma fue lanzada con 49 casos y actualmente alberga 61 casos de ocho países. Otros 30 están en proceso de ser incluidos. Los casos están identificados y categorizados de forma amigable e intuitiva. El equipo de relatores/as está integrado por 24 personas que cubren 12 países. La plataforma no sería posible sin su trabajo y entusiasmo incansables. A un año y medio del lanzamiento de la plataforma, y mucho más tiempo desde que fue gestada, mis recuerdos apuntan al entusiasmo, la dedicación y el compromiso de mucha gente por defender nuestro hogar común, por luchar contra la devastación y la posibilidad de heredar a las futuras generaciones un planeta más verde y azul. Tenemos la obligación de rendir cuentas a las generaciones venideras. Debemos brindar herramientas, iniciar y continuar acciones que den luz a futuras acciones legales para proteger y cuidar el ambiente. Comparto mi certeza de que los objetivos marcados por la comunidad de práctica en esas primeras reuniones de 2020 se están cumpliendo y que este proyecto seguirá adelante a pasos agigantados. El reto se mantiene: seguir difundiendo los casos de éxito, las valiosas lecciones de cuando las cosas no resultan como esperamos, las experiencias regionales e internacionales exitosas; y seguir trabajando para hacer efectivas las sentencias que le dan la razón al planeta. Desde AIDA, te invitamos a conocer y a usar la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe para adentrarte en el mundo de los litigios climáticos, que representan una gran oportunidad en la lucha por la justicia climática y la protección de los derechos humanos en la región y en el mundo. Visita la plataforma  

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Cúpula da Amazônia: 6 propostas para preservar a floresta por meio da cooperação regional

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, um ecossistema megadiverso e um estabilizador climático global que desempenha um papel fundamental no ciclo da água na América do Sul. Além disso, a região abriga centenas de povos indígenas, ribeirinhos e comunidades locais. Apesar de sua riqueza e importância cultural, a Amazônia está ameaçada pela colonização e apropriação de terras, desmatamento, incêndios e atividades extrativistas, entre outras coisas. Como a região é compartilhada por oito países - Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela - e pela Guiana Francesa (território ultramarino francês), sua preservação exige esforços regionais. O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), assinado em 1978 pelos oito países amazônicos, promove o desenvolvimento sustentável dos territórios amazônicos com foco na cooperação e na pesquisa científica. Em 1998, com uma emenda ao tratado, os países criaram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) para fortalecer e aprimorar o processo de cooperação. A OTCA é hoje o único bloco socioambiental da América Latina e a arena mais importante para estabelecer uma forte coordenação regional para preservar o bioma amazônico. Entretanto, essa organização intergovernamental ainda não atingiu seu potencial. Ela tem enfrentado obstáculos de financiamento, dependendo de fontes internacionais em várias ocasiões. Por outro lado, não permitiu a participação efetiva da sociedade civil.                     Nos dias 8 e 9 de agosto, a cidade de Belém do Pará, no Brasil, sedia a Cúpula da Amazônia 2023 - a quarta reunião dos presidentes dos Estados que compõem o TCA. Diante da oportunidade que essa reunião representa para revitalizar a OTCA em prol dos territórios amazônicos, apresentamos 6 propostas para preservar esse ecossistema por meio da cooperação regional.   1. Reformar os órgãos da OTCA para permitir a participação pública É urgente atualizar o TCA e restaurar a OTCA para garantir a ampla participação da sociedade civil, incluindo as reuniões dos órgãos de governança da OTCA e a criação de sua Agenda Estratégica para a Cooperação Amazônica. As atas dessas reuniões devem ser tornadas públicas. Essas e outras medidas são essenciais para que os estados amazônicos cumpram suas obrigações nos termos do Acordo de Escazú, um tratado regional que reconhece o direito do público de acessar informações sobre questões ambientais.   2. Promover a inclusão, o diálogo e a coordenação com os habitantes da região Os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas e as comunidades locais que vivem na Amazônia têm desempenhado um papel fundamental na sua proteção. Ao longo dos séculos, seus conhecimentos têm possibilitado a conservação da floresta. Portanto, os esforços para preservar esse ecossistema devem começar pelo reconhecimento, valorização e proteção dessa rede de conhecimento ancestral, promovendo sua participação na tomada de decisões e garantindo seus direitos, de acordo com os tratados internacionais para a proteção dos direitos humanos.   3. Proteção dos defensores ambientais Quatro dos países amazônicos - Brasil, Colômbia, Equador e Peru - estão entre os países com os maiores riscos para os defensores ambientais e territoriais, especialmente os defensores indígenas e ribeirinhos. Apesar disso, a OTCA não tem uma estratégia para lidar com essa grave situação. A Organização deve garantir aos defensores ambientais um ambiente seguro e favorável para seu trabalho, tarefa que também deve incluir um programa para a proteção das mulheres defensoras na Amazônia.   4. Combate efetivo ao uso de mercúrio na mineração de ouro O uso de mercúrio na mineração de ouro em pequena escala é devastador para as comunidades e os ecossistemas da Amazônia. Em nível regional, a OTCA deve adotar uma resolução ou um programa para tratar diretamente dessa questão. E, em nível internacional, os Estados membros devem agir como um bloco para pressionar por emendas à Convenção de Minamata sobre Mercúrio, de modo que o tratado proíba a comercialização do metal pesado e seu uso na mineração de ouro em pequena escala.   5. Providenciar a execução dos acordos ambientais internacionais Com base em uma estratégia regional de reconhecimento do direito ambiental internacional para a proteção da Amazônia e de seus habitantes, a OTCA deve assessorar os Estados Partes para o cumprimento de tratados ambientais, como a Convenção sobre Diversidade Biológica. Também deve apoiar os Estados na inclusão de localidades, sistemas de conhecimento, tradições e expressões culturais de comunidades ribeirinhas e povos indígenas que estejam ameaçados e em listas de atenção e apoio internacional prioritário, como as Reservas da Biosfera e o Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, bem como as Zonas Úmidas de Importância Internacional da Convenção de Ramsar.   6. Promover uma visão diferente de desenvolvimento para a região amazônica A OTCA deve promover uma visão de desenvolvimento que leve em conta as comunidades e inclua os problemas de desmatamento, queimadas e a expansão da fronteira extrativista por meio da integração internacional. Também é necessário articular esforços regionais para deter a expansão da fronteira petrolífera e defender o estabelecimento de uma moratória para a extração de combustíveis fósseis na Amazônia. Além disso, deve promover reformas legais que desencorajem a expansão da mineração ilegal e seus impactos.   Olhando para o futuro A floresta amazônica e o potencial de cooperação regional para preservá-la estão em um momento crítico. O ponto de não retorno para a Amazônia - o ponto em que os níveis de desmatamento superam sua capacidade de regeneração - não é mais um cenário futuro. Entretanto, após vários anos de pouca ação dentro da OTCA, a Cúpula Amazônica deste ano e a reativação do Parlamento Amazônico em 2022 renovam a esperança de cooperação regional para preservar a floresta. Na mesma linha, os presidentes do Brasil e da Colômbia anunciaram recentemente suas metas para conter o desmatamento ilegal nos territórios amazônicos até 2030. Considerando as ameaças atuais à Amazônia e a obrigação da OTCA de promover a cooperação regional, seus Estados membros deveriam aproveitar esse momento para providenciar à organização um financiamento mais regular e permanente. Isso é necessário para implementar programas eficazes de longo prazo e, especialmente, para implementar essas seis propostas. A sociedade civil também deve aproveitar ao máximo as oportunidades de advocacy com a OTCA e seus órgãos, incluindo a participação nos Diálogos Amazônicos, que serão realizados de 4 a 6 de agosto como um prelúdio da Cúpula. Os esforços conjuntos regionais e transfronteiriços são suficientemente poderosos para salvar um ecossistema vital para a região e para o mundo. VERSÃO EM ESPANHOL  

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