América Latina


Lo que debes saber de la alerta trinacional para salvar al Pantanal de los incendios

Los incendios de los últimos años han dañado y puesto en riesgo grave al Pantanal, el humedal de agua dulce más grande del mundo, que se extiende por Bolivia, Brasil y Paraguay. Ante la urgencia de la situación, organizaciones de la sociedad civil alertaron al Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, acerca de los daños al Pantanal y solicitaron su apoyo en la búsqueda de soluciones. En un contexto de crisis climática como el actual, la protección de ecosistemas clave como los humedales y el freno a las grandes emisiones de dióxido de carbono provocadas por los incendios forestales es una tarea apremiante. A continuación, lo que debes saber de la crisis que los humedales del Pantanal enfrentan y de los esfuerzos recientes para lograr su recuperación mediante cooperación transfronteriza.   Un epicentro de biodiversidad en riesgo En sus casi 20 millones de hectáreas, el Pantanal es hogar de al menos 3.500 especies de plantas, cerca de 600 de aves, 150 de mamíferos, 175 de reptiles, 40 de anfibios y 300 de peces de agua dulce. Algunas de ellas están en peligro de extinción en otras regiones. En el Pantanal está la mayor concentración de jaguares y caimanes. La fuerza destructora del fuego En 2019 y 2020, el Pantanal ardió a un ritmo sin precedentes. En 2020, los incendios devastaron 4 millones 300 mil hectáreas de la región del Pantanal, la mayor cifra registrada desde 1998. Ese mismo año, se quemó el 100 por ciento del Parque Nacional Pantanal Matogrossense, en Brasil. El fuego se ha convertido en un problema transfronterizo. Agravando la crisis climática mundial Además de la pérdida de bosques, la muerte de animales y la afectación directa a la salud y modos de vida de comunidades locales, los incendios en el Pantanal agravan la crisis climática, una problemática mundial. Un estudio publicado por la Academia Brasileña de Ciencias estima que los incendios de 2020 en la región del Pantanal de ese país liberaron a la atmósfera alrededor de 115 millones de toneladas de dióxido de carbono, más de 20% de las emisiones de dióxido de carbono generadas en Colombia durante ese mismo año. Alerta internacional por medidas urgentes El pasado 2 de febrero, en el Día Mundial de los Humedales, AIDA —junto al Centro para la Diversidad Biológica y a Ecologia e Ação (ECOA)­— solicitó al Secretariado de la Convención Ramsar el envío de una misión de asesoramiento a seis humedales del Pantanal ubicados en Bolivia, Brasil y Paraguay. Las organizaciones pidieron además que los sitios, considerados de importancia internacional bajo el tratado, sean inscritos en el Registro de Montreux, la lista mundial de humedales en riesgo grave. Exhortaron a los tres gobiernos a implementar medidas para preservar el Pantanal como ecosistema transfronterizo. Apoyo especializado para el rescate “La misión de asesoramiento consiste en una visita de expertos internacionales que darían recomendaciones altamente especializadas a Brasil, Bolivia y Paraguay para superar las condiciones que generan riesgo para la conservación y el uso racional del Pantanal, así como para desarrollar medidas innovadoras de manejo y protección”, explica Claudia Velarde, abogada de AIDA. La inscripción de los sitios en el Registro de Montreux implica ayuda económica, así como apoyo y asesoramiento técnico para la recuperación del Pantanal en los tres países. En julio de 2021, solo en el estado brasileño de Mato Grosso, la superficie del Pantanal incendiada fue cinco veces mayor que la de São Paulo. Con acciones adecuadas y oportunas será posible evitar que la degradación del ecosistema se repita en los meses de junio y julio de este año, cuando los incendios forestales suelen comenzar. La alerta enviada por la sociedad civil representa una oportunidad importante para que los países que comparten el Pantanal gestionen su riqueza ecológica de forma colaborativa y sostenible, sumando esfuerzos para su preservación. VERSIÓN EN PORTUGUÉS    

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Creando una red de apoyo para fortalecer el litigio climático

El litigio climático se ha convertido, poco a poco, en una herramienta crucial para complementar y acelerar los resultados del trabajo por la defensa del ambiente, el territorio y los derechos de pueblos y comunidades. Sin embargo, litigar en el Sur Global y en América Latina tiene desafíos particulares y es diferente a litigar en el Norte Global. Ante estos desafíos y el contexto de la defensa ambiental en la región, se creó la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, lanzada el mes pasado. AIDA lideró el esfuerzo en estrecha colaboración e intercambio con organizaciones regionales y litigantes que están detrás de algunos de los principales casos en la región. El sitio web ofrece, de forma amigable e intuitiva, información en español sobre los casos judiciales de la región que utilizan argumentos climáticos. Debido a que la plataforma es un trabajo colaborativo y está en permanente construcción, ¡necesitamos tu apoyo para mantenerla actualizada! A fin de lograr ese propósito, se creará una red de relatores/as en la región que estarán a cargo de informar sobre nuevos casos y actualizaciones a los casos ya identificados, trabajando de manera virtual. Para ser parte de esta red, puedes postular llenando el formulario disponible aquí. Ser relator o relatora de la plataforma implica además entrar en contacto con personas interesadas en el litigio climático y que trabajan por la justicia climática en toda la región, así como aprender de esta herramienta novedosa orientada a promover más y mejores casos. Quien forme parte de la red, tendrá también la oportunidad de participar en espacios de encuentro en los que se resolverán dudas en torno al trabajo colaborativo, se afianzarán relaciones y se gestarán iniciativas conjuntas en favor de la justicia climática en el continente. ¿Te gustaría ser relator/a? ¡Postula! La plataforma es una herramienta que facilita a las personas que están usando o que quieren usar el litigio compartir estrategias, experiencias y argumentos sobre litigio climático; ayudando a crear y fortalecer alianzas; así como a facilitar el contacto entre quienes trabajan a favor del ambiente y el clima. Los casos incluidos, cerca de 50 al momento, se escogieron a partir de una perspectiva amplia del concepto de litigio climático. Son casos en los que se emplean argumentos relativos al cambio climático o que, si bien no se refieren directamente a este, contribuyen a lograr justicia climática. El litigio climático va en ascenso en la región, en línea con la urgencia de acciones efectivas y prontas para combatir los impactos del cambio climático. ¡Tú puedes aportar a este movimiento y apoyar la defensa del ambiente, el territorio y los derechos de pueblos y comunidades! Ver la grabación del lanzamiento de la plataforma  

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Océanos, Derechos Humanos

Un avance para la participación de comunidades indígenas en decisiones que afectan sus territorios

Desde 2018, AIDA trabaja en alianza estratégica con Greenpeace Chile y ONG FIMA para excluir el cultivo industrial de salmón de las áreas protegidas de la Región de Magallanes, en plena Patagonia chilena, y para defender los derechos de las comunidades Kawésqar, habitantes ancestrales de los canales y fiordos de la zona. Estas comunidades lograron recientemente un triunfo legal importante que reconoce su derecho a participar en la evaluación ambiental de proyectos que afectan sus territorios y sus modos de vida. La empresa Nova Austral pretendía relocalizar nueve centros de cultivo de salmones (que ya están en operación) desde el Parque Nacional Alberto de Agostini hasta la Reserva Nacional Kawésqar. El Servicio de Evaluación Ambiental del gobierno chileno autorizó el traslado de cuatro de los nueve centros de cultivo sin implementar mecanismos de consulta a las comunidades Kawésqar y rechazando luego sus solicitudes de participación ciudadana. Lo hizo bajo el argumento de que no había efectos ambientales nocivos que las afecten. La autoridad ambiental ignoró las implicaciones de ese tipo que las granjas de salmón han tenido en la región de Los Lagos (extremo norte de la Patagonia) y que representan uno de los riesgos más graves de la expansión de la industria hacia el extremo sur de la Patagonia, una zona prístina. Esos efectos incluyen la contaminación biológica por la introducción de especies exóticas, el uso indiscriminado de antibióticos, las frecuentes fugas masivas de salmones, así como los alimentos y fecas que se depositan en el fondo marino generando pérdida total o parcial de oxígeno y mareas rojas. Asimismo, el órgano ambiental pasó por alto que la salmonicultura es incompatible con los objetivos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar. Uno de ellos es “dar cumplimiento a las demandas fundamentales del pueblo Kawésqar”. De hecho, para la creación de la reserva, en 2018, se realizó un proceso de consulta indígena, en el cual se acordó excluir la acuicultura industrial de especies exóticas, considerando la fragilidad de los ecosistemas del área y el legado cultural indígena, estrechamente ligado al mar. Ante el atropello gubernamental, las comunidades Kawésqar —con apoyo de la coalición formada por AIDA, Greenpeace Chile y FIMA— llevaron el caso a la Corte Suprema de Justicia con la presentación de un recurso de protección de garantías constitucionales. El 31 de enero, la Corte hizo justicia y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental iniciar procesos de participación ciudadana como paso previo a la autorización del traslado de los cuatro centros de cultivo de Nova Austral al interior de la Reserva Nacional Kawésqar. La sentencia adquiere trascendencia al tener en cuenta que el Estado chileno ha sido permanentemente cuestionado por los bajos estándares de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el instrumento internacional más importante para garantizar los derechos indígenas, entre ellos el derecho a la consulta previa. Una de las principales críticas es que la regulación de los mecanismos para incorporar la consulta indígena a la evaluación ambiental incentiva que esta no se realice. Esta crítica cobra más relevancia en los proyectos evaluados por Declaración de Impacto Ambiental, para los cuales se aplica un mecanismo consultivo de menor incidencia que la consulta y que además está sujeto a una gran discrecionalidad de parte de la autoridad para que se lleve a cabo. Además, justamente en esos casos, entre los que está la relocalización de granjas de salmón, la participación ciudadana no es obligatoria, como si lo es para proyectos evaluados por estudios de impacto ambiental. Esto disminuye más aún la posibilidad de las comunidades de hacerse escuchar en este tipo de procedimientos. Desde AIDA consideramos que el fallo de la Corte es un aporte a la profundización de la participación ciudadana como herramienta para mejorar la toma de decisiones ambientales. La decisión pone de relieve la voz de las comunidades indígenas en los asuntos que afectan su territorio ancestral. Además, amplía el ámbito geográfico de la participación ciudadana al reconocer que estas comunidades ejercen un interés legítimo en la conservación ambiental, rompiendo así con la idea de que la afectación directa depende solo de su proximidad al lugar de residencia de las personas. Finalmente, esperamos que este sea el primer paso para rechazar del todo la instalación de granjas de salmón en la Reserva Nacional Kawésqar, en cualquier área protegida y, en general, en los mares de la Patagonia chilena.  

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Estudios de Impacto Ambiental: ¿Cómo incluir la perspectiva de cambio climático?

En este seminario web, expertos y expertas de la región explicaron la importancia de incorporar la perspectiva de cambio climático en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Propusieron criterios, herramientas y recursos para este fin, ilustrando cada punto con ejemplos prácticos. Existe el riesgo de que la crisis climática se agrave a gran escala debido a la creciente demanda mundial de materias primas, combustibles y otros productos para las operaciones extractivas, incluidas en los planes de reactivación económica impulsados por muchos gobiernos como respuesta a la pandemia de la COVID-19.Los EIA representan una oportunidad para contrarrestar estas políticas regresivas: avances recientes en su regulación y en su aplicación con una perspectiva de justicia climática pueden ayudar a terminar con la era de los combustibles fósiles, además de la minería a gran escala y las hidroeléctricas, frenando así su impactos socioambientales en la región. PanelistasLina Muñoz Ávila, Directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental, Asesora de la clínica jurídica Grupo de Acciones Públicas, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá): Generalidades sobre la importancia y bases legales para incluir criterios de cambio climático en los EIA.Augusto Sánchez, Director de iniciativas de adaptación y mitigación en forma de planes subnacionales de cambio climático facilitados por Finanzas de Carbono Ecuador (FINCEC S.A.): Estrategias o herramientas para incorporar criterios de cambio climático en los EIA desde una perspectiva de políticas públicas.Sebastián Garín Figueroa, ingeniero ambiental y Coordinador del Programa HuellaChile, Ministerio de Medio Ambiente: ¿Cómo calcular la huella de carbono de una empresa o una planta industrial mediante un ejercicio práctico?Moderó: Daniela García Aguirre, abogada e ingeniera ambiental, Iniciativa de Aire Limpio, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). GrabaciónPrimera parte: Segunda parte: Presentaciones1. Lina Muñoz Ávila: 2. Augusto Sánchez:  3. Sebastián Garín Figueroa:  

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Reafirmando la protección legítima del derecho a un ambiente sano

En diciembre de 2016, dos mujeres de Veracruz decidieron defender en los tribunales al Sistema Arrecifal Veracruzano frente a los impactos graves e irreversibles que la ampliación del puerto de Veracruz implica para el ecosistema de coral más grande del Golfo de México y para los beneficios que brinda a la biodiversidad y a la población local.  Representadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, las residentes de la zona metropolitana de Veracruz presentaron una demanda de amparo contra el proyecto debido a que su permiso ambiental resultó de una evaluación de impactos fragmentada que no consideró la totalidad de los riesgos para los arrecifes. En AIDA apoyamos estos esfuerzos desde el comienzo y presentamos un primer escrito legal (Amicus Curiae) para respaldar la demanda con información detallada sobre la importancia de los servicios que los arrecifes prestan: captura de carbono, generación de oxígeno, provisión de alimentos, protección contra tormentas y huracanes, entre otros. En abril de 2017, el juzgado que atendió el caso rechazó el amparo —y con ello la solicitud de las demandantes de suspender las obras del proyecto— argumentando que no demostraron tener “una afectación real y relevante” en sus derechos; es más, que no tenían un “interés legítimo” en la causa. Hablar de interés legítimo —conocido también como legitimación activa— es referirnos a la capacidad de una persona para reclamar por un daño ante una corte, en cualquier ámbito. En un accidente de tránsito, por ejemplo, sólo tú tienes el interés legítimo para reclamar la reparación del daño que tu vehículo pudo sufrir, que debe ser individual y cuantificable. Sin embargo, en temas de daño ambiental, la situación es más compleja. La degradación de un ecosistema afecta a más de una persona e incluso trasciende generaciones.   Las residentes de Veracruz apelaron el revés judicial a su demanda y el caso pasó a revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. Ante las limitaciones del juzgado para reconocer en su fallo el derecho de todas las personas de acceder por igual a justicia en temas ambientales, AIDA —en alianza con Earthjustice— presentó ante la Suprema Corte un segundo escrito legal, solicitando la ampliación de los requerimientos para el interés legítimo. Aportamos evidencia técnica y jurídica para el reconocimiento de los derechos humanos al ambiente sano y al acceso a la justicia, consagrados en el derecho internacional. Estos derechos obligan al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por la degradación ambiental, tenga la posibilidad de lograr justicia sin importar que su conexión con el ecosistema amenazado sea indirecta o remota. La Environmental Law Alliance Worldwide se unió a la lucha con un escrito que analiza decisiones judiciales de distintas jurisdicciones que reconocen el derecho de cualquier persona, organización de la sociedad civil o residentes de un lugar para presentar demandas contra proyectos y decisiones que pueden afectar negativamente el ambiente. El 9 de febrero pasado, más de cinco años después de interpuesta la demanda, las residentes de Veracruz y los arrecifes de la zona obtuvieron una importante victoria. En una decisión unánime —que como tal genera un precedente obligatorio para todos los tribunales del país— la Suprema Corte determinó que las autoridades violaron el derecho al ambiente sano de las personas de Veracruz al autorizar la ampliación portuaria. Se trata de un fallo histórico, valioso para México y para la región por varias razones: Ratifica que la proximidad a un proyecto no define quiénes son las personas afectadas ni quiénes pueden reclamar la protección de su derecho al ambiente sano ante las cortes. Reafirma que no necesariamente se debe probar un daño cuantificable e individualizable para acceder a la justicia ambiental; basta con demostrar que un proyecto o actividad, al degradar un ecosistema, daña o amenaza con causar daños (económicos, sociales, culturales, sanitarios, etc.) a una comunidad. Reconoce un interés legítimo ampliado, así como el carácter colectivo del derecho a un ambiente sano y de la participación pública en los procesos de evaluación ambiental. Sienta un precedente con capacidad para transformar la manera en la que se realiza la evaluación de impacto ambiental en el país, resaltando la incorporación de los principios de prevención y de precaución. Señala las obligaciones internacionales de México; entre ellas las adquiridas bajo el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). En AIDA, como organización y como personas, celebramos este gran paso en el fortalecimiento de la defensa del derecho al ambiente sano en la región. Estamos felices de haber contribuido a su logro y esperamos que la implementación de la sentencia ocurra siguiendo los más altos estándares.  

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Río Guaporé, Amazonas

Lanzamiento de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe

AIDA, con el apoyo de varias personas y organizaciones que trabajan por la justicia climática en la región y en el planeta, presentó la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe.Este sitio web, dirigido a todas las personas interesadas en contribuir al avance de la justicia climática en la región, está en constante actualización y brinda información sobre los principales litigios climáticos del continente de forma sencilla y accesible. Visita la plataforma PanelistasGladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Bienvenida institucional.Panel de lanzamientoMaria Antonia Tigre, Global Climate Litigation Fellow, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia University: Litigio climático en el Sur Global.Juan Auz, abogado ecuatoriano y doctorando, Centro de Derechos Fundamentales, Hertie School (Berlín): Argumentos y patrones del litigio climático en América Latina y el Caribe.Javier Dávalos, coordinador, Programa de Clima, AIDA; y Verónica Méndez, abogada, AIDA: Presentación de la plataforma (funcionalidad y proceso de construcción).ComentariosSantiago Cané, Coordinador de Legales, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); representante del Comité Asesor de la Plataforma: Reflexiones sobre la construcción de la plataforma.Astrid Puentes Riaño, abogada experta en cambio climático y derechos humanos: Importancia del litigio climático en la región.Moderó: Florencia Ortúzar, abogada, AIDA. Grabación Presentaciones1. Presentación de Maria Antonia Tigre, Sabin Center for Climate Change Law: 2. Presentación de Verónica Méndez, AIDA: 

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Litigio climático en América Latina y el Caribe: Lanzamiento de una plataforma regional

Por Maria Antonia Tigre, Florencia Ortúzar y Javier Dávalos* Con la selva tropical más grande del mundo, las mayores reservas de agua dulce del planeta y la mayor cantidad de tierra cultivable para la producción de alimentos, la importancia de América Latina y el Caribe en la lucha contra el cambio climático es innegable. Sin embargo, la región también es altamente vulnerable a los efectos de la crisis climática, pese a que sus emisiones de gases de efecto invernadero no son significativas. Como resultado, los derechos humanos y ambientales están siendo amenazados en un contexto donde las personas defensoras están en riesgo constante. Tristemente, la región ha sido reconocida como la más peligrosa para quienes defienden el ambiente y los derechos humanos. El litigio climático estratégico ha crecido lentamente en el continente como una herramienta crucial para complementar el trabajo por la defensa del ambiente, el territorio y los derechos de pueblos y comunidades. Litigar en el Sur Global y en América Latina es diferente a litigar en el Norte Global, con desafíos particulares que deben ser abordados estratégicamente. Los casos en algunos de los países más peligrosos para las personas defensoras ambientales podrían hacerlas más vulnerables a ataques y amenazas. La falta de recursos puede dejar sin protección a las y los demandantes que defienden valientemente la causa, no sólo frente a la violencia sino ante males más sutiles como el estrés emocional o la estigmatización. Otro gran obstáculo es la grave corrupción que afecta a la región, la cual implica un poder excesivo para las empresas. La corrupción es un fenómeno extendido y muy arraigado, especialmente en industrias multimillonarias como la de los combustibles fósiles y la extractivista. Existe el riesgo de que las empresas o los gobiernos coopten a las y los académicos. Además, demostrar y combatir la corrupción es extremadamente difícil y peligroso. Finalmente, uno de los obstáculos más severos para que el litigio climático sea eficaz en América Latina y el Caribe es la dificultad a la que se enfrentan las y los litigantes en la implementación de las decisiones favorables. La región presenta algunas estadísticas alentadoras, pero al mismo tiempo alarmantes, en torno al litigio climático. Aunque la gran mayoría de los casos resueltos al momento han tenido decisiones favorables, la aplicación de estas ha sido, hasta ahora, insatisfactoria. Queda mucho por hacer en este frente, incluida la identificación de las deficiencias administrativas de los Estados que influyen en la dificultad de hacer cumplir las decisiones; y considerar, desde la fase de planificación de los casos, qué soluciones se solicitan y cómo se exigirá su implementación. A pesar de estos retos, el litigio climático ya está demostrando el poder que tiene para promover el cambio: En Perú, un grupo de jóvenes demandó al gobierno por no haber formulado y ejecutado una política y un plan nacional para frenar la deforestación en la Amazonía peruana (Álvarez et al. vs. Perú). En Colombia, comunidades indígenas Wayúu promovieron una acción para anular el permiso ambiental de una colosal mina de carbón (Cerrejón). En México, Greenpeace interpuso un amparo para detener la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en el estado de México (Greenpeace vs. Secretaría de Medio Ambiente). En Argentina, la Organización de Ambientalistas Organizados exigió que el Ministerio de Medio Ambiente detuviera la aprobación de la exploración de combustibles fósiles en alta mar por sus impactos en las ballenas y en el clima (Organización de Ambientalistas Organizados vs. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible). En Ecuador, un grupo de nueve niñas cuestiona al Estado ecuatoriano por autorizar a empresas petroleras a quemar gas en la Amazonía (Caso Mecheros). En Chile, la ONG Defensoría Ambiental demandó al gobierno y a todas las empresas que operan en una emblemática zona de sacrificio por el daño ambiental causado tras años de operaciones (Daño Ambiental en Ventanas). Y estos son sólo algunos ejemplos.     En este contexto se creó la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una ONG regional que utiliza el derecho para proteger el ambiente y los derechos humanos, lideró el esfuerzo en estrecha colaboración con organizaciones regionales y litigantes que han estado detrás de algunos de los casos en la región. AIDA lanzó la plataforma en un seminario web, la grabación del evento está disponible aquí. La plataforma ofrece, de forma amigable e intuitiva, información en español sobre los casos judiciales de la región que utilizan argumentos climáticos. Incluye una sección de recursos descargables que pueden ser útiles para quienes tienen previsto utilizar la ley para impulsar sus casos. El objetivo es promover más casos y mejores resultados. Por ello, la plataforma es una herramienta que permite entregar y compartir estrategias, experiencias y argumentos sobre litigio climático; ayudar a crear y fortalecer alianzas; así como facilitar el contacto entre personas que trabajan a favor del ambiente y el clima. Esta iniciativa surge de la colaboración con diferentes organizaciones. Es una iniciativa transversal y participativa que se nutre del trabajo colectivo y que encaja con los esfuerzos de colaboración del Sabin Center. En diciembre de 2021, el Sabin Center lanzó la Red de Revisión por Pares de Litigio Climático Global para mejorar el campo de estudio y la práctica del litigio climático, así como para garantizar una representación geográfica amplia y equitativa en su Base de Datos de Litigio Climático Global. La red incluye relatores nacionales que ayudan a garantizar que la base de datos sea completa y esté actualizada. Además, el Sabin Center trabaja continuamente en alianza con iniciativas regionales que analizan específicamente el litigio climático en un contexto nacional o regional. Como parte de este esfuerzo continuo, el Sabin Center se ha asociado con AIDA para compartir información y facilitar el intercambio entre quienes colaboran con los dos proyectos. El lanzamiento de esta plataforma regional de litigio climático no sólo es una gran noticia para América Latina y el Caribe, sino también para toda la comunidad global activa que utiliza los tribunales en favor del planeta. Visita la plataforma   *Maria Antonia Tigre es Global Climate Litigation Fellow en el Sabin Center for Climate Change Law, Florencia Ortúzar es abogada sénior de AIDA y Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA.  

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Responsabilidad ambiental a través de la cadena de suministro: Miradas desde América Latina

La alarmante degradación ambiental ocasionada por las actividades extractivas en la región exige una respuesta integral que va desde el marco regulatorio hasta el accionar individual de las personas involucradas.En este seminario web, hablamos con los/as autores/as de "Responsabilidad ambiental a través de la cadena de suministro: Miradas desde América Latina", un estudio que explora el contexto y los desafíos de la implementación de la debida diligencia con el fin de garantizar que las empresas identifiquen, prevengan, mitiguen y expliquen cómo abordan los impactos negativos reales y potenciales en sus propias actividades, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales. PanelistasJohanna Sydow, asesora principal de política de recursos naturales, Germanwatch (Alemania).Andrés Ángel, geólogo, coordinador de proyectos, Instituto para la Gestión Integral de Flujos de Materiales y de Recursos, Universidad de las Naciones Unidas.Pavel Aquino, ingeniero ambiental senior con especialización en modelamiento de transporte de contaminantes en Perú.Fabiola Vargas, consultora, Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA, Bolivia).Juan Diego Espinosa, investigador para el programa Colombia, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH).Moderó: Hugo Mobarec, asesor científico, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Presentación Más información Consulta y descarga el estudio "Responsabilidad ambiental a través de la cadena de suministro: Miradas desde América Latina" 

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5 logros del movimiento ambiental en 2021

En todo el mundo se observan movimientos impulsados desde la sociedad civil que son cada vez más fuertes y cuyas voces se escuchan en los espacios de toma de decisiones. Así, cada una de estas acciones que nacen en lo local se unen hacia una meta común que traspasa fronteras: la protección del ambiente y de las personas. Las exigencias llegan hasta las altas instancias donde las decisiones adoptadas no solo afectan al movimiento que las originó, sino que generan precedentes para el resto. Por eso, hacemos un recuento de cinco logros obtenidos este año en el mundo por el movimiento ambiental del que somos parte, los cuales están abriendo camino para la rendición de cuentas, la protección de los derechos humanos y la dotación de nuevas herramientas jurídicas y de otro tipo para fortalecer la lucha conjunta. 1. El Acuerdo de Escazú entra en vigor Celebramos el Día de la Tierra (22 de abril) con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre derechos ambientales de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que consagra la protección de las personas defensoras ambientales. Escazú es el primer acuerdo regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, necesario para facilitar el trabajo y proteger la vida de las personas defensoras. Además, reconoce la necesidad de medidas de protección para comunidades en situación vulnerable. Con la ratificación de Argentina y México, se consiguieron las adhesiones necesarias para este gran avance. El acuerdo es también resultado de muchos años de trabajo desde la sociedad civil, sector que impulsó el desarrollo del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que es clave para garantizar el derecho humano a un ambiente sano y sostenible. Ahora que ya entró en vigor, necesitamos que los países integren las responsabilidades que Escazú establece en sus sistemas internos para que las personas defensoras y las comunidades puedan usar el acuerdo a su favor y, entonces, sea realmente efectivo. 2. Corte ordena a Shell reducir sus emisiones a casi la mitad En un fallo histórico y de gran importancia en la lucha ciudadana por la justicia climática, el Tribunal del Distrito de La Haya ordenó que la empresa angloholandesa Shell reduzca sus emisiones en 45% para 2030. En el veredicto se dispone, por primera vez, que una empresa y sus subsidiarias deben alinear sus políticas con las metas globales de reducción de emisiones, como las estipuladas en el Acuerdo de París. Esta decisión es un precedente mundial al que se llegó gracias a la demanda presentada por varias organizaciones de la sociedad civil y por más de 17 mil ciudadanas y ciudadanos holandeses. El objetivo central de la demanda no era obtener una compensación financiera por los daños, sino obligar a la petrolera a reducir sus emisiones. Este caso abrió la discusión acerca de la responsabilidad de las empresas en el cambio climático y, además, fue pionero en utilizar los principios rectores de la ONU acerca de las empresas y los derechos humanos. Niels Hazekam, Asesor Principal de Políticas en Both Ends, una de las organizaciones que participó en la demanda, nos contó los detalles del litigio contra Shell en este webinar. Esta victoria representa un gran paso hacia el uso de los sistemas judiciales como herramientas para avanzar en la justicia climática, con grandes posibilidades de ser replicado en otras partes del mundo, incluyendo América Latina. 3. Tribunal internacional reafirma protección ambiental en Costa Rica Es legítimo que un país se declare libre de minería a cielo abierto como objetivo para proteger el ambiente. Así lo declaró el tribunal arbitral del CIADI, del Banco Mundial. El caso tiene su origen en el arbitraje que la minera Infinito Gold interpuso en contra de Costa Rica. La minera exigía el pago de 400 millones de dólares como indemnización por las ganancias no percibidas cuando el país anuló su concesión de explotación de minerales. AIDA advirtió al gobierno costarricense de las amenazas que el proyecto propuesto por Infinito Gold, Crucitas, tendría en el ambiente y los derechos humanos. En 2008, el gobierno emitió un decreto declarando el proyecto de interés. Y, en 2011, la Corte Suprema confirmó la decisión de declarar al proyecto Crucitas ilegal. La minera, inconforme con esa decisión, pidió el arbitraje internacional y la indemnización. Este año, el CIADI concluyó que Costa Rica no tendrá que pagar dicho monto y aclaró que el país no negó a la empresa el acceso a la justicia local. La decisión es un avance importante ante la creciente intención de las empresas por demandar a los países que deciden proteger sus ecosistemas. 4. La ONU reconoce el derecho humano a un ambiente sano El 8 de octubre, en un día histórico y crucial para el futuro del planeta, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció que todas las personas tenemos el derecho humano a un ambiente seguro, sano, limpio y sostenible. Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza lideraron los esfuerzos al interior del Consejo en la última etapa de una larga lucha, junto con miles de organizaciones, movimientos, empresas y personas defensoras que se unieron a #HealthyEnvironmentForAll. Compartiendo cartas e invitando a la sociedad civil de todo el mundo, lograron mostrar el interés legítimo por reconocer este derecho. Cabe decir que este hito en la historia del derecho ambiental internacional es resultado de casi 50 años de trabajo de miles de personas que, desde la Declaración de Estocolmo en 1972, han sentado las bases para este día. También el 8 de octubre, el Consejo estableció la creación de una nueva Relatoría Especial para promover los derechos humanos en el contexto de cambio climático. Fue la respuesta a una demanda de la sociedad civil en la que AIDA fue punto de encuentro y coordinación a nivel de América Latina para movilizar esta decisión. 5. Caso de contaminación llega a la Corte Interamericana Después de más de 15 años, el caso de violaciones a derechos humanos por contaminación ambiental en La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que un caso de contaminación del aire causada por actividades empresariales en un contexto urbano llega a la Corte. La Comisión Interamericana presentó el caso ante la Corte tras establecer la responsabilidad internacional del Estado y como respuesta a la petición de un grupo de personas expuestas crónicamente a metales pesados provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú, representadas por AIDA y sus aliados. Las personas afectadas recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque a pesar de que el Tribunal Constitucional peruano dispuso en 2006 medidas urgentes para la protección de sus derechos, el Estado no las acató. La presentación del caso ante la Corte representa también una gran oportunidad para restablecer los derechos de las personas afectadas.   ¡Conoce más y lee sobre las principales victorias de AIDA en nuestro Informe Anual 2021!  

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Tres historias de justicia ambiental y climática

Frente a los desafíos cada vez más grandes a los que nos enfrentamos debido a la degradación del ambiente y la crisis climática, la fuerza de la lucha conjunta demuestra que es posible garantizar un ambiente sano y un futuro sostenible para todas las personas. Este año, AIDA consiguió avances importantes en ese camino, de la mano de comunidades y de aliados en la región. Las historias a continuación hablan de logros que nos acercan a la justicia ambiental y climática que necesitamos con urgencia y por la que trabajamos cada día. Son historias de éxito y de esperanza que nos inspiran a seguir avanzando con más fuerza.   1. Mujeres mayas empujan al BID a la rendición de cuentas En Guatemala, bajo nuestro asesoramiento y con el apoyo de aliados locales e internacionales, la lucha de mujeres mayas por defender su agua y su territorio hizo historia. Lograron que la oficina de rendición de cuentas del Grupo del BID reconozca los daños ocasionados por dos represas financiadas por el BID Invest y abra la posibilidad de que el banco retire su inversión de manera responsable. Conoce Más 2. Un fallo afianza la preservación de las áreas naturales protegidas La intención de grandes desarrolladores inmobiliarios de desmantelar el área de protección de flora y fauna Yum Balam, en el Caribe mexicano, se topó con la pared. La Suprema Corte de México sentó un precedente legal clave al determinar que el programa de manejo, fundamental para el aprovechamiento sostenible del sitio, es legal. AIDA contribuyó a defender a Yum Balam en los tribunales, así como a construir el programa de manejo. Conoce Más 3. La ayuda internacional llega a dos lagos altoandinos Junto con comunidades y organizaciones locales, AIDA impulsó la solicitud de apoyo técnico internacional para la recuperación de los lagos Poopó y Uru Uru en el altiplano boliviano, la cual fue finalmente formalizada por el gobierno. Ese apoyo, previsto para el próximo año, es vital para el rescate de estos ecosistemas, verdaderos sistemas de vida para la biodiversidad y para las comunidades indígenas y campesinas de la zona. Conoce Más   ¡Encuentra estas historias y mucho más sobre el camino recorrido este año en nuestro Informe Anual 2021!  

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