América Latina

Océanos

Nuestra responsabilidad en la conservación de los recursos pesqueros

Cada vez es más frecuente escuchar a personas decir que se identifican como flexitarianas o semivegetarianas. El flexitarianismo se basa en una dieta vegetariana, pero que de manera ocasional incluye el consumo de algunos productos de origen animal: carnes, aves, mariscos y pescados. También están las personas pesco-vegetarianas o pescetarianas, que solo consumen distintas variedades de pescado y mariscos. Como cualquier hábito de consumo, es importante preguntarnos por sus impactos en el entorno. Si bien el actual modelo de consumo de carne no es sostenible, en gran parte debido a sus impactos en el clima, la situación del consumo de pescado no es más alentadora. Según el informe bienal presentado por la FAO, durante más de 60 años, el consumo mundial de pescado se ha incrementado a un ritmo considerablemente mayor al del crecimiento de la población mundial. Además, se estima que más del 30% de las poblaciones de peces en el mundo se encuentran sobreexplotadas y que un 60% están explotadas al máximo. El aumento continuo de la pesca excesiva tiene consecuencias no solo a nivel de biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas, sino que a su vez disminuye e impacta la producción pesquera, lo que conlleva repercusiones negativas a nivel económico y social. Una nueva tendencia Las razones que impulsan a las personas a cambiar sus hábitos alimentarios son numerosas. Con frecuencia son motivos ligados a su salud, su peso y a consideraciones éticas que reflejan una ideología de respeto animal y una de sostenibilidad ambiental relacionada con la disminución del consumo de carnes rojas. En los últimos años, se ha promocionado con mucha fuerza la alimentación rica en pescado, fundamentalmente por sus beneficios nutricionales. El contenido nutricional del pescado varía en función de factores como la especie, la edad, el medio en el que vive, la alimentación o incluso la época de captura. Sin embargo, en términos generales, los pescados se caracterizan por ser fuentes de vitaminas y de proteínas con alto valor biológico. Los pescados azules o grasos —entre ellos el salmón, la sardina y el atún— suelen ser excepcionalmente ricos en Omega-3 y en minerales como potasio, magnesio y fósforo. A nivel nutricional, se aconseja consumirlos de dos a tres veces por semana dado que un consumo racional conlleva beneficios como la regulación de la presión arterial, así como la disminución del riesgo coronario y de los niveles de triglicéridos. Si bien es necesario alimentarse de manera saludable y balanceada para tener una vida plena, también es crucial tomar en cuenta el origen de los alimentos que consumimos y cuestionarnos ¿de dónde provienen?, ¿cuál es su cadena de suministro?, ¿en qué condiciones fueron elaborados o capturados? Un ejemplo de la relevancia de responder a estas preguntas es el caso del salmón, cuyo valor nutricional está en las especies salvajes y no así en las cultivadas en granjas, alimentadas con una excesiva cantidad de antibióticos. Sobrepesca, incentivos y consecuencias De acuerdo con la FAO, alrededor del 90% de las poblaciones de peces marinos a nivel mundial están totalmente explotadas, sobreexplotadas o agotadas. Y los subsidios negativos a la pesca representan gran parte del problema. Esos subsidios, al incrementar las capacidades de pesca, brindan beneficios a corto plazo, pero amenazan la sustentabilidad de ecosistemas y comunidades en el largo plazo. En todo el mundo, los subsidios negativos representan 22 mil millones de dólares cada año. Los más utilizados son aquellos destinados a la compra de combustible y a la modernización de barcos para el incremento de capturas. A nivel ecológico, estos incentivos reducen el acervo de peces y dificultan su recuperación. Destruyen hábitats marinos y exacerban la sobreexplotación. Dado que cerca de 60 millones de personas trabajan directamente en las pesquerías del mundo, es primordial permitir que las poblaciones de peces se regeneren adecuadamente, asegurando el sustento de las comunidades pesqueras. Debemos reconocer la importancia del uso responsable de los recursos pesqueros y acuícolas como una prioridad para la seguridad alimentaria y la nutrición mundial, y para las oportunidades de desarrollo local. Es necesario promover prácticas responsables que vayan desde la captura hasta el consumo. Ello requiere un esfuerzo conjunto donde los consumidores cumplimos un papel fundamental. Consumo responsable Una pesca sostenible permite que las poblaciones de peces se reproduzcan de manera adecuada y continua, manteniéndose saludables y productivas. Si bien esta tarea requiere el involucramiento activo del sector pesquero y de autoridades gubernamentales, como consumidores tenemos la gran responsabilidad de contribuir a la conservación de los recursos pesqueros y de fomentar la sostenibilidad a través de nuestras decisiones de compra. Algunos consejos sencillos que podemos implementar son: Verificar la procedencia y tamaño del pescado o marisco: Conocer aspectos como la procedencia y método de captura, además del tamaño de la pieza, que determina si alcanzó la madurez suficiente. Diversificar nuestros hábitos de consumo: Consumir pescado y marisco de acuerdo con la estacionalidad. La estacionalidad es un fenómeno relacionado con las épocas de reproducción y desplazamiento de las especies, que dependen mucho de características como la temperatura de las aguas. Consumir pescados y mariscos de temporada permite una reproducción y recuperación adecuada de las especies, asegurando un mayor equilibrio y ayudando a evitar la sobrepesca. Comprar en sitios autorizados:  Conocer si el lugar de expendio cumple realmente con criterios de sostenibilidad y trazabilidad de los productos que comercializa. La trazabilidad es el conjunto de medidas y procedimientos que permiten seguir el rastro de un producto pesquero desde su captura hasta su venta final. Revisar las etiquetas: Donde sea posible, elegir productos con certificación de prácticas de pesca y comercialización sostenible, como el sello de MSC (Marine Stewardship Council) o el Estándar de Responsabilidad Ambiental para la Comercialización del Pescado, otorgado por Marviva en Costa Rica, Panamá y Colombia.   Si permitimos la recuperación paulatina de nuestro océano, estaremos contribuyendo positivamente a la seguridad alimentaria, a la economía y al bienestar de las comunidades costeras y de las futuras generaciones.  

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Grandes Represas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

La gran oportunidad del BID para apoyar la protección del ambiente y los derechos humanos

Texto publicado originalmente en Animal Político El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) se encuentra en una posición única no solo para apoyar los esfuerzos de recuperación de América Latina y el Caribe, región duramente golpeada por la pandemia, sino también para hacerlo respetado a las personas y al ambiente. El Grupo BID —compuesto por el BID, que trabaja con gobiernos; el BID Invest, que colabora con el sector privado, y el BID Lab o laboratorio de innovación del BID— es la entidad de financiamiento del desarrollo más importante del continente. En 2020, aprobó una cifra récord de 21.600 millones de dólares para sus 26 países miembros en la región. Además del reto de liderar la recuperación de las finanzas públicas, la actual crisis económica y social representa una oportunidad para que el Grupo BID afronte con éxito otro gran desafío, uno fundamental para el papel que desempeña en el continente y que adquiere mayor relevancia en el contexto actual: la adopción de políticas operativas que cumplan con estándares internacionales en materia ambiental y de derechos humanos, así como de mejores procesos de rendición de cuentas. Respecto a la rendición de cuentas y a la evaluación de sus políticas actuales, es importante considerar que cuatro proyectos hidroeléctricos financiados por el Grupo BID están o han estado bajo escrutinio ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) de la entidad debido a los impactos ocasionados por su implementación en comunidades indígenas y rurales de Guatemala, Chile y Colombia. Estos proyectos, financiados por el BID Invest, han afectado los modos de vida de quienes viven a su sombra. Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —junto con la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza— hemos apoyado a miembros de comunidades mayas de la microrregión de Ixquisis, en Guatemala, ante la destrucción causada por dos de estos proyectos: las represas San Mateo y San Andrés. En lo personal, he visto de primera mano los daños ocasionados a la población indígena. He escuchado el miedo y la incertidumbre en las voces de las mujeres de la zona mientras explicaban cómo sus ríos estaban contaminados, sus hijos enfermos y sus vidas afectadas gravemente. “Un día nos quedaremos sin agua y no podremos vivir”, me dijo una líder indígena de Ixquisis. “Nuestros hijos sufrirán”. Las mujeres de Ixquisis han tenido un rol central en la queja presentada por las comunidades afectadas ante el MICI, ya que una de las principales cuestiones en juego se centra en que el financiamiento de las represas vulneró la política operativa de la entidad en materia de género, que reconoce que los proyectos de desarrollo suelen tener impactos diferenciados en las mujeres. Para las mujeres, los ríos son un elemento vital pues posibilitan el acceso al agua y a la alimentación, siendo también un espacio de intercambio entre ellas. En la queja, las comunidades denuncian además el incumplimiento de las políticas operativas del Banco en materia de derechos indígenas y ambiente, así como los daños resultantes. Argumentan que la empresa a cargo de los proyectos hidroeléctricos actuó sin la debida diligencia y violó el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. De hecho, la implementación de los proyectos ignoró los resultados de una consulta de buena fe, llevada a cabo en 2009, en la que la mayoría de la población local decidió no dar su consentimiento a la construcción de las represas en su territorio. Lo que es evidente es que la capacidad del Grupo BID para supervisar los proyectos que financia es limitada y, a pesar de cumplir normas mínimas, sus políticas operativas son a menudo ineficaces. Además, los espacios en los que verifica el cumplimiento son reducidos y las consecuencias del incumplimiento, inciertas. A principios de 2020, el MICI publicó un informe sobre el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, en Chile, en el que constata que la represa vulneró varias políticas operativas del Banco, incluida la de género. Sin embargo, ese informe ha sido cuestionado por no ofrecer medidas de restitución por los daños que aún sufren las comunidades afectadas. En los próximos meses, este mecanismo publicará el informe final sobre el caso Ixquisis. Las comunidades afectadas esperan que las recomendaciones que contenga reflejen la realidad de su territorio y estén orientadas a la adopción de medidas de remediación, incluida la desinversión inmediata del financiamiento otorgado para las represas. Con este caso, el Banco tiene una oportunidad clave para demostrar su compromiso con la rendición de cuentas, así como su apertura para evaluar el cumplimiento de sus propias políticas operativas y remediar los daños que su incumplimiento ha causado a comunidades vulnerables. También es una oportunidad para que la entidad tome medidas preventivas y siente las bases para cambiar sus prácticas. Cuando fue electo presidente de la institución, Mauricio Claver-Carone prometió “actuar en los temas prioritarios de la región”. Esto incluye una evaluación de cualquier contexto global que afecte al propio desarrollo que el Grupo BID pretende promover. En estos días, esto tiene que ver no solo con la actual crisis sanitaria, sino también con la crisis climática mundial, la grave situación de riesgo por la que atraviesan las personas defensoras del ambiente y la resolución de una serie de deudas pendientes con la equidad de género y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Las acciones que el Grupo BID emprenda a partir del caso de Ixquisis pueden ser el primer paso para el establecimiento de un precedente fundamental para la protección de los derechos humanos y el ambiente entre las instituciones financieras internacionales, una contribución sin duda tan o más valiosa que la económica.  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Sesión 3 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2021

Involucramiento con el Fondo Verde del Clima (FVC) en diferentes regiones y países La supervisión efectiva del Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés) es vital para evitar daños y para que el tan necesario financiamiento climático sea usado de la mejor forma.El GCF Watch es una iniciativa de la sociedad civil, liderada desde el Sur Global, creada para mejorar el acceso a información sobre el Fondo y permitir un mejor seguimiento y supervisión de sus operaciones.En esta serie internacional de tres seminarios web, expertos y expertas de todo el mundo hablaron del involucramiento que la plataforma del GCF Watch permite. También se discutió la información más reciente en torno al Fondo, las reuniones de su Junta Directiva y los asuntos principales de este año, así como la forma en la que personas y comunidades pueden involucrarse con el FVC en sus países y regiones. En cada sesión hubo presentaciones seguidas de un espacio de debate abierto entre panelistas y personas asistentes. PanelistasBertha Argueta, Germanwatch: Participación de las OSC en los procesos del FVC a nivel nacional: Involucramiento con las Autoridades Nacionales Designadas (AND) y los Puntos Focales.Collins Otieno, PACJA: Experiencias del nodo regional de África.Tunga Rai, Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN); y Titi Soentoro, Aksi! for gender, social and ecological justice: Experiencias del nodo regional de Asia.Florencia Ortúzar, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Experiencias del nodo regional de América Latina.Moderadora: Claire Miranda, defensora de la justicia climática. Grabación (en inglés) Presentaciones (en inglés)1. Bertha Argueta, Germanwatch: 2. Collins Otieno, PACJA: 3. Tunga Rai, Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN): 4. Titi Soentoro, Aksi! for gender, social and ecological justice: 5. Florencia Ortúzar, AIDA: 

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Litigios para promover (y acelerar) la acción climática

En 1990, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas realizó su primer informe de evaluación. Fue la primera vez que la comunidad científica internacional evidenció oficialmente y de manera certera que las emisiones de gases de efecto invernadero, producidas por actividades humanas, implicarían un calentamiento adicional de la superficie del planeta con consecuencias globales. Tras más de dos décadas de negociaciones climáticas internacionales y acuerdos entre países para reducir drásticamente las emisiones, los avances han sido lentos. Ante ese rezago, los litigios climáticos se han convertido en una herramienta cada vez más usada por organizaciones y comunidades para que gobiernos y empresas asuman su responsabilidad por la crisis climática ante los tribunales y adopten medidas concretas y ambiciosas para frenar sus emisiones y mitigar los impactos de la crisis climática en los derechos humanos. La reciente sentencia histórica de un tribunal holandés, que ordena a la petrolera multinacional Shell reducir sus emisiones de CO2 en un 45% en menos de 10 años, marca un precedente y una victoria ambiental a nivel mundial. “Este juicio ha sido de gran trascendencia porque es en contra de una de las empresas que más contribuye al cambio climático”, dice Verónica Méndez, abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA. El equipo legal y científico de AIDA apoya con escritos legales e información técnica a organizaciones y comunidades que inician litigios climáticos contra gobiernos y empresas en América Latina. Para sumar esfuerzos, AIDA trabajó en la construcción de una plataforma de litigio climático, la cual tiene información sistematizada y en español sobre todos los casos desarrollados en la región. El mapeo de datos se realiza de manera colaborativa con otras organizaciones y permitirá fortalecer las estrategias de litigio en forma conjunta. Un breve recuento Los litigios climáticos son casos que plantean cuestiones relacionadas con las obligaciones legales que los Estados y empresas tienen en relación con la crisis climática. Son presentados ante organismos judiciales para buscar —entre otras cosas— el cumplimiento de leyes climáticas existentes; la ampliación del alcance de otras leyes para que aborden el cambio climático, el reconocimiento de la relación entre los derechos humanos fundamentales y los impactos de la crisis climática, y la compensación por las pérdidas y los daños. Así lo establece un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en colaboración con el Sabine Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia (Nueva York), que evalúa la situación mundial de este tipo de litigios. Según el informe, al 1 de julio de 2020, se han registrado al menos 1.550 litigios climáticos en 38 países, casi el doble del número de casos registrados en 2017, que fueron 884 en 24 países. Estados Unidos lidera la lista donde más litigios se han presentado: 1.200. Le siguen Australia (97), Reino Unido (58) y la Unión Europea (55). Las demandas climáticas también están en auge en América Latina. Al momento, AIDA ha sistematizado alrededor de 50 casos que formarán parte de la plataforma de litigio climático de la región. Los países donde más demandas se han presentado son México, Brasil, Colombia y Chile. Estos datos evidencian el rápido crecimiento de los litigios climáticos a nivel mundial. Grandes desafíos y oportunidades Si bien los litigios climáticos buscan lograr justicia para las comunidades afectadas por los impactos de la crisis climática, uno de sus grandes desafíos es la implementación de los fallos. En 2018, en Colombia se produjo la sentencia de un litigio contra el Estado. En ese caso, 25 jóvenes colombianos demandaron al gobierno por la deforestación en la Amazonía y su vinculación directa con la vulneración del derecho al ambiente sano para las generaciones futuras. Esta demanda es considerada un litigio climático por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la deforestación. La Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana  como entidad sujeta de derechos y ordenó  la  creación  de  un  plan  de  acción  para  reducir  la  deforestación  y la adopción de un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. Fue un logro histórico en la región. Sin embargo, las conclusiones de los informes de seguimiento al caso indican que a la fecha no ha  existido un cumplimiento cabal del fallo. “Un juicio no se acaba con la sentencia, hay que hacerle un seguimiento para que se cumpla”, explica Méndez. Demostrar que las corporaciones y gobiernos tienen una enorme responsabilidad en la lucha contra la crisis climática no solo requiere de contar con información científica que pruebe que las emisiones generadas o permitidas contribuyen al cambio climático. Es necesario relacionar los hechos con los derechos humanos para otorgar más razones para que las Cortes actúen y emitan un fallo favorable. “Un litigio de cambio climático meramente científico tiene menos posibilidades de éxito”, enfatiza Méndez. “Por eso se lo vincula con afectaciones directas a los derechos humanos de las personas que van a resentir desproporcionadamente todos los efectos”. Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el panorama para las demandas climáticas en América Latina es alentador porque los gobiernos están asumiendo más compromisos de acción climática y, además, la ciencia del clima está estableciendo vínculos directos entre los eventos climáticos extremos y el cambio climático. Más que nunca, la unión de comunidades y organizaciones ambientales se hace crucial para acelerar políticas y acciones contundentes que generen una transformación sostenible, justa y en favor de las personas y el ambiente. Visita la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe  

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Cambio Climático, Fortalecimiento de Capacidades, Minería

Una transición de materiales: La minería y la transición a las energías renovables

Presentación de A Material Transition, una investigación de War on Want en la que se examinan las repercusiones de la creciente demanda de los minerales necesarios para dejar atrás los combustibles fósiles, y lo que se puede hacer para afrontar esos impactos a través de las cadenas de suministro a nivel global y para reducir la demanda no sostenible. PanelistasAndy Whitmore: Investigador especializado en industrias extractivas y derechos de los pueblos indígenas. Copresidente, administrador y miembro fundador de la London Mining Network.Sebastian Ordóñez Muñoz: Migrante colombiano residente en el Reino Unido. Responsable de Programas para América Latina en War on Want.Moderó: Andrés Ángel, Asesor Científico, AIDA. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Andy Whitmore: Material de referenciaA Material Transition: Exploring supply and demand solutions for renewable energy mineralsImpactos a perpetuidad. El legado de la minería 

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Océanos

Países miembros de la Organización Mundial del Comercio deben asumir la responsabilidad de lograr un acuerdo sobre subsidios pesqueros

Lamentamos que la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), realizada hoy en Ginebra, no haya logrado concretar un acuerdo sobre subsidios pesqueros, una medida urgente para lograr un manejo efectivo de nuestros recursos pesqueros, así como para garantizar la seguridad alimentaria mundial y los modos de vida de comunidades costeras. Reconocemos al mismo tiempo que las negociaciones se encuentran en una fase avanzada y que finalmente contamos con un borrador de texto. Queremos destacar el compromiso y la participación de las delegaciones de América Latina, entre ellas las de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay. Exhortamos a todos los países miembros de la OMC a que asuman la gran responsabilidad de lograr pronto un acuerdo. Tras dos décadas de negociaciones, los plazos para culminarlas y alcanzar un acuerdo se han incumplido repetidamente. Aunque las negociaciones comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo en la siguiente conferencia, que iba a tener lugar en diciembre de 2020, pero que fue suspendida por la pandemia. Este compromiso responde además al cumplimiento de la meta 14.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esa meta establece que para 2020 se prohíban “ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera”, así como “eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados”. Según estimaciones recientes, los gobiernos gastan 35 mil millones de dólares cada año para apoyar a sus sectores pesqueros, de los cuales 22 mil millones representan subsidios negativos, que promueven la sobrepesca. Esa práctica resulta en datos alarmantes, entre ellos que el 63% de las poblaciones de peces a nivel mundial necesitan ser reconstruidas y que, de acuerdo con un informe de la FAO de 2020, el 34% de ellas se pesca a niveles "biológicamente insostenibles”. Mientras el acuerdo se concreta, es necesario seguir trabajando para procurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Instamos a los países miembros de la OMC a definir sin más demora compromisos en ese sentido a nivel nacional y regional. De nuestro lado, seguiremos trabajando de la mano de los gobiernos para lograr un acuerdo ambicioso. Es imperativo adoptar reglas sólidas, eliminar la posibilidad de crear vacíos jurídicos y aprovechar la oportunidad para establecer políticas oceánicas orientadas a lograr una mayor sostenibilidad, garantizando la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras, así como la conservación de nuestros recursos pesqueros. CONTACTO DE PRENSA Victor Quintanilla (México), [email protected], +525570522107  

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Cambio Climático, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Sesión 2 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2021

Género, pueblos indígenas y REDD+ en el Fondo Verde del Clima (FVC) La supervisión efectiva del Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés) es vital para evitar daños y para que el tan necesario financiamiento climático sea usado de la mejor forma.El GCF Watch es una iniciativa de la sociedad civil, liderada desde el Sur Global, creada para mejorar el acceso a información sobre el Fondo y permitir un mejor seguimiento y supervisión de sus operaciones.En esta serie internacional de tres seminarios web, expertos y expertas de todo el mundo hablaron del involucramiento que la plataforma del GCF Watch permite. También se discutió la información más reciente en torno al Fondo, las reuniones de su Junta Directiva y los asuntos principales de este año, así como la forma en la que personas y comunidades pueden involucrarse con el FVC en sus países y regiones. En cada sesión hubo presentaciones seguidas de un espacio de debate abierto entre panelistas y personas asistentes. PanelistasLiane Schalatek, Heinrich Böll Stiftung: Conclusiones de la 29ª reunión de la Junta Directiva del FVC.Tara Daniel, Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO): Género en el FVC.Helen Magata, Tebtebba: Pueblos indígenas en el FVC.Souparna Lahiri, Global Forest Coalition: REDD + en el FVC.Moderó: Salina Sanou, PACJA.  Grabación  Presentaciones1. Liane Schalatek, Heinrich Böll Stiftung: 2. Tara Daniel, Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO):Presentación en francés 3. Helen Magata, Tebtebba:  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Las personas contra Shell: Un paso adelante hacia la justicia climática

El pasado 26 de mayo, el Tribunal del Distrito de La Haya, Países Bajos, emitió un fallo histórico. Ordenó que para 2030 la petrolera angloholandesa Shell —una de las principales productoras y proveedoras de combustibles fósiles a nivel mundial— reduzca sus emisiones de CO2 un 45%, en comparación con los niveles de 2019. La decisión es una respuesta a la demanda presentada en 2019 por Amigos de la Tierra, junto a otras seis organizaciones y más de 17.000 ciudadanos y ciudadanas de Holanda. Aunque en 2020 Shell se comprometió públicamente a la neutralidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, el tribunal holandés consideró que no era suficiente. Según el veredicto, la multinacional es responsable de sus propias emisiones de CO2 y de las de sus proveedores y clientes, que en conjunto amenazan el frágil equilibrio planetario y los derechos humanos. El fallo determina, por primera vez, que una empresa y sus subsidiarias deben alinear sus políticas con las metas globales de reducción de las emisiones de CO2. Fundamenta esta obligación en los objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo de París, adoptado en 2015. Así, quienes litigaron contra Shell cumplieron su objetivo principal, que no era obtener compensación financiera por los daños causados, sino obligar a la petrolera a reducir sus emisiones en conformidad con la meta del Acuerdo de París de limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y de continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. El grupo Shell es consciente, desde hace unos 60 años, de los riesgos del cambio climático, como lo demuestra un documental producido por la misma empresa y filmado en los años noventa. Sin embargo, la multinacional responsable de nueve veces más emisiones que toda Holanda nunca frenó sus inversiones en combustibles fósiles, privilegiando intencionalmente sus intereses económicos a costa del ambiente, el clima y las personas. Revisa aquí la grabación del conversatorio que mantuvimos con Niels Hazekamp, Asesor Principal de Políticas en Both Ends, una de las organizaciones que demandó a Shell, donde nos cuenta detalles del litigio.   Un precedente mundial El fallo es un gran paso en el uso de los sistemas judiciales como herramientas para avanzar en la justicia climática y evidencia que la sociedad entera está más determinada que nunca a frenar los impactos negativos de las poderosas multinacionales en el ambiente, el clima y el goce de los derechos humanos fundamentales. Además, a pesar de haberse litigado en suelo europeo, el caso representa un paso significativo hacia la justicia climática global, ofreciendo una oportunidad interesante de réplica en América Latina y en el mundo. El caso no solo abrió la discusión sobre la responsabilidad climática de las empresas, sino que también fue pionero en incorporar en ella la utilización de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. El uso de estos instrumentos, que regulan a las empresas multinacionales exigiéndoles respetar los derechos humanos, muestra su fuerte potencial en favor de la justicia climática a nivel mundial. El lenguaje del veredicto se basa principalmente en el respeto de los derechos humanos, abriendo así la posibilidad de aplicar el mismo razonamiento contra otras empresas contaminadoras, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los instrumentos mencionados. Más sobre la sentencia En virtud del fallo, Shell debe reducir las emisiones netas de tipo 1, es decir las generadas por sus actividades y las de sus subsidiarias, y hacer un esfuerzo significativo para reducir las emisiones netas de tipo 2 y 3, que son aquellas generadas por los usuarios del petróleo y gas producido por la multinacional. Para contabilizar la reducción neta de sus emisiones, la petrolera no puede recurrir a ninguna de las herramientas de captura o compensación de carbono establecidas bajo el Acuerdo de París, que consisten en capturar las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de carbón y gas, y de la industria pesada, para su almacenamiento subterráneo profundo o su reutilización. Cabe resaltar que, aunque no hay certeza sobre la naturaleza exacta de los impactos climáticos causados por Shell, las y los jueces resaltaron los riesgos universalmente reconocidos para comunidades y ecosistemas relacionados con la contaminación industrial y con las prioridades financieras de la empresa para fundamentar su sentencia. Las principales dudas y preocupaciones Las principales dudas tienen que ver con la implementación del fallo. Si bien el tribunal estableció que Shell no puede utilizar sistemas de compensación o de absorción de sus emisiones, no le obliga a terminar con la exploración, extracción y explotación de combustibles fósiles. Asimismo, la subjetividad de la sentencia no permite identificar exactamente el tipo de esfuerzo que podría considerarse significativo para la reducción de emisiones de los clientes de la petrolera. Tampoco existe claridad respecto de la responsabilidad del grupo Shell por la venta de sus refinerías a otras empresas públicas en el Sur Global, lo que permitiría a la multinacional cumplir con parte de la reducción de sus emisiones, mientras estas continúan en los sitios más vulnerables del planeta. Además de la utilización del Acuerdo de París, cuyos elementos asistieron a las y los jueces para fallar en favor del clima en este caso, se abre la puerta al uso de instrumentos existentes de soft law como los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos u otros que se espera sean jurídicamente vinculantes para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Del mismo modo, considerando la dificultad y posible manipulación en el conteo de emisiones, se abren nuevos caminos para establecer obligaciones específicas a los actores que contaminan. Como recomendaron varias organizaciones de la sociedad civil, fundamentar la reducción de emisiones de las empresas en la medición de barriles de petróleo, metros cúbicos de gas y toneladas de carbono sería más fácil y útil para la implementación de sentencias exitosas como esta. Finalmente, preocupan los derechos de las y los trabajadores de Shell, que podrían verse negativamente afectados con la sentencia. La drástica reducción que tendrá que aplicar Shell a sus actividades basadas en petróleo y gas debe enmarcarse en un proceso de transición justo e inclusivo, que incluye respetar los derechos laborales y transformar sus actividades haciéndolas más sostenibles. El caso Las Personas vs. Shell deja valiosas herramientas para avanzar hacia la justicia climática y la rendición de cuentas de las empresas por sus daños al ambiente y a los derechos humanos. A quienes litigamos por el clima, el caso nos muestra la necesidad de fortalecer las capacidades de nuestros equipos, la importancia de la creatividad y del uso de la ciencia y de asegurar que contamos con el tiempo y con los recursos necesarios para llevar adelante casos emblemáticos y, por último, la relevancia de establecer alianzas que permitan aprovechar el momentum del que goza actualmente el movimiento mundial por la justicia climática.  

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Cambio Climático, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

Sesión 1 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2021

La plataforma del GCF Watch y una visión general de 2021 La supervisión efectiva del Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés) es vital para evitar daños y para que el tan necesario financiamiento climático sea usado de la mejor forma. El GCF Watch es una iniciativa de la sociedad civil, liderada desde el Sur Global, creada para mejorar el acceso a información sobre el Fondo y permitir un mejor seguimiento y supervisión de sus operaciones. En esta serie internacional de tres seminarios web, expertos y expertas de todo el mundo hablaron del involucramiento que la plataforma del GCF Watch permite. También se discutió la información más reciente en torno al Fondo, las reuniones de su Junta Directiva y los asuntos principales de este año, así como la forma en la que personas y comunidades pueden involucrarse con el Fondo en sus países y regiones. En cada sesión hubo presentaciones seguidas de un espacio de debate abierto entre panelistas y personas asistentes. PanelistasFlorencia Ortúzar, Abogada, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Introducción a la serie de seminarios web.Angelo Kairos de la Cruz, Director Ejecutuvo Adjunto, Instituto por el Clima y las Ciudades Sustentables (ICSC): La plataforma del GCF Watch.Erika Lennon, Abogada Sénior, Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL): Conclusiones de la 28ª reunión de la Junta Directiva y los principales temas de 2021.Moderadora: Bertha Argueta, Germanwatch. Grabación (en inglés) Presentaciones1. Angelo Kairos de la Cruz, Instituto por el Clima y las Ciudades Sustentables (ICSC):Presentación en francés 2. Erika Lennon, Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL):Presentación en francés 

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Transición en la dirección ejecutiva de AIDA

La junta directiva y el equipo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) anuncian una transición en su liderazgo. Después de 18 años de dedicación, Astrid Puentes Riaño decidió retirarse de la codirección ejecutiva de AIDA a partir del 31 de agosto del año en curso. AIDA es hoy una organización sólida con una Junta Directiva comprometida, un fuerte liderazgo interno y presencia regional. Por ello, es el momento adecuado para encontrar una nueva dirección ejecutiva que pueda fortalecer aún más la organización en beneficio de las personas, las comunidades y el ambiente en América Latina. Anna Cederstav, actual codirectora ejecutiva, continuará en un rol de liderazgo y en las próximas semanas comenzaremos el proceso de reclutamiento de una nueva dirección ejecutiva. Por medio de este comunicado, queremos expresar nuestro profundo reconocimiento y gratitud a Astrid en esta transición. Durante casi dos décadas, Astrid, de la mano de la codirectora ejecutiva Anna Cederstav, ha dirigido AIDA y a su equipo de profesionales del derecho y de la ciencia, quienes trabajan con cientos de organizaciones aliadas en más de diez países de la región. Gracias a ello, AIDA es hoy una de las organizaciones de derecho ambiental más eficaces de América Latina. Astrid ha aportado visión, liderazgo estratégico y un poderoso dominio de diversos temas, jurisdicciones, leyes nacionales y regionales, contribución que hoy día sigue fortaleciendo la organización y su impacto en la región. Al mismo tiempo, Astrid se ha convertido en una de las litigantes más hábiles y dedicadas a los derechos ambientales en América Latina. Ha ayudado a establecer el vínculo entre los derechos humanos y el ambiente, y ha encabezado los esfuerzos sobre el cambio climático y la justicia climática en América Latina y el mundo. Astrid ha sido y seguirá siendo una mentora para sus colegas. Todos y todas hemos crecido gracias a su liderazgo. Echaremos de menos su guía, pero sabemos que continuará aportando su pasión, dedicación y experiencia a la defensa del ambiente y de los derechos humanos en América Latina y en todo el mundo. La junta directiva y el equipo de AIDA felicitan a Astrid por todo lo alcanzado con la organización y esperamos que nuestra colaboración continúe en el futuro. Estamos profundamente agradecidos por todos sus aportes y le deseamos lo mejor en su nueva etapa. Agradecemos el apoyo de cada uno de nuestros aliados y reiteramos nuestro compromiso como organización para seguir fortaleciendo nuestro trabajo para alcanzar la justicia ambiental, la justicia climática y la gobernanza ambiental en nuestra querida región.  

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