América Latina


Derechos Humanos

AIDA celebra la histórica resolución de las Naciones Unidas reconociendo el derecho humano a un ambiente sano

Este viernes, el Consejo de Derecho Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución que reconoce el derecho humano a un ambiente seguro, sano, limpio y sostenible. Llegar a este día implicó décadas de trabajo de miles de personas que han construido lo necesario para buscar el bienestar de todas las personas y del planeta que habitamos. Ahora está en manos de la Asamblea General de la ONU aprobar la resolución y que este derecho humano sea global.  Liliana Ávila, abogada sénior del Programa Derechos Humanos y Ambiente, dice: “Naciones Unidas dio un paso histórico al reconocer el ambiente sano como un derecho universal. Este paso fortalecerá los esfuerzos de países y pueblos en la protección de los derechos humanos y la naturaleza y en la lucha contra la crisis climática.   Este reconocimiento es vital. Tomar acciones que promuevan la justicia ambiental y climática es un mandato impostergable de los Estados y una reivindicación urgente de los pueblos." Anna Cederstav, Directora Ejecutiva Interina de AIDA, expresa:  “Lograr este reconocimiento a nivel mundial ha sido una lucha de décadas de parte del movimiento ambiental, desde su primera mención hasta el día de hoy. Es un testimonio de la paciencia y de la dedicación necesaria para promover un cambio significativo. Aplaudimos a todos los que lo han hecho posible: Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza que tomaron el liderazgo al interior de la ONU y las organizaciones, movimientos y personas defensoras del ambiente de todo el mundo que día a día luchan por un planeta sano para todos.” Urge que todos los Estados, incluyendo los que se abstuvieron del voto, reconozcan y promuevan el respeto y garantía del derecho a un ambiente sano.   En AIDA celebramos esta decisión que reconoce el derecho fundacional que, desde 1998, ha guiado nuestro trabajo. El reconocimiento global del derecho a un ambiente sano será un estandarte más que utilizaremos para conseguir la justicia climática para todas las personas que habitan y habitarán este planeta.  Extendemos el agradecimiento y admiración a las personas que iniciaron este trabajo hace años, a las que estuvieron involucradas en este hito que condujo a que la resolución se concretara y a todos los miembros de nuestro equipo, actuales y pasados, que han trabajado para llegar a este día.  

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¡Gracias totales!

Termino una era de 18 grandiosos años en AIDA, mi casa. Las palabras no son suficientes para describir lo agradecida, orgullosa y feliz que me siento al hacer el balance de los logros, avances y lecciones aprendidas. Atesoro la maravilla de conocer y compartir este camino con tantas personas en cada rincón de nuestras Américas y más allá; la bendición de recorrer ríos, montañas y territorios y de aprender con y de cada una de las personas y comunidades. Por todo esto, solo puede decir: ¡Gracias totales! Este ha sido el trabajo de mis sueños y el gran honor de mi vida: poder construir y liderar esta organización, con personas grandiosas, haciendo comunidad a partir de nuestro liderazgo femenino, contribuyendo a lo largo y ancho del continente a la protección de los territorios, nuestros derechos y el ambiente. Agradezco profundamente la compañía, apoyo, mentoría, inspiración, sororidad y hermandad de Anna Cederstav, con quien compartí el sueño y el liderazgo de AIDA durante este tiempo y quien continuará en la organización apoyando a la nueva dirección ejecutiva. Es imposible imaginar una mejor codirectora. Gracias infinitas también a la Junta Directiva por su confianza y por su apoyo constante. Es grandioso saber que la organización tiene su respaldo para asegurar su crecimiento y trascendencia en estos momentos de cambio. A cada una de las personas de mi equipo actual y de todos estos años, no alcanzan las palabras para expresar mi admiración y profundo agradecimiento por su invaluable compromiso, profesionalismo, amor y entrega. Los resultados alcanzados son gracias a ustedes. Es muy grato haber contribuido a importantes avances, incluyendo la visibilización y lucha por la justicia en La Oroya, Perú, y en la cuenca del río Xingú, en Brasil; ayudar a proteger los ríos San Pedro Mezquital y Papagayo en México, los páramos en Colombia, los corales y manglares en nuestras costas; conservar zonas de anidación de tortugas como Las Baulas en Costa Rica; ayudar a mejorar la Constitución en México; contribuir a incluir los derechos humanos en los acuerdos climáticos y a mejorar estándares para proteger ríos y manglares; ayudar a mejorar las salvaguardas de algunas instituciones financieras internacionales; y aportar al avance de la jurisprudencia en el Sistema Interamericano, incluyendo el reconocimiento que el cambio climático impacta los derechos humanos. Ha sido aún más gratificante haber logrado todo eso junto con personas grandiosas tanto en nuestro equipo como en diversas organizaciones, redes, comunidades y entidades nacionales e internacionales. Hoy especialmente, y ante la crisis climática y la realidad de nuestra región, es esencial seguir avanzando en el trabajo colectivo con y desde los territorios, motivando la diversidad de saberes e incluyendo en serio la perspectiva de las mujeres, de les jóvenes y de las comunidades para alcanzar las soluciones que por ahora nos son esquivas. Ha sido un gran aprendizaje, pues cada logro han sido el resultado de una coordinación cercana, del aporte diverso y complementario de múltiples visiones. Tengo la confianza que esta perspectiva continuará fortaleciéndose para seguir avanzando hacia la solución de los retos actuales. La magnitud de la crisis climática y de biodiversidad, la necesidad imperiosa de una recuperación transformadora y de una protección efectiva de las personas defensoras de los derechos humanos, el ambiente y el territorio son tres prioridades que requieren hoy más que nunca de nuestros mejores esfuerzos e impacto. Por ello es reconfortante saber que hemos ayudado a fortalecer y construir una gran comunidad regional y global con quienes compartimos el objetivo de avanzar en los resultados que las personas, las comunidades, la naturaleza y nuestras sociedades y países tanto necesitamos. Es una de mis mayores retribuciones después de tantos años de trabajo. Por todo ello y dado que lo único constante en la vida es el cambio, ha llegado el momento de dar vía libre a nuevos liderazgos. Esta decisión ha sido difícil pues ésta ha sido mi casa por tanto tiempo. La primera vez que escuché hablar de AIDA fue en julio de 1997, cuando la organización estaba aún en creación y yo, estudiando derecho y trabajando en Fundepúblico, en Colombia. Al saber de su intención de trabajar en derecho ambiental de interés público en y desde América Latina, supe de inmediato que era mi lugar. Comencé como pasante en mayo de 2003 y unos meses más tarde la Junta Directiva me contrató como abogada. No me cabía el corazón en el pecho ni las ideas paraban de rondar en mi mente. Hoy tengo la satisfacción de haber dado mi mejor esfuerzo para hacer un aporte positivo a mi región, poniendo el derecho y la ciencia al servicio de las personas, las comunidades y el ambiente. En el proceso, además, pude crecer como abogada, como líder, mientras construía mi familia y me convertía en esposa y en madre. Después de innumerables aventuras, aprendizajes, aciertos y desaciertos, es tiempo de emprender otros caminos y abrazar el cambio. Continuaré aportando al entendimiento de la crisis climática y especialmente a identificar cómo podemos avanzar hacia la justicia climática con y desde una perspectiva feminista y desde el sur, por supuesto. Continuaremos compartiendo este camino hacia la justicia climática y ambiental, que también es social. Reitero desde lo más profundo mi agradecimiento por tantos aprendizajes, oportunidades y logros. Estoy segura que AIDA está en las mejores manos y lista para dar el paso a una nueva y emocionante etapa.  

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Presentación del Portal Energético para América Latina y el Caribe

En este seminario web, Global Energy Monitor presentó su nueva plataforma energética para América Latina y el Caribe, una herramienta versátil que ofrece información detallada sobre cientos de proyectos energéticos en la región. La presentación incluyó una breve historia del portal, seguida de una explicación de los recursos disponibles y una visita guiada de los mapas interactivos. PanelistasSophia Bauer: Profesional en el sector de energía y la migración climática. Empezó a trabajar con Global Energy Monitor en 2021 como investigadora de energía en América Latina y el Caribe.Gregor Clark: Investigador de Global Energy Monitor desde 2014, con un enfoque en los sistemas energéticos de América Latina y Europa.Moderó: Andrés Ángel, Asesor Científico, AIDA.  Grabación1. Español: 2. Portugués: Presentaciones 1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Sophia Bauer y Gregor Clark, Global Energy Monitor: 

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Cambio Climático, Derechos Humanos

El Sexto Informe del IPCC: la cruda realidad que debemos enfrentar con agencia y esperanza

 “Los adultos siguen diciendo: 'Lo que le debemos a los jóvenes es esperanza'. Pero no quiero su esperanza. No quiero que tengan esperanza. Quiero que sientan pánico. Quiero que sientan el miedo que siento cada día. Y luego quiero que actúen”. -Greta Thumberg, dirigiéndose al Foro Económico Mundial en enero de 2019.   El Sexto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) llegó a confirmar lo que temíamos. Con evidencia científica más afinada que nunca, el informe alerta acerca de la situación crítica en la que estamos. El cambio climático se está intensificando, afectando todas las regiones del planeta. La responsabilidad de la humanidad en dicho desequilibrio es ahora referida como “inequívoca”. Ello implica que tampoco hay dudas de que está en nuestras manos hacernos cargo del problema. Los múltiples y agresivos eventos climáticos de los últimos meses en todo el mundo muestran que pasamos de las meras advertencias a verdaderas experiencias apocalípticas. El Panel no exagera. Inundaciones donde mueren cientos de personas en algunos de los países más ricos del planeta e incendios que arrasan miles de hectáreas en varios puntos del globo son solo algunos ejemplos. Pese a todo esto, ¡aún hay esperanza! Y la esperanza es nuestra principal aliada para cambiar el rumbo. El informe proyectó cinco escenarios según las medidas de mitigación que podría implementar la humanidad, de menos a más ambiciosas. Todos ellos, incluso el más ambicioso, resultan en superar los 1.5 °C de temperatura promedio del planeta para el 2040. A pesar de lo lapidario de esa previsión, el informe también demuestra que, de tomar medidas agresivas para reducir los gases de efecto invernadero (GEI), podríamos estabilizar el aumento en 1.4 °C para 2100. La batalla no ha terminado y menos puede considerarse perdida. Las consecuencias más importantes de este desequilibrio planetario son aún inciertas y se están jugando en la cancha. ¿Y ahora qué? Las reducciones drásticas de GEI solo serán posibles con cambios sistémicos a nivel de gobiernos y corporaciones. Necesitamos también ajustar nuestras narrativas para no caer en el derrotismo y en la desesperanza, porque no hay evidencia científica que avale la rendición. Tampoco debemos permitir que el movimiento ambiental se divida, estando alertas a las campañas de cizaña y desvío que practican nuestros opositores. La desesperanza, la sensación de derrota y la división de nuestras voces son precisamente las cartas ganadoras de quienes se resisten al cambio. Algunas acciones necesarias y urgentes incluyen: Apuntar a una transición energética rápida y justa, que respete los derechos humanos e incluya un enfoque de género; y a un nuevo tipo de desarrollo que no arrase con la naturaleza, sino que la aprecie y respete. Estos cambios no deben generar miedo. La tecnología para generar energía con mínimas emisiones e impactos ambientales existe, está probada y tiene mayor potencial de generar empleos que la industria de los combustibles fósiles. Un mundo impulsado por energía renovable y limpia es un mundo más justo y verde. Hacer que las industrias y empresas que mueven nuestra economía se hagan responsables de lo que sus actividades dejan. El subsidio de la naturaleza al desarrollo económico ya superó lo razonable. Un proyecto que impacta el ambiente, que arremete con el equilibrio de la naturaleza, ya no es viable. Tenemos de nuestro lado la institucionalidad y los principios de derecho nacional e internacional que velan por el ambiente y los derechos humanos. Debemos interpretarlos y usarlos como lo que son: fuentes de derecho vinculante y obligatorio.   Velar por la protección de los sitios naturales que aún no han sido intervenidos, sobre todo los de alto valor ambiental. La naturaleza tiene la capacidad de regenerarse y sanar, pero hay que darle la oportunidad. En esto son claves los pueblos indígenas y tradicionales, guardianes de sus bosques y territorios. Abogar por el correcto uso de los fondos climáticos a nivel internacional, asegurando que el beneficio sea la justicia climática y no soluciones falsas que hacen más daño que la propia enfermedad. Las instituciones financieras nacionales e internacionales mueven enormes cantidades de dinero cada año para enfrentar el cambio climático. Los fondos destinados a mitigación y adaptación están disponibles y los proyectos a financiar deben cumplir con salvaguardas ambientales y sociales. El costo monetario de no actuar o de no actuar lo  suficiente es mucho más alto que el que tiene adoptar de inmediato medidas efectivas y tajantes.  Ser estratégicos y apoyarnos en la ciencia para aprovechar cada oportunidad de mitigación. Un ejemplo es la reducción de los contaminantes climáticos de vida corta, que fueron especialmente abordados en el reciente informe del IPCC. Estos contaminantes han carecido históricamente de la atención que merecen por la increíble oportunidad que su mitigación implica. Uno de ellos es el metano, cuya presencia en el ambiente se encuentra más alta que nunca. El metano —cuyas fuentes incluyen la minería de carbón, el fracking, los embalses de las grandes represas y la ganadería intensiva— tiene 67 veces más poder que el dióxido de carbono (CO2) para calentar el planeta en un periodo de 20 años, y sus emisiones provocan casi el 25% de ese calentamiento. Reducir estos contaminantes implica además mejorar la calidad del aire en muchas ciudades.  Lograr resultados ambiciosos en las negociaciones internacionales y honrar los tratados que protegen el planeta, aprovechando la fuerza que tenemos cuando actuamos coordinados. Es cierto que llevamos 25 años de conferencias de la ONU sobre cambio climático sin lograr reducir emisiones, pero también es cierto que tenemos un acuerdo firmado por todos los Estados miembros que es vinculante y que ordena a cada país hacer su parte para evitar superar las barreras peligrosas del calentamiento. No desestimemos lo que se ha logrado, más bien, sigamos construyendo sobre ello. Debemos exigir estas acciones y no conformarnos con menos. Debemos estar alertas para votar a líderes y lideresas que tengan lo necesario para remar hacia ese lado. Cada pequeña victoria, cada tonelada de CO2 que se mantenga bajo tierra, cada espacio natural que se conserve nos aleja de los peores efectos de esta crisis. Es lo que nos toca. La naturaleza debe ir primero. Se lo debemos a quienes habitarán este hermoso planeta en el futuro cercano y lejano.

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Océanos, Minería

Reacción: El Congreso de la UICN vota a favor de una moratoria a la minería de aguas profundas

Marsella, Francia. El Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó hoy, con un apoyo abrumador, una moción en la que se pide una moratoria para la explotación minera de los fondos marinos. 81 gobiernos y organismos gubernamentales votaron a favor de la moratoria, 18 en contra y hubo 28 abstenciones. Entre las ONG y las organizaciones de la sociedad civil, la votación fue de 577 a favor, 32 en contra y 35 abstenciones, enviando un fuerte mensaje a los gobiernos sobre la existencia de una oposición global a la minería de aguas profundas. "Estamos muy satisfechos de ver que tantos gobiernos, organismos y ONG han votado a favor de una moratoria de la minería de aguas profundas; el apoyo ha sido abrumador", dijo Matthew Gianni, cofundador de la Coalición para la Conservación del Mar Profundo (DSCC por sus siglas en inglés). "Los países miembros de la AIFM, incluida Francia, país anfitrión de este Congreso, tienen que despertar y actuar en nombre de la sociedad civil y el ambiente, y tomar medidas en apoyo de una moratoria". Los científicos han advertido que la minería en aguas profundas causará una pérdida de biodiversidad y una degradación de los ecosistemas a gran escala, la cual será irreversible, especialmente en las zonas internacionales de los océanos. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), organismo regulador multilateral creado en 1994 en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, está debatiendo si debe comenzar a conceder licencias para la explotación minera comercial de los fondos marinos en tan sólo dos años. 167 países, además de la Unión Europea, son miembros de la AIFM. El Ministerio de Ambiente alemán, el Gobierno de Fiyi y muchos otros organismos gubernamentales votaron a favor de la moción 069. Nauru ha puesto en marcha la llamada regla de los dos años en la AIFM, en el marco de la cual se espera que la Autoridad expida una licencia comercial para la explotación minera. 47 países africanos han impugnado la activación y Sian Owen, director de la DSCC, afirma: "Esperemos que el voto en Marsella se traduzca en una votación en la AIFM para adoptar una moratoria sobre la minería de aguas profundas". La moción 069, que promueve la protección de los ecosistemas de las profundidades oceánicas y su biodiversidad, mediante una moratoria a la explotación minera de los fondos marinos, fue patrocinada por Fauna y Flora Internacional y copatrocinada por la Fundación MarViva (Costa Rica), el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (EE. UU.), Sylvia Earle Alliance/Mission Blue (EE. UU.), Synchronicity Earth (Reino Unido), Wildlands Conservation Trust (Sudáfrica), World Wide Fund for Nature – International. PARA INFORMACIÓN ADICIONAL Matthew Gianni, UICN, 31 646 168 899 Sian Owen, UICN, 31 648 502 659 María José González-Bernat, AIDA, 57 350 464 5678 CONTACTO DE PRENSA Victor Quintanilla (México), [email protected], 52 55 7052 2107  

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Cambio climático: ¿eres parte del problema o de la solución?

Hace unos días, el IPCC publicó la primera parte de la sexta evaluación del estado global del cambio climático (AR6), correspondiente a la información científica. La existencia y listado de los daños en el planeta no es información del todo nueva para quienes llevamos décadas trabajando en esto. Lo que sí es novedoso es el nivel de certidumbre científica, la magnitud y escala de los impactos climáticos, así como las proyecciones a futuro. En síntesis, hoy la situación global es peor de lo que se pensaba. Como abogada que trabaja por la justicia climática, la noticia es muy preocupante, incluso frustrante. Como mamá, el informe fue devastador. Quiero lo mejor para mis hijes. Aun así, a pesar de no tener responsabilidad en el desastre climático, su futuro estará determinado por este y por los impactos que mi generación, y anteriores, les dejamos. Esta realidad la comparten todos los niños y niñas, así como millones de personas y comunidades en mayor situación de vulnerabilidad, que sufren las peores consecuencias de la crisis climática sin ser responsables de haberla causado. Ante el escenario desolador, podemos sucumbir ante el miedo y la depresión, ser indiferentes o actuar. Yo decido actuar. Decidí escribir esta última columna como codirectora ejecutiva de AIDA, donde tuve el honor de trabajar por 18 años. Resaltaré las conclusiones más importantes del IPCC y la importancia de diferenciar la responsabilidad en la crisis climática para avanzar hacia soluciones efectivas. Considero esenciales estos elementos para tener un panorama completo de solución climática. Invito a renunciar a la indiferencia y al (comprensible) sentimiento de impotencia derrota o frustración para reemplazarlo por acción colectiva y efectiva. Las palabras importan, también en la ciencia. El informe del IPCC es contundente al concluir por primera vez que es "inequívoco" que la atmósfera, el océano y la tierra han sido afectados por influencia humana. Así lo establecieron cientos de científicos y científicas del mundo. Inequívoco significa que no hay duda, que algo es incontrovertible, que no es ambiguo. Aunque suene obvio, es relevante enfatizarlo pues, hace muy poco, escuché a presidentes de países responsables de las mayores emisiones negar la existencia o gravedad de la crisis climática. Este negacionismo nos ha costado décadas de avances.  El IPCC concluyó también que la temperatura del planeta ha aumentado, que "cada una de las últimas cuatro décadas ha sido sucesivamente más caliente que cualquier década que le haya precedido desde 1850" y que los impactos negativos en nuestro planeta son reales, actuales y serán cada vez más intensos en la medida en que continúen aumentando la temperatura y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). América Latina y el Caribe ha sufrido impactos que nos han costado miles de vidas humanas, millones en pérdidas y varios miles de personas desplazadas, cuya vulnerabilidad aumenta. A pesar de ello, la región continúa dependiendo más de combustibles fósiles, la deforestación sigue descontrolada y las ciudades, donde vive el 80% de la población, crecen sin planeación y con grave contaminación del aire. El IPCC identificó el problema en las ciudades como de atención fundamental porque la disminución de gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) podría ayudar tanto a la solución climática como a mejorar la calidad del aire y, por ende, la salud de las personas. Responsabilidad y acción hacia las soluciones climáticas Soluciones existen, pero para implementarlas es esencial conocer la causa y la magnitud de la crisis climática. Este es el rol del IPCC y su importancia. De otro lado, hay que entender la fuente de las emisiones así como sus responsables pues no todas las personas, entidades y países son responsables en la misma medida de esta crisis. Precisamente la falta de responsabilidad climática es hoy uno de los mayores retos para lograr soluciones. De un lado están los gobiernos, que a pesar de los compromisos internacionales, incluyendo el Acuerdo de París, aun no los concretan en acciones ambiciosas y efectivas. Por ejemplo, las metas gubernamentales de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) están muy lejos del nivel de compromiso necesario. De hecho, ningún país de América Latina tiene una NDC del nivel de ambición y efectividad requerido.   Por otro lado, está la irresponsabilidad de las empresas para abordar la porción que les corresponde y la incapacidad de los gobiernos y de la comunidad internacional para exigírselos. Esto es esencial no solo por temas éticos, sino de facto. Según investigaciones científicas, solo 90 entidades empresariales son responsables del 63% de las emisiones globales de CO2 y de metano desde 1751 hasta 2010. De otro, está la responsabilidad individual. Según Naciones Unidas, el 1% más rico de la población genera más del doble de las emisiones que el 50% de la población más pobre. La desigualdad es evidente: quienes menos responsabilidad tienen en la crisis climática son quienes más están viviendo sus impactos, como ha concluido la ONU en múltiples informes. La falta de resultados y de asumir responsabilidades por parte de los actores clave mencionados ha llevado a comunidades, personas afectadas y organizaciones a buscar soluciones a través del litigio estratégico. Así, con la intervención de las cortes, se han dado algunas decisiones históricas como las de Holanda, Colombia y Pakistán, entre otras. De eso se trata concebir la justicia climática como un punto de partida para resolver la crisis del clima. La justicia climática implica ver más allá de la reducción de toneladas de CO2 y de otros GEI y de la conservación de millones de hectáreas. La justicia climática es la búsqueda de soluciones integrales; incorporando la perspectiva de los derechos humanos y de la naturaleza; poniendo a las personas y a las comunidades en el centro, con procesos participativos e inclusivos, con perspectiva de género; buscando que quienes han causado esta crisis, emitiendo por décadas, asuman su responsabilidad histórica y que quienes más están sufriendo los impactos, sean compensados. Esta es la columna vertebral de nuestro trabajo en AIDA, que impulsamos junto con docenas de comunidades y organizaciones en América Latina, en coordinación con colegas del Sur y del Norte Global. Hoy, la evidencia científica y el nivel de urgencia reclaman que finalmente, cambiemos de rumbo para evitar una mayor debacle. Será nuestra decisión continuar las acciones de siempre, ignorar al IPCC o finalmente prestar atención y actuar integralmente hacia la justicia climática que el planeta nos pide. Tenemos la información, las herramientas y el llamado de urgencia. Confío en hacerlo realidad y hacia allá seguiremos trabajando. Cada persona, empresa y Estado puede sumarse y decidir también ser parte de la solución. De lo contrario, seguirá siendo parte del problema.    

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Océanos

Nuestra responsabilidad en la conservación de los recursos pesqueros

Cada vez es más frecuente escuchar a personas decir que se identifican como flexitarianas o semivegetarianas. El flexitarianismo se basa en una dieta vegetariana, pero que de manera ocasional incluye el consumo de algunos productos de origen animal: carnes, aves, mariscos y pescados. También están las personas pesco-vegetarianas o pescetarianas, que solo consumen distintas variedades de pescado y mariscos. Como cualquier hábito de consumo, es importante preguntarnos por sus impactos en el entorno. Si bien el actual modelo de consumo de carne no es sostenible, en gran parte debido a sus impactos en el clima, la situación del consumo de pescado no es más alentadora. Según el informe bienal presentado por la FAO, durante más de 60 años, el consumo mundial de pescado se ha incrementado a un ritmo considerablemente mayor al del crecimiento de la población mundial. Además, se estima que más del 30% de las poblaciones de peces en el mundo se encuentran sobreexplotadas y que un 60% están explotadas al máximo. El aumento continuo de la pesca excesiva tiene consecuencias no solo a nivel de biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas, sino que a su vez disminuye e impacta la producción pesquera, lo que conlleva repercusiones negativas a nivel económico y social. Una nueva tendencia Las razones que impulsan a las personas a cambiar sus hábitos alimentarios son numerosas. Con frecuencia son motivos ligados a su salud, su peso y a consideraciones éticas que reflejan una ideología de respeto animal y una de sostenibilidad ambiental relacionada con la disminución del consumo de carnes rojas. En los últimos años, se ha promocionado con mucha fuerza la alimentación rica en pescado, fundamentalmente por sus beneficios nutricionales. El contenido nutricional del pescado varía en función de factores como la especie, la edad, el medio en el que vive, la alimentación o incluso la época de captura. Sin embargo, en términos generales, los pescados se caracterizan por ser fuentes de vitaminas y de proteínas con alto valor biológico. Los pescados azules o grasos —entre ellos el salmón, la sardina y el atún— suelen ser excepcionalmente ricos en Omega-3 y en minerales como potasio, magnesio y fósforo. A nivel nutricional, se aconseja consumirlos de dos a tres veces por semana dado que un consumo racional conlleva beneficios como la regulación de la presión arterial, así como la disminución del riesgo coronario y de los niveles de triglicéridos. Si bien es necesario alimentarse de manera saludable y balanceada para tener una vida plena, también es crucial tomar en cuenta el origen de los alimentos que consumimos y cuestionarnos ¿de dónde provienen?, ¿cuál es su cadena de suministro?, ¿en qué condiciones fueron elaborados o capturados? Un ejemplo de la relevancia de responder a estas preguntas es el caso del salmón, cuyo valor nutricional está en las especies salvajes y no así en las cultivadas en granjas, alimentadas con una excesiva cantidad de antibióticos. Sobrepesca, incentivos y consecuencias De acuerdo con la FAO, alrededor del 90% de las poblaciones de peces marinos a nivel mundial están totalmente explotadas, sobreexplotadas o agotadas. Y los subsidios negativos a la pesca representan gran parte del problema. Esos subsidios, al incrementar las capacidades de pesca, brindan beneficios a corto plazo, pero amenazan la sustentabilidad de ecosistemas y comunidades en el largo plazo. En todo el mundo, los subsidios negativos representan 22 mil millones de dólares cada año. Los más utilizados son aquellos destinados a la compra de combustible y a la modernización de barcos para el incremento de capturas. A nivel ecológico, estos incentivos reducen el acervo de peces y dificultan su recuperación. Destruyen hábitats marinos y exacerban la sobreexplotación. Dado que cerca de 60 millones de personas trabajan directamente en las pesquerías del mundo, es primordial permitir que las poblaciones de peces se regeneren adecuadamente, asegurando el sustento de las comunidades pesqueras. Debemos reconocer la importancia del uso responsable de los recursos pesqueros y acuícolas como una prioridad para la seguridad alimentaria y la nutrición mundial, y para las oportunidades de desarrollo local. Es necesario promover prácticas responsables que vayan desde la captura hasta el consumo. Ello requiere un esfuerzo conjunto donde los consumidores cumplimos un papel fundamental. Consumo responsable Una pesca sostenible permite que las poblaciones de peces se reproduzcan de manera adecuada y continua, manteniéndose saludables y productivas. Si bien esta tarea requiere el involucramiento activo del sector pesquero y de autoridades gubernamentales, como consumidores tenemos la gran responsabilidad de contribuir a la conservación de los recursos pesqueros y de fomentar la sostenibilidad a través de nuestras decisiones de compra. Algunos consejos sencillos que podemos implementar son: Verificar la procedencia y tamaño del pescado o marisco: Conocer aspectos como la procedencia y método de captura, además del tamaño de la pieza, que determina si alcanzó la madurez suficiente. Diversificar nuestros hábitos de consumo: Consumir pescado y marisco de acuerdo con la estacionalidad. La estacionalidad es un fenómeno relacionado con las épocas de reproducción y desplazamiento de las especies, que dependen mucho de características como la temperatura de las aguas. Consumir pescados y mariscos de temporada permite una reproducción y recuperación adecuada de las especies, asegurando un mayor equilibrio y ayudando a evitar la sobrepesca. Comprar en sitios autorizados:  Conocer si el lugar de expendio cumple realmente con criterios de sostenibilidad y trazabilidad de los productos que comercializa. La trazabilidad es el conjunto de medidas y procedimientos que permiten seguir el rastro de un producto pesquero desde su captura hasta su venta final. Revisar las etiquetas: Donde sea posible, elegir productos con certificación de prácticas de pesca y comercialización sostenible, como el sello de MSC (Marine Stewardship Council) o el Estándar de Responsabilidad Ambiental para la Comercialización del Pescado, otorgado por Marviva en Costa Rica, Panamá y Colombia.   Si permitimos la recuperación paulatina de nuestro océano, estaremos contribuyendo positivamente a la seguridad alimentaria, a la economía y al bienestar de las comunidades costeras y de las futuras generaciones.  

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La gran oportunidad del BID para apoyar la protección del ambiente y los derechos humanos

Texto publicado originalmente en Animal Político El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) se encuentra en una posición única no solo para apoyar los esfuerzos de recuperación de América Latina y el Caribe, región duramente golpeada por la pandemia, sino también para hacerlo respetado a las personas y al ambiente. El Grupo BID —compuesto por el BID, que trabaja con gobiernos; el BID Invest, que colabora con el sector privado, y el BID Lab o laboratorio de innovación del BID— es la entidad de financiamiento del desarrollo más importante del continente. En 2020, aprobó una cifra récord de 21.600 millones de dólares para sus 26 países miembros en la región. Además del reto de liderar la recuperación de las finanzas públicas, la actual crisis económica y social representa una oportunidad para que el Grupo BID afronte con éxito otro gran desafío, uno fundamental para el papel que desempeña en el continente y que adquiere mayor relevancia en el contexto actual: la adopción de políticas operativas que cumplan con estándares internacionales en materia ambiental y de derechos humanos, así como de mejores procesos de rendición de cuentas. Respecto a la rendición de cuentas y a la evaluación de sus políticas actuales, es importante considerar que cuatro proyectos hidroeléctricos financiados por el Grupo BID están o han estado bajo escrutinio ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) de la entidad debido a los impactos ocasionados por su implementación en comunidades indígenas y rurales de Guatemala, Chile y Colombia. Estos proyectos, financiados por el BID Invest, han afectado los modos de vida de quienes viven a su sombra. Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —junto con la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza— hemos apoyado a miembros de comunidades mayas de la microrregión de Ixquisis, en Guatemala, ante la destrucción causada por dos de estos proyectos: las represas San Mateo y San Andrés. En lo personal, he visto de primera mano los daños ocasionados a la población indígena. He escuchado el miedo y la incertidumbre en las voces de las mujeres de la zona mientras explicaban cómo sus ríos estaban contaminados, sus hijos enfermos y sus vidas afectadas gravemente. “Un día nos quedaremos sin agua y no podremos vivir”, me dijo una líder indígena de Ixquisis. “Nuestros hijos sufrirán”. Las mujeres de Ixquisis han tenido un rol central en la queja presentada por las comunidades afectadas ante el MICI, ya que una de las principales cuestiones en juego se centra en que el financiamiento de las represas vulneró la política operativa de la entidad en materia de género, que reconoce que los proyectos de desarrollo suelen tener impactos diferenciados en las mujeres. Para las mujeres, los ríos son un elemento vital pues posibilitan el acceso al agua y a la alimentación, siendo también un espacio de intercambio entre ellas. En la queja, las comunidades denuncian además el incumplimiento de las políticas operativas del Banco en materia de derechos indígenas y ambiente, así como los daños resultantes. Argumentan que la empresa a cargo de los proyectos hidroeléctricos actuó sin la debida diligencia y violó el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. De hecho, la implementación de los proyectos ignoró los resultados de una consulta de buena fe, llevada a cabo en 2009, en la que la mayoría de la población local decidió no dar su consentimiento a la construcción de las represas en su territorio. Lo que es evidente es que la capacidad del Grupo BID para supervisar los proyectos que financia es limitada y, a pesar de cumplir normas mínimas, sus políticas operativas son a menudo ineficaces. Además, los espacios en los que verifica el cumplimiento son reducidos y las consecuencias del incumplimiento, inciertas. A principios de 2020, el MICI publicó un informe sobre el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, en Chile, en el que constata que la represa vulneró varias políticas operativas del Banco, incluida la de género. Sin embargo, ese informe ha sido cuestionado por no ofrecer medidas de restitución por los daños que aún sufren las comunidades afectadas. En los próximos meses, este mecanismo publicará el informe final sobre el caso Ixquisis. Las comunidades afectadas esperan que las recomendaciones que contenga reflejen la realidad de su territorio y estén orientadas a la adopción de medidas de remediación, incluida la desinversión inmediata del financiamiento otorgado para las represas. Con este caso, el Banco tiene una oportunidad clave para demostrar su compromiso con la rendición de cuentas, así como su apertura para evaluar el cumplimiento de sus propias políticas operativas y remediar los daños que su incumplimiento ha causado a comunidades vulnerables. También es una oportunidad para que la entidad tome medidas preventivas y siente las bases para cambiar sus prácticas. Cuando fue electo presidente de la institución, Mauricio Claver-Carone prometió “actuar en los temas prioritarios de la región”. Esto incluye una evaluación de cualquier contexto global que afecte al propio desarrollo que el Grupo BID pretende promover. En estos días, esto tiene que ver no solo con la actual crisis sanitaria, sino también con la crisis climática mundial, la grave situación de riesgo por la que atraviesan las personas defensoras del ambiente y la resolución de una serie de deudas pendientes con la equidad de género y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Las acciones que el Grupo BID emprenda a partir del caso de Ixquisis pueden ser el primer paso para el establecimiento de un precedente fundamental para la protección de los derechos humanos y el ambiente entre las instituciones financieras internacionales, una contribución sin duda tan o más valiosa que la económica.  

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Sesión 3 de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2021

Involucramiento con el Fondo Verde del Clima (FVC) en diferentes regiones y países La supervisión efectiva del Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés) es vital para evitar daños y para que el tan necesario financiamiento climático sea usado de la mejor forma.El GCF Watch es una iniciativa de la sociedad civil, liderada desde el Sur Global, creada para mejorar el acceso a información sobre el Fondo y permitir un mejor seguimiento y supervisión de sus operaciones.En esta serie internacional de tres seminarios web, expertos y expertas de todo el mundo hablaron del involucramiento que la plataforma del GCF Watch permite. También se discutió la información más reciente en torno al Fondo, las reuniones de su Junta Directiva y los asuntos principales de este año, así como la forma en la que personas y comunidades pueden involucrarse con el FVC en sus países y regiones. En cada sesión hubo presentaciones seguidas de un espacio de debate abierto entre panelistas y personas asistentes. PanelistasBertha Argueta, Germanwatch: Participación de las OSC en los procesos del FVC a nivel nacional: Involucramiento con las Autoridades Nacionales Designadas (AND) y los Puntos Focales.Collins Otieno, PACJA: Experiencias del nodo regional de África.Tunga Rai, Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN); y Titi Soentoro, Aksi! for gender, social and ecological justice: Experiencias del nodo regional de Asia.Florencia Ortúzar, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Experiencias del nodo regional de América Latina.Moderadora: Claire Miranda, defensora de la justicia climática. Grabación (en inglés) Presentaciones (en inglés)1. Bertha Argueta, Germanwatch: 2. Collins Otieno, PACJA: 3. Tunga Rai, Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN): 4. Titi Soentoro, Aksi! for gender, social and ecological justice: 5. Florencia Ortúzar, AIDA: 

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Litigios para promover (y acelerar) la acción climática

En 1990, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas realizó su primer informe de evaluación. Fue la primera vez que la comunidad científica internacional evidenció oficialmente y de manera certera que las emisiones de gases de efecto invernadero, producidas por actividades humanas, implicarían un calentamiento adicional de la superficie del planeta con consecuencias globales. Tras más de dos décadas de negociaciones climáticas internacionales y acuerdos entre países para reducir drásticamente las emisiones, los avances han sido lentos. Ante ese rezago, los litigios climáticos se han convertido en una herramienta cada vez más usada por organizaciones y comunidades para que gobiernos y empresas asuman su responsabilidad por la crisis climática ante los tribunales y adopten medidas concretas y ambiciosas para frenar sus emisiones y mitigar los impactos de la crisis climática en los derechos humanos. La reciente sentencia histórica de un tribunal holandés, que ordena a la petrolera multinacional Shell reducir sus emisiones de CO2 en un 45% en menos de 10 años, marca un precedente y una victoria ambiental a nivel mundial. “Este juicio ha sido de gran trascendencia porque es en contra de una de las empresas que más contribuye al cambio climático”, dice Verónica Méndez, abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA. El equipo legal y científico de AIDA apoya con escritos legales e información técnica a organizaciones y comunidades que inician litigios climáticos contra gobiernos y empresas en América Latina. Para sumar esfuerzos, AIDA trabajó en la construcción de una plataforma de litigio climático, la cual tiene información sistematizada y en español sobre todos los casos desarrollados en la región. El mapeo de datos se realiza de manera colaborativa con otras organizaciones y permitirá fortalecer las estrategias de litigio en forma conjunta. Un breve recuento Los litigios climáticos son casos que plantean cuestiones relacionadas con las obligaciones legales que los Estados y empresas tienen en relación con la crisis climática. Son presentados ante organismos judiciales para buscar —entre otras cosas— el cumplimiento de leyes climáticas existentes; la ampliación del alcance de otras leyes para que aborden el cambio climático, el reconocimiento de la relación entre los derechos humanos fundamentales y los impactos de la crisis climática, y la compensación por las pérdidas y los daños. Así lo establece un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en colaboración con el Sabine Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia (Nueva York), que evalúa la situación mundial de este tipo de litigios. Según el informe, al 1 de julio de 2020, se han registrado al menos 1.550 litigios climáticos en 38 países, casi el doble del número de casos registrados en 2017, que fueron 884 en 24 países. Estados Unidos lidera la lista donde más litigios se han presentado: 1.200. Le siguen Australia (97), Reino Unido (58) y la Unión Europea (55). Las demandas climáticas también están en auge en América Latina. Al momento, AIDA ha sistematizado alrededor de 50 casos que formarán parte de la plataforma de litigio climático de la región. Los países donde más demandas se han presentado son México, Brasil, Colombia y Chile. Estos datos evidencian el rápido crecimiento de los litigios climáticos a nivel mundial. Grandes desafíos y oportunidades Si bien los litigios climáticos buscan lograr justicia para las comunidades afectadas por los impactos de la crisis climática, uno de sus grandes desafíos es la implementación de los fallos. En 2018, en Colombia se produjo la sentencia de un litigio contra el Estado. En ese caso, 25 jóvenes colombianos demandaron al gobierno por la deforestación en la Amazonía y su vinculación directa con la vulneración del derecho al ambiente sano para las generaciones futuras. Esta demanda es considerada un litigio climático por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la deforestación. La Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana  como entidad sujeta de derechos y ordenó  la  creación  de  un  plan  de  acción  para  reducir  la  deforestación  y la adopción de un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. Fue un logro histórico en la región. Sin embargo, las conclusiones de los informes de seguimiento al caso indican que a la fecha no ha  existido un cumplimiento cabal del fallo. “Un juicio no se acaba con la sentencia, hay que hacerle un seguimiento para que se cumpla”, explica Méndez. Demostrar que las corporaciones y gobiernos tienen una enorme responsabilidad en la lucha contra la crisis climática no solo requiere de contar con información científica que pruebe que las emisiones generadas o permitidas contribuyen al cambio climático. Es necesario relacionar los hechos con los derechos humanos para otorgar más razones para que las Cortes actúen y emitan un fallo favorable. “Un litigio de cambio climático meramente científico tiene menos posibilidades de éxito”, enfatiza Méndez. “Por eso se lo vincula con afectaciones directas a los derechos humanos de las personas que van a resentir desproporcionadamente todos los efectos”. Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el panorama para las demandas climáticas en América Latina es alentador porque los gobiernos están asumiendo más compromisos de acción climática y, además, la ciencia del clima está estableciendo vínculos directos entre los eventos climáticos extremos y el cambio climático. Más que nunca, la unión de comunidades y organizaciones ambientales se hace crucial para acelerar políticas y acciones contundentes que generen una transformación sostenible, justa y en favor de las personas y el ambiente. Visita la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe  

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