América Latina

tortuga marina flotando sobre arrecifes de coral
Arrecifes de coral, Océanos, Cambio Climático

Tres grandes oportunidades para salvar el océano y el clima

La pandemia por el nuevo coronavirus ha traído un cambio de perspectiva sobre la importancia de muchos temas, entre ellos el acceso a la salud y a la tecnología, así como la desigualdad presente en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero también ha renovado la discusión acerca de la necesidad de actuar frente a la mayor amenaza que la humanidad enfrenta: la crisis climática. Mi intención no es causar alarma o pánico, sino enfatizar que aún hay mucho por hacer. La vida en el planeta surgió en el océano y tras millones de años se adaptó para ser posible en tierra, dando paso a la existencia humana. Aunque no vivamos en el océano, este ecosistema es clave para sostener la vida. Es el principal regulador climático del planeta. Las corrientes marinas marcan la pauta respecto a las estaciones y es la interacción entre corrientes de aire y corrientes marinas el origen de las tormentas tropicales, huracanes y tifones. De otro lado, los manglares —que sirven de unión entre el océano y la tierra— y los arrecifes de coral son barreras naturales contra tormentas tropicales. Por tanto, un océano saludable significa un clima saludable y debemos procurar su conservación lo antes posible. Lamentablemente, la evidencia científica da cuenta que el océano sufre de sobrecalentamiento, acidificación y de pérdida de oxígeno. Ante esa dura realidad, existen tres grandes oportunidades para la adopción de medidas de protección del océano con un enfoque climático. Pese a que fueron postergados debido a la pandemia, existen tres procesos de negociación a nivel internacional que aún representan importantes ventanas de oportunidad para salvar el océano y, al mismo tiempo, el clima y nuestro futuro. 1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático El primer escenario es el de las negociaciones climáticas, en las cuales los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reúnen para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de estos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la emergencia climática. Durante la 25ª Conferencia de las partes (COP25), realizada en 2019, se abrió la posibilidad de iniciar un diálogo sobre la importancia del océano en la acción climática. Se les solicitó a los países parte, organizaciones observadoras y otras instituciones enviar sus aportes sobre el tema para ser analizadas durante la próxima reunión del Órgano Asesor Técnico Científico. La idea es integrar de forma más activa los ecosistemas marinos en los planes de adaptación y mitigación al cambio climático, así como destacar su rol en la creación de resiliencia climática planetaria.   No hay una fecha definida para la próxima reunión del Órgano Científico y deberemos esperar a noviembre de 2021 para la siguiente cumbre climática de la ONU. 2. Tratado de Alta Mar Otro aspecto clave en la protección del océano y sus beneficios es la conservación y manejo sostenible de los recursos marinos. A ello apunta justamente la negociación de un Tratado de Alta Mar en el marco de Naciones Unidas. Las áreas marinas fuera de la jurisdicción nacional o alta mar, que representan aproximadamente la mitad de la superficie del planeta, están bajo poca o ninguna regulación. Lo que se busca con el tratado es crear un marco jurídico integrado que regule las actividades productivas en alta mar mediante evaluaciones de impacto ambiental, herramientas de manejo espacial que incluyen áreas marinas protegidas, gestión de recursos genéticos marinos, la creación de capacidades tecnológicas, así como la transferencia de tecnología. Los ecosistemas en alta mar son altamente productivos y capaces de capturar carbono y regular el clima. Son además esenciales para la seguridad alimentaria presente y futura. La última Conferencia Intergubernamental para la negociación del Tratado de Alta Mar estaba programada para marzo del 2020, pero fue pospuesta para marzo dl próximo año. 3. Convenio de Diversidad Biológica Finalmente, tenemos la negociación de las metas de gestión de la biodiversidad para la próxima década bajo el Convenio de Diversidad Biológica. Estas metas son amplias y abarcan a diversos ecosistemas. En cuanto al océano, lo que se impulsa es la protección del 30% del océano para 2030. Esta meta requiere crear áreas marinas protegidas biológicamente significativas, basadas en la ciencia y gestionadas adecuadamente. Sin el Tratado de Alta Mar, esta meta es imposible de lograr. Las negociaciones del Convenio estaban planificadas para noviembre del 2020, pero fueron postergadas para el segundo trimestre de 2021. La relación entre estas tres negociaciones es innegable y necesaria. Sin áreas marinas protegidas creadas bajo un enfoque científico y sin un océano cuyos recursos sean gestionados de manera sostenible, no tendremos una acción climática efectiva. Esta pausa en las negociaciones nos da tiempo para informarnos y aprender más de la importancia del océano. Es un momento para reflexionar sobre por qué es necesario proteger al menos el 30% del océano, incluyendo alta mar. En juego están la resiliencia climática, la seguridad alimentaria y nuestro futuro. Es el tiempo perfecto de pensar en las sabias palabras de Sylvia Earle: “Sin océano, no hay vida, no hay verde sin azul”.  

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Defender el ambiente es defender nuestro futuro de la crisis climática

Se estima que, desde diciembre de 2015, cuando fue adoptado el Acuerdo de París —que busca fortalecer la respuesta mundial ante la crisis climática— hasta diciembre de 2019, en promedio, cuatro personas defensoras del ambiente han sido asesinadas cada semana. A ello se suman innumerables ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte y acciones legales a manos de agentes estatales y privados. Ese es uno de los hallazgos del informe más reciente de Global Witness, Defender el Mañana: La crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del ambiente, presentado en julio. El documento evidencia el vínculo innegable entre la atención de la crisis climática y la labor de los y las defensoras. La ONG internacional contribuye a poner fin a los abusos contra los derechos humanos y ambientales impulsados por la gestión y uso de los recursos naturales, así como por la corrupción. Cada año publica un informe en el que presenta sus conclusiones sobre los conflictos socioambientales y la situación de las personas defensoras a nivel mundial. En este informe, llama la atención sobre una grave contradicción ante un problema crítico: las personas defensoras juegan un rol crucial en la lucha contra la emergencia climática, pero demasiados gobiernos, empresas e instituciones financieras han fallado en su tarea de salvaguardar su vida y su trabajo. Incumpliendo la tarea de proteger a quienes nos cuidan La crisis climática es una amenaza real y tangible a la vida misma. Podemos asegurar que es la mayor de todas y por ello requiere soluciones drásticas. La comunidad científica internacional ha alertado de las graves consecuencias de no poner un límite a las actividades humanas que aceleran el calentamiento del planeta. Necesitamos políticas públicas de adaptación y mitigación, poner un alto al uso de combustibles fósiles, proteger la naturaleza y no criminalizar su defensa. Sin embargo, los mecanismos estatales, con pocos avances en lo que importa, han sido más efectivos en promover industrias extractivas. El informe de Global Witness da cuenta que la agricultura a gran escala, la extracción de hidrocarburos y sobre todo la minería son las principales industrias impulsoras de los conflictos y de la violencia contra las personas defensoras. Y, al mismo tiempo, lideran las actividades que agravan la emergencia climática con la tala de bosques y la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Haciendo eco de investigaciones recientes, el informe señala que las comunidades indígenas y locales de todo el mundo cuidan bosques que absorben el equivalente a 33 veces nuestras actuales emisiones anuales de carbono. Es decir, su rol en la mitigación de la crisis climática es vital. Se ha demostrado también que las tierras gestionadas por indígenas tienen tasas de deforestación más bajas y mejores resultados de conservación que las zonas de protección que excluyen a esos pueblos. Pese a ello, los y las defensoras indígenas sufren un número desproporcionado de ataques. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques fueron en su contra, pese a que solo representan el 5% de la población mundial, menciona el informe. Y tan solo el año pasado, el 40% de los y las defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas. Así, la crisis climática y las violencias ejercidas contra las personas defensoras tienen impactos diferenciados. En ambos casos, los pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y las mujeres están en situación de riesgo desproporcionado. Las mujeres defensoras no solo enfrentan las violencias contextuales como el resto de la comunidad, sino que muchas veces también son estigmatizadas doblemente por su papel como mujeres y como defensoras. A su vez, son víctimas de violencia sexual, práctica usada históricamente para mostrar poder sobre los cuerpos y territorios. Violencia creciente Según Global Witness, el 2019 fue el año más letal del que se tiene registro para las personas defensoras con 212 asesinatos. Más de dos tercios de los crímenes se registraron en América Latina, que se ha ubicado sistemáticamente como la región más afectada desde que la organización comenzó a publicar estos datos en 2012. Solo en la Amazonía, hubo 33 muertes (el 90% de los asesinatos en Brasil ocurrieron allí). En Colombia, hubo 64 asesinatos, un incremento de 150% respecto de 2018 y la cifra más alta que Global Witness ha registrado en el país. Y Honduras, con 14 muertes, se convirtió en el país más peligroso en 2019 según el número de asesinatos por millón de habitantes. Por otro lado, Filipinas y Colombia fueron los países con más de la mitad de todos los asesinatos registrados el año pasado. El informe es muy claro al mencionar que la intimidación, el acoso y la violencia hacia las personas defensoras tienen sus causas estructurales en la vinculación entre gobiernos, empresas y gremios. Las acciones y omisiones de los Estados han resultado en estigmatización, criminalización y asesinatos. El documento incluye un mapa global con casos concretos de violencias y de acciones realizadas por las personas defensoras y por la sociedad civil. Uno de ellos es el de las mujeres de la microrregión de Ixquisis, Guatemala, que defienden su territorio de dos proyectos hidroeléctricos. Con su lucha, lograron que su queja sea abordada por el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los financiadores de las represas. AIDA apoya esos esfuerzos. Poner primero a las personas defensoras Cada vez es más evidente que las personas defensoras del ambiente están en riesgo por oponerse a proyectos que agravan la crisis climática. Por ello urge priorizar dentro de la acción climática su protección y la erradicación de toda violencia en su contra. La situación presentada es grave y requiere soluciones comprometidas con el planeta y con las personas. Es necesario respetar y garantizar los derechos a la participación, a la asociación, al acceso a información y justicia de las personas defensoras. Los Estados deben poner fin a la violencia en el marco de sus obligaciones internacionales; otorgar protección inmediata a las personas defensoras; e implementar medidas transformadoras mediante acciones jurídicas, políticas y administrativas, conforme a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Dichas acciones incluyen la ratificación del Acuerdo de Escazú y la adecuación normativa necesaria para garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad, al ambiente sano y a defender los derechos humanos. Además, deben promover transiciones que superen la larga cadena de impactos en los derechos humanos y el ambiente de la extracción de combustibles fósiles. Ante ello y en el marco de la obligación de debida diligencia, la responsabilidad empresarial es clave para detener, prevenir e investigar los posibles conflictos o las violencias ejercidas contra las personas defensoras. Finalmente, es necesaria una transición social, política y energéticamente ecológica que respete plenamente los derechos ambientales y humanos. La transición debe garantizar que no se ampliarán las brechas de desigualdad, atender las causas estructurales de los conflictos para lograr un planeta libre de violencia, mitigar los daños ambientales y climáticos, y asegurar justicia para todas y todos.  

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Océanos

Mandan alerta internacional sobre amenazas de la pesca sin control cerca de Galápagos

La alerta fue enviada a organismos internacionales y a las autoridades a cargo del cumplimiento de tratados internacionales orientados a la protección del ambiente y la biodiversidad. En ella se pide la adopción de medidas preventivas, urgentes y eficaces para afrontar la problemática y evitar daños irreparables en ecosistemas y especies. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) enviaron una alerta internacional sobre la problemática y amenazas de la pesca sin control en alta mar, particularmente en cercanías de la Reserva Marina Galápagos. En el documento piden la adopción de medias preventivas, urgentes y eficaces para evitar que la sobrepesca cause daños irreversibles en ecosistemas y especies de las islas Galápagos y de todo el Pacífico Este Tropical. El llamado ocurre luego de que en julio pasado se registrara una flota industrial de 260 embarcaciones pesqueras (243 con bandera de China), de las más grandes del mundo, en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Ecuador, cerca de la Reserva Marina Galápagos. La flota incluía a embarcaciones de empresas con registros de violaciones de los derechos soberanos y de la jurisdicción de los estados costeros, como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; infracción de reglas y degradación ambiental intencional. “El océano es un sistema altamente conectado donde lo que ocurre en una zona afectará a muchas otras, por lo que las acciones coordinadas y de cooperación entre países son clave para para la conservación efectiva de los recursos marinos”, explicó Gladys Martínez, Abogada Sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “También es fundamental el rol del derecho internacional en el sentido de que los países hagan cumplir de buena fe lo pactado en convenios, tratados y otros instrumentos internacionales orientados a la protección del océano”. La alerta fue enviada a las autoridades a cargo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. También se alertó de la situación a la Organización Mundial del Comercio, la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La sobrepesca en alta mar (áreas fuera de la jurisdicción nacional) puede afectar no sólo a las áreas explotadas, sino también a ecosistemas marinos y costeros cercanos, además de a la seguridad alimentaria de los países menos desarrollados. Así, actividades como las registradas en julio, representan una amenaza grave para las islas Galápagos y para otros tres Sitios de Patrimonio Natural de la Humanidad (Cocos, Malpelo y Coiba en Costa Rica, Colombia y Panamá respectivamente), así como para la biodiversidad en alta mar. “Como CEDENMA estamos muy preocupados por la situación relacionada con las actividades pesqueras industriales en aguas internacionales y que inciden en los recursos pesqueros, biológicos y ecológicos de los mares de jurisdicción ecuatoriana y de la región del Pacífico Este Tropical”, dijo Gustavo Redín, presidente de CEDENMA. “Por ello insistimos a las autoridades de Ecuador a que actúen al respecto y defiendan este patrimonio natural único en el mundo”. En la alerta se detalla la importancia ecológica, económica y social de Galápagos; la situación pesquera actual en y fuera de la Reserva Marina; los impactos que la sobrepesca en alta mar implica para la fauna local; las obligaciones internacionales que tienen los países para proteger el océano y sus recursos; y los mecanismos regionales de coordinación entre países para la conservación marina. Finalmente, AIDA y CEDENMA solicitan a los organismos internacionales y autoridades a cargo del cumplimiento de tratados una serie de medidas, entre ellas: Investigar de forma urgente los hechos expuestos en el documento. Instar al Gobierno de China y demás gobiernos con barcos presentes en las cercanías de la ZEE de Ecuador a cumplir con sus obligaciones de protección de especies altamente migratorias. Instar al Estado ecuatoriano a mejorar sus esfuerzos de monitoreo para proteger efectivamente sus valiosos recursos naturales. Revisar los subsidios a la pesca en China, los cuales están fomentando la sobrepesca en alta mar. Continuar con las negociaciones en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica para que los Estados parte se comprometan a proteger el 30% del océano para el 2030, incluyendo zonas aledañas en alta mar y áreas altamente productivas como las Islas Galápagos. Exhortar a Ecuador a continuar apoyando las negociaciones para lograr un acuerdo global para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional (Tratado de Alta Mar) y favorecer el ordenamiento pesquero en esa parte del océano. Adoptar acciones coordinadas, conjuntas y de cooperación entre los países del Pacífico Tropical Oriental en favor de la conservación marina. Fortalecer la aplicación de las reglas que vinculan a los Estados ribereños para asegurar que las actividades de pesca en alta mar se sujeten a estándares de sostenibilidad y protección de la biodiversidad marina. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Derechos Humanos

Sociedad civil llama al Consejo de Derechos Humanos a reconocer el derecho universal a un ambiente sano

Más de 850 organizaciones de la sociedad civil, grupos de pueblos indígenas, movimientos sociales y comunidades locales hacen un llamado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que reconozca el derecho universal a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. Lo hacen en una carta abierta, enviada el 10 de septiembre y todavía abierta para firmas en línea. El llamado se adelanta a la reunión del Consejo de Derechos Humanos a celebrarse en Ginebra del 14 de septiembre al 6 de octubre. En la carta se sostiene que las personas deben ser protegidas de los impactos mortales de la degradación ambiental y el cambio climático, como el aumento en la propagación de enfermedades como la COVID-19. "El reconocimiento global de este derecho es un asunto de máxima urgencia antela crisis ambiental global que actualmente viola y amenaza los derechos humanos de miles de millones de personas en nuestro planeta", se afirma en la carta. "Como todos y todas sabemos, en un planeta muerto no existen derechos humanos". El derecho a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible ya está contemplado en las constituciones y leyes de una mayoría considerable de países de todo el mundo, así como en los sistemas regionales. Existe también un sistema jurídico cada vez más amplio para implementar y aplicar este derecho. Ahora, personas defensoras de los derechos humanos, los pueblos indígenas, la acción climática y la justicia social instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que formalice este reconocimiento y lo haga universal. Al hacerlo, el Consejo de Derechos Humanos alentaría a los países a fortalecer políticas y legislaciones para cuidar mejor de la naturaleza y la biodiversidad, se lee en la carta. Esto conduciría a un aire más limpio, a un mayor acceso al agua potable y a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. También proporcionaría justicia ambiental a las comunidades que están expuestas a entornos degradados y peligrosos, con aire tóxico o enfermedades. La deforestación y la degradación ambiental aumentan la exposición de los seres humanos a los virus zoonóticos, como la COVID-19, y a las enfermedades transmitidas por vectores, como el paludismo y el dengue. Los científicos advierten que el riesgo de propagación de enfermedades aumentará a medida que los ecosistemas naturales continúen descomponiéndose. Las nuevas investigaciones también sugieren que los efectos de la contaminación atmosférica en los pulmones, los corazones y la salud en general hacen que las personas sean más susceptibles a los peores impactos de la COVID-19. Para proteger a las personas de todo el mundo de futuras crisis y para crear una mayor resistencia a catástrofes como esta pandemia, la carta insta a los Estados a que "reconozcan, respeten, protejan y cumplan el derecho humano de todos y todas a disfrutar de un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible". #HealthyEnvironment4All contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

O racismo ambiental e os impactos diferenciais da pandemia

Por Tayná Lemos e Marcella Ribeiro No Brasil, apesar da letalidade da COVID-19 - 3,08% e com mais de 124 mil mortes até 3 de setembro - as grandes cidades estão avançando com seus planos de reabertura, com o Rio de Janeiro enchendo os bares e São Paulo, os restaurantes. A reabertura de bares e restaurantes durante o ápice da pandemia encontra uma explicação no fato de que a pandemia afeta pessoas de diferentes níveis socioeconômicos e raças de maneira diferente. Um estudo do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde (NOIS), uma iniciativa envolvendo várias universidades do país, constatou que uma pessoa negra sem escolaridade tem quatro vezes mais probabilidade de morrer do novo coronavírus no Brasil do que uma pessoa branca com educação superior. Com base em informações de casos até maio, o estudo também mostra que a taxa de mortalidade entre a população branca é de cerca de 38%, enquanto entre os negros é de quase 55%. "A taxa de mortalidade no Brasil é influenciada pelas desigualdades no acesso ao tratamento", disse o coordenador do NOIS e um dos autores do estudo, Silvio Hamacher, à EFE. Dolorosamente, esta tendência se repete em outros países, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Isto destaca que um dos fatores por trás da alta taxa de mortalidade da COVID-19 é o racismo ambiental, um fenômeno no qual as consequências negativas das atividades econômicas são distribuídas de forma desigual. Distribuição desigual dos danos O termo racismo ambiental foi cunhado nos Estados Unidos pelo pesquisador Benjamin Chavis depois de observar que a poluição química das indústrias era despejada somente em bairros negros. "O racismo ambiental é discriminação racial nas políticas ambientais. É discriminação racial na escolha deliberada das comunidades negras para despejar lixo tóxico e instalar indústrias poluidoras", disse Chavis. Enquanto que toda atividade gera algum um impacto ambiental, os espaços territoriais escolhidos para implementá-las são sempre regiões à margem da cidade, em territórios ocupados por comunidades tradicionais ou periféricas, ou seja, comunidades não-brancas. No Brasil, o racismo ambiental afeta tanto as comunidades urbanas periféricas quanto as comunidades rurais tradicionais. E, como nos Estados Unidos, uma de suas facetas é a poluição desproporcional sofrida por essas minorias, em comparação com a classe média branca. Isso significa a poluição do ar e da água com agentes tóxicos, metais pesados, pesticidas, produtos químicos, plásticos, etc. No seu relatório de 2019, o então Relator Especial da ONU para os Direitos Humanos sobre as Implicações da Gestão Ambiental e a Eliminação de Resíduos e Substâncias Tóxicas, Baskut Tuncak, alertou que existe uma pandemia silenciosa de doenças e deficiências resultantes do acúmulo de substâncias tóxicas em nosso organismo. Em 2020, após sua visita ao país, ele disse que há uma conexão entre a poluição ambiental e a mortalidade do novo coronavírus, e que menos pessoas morreriam no Brasil se houvesse políticas ambientais e de saúde pública mais rígidas. "Existem sinergias entre a exposição à poluição e a exposição à COVID-19. As substâncias tóxicas no meio ambiente contribuem para a alta taxa de mortalidade no Brasil", disse Tuncak. As condições de saúde subjacentes que agravam a pandemia não são "má sorte", mas em grande parte "os impactos das substâncias tóxicas sobre o ar que respiramos, a água que bebemos, os alimentos que comemos, os brinquedos que damos a nossos filhos e os lugares onde trabalhamos". Um aumento na vulnerabilidade Assim, Tuncak afirmou que as pessoas mais vulneráveis à pandemia são os pobres urbanos e as comunidades tradicionais e indígenas porque são também as mais afetadas por problemas ambientais e de saúde pública. Isto leva à hiper-vulnerabilidade. Um exemplo desta situação é a dos 17 quilombos (assentamentos de origem africana) no município de Salvaterra, no estado do Pará, onde vivem cerca de 7.000 pessoas. Há vinte anos, um lixão aberto foi instalado ali sem consultar as famílias. Crianças, adultos e idosos foram forçados a viver com o lixo doméstico, lixo tóxico e hospitalar, entre outras coisas. Sua vulnerabilidade aumentou com a pandemia. Apesar do tamanho do país, não existem lacunas territoriais no Brasil. Quando uma indústria, um aterro sanitário, uma monocultura, uma usina hidrelétrica, uma mina ou uma usina nuclear é instalada, uma comunidade historicamente esquecida é impactada. Os danos invisíveis da poluição causada por essas atividades são difíceis de provar, mas afetam profundamente a saúde e a qualidade de vida de pessoas que já são extremamente vulneráveis. Outro exemplo é o da comunidade indígena de Tey Jusu, que em abril de 2015 recebeu uma chuva de agrotóxicos derramada por um avião que pulverizava uma monocultura de milho. A pulverização intoxicou pessoas na comunidade, prejudicando sua saúde. Infelizmente, a ingestão direta de pesticidas por membros de comunidades que vivem perto de plantações de monoculturas é uma realidade recorrente. Pior ainda é que o governo atual autorizou 118 novos agrotóxicos durante a pandemia, somando aos 474 aprovados em 2019 e outros 32 lançados nos primeiros meses de 2020. Estes pesticidas causam várias doenças, mas ainda não é possível determinar as conseqüências exatas sobre o corpo humano, muito menos sua interação com outras substâncias tóxicas ou com outras doenças, como a COVID-19. Segundo uma análise da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira e do Instituto de Pesquisa Amazônica, a taxa de mortalidade causada pela pandemia entre os povos indígenas na Amazônia legal é 150% maior do que a média nacional. Por outro lado, a taxa de contaminados pela COVID-19 entre essa população é 84% maior do que a média do Brasil. Isto se deve a vários fatores históricos, como a falta de postos de saúde, a distância dos hospitais, a ausência de qualquer tipo de assistência do governo federal, a invasão de terras e a degradação ambiental. Na verdade, uma das maiores ameaças às comunidades indígenas no Brasil ainda é a invasão de suas terras por mineradores ilegais, que causa, entre outras violações de direitos humanos, a contaminação da água por mercúrio. No ano passado, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz constatou que 56% dos índios Yanomami tinham concentrações de mercúrio acima do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, o que implica em sérios danos à saúde. Neste sentido, racismo ambiental é um termo que expõe uma separação histórica entre aqueles que colhem os frutos do crescimento econômico e aqueles que adoecem e morrem devido às conseqüências ambientais desse mesmo crescimento econômico. A variedade de danos sistêmicos à saúde dessas comunidades vulneráveis as torna especialmente suscetíveis aos piores efeitos da COVID-19. Portanto, ao discutir e abordar a pandemia é essencial saber que ela não atinge todas as pessoas da mesma maneira, que coloca as comunidades tradicionais em risco de extinção e que as questões ambientais são uma preocupação de saúde pública. Para superar a crise de saúde global, precisamos trazer o racismo para o centro do debate.  

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

El racismo ambiental y los daños diferenciados de la pandemia

Por Tayná Lemos y Marcella Ribeiro En Brasil, pese a la letalidad de la COVID-19 —del 3,08% y con más de 124 mil muertes hasta el 3 de septiembre—, las grandes ciudades avanzan en sus planes de reapertura con Río de Janeiro llenando los bares y São Paulo, los restaurantes. La reapertura de bares y restaurantes durante el auge de la pandemia encuentra explicación en el hecho de que la pandemia afecta de forma diferente a personas de distintos niveles socioeconómicos y razas. Un estudio del Núcleo de Operaciones e Inteligencia en Salud (NOIS), iniciativa de la que participan varias universidades del país, dio cuenta que una persona de raza negra y sin escolaridad tiene cuatro veces más posibilidades de morir por el nuevo coronavirus en Brasil que una persona de raza blanca con enseñanza superior. Con base en información de casos hasta mayo, el estudio muestra además que la tasa de mortalidad entre la población de raza blanca es de alrededor del 38 %, mientras que, entre las personas de raza negra, es de casi el 55 %. “La tasa de mortalidad en Brasil es influenciada por las desigualdades en el acceso al tratamiento”, afirmó a la agencia EFE el coordinador del NOIS y uno de los autores del estudio, Silvio Hamacher. Dolorosamente, esta tendencia se repite en otros países como Estados Unidos y el Reino Unido. Ello resalta que uno de los factores detrás de la alta tasa de mortalidad de la COVID-19 es el racismo ambiental, fenómeno en el que las consecuencias negativas y no previstas de actividades económicas se distribuyen de manera desigual. Distribución desigual de daños El término racismo ambiental fue acuñado en Estados Unidos por el investigador Benjamin Chavis luego de observar que la contaminación química de las industrias era vertida sólo en los barrios negros. “El racismo ambiental es la discriminación racial en las políticas ambientales. Es la discriminación racial en la elección deliberada de las comunidades negras para depositar residuos tóxicos e instalar industrias contaminantes”, dijo Chavis. Si bien toda actividad genera algún impacto ambiental, los territorios elegidos para llevarlas a cabo son usualmente regiones ubicadas en las afueras de la ciudad, habitadas por comunidades tradicionales o periféricas. En Brasil, el racismo ambiental afecta tanto a comunidades urbanas periféricas como a  comunidades rurales tradicionales. Y, al igual que en Estados Unidos, una de sus facetas es la contaminación desproporcionada que sufren esas minorías, en comparación con la clase media blanca. Se trata de la contaminación del aire y del agua con agentes tóxicos, metales pesados, pesticidas, químicos, plásticos, etc. En su informe de 2019, el entonces Relator Especial de la ONU sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión ambientalmente racional y la eliminación de desechos y sustancias tóxicas, Baskut Tuncak, advirtió que existe una pandemia silenciosa de enfermedades e incapacidades resultantes de la acumulación de sustancias tóxicas en nuestros cuerpos. En 2020, después de su visita al país, dijo que existe una conexión entre la contaminación ambiental y la mortalidad del nuevo coronavirus, y que menos personas morirían en Brasil si hubiera políticas ambientales y de salud pública más estrictas. “Hay sinergias entre la exposición a la contaminación y la exposición a la COVID-19. Las sustancias tóxicas en el ambiente contribuyen a la elevada tasa de mortalidad en Brasil”, afirmó Tuncak. Las condiciones de salud subyacentes que agravan la pandemia no son “mala suerte”, sino en gran parte “los impactos de las sustancias tóxicas en el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, los juguetes que damos a nuestros hijos y los lugares donde trabajamos”. Un aumento de la vulnerabilidad Así, Tuncak confirmó que las personas más vulnerables ante la pandemia son las poblaciones urbanas pobres y las comunidades tradicionales e indígenas porque también son las más afectadas por los problemas ambientales y de salud pública. Esto da lugar a la hipervulnerabilidad. Un ejemplo de esa situación es la de los 17 quilombos (asentamientos afrodescendientes) del municipio de Salvaterra, en el estado de Pará, donde viven alrededor de 7.000 personas. Hace 20 años, allí se instaló un vertedero abierto sin haber consultado con las familias. Niños, niñas, personas adultas y adultos mayores fueron obligados a convivir con la basura doméstica, residuos tóxicos y hospitalarios, entre otros desperdicios. Su vulnerabilidad aumentó con la pandemia. A pesar del tamaño del país, no existen vacíos territoriales en Brasil. Cuando se instala una industria, un vertedero, un monocultivo, una hidroeléctrica, una mina o una central nuclear, una comunidad históricamente olvidada se ve impactada. Los daños invisibles de la contaminación causada por esas actividades son difíciles de probar, pero afectan profundamente la salud y la calidad de vida de personas que ya son extremadamente vulnerables. Otro ejemplo es el de la comunidad indígena Tey Jusu, que en abril de 2015 recibió una lluvia de agrotóxicos vertidos por un avión sobre un monocultivo de maíz. La fumigación intoxicó a personas de la comunidad, dañando su salud. Lamentablemente, la ingestión directa de plaguicidas por miembros de comunidades que viven cerca de plantaciones de monocultivos es una realidad recurrente. Aún peor es que el gobierno actual autorizara 118 nuevos agroquímicos durante la pandemia, que se suman a los 474 aprobados en 2019 y a otros 32 lanzados en los primeros meses de 2020. Estos plaguicidas causan varias enfermedades, pero todavía no es posible determinar las consecuencias exactas en el organismo humano y mucho menos las de su interacción con otras sustancias tóxicas o con otras enfermedades como la COVID-19. Según un análisis del Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña y del Instituto de Investigación Amazónica, la tasa de mortalidad por la pandemia entre los indígenas de la Amazonía legal es 150% superior a la media nacional. Por otra parte, la tasa de infección por COVID-19 entre esa población es un 84% más alta que el promedio en Brasil. Esto se debe a varios factores históricos como la falta de puestos de salud, la distancia de los hospitales, la ausencia de cualquier tipo de ayuda del gobierno federal, la invasión de tierras y la degradación ambiental. De hecho, una de las mayores amenazas para las comunidades indígenas de Brasil es la invasión de sus tierras por mineros ilegales, lo que provoca, entre otras violaciones de derechos humanos, la contaminación del agua por mercurio. El año pasado, un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz determinó que el 56% de los indígenas Yanomami tenían concentraciones de mercurio superiores al límite establecido por la Organización Mundial de la Salud, lo que implica graves daños a la salud. En este sentido, el racismo ambiental es un término que expone una separación histórica entre los que cosechan los frutos del crecimiento económico y los que enferman y mueren debido a las consecuencias ambientales de ese mismo crecimiento económico. El conjunto de daños sistemáticos a la salud de estas comunidades vulnerables las hace especialmente susceptibles a los peores efectos de la COVID-19. Por tanto, al hablar de la pandemia y hacerle frente es esencial saber que no llega a todas las personas de la misma manera, que pone a las comunidades tradicionales en peligro de exterminio y que las cuestiones ambientales son una cuestión de salud pública. Para superar la crisis sanitaria global, necesitamos llevar el racismo al centro del debate.  

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Contaminación Tóxica, Fortalecimiento de Capacidades, Minería

Extractivismo y radiactividad

En este seminario brindamos una perspectiva general de los materiales radiactivos. Discutimos sobre sus características básicas, peligrosidad, el almacenamiento de desechos nucleares, etc. Además, exploramos el rol de la extracción minera, así como de la exploración y explotación de hidrocarburos, en el aumento del riesgo radiactivo y sus posibles impactos en la salud humana y en la de los ecosistemas. PanelistasNatalia Mayordomo Herranz, Química, PhD. Posdoc.Juan Carlos Silva Tamayo, Geólogo, PhD. Posdoc. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Natalia Mayordomo: 

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Derechos Indígenas, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Hacia una producción limpia de alimentos, sin glifosato

Por Sofía García, pasante de AIDA, y Johans Isaza, expasante Las prácticas de alimentación sana y los cuestionamientos sobre la calidad de los alimentos que consumimos diariamente han cobrado relevancia en las últimas décadas. Actualmente, existen preocupaciones respecto de los procesos para la producción de alimentos, generalmente centralizados y a gran escala, y sus efectos en el deterioro ambiental y en la salud pública. En ese contexto, organizaciones ambientales, comunidades étnicas, el movimiento campesino, organismos internacionales y algunos gobiernos han evidenciado la necesidad de transitar hacia un modelo agroecológico. Ese cambio implica desarrollar prácticas agrícolas sostenibles para optimizar la producción de alimentos sin el uso de agrotóxicos, así como promover la justicia social y reconocer los saberes ancestrales y las prácticas tradicionales. El uso recurrente de glifosato, una práctica dañina En las últimas semanas, el debate en torno al glifosato, el agrotóxico más usado en el mundo, ha recobrado protagonismo en la opinión pública en países como México y Colombia. El glifosato es usado con mayor frecuencia e intensidad en el cultivo de alimentos genéticamente modificados debido a la resistencia de estos a la aplicación del herbicida. En México, aproximadamente el 45% de los sembradíos de soya, maíz, canola y algodón transgénicos concentran el uso de glifosato. El resto va a la siembra de caña de azúcar y a la silvicultura o fruticultura. En Colombia, el glifosato es usado mayoritariamente en plantaciones de algodón, maíz, arroz, tomate, caña de azúcar y palma, así como en la ganadería (en los potreros). Además, en ese país, el glifosato ha sido empleado dentro de la política de control antidrogas para erradicar cultivos de uso ilícito. Hasta 2013, menos del 5% del total de glifosato era destinado a ese fin. Al ser un herbicida no selectivo, este producto no sólo afecta al cultivo al cual va dirigido, sino que también tiende a impactar en el ecosistema al ser retenido por las capas más superficiales del suelo, desequilibrando los ecosistemas y dañando su salud, así como la de las plantas y animales que dependen de ellos. Además, el uso de glifosato puede afectar la biodiversidad de distintas maneras y tener efectos a corto y largo plazo, tanto directos como indirectos. Su empleo genera afectaciones en los acuíferos, lo que conlleva daños a organismos acuáticos. De igual forma, el glifosato puede generar afectaciones a la flora y fauna, llegando incluso a ser mortífero para algunas especies de anfibios. También puede generar malformaciones biológicas en animales como las ratas y reducir la absorción de nutrientes en las plantas, aumentando su propensión a enfermar o la proliferación de plagas. Finalmente, el uso de este agrotóxico afecta los procesos de polinización, actividad esencial para la vida en el planeta. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar los graves daños sociales asociados al uso de glifosato, el cual no solo se filtra a cuerpos de agua, sino que también está presente en los alimentos que consumimos diariamente. Desde 2015, la Organización Mundial de la Salud clasificó al glifosato en el segundo nivel de peligrosidad de evaluación cancerígena (en una escala de cuatro niveles), es decir, que es un producto con alta posibilidad cancerígena. Asimismo, diversos estudios han demostrado que el glifosato puede irritar los ojos y la piel, dañar el sistema respiratorio a nivel pulmonar, generar mareos, disminuir la presión sanguínea y destruir glóbulos rojos. Por lo anterior, es posible afirmar que existe evidencia sobre cómo el glifosato genera graves daños a la salud humana. Los impactos negativos derivados del uso del glifosato pueden resultar a su vez en la violación de diversos derechos humanos. Entre ellos están el derecho al ambiente sano, al agua, a la salud, a la vida y a la integridad. Y su empleo en territorios indígenas o campesinos, puede vulnerar los derechos a la identidad cultural y al territorio. El tránsito a una agricultura sostenible Si bien existe evidencia sobre los impactos negativos al ambiente y a la salud por el uso de glifosato, la misma no es irrefutable. Ello quiere decir que no hay certeza científica sobre cómo sus efectos en el ambiente dañan la salud humana y el bienestar de los seres vivos. Tampoco hay certeza de que el herbicida sea inofensivo. Pese a ello, los impactos descritos son razones suficientes para aplicar el principio precautorio o de precaución. Según este, en casos de peligro de daño grave e irreversible y a falta de certeza científica, los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias y eficaces para impedir la degradación del ambiente. En ese sentido, no existe justificación para que se postergue las medidas necesarias para mitigar el deterioro ambiental generado por el uso del glifosato, hasta que se demuestre con absoluta certeza científica que el glifosato no es nocivo. Las discusiones actuales en México y Colombia ponen de relieve la urgencia de promover una reflexión sobre las formas de producir alimentos para transitar paulatinamente hacia un modelo agroecológico. La aplicación de este paradigma busca el bienestar y el florecimiento de la vida desde un enfoque ecocéntrico que abandone el uso de agrotóxicos, como el glifosato, y que promueva la producción limpia de alimentos. Incorporando un enfoque multidisciplinario ligado al entorno natural y social, la agroecología se centra en una producción sostenible y en el reconocimiento de saberes ancestrales, considerados hoy como no convencionales. Para ello, es fundamental una regulación que proteja y asegure el retorno de semillas nativas, la eliminación paulatina de tecnologías agroindustriales y el regreso del uso de plaguicidas naturales, así como la creación e implementación de políticas públicas respetuosas del ambiente y de los y las campesinas. Esta transición debe tener una perspectiva intercultural, traducida en un diálogo de saberes entre campesinos, indígenas y científicos para buscar la sostenibilidad. Ello contribuiría a lograr una mejor coexistencia con las otras formas de vida y a garantizar un planeta sano para las generaciones presentes y futuras.  

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Océanos, Contaminación Tóxica

Uso desenfrenado de plástico desechable: Una nueva crisis global

La propagación masiva de la COVID-19 ha generado una crisis sanitaria con millones de personas enfermas y miles de muertes en todo el mundo. Debido a la naturaleza de la enfermedad y a la facilidad del contagio, se han implementado medidas de protección y bioseguridad que incluyen no solo el confinamiento y la sana distancia, sino también la desinfección constante de manos y superficies, y el uso de tapabocas, mascarillas, guantes, equipo médico de protección, botellas de desinfectante, bolsas, envases y otros objetos. Desafortunadamente, esos objetos son fabricados en su mayoría utilizando como insumo principal al plástico, especialmente el de un solo uso, lo que implica un aumento indiscriminado en el uso y desecho de ese material. Por ello, los procesos de gestión de los plásticos de un solo uso se han convertido en otro de los grandes retos frente a la crisis que está colapsando economías y sistemas de salud. Es evidente que la mayor preocupación a nivel mundial es vencer la pandemia, evitando más muertes y contagios. Pero también es inquietante el impacto adverso de la contingencia en los esfuerzos mundiales por reducir el plástico y con ello prevenir sus daños ambientales a corto y largo plazo. Antes de la pandemia, la contaminación por desechos plásticos ya era considerada una de las principales amenazas para el ambiente y la biodiversidad. Según un estudio reciente, únicamente el 9% del plástico producido mundialmente es reciclado. El resto queda como residuo acumulado que daña ecosistemas, principalmente los océanos, y a las especies que habitan en ellos.  La polución por plástico afecta directamente a miles de especies que quedan atrapadas entre los escombros, como mamíferos marinos o aves. Otras especies confunden los desechos con alimento, como es el caso de peces y tortugas marinas.  Pasos hacia atrás en la regulación del uso de plásticos En diciembre de 2018, el parlamento de la Unión Europea aprobó la prohibición de plásticos de un solo uso, normativa que debe entrar en vigor el próximo año. Pero debido a la pandemia, la industria de los transformadores de plástico ha solicitado ante la Comisión Europea retrasar al menos un año la aplicación de la norma. Pese a que este año muchos países se habían comprometido a reducir el uso de plásticos, la pandemia ha obligado a que algunos de ellos pospongan esos planes. El gobernador de California levantó temporalmente la prohibición de las bolsas de comestibles de un solo uso por el riesgo de que el virus sea transmitido por medio de las bolsas reutilizables. Por su parte, Tailandia, que había prohibido en enero las bolsas desechables, ahora prevé un incremento de hasta el 30% en su uso.  Según el Instituto de Medio Ambiente de ese país, en Bangkok se consumió 62% más plástico en abril en comparación con 2019, siendo la mayor parte envases de alimentos que no se reciclan con facilidad. En América Latina, la situación es similar. En el estado mexicano de Jalisco, en enero de 2020 iba a comenzar una era libre de bolsas de plástico y popotes desechables (conocidos también como pitillos, sorbetes y bombillas, entre otros nombres) tras la entrada en vigor de una norma que prohíbe su uso. Sin embargo, la prohibición quedó atrás debido a la pandemia y el consumo de esos productos por parte de establecimientos y ciudadanos solamente se redujo en 10% con respecto al año pasado, según datos recientes. Greenpeace denunció que la industria del plástico en México busca revertir las prohibiciones locales bajo el argumento de que el plástico es el material ideal para evitar contagios de COVID-19. La organización ambiental advirtió que nada sustituye el lavado continuo de manos y la desinfección de superficies. Explicó que utilizar contenedores, utensilios y cubiertos desechables de plástico no garantiza higiene ni evita contagios porque el virus puede permanecer en esas superficies por períodos de entre dos y seis días. La importancia de retomar el debate y las alternativas Antes de la pandemia, existía una mayor conciencia social sobre la necesidad de reducir los plásticos, sobre todo aquellos de un solo uso. Sin embargo, la necesidad de contener la propagación del virus y las estrategias de la industria para capitalizar las preocupaciones sanitarias de la población han motivado el resurgimiento del plástico como material indispensable. Si bien es cierto que debemos cuidarnos unos a otros, eso también incluye la protección del mundo natural que nos sostiene. La pandemia ha sacado a relucir nuestras debilidades y una de ellas es la vulnerabilidad a la polución. Es posible que cuando las medidas de confinamiento se levanten o relajen veamos que nuestra dependencia del plástico aumentó significativamente y que nuestro planeta está en mayor peligro que antes. Es necesario retomar los debates sobre el plástico y trabajar en encontrar alternativas eficaces, teniendo siempre en cuenta la reactivación económica de los sectores más afectados por la crisis. Algunas acciones urgentes necesarias de corto y mediano plazo incluyen: Fomentar la conciencia ambiental y el consumo responsable, alentando entre quienes no trabajan en el sector de salud el uso de objetos de protección personal reutilizables y fabricados con materiales ambientalmente amigables Adoptar mejores prácticas de reciclaje y políticas contra la contaminación por plásticos de alcance nacional, las cuales hagan parte de un plan de acción mundial. Promover el desarrollo de la economía circular, cuyo objetivo sea eliminar los desechos mediante la continua reutilización de los recursos. Exigir a las empresas invertir más en sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de sus políticas ambientales y de su responsabilidad social corporativa. Impulsar las inversiones en investigación y desarrollo de materiales alternativos a los plásticos, más biodegradables y reciclables, así como el avance en el diseño de nuevos aditivos químicos menos contaminantes. Cuando de plásticos se trata, no podemos controlarlo todo, pero estas acciones pueden ayudar a dar a la nueva normalidad una forma más sostenible.  

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Fracking, Cambio Climático, Derechos Humanos

El fracking no es transición energética

La actual crisis sanitaria nos obliga a reflexionar sobre la necesidad cada vez más urgente de un cambio. Nos pone de frente a la fragilidad y a la inviabilidad del sistema energético basado en combustibles fósiles. Así lo evidencia el derrumbe histórico de los precios del petróleo asociado a la menor demanda de hidrocarburos a nivel internacional —debido a las medidas adoptadas ante la pandemia—, la sobreproducción y a la especulación en los contratos petroleros, entre otros factores. Se espera además que la demanda de gas caiga un 5% después de una década de crecimiento ininterrumpido. América Latina depende altamente de los combustibles fósiles, como bienes exportables y para el consumo interno. Y el 88% de la energía consumida en la región proviene de fuentes no renovables. Desde 2010, gobiernos y empresas han impulsado el uso del fracking o fracturamiento hidráulico de yacimientos no convencionales debido a la sobreexplotación de los hidrocarburos convencionales.          Algunos países apuestan al fracking como “puente” para reducir su dependencia del carbón y el petróleo como fuentes de energía y con el argumento de ganar tiempo para desarrollar alternativas a los combustibles fósiles. Así, esta técnica es promovida como un paso hacia la transición energética. Sin embargo, ¿cómo puede llamarse “transición” a un proceso cuya inviabilidad económica, ambiental y social está demostrada? Las razones para decirle “no” al fracking Recurrir al fracking es seguir promoviendo un sistema energético caracterizado por su alta concentración y apropiación privada, por el uso de fuentes no renovables de energía y por sus impactos negativos sobre poblaciones y territorios afectados por actividades de exploración, extracción, transformación y uso de energía. Además, este sistema está definido por una gran inequidad en cuanto al acceso y uso de la energía. La fracturación hidráulica implica la inyección de sustancias tóxicas en el subsuelo, lo cual puede generar contaminación de acuíferos y del aire por la volatilidad de algunos compuestos. De hecho, las fugas de metano, que ocurren principalmente en la producción y transporte de gas y petróleo extraídos vía fracking, han sido relacionadas con el aumento de las emisiones mundiales de ese contaminante, responsables de alrededor de 25% del calentamiento del planeta. Además, el fracking requiere grandes cantidades de agua, algo que es especialmente relevante en una región que todavía enfrenta problemas graves de acceso a ese recurso básico. El uso de la técnica afecta los medios de vida de las comunidades, tanto en términos de salud por sustancias tóxicas en el agua, el aire y el suelo como en términos de vulneración de derechos humanos y de la democracia. Muchas comunidades, sobre todo indígenas, no tienen acceso a información ni son debidamente consultadas para obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre proyectos de fracking en sus territorios. Los daños pueden ser más graves para las mujeres, agravando inequidades estructurales ya presentes. Y en el ámbito económico, la fracturación hidráulica requiere grandes inversiones y, para ser viable, necesita un mercado con precios altos. En ese sentido, la imprevisibilidad de los precios del petróleo hace imposible cualquier política soberana basada en hidrocarburos y es inviable que los países de la región apoyen su matriz energética y sus ingresos en una base tan endeble. Asimismo, en la fracturación hidráulica, la tasa de retorno energético es menor. Esto quiere decir que la extracción demanda mucha mayor energía en comparación con la que se captura. Todo ello resulta en un beneficio energético a veces inexistente y en que las ganancias provengan de la especulación financiera. Promover el fracking hoy es dar un paso atrás porque no entra en la definición de lo que requiere una transición energética justa, que nos invita a un cambio más profundo. La lógica del fracking tiene poco que ver con un desarrollo que contemple la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población, entre ellas la sostenibilidad ambiental de los territorios. Un movimiento por el cambio Un número creciente de organizaciones, instituciones, comunidades e individuos se están organizando en el continente para evitar el avance del fracking. Estos esfuerzos conjuntos, como los de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF), promueven información adecuada y desmontan el discurso de empresarios y gobiernos que buscan situar al fracking y otras actividades extractivas como la única salida. Han surgido iniciativas que buscan alternativas energéticas a través de mesas de diálogo y de transición. Están por ejemplo la Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro en Argentina, la experiencia de autonomía energética mediante pequeñas hidroeléctricas comunitarias en Guatemala, o las diversas experiencias de Censat Agua Viva en Colombia, entre ellas una Mesa Social para un Nuevo Modelo Minero Energético y Ambiental. De otro lado y recurriendo a mecanismos legales y administrativos, varios municipios y comunidades de Argentina, México, Brasil y Uruguay han prohibido o declarado la moratoria del fracking en sus territorios. Pensar en otra sociedad requiere pensar en otro sistema energético, justo y democrático. Estos espacios de resistencia y alternativas nos dan una hoja de ruta para impulsar cambios estructurales y enfrentar las crisis sanitaria, económica, climática y la de civilización, donde lo considerado “normal” ya era disfuncional.  

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