América Latina

Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Razones y acciones para brindar protección especial a pueblos indígenas y afrodescendientes ante la pandemia COVID-19

Los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe han sido actores esenciales en la protección de la naturaleza, de ecosistemas clave y, en suma, de la vida de todos los seres que habitamos el planeta. Al mismo tiempo, han sufrido históricamente discriminación, exclusión y la violación de sus derechos, viendo amenazada su supervivencia. Según el informe Hacia un futuro Inclusivo, sostenible y justo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, América Latina es la región con mayor proporción de grupos indígenas y tribales en pobreza extrema. En el contexto actual de crisis sanitaria global por la pandemia COVID-19, la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región se ha incrementado de manera preocupante por al menos tres razones: 1. La pandemia agrava la falta de acceso de comunidades étnicas a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Tanto Naciones Unidas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han llamado la atención sobre al indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Sin embargo, las comunidades étnicas han enfrentado históricamente la ausencia de garantías para el goce de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muchos de estos pueblos no tienen acceso efectivo a servicios de salud, saneamiento y seguridad social. Y debido a la deforestación y el avance de la frontera agrícola en sus territorios, enfrentan cada vez más desafíos para asegurar su soberanía alimentaria, enfrentar nuevas enfermedades y ajustar sus sistemas de medicina tradicional. Además, varios de ellos tienen graves problemas para acceder a bienes indispensables como el agua y la alimentación. Las barreras para el acceso a estos servicios en condiciones de calidad se han hecho más grandes con la crisis sanitaria actual, haciendo más vulnerables a estas poblaciones y poniendo en riesgo su supervivencia misma como pueblos. Es una realidad abrumadora para la región. En un pronunciamiento reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación al respecto afirmando que, a nivel local, los “procesos pandémicos producen impactos desproporcionados sobre poblaciones con mayores dificultades de acceso a estructuras sanitarias y tecnologías de atención a la salud dentro de los países, como pueblos indígenas…” A nivel regional, la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), se declaró en emergencia ante la crisis sanitaria. En Guatemala, la Comisión Internacional de Juristas denunció que los pueblos indígenas “enfrentan el riesgo de sufrir los efectos destructivos de la pandemia COVID-19, debido a la discriminación histórica y sistemática en su contra” y que en la crisis actual “no tienen acceso a información clara y sencilla para saber cómo protegerse de la pandemia y cómo ser protegidos durante la emergencia por el Sistema de Salud”. Líderes indígenas en Perú denunciaron escasez de alimentos y deficiencias en la atención de salud, solicitando  el abastecimiento de artículos de primera necesidad en las comunidades y la definición de protocolos para llevar insumos. En Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que más de 191.000 familias indígenas están en riesgo de contagio y que para cerca de 513.000 familias la crisis humanitaria debido a la pandemia es inminente. Además, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas aseguró que esa población está en alto riesgo y que “los territorios mayoritariamente afrodescendientes no cuentan con una red de equipamientos y personal que le permita atender debidamente las posibles personas afectadas” La situación en Brasil es la misma. De 471 tierras indígenas, 13 tienen índices de vulnerabilidad crítica respecto de la pandemia. En los estados de la Amazonia Legal, 239 tierras indígenas tienen índices de vulnerabilidad intensos o altos. En general, el índice varía entre moderado, alto, intenso y crítico. Además, menos del 10% de los municipios brasileños con tierras indígenas tienen camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos y el sistema de salud indígena sólo atiende enfermedades comunes. Sin la orientación de los departamentos de salud, muchos grupos indígenas están tomando medidas preventivas por su cuenta para evitar que la pandemia llegue a sus territorios. Esas medidas incluyen el aislamiento voluntario, campañas de higiene, la suspensión de grandes movilizaciones, eventos y viajes; e incluso el cierre del tráfico entre pueblos para evitar el avance de la enfermedad. 2. Las comunidades étnicas requieren medidas diferenciadas, pero la respuesta de los Estados aún es insuficiente En distintos países de la región, comunidades indígenas están denunciando que las medidas adoptadas por autoridades frente a la pandemia han sido precarias y culturalmente inadecuadas porque no consideran los usos y costumbres de esos pueblos. La CIDH y la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales han reiterado que los Estados deben adoptar respuestas culturalmente adecuadas, oportunas y efectivas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas ante la pandemia. La CIDH recordó a los Estados su obligación de otorgar “protección especial” a la población indígena, así como “la importancia de proporcionarle información sobre la pandemia de forma sencilla y, en lo posible, en su idioma tradicional”. También se refirió a las comunidades afrodescendientes y tribales, instando a “visibilizar” su situación y “especialmente a incluir una perspectiva étnico-racial con un enfoque interseccional en todas las medidas de respuesta implementadas tanto en el ámbito nacional, como en las respuestas regionales que se puedan articular”. En México, el Colectivo de Comunidades Mayas de Hopelchén hizo una denuncia pública al gobierno mexicano por la falta de implementación de una estrategia oficial para informar a los pueblos indígenas mayas sobre los riesgos que enfrentan ante la crisis sanitaria. En Ecuador, la OMS advirtió la falta de protocolos para pueblos y nacionalidades indígenas frente a la pandemia.  Señaló que es fundamental que los programas sociales de alimentación lleguen a estas comunidades y al sector rural, y que las campañas de prevención lleguen en sus idiomas propios. La situación se agrava por la poca conectividad de muchos de estos pueblos, que carecen de vías terrestres, aéreas y/o fluviales. Esto obstaculiza su movilidad y su acceso a servicios sociales, a internet y a información sobre la pandemia, las medidas estatales adoptadas y acerca de las acciones de autocuidado a implementar. 3. Los derechos territoriales de comunidades indígenas y afrodescendientes siguen siendo vulnerados En medio de la emergencia sanitaria y del confinamiento decretado en varios países de la región, gobiernos y otros actores han adoptado medidas o promovido iniciativas que desconocen el derecho a la consulta previa, ocasionan la flexibilización de requisitos ambientales para proyectos de desarrollo de alto impacto y favorecen la falta de garantía efectiva para la participación ciudadana en asuntos ambientales. En Colombia, el gobierno nacional promovió la realización de consultas previas de manera virtual. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas y varias organizaciones de derechos humanos rechazaron la iniciativa que finalmente fue derogada. Sin embargo, la preocupación persiste por la solicitud de empresarios al gobierno para la flexibilización de permisos ambientales en el país, un instrumento vital para proteger el ambiente y los territorios indígenas. En Brasil, las amenazas de la pandemia a las comunidades indígenas se agravan con la invasión de territorios indígenas y con el aumento de la violencia y amenazas a sus dirigentes. En Roraima, Mato Grosso y Bahía, los pueblos indígenas bloquearon carreteras y construyeron barreras para impedir que invasores entren en sus tierras. Estos riesgos también vienen del Estado. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) publicó un acto administrativo para la emisión de una declaración de reconocimiento de límites en relación con las propiedades privadas en tierras indígenas. Con ello pretende permitir la emisión de títulos de propiedad para una parte de los invasores de tierras indígenas, legitimando sus acciones. En México, organizaciones y comunidades denunciaron que el gobierno federal mantendrá en curso las actividades  del denominado “tren maya” pese a que su construcción no es esencial en el contexto de la pandemia, poniendo en riesgo a la población encargada de su construcción e impidiendo el acceso a información y justicia de comunidades dada la suspensión de plazos en instituciones estatales y la imposibilidad de recurrir a mecanismos judiciales idóneos. En Bolivia, la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas manifestó que los pueblos indígenas son vulnerables no sólo al coronavirus, sino también a lo que vendrá después: “un hueco grande en la economía global” y, por tanto, “una excusa para que se arremeta más contra la naturaleza, los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas donde ellos están”. En este tema, la CIDH reiteró a los Estados “la importancia de reconocer los derechos territoriales de propiedad colectiva a las comunidades afrodescendientes y garantizarles el derecho efectivo de consulta y consentimiento previo, libre e informado, respetando su libre autodeterminación”. Asimismo, instó a los Estados a “abstenerse de promover iniciativas legislativas o proyectos que afecten territorios étnicos durante el tiempo en que dure esta pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante dichos procesos de consulta”. Hacia una atención de la emergencia sanitaria que respete los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes Los pueblos indígenas y afrodescendientes representan una de las riquezas más importantes del continente. Su residencia milenaria y su cosmovisión —que respeta la naturaleza y las vidas que habitan en ella— han sido y son un legado invaluable y serán un elemento indispensable para promover reflexiones sobre la crisis sanitaria y la crisis ecológica que enfrentamos globalmente. Los aportes de las comunidades étnicas y sus saberes ancestrales, que han trascendido el tiempo y contribuido a la supervivencia del planeta, son esenciales en la implementación de medidas de prevención y atención de la pandemia. Así lo enfatizó la Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: “Los pueblos indígenas pueden contribuir a buscar soluciones. Sus buenas prácticas de curación y conocimiento tradicional, como el cercamiento de sus comunidades para prevenir la propagación de enfermedades y el aislamiento voluntario, se observan con atención en todo el mundo hoy en día”. Proteger a estos pueblos para que la pandemia no amenaza su vida e integridad es un deber moral e histórico y una obligación internacional de todos los Estados. Por los mismo es imprescindible que los Estados: Promuevan planes de atención y protocolos de emergencia especiales para comunidades étnicas y otras poblaciones en condición de vulnerabilidad, con un enfoque de derechos humanos y desde una mirada diferencial. Apoyen las iniciativas que, desde el autogobierno y la autonomía, algunos pueblos afrodescendientes y comunidades indígenas han tomado para enfrentar la crisis de la pandemia, entre ellas estrategias de aislamiento voluntario, el uso de medicina tradicional y la realización de campañas internas de información y comunicación. Se abstengan de promover medidas que desconozcan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. AIDA urgió a los Estados a suspender la aprobación de licencias ambientales y de otro tipo de permisos oficiales para proyectos sensibles y que no tengan relación con la respuesta a la crisis sanitaria, hasta tanto se puedan garantizar adecuadamente los derechos humanos. Suspendan las consultas previas hasta que exista condiciones para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.  

Leer más
Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades, Minería

Transición justa: El caso de Alemania ¿Por qué los países industrializados deben reducir su consumo de materias primas?

La expansión mundial de las energías renovables, la movilidad eléctrica y la digitalización incrementarán masivamente la demanda de materias primas. Ello implica el riesgo de daños para los derechos humanos y el ambiente, así como de intensificación de las tensiones geoplíticas por esos recursos. En ese contexto, una distribución globalmente inequitativa del consumo de materias primas pondría en peligro el desarrollo sostenible y justo de los países del Sur Global.En este seminario virtual, presentamos las propuestas de una red de ONG en Alemania para lograr una reducción en el consumo de materias primas y para incluir las perspectivas de países productores, apoyando su llamado para un "cambio en las materias primas" (Rohstoffwende). PanelistaRebecca Heinz: Asesora de Políticas para Política de Recursos en Germanwatch. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Rebecca Heinz, Germanwatch: Material adicionalInforme 12 Argumentos para un Cambio en las Materias Primas de Germanwatch (en alemán) Más informaciónPara saber más de la propuesta de transición justa presentada en el seminario, escribe a [email protected] 

Leer más
Fracking

A histórica queda dos preços do petróleo demonstra, mais uma vez, a inviabilidade do fracking

As medidas adotadas diante da pandemia, como a redução nos números de vôos, o fechamento de indústrias e o confinamento das pessoas, têm acarretado uma diminuição na demanda de hidrocarbonetos a nível internacional que, junto com outros fatores como a superprodução e a especulação associada aos contratos de petróleo, têm repercutido na queda do preço do petróleo e gerado perdas nas principais empresas petroleiras. No dia 20 de abril, pela primeira vez na história, o preço do barril de petróleo de referência nos Estados Unidos teve uma cotação negativa, enquanto os mares do mundo todo se enchem de embarcações de armazenamento de petróleo e os projetos de energia extremas se desfazem em pedaços pelos seus altos custos, incompatíveis com os preços atuais. O fracking requer ainda maiores investimentos e, para ser viável, um mercado que lhe ofereça preços altos. Além disso, seus impactos socioambientais não são contabilizados nos seus custos de produção. É inviável embasar a matriz energética e a receita fiscal de nossos países em supostas rendas que esta técnica produziria porque, além dos preços atuais, a imprevisibilidade dos preços do petróleo e seus derivados impossibilita qualquer política soberana baseada em hidrocarbonetos. O planeta sofre uma crise de grandes dimensões: a climática, cujos impactos pioram se decidirmos continuar na rota da dependência dos hidrocarbonetos e da autorização do fracking. As origens da crise climática e da pandemia que vivemos são comuns: a destruição dos ecossistemas por modos de vida e de economia insustentáveis. Quem promove os hidrocarbonetos mostra, mais uma vez, a sua insensatez, especialmente nos momentos difíceis como este que vivemos, que apresentam o extrativismo atual como causador de zonas de sacrifício, que impõe os passivos ambientais sobre os mais vulneráveis, extingue povos indígenas, destrói a biodiversidade e alimenta a violência que sufoca comunidades e assassina seus defensores e defensoras. Para sair das duas crises, é necessário iniciar uma transição energética justa e democrática na América Latina e deixar a maior parte dos combustíveis fósseis no subsolo. A saída não está nos resgates e investimentos em empresas - públicas ou privadas - que exploram hidrocarbonetos. Nossos diversos e riquíssimos países contam com fontes alternativas de produção e usos sustentáveis de energia sem a necessidade de continuar aquecendo o planeta e destruindo os ecossistemas do qual fazemos parte. A transição energética é uma oportunidade para a democracia, a justiça e a paz, e nossa garantia de condições de vida saudáveis no futuro. Em muitas regiões do mundo o fracking foi proibido e foi comprovada a sua inviabilidade ambiental e econômica. Na América Latina devemos também impedi-lo e apostar em uma transição energética justa. Somos uma região megadiversa, sábia e criativa, com infinitas possibilidades de diversificar a sua economia de forma sólida e estável, de tal forma que regenere os territórios e nos proteja de eventos climáticos extremos e pandemias. Esta é a maior exigência dos nossos tempos por cada uma das pessoas, pelas comunidades e povos, pelas crianças e pelas próximas gerações: Não ao fracking! Sim a transição! Assinado, Alianza Colombia Libre de Fracking Alianza Latinoamericana Frente al Fracking Alianza Mexicana Contra el Fracking   Contato de imprensa: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

Leer más
Fracking

El histórico derrumbe de los precios del petróleo demuestra una vez más la inviabilidad del fracking

Las medidas adoptadas ante la pandemia, como la reducción en el número de vuelos, el cierre de industrias y el confinamiento de las personas, han ocasionado una disminución en la demanda de hidrocarburos a nivel internacional que, junto con otros factores como la sobreproducción y la especulación asociada a los contratos de petróleo, ha repercutido en la caída en los precios del crudo y generado pérdidas en las principales compañías petroleras. El día 20 de abril, por primera vez en la historia, el petróleo de referencia en Estados Unidos cotizó en negativo, mientras los mares de todo el mundo se llenan de barcos de almacenamiento de crudo y los proyectos de energías extremas se caen a pedazos por sus altos costos, incompatibles con los precios actuales. El fracking requiere todavía de mayores inversiones y, para ser viable, un mercado que le ofrezca precios altos. Además, sus impactos sociales y ambientales no se contabilizan en sus costos de producción. Es inviable basar la matriz energética y el ingreso fiscal de nuestros países en los supuestos ingresos que produciría esta técnica porque, más allá de los precios actuales, la imprevisibilidad de los precios del petróleo hace imposible cualquier política soberana basada en hidrocarburos. El planeta sufre una crisis de mayores dimensiones: la climática, cuyos impactos se agudizarán si se decide seguir por la ruta de la dependencia de los hidrocarburos y la autorización del fracking. Los orígenes de la crisis climática y la pandemia que vivimos son comunes: la destrucción de los ecosistemas por formas de vida y de economía insostenibles. Quienes promueven los hidrocarburos muestran una vez más su insensatez, especialmente en momentos difíciles como el que vivimos, que exhiben al extractivismo actual como el generador de territorios de sacrificio, que vuelca sobre los más vulnerables los pasivos ambientales, extingue pueblos indígenas, destruye la biodiversidad y alimenta la violencia que sofoca a pueblos y asesina a sus defensoras y defensores. Para salir de ambas crisis, es necesario iniciar una transición energética justa y democrática en Latinoamérica y dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo. La salida no está en los rescates o inversiones en empresas -públicas oprivadas- que exploten hidrocarburos. Nuestros diversos y riquísimos países cuentan con fuentes alternativas de producción y usos sustentables de energías sin necesidad de seguir calentando el planeta y destruyendo los ecosistemas de los que somos parte. La transición energética es una oportunidad para la democracia, la justicia y la paz, y nuestra garantía de condiciones de vida saludables para el futuro. En muchas regiones del mundo se ha prohibido el fracking y se ha evidenciado su inviabilidad ambiental y económica. En Latinoamérica debemos también impedirlo y apostar por la transición energética justa. Somos una región megadiversa, sabia y creativa, con infinitas posibilidades de diversificar la economía de forma sólida y estable, de tal forma que regenere los territorios y nos proteja de eventos climáticos y pandemias. Esta es la mayor exigencia de nuestros tiempos; por cada una de las personas, por las comunidades y pueblos, por los niños, las niñas y las próximas generaciones: ¡no al fracking, sí a la transición! Firman: Alianza Colombia Libre de Fracking Alianza Latinoamericana Frente al Fracking Alianza Mexicana Contra el Fracking   Contacto de prensa: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

Leer más
Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fortalecimiento de Capacidades

Tendencias del Derecho Ambiental en América Latina

En el seminario —organizado por AIDA y el Tribunal Agroambiental de Bolivia—se abordó las principales tendencias de la regulación ambiental en América Latina en sus últimos años, y sus implicaciones para la comunidad jurídica, a partir de un análisis de algunas de las principales instituciones del derecho ambiental en perspectiva comparada. PanelistasAngela Sánchez Panozo: Magistrada Presidente del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia.Arlet Escalera Guizada: Asesora Legal de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).Carlos Lozano Acosta: Abogado Sénior del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Arlet Escalera Guizada: Asesora Legal de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano: 3. Presentación de Carlos Lozano Acosta, Abogado Sénior de AIDA: 

Leer más

AIDA llama a los gobiernos a mantener la vigencia del Estado democrático de derecho

Frente a la emergencia por el COVID-19, exigimos que los gobiernos de América Latina se abstengan de aprobar proyectos que dañen el ambiente y los derechos humanos, y que mantengan la protección especial de los y las defensoras ambientales. En el contexto de emergencia desatado por el COVID-19, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) urge a los Estados de América Latina, en especial a los gobiernos, a cumplir con sus obligaciones en materia de protección ambiental y de los derechos humanos, absteniéndose de promover retrocesos al respecto mediante cambios normativos perjudiciales o con la aprobación de proyectos sin una evaluación adecuada de daños sociales y ambientales. Asimismo, expresa su preocupación por la falta de condiciones para garantizar los derechos a la participación y al acceso a información en materia ambiental de las personas afectadas por proyectos y decisiones de política pública de alto riesgo. En particular, lamentamos la decisión del gobierno colombiano de usar medios virtuales para las consultas previas a comunidades étnicas, y la determinación del gobierno provincial de Mendoza, en Argentina, de realizar consultas por internet para proyectos de desarrollo. Si bien consideramos esencial el distanciamiento social para lidiar con la pandemia, no es la metodología adecuada para hacer efectivos los derechos a la participación y el acceso a información. Por ello, AIDA pide a los Estados de la región suspender la aprobación de licencias ambientales y de otro tipo de permisos oficiales para proyectos sensibles y que no tengan relación con la respuesta a la crisis sanitaria, hasta tanto no se puedan garantizar adecuadamente los derechos mencionados. Ello implica tener en cuenta que actualmente no existen las condiciones necesarias para que las personas afectadas por proyectos acudan a la justicia para defenderse. Desde AIDA resaltamos además que, ante la pandemia, las acciones deben estar enmarcadas en el camino que recomienda la ciencia y las normas para afrontar la crisis climática, buscando una transición justa y respetuosa de los derechos humanos hacia un modo de vida más justo, resiliente, sostenible y basado en energías limpias, no en combustibles fósiles. Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por el COVID-19. Y enfatizamos la urgencia de garantizar y respetar sus derechos en medio de la crisis, particularmente de quienes están en condición de vulnerabilidad como indígenas, migrantes, mujeres y personas defensoras del ambiente, entre otros. En ese sentido, exigimos que los gobiernos de la región mantengan la vigencia del Estado democrático de derecho y la protección especial de las y los defensores del ambiente. Y pedimos a los organismos internacionales monitorear de cerca la situación de derechos humanos en el continente. Contacto de prensa: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107    

Leer más
Cambio Climático, Fortalecimiento de Capacidades, Fracking

El fracking y su relación con la crisis climática

Sabemos que el fracking es una técnica altamente contaminante del agua y aire, que puede producir sismos en los sitios donde se la realiza, que afecta a la salud de las comunidades cercanas a los pozos y que en su implementación se violan derechos humanos fundamentales. Pero ¿tiene alguna relación con problemas ambientales globales como la crisis climática?En este seminario en línea, analizamos información científica actualizada para abordar la relación del fracking con las emisiones de gases de efecto invernadero y con la emergencia climática. Hablamos así de las consecuencias del uso de la técnica para nuestro planeta. PanelistasAndrés Gómez, investigador en extractivismos, energía y transición, Censat Agua Viva: Fracking y crisis climática.Astrid Milena Rubio, abogada especialista en Derecho Ambiental y derechos humanos: Cambio climático, estrés hídrico y fracking.Moderó: Claudia Velarde, Abogada, Programa de Agua Dulce, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Andrés Gómez: 3. Presentación de Astrid Milena Rubio: 

Leer más
Cambio Climático, Derechos Humanos

Declaración en relación al Foro sobre el Desarrollo Sostenible en América Latina previsto para marzo de 2020

Debido a la emergencia sanitaria global, los países de América Latina y el Caribe han decidido posponer la Cuarta Reunión del Foro sobre Desarrollo Sostenible, establecido como el mecanismo regional de seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, previsto para​ ​el 31 de marzo de 2020. Frente al brote de COVID-19 los esfuerzos deben enfocarse de manera inmediata a responder a la crisis sanitaria. No obstante, resulta de suma relevancia no perder de vista que, comunidades en condiciones de vulnerabilidad climática, por ejemplo aquellas sujetas a situaciones de alteración hídrica, presentan una mayor sensibilidad frente a este tipo de emergencias. En ese marco, resulta fundamental ahondar en las raíces y condicionantes de dicha vulnerabilidad a fin de abordar sus causas de manera sistémica, es decir emprender transformaciones más allá del sector salud. La interdependencia entre las crisis sanitaria, climática y de biodiversidad nos recuerda la relevancia de la salud de los ecosistemas y la equidad social y, a la vez, demanda un impulso contundente de la acción por el clima y una firme implementación de la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), justamente, en virtud de los múltiples beneficios y la reducción del riesgo y vulnerabilidad que dichas agendas otorgan. Como sociedad civil por la acción climática en América Latina, señalamos nuestro compromiso con el control de COVID-19, y reiteramos que la agenda ambiental y de desarrollo deben seguir en marcha y ser fortalecidas. La mejora e implementación de los planes de acción por el clima (NDCs por sus siglas en inglés) en línea con lo establecido por el informe del IPCC SR15, constituye una herramienta fundamental para alcanzar los ODS y construir resiliencia local. En ese marco, y en ocasión del Foro, compartimos las siguientes reflexiones: La consecución del ODS 6 respecto a agua y saneamiento (que implica también protección de los ecosistemas asociados), junto a la protección de los ecosistemas terrestres (ODS 15), en especial aquellos estratégicos en el ciclo hídrico como el Amazonas y los glaciares de montaña, deben ser prioridad para los gobiernos de la región. De esa manera, será posible construir resiliencia para crisis sanitarias por venir. La agenda climática, plasmada a través del ODS 13, ha de ser transversal en la acción gubernamental dado su estrecho vínculo con el bienestar, la estabilidad y la construcción de resiliencia local. Lo anterior, implica señalar claramente una ruta para la descarbonización total de la matriz energética al 2050 que, a su vez, asegure la preservación de la base ambiental y cultural de los pueblos y fortalezca la adaptación. La presentación de nuevos y mejores NDC a la brevedad posible, y el desarrollo de procesos participativos multiactor, de carácter vinculante, que garanticen un amplio involucramiento en su diseño e implementación, deben de considerar un enfoque sistémico y transectorial. Ello permitirá abordar los factores y causantes de la vulnerabilidad y otorgará legitimidad y factibilidad de construir las bases de respuesta frente a futuras emergencias. Las NDC son un instrumento eficaz para cumplir con los ODS y los ODS aun marco de justica inter y intrageneracional elemental para sociedades robustas y con capacidad de respuesta. Las NDC ofrecen, además, una tremenda oportunidad para trazar una nueva senda de desarrollo, en armonía con los límites de la naturaleza y en base a la justicia y el respeto de los derechos humanos y del mundo natural. Para América Latina ello implica dejar de priorizar modelos extractivistas y aquellos basados en la exportación de productos naturales. La construcción de un territorio resiliente implica asegurar un flujo de financiamiento sostenible y coherente a nivel nacional a fin de destrabar sinergias y cobeneficios entre las diferentes carteras y actores. Dicho financiamiento resulta clave para el desarrollo de planes de adaptación ex-ante y de gestión del riesgo, y la promoción de sistemas regenerativos de manejo de los suelos en tanto constituyen factores estratégicos frente a las emergencias, incluida la que hoy nos afecta. El cambio en el uso del suelo, además, es un factor preponderante en la pérdida de ecosistemas y, en consecuencia, en el aumento de la exposición a enfermedades provenientes de animales silvestres. Esta crisis sanitaria nos recuerda la relevancia de la cooperación, la solidaridad y la asistencia entre países. En ese marco, es fundamental que los países cumplan con la meta de movilizar 100.000 millones de dólares antes del término del 2020 para catalizar la implementación la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiamiento para el desarrollo. Los países de ALC deben solidarizar con los más vulnerables y exigir a las potencias económicas el cumplimiento de sus compromisos, y que éstos sean previsibles y confiables. El 2020 debe marcar el inicio de una nueva era; una era en que la acción por el clima y la preservación ambiental sean estructurantes del desarrollo; donde la calidad de vida de las personas y las soluciones basadas en la naturaleza sean sus ejes rectores. Por ello, la mejora sistemática de las NDC por parte de los países de la región se establece como un instrumento clave para alcanzar la Agenda 2030. Resulta, por tanto, fundamental cumplir e implementar las contribuciones nacionales presentadas previa la firma del Acuerdo de París, y trabajar su mejoría, en plena integración con los ODS. Por último, es relevante mencionar que: Ante las inminentes medidas de reactivación económica, nos comprometemos a apoyar la puesta en marcha de un proceso que no sacrifique los compromisos climáticos ni vaya en contra de los derechos humanos y progresos ya realizados hacia la protección y seguridad social. Velaremos porque la recuperación de la economía represente una oportunidad para apostar por un modelo de desarrollo que genere sociedades más equitativas, colaborativas y justas. Manifestamos nuestra disposición a seguir y apoyar la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los ODS, promoviendo la eficacia en la planificación y gestión en los países menos adelantados y pequeños países insulares, haciendo hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginalizadas. Como sociedad civil, manifestamos nuestro compromiso de contribuir con los procesos de revisión nacional de las NDC para apoyar la implementación de cada uno de los 17 ODS. Red de Acción Climática de América Latina - CANLA   CAN-LA es el nodo regional de Climate Action Network (CAN) para América Latina y el Caribe . La componen más de treinta organizaciones de toda la región que trabajan los efectos del cambio climático.  

Leer más
Océanos, Participación Ciudadana, Cambio Climático

El Derecho Internacional Ambiental, historia e hitos

El Derecho Internacional Ambiental (DIA) es una disciplina que involucra al mundo entero en la protección de un bien común: nuestro ambiente. En AIDA lo aplicamos a diario para ayudar a personas y comunidades a defender el ambiente y los derechos humanos fundamentales que de él dependen. Pero ¿dónde surgió y cómo ha evolucionado esta disciplina global? Sus reglas no han sido dictadas por una institución nacional ni por una autoridad internacional. Se trata más bien de un compendio de declaraciones, tratados y normas —vinculantes y voluntarias— que se han desarrollado a la par del conocimiento científico y la toma de conciencia del estado actual de nuestro mundo natural. La historia del DIA se puede dividir en tres etapas, separadas por dos de las conferencias internacionales más relevantes celebradas hasta ahora: la Conferencia de Estocolmo (1972) y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992). Y en 2016, con la firma del Acuerdo de París, inició una nueva etapa para enfrentar el desafío natural más importante de la humanidad: la actual emergencia climática. Los inicios: Antes de Estocolmo Antes de los años 60, había poca conciencia ambiental y solo algunas iniciativas aisladas de regulación ambiental internacional. Una de ellas fue la frustrada Convención de Londres de 1900, con la cual se buscaba proteger la vida silvestre africana. Nunca entró en vigor porque no fue firmada por el número mínimo de partes. Fue reemplazada 33 años después por el Convenio de Londres de 1933, aplicado en gran parte de África colonizada con la creación de parques naturales y la protección de especies. Durante esos años, otras iniciativas se llevaron a cabo de forma aislada. Pero las cosas realmente empezaron a moverse en los años 60, cuando la opinión pública se hizo consciente de los peligros que amenazaban al planeta. Algunos de los eventos que marcaron esta época fueron la publicación en 1962 del libro Primavera Silenciosa (Silent Spring) de Rachel Carson, el cual documenta los efectos negativos de los plaguicidas sobre las aves y el ambiente; y la divulgación de la imagen conocida como Amanecer de la Tierra (Earthrise), tomada por el astronauta William Anders en 1968 durante la misión Apolo 8. Esa fotografía es considerada de influencia icónica para el despertar del movimiento ambiental pues evidencia la unidad absoluta de la Tierra vista desde la luna. La Declaración de Estocolmo Producto de la primera Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano, la Declaración de Estocolmo (1972), fue el primer documento internacional en reconocer el derecho a un ambiente sano mediante 26 principios, muchos de los cuales han jugado un papel importante en el desarrollo posterior del DIA. El Principio 21, por ejemplo, confirmó una de las piedras angulares del DIA: la responsabilidad de los Estados de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción no causen daños al ambiente de otros Estados. La Declaración estableció además el Principio de Cooperación, crucial en el desarrollo ulterior del DIA al reconocer que los países debían unir esfuerzos para hacer frente a los desafíos globales de nuestro entorno común. También en Estocolmo, la Asamblea General de la ONU creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), órgano central a cargo de los asuntos ambientales en la actualidad. Entre Estocolmo y Río Después de Estocolmo, comenzaron a verse cambios en los gobiernos nacionales: se formaron los primeros partidos políticos verdes, se crearon algunos Ministerios de Medio Ambiente y comenzó a desarrollarse una importante cantidad de legislación ambiental local. En 1983, la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como la Comisión Brundtland. Su labor, centratada en la difícil relación entre ambiente y desarrollo, resultó en el informe Nuestro Futuro Común (1987). En ese documento se acuñó el concepto de desarrollo sostenible —definido como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”—, base de la evolución del DIA. En esta época, comenzaron a manifestarse algunos de los problemas ambientales globales que hasta hoy nos aquejan como el agotamiento de la capa de ozono, los riesgos para la diversidad biológica y la amenaza del cambio climático. La cooperación internacional era absolutamente necesaria y los países desarrollados tendrían que ayudar a los países más pobres para que la humanidad fuera capaz de afrontar tales desafíos. En 1987, se firmó el Protocolo de Montreal para combatir el agotamiento de la capa de ozono. Este acuerdo internacional ha sido un ejemplo de cooperación internacional exitosa, y se cree que gracias a él la capa de ozono podría recuperarse para el 2050. La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro  En 1992, durante esta Conferencia, dos convenciones fueron presentadas para firma de los países: el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). También se estableció la Declaración de Río, que reafirmó la Declaración de Estocolmo y el programa de acción Agenda 21, el cual aún guía a gobiernos y actores no estatales en las actividades de protección del ambiente. En Río, ante la evidencia cada vez más contundente de que  las actividades humanas en busca del crecimiento económico eran las responsables de las principales amenazas ambientales, el concepto central continuó siendo el desarrollo sostenible. Dos principios de la Declaración de Río merecen especial consideración: el Principio de Precaución, la forma más avanzada de prevención e importante en la conformación del DIA moderno; y el Principio 10, que reconoce el derecho a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. El Principio 10 dio lugar en 1998 al Convenio de Aarhus, vinculante para Europa y Asia Central; y es el antecesor del Acuerdo de Escazú, que busca el reconocimiento de esos derechos para Latinoamérica. Ese reconocimiento es considerado también un hito importante en la construcción del DIA pues explica y muestra el surgimiento de la sociedad civil como actor cada vez más importante y activo en la protección ambiental global. Luego de Río y hacia el futuro Después de Río, todos los tratados económicos importantes comenzaron a incluir la protección ambiental. Un caso ejemplar es el Acuerdo de Marrakech, por el cual se creó la Organización Mundial del Comercio en 1994 y que fue el primer tratado económico en reconocer las metas de desarrollo sostenible y protección del ambiente. La Convención sobre el Cambio Climático merece mención especial ya que, desde 1995, sus firmantes se han reunido cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP). En ese marco, en 1997, se presentó el Protocolo de Kioto que, a pesar de no haber sido exitoso en mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, fue el primer acuerdo internacional en establecer obligaciones jurídicamente vinculantes para los países desarrollados. En el 2000, 189 países adoptaron en Nueva York la Declaración del Milenio, que fortaleció la importancia del desarrollo sostenible al reconocer la necesidad de un crecimiento económico sostenible con un enfoque en los pobres y en el respeto a los derechos humanos. Dos años más tarde, en 2002, representantes de 190 países acudieron a la Cumbre Mundial de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo, para dar seguimiento a los compromisos de la Cumbre de Río. En esa ocasión, adoptaron la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible, centrada en el desarrollo y la erradicación de la pobreza con un enfoque jurídico-económico sobre las “asociaciones público-privadas”. Y en 2012, la ONU organizó la tercera Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río + 20, la cual convocó a 192 Estados miembros, empresas del sector privado, ONG y otras organizaciones. El resultado fue un documento no vinculante llamado El Futuro que Queremos. En el documento, los Estados renuevan su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de un futuro sostenible. Tiempos modernos El Protocolo de Kioto para enfrentar el cambio climático dio paso al Acuerdo de París (2016),  donde los países firmantes se comprometieron a hacer todo lo posible por evitar que la temperatura promedio del planeta supere los 2°C, respecto de los niveles preindustriales, y ojalá se mantenga debajo de los 1.5°C. La relación entre derechos humanos y cambio climático fue reconocida en su preámbulo. Al haber sido ratificado por casi todos los países del mundo, tiene un potencial inmenso como instrumento de derecho internacional. De hecho, recientemente en Inglaterra se dictó la primera sentencia que impidió una obra (la ampliación  de un aeropuerto), bajo el argumento de que el país incumpliría el Acuerdo de París. Un hito contemporáneo de gran relevancia, sobre todo para Latinoamérica, es la Opinión Consultiva 23 (2017) sobre medioambiente y derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ella La Corte reconoció por primera vez el derecho a un ambiente sano como fundamental para la existencia humana, así como los impactos de la degradación ambiental y del cambio climático en los derechos humanos. Finalmente, vale la pena mencionar la construcción actual de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. En reconocimiento del papel crucial que juega el océano en la salud del planeta y sobre todo en la estabilidad del clima, salvaguardar las inmensas y misteriosas áreas en alta mar parece del todo necesario. Conclusión: ¿En qué quedamos? Tras revisar los hitos más importantes relacionados con los esfuerzos globales para enfrentar la grave crisis ambiental que vivimos, es inevitable quedar sumida en hondas preocupaciones. Las iniciativas globales no han logrado motivar el cambio de rumbo que necesitamos para que nuestro planeta empiece a recobrar la salud. Así como vamos, nadie asegura que las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades como lo han hecho las pasadas y actuales. Pero, pese a las desilusiones, es importante seguir promoviendo iniciativas mundiales donde se discuten políticas comunes y donde el DIA adquiere forma y contenido. Aunque por ahora esos espacios no han sido capaces de frenar la crisis ambiental, han fortalecido el DIA como instrumento para defender nuestras causas, algo que aprovechamos al máximo en AIDA. Asimismo, las conferencias mundiales son instancias donde surgen posibilidades de protesta y de concientización masiva por parte de la sociedad civil global, cada vez más alerta y decidida a defender nuestro ambiente. Hoy, gran parte de la esperanza de cambio está en la fuerza de la sociedad civil, sobre todo en los jóvenes que han mostrado un despertar glorioso en defensa del planeta. Esta fuerza encuentra en el DIA un punto de apoyo para exigir lo que necesitamos: un cambio rotundo en el modelo de desarrollo que aún guía los asuntos del planeta y que tanto daño está causando.  

Leer más
Cambio Climático, Derechos Humanos, Fortalecimiento de Capacidades

El Fondo Verde del Clima: Una actualización sobre su desempeño

El Fondo Verde del Clima, la principal organización multilateral de financiamiento climático, es clave para canalizar fondos de los países desarrollados a los países en desarrollo, apoyando proyectos de mitigación y adaptación a la crisis climática. A 10 años de su creación, en el marco de Naciones Unidas, es necesario hacer una revisión actualizada de su desempeño, desde la mirada de la sociedad civil latinoamericana.En este seminario virtual abordaremos los resultados de la 25ª reunión de la Junta Directiva del Fondo (la primera del 2020), compartiremos la mirada de una entidad que está acreditada por el Fondo para acceder a los recursos e implementar proyectos y hablaremos sobre el “GCF-Watch”, una iniciativa de la sociedad civil para dar mejor seguimiento al Fondo. PanelistasLiliana Estrada, Coordinadora de Investigación, Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC): Bienvenida e introducción.Eileen Marena, Observadora activa de la sociedad civil ante el Fondo Verde del Clima: Resultados de la 25ª reunión de la Junta Directiva del Fondo y perspectivas para 2020.Andrea Rodríguez, Gerente, Programa Acción Climática, Fundación Avina: La mirada de una entidad acreditada ante el Fondo.Florencia Ortúzar, Abogada, Programa de Cambio Climático, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): El “GCF-Watch”, una iniciativa para dar mejor seguimiento al Fondo.Moderó: Liliana Estrada, GFLAC. grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Andrea Rodríguez, Fundación Avina: 3. Presentación de Florencia Ortúzar, AIDA: 

Leer más