América Latina

Septiembre 04 2020 Contaminación Tóxica, Fortalecimiento de Capacidades, Minería

Extractivismo y radiactividad

En este seminario brindamos una perspectiva general de los materiales radiactivos. Discutimos sobre sus características básicas, peligrosidad, el almacenamiento de desechos nucleares, etc. Además, exploramos el rol de la extracción minera, así como de la exploración y explotación de hidrocarburos, en el aumento del riesgo radiactivo y sus posibles impactos en la salud humana y en la de los ecosistemas. PanelistasNatalia Mayordomo Herranz, Química, PhD. Posdoc.Juan Carlos Silva Tamayo, Geólogo, PhD. Posdoc. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Natalia Mayordomo:

Agosto 27 2020 Derechos Indígenas, Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Hacia una producción limpia de alimentos, sin glifosato

Por Sofía García, pasante de AIDA, y Johans Isaza, expasante Las prácticas de alimentación sana y los cuestionamientos sobre la calidad de los alimentos que consumimos diariamente han cobrado relevancia en las últimas décadas. Actualmente, existen preocupaciones respecto de los procesos para la producción de alimentos, generalmente centralizados y a gran escala, y sus efectos en el deterioro ambiental y en la salud pública. En ese contexto, organizaciones ambientales, comunidades étnicas, el movimiento campesino, organismos internacionales y algunos gobiernos han evidenciado la necesidad de transitar hacia un modelo agroecológico. Ese cambio implica desarrollar prácticas agrícolas sostenibles para optimizar la producción de alimentos sin el uso de agrotóxicos, así como promover la justicia social y reconocer los saberes ancestrales y las prácticas tradicionales. El uso recurrente de glifosato, una práctica dañina En las últimas semanas, el debate en torno al glifosato, el agrotóxico más usado en el mundo, ha recobrado protagonismo en la opinión pública en países como México y Colombia. El glifosato es usado con mayor frecuencia e intensidad en el cultivo de alimentos genéticamente modificados debido a la resistencia de estos a la aplicación del herbicida. En México, aproximadamente el 45% de los sembradíos de soya, maíz, canola y algodón transgénicos concentran el uso de glifosato. El resto va a la siembra de caña de azúcar y a la silvicultura o fruticultura. En Colombia, el glifosato es usado mayoritariamente en plantaciones de algodón, maíz, arroz, tomate, caña de azúcar y palma, así como en la ganadería (en los potreros). Además, en ese país, el glifosato ha sido empleado dentro de la política de control antidrogas para erradicar cultivos de uso ilícito. Hasta 2013, menos del 5% del total de glifosato era destinado a ese fin. Al ser un herbicida no selectivo, este producto no sólo afecta al cultivo al cual va dirigido, sino que también tiende a impactar en el ecosistema al ser retenido por las capas más superficiales del suelo, desequilibrando los ecosistemas y dañando su salud, así como la de las plantas y animales que dependen de ellos. Además, el uso de glifosato puede afectar la biodiversidad de distintas maneras y tener efectos a corto y largo plazo, tanto directos como indirectos. Su empleo genera afectaciones en los acuíferos, lo que conlleva daños a organismos acuáticos. De igual forma, el glifosato puede generar afectaciones a la flora y fauna, llegando incluso a ser mortífero para algunas especies de anfibios. También puede generar malformaciones biológicas en animales como las ratas y reducir la absorción de nutrientes en las plantas, aumentando su propensión a enfermar o la proliferación de plagas. Finalmente, el uso de este agrotóxico afecta los procesos de polinización, actividad esencial para la vida en el planeta. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar los graves daños sociales asociados al uso de glifosato, el cual no solo se filtra a cuerpos de agua, sino que también está presente en los alimentos que consumimos diariamente. Desde 2015, la Organización Mundial de la Salud clasificó al glifosato en el segundo nivel de peligrosidad de evaluación cancerígena (en una escala de cuatro niveles), es decir, que es un producto con alta posibilidad cancerígena. Asimismo, diversos estudios han demostrado que el glifosato puede irritar los ojos y la piel, dañar el sistema respiratorio a nivel pulmonar, generar mareos, disminuir la presión sanguínea y destruir glóbulos rojos. Por lo anterior, es posible afirmar que existe evidencia sobre cómo el glifosato genera graves daños a la salud humana. Los impactos negativos derivados del uso del glifosato pueden resultar a su vez en la violación de diversos derechos humanos. Entre ellos están el derecho al ambiente sano, al agua, a la salud, a la vida y a la integridad. Y su empleo en territorios indígenas o campesinos, puede vulnerar los derechos a la identidad cultural y al territorio. El tránsito a una agricultura sostenible Si bien existe evidencia sobre los impactos negativos al ambiente y a la salud por el uso de glifosato, la misma no es irrefutable. Ello quiere decir que no hay certeza científica sobre cómo sus efectos en el ambiente dañan la salud humana y el bienestar de los seres vivos. Tampoco hay certeza de que el herbicida sea inofensivo. Pese a ello, los impactos descritos son razones suficientes para aplicar el principio precautorio o de precaución. Según este, en casos de peligro de daño grave e irreversible y a falta de certeza científica, los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias y eficaces para impedir la degradación del ambiente. En ese sentido, no existe justificación para que se postergue las medidas necesarias para mitigar el deterioro ambiental generado por el uso del glifosato, hasta que se demuestre con absoluta certeza científica que el glifosato no es nocivo. Las discusiones actuales en México y Colombia ponen de relieve la urgencia de promover una reflexión sobre las formas de producir alimentos para transitar paulatinamente hacia un modelo agroecológico. La aplicación de este paradigma busca el bienestar y el florecimiento de la vida desde un enfoque ecocéntrico que abandone el uso de agrotóxicos, como el glifosato, y que promueva la producción limpia de alimentos. Incorporando un enfoque multidisciplinario ligado al entorno natural y social, la agroecología se centra en una producción sostenible y en el reconocimiento de saberes ancestrales, considerados hoy como no convencionales. Para ello, es fundamental una regulación que proteja y asegure el retorno de semillas nativas, la eliminación paulatina de tecnologías agroindustriales y el regreso del uso de plaguicidas naturales, así como la creación e implementación de políticas públicas respetuosas del ambiente y de los y las campesinas. Esta transición debe tener una perspectiva intercultural, traducida en un diálogo de saberes entre campesinos, indígenas y científicos para buscar la sostenibilidad. Ello contribuiría a lograr una mejor coexistencia con las otras formas de vida y a garantizar un planeta sano para las generaciones presentes y futuras.

Julio 24 2020 Océanos, Contaminación Tóxica

Uso desenfrenado de plástico desechable: Una nueva crisis global

La propagación masiva de la COVID-19 ha generado una crisis sanitaria con millones de personas enfermas y miles de muertes en todo el mundo. Debido a la naturaleza de la enfermedad y a la facilidad del contagio, se han implementado medidas de protección y bioseguridad que incluyen no solo el confinamiento y la sana distancia, sino también la desinfección constante de manos y superficies, y el uso de tapabocas, mascarillas, guantes, equipo médico de protección, botellas de desinfectante, bolsas, envases y otros objetos. Desafortunadamente, esos objetos son fabricados en su mayoría utilizando como insumo principal al plástico, especialmente el de un solo uso, lo que implica un aumento indiscriminado en el uso y desecho de ese material. Por ello, los procesos de gestión de los plásticos de un solo uso se han convertido en otro de los grandes retos frente a la crisis que está colapsando economías y sistemas de salud. Es evidente que la mayor preocupación a nivel mundial es vencer la pandemia, evitando más muertes y contagios. Pero también es inquietante el impacto adverso de la contingencia en los esfuerzos mundiales por reducir el plástico y con ello prevenir sus daños ambientales a corto y largo plazo. Antes de la pandemia, la contaminación por desechos plásticos ya era considerada una de las principales amenazas para el ambiente y la biodiversidad. Según un estudio reciente, únicamente el 9% del plástico producido mundialmente es reciclado. El resto queda como residuo acumulado que daña ecosistemas, principalmente los océanos, y a las especies que habitan en ellos. La polución por plástico afecta directamente a miles de especies que quedan atrapadas entre los escombros, como mamíferos marinos o aves. Otras especies confunden los desechos con alimento, como es el caso de peces y tortugas marinas. Pasos hacia atrás en la regulación del uso de plásticos En diciembre de 2018, el parlamento de la Unión Europea aprobó la prohibición de plásticos de un solo uso, normativa que debe entrar en vigor el próximo año. Pero debido a la pandemia, la industria de los transformadores de plástico ha solicitado ante la Comisión Europea retrasar al menos un año la aplicación de la norma. Pese a que este año muchos países se habían comprometido a reducir el uso de plásticos, la pandemia ha obligado a que algunos de ellos pospongan esos planes. El gobernador de California levantó temporalmente la prohibición de las bolsas de comestibles de un solo uso por el riesgo de que el virus sea transmitido por medio de las bolsas reutilizables. Por su parte, Tailandia, que había prohibido en enero las bolsas desechables, ahora prevé un incremento de hasta el 30% en su uso. Según el Instituto de Medio Ambiente de ese país, en Bangkok se consumió 62% más plástico en abril en comparación con 2019, siendo la mayor parte envases de alimentos que no se reciclan con facilidad. En América Latina, la situación es similar. En el estado mexicano de Jalisco, en enero de 2020 iba a comenzar una era libre de bolsas de plástico y popotes desechables (conocidos también como pitillos, sorbetes y bombillas, entre otros nombres) tras la entrada en vigor de una norma que prohíbe su uso. Sin embargo, la prohibición quedó atrás debido a la pandemia y el consumo de esos productos por parte de establecimientos y ciudadanos solamente se redujo en 10% con respecto al año pasado, según datos recientes. Greenpeace denunció que la industria del plástico en México busca revertir las prohibiciones locales bajo el argumento de que el plástico es el material ideal para evitar contagios de COVID-19. La organización ambiental advirtió que nada sustituye el lavado continuo de manos y la desinfección de superficies. Explicó que utilizar contenedores, utensilios y cubiertos desechables de plástico no garantiza higiene ni evita contagios porque el virus puede permanecer en esas superficies por períodos de entre dos y seis días. La importancia de retomar el debate y las alternativas Antes de la pandemia, existía una mayor conciencia social sobre la necesidad de reducir los plásticos, sobre todo aquellos de un solo uso. Sin embargo, la necesidad de contener la propagación del virus y las estrategias de la industria para capitalizar las preocupaciones sanitarias de la población han motivado el resurgimiento del plástico como material indispensable. Si bien es cierto que debemos cuidarnos unos a otros, eso también incluye la protección del mundo natural que nos sostiene. La pandemia ha sacado a relucir nuestras debilidades y una de ellas es la vulnerabilidad a la polución. Es posible que cuando las medidas de confinamiento se levanten o relajen veamos que nuestra dependencia del plástico aumentó significativamente y que nuestro planeta está en mayor peligro que antes. Es necesario retomar los debates sobre el plástico y trabajar en encontrar alternativas eficaces, teniendo siempre en cuenta la reactivación económica de los sectores más afectados por la crisis. Algunas acciones urgentes necesarias de corto y mediano plazo incluyen: Fomentar la conciencia ambiental y el consumo responsable, alentando entre quienes no trabajan en el sector de salud el uso de objetos de protección personal reutilizables y fabricados con materiales ambientalmente amigables Adoptar mejores prácticas de reciclaje y políticas contra la contaminación por plásticos de alcance nacional, las cuales hagan parte de un plan de acción mundial. Promover el desarrollo de la economía circular, cuyo objetivo sea eliminar los desechos mediante la continua reutilización de los recursos. Exigir a las empresas invertir más en sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de sus políticas ambientales y de su responsabilidad social corporativa. Impulsar las inversiones en investigación y desarrollo de materiales alternativos a los plásticos, más biodegradables y reciclables, así como el avance en el diseño de nuevos aditivos químicos menos contaminantes. Cuando de plásticos se trata, no podemos controlarlo todo, pero estas acciones pueden ayudar a dar a la nueva normalidad una forma más sostenible.

Julio 17 2020 Fracking, Cambio Climático, Derechos Humanos

El fracking no es transición energética

La actual crisis sanitaria nos obliga a reflexionar sobre la necesidad cada vez más urgente de un cambio. Nos pone de frente a la fragilidad y a la inviabilidad del sistema energético basado en combustibles fósiles. Así lo evidencia el derrumbe histórico de los precios del petróleo asociado a la menor demanda de hidrocarburos a nivel internacional —debido a las medidas adoptadas ante la pandemia—, la sobreproducción y a la especulación en los contratos petroleros, entre otros factores. Se espera además que la demanda de gas caiga un 5% después de una década de crecimiento ininterrumpido. América Latina depende altamente de los combustibles fósiles, como bienes exportables y para el consumo interno. Y el 88% de la energía consumida en la región proviene de fuentes no renovables. Desde 2010, gobiernos y empresas han impulsado el uso del fracking o fracturamiento hidráulico de yacimientos no convencionales debido a la sobreexplotación de los hidrocarburos convencionales. Algunos países apuestan al fracking como “puente” para reducir su dependencia del carbón y el petróleo como fuentes de energía y con el argumento de ganar tiempo para desarrollar alternativas a los combustibles fósiles. Así, esta técnica es promovida como un paso hacia la transición energética. Sin embargo, ¿cómo puede llamarse “transición” a un proceso cuya inviabilidad económica, ambiental y social está demostrada? Las razones para decirle “no” al fracking Recurrir al fracking es seguir promoviendo un sistema energético caracterizado por su alta concentración y apropiación privada, por el uso de fuentes no renovables de energía y por sus impactos negativos sobre poblaciones y territorios afectados por actividades de exploración, extracción, transformación y uso de energía. Además, este sistema está definido por una gran inequidad en cuanto al acceso y uso de la energía. La fracturación hidráulica implica la inyección de sustancias tóxicas en el subsuelo, lo cual puede generar contaminación de acuíferos y del aire por la volatilidad de algunos compuestos. De hecho, las fugas de metano, que ocurren principalmente en la producción y transporte de gas y petróleo extraídos vía fracking, han sido relacionadas con el aumento de las emisiones mundiales de ese contaminante, responsables de alrededor de 25% del calentamiento del planeta. Además, el fracking requiere grandes cantidades de agua, algo que es especialmente relevante en una región que todavía enfrenta problemas graves de acceso a ese recurso básico. El uso de la técnica afecta los medios de vida de las comunidades, tanto en términos de salud por sustancias tóxicas en el agua, el aire y el suelo como en términos de vulneración de derechos humanos y de la democracia. Muchas comunidades, sobre todo indígenas, no tienen acceso a información ni son debidamente consultadas para obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre proyectos de fracking en sus territorios. Los daños pueden ser más graves para las mujeres, agravando inequidades estructurales ya presentes. Y en el ámbito económico, la fracturación hidráulica requiere grandes inversiones y, para ser viable, necesita un mercado con precios altos. En ese sentido, la imprevisibilidad de los precios del petróleo hace imposible cualquier política soberana basada en hidrocarburos y es inviable que los países de la región apoyen su matriz energética y sus ingresos en una base tan endeble. Asimismo, en la fracturación hidráulica, la tasa de retorno energético es menor. Esto quiere decir que la extracción demanda mucha mayor energía en comparación con la que se captura. Todo ello resulta en un beneficio energético a veces inexistente y en que las ganancias provengan de la especulación financiera. Promover el fracking hoy es dar un paso atrás porque no entra en la definición de lo que requiere una transición energética justa, que nos invita a un cambio más profundo. La lógica del fracking tiene poco que ver con un desarrollo que contemple la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población, entre ellas la sostenibilidad ambiental de los territorios. Un movimiento por el cambio Un número creciente de organizaciones, instituciones, comunidades e individuos se están organizando en el continente para evitar el avance del fracking. Estos esfuerzos conjuntos, como los de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF), promueven información adecuada y desmontan el discurso de empresarios y gobiernos que buscan situar al fracking y otras actividades extractivas como la única salida. Han surgido iniciativas que buscan alternativas energéticas a través de mesas de diálogo y de transición. Están por ejemplo la Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro en Argentina, la experiencia de autonomía energética mediante pequeñas hidroeléctricas comunitarias en Guatemala, o las diversas experiencias de Censat Agua Viva en Colombia, entre ellas una Mesa Social para un Nuevo Modelo Minero Energético y Ambiental. De otro lado y recurriendo a mecanismos legales y administrativos, varios municipios y comunidades de Argentina, México, Brasil y Uruguay han prohibido o declarado la moratoria del fracking en sus territorios. Pensar en otra sociedad requiere pensar en otro sistema energético, justo y democrático. Estos espacios de resistencia y alternativas nos dan una hoja de ruta para impulsar cambios estructurales y enfrentar las crisis sanitaria, económica, climática y la de civilización, donde lo considerado “normal” ya era disfuncional.

Julio 10 2020 Derechos Humanos, Minería

Extractivismo: Falsa solución ante la crisis por la pandemia (segunda parte)

En el contexto de la crisis sanitaria por la COVID-19, ha tomado fuerza el argumento de que el extractivismo, particularmente minero y energético, es la mejor alternativa para que los Estados de América Latina afronten la crisis económica generalizada derivada de la pandemia. Propuestas de ese tipo, apoyadas incluso por gobiernos, ignoran sistemáticamente la discusión sobre los costos económicos y ambientales de estas actividades en el mediano y largo plazo.¿Cuáles son estos costos? ¿Cómo se pueden calcular? ¿Es razonable esperar una valoración integral y de calidad de costos y beneficios por parte de gobiernos que quieren obtener ingresos en el menor tiempo posible?En este seminario, el segundo y último de la serie, respondimos a esas y otras interrogantes de la mano de expertos y expertas en el tema.Ir a la página del primer seminario de la serie PanelistasFernanda Hopenhaym, socióloga especializada en estudios latinoamericanos y Codirectora Ejecutiva de PODER.Luis Álvaro Pardo, economista y periodista, especializado en Derecho Minero Energético y Derecho Constitucional. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Álvaro Pardo: Más informaciónPágina del primer seminario de la serieTwitter de Álvaro Pardo: @AlvaroPardo8Twitter de PODER: @ProjectPODERTwitter de Fernanda Hopenyam: @fernanda_ho

Julio 08 2020 Cambio Climático, Derechos Humanos

La sociedad civil latinoamericana se une en favor de una reactivación transformadora en la región

Una reactivación transformadora en América Latina y el Caribe es posible y urgente. Este es el llamado que hacen más de 250 instituciones de la región, las cuales reconocen la amenaza y la oportunidad que representan los programas y medidas de reactivación económica que están implementando los gobiernos de la región a raíz de la pandemia del COVID-19. Con representantes de 16 países de América Latina, las organizaciones participantes coinciden en que frente a las crisis socioambiental y de justicia que enfrenta la región no es posible continuar con el “business as usual”; por el contrario, señalan, que las medidas y estrategias a implementar deben ayudar a subsanar la crisis socioambiental y asegurar que las brechas sociales sean atendidas correctamente en el corto plazo, con una visión a largo plazo. Reconociendo la ventana de oportunidad para emprender cambios estructurales en el actual modelo de desarrollo, atender las crisis climática y de biodiversidad, y los impactos multidimensionales de la pandemia, esta propuesta de Reactivación Transformadora en América Latina y el Caribe aglutina diversas voces para incidir en los tomadores de decisión a través de diversas instancias de encuentro y discusión multisectorial para la generación de propuestas, entre otras actividades. Desde el sentido de urgencia e inspirada en las movilizaciones sociales de la región, organizaciones de diversa índole y campo de acción abogan por una reactivación que promueva una economía baja en carbono y un sistema social más justo, con respuestas inclusivas, focalizadas, transparentes e integrales, con perspectiva de género y que fomenten una profunda reconstrucción valórica para una verdadera transformación sistémica. Unidas bajo el slogan Juntxs por una reactivación transformadora, las organizaciones elaboraron un pronunciamiento que promueve la necesidad de generar incentivos, empleos y oportunidades de desarrollo a través de reformas fiscales e inversiones en sectores no extractivos y bajos en carbono, la necesidad de reformular los indicadores para medir el bienestar y fortalecer un desarrollo social incluyente, orientado a fortalecer los procesos democráticos, la resiliencia comunitaria, el acceso a servicios básicos de calidad. Además promueve las soluciones basadas en la naturaleza para proteger y restaurar ecosistemas y la firma de tratados regionales como el Acuerdo de Escazú, además del cumplimiento de los compromisos climáticos y de biodiversidad multilaterales, y la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Hasta el momento han suscrito esta propuesta regional más de 550 representantes de la sociedad civil, sector privado, academia y gobiernos subnacionales de 16 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), WWF, el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC), el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Fundación Avina, Fundación Futuro Latinoamericano, WRI México, 350.org, la Universidad del Rosario de Colombia y el Municipio de Loreto en México, entre otros. Se puede conocer al resto de firmantes y adherir al pronunciamiento en la página web de la campaña: reactivaciontransformadora.com Frases de algunos miembros de la campaña Javier Dávalos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) “La crisis sanitaria y la crisis climática aquejan a todo el planeta y con mayor fuerza a las personas y países más vulnerables. Algunas medidas de recuperación amenazan con profundizar el modelo fracasado que nos ha traído a este momento de la historia. Por ello, las acciones frente a la pandemia por COVID-19 deben sin duda estar enmarcadas en el camino que recomienda la ciencia para afrontar el cambio climático, buscando una transición justa y respetuosa de los derechos humanos hacia un modo de vida más justo, resiliente y sostenible.” Carola Mejía, Grupo de Financiamiento Climático América Latina (GFLAC) / OLAC “La actual crisis sanitaria nos revela la urgencia de enfocar los paquetes de reactivación hacia acciones que atiendan oportunamente la crisis climática, aumenten la resiliencia de los grupos vulnerables, garanticen el bienestar de la población y se apliquen en el marco de nuevos modelos de desarrollo que antepongan el bien común y el cuidado del planeta, a los intereses de unos pocos. América Latina merece reinventarse, aún estamos a tiempo”. Karla Maass, Climate Action Network (CAN) “La sociedad civil de América Latina se está organizando trás una reactivación transformadora. Hoy, frente al freno global de la economía, tenemos una oportunidad única para preguntarnos qué mundo queremos construir y quienes serán los actores. Buscaremos alianzas y tejeremos redes para un mejor futuro. Buscaremos unir fuerzas para que, desde múltiples campos de acción y bajo diversas estrategias, podamos promover transformaciones a nuestra forma de relacionamiento con la naturaleza y entre nosotros mismos. Desde la ciencia climática se nos advierte que solo tenemos 10 años para descarbonizar nuestros sistemas sociales en un 45%. La ruta es clara, otra vía nos llevará a que la vida en el planeta tal y como la conocemos habite exclusivamente en libros” Felipe Pino, ONG FIMA (Chile) “La fragilidad de nuestro sistema económico ha quedado expuesta producto de una crisis sanitaria cuyo origen se relaciona, en parte, con la depredación desregulada de los bienes comunes naturales a escala global. Las actuales grietas del orden económico, reconocidas por la gran mayoría de la comunidad internacional, ya habían sido advertidas desde hace décadas por los pueblos de América Latina y el Caribe, quienes han vivido en carne propia las consecuencias tempranas de la crisis climática y ecológica. La actual pandemia nos ofrece un punto de quiebre a las lógicas que han llevado a la humanidad a desarrollarse al borde de los límites planetarios, y en donde tenemos una oportunidad única de transformar nuestro modelo hacia uno que ponga la vida de las personas y ecosistemas como eje central del desarrollo de una vez y para siempre. La sostenibilidad ya no es una opción, es la única alternativa viable.” CONTACTO CON PRENSA Javier Dávalos (Ecuador), AIDA, [email protected], +593 97 924 0275

Julio 03 2020 Fortalecimiento de Capacidades, Minería

Extractivismo: Falsa solución ante la crisis por la pandemia (primera parte)

En el contexto de la crisis sanitaria por la COVID-19, ha tomado fuerza el argumento de que el extractivismo, particularmente minero y energético, es la mejor alternativa para que los Estados de América Latina afronten la crisis económica generalizada derivada de la pandemia. Propuestas de ese tipo, apoyadas incluso por gobiernos, ignoran sistemáticamente la discusión sobre los costos económicos y ambientales de estas actividades en el mediano y largo plazo.¿Cuáles son estos costos? ¿Cómo se pueden calcular? ¿Es razonable esperar una valoración integral y de calidad de costos y beneficios por parte de gobiernos que quieren obtener ingresos en el menor tiempo posible?En este seminarios web, el primero de una serie de dos, respondimos a esas y otras interrogantes de la mano de expertos y expertas en el tema.Ir a la página del segundo seminario de la serie PanelistasEduardo Gudynas, investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), yNatalia Greene, presidenta del Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA). Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: Más informaciónPágina del segundo seminario de la seriewww.extractivismo.com

Junio 29 2020 Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Proteger a las y los defensores ambientales, deber impostergable del Estado

Diariamente, hombres y mujeres alrededor del mundo dedican sus vidas a proteger ecosistemas de los que dependen comunidades enteras y otros seres vivos. Esta labor —indispensable para el cuidado del planeta— se desarrolla en ámbitos legales, sociales y políticos. Tristemente, las personas defensoras del ambiente son víctimas de amenazas y asesinatos. Desde hace muchos años, América Latina es la región más peligrosa del mundo para ser defensor o defensora ambiental, concentrando al menos el 60% de los crímenes. Ello ocurre pese a que el derecho a la libertad de expresión, al ambiente sano y los derechos de la naturaleza están reconocidos en legislaciones nacionales y regionales. El informe presentado por Global Witness en 2019 da cuenta del asesinato de 164 personas defensoras de la tierra y el ambiente, la mayoría en la región: Colombia (24); Brasil (20), Guatemala (16) y México (14). Evidencia además que “el peor sector fue el de la minería, que causó 43 muertes, aunque también aumentaron las muertes relacionadas con conflictos por fuentes de agua. Continuaron los ataques motivados por la agroindustria, la industria maderera y los proyectos hidroeléctricos”. Actualmente y en el contexto de la pandemia COVID-19, la situación de riesgo grave para defensores y defensoras ambientales. Pese al aislamiento social y otras medidas adoptadas ante la crisis sanitaria, la violencia en su contra persiste. Es importante considerar que la pandemia debilita las redes de protección de las y los defensores en situación de riesgo para responder a emergencias, poniéndoles en una situación de mayor vulnerabilidad. Eso, sumado a la falta de voluntad y capacidad institucional para atender problemáticas diferentes a la sanitaria, configura un escenario muy complejo para su seguridad. En efecto, los Estados deben respetar y garantizar los derechos humanos en todo momento. Son obligaciones impostergables —aún en situaciones de emergencia— y su cumplimento debe robustecerse para personas en riesgo como las que defienden el ambiente. El rol protector de los Estados El trabajo que hacen las personas defensoras ambientales ha sido reconocido dentro del sistema internacional de los derechos humanos, donde se ha destacado su rol esencial en una sociedad democrática para el fortalecimiento del respeto y goce de los demás derechos. La realidad de peligro en la que viven las y los defensores ha sido acompañada por una evolución jurídica que se evidencia en instrumentos legales internacionales como el Acuerdo Regional de Escazú, que por primera vez contempla a las personas defensoras como sujetos de protección especial. Ese tipo de protección es particularmente necesaria debido a las amenazas e intimidaciones en su contra, señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados tienen la obligación de: Evitar vulnerar derechos humanos y prevenir a su vez que terceros lo hagan, algo que aplica a todas las personas. Garantizar un ambiente seguro y propicio para que las y los defensores ambientales puedan desarrollar libremente su labor, por lo que deben adoptar acciones especiales para protegerlos cuando son objeto de amenazas; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor; e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. Garantizar el cumplimiento de los derechos procedimentales en materia ambiental, es decir el derecho a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia. Abstenerse de actuar de manera tal que propicien, estimulen, favorezcan o profundicen la vulnerabilidad de estas personas; y adoptar medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación. Esto es relevante frente al incremento de la criminalización de personas defensoras por parte de gobiernos, quienes las acusan de “ir contra el desarrollo” en un discurso que tiene gran alcance. Llevar a cabo una investigación de oficio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva en casos de muerte violenta. Considerar en todo momento un enfoque diferencial y con perspectiva de género, toda vez que las mujeres defensoras están expuestas a mayores niveles de violencia debido al contexto de desigualdad preexistente. Por último, es necesario resaltar la importancia y necesidad de que todas las medidas de los Estados respeten plenamente los derechos humanos y, del mismo modo, aseguren en todo momento la vida e integridad de las y los defensores ambientales como elemento indispensable para la justicia climática y la democracia ambiental.

Junio 12 2020 Fortalecimiento de Capacidades, Minería

La geofísica más allá del extractivismo

La geofísica es una rama de las geociencias que permite conocer algunas propiedades físicas y químicas de los materiales del subsuelo. El uso de algunos de sus métodos (sísmico, geoeléctrico, etc.) en el sector extractivo, en la etapa de exploración de minerales e hidrocarburos, ha generado preocupaciones en las comunidades y en algunos tomadores de decisión.En este seminario virtual, María Fernanda Ordoñez Cazares, ingeniera geofísica, habló del uso de la geofísica, sus métodos, impactos potenciales y mitos. Además, discutimos sus aplicaciones en el diagnóstico y monitoreo ambiental en el contexto de comunidades amenazadas/afectadas y de organizaciones de la sociedad civil. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de María Fernanda Ordoñez Cazares:

Junio 08 2020 Océanos

EN EL DÍA MUNDIAL DEL OCÉANO: Una carta abierta

Si algo hemos aprendido de la pandemia COVID-19 es que todos estamos intrínsecamente conectados, entre nosotros y con el mundo natural. Sin un equilibrio y una cooperación mayores no podemos sobrevivir como especie. El bienestar humano está en el centro de lo que hacemos. Nuestro trabajo para proteger el océano está impulsado por el hecho de que la humanidad necesita un planeta sano que pueda sostener la vida, por el bien de nuestros hogares, salud, medios de vida y alimentación. La ruptura de nuestras vidas a causa de la COVID-19 ha llevado a muchos a pensar en esto y en cómo reconstruirnos mejor, aprendiendo de la pandemia a lograr un mator equilibrio y a proteger las bases que hacen posible la vida en la Tierra. Hacerlo es una una necesidad. No podemos darnos el lujo de elegir entre los caminos que dañan el mundo natural y los que no. Si continuamos dañando la naturaleza al ritmo que lo hemos estado haciendo, nuestro mundo no será capaz de sostener el bienestar humano, desde los empleos hasta la seguridad alimentaria y la salud. Hemos recibido una dura advertencia. Una vez que salgamos de esto y empecemos a reconstruirnos, necesitamos hacerlo de forma que protejamos los fundamentos de los que dependen todos los seres humanos, siendo el más importante de ellos un planeta capaz de sostener la vida humana. Se presionará a los gobiernos para que abandonen las protecciones ambientales a fin de facilitar operaciones industriales, para que privilegien la economía de corto plazo y el aumento de los puestos de trabajo por encima de otras consideraciones. Esto será presentado como una elección —escoger a la humanidad por encima de la naturaleza—, pero no es una elección real. Por el bien de la humanidad, debemos alcanzar el equilibrio con el mundo natural, una coexistencia que en última instancia nos permita prosperar. Si no logramos ese equilibrio ni actuamos para hacerlo mejor ahora, la ruptura en nuestras vidas se hará más grande y nos enfrentaremos a otros y más graves desastres globales. Pedimos a los gobiernos que protejan el bienestar humano y que tomen decisiones que mantengan funcionando al planeta azul bajo nuestros pies. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Deep Sea Conservation Coalition Ecology Action Centre Global Fishing Watch Global Ocean Trust Greenovation Hub High Seas Alliance International Programme on the State of the Ocean Marine CoLABoration Marine Conservation Institute Marine Conservation Society Oceans North Our Fish Seas at Risk Shark Project International Turkish Marine Research Foundation One Ocean