América Latina


Impactos a perpetuidad: El legado de la minería

La minería metálica de gran escala tiene impactos que, tras el cierre de las minas, pueden persistir por siglos, milenios o más tiempo.Esos impactos están contemplados en la legislación de varios países, pero no en América Latina. Además, implican costos económicos, sociales y ambientales que, por su duración y naturaleza, ninguna institución puede asumir.¿Qué se puede hacer ante esta realidad? ¿Debemos encontrar formas de gestionar estos impactos o debemos evitarlos?En este seminario virtual, respondimos a esas interrogantes y presentamos la publicación "Impactos a perpetuidad. El legado de la minería", escrita por Andrés Ángel geólogo y asesor científico de AIDA. PanelistaAndrés Ángel, geólogo y asesor científico de AIDA. Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Andrés Ángel, geólogo y Asesor Científico de AIDA: 

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Defendiendo mi lugar en la lucha por el clima

Empecé en AIDA siendo una estudiante de Derecho que exploraba las posibilidades de trabajar usando el Derecho Ambiental. Cuatro años después, soy la abogada más joven del equipo legal de la organización, apoyando los esfuerzos del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera. El mes pasado, participé de la reunión preparatoria de la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tuvo lugar en Costa Rica. Fue mi primera experiencia en un evento de ese tipo. Siempre digo que la parte favorita de mi trabajo es estar rodeada de muchas mujeres jóvenes, poderosas y ejemplares. Sus enseñanzas han cimentado mi camino. Pero fue en la PreCOP25 cuando realmente sentí la fuerza femenina y la de las generaciones más jóvenes, unidas para exigir nuestro lugar en la mesa de discusión sobre las soluciones ante la crisis climática. En los últimos meses, hemos visto el apogeo de movimientos mundiales y regionales de jóvenes indignados por lo que consideran la inacción de gobiernos para frenar el calentamiento del planeta. En su mayoría, estos movimientos han sido liderados por mujeres jóvenes, adolescentes e incluso niñas. La reunión climática de Costa Rica no fue la excepción y reflejó el cambio generacional que estamos viviendo. En ese foro, jóvenes de diferentes segmentos, profesiones y aspiraciones hicimos nuestro reclamo y buscamos ser escuchados. Nos unía un propósito común: garantizar un futuro y ser mejores que las generaciones actuales en cumplir esa meta. Los mileniales (grupo generacional al que pertenezco) —personas nacidas aproximadamente en las dos últimas décadas del siglo veinte— y los centeniales (grupo generacional al que pertenece mi hermana de 13 años) —­­jóvenes que nacieron alrededor del nuevo siglo— somos quienes tendremos que vivir con las consecuencias de la inacción política frente a la emergencia climática. Es nuestro futuro el que está en juego. Además, las mujeres somos un grupo especialmente vulnerable a la degradación ambiental debido al rol especial que jugamos en el cuidado de los recursos naturales y de las personas que nos rodean. Por eso es una buena noticia que nos estemos levantando y exigiendo acciones claras, concretas y, sobre todo, urgentes. Esta PreCOP fue una oportunidad de mucho aprendizaje y crecimiento. Me sentí identificada con el énfasis que el gobierno de Costa Rica dio en la agenda del evento a la protección del océano y a las soluciones basadas en la naturaleza. Fue también un espacio de mucha inspiración al ver que cada vez somos más mujeres jóvenes tomando el timón de las acciones decididas y ambiciosas que la crisis ambiental y social del mundo nos exige adoptar.  

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Contaminación por plásticos de un solo uso: una mirada legal, técnica y local

Este seminario web tuvo como objetivo general sensibilizar y generar conciencia entre los participantes sobre los efectos de la contaminación por plásticos de un solo uso, y acerca de la urgencia de construir marcos regulatorios para hacerle frente. Nuestros panelistas abordaron el problema y sus consecuencias para la salud humana y el ambiente desde una perspectiva técnica y científica; los avances locales y nacionales en cuanto a prohibiciones de uso de plásticos en Colombia; y la importancia e impactos de regulaciones locales con base en el ejemplo de Costa Rica.  PanelistasAlberto Quesada, Asesor de incidencia política, Fundación MarViva: La problemática de la contaminación por plásticos de un solo uso, un enfoque de ciclo de vida.Ana Lucía Maya Aguirre, Directora del Observatorio para la Gobernanza Marino Costera (Colombia): Prohibición de los plásticos y el poliestireno expandido: Avances locales y nacionales en Colombia.Daniela Durán, Coordinadora de Incidencia Política, Fundación MarViva: Implementación local de regulaciones para afrontar la problemática de los plásticos de un solo uso, la experiencia de Costa Rica. Moderó: María José Gonzalez-Bernat, Asesora Científica de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria:  2. Presentación de Alberto Quesada y Daniela Durán, Fundación MarViva:  3. Presentación de Ana Lucía Maya Aguirre, Observatorio para la Gobernanza Marino Costera (Colombia): 

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Pronunciamiento ante la suspensión de la COP25 en Chile

Lamentamos la decisión del gobierno chileno de cancelar la realización de la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, prevista para diciembre en Santiago. Al mismo tiempo, manifestamos nuestro apoyo al pueblo chileno ante la difícil situación que vive, la cual no garantiza la seguridad y por ende la participación que un evento de tal magnitud requiere. Hacemos un llamado especial al Estado chileno para que el proceso de cambio que vive el país se desarrolle respetando los derechos humanos de todas las personas involucradas. El abuso de la fuerza pública es inaceptable, sobre todo en un proceso que busca reparar las heridas sociales que empañan nuestras sociedades. El gobierno chileno debe cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Exhortamos también al Estado y al sector privado a dar pasos firmes hacia la transformación de Chile en un país con mayor justicia social, ambiental y climática; y a ser ejemplo para América Latina, región donde la desigualdad e injusticia solo se intensifican con los años. Bajo la crisis social en Chile, subyace una crisis ambiental gravísima que hace tiempo corroe la equidad y que es parte de la chispa que encendió el descontento social. Dos muestras de esa realidad inadmisible son las zonas de sacrificio, donde las termoeléctricas a carbón han condenado a familias a sufrir gran parte de la contaminación atmósferica del país, enfermando y viendo truncado su desarrollo; y la privatización del agua, que implica que Chile no reconozca el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, ni que priorice su uso para consumo humano y para el mantenimiento de ecosistemas. Problemas similares ocurren en otros países de la región. Esperamos que Chile continúe en su rol de Presidente de la COP, empujando con más fuerza que nunca compromisos climáticos ambiciosos, que nos ayudarán a mantener el calentamiento del planeta bajo control, mientras cumplimos con los objetivos del Acuerdo de París. Las experiencias del último mes evidencian claramente que, ante las crisis, los cambios deben venir desde la gente, protegiendo y favoreciendo a los segmentos más vulnerables —entre ellos los más pobres y los pueblos indígenas y comunidades rurales que pueden también contribuir a las soluciones— y que son los que más han sufrido las injusticias sociales y ambientales. Los esfuerzos de Chile y del mundo para combatir la crisis climática deben asegurar una transición energética justa, participativa y respetuosa de los derechos humanos. Chile tiene hoy la oportunidad de hacer historia, incluyendo la protección ambiental y la justicia climática como pilares en la construcción de un futuro más limpio, más justo y en equidad. Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a esta señal de apoyo a la sociedad chilena. CONTACTO DE PRENSA: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107  

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Lecciones para avanzar hacia un mundo sin combustibles fósiles

Por Javier Dávalos y Florencia Ortúzar El reciente conflicto social en Ecuador, desatado por la suspensión abrupta de los subsidios al diésel y la gasolina, evidenció una necesidad cada vez más urgente ante la crisis climática mundial: la transición energética, pero una que tenga en cuenta a las personas. Las medidas orientadas a poner fin al apoyo que gobiernos otorgan a la producción y uso de los combustibles fósiles deben ser progresivas y consensuadas con la población. La extracción de carbón, petróleo y gas produce emisiones significativas de dióxido de carbono y metano, causantes del calentamiento del planeta. Además, la quema de estos combustibles para producir energía contribuye enormemente a la contaminación del aire, que mata a millones de personas cada año. No obstante, a nivel mundial, los gobiernos gastan entre 160 y 400 mil millones de dólares cada año en subsidiar a la industria de los fósiles, según información de ONU Medio Ambiente. Por el contrario, el apoyo financiero total a la energía renovable llega sólo a 121 mil millones. Si realmente queremos combatir la crisis climática y la contaminación del aire, esta situación debe cambiar. Entendiendo los subsidios Los incentivos públicos a productores y consumidores de carbón, petróleo y gas natural incluyen pagos a consumidores o empresas y deducciones impositivas. De ese modo, aunque los precios de los combustibles aumenten constantemente, los subsidios los mantienen bajos de manera artificial. En consecuencia, los costos del transporte y del comercio son contenidos y permanecen competitivos internacionalmente. Estos subsidios implican un gran peso para las economías nacionales, que se quedan sin recursos que bien podrían destinarse a sectores como salud y educación. El apoyo a la industria de los combustibles fósiles profundiza nuestra dependencia de ellos y nos ata a un sistema económico del que tenemos que salir si queremos resolver la crisis social y ambiental en la que estamos metidos. Es importante entender que esa dependencia es mucho más aguda para las personas y familias más vulnerables, para las que cada moneda cuenta e influye en su calidad de vida. Una transición energética justa Lo ocurrido en Ecuador nos dejó una lección valiosa: un resultado deseable no justifica necesariamente la forma de llevarlo a cabo. En ese país, los subsidios al diésel y la gasolina fueron eliminados por decreto, de manera unilateral y sin un diálogo nacional previo, afectando a los sectores más pobres de la población. Ello provocó un conflicto social intenso y violento que obligó al gobierno a retroceder en su medida, la cual nunca tuvo como meta el combate a la crisis climática (y menos una transición energética justa). Acciones de este tipo, que impliquen cambios importantes en las necesidades básicas de la población —como el combustible necesario para su transporte y todos los bienes de consumo—, deben estar acompañadas de medidas de protección para los sectores vulnerables que resultarán afectados. Ya no es tiempo de subsidiar los combustibles fósiles. Pero su eliminación no resultará de seguir una receta. Debe estar enmarcada en planes serios que busquen un verdadero tránsito hacia un modo de vida bajo en carbono. Debe ir acompañada de otras acciones como el fomento a las economías locales, la protección de ecosistemas que regulan naturalmente el clima, la mejora efectiva de los sistemas de trasporte público y la inversión en fuentes de energía renovable. Solo así caminaremos en la dirección correcta, la de la justicia climática. Un nuevo pacto social para afrontar la desigualdad De otro lado, las protestas ciudadanas en Chile únicamente confirman que los segmentos más olvidados de la población no van a seguir soportando el peso de la inequidad y que llegó la hora de cambiar el rumbo. La crisis chilena no tiene que ver directamente con el subsidio a los combustibles fósiles, pero sí con un problema de fondo en América Latina: la abismal desigualdad social que por demasiado tiempo se ha ido intensificando en la región. En Chile, el profundo descontento social —contenido por demasiado tiempo— estalló cuando, sin pensar en las consecuencias sociales, se elevó el precio del transporte público. Cuando se elevan los precios de bienes básicos, los más débiles siempre serán los más afectados. Por ello, esos cambios deben incorporar acciones que cierren las brechas sociales en lugar de agravarlas. Al igual que Ecuador, el caso de Chile nos está demostrando que más allá de medidas paliativas que afectan los bolsillos de los más pobres, es hora de apuntar más lejos, en busca de un nuevo pacto social. La crisis ambiental y social que estamos viviendo puede ser tomada como una oportunidad única para dar un giro y construir una sociedad más justa y feliz, terminando con las inequidades más graves que aquejan a nuestras sociedades.  

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Derechos Humanos

Declaración de Bogotá por la protección de las personas defensoras del ambiente

Como personas galardonadas con el Premio Ambiental Goldman y otros de 14 países, que estamos contribuyendo a la protección del ambiente y la lucha por la vida, hoy, reunidos en Bogotá con colegas de regiones y países de nuestro continente, manifestamos nuestra solidaridad con las personas y comunidades defensoras en Colombia y en toda América Latina y el Caribe, quienes hoy enfrentan el mayor nivel de riesgo por su labor de protección de la vida en el planeta. Por ello, hacemos un llamado a que los gobiernos, empresas, instituciones financieras, inversionistas y entidades activa y efectivamente protejan y respeten la vida y los derechos de las personas defensoras, las de sus familias y comunidades. Somos conscientes de las graves violaciones de derechos humanos, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en especial de las personas y comunidades locales e indígenas, afrodescendientes y campesinos, que enfrentamos en América Latina y en el mundo. Exigimos que pare la persecución y criminalización judicial a los y las hermanas que defienden la vida y la justicia y para quienes les han arrebatado su vida en esta lucha. Vemos con esperanza cómo nuestro trabajo inspira a muchos jóvenes y a todas las personas, cuya labor inspira también a muchas personas en el mundo. Estamos convencidos que juntos podemos abordar la crisis climática, a través del trabajo colaborativo, centrado en el diálogo de saberes y en el respeto por los derechos y diversas visiones del mundo. Convocamos a la humanidad a solidarizarse y a actuar de acuerdo con la inspiración del trabajo de las personas defensoras y a usar medios pacíficos, el arte y el amor maternal para seguir alcanzando la transformación que el planeta y la humanidad requieren para proteger a las personas y la vida. Instamos a Colombia a continuar impulsando el sueño de lograr la paz, entre los y las colombianas y la naturaleza. Pasar la página de la violencia es el camino a heredar a las próximas generaciones: una Colombia, una Latinoamérica, un Caribe y un mundo mejor.   Firman Sofía Gatica (Argentina) Premio Ambiental Goldman, 2012 Juan Pablo Orrego (Chile) Premio Ambiental Goldman, 1997 Berito Kuwaruwa (Colombia) Premios Goldman, 1998 Francia Márquez (Colombia) Premio Ambiental Goldman, 2018 Nohra Padilla (Colombia) Premio Ambiental Goldman, 2013 Humbero Ríos Labrada (Cuba) Premio Ambiental Goldman, 2010 Francisco Pineda (El Salvador) Premio Ambiental Goldman, 2011 Bertha Zuñiga Cáceres (Honduras) hija de Bertha Cáceres, Premio Ambiental Goldman, 2015 Jorge Varela (Honduras) Premio Ambiental Goldman, 1999 Jesús León Santos (México) Premio Ambiental Goldman, 2008 Elías Díaz Peña (Paraguay) Premio Ambiental Goldman, 2000 Oscar Rivas (Paraguay) Premio Ambiental Goldman, 2000 María Elena Foronda Farro (Perú) Premios Goldman, 2003 Evaristo Nugkuag (Perú) Premio Ambiental Goldman, 1991 Ruth Buendía (Perú), Premio Ambiental Goldman, 2014 Jean La Rose La Rose (Guyana) Premio Ambiental Goldman, 2012 Stiefen Petrust (Surinam) Eliana Torrico Tejada (Bolivia)   Danielle Duarte Gomes (Brasil)   Antonia Melo Da Silva (Brasil)   Liliana Ávila (Colombia)   Juana Hofman (Colombia)   Javier Ibarraga Ospina (Colombia)   Alix Mancilla (Colombia)   Blanca Inés Pérez (Colombia)   Rosa Peña (Colombia) Astrid Puentes Riaño (Colombia, México) Andrea Cerami (México)   Jorge García Lucas (Guatemala)   Severina Morales Pérez (Guatemala)   Joaquín Raymundo González (Guatemala)   Jovita Tzul (Guatemala)   Julián López (México)   Marcelina López (México)   Leydy Aracely Pech Martín (México)   Elena Villafuerte (México)   Liliana Caruhuaz (Perú)   Eddy Peña (Perú)   Katherine Sánchez (Perú)    

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¿Queremos resolver la crisis climática? Apostemos por el océano

Artículo publicado originalmente en Ojo al Clima   Hasta ahora, el océano ha figurado poco en las negociaciones sobre el clima de las Naciones Unidas. Sin tomarlo en cuenta, las soluciones a la crisis climática quedarían incompletas. Las sesiones anuales o Conferencias de las Partes (COP) del Convenio Marco de la ONU sobre el Cambio Climático han enfatizado la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para afrontar el problema, pero no han incluido un reconocimiento expreso al rol del océano y a su protección en el cumplimiento de esa meta global. Un océano saludable es un reservorio natural de carbono y su degradación implica la intensificación de la crisis climática. Sin su ayuda, no podremos evitar que el planeta se caliente a un nivel insostenible. Pero el océano está empezando a desmoronarse por factores de presión como la sobrepesca la contaminación, y a los que se añade la crisis climática. El más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) da cuenta que el océano sufre de sobrecalentamiento, acidificación y de pérdida de oxígeno, esencial para la vida bajo el mar. El informe reveló lo peor: la crisis climática es la crisis del océano. Sin embargo, aún tenemos ventanas de oportunidad para devolverle la salud al océano, mejorando su gobernanza y controlando la temperatura del planeta. Salud decadente El océano desempeña un papel clave en el mantenimiento de la vida en el planeta. Produce la mitad del oxígeno que respiramos, circula el agua dulce y genera nutrientes. De su buen estado depende el sustento de comunidades dedicadas a la pesca y el turismo. Y, en los últimos años, el océano ha sido un amortiguador. Interponiéndose entre nosotros y los peores efectos de la crisis climática, el océano ha absorbido un 93% del exceso de calor y 28% del dióxido de carbono presentes en la atmósfera, señalaron los expertos de la ONU. Pero esta protección natural le trae graves consecuencias. Al absorber e interactuar con agentes contaminantes, la tasa de aumento de temperatura del océano se ha más que duplicado desde finales del siglo XX, según el IPCC. La evidencia científica reciente no es una alerta más, sino quizás el último y más urgente llamado a proteger el océano mediante una acelerada acción climática. Actuar ya Una oportunidad para rescatar a este ecosistema está en los planes de cada país para reducir emisiones y contener el calentamiento del planeta a 1,5 grados centígrados (o lo más cerca posible de esa cifra). La vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a realizarse en Chile en diciembre, representa el plazo final para que los países presenten compromisos nuevos y más ambiciosos para 2020. Costa Rica, como sede de la reunión preparatoria de la COP25, ha decidido darle espacio a la naturaleza en la lucha climática. De hecho, el océano es uno de los temas que el gobierno ha decidido colocar en la agenda de la PreCOP, que tendrá lugar del 8 al 10 de octubre. Compromisos más fuertes para la reducción de emisiones librarán al océano de uno de los principales factores de presión que lo tienen al borde de colapso. Solución integral Pero esta no es la única acción que la comunidad internacional está tomando para salvar este ecosistema. Aún se está negociando un tratado sobre alta mar: áreas marinas fuera de la jurisdicción nacional. Juntas que concentran casi dos tercios del océano. Los países tienen de aquí al 2020 para lograr un tratado que proteja alta mar y con ello casi la mitad del planeta. De otro lado, los Estados Parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, también vinculante, negociarán nuevas metas para la protección de la biodiversidad en una reunión que se celebrará en 2020. La meta para la biodiversidad marina debería ser la protección de al menos un 30% del océano mediante áreas protegidas de manera efectiva y el manejo sostenible del 70% restante. Poner fin a la sobrepesca y a la contaminación en todas sus formas, así como prevenir una pérdida adicional de biodiversidad, ecosistemas y hábitats, son medidas esenciales que están a nuestro alcance. Pero urge una clase política que actúe en consecuencia y que proteja el océano. La próxima década es decisiva.  

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Empoderando a pescadores para proteger a los corales y a sus guardianes

Al recordar su niñez, Mario Smith piensa en la abundancia de peces, cangrejos y langostas que él y su padre solían encontrar al ir de pesca, una actividad que hoy está en decadencia en su isla. “Antes había tantas cosas y hoy tenemos prohibido pescar de todo por nuestra irresponsabilidad al cuidar nuestros recursos”, me dijo Mario, quien hoy es líder del Comité de Pescadores de San Luis, cuyos miembros trabajan en la Isla de San Andrés, Colombia. San Luis es un caserío ubicado en la costa este de San Andrés con playas de arena blanca y aguas tranquilas. Estuve en San Andrés en agosto para apoyar la divulgación de una resolución muy importante para la conservación de los ecosistemas de corales del Caribe colombiano. La norma prohíbe la captura y venta de varias especies de peces herbívoros y omnívoros que limpian a los corales de las algas que les quitan luz y espacio, apoyando así su sobrevivencia. La población de peces herbívoros, sobre todo en el Caribe, se ha reducido. Las comunidades que viven de la pesca han comenzado a cazarlos debido a la disminución de especies comerciales. La resolución fue emitida el 15 de julio por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), autoridad ambiental de esa región. Divulgar y socializar este tipo de normas en las comunidades locales es muy importante para que sus habitantes, entendiendo la importancia de estos peces para la salud de los arrecifes y para sus economías, apoyen las acciones orientadas a su conservación. Junto con el equipo de educación de CORALINA, visité varios comités de pescadores, además de colegios y restaurantes. Participé en una reunión del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental a la que también asistieron representantes del gobierno, la policía y de los sectores turístico y educativo. Fueron visitas muy enriquecedoras, llenas de preguntas y emociones. En cada una de ellas destaqué los beneficios de cuidar a nuestros corales y a los peces que los auxilian. Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Son hogar de más del 25% de nuestras especies marinas y protegen nuestras costas de huracanes, tormentas y otros eventos climáticos.  En el Colegio Cajasai, la participación activa de un estudiante me sorprendió. Me habló de su preocupación por la basura en sus playas y por la captura del pez loro, una de las especies más importantes de peces herbívoros. “Estoy muy preocupado por mis recursos y por eso hice una fundación para cuidar las playas que están cerca de mi casa”, me contó apasionado. Su empatía y sus ganas de luchar por sus playas y su mar me inspiraron. Los bellos paisajes de San Andrés y el interés de todas las personas con las que hablé me llenaron de satisfacción y de energía para seguir trabajando. Pero queda mucho por hacer. Nuestros recursos marinos están en peligro de desaparecer ante la crisis climática que atañe al mundo entero. Y la urgencia de hacer algo para evitarlo es cada vez más apremiante. Nuestros arrecifes de coral están entre los ecosistemas más amenazados por esta crisis, principalmente por el cambio en la acidez y temperatura de nuestros océanos. Además, acciones humanas como la contaminación y la sobrepesca están causando daños irreversibles en ellos.  Por ello AIDA seguirá apoyando los esfuerzos locales de conservación de especies marinas tan importantes como los peces herbívoros.    CONOCE MÁS  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Cumbre Climática de la ONU, sin Derechos Humanos

Columna publicada originalmente en La Silla Rota   La Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas del pasado 23 de septiembre fue un paso interesante hacia el futuro. Se anunciaron algunos compromisos ante la crisis climática. Pero hubo un aspecto clave ausente: la inclusión expresa, transversal y contundente de los derechos humanos. El encuentro global tenía como metas evitar el desarrollo de nuevos proyectos de carbón, alcanzar cero emisiones netas a 2050, acabar con los subsidios a los combustibles fósiles y hacer que quienes contaminen, paguen. Para ello, 19 Estados —apoyados por diversas organizaciones— trabajaron en coaliciones buscando alcanzar objetivos sobre mitigación, impulsores sociales y políticos, movilización juvenil y pública, transición energética, transición industrial, soluciones basadas en la naturaleza, adaptación y resiliencia, financiamiento climático y precio al carbón; e infraestructura, ciudades y acción local. Aunque hubo algunas reuniones previas con pueblos indígenas y algunas coaliciones reconocen que las soluciones no deben aumentar la desigualdad, sino ser justas e incluir la perspectiva de género, necesitábamos una referencia expresa a los derechos humanos. Ésta brilló por su ausencia. No es una necesidad menor. Basta con ver a quienes sufren primero y de peor manera los impactos de la emergencia climática: familias de Centroamérica que tras perder sus cultivos lo dejan todo para migrar a Estados Unidos, residentes de Bahamas, arrasada por el huracán Dorian, o quienes habitan la Amazonía, en parte destruida por las llamas. La crisis climática ya está afectando los derechos humanos y es su mayor amenaza, como incluso señaló Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Algunas medidas para abordar la urgencia climática la agravan, desconociendo además los derechos humanos. Es el caso de proyectos eólicos y grandes hidroeléctricas en Brasil, México, Colombia y Honduras, implementados sin consultar a comunidades locales, algunas indígenas. Por ello era fundamental que las y los líderes del mundo aprovecharan la Cumbre para incluir expresamente en sus compromisos el respeto a los derechos humanos, un reconocimiento que ya está en el Acuerdo de París. Eso no ocurrió. Pese a todo, la esperanza se alimenta con una toma de conciencia cada vez mayor, lo que incrementa la presión sobre gobiernos, empresas y otros sectores que pueden aportar más. Millones de estudiantes en todo el mundo están en huelga y dejando de ir al colegio los viernes. Las movilizaciones se han multiplicado al igual que quienes las apoyan. Una verdadera ambición hacia la justicia climática implica poner los derechos humanos en el centro de las soluciones, entre otras cosas porque los pueblos y comunidades tienen conocimientos tradicionales esenciales para preservar el planeta.   

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Organizaciones alertan ante la CIDH de impactos de la crisis climática en derechos humanos

15 organizaciones nacionales y regionales, de más de nueve países de América, comparecieron en una audiencia sobre los impactos que el cambio climático y las medidas para afrontarlo tienen en grupos en situación de vulnerabilidad. Washington D. C. En su 173º período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escucharon los argumentos de representantes de organizaciones nacionales y regionales sobre los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales. Las organizaciones destacaron que los impactos a los derechos humanos se producen en varias fases del ciclo del cambio climático: durante la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, en los efectos negativos de los eventos climáticos y en las soluciones que se plantean para paliar la crisis. Sostuvieron además que las desigualdades estructurales de América Latina y el Caribe pueden exacerbar los impactos en los grupos vulnerables que menos han contribuido a la crisis climática. En la audiencia, un líder indígena de la Amazonía peruana presentó casos que ejemplifican los impactos del cambio climático en diferentes países. Abordó temas como el acceso al agua, la participación de las empresas, así como los daños de la contaminación, el fracking, el extractivismo, la minería en ecosistemas sensibles y la deforestación. El panel de la audiencia fue presidido por cuatro comisionadas mujeres: la Presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño, Antonia Urrejola, Margarette May Macaulay y Soledad García-Muñoz. Un punto resaltado tanto por las organizaciones como por las comisionadas fue la importancia de exigir el cumplimiento de derechos humanos a empresas, en particular a las corporaciones internacionales, teniendo en cuenta el importante rol que juegan frente a la crisis climática. En ese sentido, se enfatizó el rol crucial del Sistema Interamericano en generar sus propios estándares en materia de empresas y derechos humanos, los cuales garanticen el acceso a información ambiental para evitar conflictos de interés en procesos de toma de decisiones públicas. Las comisionadas acogieron la solicitud de audiencia y reconocieron la necesidad de asumir la crisis climática con la urgencia y relevancia que las circunstancias lo ameritan. Manifestaron su voluntad de seguir, junto con la sociedad civil, desarrollando y profundizando los aspectos de la lucha contra la crisis climática. La solicitud de audiencia fue presentada por Fundación Pachamama (Ecuador), Dejusticia (Colombia), EarthRights International (regional), AIDA (regional), FUNDEPS (Argentina), FIMA (Chile), DPLF (regional), IDL (Peru), CELS (Argentina), Engajamundo (Brazil), AHCC (Honduras), Conectas (Brazil), FARN (Argentina), CEMDA (México), y La Ruta del Clima (Costa Rica). En el marco de la audiencia, las organizaciones pidieron que la Comisión inste a los Estados de la región a: Tomar acciones concretas y efectivas que pongan fin a las actividades que agravan la crisis climática y amenacen el disfrute efectivo de los derechos humanos, tales como la explotación de hidrocarburos, carbón, operación de plantas generadoras de energía a combustión, construcción de megaproyectos, como hidroeléctricas y carreteras. Promover modelos de transición energética que garanticen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, mujeres y comunidades rurales, asegurando su participación efectiva para que no se repitan los patrones de violencia generados por la política extractivista actual. Tomar medidas específicas para garantizar el acceso a la información relacionada con los impactos del cambio climático y de sus medidas de respuesta; asegurar la participación pública en la toma de decisiones en el contexto del combate al cambio climático; y proveer mecanismos accesibles y efectivos a la justicia en materia climática. Implementar la igualdad de género en el derecho a la información, participación política, el acceso a la justicia y toma de decisiones en los temas de adaptación y mitigación del cambio climático. Y a la Comisión le solicitaron: Incorporar en su mandato la crisis climática como un asunto prioritario que amenaza todos los derechos humanos y los ecosistemas, especialmente a través del litigio de casos, elaboración de informes temáticos, visitas in loco, y demás acciones de litigio, monitoreo y promoción de derechos humanos. Que impulse las peticiones y medidas cautelares relacionados con el cambio climático y sus medidas de respuesta, de manera que se asegure la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos vulnerables, teniendo en cuenta los estándares desarrollados por la Corte IDH en la OC 23. Que exija a los estados la protección y garantía de los derechos de defensores y defensoras ambientales y del territorio. Que exhorte a los estados a diseñar e implementar acciones climáticas más ambiciosas a través de las CDN de 2020, en armonía con sus obligaciones de derechos humanos. Para tal fin, la CIDH podría dar seguimiento al avance de dichas políticas y observar su concordancia con las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por los estados. Que enfatice la responsabilidad de las empresas y las instituciones financieras en respetar los derechos humanos en el contexto del cambio climático, utilizando los estándares más garantistas en materia de empresas y derechos humanos.   El video de la audiencia está disponible aquí. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107  

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