América Latina


Consejo de Derechos Humanos aborda la crisis del agua y la protección de las personas defensoras del ambiente

La 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es la primera que se celebra íntegramente en línea, debido a la pandemia de COVID-19. Comenzó en febrero y concluye el 23 de marzo. El formato virtual de esta sesión permitió que AIDA participara por primera vez del Consejo y que se uniera a las discusiones sobre dos de los temas que están en el centro de su trabajo en materia de derechos humanos: el derecho a un ambiente sano y la protección de las personas defensoras ambientales. El 3 de marzo, el Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, David Boyd, presentó al Consejo su informe “Derechos Humanos y la Crisis Global del Agua”, en el cual resalta los graves impactos que la contaminación del agua, su escasez y los desastres relacionados con ese recurso tienen en el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, al desarrollo y a un ambiente sano. Boyd enfatizó que el cambio climático es un multiplicador de riesgos, exacerbando los problemas de derechos humanos relacionados con el agua. El Relator Especial exhortó a los Estados a incorporar un enfoque basado en derechos tanto en sus estrategias climáticas como en sus planes en materia de agua. Finalmente, reiteró su llamado para que el Consejo de Derechos Humanos apoye la iniciativa de una resolución que reconozca el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. En el Diálogo Interactivo que siguió a la presentación de Boyd, Rosa Peña, abogada de AIDA, denunció los impactos negativos de las megarepresas, la minería de carbón y el fracking en los derechos humanos y en el acceso al agua en América Latina. Señaló que estos proyectos no sólo amenazan los derechos humanos de las comunidades locales, sino que también agravan la crisis climática. Llamó la atención del Relator Especial sobre las comunidades afectadas por la megarepresa Belo Monte en la Amazonía brasileña. Actualmente, la implementación del llamado hidrograma de consenso en el río Xingú amenaza la vida de las comunidades locales, contamina el agua, seca el río y provoca inseguridad alimentaria y una pérdida grave de biodiversidad. El 4 de marzo, fue la Relatora Especial sobre la situación de los/las defensores/as de derechos humanos, May Lawlor, quien entabló un Diálogo Interactivo sobre la “Advertencia Final: amenazas de muerte y asesinatos de defensores/as de derechos humanos”. Lawlor concluyó que la falta de voluntad política es una de las razones por la que varios Estados incumplen su obligación moral y legal de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, por lo que pidió medidas más efectivas para frenar las amenazas contra ellas. En representación de AIDA, Marcella Ribeiro, abogada de AIDA, resaltó que América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden los derechos humanos ambientales e instó a los Estados a protegerlas de manera efectiva. Ella puso el foco en la situación de las personas defensoras del ambiente en Brasil, Guatemala y Colombia, países donde la invasión de tierras indígenas, las megarepresas y el fracking están relacionados estrechamente con el aumento de la violencia contra las y los defensores. Concluyó su intervención recordando a los Estados que la protección de las personas defensoras del ambiente debe promover el reconocimiento del derecho a un ambiente sano y brindar garantías para que todas las personas sean libres de ejercer su derecho a defender los derechos humanos. Vea los videos completos de los aportes de AIDA en los Diálogos Interactivos (en inglés):      

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Hidrogeología de salares altoandinos

En este seminario virtual, hablamos del ciclo del agua superficial y subterránea en los salares altoandinos; de sus características, antecedentes de investigación y de las posibles afectaciones de prácticas como la minería de litio. PanelistasMariana Cervetto, hidrogeóloga chilena con amplia experiencia en la caracterización de estos ambientes, en declaraciones y evaluaciones ambientales y en proyectos comunitarios.Elena Rivera, fundadora de la Comunidad Indígena Colla en Copiapó y presidenta del Consejo Nacional del Pueblo Colla.Moderó: Andrés Ángel, asesor científico de AIDA. Grabación 

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Ciencia ciudadana, derechos humanos y calidad del aire: Experiencias internacionales de monitoreo e incidencia

En este seminario web, el último de una serie de tres, se dio a conocer distintas iniciativas para mejorar la calidad del aire en América Latina.El objetivo fue compartir experiencias ciudadanas, retos comunes y lecciones aprendidas sobre redes de monitoreo de bajo costo, implementadas como sistemas complementarios a estaciones de monitoreo oficiales, y acerca de procesos de incidencia en temas de calidad del aire ante gobiernos locales de países de la región. PanelistasRudy Gabriel Sicha, Universidad de La Molina (Perú).Soledad Represa, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina).Stephan Brodziak, Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA, México).Julián Gomez Tibaquira, Mesa Técnica Ciudadana por la Calidad del Aire de Bogotá (MECAB, Colombia).Isis Diniz, Instituto de Energía y Medio Ambiente (IEMA, Brasil).Moderó: Daniela García, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación 

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Estudios de Impacto Ambiental (EIA): Buenas prácticas globales y su inclusión en América Latina

En este seminario web, el segundo de una serie de tres, se presentó y discutió el informe Buenas Prácticas a Nivel Mundial para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA): Una guía para las políticas públicas en América Latina y el Caribe.El informe fue elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) con el objetivo de ampliar el alcance de lo que se puede lograr con las evaluaciones ambientales, esbozar su potencial en el largo plazo y contribuir a mejorar la protección ambiental en la región. PanelistasAstrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de AIDA.Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Cambio Climático de AIDA.Carol Mora, Directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Cambio Climático de AIDA: 3. Presentación de Carol Mora, Directora de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA: Más informaciónLee y descarga el informe Buenas Prácticas a Nivel Mundial para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA): Una guía para las políticas públicas en América Latina y el Caribe. 

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Ciencia ciudadana, derechos humanos y calidad del aire: Demandando justicia

En este seminario, el segundo de una serie de tres, se expusieron los retos que implica probar ante los tribunales la violación de derechos humanos a causa de la contaminación atmosférica.En ese sentido, expertos y expertas en el tema discutieron la relación entre datos de calidad del aire, pruebas judiciales y protección de los derechos humanos. Además, a partir de casos específicos que han llegado a demandas judiciales en países de América Latina, se habló de lecciones aprendidas en la búsqueda de justicia ambiental ante la contaminación del aire. PanelistasValeria Berros, Universidad Nacional del Litoral (Argentina).Mario Peña, Universidad de Costa Rica.Gisselle García, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).Laura Santacoloma, Dejusticia (Colombia).Moderó: Mauricio Madrigal, Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP), Universidad de los Andes (Colombia). Grabación 

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Serie de seminarios web "Minería de oro en la cuenca andino-amazónica"

La minería de oro en la cuenca andino-amazónica es un problema complejo y en expansión. Aunque ha habido esfuerzos muy importantes para lidiar con ella, su gravedad hace que todavía quede espacio para una mayor articulación de esfuerzos.Se necesita más trabajo colectivo, traducido en acciones internacionales coordinadas entre Estados y organizaciones de la sociedad civil.Pese a que los desafíos de la minería en esta zona parecen abrumadores, existen medidas necesarias y posibles de implementar.Hay temas que inciden profundamente en la situación actual de la minería aurífera, que no se abordan de forma suficiente y coordinada. Para atender y resolver el problema, es importante profundizar en la identificación de tendencias, brechas regulatorias y de información, lecciones aprendidas, oportunidades de incidencia y opciones de articulación.Con el fin de aportar a las soluciones, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) organizó el “Seminario taller sobre minería de oro en la cuenca andino-amazónica”. Este encuentro tuve el objetivo de fomentar la colaboración y el intercambio de información entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y nacionales e instituciones de investigación que trabajan en Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil para prevenir, mitigar y/o remediar los impactos de la minería de oro en la cuenca andino-amazónica.AgendaMartes 26 de enero: Influencia de las infraestructuras en la expansión del extractivismo en el Amazonas. Mercedes Lu, Asesora Técnica Ambiental, ELAW- Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental). Jueves 28 de enero: Impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas.Gregorio Mirabal, Coordinador General, COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica).Lunes 1 de febrero: Comunicación estratégica y narrativas sobre la minería de oro en el Amazonas.Miriam Jemio, comunicadora; periodista ambiental y de investigación.Bram Ebus, periodista de investigación y criminólogo.Miércoles 3 de febrero: Estrategias de judicialización de la minería criminal de oro en el Amazonas.Carlos Guillermo Castro, profesor de derecho penal, Universidad del Rosario; exintegrante de la Comisión Asesora de Política Criminal en Colombia. Grabaciones1. Influencia de las infraestructuras en la expansión del extractivismo en el Amazonas: 2. Impactos de la minería de oro en las comunidades indígenas del Amazonas: 3. Comunicación estratégica y narrativas sobre la minería de oro en el Amazonas: 4. Estrategias de judicialización de la minería criminal de oro en el Amazonas: Más información Ver los seminarios introductoriosNuestra introducción al tema incluye trés charlas sobre: Aspectos generales, impactos y perspectiva de las comunidades;  La circulación del mercurio en el ambiente; y ¿A dónde va el oro? El flujo de oro en los mercados.​  ​Ver nuestros Recursos para el estudio del extractivismoA fin de ayudar a organizaciones e individuos a obtener información acerca de la minería, AIDA ha creado una página de fuentes de información sobre el tema. Para ello, hemos reunido y sintetizado una lista de referencias y recursos que pueden ser útiles para quienes busquen conocer más acerca de la industria minera y de sus impactos ambientales, económicos y sociales. 

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Océanos, Minería

Lo que debes saber de la minería en el fondo del océano

La minería oceánica consiste en el aprovechamiento de depósitos minerales ubicados más allá de los 200 m. de profundidad en el océano. Si bien el interés por desarrollarla se remonta a 1960, las ideas iniciales nunca se llevaron a cabo por factores como los bajos precios de los metales, el acceso relativamente fácil a materias primas en los países del Sur Global, múltiples dificultades técnicas e incertidumbre jurídica. En los fondos oceánicos, existen principalmente tres tipos de recursos de gran interés económico: nódulos polimetálicos; costras ferromagnesianas y depósitos masivos de sulfuros, generados por las fumarolas hidrotermales. Actualmente, el interés por estos recursos ha retomado fuerza debido a cambios geopolíticos y a una mayor demanda desde el sector de las energías renovables no convencionales. Al momento, se han confirmado 30 contratos de exploración minera ubicados en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico que involucran a 21 contratistas de todo el mundo entre empresas, autoridades gubernamentales e institutos de ciencia y tecnología. Desafortunadamente, sabemos muy poco de los ecosistemas en los fondos oceánicos y de los impactos reales de este tipo de minería. Algunos científicos consideran que la recuperación del hábitat tomaría de décadas a siglos y que, en algunos casos, los daños podrían ser irreversibles debido a que ciertos entornos son únicos. Impactos socioecológicos Aunque la minería oceánica podría estimular la economía, es preciso enfatizar los impactos sociales que implica, sobre todo para las comunidades locales más necesitadas, las cuales dependen de los recursos naturales para su subsistencia. En ese ámbito, la minería oceánica ha sido asociada con dilemas como la intromisión extranjera, la disrupción cultural, la distribución desigual de riquezas, la pérdida de acceso a zonas naturales de caza y alteraciones en la distribución y migración de especies, lo cual generaría variaciones en la cantidad y calidad de la pesca. Entre los impactos ecológicos está el aumento de material particulado en la columna de agua, la mortalidad de organismos, la destrucción de hábitats, riesgos sobre bacterias y virus desconocidos en los océanos o especies invasoras que lleguen a través de los equipos de extracción, y riesgos de derrames accidentales originados por los insumos empleados, entre otros. También preocupa la gestión ambiental de esta actividad. El organismo encargado de regular la minería oceánica es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés), fundada en 1994 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La ISA tiene jurisdicción sobre el fondo y subsuelo marino en aguas internacionales. Actualmente, elabora una propuesta de reglamento para la explotación minera oceánica que ha recibido múltiples cuestionamientos. La Coalición para la Conservación de las Profundidades Oceánicas, una alianza de más de 80 organizaciones que opera desde 2004 y cuyo objetivo es la protección de las profundidades marinas, cuestionó que la propuesta establezca que la forma de vigilancia ambiental dependa de la ISA o de los contratistas. Ya en 2018, la coalición comentó que una revisión y asesoramiento científico independientes son clave para todos los documentos ambientales, especialmente para las Evaluaciones de Impacto Ambiental y los Planes de Vigilancia y Ordenación del Medio Ambiente. Es pertinente mencionar que además de regular la explotación minera en aguas internacionales, la ISA es responsable de asegurar la protección ecológica de los océanos ante los potenciales efectos nocivos de actividades desarrolladas o relacionadas con los fondos marinos. El hecho de que el monitoreo ambiental sea ejecutado por los propios involucrados supone el riesgo de problemas ambientales por conflictos de interés. Mirando a futuro Los fondos oceánicos son las áreas habitables más grandes de nuestro planeta. Allí existen ecosistemas de espléndida belleza de los cuales no conocemos prácticamente nada y que podrían sufrir daños irreversibles por proyectos de minería oceánica, según han advertido científicos y conservacionistas a nivel global. Los océanos sanos desempeñan una función integral en la regulación global del clima, y son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y los medios de vida de millones de personas en todo el mundo. Además, el desconocimiento significativo sobre el funcionamiento de las profundidades oceánicas dificulta todo intento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y proyecciones a futuro. De hecho, en casi cada nueva inmersión, nuevas especies son descubiertas. Y aún queda mucho por aprender sobre la relación entre los fondos oceánicos y la crisis climática, la acidificación de las aguas y las presiones que ejercen las actividades antropogénicas (de origen humano). Sin un conocimiento adecuado de las especies, los ecosistemas, los procesos ecológicos y sus conexiones, las EIA no pueden ser efectivos. El concepto de patrimonio común de la humanidad debería ser central en cualquier propuesta y sería prudente adoptar medidas de protección legal como el Principio de Precaución, así como acciones previas de exploración e investigación. Por tanto, la ISA tiene por delante una inmensa responsabilidad ante el planeta y la humanidad. Por el bien de un futuro sustentable y del legado natural de las próximas generaciones, esa autoridad debe garantizar la protección adecuada de los océanos y, en caso de finalmente permitirse la minería oceánica en alta mar, prestar mucha atención a las medidas de prevención y mitigación utilizando un enfoque precautorio y adaptativo, en colaboración con otros organismos internacionales.  

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Estudios de impacto ambiental (EIA): Experiencias y retos en América Latina

En este seminario web, el primero de una serie de tres, se explicó en detalle qué son los estudios de impacto ambiental (EIA) y cuáles son sus principales retos en la práctica en América Latina.Expertos y expertas brindaron una visión teórica y práctica del tema en torno a experiencias específicas para reflexionar sobre la situación actual de los EIA en la región. El objetivo fue contribuir al fortalecimiento de las normas sociales y ambientales para evitar daños por la implementación de proyectos energéticos y de infraestructura. PanelistasMaría Bautista, Mujer Maya chuj y representante de la microreegión de Ixquisis, Guatemala, como defensora de los derechos humanos y el territorio.Fernando Martínez, PhD, docente e investigador, Facultad de Ciencias Humanas e Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), Universidad Nacional de Colombia.Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos, ONG FIMA (Chile).Moderó: Andrés Ángel, Asesor Científico, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Presentaciones1. Presentación introductoria: 2. Presentación de Fernando Martínez, PhD, docente e investigador: 3. Presentación de Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de la ONG FIMA: 

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Siete avances de AIDA en 2020

Termina un año como ningún otro. Esta nueva realidad hace que cada victoria y logro diario, por pequeño que sea, tengan un sabor más reconfortante. Por eso, estamos orgullosos de decir que en 2020 hubo avances importantes en nuestro trabajo por un ambiente sano y justicia climática en América Latina. 1. Salvaguardando alta mar A nivel mundial, más del 99% de alta mar —aguas fuera de la jurisdicción nacional— está desprotegido. Para remediarlo, durante el último año, hemos liderado la representación de América Latina en la High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar). Hemos colaborado con gobiernos para negociar un ambicioso tratado en el marco de Naciones Unidas para proteger estas aguas y a especies migratorias clave de tiburones, ballenas, tortugas y atunes. Alta mar es esencial para la salud del océano en el largo plazo y como sumidero de carbono que ayuda a mitigar la crisis climática. 2. Incidiendo para la desinversión en la Amazonía Por casi una década, hemos trabajado para detener la represa Belo Monte, que ha desplazado a miles de indígenas y acabado con cientos de especies únicas. Este año, nuestro testimonio contribuyó a que el Fondo Global de Pensiones de Noruega, el mayor fondo estatal del mundo, excluya de su cartera de inversiones a Eletrobras, uno de los principales financiadores de la represa, debido a las violaciones de derechos ambientales y daños ambientales causados por el proyecto. Es un paso importante en la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas. 3. Defendiendo a los páramos de la minería Continuamos protegiendo de la minería a páramos en Colombia y Ecuador. Estos bosques y humedales biodiversos, situados a gran altitud, son sumideros de carbono clave que además abastecen de agua fresca a millones de personas y son hábitat de especies amenazadas. Nuestro equipo aportó conocimientos legales y técnicos. En el caso de Santurbán, en Colombia, ayudamos a construir capacidades entre los abogados locales que ahora lideran la demanda judicial para proteger este páramo. 4. Protegiendo a personas defensoras del ambiente América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden el ambiente. Este año, AIDA reunió a más de 70 prominentes defensores y defensoras ambientales de 14 países del continente para compartir información actualizada sobre riesgos y estrategias efectivas de defensa. Los y las participantes discutieron en torno a sus retos, identificaron vacíos de conocimiento y desarrollaron nuevos enfoques para protegerse y proteger sus territorios. 5. Frenando el desarrollo energético extractivo Nuestra pericia legal y técnica ha sido fundamental para detener la expansión de los combustibles fósiles. En Colombia, continuamos con el litigio para mantener la moratoria judicial al fracking y ayudamos a impedir una mayor expansión de la minería de carbón. Apoyamos a comunidades afectadas por plantas eléctricas a carbón en Chile y lideramos los esfuerzos para que instituciones financieras internacionales rindan cuentas por financiar proyectos hidroeléctricos dañinos en Colombia y Guatemala. Este trabajo es esencial para promover una transición justa hacia una energía realmente limpia. 6. Preservando la biodiversidad marina en la Patagonia La región de Magallanes, en Chile, es hogar de algunas de las ballenas y delfines más grandes, así como una de las zonas más prístinas de nuestro planeta. La mayor amenaza ambiental para esta región es la producción industrial de salmón. Con base en nuestro trabajo previo, usamos la ley para detener el cultivo de salmón y evidenciar los daños que esa industria causa. Nuestro trabajo logró cerrar una granja de salmón y sentó un precedente para el cierre de otras siete, las cuales están bajo revisión en tribunales chilenos. 7. Fortaleciendo la gestión de tierras indígenas en Colombia En coalición con cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, continuamos protegiendo sus tierras de la minería ilegal. Frente a cientos de proyectos propuestos, ayudamos a implementar estrategias legales para demandar un nuevo plan de manejo territorial que reconozca la autoridad tradicional de los indígenas. También ayudamos a fortalecer las capacidades de las comunidades mediante talleres sobre protección ambiental.  

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A cinco años del Acuerdo de París, la justicia climática es más urgente que nunca

Columna publicada originalmente en Animal Político   El 12 de diciembre de 2015 se concertó el Acuerdo de París. A cinco años, su importancia y en especial su cumplimiento efectivo son más evidentes que nunca. Uno de los avances más importantes del acuerdo fue reiterar que los Estados deben «respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y rurales, los migrantes, los niños y las niñas, las personas en condición de discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la equidad intergeneracional». Ese aspecto es uno de los grandes pendientes, y también de las grandes oportunidades, del Acuerdo de París. En 2015, tuve el privilegio de participar en la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la cual se aprobó el acuerdo. Gracias a la transmisión en vivo, vi el último martillazo de esta histórica cumbre en mi teléfono mientras iba en tren al aeropuerto. Cambié los abrazos de celebración con docenas de colegas por llegar un día antes a celebrar con mi familia. Valió la pena. Al fin de cuentas, mi contribución había terminado unas horas antes. En los cinco años anteriores y con total intensidad durante la Cumbre, revisé borradores, hablé con misiones y colegas sobre lo esencial de incluir los derechos humanos en el acuerdo climático. Mi prioridad —compartida por colegas de organizaciones, representantes de algunos gobiernos y entidades internacionales— era asegurar un acuerdo sólido, incluyendo la obligación de considerar y respetar derechos humanos. Para algunas personas, esto era inoficioso e incluso inadecuado pues veían la crisis climática como un asunto meramente técnico. Los asuntos de derechos humanos son de otro ámbito, me dijeron algunas delegaciones.  Insistimos en el punto hasta que lo logramos, no por terquedad (aunque quizás hubo algo de eso), sino porque en esencia la crisis climática nos afecta a todos y todas, a nuestros derechos. Por ello es vital incluir la cara humana, que los derechos humanos estén en el centro de las acciones por el clima. De lo contrario, estarán incompletas. Así lo evidencia la realidad de la crisis climática, traducida por ejemplo en los daños a millones de personas y comunidades por los huracanes y tormentas que en los últimos meses arrasaron áreas costeras en Nicaragua, Guatemala, México y a lo largo del Caribe; las inundaciones en el Sur de Asia; las sequías en el norte de México; y los incendios devastadores en la Amazonía, California y Australia. Las personas y comunidades en mayor situación de vulnerabilidad y quienes menos han contribuido a la crisis, sufren desproporcionadamente los daños. Por ello es posible—y necesario— encontrar un balance a esta desproporción mediante un abordaje de derechos humanos. Es necesario de lograr que Estados, empresas e incluso algunos sectores de la población, se hagan responsables. Responsabilidad con sentido de equidad, que es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos. De hecho, el informe de Naciones Unidas sobre la brecha en las emisiones de 2020 concluye que «la equidad es un pilar fundamental para abordar los modos de vida (pues) las emisiones del 1% más rico de la población mundial equivalen a más del doble de la suma de las emisiones del 50% más pobre». Comunidades, movimientos y pueblos alrededor del mundo han demandado —incluso judicialmente — una acción climática efectiva que respete sus derechos. Ello ha sido reiterado por Naciones Unidas. Pero la acción climática aún es considerada mayormente una cuestión de cifras, toneladas de emisiones a reducir y hectáreas a conservar. Las personas y comunidades, pese a ser quienes viven las consecuencias, permanecen en la periferia de esta acción. Asegurar una verdadera perspectiva de derechos humanos ayudaría a elevar la ambición y el nivel de obligaciones y resultados. También permitiría considerar los impactos de forma integral y, como concluyó el IPCC, tener en cuenta el conocimiento ancestral y la justicia social, elementos centrales para dar con soluciones afectivas. Allí recae la oportunidad que se está perdiendo.   La comunidad científica confirma hoy la ampliación de la brecha entre la situación actual y dónde deberíamos estar en la reducción de emisiones. Según el reciente informe sobre la brecha global de emisiones, estas se redujeron en el último año debido a la suspensión de actividades por la pandemia, mientras que en el año anterior continuaron aumentando. De hecho y pese a la pandemia, vinculada también con degradación ambiental, países de América Latina y el Caribe, como en otras regiones, continúan apostando en su mayoría a los combustibles fósiles, incluso para la recuperación económica tras la crisis sanitaria. Esa tendencia ignora lo dispuesto en el Acuerdo de París sobre la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos, un elemento incluido allí para cumplirse; y una herramienta fundamental para que los Estados aumenten su ambición y avancen hacia las soluciones hasta hoy esquivas. El quinquenio de este acuerdo es un buen momento para recordarlo y exigir que se cumpla. De no hacerlo, las comunidades y personas en mayor situación de vulnerabilidad continuarán sufriendo aún más las consecuencias, y las desigualdades globales seguirán profundizándose. Pero también aumentarán las acciones judiciales y reclamos para alcanzar una solución que el propio acuerdo incorporó. Un elemento de liderazgo sería poner a las personas y comunidades al centro de la acción climática. A ello me refiero cuando hablo de justicia climática, una gran oportunidad que muchas personas continuaremos promoviendo.  

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