América Latina


Recordando a Robert Moran

Compartimos con honda tristeza la noticia del fallecimiento del Dr. Robert E. Moran, un destacado hidrogeólogo que apoyó enormemente la promoción de la protección ambiental a nivel mundial y que fue un aliado comprometido para AIDA. Él murió el 15 de mayo pasado en un accidente automovilístico mientras estaba de vacaciones en Irlanda. Con más de 45 años de experiencia en monitoreo de calidad del agua y en geoquímica e hidrología, el Dr. Moran hizo un aporte invaluable a la lucha global por agua limpia y una minería responsable. Su trabajo como experto en los impactos ambientales de la minería lo llevó a colaborar con una amplia gama de actores, desde organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas, hasta miembros del gobierno y del sector privado. Fue un científico admirable y un férreo defensor de los derechos ambientales. Algunos de los proyectos recientes del Dr. Moran en América Latina incluyeron: una evaluación técnica en la mina de oro Veladero, en Argentina, tras un derrame de cianuro; asistencia y capacitación a funcionarios del Gobierno colombiano sobre inspección de minas de carbón y monitoreo de calidad del agua; e informes de evaluación de las declaraciones de impacto ambiental del proyecto Minero Progreso Derivada II en La Puya, Guatemala. El Dr. Moran también realizó evaluaciones de actividades mineras y de sus impactos en Bolivia, Colombia, Honduras y Perú, así como en África, Europa, Asia Central, Oriente Medio y Estados Unidos. Dedicó su vida a ayudar a otros a entender y evaluar mejor los verdaderos costos de las operaciones mineras. Muchos en el movimiento ambiental y personas de todas partes que lo tuvieron en su vida, extrañarán de sobremanera al Dr. Moran. En AIDA le honramos y agradecemos por su magnífico trabajo en la defensa de nuestro planeta.

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Amor por mi hija y por el planeta

Antes de decidir ser mamá, escuché mil veces la pregunta: ¿Es buena idea traer más seres humanos al mundo? Yo también me la hice. Atendiendo únicamente a la razón, la respuesta casi obvia es no.  Las noticias nos muestran que vivimos en un planeta sobrepoblado, con falta de agua y cifras alarmantes de degradación ambiental, extinción de especies y contaminación. A ello se suman otro tipo de problemas y los que se acumulen en los próximos años. Ser mamá es difícil y ser ambientalista al mismo tiempo, aún más. Porque ser ambientalista equivale a luchar contra el monstruo de mil cabezas: un problema se resuelve y surgen otros 10. Implica recibir información a diario sobre la situación del planeta, las amenazas, las batallas perdidas, las personas y especies que sufren. Ante ello, es imposible hacer oídos sordos y no tratar de tomar las decisiones más correctas para nuestros hijos. La ignorancia deja de ser la excusa detrás de nuestras accciones. “¿Qué mundo queremos dejarles a nuestros hijos?”, hemos escuchado siempre. Esa cuestión me parece obsoleta. Ahora se trata de saber en qué planeta viven ya nuestros hijos. Actualmente nos enfrentamos a un sin fin de factores a considerar antes de decidir algo tan sencillo como qué darles de comer. No basta con buscar una nutrición adecuada, un buen equilibrio de proteínas, vitaminas y minerales. Hoy, si tenemos un mínimo de información ambiental, es preciso saber si los alimentos a consumir son libres de pesticidas, no transgénicos, elaborados con ingredientes naturales…, la lista es interminable. Tratándose de esparcimiento, aprendizaje y libertad, en México —donde vivo— muy pocos niños y niñas tienen el privilegio de jugar en un río, un bosque, una playa, una montaña o simplemente en un parque con áreas verdes. Al margen de cuidarlos de problemáticas como la violencia y la trata de personas, las mamás debemos prevenir que nuestros hijos se expongan a niveles altos de contaminación en el aire. Pero entonces, si el mundo está tan mal, ¿por qué siguen naciendo más y más niños y niñas? Al parecer, los seres humanos no hemos apelado a la razón y a la ciencia que nos dicen que, a este ritmo, no habrá planeta que nos alcance. Dicen que las ranas no se reproducen a menos que sepan que habrá lluvia, pues de no haberla, el sustento de su descendencia peligra. En el mundo animal, son incontables las especies que regulan su reproducción con base en su estrecha relación con la naturaleza, y si las condiciones no son propicias, la reproducción no ocurre.  ¿Será entonces que el ser humano es la única especie que se reproduce a toda costa, sin importar las amenazas a su ambiente? ¿Será quizás que nos hemos recluido tanto en las ciudades, los supermercados y las computadoras, que ya perdimos toda conexión con nuestro entorno natural?  ¿O será más bien que nuestro instinto sabe algo que nuestra mente no? Entre lo que nos diferencia de otras especies está nuestra conciencia y la capacidad de autoreconocimiento y de ver más allá de nuestra propia supervivencia para buscar el arte, el amor, la realización del ser, la empatía, etc. Yo encuentro esa realización en ayudar a marcar la diferencia. Trabajo con las y los abogados de AIDA, que dedican sus habilidades, tiempo y compromiso a salvar un río, defender los derechos humanos, proteger bosques y selvas, evitar desastres ecológicos, darle sentido a la muerte de defensores y defensoras ambientales, resarcir daños a comunidades vulnerables y darle una voz a los más desprotegidos.  Es cierto que cada día escucho noticias terribles para el ambiente. Pero también constato lo que las noticias rara vez registran, y que cambian totalmente mi visión del futuro. Veo una cantidad enorme de personas preparadas, comprometidas, preocupadas y ocupadas en construir un mundo mejor. Son madres, padres, jóvenes, estudiantes, voluntarios y toda clase de seres humanos dispuestos a hacer lo necesario para ayudar a otros. Veo sobre todo una masa crítica de gente con fe en que podemos cambiar de rumbo, generar energías alternativas, mitigar los impactos, resarcir los daños, empoderar a los vulnerables, combatir la xenofobia y la codicia, y encontrar e implementar nuevos hábitos de consumo y formas más democráticas de hacer negocios.  Tengo el privilegio de trabajar en AIDA con gente de diferentes contextos culturales, sociales y académicos que se niegan a dar por perdida la lucha por la humanidad y a soltarse de la conexión divina con la tierra que nos da sustento. Son todos ellos y ellas los que me hacen pensar que tener hijos hoy en día no sólo es factible, sino deseable, siempre y cuando estemos dispuestos a inculcarles la generosidad, la compasión y el respeto hacia ellos mismos, hacia los demás, pero también hacia los animales, los árboles, los ríos y todo  a su alrededor. Muchas veces me cuestiono si lo conseguiremos. Me cuestiono si mi pequeña hija de cinco años llegará a ser adulta en un mundo donde el agua y el aire limpios sean un derecho que se da por sentado, o si serán bienes mercantiles por los que tenga que luchar, pues estarán al alcance de unos cuantos.  Aunque nunca me cuestioné si hice bien al traer a mi hija al mundo, me parece relevante volver a la pregunta general de si es buena idea traer más seres humanos a este mundo.   Veo cada mañana los ojos brillantes de mi hija, sus manitas inquietas, sus piernas bailarinas, su curiosidad incansable, su sonrisa, sus abrazos, su generosidad y compasión innatas; y mi respuesta es mil veces SÍ. Escucho su risa capaz de revivir las flores, la ternura con la que trata a los seres vivos y veo en ella un potencial enorme de contribuir a que la balanza se incline hacia un mejor futuro. Mi respuesta entonces sigue y seguirá siendo SÍ. AIDA es una organización internacional sin fines de lucro que usa la ley para proteger el ambiente en el continente americano. 

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En Mocoa, Colombia, un megadeslizamiento arrastró masas de agua, tierra y lodo, sepultando barrios completos.

Respetar la naturaleza: ella manda

(Columna publicada originalmente en El País) Combatir el cambio climático requiere planificar políticas públicas y de desarrollo. En las últimas semanas graves deslizamientos han ocurrido en Perú y en Mocoa y Manizales (Colombia). Estos hechos, juntos, han dejado más de 500 personas fallecidas, docenas desaparecidas y más de 100.000 afectadas. Esas tragedias, y otras similares en toda América Latina y el Caribe, tienen algunas cosas en común. Ocurrieron en ciudades y regiones con tasas muy altas de deforestación y cambio de uso del suelo, y en las que se evidenció una deficiente planificación y regulación. Fueron, además, desastres anunciados. Una vez más es claro que cuidar los bosques y las orillas de los ríos, y evitar la deforestación y la erosión, es vital. Son tiempos de cambio climático por lo cual intensas lluvias, sequías, incendios y huracanes serán cada vez más frecuentes e intensos. En Mocoa (Colombia) la noche de la tragedia cayó el volumen de agua equivalente al de 10 días en condiciones normales. Es esencial tomar en serio la protección ambiental y la explotación planificada y sensata de los recursos naturales. Sin embargo, sigue habiendo en las Américas una tendencia extractivista sin adecuado control. La naturaleza se toma en cuenta, sobre todo ante las tragedias, cuando ésta reitera quién manda. La naturaleza, bien cuidada, puede ayudar a salvar vidas. En Mocoa, un bosque ayudó a salvaguardar un área del desastre. Pese a ello, la protección ambiental es vista equivocadamente por algunos como un lujo o incluso como exigencia de personas extremistas. Mientras tanto, año tras año, cientos de personas en América Latina y el Caribe –sobre todo niñas, niños y otras en situación de vulnerabilidad– mueren por sucesos vinculados con sequías o inundaciones, particularmente en los rincones más empobrecidos. En contraste, en los últimos años los Gobiernos del continente han venido debilitando políticas y normas ambientales para promover actividades extractivas más intensas, en nombre del desarrollo. Ya es hora de incorporar con seriedad el medio ambiente en las políticas públicas y en el desarrollo. Pero la tendencia es otra. Incluso personas, movimientos, alcaldes y demás autoridades que buscan proteger el ambiente y el agua de actividades como la minería, son criticados e incluso criminalizados y atacados. Es el caso de Cajamarca (Colombia). Allí, recientemente el 98% de la población decidió, en consulta popular, rechazar un proyecto minero a cielo abierto y proteger sus recursos naturales. La decisión ha desatado una polémica nacional. Se cuestiona si el resultado es obligatorio, aunque la legislación colombiana establece claramente que “la decisión del pueblo es obligatoria”. Sin ahondar en las particularidades jurídicas, lo esencial es el mensaje de fondo: priorizar la protección del agua y el ambiente. A través del voto popular, Cajamarca recordó a sus gobernantes esta prioridad. Varias poblaciones de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Perú y El Salvador, entre otros, han votado de la misma manera. Implementar algunas actividades extractivas es necesario para la sociedad actual, pero ello no implica que deban implementarse todas, a cualquier costo y en cualquier lugar. Debe haber un buen balance, además de explorarse opciones de desarrollo más allá de las extractivas. Dos países en América Latina han demostrado que es posible. Costa Rica prohibió en 2011 por ley la minería metálica a cielo abierto. A finales de marzo, el Congreso de El Salvador hizo lo mismo. El cambio es viable, existen alternativas cuando se evalúan integralmente los costos y beneficios y se entiende que proteger el medio ambiente es ganancia. El Salvador, después de Haití, es el país con mayores índices de deforestación y de degradación ambiental, lo cual ocasiona, entre otros, escasez de agua. Por ello la prohibición de minería metálica. Esto no fue un favor a los ambientalistas. La medida fue analizada por años y tras estudios económicos y sociales, se concluyó que lo mejor para el país es cuidar y restaurar el agua y los bosques restantes. La decisión priorizó la restauración ambiental y sus beneficios sociales y económicos, por encima de los riesgos que los proyectos mineros implican. La degradación ambiental y su impacto en las personas no es un problema ajeno a los Gobiernos y a la sociedad. Por eso los Estados han firmado tratados y otros instrumentos internacionales reconociendo la obligación de proteger el medio ambiente. El Acuerdo de París sobre cambio climático, suscrito por 34 de 35 Estados del continente americano, es de los más recientes. Hoy estos acuerdos deben cumplirse realmente. No todos los proyectos extractivos son viables. Para determinar ello debe haber buena planificación, políticas y marcos legales fuertes e implementables. Herramientas como los Estudios de Impacto Ambiental deben realizarse de manera cuidadosa, objetiva e independiente. Las decisiones deben considerar impactos locales y nacionales de corto y largo plazo. En el mundo ya vivimos la realidad del cambio climático, actuar de otro modo sería ignorante e irresponsable. Y, en caso de que se nos olvide, la naturaleza, seguro nos lo recordará.

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Seminario virtual "Políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina"

La explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países del continente, aún con las evidencias ya existentes sobre sus graves impactos negativos para las poblaciones, el ambiente y el clima. Ante esta situación, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking da a conocer Última frontera. Políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina, informe que aborda la situación del fracking en seis países del continente, alerta sobre los impactos e informa sobre las resistencias locales. Desde la Alianza queremos contribuir a instalar la discusión sobre un urgente cambio en el modelo energético de nuestra región, hacia uno que sea sostenible y justo. En este seminario virtual, expertas y expertos de diferentes organizaciones y países de América Latina, presentaron el informe regional sobre el avance del fracking en América Latina, haciendo énfasis en los casos de Colombia y Chile. Grabación   Presentaciones      

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Seminario virtual "Rumbo a la 16va reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima"

Entre el 4 y el 6 de abril, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima tendrá en Songdo, República de Corea, su 16va reunión, la primera de este año. Entre los temas importantes de la agenda de trabajo están la revisión de propuestas de financiamiento; el acuerdo sobre los términos de referencia para el Mecanismo Independiente de Quejas; la evaluación del Programa de Ayuda a la Preparación o Readiness Support; y la participación del sector privado en el Fondo. En este seminario virtual, miembros de entidades acreditadas ante el Fondo y de su Secretariado, así como de la sociedad civil de América Latina, compartieron sus expectativas en torno a la reunión. Grabación   Presentaciones              

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Ya no es tiempo de creer que las represas nos benefician

Érase una vez cuando los cigarros servían para curar la tos, el maquillaje con plomo estaba de moda y el DDT, un insecticida altamente tóxico para el ambiente y las personas, se utilizaba en los jardines donde jugaban niños y niñas. Lo que ahora nos escandaliza, en su tiempo era completamente normal e incluso se creía más beneficioso que dañino para la humanidad. Y fue gracias a la ciencia que pudimos saber que el cigarro, el plomo y el DDT son nocivos para la salud. Lo mismo ocurre ahora con las represas. La fotografía de una represa rodeada de árboles puede ser engañosa, así como alguna vez sucedió con la publicidad del cigarro, acompañada por la imagen de un médico que lo recomendaba. En los últimos años, hemos visto que los daños de las represas al equilibrio de los ecosistemas y a las comunidades cercanas, son proporcionalmente mayores a los beneficios que prometen. Hace poco, un estudio confirmó algo mucho más preocupante: las represas contribuyen al cambio climático. A finales de 2016, investigadores de la Universidad del Estado de Washington concluyeron que todos los embalses, no sólo los construidos en zonas tropicales, generan 1.3 por ciento del total de gases de efecto invernadero producidos por la humanidad. Las represas, evidenciaron, son una fuente “subestimada” de emisiones contaminantes, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La noticia no se ha asimilado. Las represas continúan apareciendo como fuente de energía verde. Hay países que se jactan de que su energía es casi en su totalidad verde, pero al ver sus reportes, la mitad —o más— es energía hidroeléctrica: la que proviene, especialmente, de grandes represas. Vulneración de derechos humanos Incluso antes de saber del nuevo estudio, ya se había documentado que las represas provocan graves daños a las comunidades y al ambiente. Uno de ellos es la ruptura del estilo de vida. Los habitantes de zonas afectadas por represas deben adaptarse a las nuevas condiciones ambientales que implica el cambio de flujo en los ríos, las inundaciones o la migración de especies.  Pero no es lo único, muchas comunidades son víctimas además de desplazamiento forzado y caen en la pobreza. Un ejemplo de ello es lo que pasó con la represa Belo Monte, en la cuenca del río Xingú, en la Amazonía de Brasil. En AIDA, hemos trabajado de la mano con los pobladores —indígenas y ribereños—que vieron caer los árboles que les rodeaban, la expansión de tierra roja como mancha en medio de la selva, la ausencia de peces en sus aguas y la desaparición de pequeñas islas. Además, en la ciudad más cercana a la represa, las condiciones de vida se vieron muy afectadas.  Esta historia se repite millones de veces en el mundo. Según el estimado de International Rivers, para el año 2015, se habían construido 57,000 grandes represas, que implican la interrupción de más de la mitad de los ríos del mundo y el desplazamiento de al menos 40 millones de personas. ¿Qué podemos hacer? Aunque el estudio de la Universidad del Estado de Washington pueda sorprender a los países o empresas que promueven la construcción de represas, la salud del planeta requiere acciones efectivas que detengan esa tendencia equivocada. Las represas pueden convertirse en los cigarros del mundo, un sitio de por sí impactado por serios tipos de contaminación. Existen opciones mucho más amigables con el ambiente y que no implican los impactos sociales, económicos y climáticos de las represas. Un ejemplo de esperanza es el brindado por el pueblo Munduruku en Brasil. El año pasado, su lucha dio frutos con la cancelación de una represa hidroeléctrica en el río Tapajós, su fuente de vida. Esa noticia fue el resultado de acciones respaldadas con pruebas, entre ellas el caso Belo Monte. Recientemente, la comunidad se reunió para pensar qué soluciones existen ante las amenazas que todavía deben afrontar. Las alternativas deben estudiarse caso por caso y con base en los recursos disponibles. Estas incluyen la descentralización de las fuentes generadoras de energía, los proyectos a pequeña escala y el uso de tecnología solar y eólica, siempre acompañado de procesos adecuados de consulta a las comunidades. Hay soluciones energéticas que no son la mejor decisión para una comunidad que otra. En el financiamiento se debe evaluar cuidadosamente qué proyectos apoyar, analizando a detalle los impactos socioambientales. Puede sonar que a la larga todas las decisiones que tomamos son malas, pero no es momento para desanimarse. Hoy contamos con la información científica para cuidar nuestro planeta. Hemos dejado de producir no sólo maquillaje, sino otros productos con plomo; el número de fumadores ha disminuido para dar paso a espacios de convivencia más limpios; y el DDT se usa cada vez menos, acompañado de esfuerzos para tener insecticidas que controlen las plagas y sean biodegradables. Por tanto, en cuestión de represas, sólo es cuestión de re-pensar nuestra forma de producir energía y preservar los ríos que aun fluyen libres.

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Tsunami de Odebrecht: ¿a recuperar el interés público o sólo el dinero?

(Columna publicada originalmente en El País) La corrupción en América Latina y el Caribe no es noticia. Incluso algunos, aberrantemente, la consideran normal. Pero en todo hay niveles. Por ello la magnitud de la corrupción desarrollada por la multinacional brasileña Odebrecht ha tenido un impacto singular: un tsunami que no solo se llevó grandes cantidades de dinero, sino también el interés público. Debemos preguntarnos entonces si los más de 100 proyectos involucrados en el caso Odebrecht eran realmente obras de infraestructura para beneficio común o únicamente excusas para el pago de coimas millonarias. Los detalles de la compleja maquinaria corrupta salieron a la luz el 21 de diciembre pasado. Ese día, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos publicaron la confesión en la que directivos de la empresa admiten haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en 11 países de América Latina y Mozambique. Según el documento, “…entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto con sus coconspiradores, con conocimiento y voluntariamente, conspiraron y acordaron con otros proveer de forma corrupta cientos de millones de dólares… para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos y candidatos de partidos políticos extranjeros…para obtener y retener negocios”. La confesión delata la prostitución del interés público. Los directivos involucraron a docenas de gobiernos, incluyendo jefes de Estado —entre ellos Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y reciente Nobel de Paz—, ministros, senadores y otras personas que hoy son investigadas o que ya fueron encarceladas. La indignación y la exigencia inmediata de justicia son evidentes. Aunque no fue posible acceder a la lista completa de proyectos, la información pública en cada país da cuenta de los siguientes: Argentina: gasoductos, potabilización de agua, obtención de potasio y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, entre otros. Brasil: cientos de proyectos, incluyendo industrias extractivas y la represa Belo Monte, que desde su planeación ha ocasionado graves violaciones de derechos humanos. Colombia: la Ruta del Sol y la navegabilidad el Río Magdalena, las dos obras de alta ingeniería más importantes del país. Ecuador: hidroeléctrica Manduriacu y refinería del Pacífico. Si bien la administración de Rafael Correa declaró que los posibles sobornos ocurrieron antes de 2007, el Gobierno de Estados Unidos asegura tener pruebas de sobornos posteriores. México: proyecto petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Los Ramones II Norte. Perú: Carretera Interoceánica Norte Sur, el proyecto hidroenergético Alto Piura y el tren eléctrico de Lima. República Dominicana: la termoeléctrica Punta Catalina y la hidroeléctrica Pinalito. En todos los países, los sobornos involucran proyectos energéticos o de infraestructura, proclamados como esenciales para el desarrollo, por gobiernos, organismos internacionales y empresas. Pero también son proyectos sobre los que, por décadas, comunidades y organizaciones han denunciado impactos negativos en los derechos humanos y el ambiente, incluyendo su contribución al cambio climático. Proyectos que las grandes represas y las termoeléctricas, afectan también el interés público y para los cuales existen alternativas sostenibles y más efectivas. Las denuncias, en su mayoría, fueron ignoradas. La represa Belo Monte, por ejemplo, comenzó a operar pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó detener su construcción y proteger a los pueblos indígenas afectados. Los pedidos de justicia fueron además reprimidos, en ocasiones por gobiernos que, según la evidencia, recibieron sobornos para implementar proyectos. La situación es aún más grave si consideramos que América Latina es la región más peligrosa para los defensores de derechos humanos, especialmente para quienes protegen el ambiente, la tierra y el territorio de proyectos como los mencionados. Ante una industria de corrupción sin precedentes, es vital analizar cada uno de los proyectos del caso Odebrecht para determinar su verdadera utilidad pública. Es muy posible que en gran parte de ellos, los costos socioambientales hayan sido mayores que los beneficios. Esos daños también deben ser sancionados. El caso podría ser solo la punta del iceberg porque la problemática es regional, aunque más grave en algunos países. Cada Estado y empresa del continente debe adoptar medidas efectivas anticorrupción, y evaluar sus procesos de planificación e implementación de proyectos, los que fallaron estrepitosamente en los proyectos implicados en el escándalo. Una lección clara es la necesidad urgente de fortalecer el cumplimiento independiente y objetivo de las normas internacionales y nacionales de planeación y protección ambiental y de los derechos humanos. Se debe garantizar, en los grandes proyectos, transparencia y la participación de los afectados y de cualquier persona interesada en proteger el interés público. Dado que en algunos casos la investigación de la corrupción recae en administraciones afines a las personas involucradas en el delito, una buena idea sería crear un Observatorio Independiente Ciudadano regional para indagar los impactos de grandes proyectos y las mejores opciones para resarcir los daños. Deberíamos asegurar de una vez que las personas a cargo de decisiones transcendentales sirvan realmente al interés público y no a las empresas que buscan implementarlas, o a sus propios bolsillos. Toda la ciudadanía puede contribuir a que ello sea una realidad.

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Cambio Climático

El rol de la sociedad civil en el Fondo Verde del Clima

El cambio climático es real y sus efectos llegaron para quedarse. A nivel mundial, los países han decidido que, para salir del lío, deben actuar juntos. Pero más allá de intenciones, poco hemos avanzado. Una opción que podría dar resultados y en la que pongo mis esperanzas es el Fondo Verde del Clima (FVC), el principal mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Se trata de una institución novedosa y con la capacidad de mover grandes cantidades de dinero, de los países ricos a los países en desarrollo. Con esos recursos, los países más vulnerables y con menor capacidad financiera podrán desarrollar acciones de mitigación y adaptación para hacerle frente al cambio climático. El Fondo está integrado por diversos actores, y uno de ellos es la sociedad civil, que cumple un rol fundamental en asegurar que la entidad tome en cuenta las necesidades de las poblaciones locales, en especial de las más vulnerables, a la hora de aprobar financiamiento para programas y proyectos de lucha contra el cambio climático. El trabajo del Fondo en la práctica El Fondo es un mecanismo complejo en el que interactúan diversos actores. Su Junta Directiva la integran 24 miembros, 12 representantes de los países desarrollados y 12 de los países en vías de desarrollo, y está encargada de gobernar y supervisar el Fondo. Las decisiones adoptadas por la Junta son implementadas por la Secretaría Independiente. El Fondo se relaciona con los países receptores del financiamiento a través de las Autoridades Nacionales Designadas o Puntos Focales, entidades designadas por cada nación. Asimismo, el Fondo acredita a instituciones nacionales, regionales o internacionales para que canalicen los recursos económicos mediante la presentación y ejecución de propuestas climáticas. Estas son las llamadas Entidades Acreditadas. Finalmente, están los observadores de la sociedad civil y del sector privado. En las reuniones de la Junta Directiva, solo pueden participar los “observadores activos”: dos de la sociedad civil y dos del sector privado. Los demás observadores permanecen en una sala contigua y dan seguimiento a las reuniones a través de pantallas de televisión. La toma de decisiones En la práctica, el Fondo se ha ido construyendo en las reuniones de su Junta Directiva, realizadas cada tres meses. En ellas se discuten y deciden las políticas que dan forma al fondo, se acredita a entidades que harán propuestas de programas y proyectos a financiar, y se aprueban las propuestas de mitigación y adaptación a implementar con financiamiento del Fondo. En octubre pasado, tuve la fortuna de participar, como observadora de la sociedad civil, en la 14va reunión, celebrada en Songdo, Corea del Sur, sede del Fondo.  Pude ver en terreno cómo funciona este complejo mecanismo internacional, y sobre todo, cuál es el aporte de la sociedad civil, que se lleva a cabo contra viento y marea. Lo digo porque las condiciones de su trabajo no son fáciles, partiendo porque sus representantes, muchas veces de países con pocos recursos, deben financiar sus costos de vuelo y estadía para asistir a las reuniones. Por otro lado, la sociedad civil goza apenas de un derecho a voz, que pueden ejercer sólo los dos observadores activos que están en la sala de reuniones, y únicamente si los Copresidentes de la Junta Directiva lo autorizan. El valioso aporte de la sociedad civil Todas las intervenciones de la sociedad civil son discutidas, preparadas y perfeccionadas en equipo, implicando muchas veces desvelo, ya que los temas a tratar son amplios y complejos. En la práctica, estos aportes quedan siempre relegados para el final de las discusiones y, cuando el tiempo escasea, algo que es común, muchas veces el derecho a hablar no llega a ser otorgado. Esto puede resultar muy frustrante, ya que se pierde un aporte crucial. Entre otras cosas, la sociedad civil aporta en cada política que se discute para elevar cada vez más los estándares del Fondo. Además, estudia cada propuesta de financiamiento y se comunica con las comunidades potencialmente afectadas o beneficiadas por ellas para entender lo que implican realmente los proyectos y programas, más allá de lo que aparece en el papel. Por ello el trabajo informal que la sociedad civil hace “tras bambalinas” es muy importante. Se trata de la labor que se realiza en los recesos, a la hora de la comida, en los pasillos. De a poco, la sociedad civil construye relaciones con las personas que sí tienen poder de decidir (miembros de la Junta y consejeros), para compartir con ellos sus ideas, preocupaciones y sugerencias. Los resultados de esta incidencia se ven poco a poco. El Fondo Verde del Clima es esperanzador porque sus lineamientos están correctamente planteados: busca promover un cambio transformacional y paradigmático, promete transparencia, y sus decisiones las toman representantes de países desarrollados y países en vías de desarrollo con igual peso. Tiene el mandato de promocionar la “apropiación doméstica” de los programas y proyectos que financia, esto es, que sean guiados por las necesidades y prioridades que los mismos países beneficiados han determinado. Además, tiene la obligación de actuar con un enfoque de género. Sin embargo, también tiene problemas y carencias. La participación de la sociedad civil es crucial, precisamente para lo último. Al no responder a ningún gobierno, partido político u otro interés, la sociedad civil vela por la protección del medio ambiente, por el respeto de los derechos humanos, y por la correcta participación e inclusión de las personas que están siendo afectadas directamente por el cambio climático. La participación física de representantes de la sociedad civil en las reuniones de la Junta Directiva del Fondo es necesaria para que el trabajo del Fondo Verde siga avanzando, siempre tomando en cuenta las voces de las comunidades directamente afectadas o beneficiadas por el financiamiento y que son también las más vulnerables al cambio climático. ¡Conoce más del Fondo en nuestro sitio web!

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Derechos Humanos

Respaldo internacional a la creación de grupo de expertos para investigar el asesinato de Berta Cáceres en Honduras

Las organizaciones firmantes del pronunciamiento apoyamos la creación del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que surge para colaborar en la investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato contra el defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto. Desde que Berta, lideresa y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue brutalmente asesinada el 2 de marzo de 2016, hemos acompañado la demanda de su familia, del COPINH y de la sociedad hondureña por conocer la verdad y porque haya justicia.  En ocasiones anteriores, hemos hecho llamados al Estado hondureño para que realice una investigación independiente y exhaustiva que asegure la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables, tanto materiales como intelectuales. En este sentido, preocupa que, pese a las numerosas solicitudes de actores nacionales e internacionales, las autoridades han guardado silencio y hasta la fecha continúan impidiendo la participación plena de los familiares y víctimas. Asimismo, preocupa que las investigaciones actuales no sugieren claridad sobre la autoría intelectual ni sobre los diferentes niveles de participación de quienes están imputados.  Ante este panorama, la participación del GAIPE, conformado por profesionales expertos e independientes, constituye una iniciativa importante que permitiría hacer una lectura objetiva del proceso y apoyar para lograr una mayor rigurosidad en las investigaciones, de conformidad con los estándares internacionales.  Cabe recordar que la participación de expertos y expertas internacionales en procesos internos ha sido clave para impulsar cambios estructurales en diversos países, en este sentido, se puede citar como experiencia reciente el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) en México. En el caso de Honduras, las organizaciones esperamos que este equipo pueda brindar recomendaciones, entre otras cosas, para superar las causas que promueven la impunidad en los delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos.  También solicitamos garantizar las medidas de seguridad para que tanto integrantes como colaboradores del GAIPE, puedan desarrollar sus actividades sin injerencias indebidas. Finalmente, exhortamos a las autoridades a dar acceso a la investigación en curso así como aprovechar esta oportunidad de colaboración y mantener una actitud receptiva y transparente que brinde legitimidad al proceso y devuelva la confianza a las víctimas y a la sociedad hondureña, así como a la comunidad internacional.  

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HOY, más que nunca, necesitamos seguir trabajando por la justicia y la protección del planeta

Quienes trabajamos para proteger nuestro planeta, para mejorar el ambiente en el que vivimos, para preservar nuestras fuentes de agua, y para concretar acciones que contrarresten efectivamente el cambio climático, estamos convencidos que ante los resultados de las elecciones en Estados Unidos, nuestro trabajo es más necesario que nunca. Es igual de esencial el involucramiento de cada uno de ustedes para lograr la justicia ambiental. Hoy, especialmente, reiteramos nuestro compromiso con la justicia, con el ambiente y con los derechos humanos. Cada una de las personas que trabajamos en AIDA estamos comprometidas con hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. Estamos conscientes que la tarea es dura. Tenemos la responsabilidad histórica de mostrar que podemos encontrar soluciones pacíficas que aseguren un futuro promisorio para las generaciones presentes y futuras. Trabajar juntos es HOY un imperativo. Es necesario que todos reaccionemos al unísono, nos involucremos y colaboremos para construir la esperanza y el camino hacia un futuro pacífico, próspero, respetuoso y tolerante; un futuro en el que las y los guardianes de la naturaleza sigan cumpliendo esa tarea, conservando su cultura y sus modos de vida. ¡Agradecemos el apoyo y la solidaridad de cada uno de ustedes, algo que nos llena de energía para juntos seguir adelante!  

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