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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Desafíos y condiciones para avanzar hacia la justicia energética en México
Esta entrada de blog acompaña el lanzamiento del Índice de Energía Renovable y Derechos Humanos y es parte de una serie artículos de opinión sobre una transición energética justa en América Latina. Fue publicada originalmente por el Centro de Información sobre Empresas & Derechos Humanos. Por Rosa Peña Lizarazo y Astrid Puentes Riaño La crisis climática, en palabras de Michelle Bachelet, Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, es la mayor amenaza actual para los derechos humanos, una que requiere decisiones políticas y acciones colectivas urgentes. Una de esas decisiones se refiere al avance en la transición energética, es decir, en el tránsito del uso de energías derivadas de combustibles fósiles al uso de energías renovables y menos intensivas en emisiones. Ello —al reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)— contribuiría a enfrentar la crisis climática y a mejorar la calidad del aire. Este tránsito necesario para México ha motivado debates multisectoriales y requiere un diálogo participativo, inclusivo, transparente y con enfoque de derechos humanos y perspectiva territorial. Principales desafíos 1. Comprender el contexto socioeconómico México es uno de los países más desiguales del planeta, donde las 10 personas más ricas acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre del país. Comprender este contexto es clave para adaptar las políticas de transición energética al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia climática, sin generar mayor inequidad. También es indispensable aprender del pasado. La reforma energética de 2013 puso en marcha un modelo de implementación masiva de proyectos de energía renovable, a gran escala y privados. En la actualidad según la Asociación Mexicana de Energía Eólica, hay 54 parques eólicos en operación en México, los cuales producen 4.935 Mega Watts. Además, Según la Asociación Mexicana de Energía Solar en México hay 43 centrales fotovoltaicas. La implementación masiva de estos proyectosimpidió superar las amplias brechas de exclusión por razones socioeconómicas y territoriales. Superar esas brechas es uno de los principales desafíos. 2. Definir qué tipo de energía se incluirá y bajo qué criterios Otro desafío es lograr un consenso social y regulatorio sobre cuáles son las energías limpias y renovables, y cuál debe ser la meta en su implementación. Pese a los planteamientos de algunas organizaciones ambientales, el gobierno mexicano acogió definiciones vagas y más convenientes para cumplir con sus compromisos climáticos. Definió a las energías limpias como aquellas que no generan emisiones contaminantes durante su producción, ignorando si pueden generar otros impactos negativos en el ambiente. 3. Respetar, garantizar y proteger los derechos humanos La generación energética derivada de combustibles fósiles ha violado derechos humanos, provocando escenarios de exclusión y afectando de manera especialmente grave a comunidades indígenas y rurales. Igualmente,muchos proyectos de energías renovables no convencionales, como aquellos desarrollados en el Itsmo de Tehuantepec o en la península de Yucatán, han generado nuevos conflictos socioambientales relacionados con falta de transparencia y participación, violación de derechos de pueblos originarios, desconocimiento de la titularidad y el uso tradicional de la tierra, obstáculos al acceso a recursos naturales y degradación ambiental. Por tanto, es un desafío emprender una transición que contemple y prevenga estos daños desde una perspectiva de derechos humanos. 4. Promover la diversificación de la matriz energética y la confiabilidad del sistema Dada la dependencia actual de combustibles fósiles en la matriz energética, que para el año 2018 generaban el 75.88% de la energía en el país, avanzar hacia la mitigación y adaptación al cambio climático requiere un proceso de diversificación de las fuentes de energía que aproveche el potencial de México para desarrollar energías renovables. Según expertos de la UNAM, México cuenta con un factor de planta para la energía eólica que fluctúa entre 20% y 50%; además, es reconocido a nivel mundial como uno de los países con mayor potencial geotérmico. Algunos estados de la República tienen mayor radiación solar diaria promedio que algunas ciudades europeas pioneras de esta tecnología. Otro desafío asociado a la diversificación es garantizar la confiabilidad del sistema para atender de manera continua la demanda energética del país. ¿Cómo llevar a cabo una transición energética justa? Darle sentido al concepto en construcción de justicia energética en México implica tener en cuenta lo siguiente: Respecto a la integración del contexto socioeconómico: Apostar por una transición que se convierta en motor de desarrollo local, mediante —por ejemplo—la generación de empleos y la democratización de la energía y de la generación energética en la escala necesaria para el autoabastecimiento. Ello requiere superar las barreras de exclusión existentes con la implementación, por ejemplo, de proyectos de energía comunitaria. Respecto al diseño de la política energética: Proponer escenarios de participación efectiva e inclusiva para consensuar los aspectos mínimos de las metas de la política energética en el país, en atención a la crisis climática. Respecto al cumplimiento de los estándares ambientales y de derechos humanos: La Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca que cualquier política o proyecto debe garantizar los derechos de acceso en materia ambiental y los derechos laborales, cumplir con los principios de prevención y precaución, respetar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y tener una perspectiva de género. Respecto a la diversificación de la matriz energética: Promover mecanismos de financiamiento que incentiven la innovación tecnológica limpia y la inversión en energías renovables descentralizadas y con mejores estrategias de almacenamiento. Sin duda, la transición energética justa es necesaria y urgente en México. El país tiene hoy la oportunidad de emprender un tránsito progresivo y oportuno que permita mejores escenarios de justicia social, ambiental y climática, y que responda a las reivindicaciones sociales actuales.
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La sociedad civil latinoamericana se une en favor de una reactivación transformadora en la región
Una reactivación transformadora en América Latina y el Caribe es posible y urgente. Este es el llamado que hacen más de 250 instituciones de la región, las cuales reconocen la amenaza y la oportunidad que representan los programas y medidas de reactivación económica que están implementando los gobiernos de la región a raíz de la pandemia del COVID-19. Con representantes de 16 países de América Latina, las organizaciones participantes coinciden en que frente a las crisis socioambiental y de justicia que enfrenta la región no es posible continuar con el “business as usual”; por el contrario, señalan, que las medidas y estrategias a implementar deben ayudar a subsanar la crisis socioambiental y asegurar que las brechas sociales sean atendidas correctamente en el corto plazo, con una visión a largo plazo. Reconociendo la ventana de oportunidad para emprender cambios estructurales en el actual modelo de desarrollo, atender las crisis climática y de biodiversidad, y los impactos multidimensionales de la pandemia, esta propuesta de Reactivación Transformadora en América Latina y el Caribe aglutina diversas voces para incidir en los tomadores de decisión a través de diversas instancias de encuentro y discusión multisectorial para la generación de propuestas, entre otras actividades. Desde el sentido de urgencia e inspirada en las movilizaciones sociales de la región, organizaciones de diversa índole y campo de acción abogan por una reactivación que promueva una economía baja en carbono y un sistema social más justo, con respuestas inclusivas, focalizadas, transparentes e integrales, con perspectiva de género y que fomenten una profunda reconstrucción valórica para una verdadera transformación sistémica. Unidas bajo el slogan Juntxs por una reactivación transformadora, las organizaciones elaboraron un pronunciamiento que promueve la necesidad de generar incentivos, empleos y oportunidades de desarrollo a través de reformas fiscales e inversiones en sectores no extractivos y bajos en carbono, la necesidad de reformular los indicadores para medir el bienestar y fortalecer un desarrollo social incluyente, orientado a fortalecer los procesos democráticos, la resiliencia comunitaria, el acceso a servicios básicos de calidad. Además promueve las soluciones basadas en la naturaleza para proteger y restaurar ecosistemas y la firma de tratados regionales como el Acuerdo de Escazú, además del cumplimiento de los compromisos climáticos y de biodiversidad multilaterales, y la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Hasta el momento han suscrito esta propuesta regional más de 550 representantes de la sociedad civil, sector privado, academia y gobiernos subnacionales de 16 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), WWF, el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC), el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Fundación Avina, Fundación Futuro Latinoamericano, WRI México, 350.org, la Universidad del Rosario de Colombia y el Municipio de Loreto en México, entre otros. Se puede conocer al resto de firmantes y adherir al pronunciamiento en la página web de la campaña: reactivaciontransformadora.com Frases de algunos miembros de la campaña Javier Dávalos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) “La crisis sanitaria y la crisis climática aquejan a todo el planeta y con mayor fuerza a las personas y países más vulnerables. Algunas medidas de recuperación amenazan con profundizar el modelo fracasado que nos ha traído a este momento de la historia. Por ello, las acciones frente a la pandemia por COVID-19 deben sin duda estar enmarcadas en el camino que recomienda la ciencia para afrontar el cambio climático, buscando una transición justa y respetuosa de los derechos humanos hacia un modo de vida más justo, resiliente y sostenible.” Carola Mejía, Grupo de Financiamiento Climático América Latina (GFLAC) / OLAC “La actual crisis sanitaria nos revela la urgencia de enfocar los paquetes de reactivación hacia acciones que atiendan oportunamente la crisis climática, aumenten la resiliencia de los grupos vulnerables, garanticen el bienestar de la población y se apliquen en el marco de nuevos modelos de desarrollo que antepongan el bien común y el cuidado del planeta, a los intereses de unos pocos. América Latina merece reinventarse, aún estamos a tiempo”. Karla Maass, Climate Action Network (CAN) “La sociedad civil de América Latina se está organizando trás una reactivación transformadora. Hoy, frente al freno global de la economía, tenemos una oportunidad única para preguntarnos qué mundo queremos construir y quienes serán los actores. Buscaremos alianzas y tejeremos redes para un mejor futuro. Buscaremos unir fuerzas para que, desde múltiples campos de acción y bajo diversas estrategias, podamos promover transformaciones a nuestra forma de relacionamiento con la naturaleza y entre nosotros mismos. Desde la ciencia climática se nos advierte que solo tenemos 10 años para descarbonizar nuestros sistemas sociales en un 45%. La ruta es clara, otra vía nos llevará a que la vida en el planeta tal y como la conocemos habite exclusivamente en libros” Felipe Pino, ONG FIMA (Chile) “La fragilidad de nuestro sistema económico ha quedado expuesta producto de una crisis sanitaria cuyo origen se relaciona, en parte, con la depredación desregulada de los bienes comunes naturales a escala global. Las actuales grietas del orden económico, reconocidas por la gran mayoría de la comunidad internacional, ya habían sido advertidas desde hace décadas por los pueblos de América Latina y el Caribe, quienes han vivido en carne propia las consecuencias tempranas de la crisis climática y ecológica. La actual pandemia nos ofrece un punto de quiebre a las lógicas que han llevado a la humanidad a desarrollarse al borde de los límites planetarios, y en donde tenemos una oportunidad única de transformar nuestro modelo hacia uno que ponga la vida de las personas y ecosistemas como eje central del desarrollo de una vez y para siempre. La sostenibilidad ya no es una opción, es la única alternativa viable.” CONTACTO CON PRENSA Javier Dávalos (Ecuador), AIDA, [email protected], +593 97 924 0275
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Una reactivación transformadora en América Latina y el Caribe es posible y urgente. Este es el llamado que hacen más de 250 instituciones de la región, las cuales reconocen la amenaza y la oportunidad que representan los programas y medidas de reactivación económica que están implementando los gobiernos de la región a raíz de la pandemia del COVID-19. Con representantes de 16 países de América Latina, las organizaciones participantes coinciden en que frente a las crisis socioambiental y de justicia que enfrenta la región no es posible continuar con el “business as usual”; por el contrario, señalan, que las medidas y estrategias a implementar deben ayudar a subsanar la crisis socioambiental y asegurar que las brechas sociales sean atendidas correctamente en el corto plazo, con una visión a largo plazo. Reconociendo la ventana de oportunidad para emprender cambios estructurales en el actual modelo de desarrollo, atender las crisis climática y de biodiversidad, y los impactos multidimensionales de la pandemia, esta propuesta de Reactivación Transformadora en América Latina y el Caribe aglutina diversas voces para incidir en los tomadores de decisión a través de diversas instancias de encuentro y discusión multisectorial para la generación de propuestas, entre otras actividades. Desde el sentido de urgencia e inspirada en las movilizaciones sociales de la región, organizaciones de diversa índole y campo de acción abogan por una reactivación que promueva una economía baja en carbono y un sistema social más justo, con respuestas inclusivas, focalizadas, transparentes e integrales, con perspectiva de género y que fomenten una profunda reconstrucción valórica para una verdadera transformación sistémica. Unidas bajo el slogan Juntxs por una reactivación transformadora, las organizaciones elaboraron un pronunciamiento que promueve la necesidad de generar incentivos, empleos y oportunidades de desarrollo a través de reformas fiscales e inversiones en sectores no extractivos y bajos en carbono, la necesidad de reformular los indicadores para medir el bienestar y fortalecer un desarrollo social incluyente, orientado a fortalecer los procesos democráticos, la resiliencia comunitaria, el acceso a servicios básicos de calidad. Además promueve las soluciones basadas en la naturaleza para proteger y restaurar ecosistemas y la firma de tratados regionales como el Acuerdo de Escazú, además del cumplimiento de los compromisos climáticos y de biodiversidad multilaterales, y la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 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Se puede conocer al resto de firmantes y adherir al pronunciamiento en la página web de la campaña: reactivaciontransformadora.com Frases de algunos miembros de la campaña Javier Dávalos, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) “La crisis sanitaria y la crisis climática aquejan a todo el planeta y con mayor fuerza a las personas y países más vulnerables. Algunas medidas de recuperación amenazan con profundizar el modelo fracasado que nos ha traído a este momento de la historia. Por ello, las acciones frente a la pandemia por COVID-19 deben sin duda estar enmarcadas en el camino que recomienda la ciencia para afrontar el cambio climático, buscando una transición justa y respetuosa de los derechos humanos hacia un modo de vida más justo, resiliente y sostenible.” Carola Mejía, Grupo de Financiamiento Climático América Latina (GFLAC) / OLAC “La actual crisis sanitaria nos revela la urgencia de enfocar los paquetes de reactivación hacia acciones que atiendan oportunamente la crisis climática, aumenten la resiliencia de los grupos vulnerables, garanticen el bienestar de la población y se apliquen en el marco de nuevos modelos de desarrollo que antepongan el bien común y el cuidado del planeta, a los intereses de unos pocos. América Latina merece reinventarse, aún estamos a tiempo”. Karla Maass, Climate Action Network (CAN) “La sociedad civil de América Latina se está organizando trás una reactivación transformadora. Hoy, frente al freno global de la economía, tenemos una oportunidad única para preguntarnos qué mundo queremos construir y quienes serán los actores. Buscaremos alianzas y tejeremos redes para un mejor futuro. Buscaremos unir fuerzas para que, desde múltiples campos de acción y bajo diversas estrategias, podamos promover transformaciones a nuestra forma de relacionamiento con la naturaleza y entre nosotros mismos. Desde la ciencia climática se nos advierte que solo tenemos 10 años para descarbonizar nuestros sistemas sociales en un 45%. La ruta es clara, otra vía nos llevará a que la vida en el planeta tal y como la conocemos habite exclusivamente en libros” Felipe Pino, ONG FIMA (Chile) “La fragilidad de nuestro sistema económico ha quedado expuesta producto de una crisis sanitaria cuyo origen se relaciona, en parte, con la depredación desregulada de los bienes comunes naturales a escala global. 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