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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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El día que la lucha indígena dio frutos en Guatemala
El 22 de septiembre de 2021 será una fecha icónica para los hombres y mujeres de la microrregión de Yich K’isis (Ixquisis), Guatemala, cuyas vidas cambiaron abruptamente por la construcción de las hidroeléctricas San Mateo y San Andrés, financiadas por el BID Invest. Ese día, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo del BID dio la razón a la mayoría de sus reclamos, contenidos en la queja que presentaron tres años atrás. El informe final de la oficina de rendición de cuentas reconoce que el banco falló en verificar la información de la empresa responsable de los proyectos sobre la población afectada, ignorando la presencia de pueblos indígenas en la zona. Señala también que las mujeres y los impactos diferenciados que experimentarían no fueron considerados en ninguna de las fases de implementación de los proyectos, pasando por alto el rol que los ríos del lugar tienen en su cotidianidad y en sus formas de habitar el territorio. En el tema ambiental, esencial para las formas de vida de los pueblos indígenas, el MICI establece también incumplimientos, reconociendo que el “BID Invest no se aseguró de que los proyectos identificaran y delimitaran apropiadamente los hábitats críticos y las zonas reconocidas internacionalmente ni de que se establecieran los riesgos e impactos”. En cuanto al acceso a información de las comunidades, el banco “incumplió sus propias políticas operativas ya que en el desarrollo de los proyectos no se hicieron consultas significativas con las comunidades”, se lee en el documento. Los hombres y mujeres indígenas de Ixquisis recibieron el informe como un reconocimiento a lo que por años han venido denunciando. Junto con sus conclusiones, el MICI realiza también una serie de recomendaciones dirigidas a enmendar los errores cometidos por el banco en los proyectos San Mateo y San Andrés, así como a evitar que los repita en otros casos. En su última recomendación, el mecanismo de rendición de cuentas establece, por primera vez en la historia del BID, la posibilidad de que el banco se retire responsablemente de proyectos que financia. Para las comunidades de Ixquisis, esta recomendación representa la esperanza más certera de impulsar la restauración de sus vidas, transformadas bruscamente por la llegada de los proyectos. En efecto, desde que comenzó el trámite de queja ante el MICI, las comunidades han reclamado el cese del financiamiento a los proyectos. Siempre han visto como insostenible que proyectos que desconocen su existencia y generan tantos daños, algunos irreparables, sean financiados por una institución internacional cuyo mandato principal es promover el desarrollo. En los escenarios en los que pudieron expresar su sentir ante funcionarios del banco y del MICI, su petición fue certera: el banco no puede seguir financiando proyectos que han impactado sus vidas de formas tan severas e injustas y su salida debe ser responsable. Ello quiere decir que debe basarse en un plan construido con la participación efectiva de las comunidades y debe contemplar todos los daños causados en relación con las dinámicas y el tejido social, el aumento de la conflictividad, el desconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y de sus derechos, las afectaciones al patrimonio cultural ancestral, los impactos diferenciados en las mujeres y la falta de prevención y consecuente degradación ambiental. El banco debe proponer ahora un plan de acción para dar cumplimiento al informe del MICI, una misión sin duda trascendental. Tiene la oportunidad histórica de enmendar sus errores y legitimar su actuar, honrar su mandato institucional de promover el desarrollo, respetar y reconocer a los pueblos indígenas y contribuir a que la microrregión de Ixquisis sea nuevamente el lugar donde hombres y mujeres indígenas desarrollen sus proyectos de vida en armonía con su comunidad y con la naturaleza.
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Los avances que la COP26 deja para el océano
Hubo mucha expectativa sobre si la vigésimo sexta versión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) seguiría la línea adoptada en la COP25 de diciembre de 2019, cuando el liderazgo de Costa Rica, Fiyi, Francia y las Islas del Pacífico, entre otros países, aseguró que el océano se convirtiera en un componente clave de la acción climática dentro de las negociaciones internacionales. Aunque el océano es cada vez más reconocido por su papel en la mitigación y adaptación al cambio climático, las actividades humanas continúan amenazando su salud. Se estima que su regeneración será posible solo con una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar la temperatura media del planeta a 1.5°C. En la COP26, realizada el mes pasado en Glasgow (Reino Unido), la presencia del océano en las negociaciones fue menor a la esperada. Aun así, se lograron grandes avances gracias al empuje de algunos países, organizaciones y movimientos sociales, como el de jóvenes y el de indígenas. A continuación, se detallan los logros más relevantes que resultaron de la COP26 en materia de océano y cambio climático: Gracias a la movilización de sectores que luchan por el tema océanico y a la presión de diferentes actores sociales, se logró que el preámbulo del Pacto de Glasgow mencione “la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los bosques, el océano y la criosfera […]”. Asimismo, el artículo 21 del documento final reconoce el papel de los ecosistemas marinos como sumideros de carbono y enfatiza la importancia de la protección, conservación y restauración de los ecosistemas terrestres y marinos en la reducción de gases de efecto invernadero. Es un gran paso que reafirma la estrecha relación entre el océano y el clima. La COP26 hizo un llamado a que los órganos constituyentes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático consideren vías para integrar y fortalecer un enfoque sobre el océano en sus planes de trabajo. También abrió paso a la organización formal de un diálogo anual sobre océano y clima, presidido por el presidente del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, a partir de 2022. El antecedente de este avance es el diálogo celebrado en 2020. Los presidentes de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá acordaron el fortalecimiento del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, uno de los más grandes y diversos del mundo y que será una zona libre de pesca. La Corporación Andina de Fomento anunció un aporte de un millón de dólares como cooperación técnica al proyecto. También en la línea del financiamiento, el Reino Unido anunció una contribución de 6 millones de euros para PROBLUE, fondo administrado por el Banco Mundial que apoya proyectos relacionados con la protección del océano y la economía azul. De otro lado, se anunciaron 145 millones de dólares destinados al Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral, mientras que se pusieron 20 millones de dólares a disposición del apoyo a soluciones basadas en la naturaleza y a comunidades costeras vulnerables. Se lanzó la declaración “Océano por el clima” —respaldada por más de 100 organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, academia y otros sectores—, que exhorta a los países a intensificar las medidas para limitar el aumento de la temperatura media del planeta a no más de 1.5ºC, así como a colocar al océano en el centro de sus políticas, entre ellas las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. Asimismo, 20 países firmaron la tercera declaración “Because the Ocean”, que llama a los países a integrar el océano, el clima y la biodiversidad a sus planes para cumplir con el Acuerdo de París. En cuanto a conservación, los estados del Océano Índico Occidental lanzaron la iniciativa de la Gran Muralla Azul, cuyo objetivo es conservar y restaurar la biodiversidad marina y costera. Por otra parte, Fiyi anunció un plan para emitir un bono azul en 2022, el cual ofrecerá oportunidades atractivas de inversión para proyectos respetuosos con el océano. Se prevé recaudar hasta 50 millones de dólares para financiar la creación de nuevas áreas marinas protegidas, pesquerías sostenibles y soluciones basadas en la naturaleza para proteger a comunidades vulnerables ante el cambio climático y sus efectos. Belice se comprometió de su lado a desarrollar un proyecto pionero para financiar el mantenimiento y creación de áreas marinas protegidas. Más países se sumaron a la iniciativa “30x30”, que pretende conservar el 30 por ciento de la superficie terrestre y marina para 2030. Los países del G7 mostraron su apoyo a esta propuesta en su reunión previa a la COP26. Además de las propuestas específicas relacionadas con el océano, cabe destacar que muchas otras iniciativas presentadas en el marco de la COP26 tienen un impacto indirecto, entre ellas las que buscan la reducción de un 45% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo para 2030 y la neutralidad de emisiones para 2050, de suma importancia para combatir la acidificación del océano y el blanqueamiento de los corales. Aunque muchas personas consideran que la acción climática en torno al océano debe ser mucho más contundente en las negociaciones internacionales, existe consenso en que se está avanzando en la dirección correcta: el océano no estará más ausente de las negociaciones climáticas.
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Reflexiones tras la COP26: Pese al lento avance, la esperanza es preferible al derrotismo
Seamos realistas. Nunca ha habido demasiadas expectativas alrededor de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (más conocidas como COP), y la vigésimo sexta versión (COP26) no era la excepción. Impacta la gran cantidad de greenwashing expuesta a viva luz: espaciosos pabellones decorados con todo tipo de plantas exuberantes promocionando a países que no aportan. Llaman a la ambición urgente, pero siguen subsidiando combustibles fósiles o buscando explotarlos en lugares prístinos. Pese a todo, es importante permanecer positivos y construir sobre lo que sí funciona porque el fatalismo es un veneno mucho más peligroso que el negacionismo. Además, aunque disten mucho de ser suficientes, es posible apreciar algunos avances de la COP26 en Glasgow, Escocia. El solo hecho de que tantos países con intereses y poder de negociación tan abismalmente dispares se pongan de acuerdo es un logro. En las negociaciones, cada país puede vetar lo acordado por los demás pues todo se adopta por consenso. Por otro lado, está la sociedad civil y los movimientos indígenas, populares y de jóvenes, que constantemente sortean obstáculos para estar presentes y alzar sus voces. Finalmente, no conviene pensar en las decisiones y en los resultados de la COP como si fueran la última palabra. Las negociaciones se reabren cada año y con eso las posibilidades de avanzar desde donde dejamos las cosas. Es un camino largo y empinado. Estamos atrasados, pero cada paso cuenta. Resultados positivos (con algunos aspectos negativos) de la COP26 Por primera vez, el texto final de las negociaciones (“el Pacto de Glasgow”) menciona a los combustibles fósiles y al carbón. Este hecho, impensado incluso en la COP anterior, demuestra que lo que la gente pide está permeando en las decisiones. El mensaje de fondo es claro: los combustibles fósiles y el carbón tienen sus días contados. El texto originalmente hablaba de “eliminar el uso del carbón”, pero algunos países lograron a último minuto cambiar el verbo por “reducir”. En la misma línea, se propuso la necesidad de “retirar los subsidios a los combustibles fósiles”, pero el texto terminó apuntando únicamente a los “subsidios ineficientes”, lo que sea que eso signifique. La meta de no superar los 1.5 °C de temperatura media del planeta sigue viva. El Pacto de Glasgow reafirma dicho objetivo, reconoce su urgencia y el trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) como base para las acciones. Más importante aún, el texto solicita a las partes fortalecer las metas contenidas en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs por sus siglas en inglés) para fines de 2022, en lugar de a mediados de la década, como estaba estipulado. Los espacios para el negacionismo y para desestimar las conclusiones de la ciencia ya están cerrados. Los países se pusieron de acuerdo sobre el artículo 6, con lo que se cierra el libro de reglas que permitirá implementar el Acuerdo de París. El debatido artículo se refiere, entre otras cosas, a los mecanismos de mercado de carbón, que permitirían a los países transar bonos para cumplir metas climáticas. En dichos mercados radica parte importante del futuro de la economía mundial, por lo que la falta de acuerdo era preferible a un mal acuerdo. En el lado positivo, el texto final de la sección reconoció la importancia de respetar los derechos humanos, a poblaciones locales, jóvenes y mujeres, así como la integridad ambiental. Lo malo es que no se reconocieron algunas normas internacionales básicas de derechos humanos, como el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. Quedaron también muchos vacíos sobre los que habrá trabajar para evitar que estos mecanismos generen más daños que beneficios. El artículo 6 es un asunto delicado sobre el que hay que seguir trabajando. Finalmente, lo decidido en torno al complejo ítem de pérdidas y daños difícilmente puede considerarse un logro. Pero no está demás reconocer que el asunto, que no había sido considerado oficialmente en las pasadas COP, llegó a las discusiones para quedarse. El Pacto de Glasgow llamó a iniciar un diálogo sobre la problemática, pero no hubo acuerdos sobre la creación de un fondo para pagar por las pérdidas y daños, que era lo que demandaban los países más afectados (y menos responsables) por la crisis. Como sea, gracias a las demandas de los movimientos sociales del sur global y a la presión de varios países, los debates sobre el tema seguirán alimentando las discusiones y tarde o temprano tendrá que generarse un mecanismo financiero que lo atienda con la urgencia que corresponde. Herramientas adicionales Durante la COP26, surgieron algunos pactos que, sin ser parte de las negociaciones, ofrecen alternativas para avanzar. Considerando que los compromisos de reducción de emisiones contenidos en las NDC son insuficientes, estas herramientas pueden ser cruciales. Vale la pena mencionar el pacto para terminar con la deforestación, donde más de 100 líderes mundiales prometieron poner fin y revertir la deforestación para 2030. Los países signatarios abarcan alrededor del 85% de los bosques del mundo. El pacto incluye fondos y refuerza el papel de los pueblos indígenas en la protección de los bosques. En el lado negativo, el objetivo a nueve años es decepcionante y desalentador, además de que debemos reconocer que este tipo de acuerdos no han tenido éxito en el pasado. Otro compromiso congregó a más de 100 países bajo la intención de reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030 desde los niveles de 2020. El compromiso incluye a países que representan casi la mitad de las emisiones mundiales de metano. El metano, uno de los contaminantes climáticos de vida corta, es el principal gas de efecto invernadero después del dióxido de carbono, pero con una potencial de calentamiento mayor. El hecho de que tenga una corta duración en la atmósfera significa que la reducción de sus emisiones puede tener un impacto rápido en la desaceleración del cambio climático. Finalmente, cabe mencionar que China y los EEUU lanzaron su propio acuerdo, comprometiéndose a cooperar en la acción climática. Aunque la declaración no ofrece mucho en términos de acción concreta, el hecho de que los dos principales emisores de gases de efecto invernadero se unan en reconocer el desafío planetario que tenemos por delante, es un paso importante en la dirección correcta. Todavía queda un largo camino por recorrer. Estamos frente a inmensos peligros, sufrimiento e injusticia. Las industrias de los fósiles siguen incidiendo fuertemente en las negociaciones y no cesan en su búsqueda de lucro asociado con acciones contaminantes. No está demás patalear, explotar de ira y llorar de miedo. Pero estas emociones no deben llevarnos al fatalismo que nos paraliza. Es importante apreciar el hecho de que estamos llegando a acuerdos, dentro y fuera de las COP, y que las conferencias generan cada vez más respuestas en todo el mundo. Todo lo avanzado es un paso más y no el final de esta historia.
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