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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Al recordar su niñez, Mario Smith piensa en la abundancia de peces, cangrejos y langostas que él y su padre solían encontrar al ir de pesca, una actividad que hoy está en decadencia en su isla. “Antes había tantas cosas y hoy tenemos prohibido pescar de todo por nuestra irresponsabilidad al cuidar nuestros recursos”, me dijo Mario, quien hoy es líder del Comité de Pescadores de San Luis, cuyos miembros trabajan en la Isla de San Andrés, Colombia. San Luis es un caserío ubicado en la costa este de San Andrés con playas de arena blanca y aguas tranquilas. Estuve en San Andrés en agosto para apoyar la divulgación de una resolución muy importante para la conservación de los ecosistemas de corales del Caribe colombiano. La norma prohíbe la captura y venta de varias especies de peces herbívoros y omnívoros que limpian a los corales de las algas que les quitan luz y espacio, apoyando así su sobrevivencia. La población de peces herbívoros, sobre todo en el Caribe, se ha reducido. Las comunidades que viven de la pesca han comenzado a cazarlos debido a la disminución de especies comerciales. La resolución fue emitida el 15 de julio por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), autoridad ambiental de esa región. Divulgar y socializar este tipo de normas en las comunidades locales es muy importante para que sus habitantes, entendiendo la importancia de estos peces para la salud de los arrecifes y para sus economías, apoyen las acciones orientadas a su conservación. Junto con el equipo de educación de CORALINA, visité varios comités de pescadores, además de colegios y restaurantes. Participé en una reunión del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental a la que también asistieron representantes del gobierno, la policía y de los sectores turístico y educativo. Fueron visitas muy enriquecedoras, llenas de preguntas y emociones. En cada una de ellas destaqué los beneficios de cuidar a nuestros corales y a los peces que los auxilian. Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Son hogar de más del 25% de nuestras especies marinas y protegen nuestras costas de huracanes, tormentas y otros eventos climáticos. En el Colegio Cajasai, la participación activa de un estudiante me sorprendió. Me habló de su preocupación por la basura en sus playas y por la captura del pez loro, una de las especies más importantes de peces herbívoros. “Estoy muy preocupado por mis recursos y por eso hice una fundación para cuidar las playas que están cerca de mi casa”, me contó apasionado. Su empatía y sus ganas de luchar por sus playas y su mar me inspiraron. Los bellos paisajes de San Andrés y el interés de todas las personas con las que hablé me llenaron de satisfacción y de energía para seguir trabajando. Pero queda mucho por hacer. Nuestros recursos marinos están en peligro de desaparecer ante la crisis climática que atañe al mundo entero. Y la urgencia de hacer algo para evitarlo es cada vez más apremiante. Nuestros arrecifes de coral están entre los ecosistemas más amenazados por esta crisis, principalmente por el cambio en la acidez y temperatura de nuestros océanos. Además, acciones humanas como la contaminación y la sobrepesca están causando daños irreversibles en ellos. Por ello AIDA seguirá apoyando los esfuerzos locales de conservación de especies marinas tan importantes como los peces herbívoros. CONOCE MÁS
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Al raspar y morder las algas del coral, los peces loro contribuyan a que existan arrecifes saludables, que a su vez protegen nuestras costas, apoyan nuestra economía y seguridad alimentaria. Ayudemos a nuestros arrecifes protegiendo a los peces loro. CONOCE MÁS
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Columna publicada originalmente en La Silla Rota La Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas del pasado 23 de septiembre fue un paso interesante hacia el futuro. Se anunciaron algunos compromisos ante la crisis climática. Pero hubo un aspecto clave ausente: la inclusión expresa, transversal y contundente de los derechos humanos. El encuentro global tenía como metas evitar el desarrollo de nuevos proyectos de carbón, alcanzar cero emisiones netas a 2050, acabar con los subsidios a los combustibles fósiles y hacer que quienes contaminen, paguen. Para ello, 19 Estados —apoyados por diversas organizaciones— trabajaron en coaliciones buscando alcanzar objetivos sobre mitigación, impulsores sociales y políticos, movilización juvenil y pública, transición energética, transición industrial, soluciones basadas en la naturaleza, adaptación y resiliencia, financiamiento climático y precio al carbón; e infraestructura, ciudades y acción local. Aunque hubo algunas reuniones previas con pueblos indígenas y algunas coaliciones reconocen que las soluciones no deben aumentar la desigualdad, sino ser justas e incluir la perspectiva de género, necesitábamos una referencia expresa a los derechos humanos. Ésta brilló por su ausencia. No es una necesidad menor. Basta con ver a quienes sufren primero y de peor manera los impactos de la emergencia climática: familias de Centroamérica que tras perder sus cultivos lo dejan todo para migrar a Estados Unidos, residentes de Bahamas, arrasada por el huracán Dorian, o quienes habitan la Amazonía, en parte destruida por las llamas. La crisis climática ya está afectando los derechos humanos y es su mayor amenaza, como incluso señaló Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Algunas medidas para abordar la urgencia climática la agravan, desconociendo además los derechos humanos. Es el caso de proyectos eólicos y grandes hidroeléctricas en Brasil, México, Colombia y Honduras, implementados sin consultar a comunidades locales, algunas indígenas. Por ello era fundamental que las y los líderes del mundo aprovecharan la Cumbre para incluir expresamente en sus compromisos el respeto a los derechos humanos, un reconocimiento que ya está en el Acuerdo de París. Eso no ocurrió. Pese a todo, la esperanza se alimenta con una toma de conciencia cada vez mayor, lo que incrementa la presión sobre gobiernos, empresas y otros sectores que pueden aportar más. Millones de estudiantes en todo el mundo están en huelga y dejando de ir al colegio los viernes. Las movilizaciones se han multiplicado al igual que quienes las apoyan. Una verdadera ambición hacia la justicia climática implica poner los derechos humanos en el centro de las soluciones, entre otras cosas porque los pueblos y comunidades tienen conocimientos tradicionales esenciales para preservar el planeta.
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