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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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A 18 días de iniciado en nuestro país un estallido social que expresa el descontento de los chilenos ante la desigualdad y los abusos que sufren ya por 30 años en los ámbitos económico, social y ambiental, y cuyas manifestaciones han debido enfrentar la violenta represión de fuerzas militares y policiales, los organismos de derechos humanos han denunciado 23 personas muertas, 1659 heridas en hospitales, 19 querellas por violencia sexual y 133 querellas por torturas a manifestantes, y 479 niñas, niños y adolescentes detenidos/as. Según la Cruz Roja, esta cifra aumenta si se considera la gran cantidad de casos que no se registran en comisarías u hospitales. En este grave contexto de violencia del Estado, también ha trascendido a la opinión pública, información de Carabineros de Chile, en la que es posible constatar acciones de vigilancia que ejerce el Estado a dirigentes y líderes de movimientos sociales y ambientales, a través del Departamento de Inteligencia de Carabineros. Muchos de estos dirigentes sociales y ambientales además han tenido que soportar amedrentamiento y persecución policial en sus territorios y amenazas anónimas a sus vidas y familias durante las últimas semanas. Previo a la difusión de los documentos de seguridad del Departamento de Inteligencia de Carabineros, ya había amenazas a dirigentes y dirigentas socioambientales y muertes no esclarecidas. El martes 8 de octubre Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, que denuncia y trabaja para poner fin a la saturación ambiental y la intoxicación de la población en las comunas de Quintero y Puchuncaví, recibió amenazas de parte de un desconocido que se movilizaba en camioneta, quien le gritó que le quemarían su casa y que debía abandonar la comuna. Luego, el 12 de octubre, Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima, quien ha denunciado el robo de agua por la agroindustria de paltas y llevado una larga lucha por la recuperación del agua y galardonado recientemente con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, fue amenazado a través de las redes sociales con la difusión de imágenes con una bala en su cabeza, incentivando la violencia en su contra. Previamente, en febrero de 2019, la dirigenta Modatima Mujeres, Verónica Vilches fue víctima de un intento de atropello y hace poco recibió amenazas vías redes sociales mediante un fotomontaje de cabezas sangrientas colgando de un puente. Durante las manifestaciones y protestas, tras la declaración de guerra y de estado de excepción constitucional que realizó el presidente Piñera y la posterior salida de militares a las calles, incluyendo la dictación de toque de queda, numerosos dirigentes y dirigentas estudiantiles, sociales y ambientales han sido y siguen siendo acosados por las fuerzas policiales, mediante seguimientos y rondas a sus casas durante la noche, amedrentándoles, cómo le ha ocurrido a Cristina Ruiz, de Muzosare, Claudia Arcos de Libres de Alta Tensión, en Til Til a Janet Vega del Consejo Comunal y Social del Medio Ambiente; a María Brevis, Diego Quezada y Ronald Rojas, dirigentes de sociales y ambientales de la denominada “Zona de Sacrificio” de Mejillones, todos quienes han reclamado por la grave situación de injusticia ambiental en la que viven, y se han opuesto a proyectos contaminantes en zonas afectadas por una profunda injusticia ambiental y la instalación de proyectos; y a ciudadanas no organizadas como Catalina Acevedo, quien recibió piedrazos en su casa por parte de personal de carabineros. También ha habido casos de detenciones selectivas, como el de Francisco Reyes, dirigente estudiantil de Puchuncaví, quien fue activo en las manifestaciones pacíficas ocurridas el año pasado a propósito de envenenamientos masivos causados por químicos contaminantes emanados del Complejo Industrial que da origen a la denominada “Zona de Sacrificio” de Quintero y Puchuncaví, que fue sacado durante la noche desde la casa de su padre, golpeado y amedrentado. Posteriormente, el 29 de octubre se nos informó que Patricia Núñez Ávila (Patricia Dedos Verdes), fundadora de la Escuela Voluntaria Agroecológica en Resistencia REBERDE y guardadora y defensora de semillas y opositora a la aprobación del TPP-11 fue amenazada de muerte, ella y sus hijos, por un individuo en el metro de Santiago, ante lo cual optó por abandonar el país. Esta política de persecución selectiva a dirigentes estudiantiles, sociales y ambientales es inaceptable por parte del Estado, quien debiese reconocer y amparar a estas organizaciones y sus miembros, así como garantizar “la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.” No es aceptable tampoco que aún siguen sin esclarecerse las causas de muerte de defensores ambientales, como Macarena Valdés, defensora ambiental que luchaba contra la instalación de un proyecto hidroeléctrico de la empresa RP Global, quien, en agosto de 2016, apareció colgada de una viga del techo de su casa, en la localidad de Tranguil, en la región de Los Ríos. Dicha muerte en un principio se catalogó como un suicidio y en una segunda autopsia se comprobó que su muerte fue a manos de terceros. El caso del activista estudiantil mapuche Camilo Catrillanca, muerto por un disparo de la policía, donde aún no se establece la responsabilidad del Estado, tampoco es aceptable. Dentro de este clima de persecución, es extremadamente grave y preocupante la filtración de documentos del departamento de inteligencia de Carabineros, que señalan a dirigentes estudiantiles, sociales y ambientales, como los ya reconocidos Rodrigo Mundaca de Modatima, Claudia Arcos y Joel González de Libres de Alta Tensión, Guillermo Arancibia de Villa Alemana sin Termoeléctrica, Catalina Salazar de Acción Ecosocial de Quintero, miembros de Extinction Rebellion Chile, e incluso menores, como Rafael Lepeley ex integrante de Fridays for Future. Más aún cuando existen filtraciones como en el caso de Til Til de persecución a personas que no forman parte de organización alguna y que por manifestarse por la enorme desigualdad en materia de cargas ambientales aparece vigilada y vinculada a hechos no formalizados, sin pruebas, y ahora peor aún sus datos personales publicados de manera masiva, como ocurre en el caso de María Angela Estrada, Catalina Acevedo Garín, y José Tapia quien no sólo iba como ciudadano a manifestarse pacíficamente sino que además ejerciendo su derecho a libre expresión y mantenía informada a la comunidad de la represión de carabineros en el conflicto hace más de un año. En nombre de las organizaciones sociales y no gubernamentales, expresamos al Gobierno y la opinión pública nuestra preocupación e indignación por las amenazas que están sufriendo los dirigentes socioambientales, como también nuestra condena por las muertes no esclarecidas. Asimismo, ante la actual persecución y seguimiento de dirigentes socioambientales, incluidos niños y niñas, emplazamos al gobierno a transparentar las razones por las cuales las agencias de inteligencia del Estado, filtradas recientemente, a la opinión pública, catalogan como “blanco de interés” a dirigentes estudiantiles, sociales y ambientales. Como organizaciones ciudadanas no aceptaremos el seguimiento y persecución a los dirigentes sociales y ambientales, que hoy ha quedado en evidencia y que constituye un intento de criminalización de los defensores y defensoras del medioambiente y los derechos humanos. Apoyaremos a dirigentes en la presentación de denuncias y recursos de amparo a nivel nacional, como asimismo presentaremos sus causas a nivel internacional. Exigimos al Gobierno abandonar estas prácticas y desincentivar su perpetuación a través de la firma del Acuerdo de Escazú que busca asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como garantizar la protección a defensores y defensoras ambientales; además de concentrar sus acciones en subsanar la crisis social y ambiental que vive el país. Si amenazan a una persona, amenazan a todas. Si tocan a una persona, tocan a todas. Firman: Agrupación Aisén Reserva de Vida Agrupación Ecológica CHADENATUR Alerta Isla Riesco Amnistía Internacional – Chile Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro de Análisis Socioambiental, CASA Centro Ecosocial Latinoamericano Chao Pescao Chile Sustentable Ciudadanos y Clima CODEFF Colectivo Somos Maipo Comisión Justicia y Paz – Aysén Cooperativa Minka Cooperativa Semilla Austral Coordinadora No Alto Maipo Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén CVerde Defensores de los Ríos Libres Puerto Aysén Defensoría Ambiental Ecosistemas Escuela Reberde Ética en los Bosques Extinction Rebellion Chile Fenapru Fridays for Future Santiago Fundación Basura Fundación Ciudadanía Inteligente Fundación Decide Fundación Glaciares Chilenos Fundación Ingeniería Sin Fronteras Fundación Mingako Fundación Tantí de San Pedro de Atacama Fundación Terram Fundación Wechoyen Futaleufú Riverkeeper Geute Greenpeace La Malva Libres de Alta Tensión Mesa Socioambiental de Coronel Mejiambiente Movimiento Salvemos Coronel Observatorio Ciudadano Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Boell ONG CEUS Chile ONG FIMA Red de biodigestores para LAC Red Ríos Libres Red Voluntarios de Chile Regeneration International Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación Trébol negro 7 Pétalos
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Empecé en AIDA siendo una estudiante de Derecho que exploraba las posibilidades de trabajar usando el Derecho Ambiental. Cuatro años después, soy la abogada más joven del equipo legal de la organización, apoyando los esfuerzos del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera. El mes pasado, participé de la reunión preparatoria de la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tuvo lugar en Costa Rica. Fue mi primera experiencia en un evento de ese tipo. Siempre digo que la parte favorita de mi trabajo es estar rodeada de muchas mujeres jóvenes, poderosas y ejemplares. Sus enseñanzas han cimentado mi camino. Pero fue en la PreCOP25 cuando realmente sentí la fuerza femenina y la de las generaciones más jóvenes, unidas para exigir nuestro lugar en la mesa de discusión sobre las soluciones ante la crisis climática. En los últimos meses, hemos visto el apogeo de movimientos mundiales y regionales de jóvenes indignados por lo que consideran la inacción de gobiernos para frenar el calentamiento del planeta. En su mayoría, estos movimientos han sido liderados por mujeres jóvenes, adolescentes e incluso niñas. La reunión climática de Costa Rica no fue la excepción y reflejó el cambio generacional que estamos viviendo. En ese foro, jóvenes de diferentes segmentos, profesiones y aspiraciones hicimos nuestro reclamo y buscamos ser escuchados. Nos unía un propósito común: garantizar un futuro y ser mejores que las generaciones actuales en cumplir esa meta. Los mileniales (grupo generacional al que pertenezco) —personas nacidas aproximadamente en las dos últimas décadas del siglo veinte— y los centeniales (grupo generacional al que pertenece mi hermana de 13 años) —jóvenes que nacieron alrededor del nuevo siglo— somos quienes tendremos que vivir con las consecuencias de la inacción política frente a la emergencia climática. Es nuestro futuro el que está en juego. Además, las mujeres somos un grupo especialmente vulnerable a la degradación ambiental debido al rol especial que jugamos en el cuidado de los recursos naturales y de las personas que nos rodean. Por eso es una buena noticia que nos estemos levantando y exigiendo acciones claras, concretas y, sobre todo, urgentes. Esta PreCOP fue una oportunidad de mucho aprendizaje y crecimiento. Me sentí identificada con el énfasis que el gobierno de Costa Rica dio en la agenda del evento a la protección del océano y a las soluciones basadas en la naturaleza. Fue también un espacio de mucha inspiración al ver que cada vez somos más mujeres jóvenes tomando el timón de las acciones decididas y ambiciosas que la crisis ambiental y social del mundo nos exige adoptar.
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Lamentamos la decisión del gobierno chileno de cancelar la realización de la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, prevista para diciembre en Santiago. Al mismo tiempo, manifestamos nuestro apoyo al pueblo chileno ante la difícil situación que vive, la cual no garantiza la seguridad y por ende la participación que un evento de tal magnitud requiere. Hacemos un llamado especial al Estado chileno para que el proceso de cambio que vive el país se desarrolle respetando los derechos humanos de todas las personas involucradas. El abuso de la fuerza pública es inaceptable, sobre todo en un proceso que busca reparar las heridas sociales que empañan nuestras sociedades. El gobierno chileno debe cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Exhortamos también al Estado y al sector privado a dar pasos firmes hacia la transformación de Chile en un país con mayor justicia social, ambiental y climática; y a ser ejemplo para América Latina, región donde la desigualdad e injusticia solo se intensifican con los años. Bajo la crisis social en Chile, subyace una crisis ambiental gravísima que hace tiempo corroe la equidad y que es parte de la chispa que encendió el descontento social. Dos muestras de esa realidad inadmisible son las zonas de sacrificio, donde las termoeléctricas a carbón han condenado a familias a sufrir gran parte de la contaminación atmósferica del país, enfermando y viendo truncado su desarrollo; y la privatización del agua, que implica que Chile no reconozca el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, ni que priorice su uso para consumo humano y para el mantenimiento de ecosistemas. Problemas similares ocurren en otros países de la región. Esperamos que Chile continúe en su rol de Presidente de la COP, empujando con más fuerza que nunca compromisos climáticos ambiciosos, que nos ayudarán a mantener el calentamiento del planeta bajo control, mientras cumplimos con los objetivos del Acuerdo de París. Las experiencias del último mes evidencian claramente que, ante las crisis, los cambios deben venir desde la gente, protegiendo y favoreciendo a los segmentos más vulnerables —entre ellos los más pobres y los pueblos indígenas y comunidades rurales que pueden también contribuir a las soluciones— y que son los que más han sufrido las injusticias sociales y ambientales. Los esfuerzos de Chile y del mundo para combatir la crisis climática deben asegurar una transición energética justa, participativa y respetuosa de los derechos humanos. Chile tiene hoy la oportunidad de hacer historia, incluyendo la protección ambiental y la justicia climática como pilares en la construcción de un futuro más limpio, más justo y en equidad. Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a esta señal de apoyo a la sociedad chilena. CONTACTO DE PRENSA: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107
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