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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Aunque ocurren por temporadas todos los años, las enfermedades respiratorias se agudizan cada vez más. Es la impresión que tiene la médica pediatra Gina Pinilla, quien trabaja en Bogotá, la capital colombiana. Cuando la calidad del aire disminuye, las complicaciones de salud de los niños y niñas que llegan a urgencias se incrementan. Pero lo que la doctora Pinilla ha observado en más de una década de experiencia no es mera impresión. Un estudio realizado por un equipo multidisciplinario de varias universidades de Colombia evidencia que los daños a la salud por la mala calidad del aire se notan desde el primer día. Los ingresos hospitalarios aumentan en las primeras 24 a 72 horas y pueden extenderse por casi dos semanas. Es el primer estudio “multi-ciudad” que se realiza en Colombia y en América Latina para determinar la relación entre la contaminación del aire y las enfermedades respiratorias y circulatorias en la población, señala la doctora Laura Rodríguez, de la Universidad Industrial de Santander y quien lideró la investigación. Cada contaminante afecta de forma diferente Uno de los hallazgos que más llamó la atención a los investigadores es que los daños que causan los contaminantes no son los mismos para niños y niñas que para adultos. Para los primeros se manifiestan como enfermedades respiratorias y en los adultos son complicaciones cardiovasculares. “Para los niños, hay más afectación entre aquellos que tienen de 5 a 9 años. Esto no quiere decir que los más chiquitos no estén afectados, pero es más probable que los que están en este grupo tengan un episodio que los lleve a urgencias”, explica la doctora Rodríguez. Cuando un niño o niña presenta complicaciones respiratorias puede quedarse hasta una semana hospitalizado y conectado a un apoyo respiratorio. “Son niños que necesitan hospitalizaciones prolongadas. Por una semana, quedan dependientes de máquinas de oxígeno. Después quedan con secuelas y se enferman frecuentemente”, cuenta la doctora Pinilla. La ventilación mecánica es muy agresiva para el cuerpo de los infantes, pues se les debe sedar, a veces por días. Ahora bien, la mezcla de contaminantes afecta también de manera diferente según la edad. “La contaminación en cada ciudad tiene su comportamiento propio: la interacción, la cantidad y mezcla cambian entre ciudades”, precisa la doctora Rodríguez. Por ejemplo, en Bogotá, la contaminación por dióxido de azufre (SO2) y material particulado (PM10 y PM2.5) se relaciona con enfermedades circulatorias de personas mayores de 60 años. Y la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre y partículas PM2.5 aumenta significativamente la hospitalización de personas menores de 15 años. La investigadora dice que al daño causado por el dióxido de nitrógeno no se les da mucha importancia, pese a que está asociado con enfermedades cardiovasculares en adultos. Y, cuando ese contaminante se combina con dióxido de azufre y materiales particulados, sus efectos se potencian, explica al mencionar un seguimiento que analiza cómo interactúan los contaminantes. La contaminación afecta, aún en pequeñas cantidades Otro hallazgo importante del estudio da cuenta que no es necesario que los contaminantes lleguen a los límites máximos permitidos para que comiencen a dañar la salud. Por ejemplo, aunque el dióxido de nitrógeno sí es considerado nocivo, la regulación ha establecido límites de emisión muy altos. “Llegar a esos límites es muy difícil, la ciudad tiene que estar en una contaminación absurdamente alta para que las alertas suenen. El efecto en la salud no está relacionado con que se exponga a los límites o no, sino con el tipo de mezcla que usted está respirando porque los contaminantes se están potenciando entre sí”, explica la doctora Rodríguez. En varias ciudades de América Latina, los límites de contaminación que la reglamentación permite superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, el promedio anual de las PM10 (que son partículas sólidas como cenizas, hollín y polvo) en Bogotá es de 38 µg/m3 (microgramos por metro cúbico), cuando la OMS recomienda un máximo de 20. Otras ciudades de la región registran promedios anuales todavía mayores: 40 (Monterrey), 55 (Ciudad de México), 62 (Lima) y 69 (Santiago). ¿Qué significa esta información para tu ciudad? Cuando la mala calidad de aire alcanza su nivel más crítico, el hospital se queda sin camas y muchos niños y niñas con enfermedades respiratorias se quedan en el área de urgencias, explica la doctora Pinilla. Tristemente, es una situación común debido a que no hay planes de acción ante las contingencias ambientales. Para la doctora Laura Rodríguez, el resultado más importante de su investigación es la evidencia de que hay efectos ante ciertos índices de contaminación que pueden ayudar a que las instituciones tomen cartas en el asunto. Son tres acciones las que pueden adoptar: Controlar y regular los parámetros de calidad del aire de las emisiones de las industrias y considerar la medición de otros contaminantes. Incrementar los esfuerzos de comunicación hacia la población sobre los riesgos de los niveles de contaminación en sus ciudades. Preparar a las instituciones hospitalarias, sobre todo en los primeros meses del año, cuando la contaminación alcanza su nivel más alto, agravado por variaciones en el clima. La investigadora destaca la importancia de hacer planes e investigaciones intersectoriales y multidisciplinarios que logren comprender el panorama de la contaminación del aire, y de asegurar que esa información llegue a manos de las autoridades. El estudio fue realizado también por Julián Alfredo Fernández-Niño (U. del Norte, Barranquilla), Néstor Rojas (U. Nacional), Luis Camilo Blanco (U. Santo Tomás) y Víctor Herrera, U. Autónoma de Bucaramanga). Consúltalo aquí.
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Aunque ocurren por temporadas todos los años, las enfermedades respiratorias se agudizan cada vez más. Es la impresión que tiene la médica pediatra Gina Pinilla, quien trabaja en Bogotá, la capital colombiana. Cuando la calidad del aire disminuye, las complicaciones de salud de los niños y niñas que llegan a urgencias se incrementan. Pero lo que la doctora Pinilla ha observado en más de una década de experiencia no es mera impresión. Un estudio realizado por un equipo multidisciplinario de varias universidades de Colombia evidencia que los daños a la salud por la mala calidad del aire se notan desde el primer día. Los ingresos hospitalarios aumentan en las primeras 24 a 72 horas y pueden extenderse por casi dos semanas. Es el primer estudio “multi-ciudad” que se realiza en Colombia y en América Latina para determinar la relación entre la contaminación del aire y las enfermedades respiratorias y circulatorias en la población, señala la doctora Laura Rodríguez, de la Universidad Industrial de Santander y quien lideró la investigación. Cada contaminante afecta de forma diferente Uno de los hallazgos que más llamó la atención a los investigadores es que los daños que causan los contaminantes no son los mismos para niños y niñas que para adultos. Para los primeros se manifiestan como enfermedades respiratorias y en los adultos son complicaciones cardiovasculares. “Para los niños, hay más afectación entre aquellos que tienen de 5 a 9 años. Esto no quiere decir que los más chiquitos no estén afectados, pero es más probable que los que están en este grupo tengan un episodio que los lleve a urgencias”, explica la doctora Rodríguez. Cuando un niño o niña presenta complicaciones respiratorias puede quedarse hasta una semana hospitalizado y conectado a un apoyo respiratorio. “Son niños que necesitan hospitalizaciones prolongadas. Por una semana, quedan dependientes de máquinas de oxígeno. Después quedan con secuelas y se enferman frecuentemente”, cuenta la doctora Pinilla. La ventilación mecánica es muy agresiva para el cuerpo de los infantes, pues se les debe sedar, a veces por días. Ahora bien, la mezcla de contaminantes afecta también de manera diferente según la edad. “La contaminación en cada ciudad tiene su comportamiento propio: la interacción, la cantidad y mezcla cambian entre ciudades”, precisa la doctora Rodríguez. Por ejemplo, en Bogotá, la contaminación por dióxido de azufre (SO2) y material particulado (PM10 y PM2.5) se relaciona con enfermedades circulatorias de personas mayores de 60 años. Y la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre y partículas PM2.5 aumenta significativamente la hospitalización de personas menores de 15 años. La investigadora dice que al daño causado por el dióxido de nitrógeno no se les da mucha importancia, pese a que está asociado con enfermedades cardiovasculares en adultos. Y, cuando ese contaminante se combina con dióxido de azufre y materiales particulados, sus efectos se potencian, explica al mencionar un seguimiento que analiza cómo interactúan los contaminantes. La contaminación afecta, aún en pequeñas cantidades Otro hallazgo importante del estudio da cuenta que no es necesario que los contaminantes lleguen a los límites máximos permitidos para que comiencen a dañar la salud. Por ejemplo, aunque el dióxido de nitrógeno sí es considerado nocivo, la regulación ha establecido límites de emisión muy altos. “Llegar a esos límites es muy difícil, la ciudad tiene que estar en una contaminación absurdamente alta para que las alertas suenen. El efecto en la salud no está relacionado con que se exponga a los límites o no, sino con el tipo de mezcla que usted está respirando porque los contaminantes se están potenciando entre sí”, explica la doctora Rodríguez. En varias ciudades de América Latina, los límites de contaminación que la reglamentación permite superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, el promedio anual de las PM10 (que son partículas sólidas como cenizas, hollín y polvo) en Bogotá es de 38 µg/m3 (microgramos por metro cúbico), cuando la OMS recomienda un máximo de 20. Otras ciudades de la región registran promedios anuales todavía mayores: 40 (Monterrey), 55 (Ciudad de México), 62 (Lima) y 69 (Santiago). ¿Qué significa esta información para tu ciudad? Cuando la mala calidad de aire alcanza su nivel más crítico, el hospital se queda sin camas y muchos niños y niñas con enfermedades respiratorias se quedan en el área de urgencias, explica la doctora Pinilla. Tristemente, es una situación común debido a que no hay planes de acción ante las contingencias ambientales. Para la doctora Laura Rodríguez, el resultado más importante de su investigación es la evidencia de que hay efectos ante ciertos índices de contaminación que pueden ayudar a que las instituciones tomen cartas en el asunto. Son tres acciones las que pueden adoptar: Controlar y regular los parámetros de calidad del aire de las emisiones de las industrias y considerar la medición de otros contaminantes. Incrementar los esfuerzos de comunicación hacia la población sobre los riesgos de los niveles de contaminación en sus ciudades. Preparar a las instituciones hospitalarias, sobre todo en los primeros meses del año, cuando la contaminación alcanza su nivel más alto, agravado por variaciones en el clima. La investigadora destaca la importancia de hacer planes e investigaciones intersectoriales y multidisciplinarios que logren comprender el panorama de la contaminación del aire, y de asegurar que esa información llegue a manos de las autoridades. El estudio fue realizado también por Julián Alfredo Fernández-Niño (U. del Norte, Barranquilla), Néstor Rojas (U. Nacional), Luis Camilo Blanco (U. Santo Tomás) y Víctor Herrera, U. Autónoma de Bucaramanga). Consúltalo aquí.
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En medio de la crisis humanitaria causada por la hidroeléctrica en la cuenca del río Cauca, Colombia, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó una investigación de los estándares ambientales y sociales del propio Banco. Washington D.C. En una decisión histórica, el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una investigación internacional de su brazo privado BID Invest por su inversión en el proyecto Hidroituango, ubicado en el departamento de Antioquia, pero que ha tenido un impacto devastador para miles de personas en cuatro departamentos y 27 municipios de Colombia. La investigación tendrá como objetivo principal establecer si —al financiar este megaproyecto en una región de Colombia que sigue siendo afectada por altos niveles de violencia y el renaciente conflicto armado— el Banco cumplió o no con los estándares sociales y ambientales que está obligado a observar, y si hay una relación entre ello y los graves daños sufridos por las comunidades afectadas. “Como personas afectadas por Hidroituango, exigimos que la investigación sea rigurosa e independiente”, declaró Isabel Zuleta, vocera de Movimiento Ríos Vivos de Colombia, que representa a las comunidades afectadas. “Por más de una década, nuestras comunidades han denunciado los graves problemas que el proyecto ha causado y que se agudizaron con las múltiples emergencias que iniciaron desde el 2018 y aún no cesan. Esperamos que con esta investigación internacional las voces de las víctimas y opositores al proyecto por fin sean escuchadas”. La investigación tiene su origen en una queja presentada por 477 personas afectadas por el proyecto Hidroituango. En ella, las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos y pertenecientes al mismo, resaltan que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. En la queja, las comunidades demuestran que el proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permitió la participación de las comunidades ni el acceso a información, y que se ha desarrollado en un contexto de violaciones a los derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza y una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua. Evidencian además una permanente discriminación por decidir oponerse al proyecto y por ser mujeres afectadas. Todo ello, señalan, contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. Asimismo, el reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica, la cual ha puesto en peligro la vida de miles de personas, quienes han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la represa. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y el desplazamiento continuo de miles de personas de sus hogares. Ningún otro proyecto de desarrollo ha causado una crisis humanitaria de tal magnitud en Colombia. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto, el cual fue autorizado de todas formas. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado por el gobierno ni por las entidades de control del Estado colombiano. No obstante, es importante resaltar que las comunidades buscaron entrar en un proceso de diálogo y mediación del conflicto entre la empresa a cargo del proyecto y Ríos Vivos a través del mecanismo de rendición de cuentas del BID. Pero la empresa se negó al diálogo, por lo que, dando continuidad al proceso, ese mecanismo recomendó la investigación. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia y espera generar 2.400 MW aunque lleva cerca de dos años la inundación aún no genera energía, tiene un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas sin retirar la capa vegetal, lo que está generando grandes cantidades de gas metano con efecto invernadero, sin terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El BID Invest ha invertido millones de dólares en el proyecto y ha facilitado la inversión de mil millones de dólares adicionales de otros bancos internacionales. Dichas inversiones se mantienen a pesar de la grave crisis del proyecto. Contactos de prensa: Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos, [email protected] Carla García Zendejas, Center for International Environmental Law, [email protected] Victor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected] Nota para editores: La indagación es llevada adelante por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo, una instancia internacional de rendición de cuentas que atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. La investigación tendrá lugar en un plazo máximo de nueve meses, dada la alta complejidad del caso. Entre los aspectos que se investigarán se encuentran los siguientes: Si se evaluó adecuadamente el área de influencia y la identificación de la población afectada. El aumento de la conflictividad e inseguridad en la zona de la represa, y los impactos diferenciales sobre las mujeres. La participación de las comunidades, que en opinión de ellas ha sido altamente deficiente. La relación entre el proyecto y los daños causados. Las deficiencias en los reasentamientos y las supuestas compensaciones. La evaluación y acceso a información sobre el riesgo de desastres.
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