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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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En Chile, 40% de la energía que se produce y consume proviene de la quema de carbón. Esa enorme cantidad de energía la generan apenas 28 plantas termoeléctricas, concentradas en cinco localidades a lo largo del país. Son las llamadas Zonas de Sacrificio, cuyos habitantes han sido sometidos a vivir inmersos en medio de la contaminación, con su salud dañada, niños con problemas de aprendizaje y mares envenenados. El grave perjuicio que implica habitar una de estas zonas ha sido documentado ampliamente. Uno de los esfuerzos más recientes en ese sentido es un informe que la ONG Chile Sustentable encargó a la Universidad Católica de Chile, el cual evidencia que vivir en una Zona de Sacrificio se traduce en mayores riesgos de enfermar y de morir prematuramente. El estallido social que el país vive actualmente representa una oportunidad histórica de transformación. Empujado por la voz de su gente y teniendo a su cargo la Presidencia de las negociaciones climáticas internacionales, Chile puede liderar un cambio estructural de redistribución de cargas y beneficios, tanto sociales como ambientales, que lo lleve a ser un país más limpio y más justo. El camino hacia la descarbonización En junio y tras un año de discusiones con la industria y otros actores interesados, el Presidente Sebastián Piñera anunció un esperado cronograma de descarbonización. Fruto de un acuerdo, la industria se comprometió a cerrar todas sus plantas a carbón antes del 2040. Por positiva que parezca, al analizar a fondo la propuesta, es posible concluir que no es suficiente para lograr la justicia que tanto merecen las personas afectadas por la quema de carbón. El cronograma establece fechas específicas para el cierre de las ocho plantas más antiguas al 2024, pero no da fechas ni detalles sobre el cierre efectivo de las 20 plantas restantes, dejándolo a la merced de la buena voluntad de las próximas administraciones. En esos términos, no hay forma de garantizar que el plan vaya a ejecutarse realmente. Además, esperar 20 años tampoco parece un trato aceptable para quienes ya han cargado demasiado y por demasiado tiempo, ni para el equilibrio climático del planeta, que no esperará tanto antes de colapsar. Otra crítica que recibió la propuesta del gobierno es que poco después de ser anunciada, la empresa Engie inauguró una nueva central eléctrica de carbón en Mejillones, Zona de Sacrifico ubicada al norte del país. La nueva planta tiene más del doble de la capacidad operativa de las dos termoeléctricas de Tocopilla que la misma empresa habría cerrado tras la firma del plan de descarbonización. Pero no todo son malas noticias. Un mes antes de que estallaran las protestas sociales en Chile, el gobierno dio señales de una meta de descarbonización más ambiciosa. En septiembre, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que solicita al Presidente adelantar en diez años, al 2030, el cierre de las termoeléctricas a carbón. La solicitud se basa en un estudio encargado por la ONG Chile Sustentable a la consultora Kas Ingenieros. La investigación evidencia la factibilidad técnica y económica de alcanzar la meta de descarbonización al 2030. La crisis social en el país estalló en plena búsqueda de un acuerdo vinculante para concretar ese avance. El estallido social en Chile Chile vive hoy un momento histórico. El descontento social —generado por las injusticias, la desigualdad y la falta de equidad que los segmentos más vulnerables de la población han soportado por años— desencadenó múltiples protestas que aún no amainan en intensidad. Lo que pasa en Chile es un espejo de lo podría ocurrir en muchos países del mundo, sobre todo en América Latina. El pasto en muchos lugares está seco y cualquier chispa podría encender la movilización social, destapando ollas que por años han acumulado descontento y presión. Las cifras muestran que el país ha crecido y que hay menos pobreza, pero ni los beneficios ni las cargas se han repartido equitativamente. Las autoridades han fallado. La confianza se está acabando y la desilusión aumenta. Las Zonas de Sacrificio son un ejemplo muy claro del problema estructural que aqueja a la sociedad: ciertas comunidades cargan con los costos y no disfrutan de los beneficios, situación que es inaceptable en estos tiempos. Un nuevo rumbo es posible Los incendios, las inundaciones y otros eventos extremos que provocan daños cuantiosos en la vida de las personas muestran que la naturaleza no dejará de protestar hasta que la respetemos. La sociedad también está pidiendo lo suyo, y con una urgencia que ha ganado la atención de los tomadores de decisión. Cambios que parecían imposibles ciertamente ya no lo son. No es que las demandas sociales sean más importantes que las ambientales o viceversa. Las demandas ambientales son también demandas sociales. Aunque la crisis climática y la contaminación nos afectan a todos, el daño es mucho mayor para las personas más vulnerables. Los cambios en favor de nuestro planeta pueden y deben hacerse con un enfoque de justicia social y en armonía con la naturaleza. En el caso de Chile, la descarbonización —y con ella el fin de las Zonas de Sacrificio— es el cambio que nos llevará a ser un mejor país. Porque una de las más grandes injusticias es tener que vivir en un ambiente que no está sano.
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Fotos: Marcela Cintra / Texto: Laura Yaniz Desde finales de agosto, las costas del noreste de Brasil registran derrames de petróleo en más de 500 puntos a lo largo de 2,500 kilómetros. Lo que comenzó con la aparición de puntos negros en algunas playas, rápidamente se convirtió en la llegada de manchas enormes de crudo que cambiaron el color de la arena. El origen sigue siendo desconocido; mientras, organizaciones locales y comunidades se organizan para limpiar las playas. Lejos de ser resuelto, el problema se agrava cada día. El avance del derrame de petróleo amenaza la vida en los manglares y en los arrecifes de coral, ecosistemas clave para la supervivencia de las especies de la zona. Además, los habitantes de las comunidades afectadas, que dependen del turismo y la pesca, ven amenazado su estilo de vida y su economía. Su salud también está en riesgo debido al consumo de alimentos marinos contaminados y la exposición directa al derrame. Ante la inacción de las autoridades, la gente limpia las playas y el mar con sus propias manos. El derrame en sí mismo, sumado a la desatención por parte del Estado, viola los derechos humanos de los habitantes de la más de 500 playas afectadas. Por eso, AIDA —junto con el Instituto Projeto Publico, Salve Maracaipe, Projeto Caribessa y Rede Minha Jampa— denunciamos estas violaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno brasileño responda ante esta crisis social y ambiental. La Relatora Especial sobre Derechos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión, Soledad García Muñoz, manifestó su solidaridad con el pueblo y las autoridades brasileñas ante la tragedia y llamó al Estado a “tomar todas las medidas necesarias para evitar un mayor deterioro de los ecosistemas afectados, tomando en consideración que el tiempo, los recursos y la actuación en clave de derechos humanos son factores claves para la efectividad de un plan de contingencia como el que la situación merece”. Y añadió: “cuanto más lentas o parciales sean las acciones, más grandes e irreparables serán los daños para la costa brasileña y su biodiversidad, como para la calidad de vida de las personas que habitan en las zonas afectadas. Se requiere una respuesta tan urgente, como sensible ante hechos tan graves de contaminación, que además pueden acelerar los efectos del cambio climático sobre costas, manglares, humedales y otros hábitats ecológicamente vulnerables.”
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