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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– Por medio de una carta dirigida a Alfonso Flores Ramírez, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Gobierno de Baja California Sur (BCS) realizó algunas observaciones técnicas del proyecto de minería submarina “Don Diego” con las que concluye que no es ambientalmente viable. Dicho proyecto, promovido por la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations, a través de su filial Exploraciones Oceánicas y con participación de Minera del Norte S.A., subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), es el primero en su tipo a nivel mundial y pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino para extraer 350 millones de toneladas de arena fosfática en el Golfo de Ulloa en aquel estado. Actualmente, “Don Diego” se encuentra en una segunda evaluación de su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat, después de haber desistido en una ocasión y tras la acusación de organizaciones de que el proyecto representa un riesgo para los ecosistemas marinos y la actividad pesquera y turística de la región. Ahora, el Gobierno de BCS a través de Rodrigo Guerrero Rivas, Secretario de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la entidad, advierte que el desarrollo minero no es viable ambientalmente y que podría exacerbar un conflicto de índole internacional, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). A través de la carta –hecha pública por el Cemda– la instancia local emite opiniones técnicas que hacen referencia a que en la MIA de “Don Diego” se puede detectar conflictos ambientales con el sector minero y conflicto internacional por mortalidad de tortuga marina amarilla, así como metodologías, estudios y estadísticas insuficientes para establecer el grado de afectación a especies locales, dispersión de sedimentos, resiliencia y ecotoxicidad y manejo de combustibles. La zona en que Exploraciones Oceánicas pretende echar a andar su proyecto, está considerada como Región Marina Prioritaria para la Conservación según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), y también como zona de abundancia de tortugas marinas y tránsito de ballenas azules, grises y jorobadas, además de ser hábitat de lobos marinos y de una variedad de especies de algas, poliquetos, moluscos e invertebrados. En un primer análisis del desarrollo minero, la institución estatal utiliza como referencia el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional Pacífico Norte, mediante el que detectaron dos conflictos ambientales con el sector minero: El primero es de conservación pues, señalan, el desarrollo provocaría afectaciones a ecosistemas bentónicos, succión o daño físico de organismos por la draga (aparato utilizado para succión de productos marinos), daño o muerte de organismos, bioacumulación de metales pesados y elementos radiactivos, así como incremento de mortalidad de mamíferos y tortugas marinas. Adicionalmente, la misiva señala que el proyecto minero se ubica dentro de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) en las que, entre otras cosas, se establece que no se “permitirán actividades mineras cuando éstas puedan afectar poblaciones y hábitat de especies en riesgo y prioritarias de conservación o causen efectos de acumulación de metales pesados que pongan en riesgo la salud pública por consumo de productos pesqueros”. En contraste con la afirmación que se lee en la página oficial de “Don Diego” y afirma que utiliza la experiencia de los mejores consultores y científicos del medio ambiente en el mundo y que se realizaron numerosos y extensos estudios, el Gobierno de BCS indica que ciertas metodologías, estudios y estadísticas son insuficientes para establecer el grado de afectación por las actividades que el proyecto pretende realizar durante 50 años. Tal es el caso de la evaluación de resiliencia y ecotoxicidad, mediante la que Don Diego sostiene que “no existen evidencias de contaminación que afecten a la fauna marina”, pero que realizó sin hacer mención a investigaciones oceanográficas locales-regionales, sino con datos marinos que incluyen a especies costeras del Reino Unido. Además de no haber evaluado el impacto de su actividad con especies locales, los promoventes del proyecto, señala la carta, realizaron un estudio que “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales producidos por el ruido en otras especies marinas (incluyéndose a las tortugas marinas)”. Además de concluir con que el proyecto “Don Diego” no es ambientalmente viable, el Gobierno de BCS hizo mención de que su desarrollo podría “exacerbar de una manera muy significativa” la intención del Gobierno de Estados Unidos de implementar un embargo pesquero “que tendría graves impactos socioeconómicos no sólo en el estado de BCS, sino también en el resto del país”. El embargo al que se hace referencia es una posibilidad que surgió luego de que, en agosto pasado la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendiera a México una certificación negativa por no adoptar un programa regulatorio comparable al de aquel país para afrontar la pesca incidental de la tortuga amarilla –una especie en extinción– en el Golfo de Ulloa, donde se pretende echar a andar el proyecto. La tortuga amarilla o caguama (caretta caretta) es una especie catalogada En Peligro de Extinción y considerada como Especie Prioritaria para la Conservación en México, por el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), pero diversas asociaciones civiles han denunciado que “Don Diego” es una amenaza latente. Recientemente, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) pidió al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) hacer un análisis de dicho proyecto y a instar al Gobierno Mexicano a proteger a la especie. Ante el riesgo, indica un comunicado del Cemda, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, dijo que “ahora, con un embargo en puerta por parte del gobierno estadounidense, lo menos que Semarnat debería hacer es aprobar el proyecto”. Finalmente, la misiva dirigida al funcionario de la Semarnat, insta a considerar la aplicación del Principio Precautorio para evaluar el proyecto minero y con ello apegarse a la legislación en materia internacional y nacional pues, de lo contrario podría incurrirse en “la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Entre los acuerdos internacionales que, mencionan, hay que cumplir, se encuentran la Declaración de Río de Janeiro y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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Columna de opinión de Astrid Puentes, directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sobre lo que ha sucedido pasados tres meses del anuncio del Gobierno Colombiano de suspender las fumigaciones con Glifosato. El 14 de mayo pasado, el gobierno colombiano anunció con bombos y platillos un gran cambio en la política antidrogas: la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito de coca y de amapola. La decisión tuvo repercusión internacional y fue ampliamente celebrada dado que Colombia es el único país que todavía aplica dichas fumigaciones, pese a que, tras décadas de implementación, éstas han demostrado ser inefectivas y causado graves impactos ambientales y sociales. Pero, a tres meses del anuncio, las fumigaciones continúan. Cabe entonces preguntarse en qué va la implementación de la decisión histórica tomada por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). La medida fue precedida por semanas de intenso debate generado a partir del informe de la OMS que concluyó que el glifosato podría causar cáncer. Con base en ello y en decisiones de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud recomendó aplicar el principio de precaución y suspender las fumigaciones con glifosato para evitar posibles daños graves e irreversibles a la salud y al ambiente en Colombia. Por siete votos a favor y uno en contra (el de la Procuraduría General de la Nación), el CNE hizo historia al anunciar la suspensión de las fumigaciones, se impusieron dos condiciones: que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) “revoque o suspenda” el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que permite la aspersión con glifosato en el país; y que, en el plazo de un mes, un comité técnico creado por el CNE formule recomendaciones para ajustar la política antidrogas. La información disponible sobre el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) da cuenta que ambas condiciones aún no se cumplen. Mientras tanto, las fumigaciones en Putumayo y otras zonas del país, continúan. El 11 de agosto, la Asociación Campesina del Catatumbo publicó un comunicado del Ministerio del Interior según el cual esa entidad “no ha tomado una decisión sobre la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito en el Catatumbo”. Lo anterior es incoherente con la decisión del CNE de suspender del todo las fumigaciones. ¿Por qué hacer una diferencia con el Catatumbo? ¿Existe realmente intención alguna de implementar la suspensión? ANLA puede y debe revocar el Plan de Manejo Ambiental para las fumigaciones Hay al menos tres razones para ello: La ANLA tiene la facultad de suspender o revocar licencias ambientales o autorizaciones para los planes de manejo ambiental cuando éstas o las condiciones y exigencias establecidas no se cumplen. Para hacerlo, no requiere autorización del beneficiario del permiso. La evidencia de que el glifosato podría causar cáncer a las personas y la correspondiente decisión del CNE deberían ser razón suficiente para que la ANLA revoque de inmediato el Plan de Manejo del PECIG. La ANLA puede tomar esa decisión de oficio, sin ninguna solicitud de por medio, en especial ante situaciones de riesgo grave para la salud y el ambiente. Para ello fue precisamente para lo que fue creada. La ANLA cuenta con información suficiente y adicional para revocar o suspender la autorización el Plan de Manejo Ambiental del PECIG. Incluso en junio y julio, el Ministerio de Salud le envió la documentación científica en la que basó su recomendación. En mayo pasado la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia concluyó que las fumigaciones son poco efectivas y que generan muy graves daños ambientales y en la salud. Desde marzo pasado, el famoso PMA del PECIG está en proceso de actualización debido a nuevas condiciones presupuestales y de reglamentación, y al acuerdo con Ecuador en la controversia ante la Corte Internacional de Justicia, organismo ante el cual Colombia se comprometió a no fumigar alrededor de la frontera. Dado el riesgo de cáncer que el uso del glifosato implica, la ANLA debería revocar el Plan de Manejo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato, en lugar de actualizarlo. Además, si el CNE decidió suspender del todo las fumigaciones con glifosato, el programa que ampara esa práctica carece de sentido. Hasta el nombre habría que cambiar. ¿Qué espera la ANLA para viabilizar la decisión del CNE y suspender las fumigaciones? Nuevas sustancias requieren nuevos permisos Respecto de la segunda condición para implementar la suspensión de las fumigaciones, el Ministerio de Salud dijo en respuesta a un derecho de petición enviado por varias organizaciones a mediados de junio, no tener conocimiento de las sustancias usadas como alternativa al glifosato. Un mes antes, en mayo, medios de comunicación informaron que la Policía está probando otras sustancias químicas. ¿Está la Policía haciendo pruebas sin las autorizaciones sanitarias requeridas? Después de todo, si el gobierno colombiano está buscando sustancias químicas o incluso biológicas para reemplazar al glifosato en la erradicación de cultivos de coca y de amapola, debería tener los permisos ambientales y sanitarios del caso. Las normas colombianas son claras: El uso de sustancias químicas requiere de una licencia ambiental, la cual requiere a su vez de un estudio de impacto ambiental previo en el cual se analicen los posibles daños al ambiente y la salud, así como las maneras de prevenirlos o mitigarlos. Cuando el programa de fumigaciones aéreas con glifosato parte del Plan Colombia comenzó a implementarse, se insistió en la necesidad de tener una licencia ambiental nueva. Las autoridades argumentaron en ese entonces que la erradicación era parte de un programa anterior y que una nueva licencia no era necesaria. Negarse a una nueva licencia ambiental y continuar usando el mismo plan de manejo ambiental para el PECIG, incluso ante el cambio de la sustancia, sería ignorar abiertamente las exigencias normativas y por ende, la obligación del Estado de proteger la salud y el ambiente, y el estado de derecho. Por ahora es claro que las condiciones establecidas para suspender las fumigaciones están dadas. Hay evidencia suficiente que la política no es efectiva y que causa graves daños en la salud y en el ambiente. Colombia y el mundo están pendientes. ¿Cuánto más tendremos que esperar?
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Mientras en los países del Norte y varios de Europa el fracking se ha prohibido o suspendido, en América Latina, se expande. ¿Podemos hacer algo? La respuesta es sí. Ante la incertidumbre de sus impactos y con la necesidad de generar información y debate, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas trabajan uniendo esfuerzos para evitar y detener los impactos negativos del fracking en el continente. A favor y en contra El fracking o fracturación hidráulica consiste en taladrar miles de metros verticalmente y luego horizontalmente bajo la tierra. Después se inyecta, a muy alta presión, un fluido compuesto de una mezcla de agua, arena y diferentes químicos contaminantes para fracturar rocas que contienen hidrocarburos (gas y petróleo) de difícil acceso y liberarlos. Entre los impactos graves e irreversibles asociados a esta técnica están el uso intensivo y la contaminación del agua, daños a la salud humana (cáncer, malformaciones, alergias y otros) y a otros seres vivos causados por los fluidos, emisión de metano que tien un potencial de calentamiento 25 veces mayor al del CO2, e incluso la generación de sismos. Ante los riegos y la falta de información sobre los impactos, países como Francia, Bulgaria, Escocia, Holanda, Irlanda y, gobiernos subnacionales como el del Estado de Nueva York, en Estados Unidos, le han dado la espalda al fracking, prohibiéndolo o declarando la moratoria del mismo en sus territorios. Los países de América Latina, por el contrario, están dando pasos decididos para explotar hidrocarburos no convencionales a través del fracking. Lo están haciendo con poca o ninguna información sobre sus impactos, y en ausencia de procesos adecuados de información, consulta y participación de las comunidades. Algunos ejemplos evidencian dicha tendencia: México le abrió las puertas al fracking a través de la Reforma Energética de 2013. Se conoce que en el país existen al menos 924 pozos de fracking. Argentina posee la mayor presencia de operaciones de fracking en la región, y las mayores reservas de gas de esquisto del continente. Existen más de 500 pozos de fracking en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro, incluyendo pozos perforados en Auca Mahuida, área natural protegida, y en territorios indígenasde mapuches. En Chile, en 2013, la empresa estatal ENAP perforó un pozo a través de fracking en la Isla de Tierra del Fuego y produjo gas natural. Se tienen previstas nuevas perforaciones en los próximos años. Colombia y Brasil han realizado licitaciones públicas y suscrito contratos con empresas petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. La empresa estatal petrolera de Bolivia suscribió en 2013 un convenio con su par de Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales en territorio boliviano. Unidos es mejor Con la facilitación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), 32 organizaciones de la sociedad civil —incluida AIDA— e instituciones académicas de siete países de la región, se unieron para conformar un Grupo Regional para prevenir los impactos del fracking a través de la generación de información y debate. El grupo busca contribuir a que el derecho a la vida, la salud de las personas y un ambiente sano sean respetados en América Latina. Su estrategia consiste en priorizar las siguientes acciones: Identificar las operaciones de fracking en la región, sus impactos y comunidades afectadas. Organizar seminarios virtuales y presenciales de capacitación. Desarrollar estrategias de incidencia para detener el fracking a nivel internacional. El Grupo tiene como valor agregado la experticia de sus miembros, su visión regional y el apoyo institucional que brindará a las organizaciones de cada país. Dada su naturaleza plural, está abierto a la participación de nuevas instituciones y personas interesadas en el tema. Logros importantes Muchas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, e instituciones de la región han desarrollado estrategias para generar información, sensibilizar a la población, promover el debate público, e incidir ante tomadores de decisiones para detener al fracking. Sus esfuerzos han resultado en: Más de 50 ordenanzas municipales que declaran la prohibición o moratoria del frackingen municipios de Argentina, Brasil y Uruguay . Muchas de ellas se han basado en la aplicación del principio de precaución; y en la preservación de las aguas superficiales y subterráneas, la salud y vida de las personas. Resoluciones judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros susceptibles de realizar frackingen cuencas petroleras de Estados brasileños como Sao Paulo, Piauí, Bahía y Paraná. Jueces han ordenado además que la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil no realice nuevas licitaciones en las cuencas comprometidas hasta que los impactos ambientales y riesgos del fracking sean suficientemente conocidos en Brasil. Esas decisiones judiciales han respondido a acciones promovidas por el Ministerio Público Federal de Brasil. Publicaciones sobre los impactos del fracking, sensibilización a comunidades y un proyecto de ley apoyado por más de 60 diputados nacionales y casi 20,000 personas para prohibir el fracking en México (). Información sobre los impactos del fracking, sensibilización de la sociedad civil, y promoción del debate público en Colombia y Bolivia. Estos logros animan a profundizar la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones. Estamos avanzando en los esfuerzos regionales para evitar los impactos del fracking en comunidades y promover un futuro energético humano y renovable.
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