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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró que no hubo “ecocidio” ni “devastación ambiental” en el desmonte del Proyecto Malecón Tajamar en Cancún, Quintana Roo, habitantes del municipio de Benito Juárez aseguran que ese sitio era “uno de los últimos pulmones de la ciudad”, donde familias hacían ejercicio, actividades recreativas y convivían con la naturaleza. “No es posible hablar, ratificar o avalar que se trata de un ecocidio, ni mucho menos que se trate de una devastación ambiental”, indicó el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, a pesar de la existencia en ese sitio de especies de flora y fauna protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059, ante lo cual activistas calificaron de tardía la llegada al lugar de la Profepa. Aun cuando se refirió a “ecocidio” y “devastación ambiental”, sin citar la fuente, para negar el daño en el malecón de tajamar, abogados ambientales consultados por Excélsior destacaron que esos términos ni siquiera existen en la legislación mexicana. Cuestionamientos Sandra Moguel Archila, asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, y Agustín Bravo Gaxiola, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, consideraron que Haro Bélchez emitió una declaración política para salir del paso en un tema ambiental que preocupa no sólo en el país, sino en el mundo. El pasado 28 de enero, el titular de la Profepa reconoció en conferencia de prensa que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “incumplió parcialmente” con el programa de rescate de fauna, condicionante en la autorización de impacto ambiental otorgada en 2005 por la Secretaría de Medio Ambiente. “En la visita y en la observación que hicimos, y que está documentada el pasado 26 de enero, se observaron cinco cocodrilos, tres adultos y dos crías, y eso significa que no se completó este programa de rescate de fauna”, indicó. Aunque Haro Bélchez dijo que emplazaría a Fonatur a completar el rescate de flora y fauna, “y en su caso valorar la oportunidad, la pertinencia, de una sanción administrativa en términos de ley”, el resolutivo de la Semarnat en sus condicionantes es muy claro: “Décimoprimero.- Serán nulos de pleno derecho todos los actos que se efectúen en contravención a lo dispuesto en la presente autorización. De tal efecto, el incumplimiento por parte del promovente (Fonatur) a cualquiera de los términos y/o condicionantes establecidos en esta autorización invalidará el alcance del presente oficio sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en los ordenamientos que resulten aplicables”. Alejandro Olivera Bonilla, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señaló que un “incumplimiento parcial” es no cumplir con las condicionantes, por lo que la Semarnat debe revocar la autorización de impacto ambiental y aplicar sanciones. Fonatur insiste en que reubicó la fauna de Tajamar, un total de 43 animales, incluido un cocodrilo trasladado a la Laguna de Nichupté, un día antes de que maquinaria pesada arrasara con todo. Rechazan versión Katherine Ender Córdova, vocera de la agrupación Guardianes del Manglar Cancún, quien lleva seis meses cuidando los tres accesos al malecón, asegura que no hubo ni una sola reubicación de fauna. “Nunca reubicaron, hacíamos guardias las 24 horas del día, tenemos cómo probarlo.” En cuanto a la flora protegida de Tajamar, en agosto de 2015 Fonatur realizó una reubicación de 10 mil plántulas de especies protegidas por la legislación ambiental como el mangle rojo, negro y botoncillo, así como la palma Chit. Pero la vegetación supuestamente rescatada de su hábitat está seca, en bolsas de plástico negras, muriendo lentamente en el vivero del Parque Kabah, en Cancún, como constató este diario. En el sitio están amontonados los ejemplares y el personal que ahí labora confirmó que se trata de los mangles y palmas traídas desde el año pasado de Tajamar. “Lo que está haciendo el gobierno es meterse en un pantano e irse hundiendo cada vez más y más y más, y sus declaraciones son cada vez más inoportunas y grotescas”, dijo Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab. Lamentó que la Profepa haya “llegado tarde como siempre”, 10 días después del ecocidio y la devastación en Tajamar y por ello, dijo, sus inspectores ya no pudieron encontrar cuerpos de los animales que fueron aplastados y enterrados por los trascabos bajo el amparo de la policía y la oscuridad de la noche. “Ecocidio” En abril de 2010, la abogada británica Polly Higgins presentó una enmienda al Estatuto de Roma para que se incluya al “ecocidio” como el quinto crimen internacional contra la paz, junto con el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. La propuesta presentada ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional define al “ecocidio” como “la destrucción, daño o pérdida de los ecosistemas de un territorio determinado, ya sea por la acción humana o por otras causas, a tal punto que el disfrute pacífico por los habitantes de ese territorio se haya visto seriamente disminuido”. Se busca que el “ecocidio” sea juzgado por la Corte Penal Internacional.
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El alcalde de la capital tolimense, Guillermo Alfonso Jaramillo, quiere evitar la explotación de una de las minas de oro más grandes de Colombia. Sin embargo, ese mecanismo aún se encuentra en un limbo jurídico. Desde que en 2013 el municipio de Piedras rechazó por medio de una consulta popular la minería de oro que estaba promoviendo la empresa Anglogold Ashanti en el Tolima, a través de sus operaciones en la gran mina de La Colosa, varios territorios han tratado de mostrar su descontento con acciones similares. Lo hizo Tauramena, en Casanare, en diciembre de ese año para detener la explotación petrolera; lo intentó Monterrey, también en Casanare, a principios de 2014, para salvar el río Túa, su principal afluente, y lo ha intentado en varias ocasiones Cajamarca, en el Tolima, porque sobre sus tierras está La Colosa y temen que sus aguas y su producción agrícola se vean mermadas. Ahora, después de muchas discusiones y polémicas, le llegó el turno a Ibagué. El pasado lunes su nuevo alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, exsecretario de Salud de Bogotá, radicó en el Concejo de la ciudad un proyecto para empezar el trámite de una consulta popular que detenga las operaciones de La Colosa. Según él, la explotación de la “megaminería a cielo abierto” también tiene en vilo los recursos hídricos de la capital tolimense, no sólo de Cajamarca. Principalmente, dice, si se concreta, la explotación afectará la cuenca del río Coello. “Y de ese afluente es de donde se va a alimentar un acueducto complementario con el que contarán los ibaguereños. Por eso estamos interesados en decidir sobre nuestro futuro y sobre nuestro territorio. Se puede presentar una clara situación de degradación de suelos, erosión y alteraciones de topografía que afectan el medioambiente y las cuencas. Además, nuestra vocación es agrícola y queremos seguir gozando de esta autonomía para decidir si queremos seguir teniéndola”, asegura. La autonomía a la que se refiere Jaramillo es el centro de un álgido debate que empezó cuando Piedras hizo su consulta popular y el cual el país aún no ha sido capaz de solucionar. En términos muy concretos, el tema engloba una pelea jurídica para definir si los municipios pueden decidir si hacer o no minería en sus territorios. Y pese a que el Gobierno Nacional ha tratado de zanjar la discusión a punta de decretos y a que la Procuraduría ha intentado limitar a los alcaldes por medio de sanciones disciplinarias, hoy la pelea sigue en el limbo. En el caso de Cajamarca, donde Anglogold Ashanti espera comenzar a excavar en 2020 La Colosa para extraer unos 29 millones de onzas de oro, el ente de control había anunciado sanciones si su alcalde hacía una consulta. Por otro lado, el Minambiente y el Minminas han querido ponerle punto final a la discusión con polémicos decretos. El último de ellos, expedido hace un año y recordado como el “decreto navideño” (por haber sido sancionado el 23 de diciembre), resultó tan controversial que el Consejo de Estado lo suspendió provisionalmente. De manera que ahora, como explica César Rodríguez Garavito, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y quien les ha hecho seguimiento detallado a estas consultas populares, el asunto sigue en el limbo. Eso, pese a que la Corte Constitucional aseguró en 2014 que el Gobierno y las autoridades locales tenían que conciliar las acciones que se iban a llevar a cabo en los suelos de los municipios. A sus ojos, el Gobierno ha querido sacarle el cuerpo a la sentencia del alto tribunal. “Y lo que hoy es completamente claro es que el alcalde de Ibagué tiene toda la potestad para hacer esa consulta”, afirma. Con él concuerda Carlos Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): “Jurídicamente esta operación es viable”. Sin embargo, el paso que dio Ibagué es apenas el primero de un largo proceso. Primero, como dice Jaramillo, la consulta debe ser aprobada por el Concejo. El alcalde espera encontrar el apoyo de sus funcionarios, en parte porque la iniciativa venía siendo promovida desde mucho antes por organizaciones de la sociedad civil. En caso de que esa entidad le dé el visto bueno, el Tribunal Administrativo de Tolima debe dar su aprobación. Y cuando pase por este par de etapas, los ibaguereños decidirán si quieren o no que la multinacional minera explote el oro de La Colosa. Para hacerlo, dice Jaramillo, deberán superar el umbral, que puede ser cercano a los 120.000 votantes. Si todo marcha bien, es posible que el 5 de junio la ciudadanía de la capital tolimense se encuentre con un tarjetón con la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”. Y aunque para Jaramillo la cuenca del río Coello es la que está en juego, algunos rumores indican que el proyecto La Colosa requiere de territorios cercanos a Cajamarca. Según fuentes cercanas al proceso, en Ibagué ya se han comprado lotes que pueden funcionar para depositar escombros y separar los materiales, pues la Anglogold Ashanti tendría la posibilidad de ubicar infraestructura para sus operaciones a 100 kilómetros a la redonda. Después de todo, el municipio de Piedras se opuso a la minera porque en sus tierras, justamente, se iba a construir el centro de procesamiento del oro.
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Especialistas en industrias extractivas alertaron que la extensión de la fractura hidráulica en América Latina se debe a la baja producción de energéticos y a que las leyes sobre explotación de cada país son muy laxas, además de que las prospectivas sobre los recursos sólo impulsan el uso de energías fósiles en lugar de las renovables. Ciudad de México, 28 diciembre (SinEmbargo).– Comenzó en Estados Unidos, llegó a México y poco a poco se ha extendido hacia el resto de América Latina, sin embargo organizaciones civiles alertan que de no detenerse, los daños podrían ser irreversibles. Se trata del fracking o fractura hidráulica, una técnica no convencional de extracción de hidrocarburos que afecta al medio ambiente, vulnera los derechos sociales y causa problemas a la salud. A principios de diciembre de este año, el portal estadounidense especializado en temas de energía Truthout informó que este método se está expandiendo rápidamente en Latinoamérica y aunque “puede provocar cáncer y enfermedades en la sangre, entre otros efectos inmunológicos, ya se realiza en Bolivia, Colombia, Venezuela, Paraguay , Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y México”. Al respecto, Aroa de la Fuente, especialista en industrias extractivas del Centro de Análisis e Investigación Fundar, explicó que las naciones recurren al fracking porque las estimaciones que se tienen para explotar los recursos son altas y con ello se pretende mitigar la caída de la producción de energéticos. En el caso de Argentina comentó que hay un mayor desarrollo de proyectos de este tipo e incluso ya la explotación es con fines comerciales, pero reiteró que las visiones prospectivas que tienen los países sobre sus recursos no son siquiera cien por ciento seguras, además de los daños que implica su desarrollo. Asimismo, la publicación norteamericana detalló que “el fracking emite benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, componentes considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como nocivos para la salud”. Por su parte, varias organizaciones en contra del la fractura hidráhulica, entre ellas la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Observatorio de Petróleo Sur, entre otras, explican que “aunque persisten las iniciativas y operaciones de exploración y explotación a través de fracking en varios países, la caída de los precios del petróleo mantiene frenado un proceso que era promovido como una de las grandes soluciones energéticas para la región: la explotación de yacimientos de lutitas o gas shale”. Las asociaciones informan a través del documento titulado Mapa de Fracking en América Latina que “en la formación Vaca Muerta, en Argentina, se sostiene el único proyecto de desarrollo masivo de Hidrocarburos No Convencionales (HNC) por fuera de Estados Unidos. En tanto, en México, sin la participación estatal de Pemex, se realizó la Ronda Uno de concesiones, considerada como el banderazo de salida para el nuevo escenario liberalizado y transnacionalizado”. Asimismo, el mapa indica que Argentina y México “son la punta de lanza de los HNC en la región, seguidos con incipientes actividades de exploración por Colombia, Bolivia, Chile y Uruguay; y anuncios oficiales sin resultados concretos en Perú y Paraguay”. En ese sentido, Aroa de la Fuente, quien también es integrante de Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, dijo que la situación en Argentina responde a la apertura de los gobiernos hacia la industria privada “a ese país llegó Chevron e hizo un contrato leonino con la empresa estatal para explotar este tipo de hidrocarburos con la argumentación de la disminución de las reservas”. En tanto, el documento menciona que en el resto de América Latina “al mismo tiempo se abren escenarios de explotación de otros tipos de energías extremas, como gas asociado a mantos de carbón en Colombia y Argentina y las aguas profundas de Presal, en Brasil”. Por su parte, Truthout confirmó que “de acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicados en 2015 , sólo Estados Unidos, Canadá, y más recientemente Argentina y China producen grandes volúmenes de gas de esquisto; estos dos últimos países están impulsando el desarrollo de la extracción esquisto”. Sin Embargo, la experta en industrias extractivas aseguró que “para realizar la exploración y ver si es viable la explotación no necesitan fracturar los yacimientos y generar los impactos que vienen asociados a ellos, además que esta política es totalmente contraria a los compromisos que tienen los países para la región contra lucha del cambio climático”. Según datos de la AIE, México cuenta con 454 billones de pies cúbicos de gas shale, mientras que estimaciones de Petróleos Mexicanos dicen que son 13 mil 100 miles de millones de pies cúbicos. En tanto, la organización civil Cartocrítica dio a conocer en este año que Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz son las entidades donde más se han registrado pozos por fracking. De acuerdo con la información presentada por la organización, los estados que más pozos registran en funcionamiento son Veracurz con 349 y Puebla con 233, seguido por Nuevo León con 182 y luego el resto. Cartocrítica asegura que al menos 924 pozos han sido perforados en seis de los 32 estados del país, incluyendo 349 de ellos en Veracruz. Al respecto, OilPrice, portal estadounidense especializado en temas energéticos, publicó en julio pasado que dado el estado de los precios del petróleo y los recursos que México tiene a su disposición, “hasta el momento el fracking aparece concentrado en el gas natural, en lugar del crudo”. Para Cartocrítica, el fracking se está expandiendo en silencio en México, de forma no regulada y envuelto en la opacidad. En ese sentido, la especialista de Fundar opinó que Pemex ha anunciado sus prospectivas “pero tampoco estamos seguros, lo que necesitamos es tener más información del gobierno para saber qué tipo de yacimientos son”. En el marco de la Cumbre sobre Cambio Climático COP 21 integrantes de organizaciones civiles se pronunciaron en contra de esta práctica con la demanda de que “el Fracking debe ser prohibido para enfriar al planeta”. Las organizaciones expusieron ante los líderes mundiales que “pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminantes, varios países de la región, entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia, han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del la fractura de hidráulica”. Asimismo, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking explicó en su pronunciamiento que la fractura hidráulica afecta a las comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas por el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura cuya convivencia con esta técnica es imposible . Al respecto, Claudia Campero, integrante de la Alianza contra el Fracking en México, y quien estuvo presente en la Cumbre, comentó a este medio que respecto a este tema los líderes mundiales no detallaron nada y que incluso algunos de los acuerdos alcanzados en la cumbre “están fuera de la realidad”. Comentó además que tampoco se tocaron temas como los sistemas hídricos “es algo que se ha olvidado, todo el desplazamiento que se ha hecho del agua a través de grandes represas y que ha impactado en los ecosistemas también es muy responsable del cambio climático”. En ese sentido abundó sobre la importancia del agua en todos los sentidos y recordó que para realizar la fractura del suelo se requieren millones de litros del vital líquido. ¿HACERLO BIEN? Para el Gobierno Federal y algunos especialistas, el fracking puede ser eficiente siempre y cuando se haga mediante prácticas cuidadas, tecnología indicada y con un correcto sondeo sobre las características del suelo y la región. En noviembre pasado, durante la presentación de una serie de recomendaciones realizadas por la empresa de investigación en energía IFC International para que México reduzca las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Mario Molina Pasquel, Premio Nobel de Química, calificó dicha técnica como una alternativa de transición energética y dijo que “posiblemente vayamos a tener y nos conviene como una fuente adicional de gas y de hidrocarburos ligeros”. Para otros, “el país no puede renunciar al fracking. Sería darle a Estados Unidos una ventaja competitiva enorme sobre México o convertirnos en un país para siempre importador del gas que produce Estados Unidos. Pero sí podemos hacerlo con prácticas ambientales probadas y en esa dirección vamos a caminar”, declaró Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía de este país tras ser cuestionado sobre los riesgos de esta técnica durante una conferencia magistral en la maestría sobre políticas públicas que ofreció la Fundación Colosio el 28 de septiembre del año pasado. Sin embargo las especialistas en el tema coinciden en que pese a esta práctica se pretenda implementar bajo un discurso “ambientalista” no es la mejor vía para la explotación de energía. Para la especialista de Fundar “además esta técnica es muy cara, la explotación de hidrocarburos fósiles se está haciendo más costosa y va en detrimento, porque mientras se apueste a un tipo de energía, es más difícil desarrollar otra”, y en esa vía comentó que los gobiernos de América Latina, como de México, deben apostar por las energías renovables. En ese sentido, Claudia Campero agregó que “lo que tenemos que hacer es dejar de manera universal el 80 por ciento de los combustibles fósiles que no se han extraído bajo tierra y los no convencionales”.
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