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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Resaltan la aplicación del principio de precaución en la resolución por la cual la Agencia Nacional de Licencias Ambientales suspendió las fumigaciones. Piden permanecer alertas ante la amenaza del uso manual del glifosato o su reemplazo con otro químico nocivo. Bogotá, Colombia. Organizaciones de la sociedad civil celebran por fin la suspensión temporal y con carácter preventivo de las fumigaciones aéreas con glifosato como avance en la protección de la salud pública y del derecho a un ambiente sano en el país. Destacan que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aplicara el principio de precaución en la resolución por la cual ordenó la suspensión de una técnica empleada por más de dos décadas para erradicar cultivos de coca y amapola de uso ilícito. El 29 de mayo, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decidió suspender las fumigaciones con glifosato (Resolución 006). Para que la medida se hiciera efectiva, la ANLA debía suspender o revocar el Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), lo que ocurrió con la Resolución 1214 del pasado 30 de septiembre. La resolución está fundamentada en el principio de precaución y sigue las recomendaciones del Ministerio de Salud y el CNE, instancias que en su momento se basaron en el dictamen de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el cual concluye que el glifosato es “probablemente cancerígeno para humanos”. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) considera que la aplicación del principio de precaución es un progreso en el derecho ambiental colombiano. “Hoy por fin podemos celebrar la suspensión de las fumigaciones, después de décadas de evidenciar daños en la salud, el ambiente, así como la ineficacia del programa”, dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. Para Yamile Salinas Abdala, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), “es necesario llamar la atención sobre la facultad que otorga la ANLA al CNE de reanudar las fumigaciones con glifosato y emplear otros herbicidas, bajo ciertas condiciones y previo concepto de las autoridades competentes, sin detallar cuáles son esas autoridades”. Por su lado, Pedro Arenas, coordinador Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, señaló: “Ante la decisión del Presidente de la República y del CNE, era insostenible seguir asperjando glifosato. Sin embargo, es inexplicable que el Director de la Policía colombiana quiera seguir usándolo por medios manuales y que el Ministerio de Defensa amenace con reemplazarlo por otra molécula para seguir con la fumigación aérea; por eso debemos permanecer alertas.” En mayo, AIDA e INDEPAZ entregaron al Ministerio de Justicia de Colombia casi 25,000 firmas a una petición lanzada en la plataforma de internet Change.org para solicitar el fin de las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia. Ese mes, 10 organizaciones sociales (WOLA, LAWG, AIDA, CINEP, CCJ, Grupo Semillas, Planeta Paz, Mamacoca, Red de Justicia Ambiental y PCN) solicitaron al Consejo Nacional de Plaguicidas y al CNE la revocatoria del PECIG y desaconsejaron el uso de otros herbicidas. Esa solicitud recogía las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional (Auto 073 de 2014) y el Consejo de Estado (Rad. 2004-00227-01 de 2013), y las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en el informe “Lineamientos para un nuevo enfoque de la política de drogas en Colombia” de mayo de 2015.
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Comunidades en toda América Latina y el mundo entero están enfrentando los severos efectos del cambio climático. A medida que las inundaciones destruyen formas de vida ancestrales y las sequías amenazan la supervivencia de las comunidades, se hace cada vez más evidente la urgencia de que los líderes mundiales actúen. Bajo estas circunstancias apremiantes, líderes del mundo se reunirán este diciembre en París para celebrar la COP21, una reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que será un parteaguas. Se espera que esta conferencia dé como resultado un nuevo acuerdo global que, esperamos, cree las condiciones para generar una economía más resiliente al cambio climático y con menos emisiones de carbono. Andrea Rodríguez, abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA, ha dado seguimiento a algunos elementos clave de las negociaciones climáticas y brindado información y análisis a los creadores de las políticas y a organizaciones de la sociedad civil en todo el continente americano. Con el fin de prepararte para la avalancha de noticias que saldrán de la COP21, hemos pedido a Andrea que nos responda algunas preguntas: ¿Qué es la COP21? La reunion de París será la vigésimoprimera sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como la CMNUCC. Los líderes del mundo se reunirán con el objetivo de firmar un nuevo acuerdo climático global. La meta primordial de este acuerdo será reducir las emsiones de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura global a 2° C por encima de los niveles pre-industriales, para que podamos adaptarnos a los nuevos cambios del clima. ¿Por qué es tan importante esta conferencia? El cambio climático es un problema global que requiere soluciones globales. No importa lo que los gobiernos hagan, si no trabajan en colaboración y toman acciones conjuntas, nunca vamos a lograr brindar una solución efectiva. Por eso es crucial que exista un espacio global que coordine lo que los países hacen para enfrentar el problema. El tratado global del cambio climático existe desde hace más de 20 años. Lo que necesitamos de la COP21 es una guía más detallada para garantizar su efectiva implementación. Si no brindamos claridad con respecto a los pasos exactos que tomaremos para reducir las emisiones de manera oportuna, estamos arriesgando el futuro mismo del planeta. ¿Cuáles son los aspectos clave que AIDA sigue? AIDA da seguimiento a dos componentes clave en el desarrollo de un nuevo acuerdo climático: el financiamiento climático y la protección de los derechos humanos en actividades relacionadas con el clima. Financiamiento climático se refiere a los fondos que se otorgarán a países en desarrollo, que generalmente son los menos responsables y los más impactados por el cambio climático, para que implementen acciones efectivas para enfrentar el cambio climático. La COP21 necesita ofrecer claridad con respecto a los aspectos específicos de dicho apoyo: ¿cuándo y cómo se entregarán los fondos y de dónde provendrá el dinero? Ya se acordó una base de $100 mil millones de dólares anuales para el 2020. Pero ¿cómo garantizaremos que se cumpla esa meta y que siga creciendo? Y, una vez que se distribuyan los recursos, deben existir mecanismos para garantizar que esos recursos se apliquen de manera adecuada y efectiva. AIDA también está presionando a los gobiernos para que incorporen protección a los derechos humanos en el acuerdo, puesto que el cambio climático afecta directamente los derechos humanos. Necesitamos generar amplia conciencia de las dimensiones de los derechos humanos que el cambio climático conlleva. Eso incluye incorporar lenguaje específico para garantizar la protección de los derechos humanos en todas las acciones climáticas. Cuando los gobiernos o instituciones planeen proyectos, programas y estrategias enfocadas al clima, también deben considerar cómo esos proyectos afectarán a la gente y sus derechos humanos. ¿Qué significará el acuerdo para los gobiernos? Los gobiernos del mundo necesitan empezar a ver hacia adentro. Deben hacer un análisis interno para ver qué tienen y qué necesitan, para asegurar que puedan implementar el acuerdo estratégicamente. Para que un país pueda comprometerse a actuar, primero debe asegurarse de tener la capacidad institucional y los medios para lograrlo. ¿Qué significará para la gente común? El acuerdo climático es un compromiso político, pero definitivamente tendrá repercusiones a nivel local, ya que influirá sobre las políticas nacionales. Si los líderes pueden crear un acuerdo efectivo, verás al gobierno de tu país cambiar hacia desarrollos de bajas emisiones y mayor resiliencia al clima. Habrá mejores regulaciones locales, y comenzarás a ver mejoras en las políticas, y eventualmente más acciones resilientes al clima en tu propia comunidad. Serás menos vulnerable a los efectos del cambio climático. ¿Cómo puede la gente común involucrarse en este tema? Puedes comenzar por exigir más a tu gobierno. El cambio climático es una lucha política, y tu voz puede ayudar a influir en los resultados. Investiga qué es lo que tu gobierno quiere y cuáles son sus expectativas; puedes comenzar por familiarizarte con la Contribución Nacionalmente Designada (INDC por sus sigles en inglés) en tu país. Después organízate para presionar a tu gobierno para tomar una postura más proactiva. Familiarízate con el financiamiento climático, y sigue las negociaciones, y ayuda a informar a otros compartiendo nuestro trabajo. Es nuestra tarea como ciudadanos responsabilizar a nuestros gobernantes, y hacer nuestra parte por defender este hermoso planeta tanto como podamos.
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AIDA pidió anular la resolución de la ANAM, hoy Ministerio de Ambiente, que establece el Caudal Ecológico en 10%, dejando el 90% del agua de ríos, lagos y otros ecosistemas a disposición de grandes proyectos, como represas hidroeléctricas. Ciudad de Panamá, Panamá. AIDA presentó un escrito legal de apoyo a la demanda promovida por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) que solicita la anulación de la Resolución No. AG-0691-2012, aprobada por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), hoy Ministerio de Ambiente. Esta resolución, que establece el Caudal Ecológico, permite que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales de ese recurso vital sea empleada en grandes proyectos como represas hidroeléctricas. El Caudal Ecológico es el flujo mínimo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener sus valores ecológicos —refugio de flora y fauna, preservación del paisaje y disolución de contaminantes, entre otros—, valores sociales o su uso por parte de las comunidades. La resolución de la ANAM, cuya nulidad se busca, limita ese flujo a tan solo el 10% para todos los cuerpos de agua y permite que el porcentaje restante quede en manos de mega proyectos de infraestructura. En el escrito judicial de apoyo a la demanda, AIDA expone los principales argumentos de derecho internacional resaltando las obligaciones que tiene el Estado Panameño de protección del recurso hídrico y de garantizar los derechos humanos. “Buscamos que los jueces de la Sala Tercera declaren la nulidad de la resolución de la ANAM comprendiendo la importancia de que Panamá cuente con una regulación de Caudal Ecológico en concordancia con las obligaciones internacionales, que procure la salud de los ecosistemas acuáticos y garantice los derechos humanos”, señaló Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. AIDA solicita que la Corte Suprema declare la nulidad de la resolución de la ANAM por considerar que la misma violenta principios y obligaciones internacionales contraídas por el Estado panameño de proteger la biodiversidad de los ecosistemas y su uso racional, los derechos humanos como el de acceso al agua, al ambiente sano y a la vivienda. Asimismo, AIDA considera que la resolución carece de mecanismos de participación para establecer el caudal ecológico de forma tal que incorpore las necesidades de todos los interesados en cada cauce.
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