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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Diversas organizaciones de la sociedad civil anuncian su participación en la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre. Demandan que México declare Emergencia Climática y tome acción inmediata correspondiente. Ciudad de México. Por este medio, queremos informarles que 39 organizaciones de la sociedad civil trabajando temas diversos nos sumamos a la iniciativa de jóvenes de Fridays For Future Ciudad de México para llamar la atención sobre la grave crisis climática global y la urgente necesidad de tomar acciones sin precedentes para evitar peores escenarios en el futuro. Las consecuencias sociales, ambientales y económicas de mantener los modelos de producción y de consumo actuales serán sufridas en mayor medida por las personas jóvenes, niños, niñas y por quienes aún no nacen. Debido a lo anterior, la legítima demanda de acción y justicia climática de jóvenes alrededor del mundo cada vez suma más voces. Hoy, México ocupa el puesto número 13 de países con mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera, esto quiere decir que somos corresponsables de todas las consecuencias, impactos y cambios que vemos actualmente en el planeta. Nuestro país tiene la oportunidad de tomar acciones inmediatas y efectivas para reducir sus emisiones, eliminar el uso de combustibles fósiles y adoptar un modelo basado en energías renovables y asegurar la distribución equitativa de recursos, así como buscar sistemas sustentables de producción de alimentos. No podemos seguir otorgando permisos, tiempo y concesiones a las empresas para que continúen con sus prácticas contaminantes. En México, el 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático, lo cual contribuye a exacerbar las crisis y desigualdades sociales. El incremento de la temperatura tendrá una consecuencia directa en la pérdida de especies, contaminación local, mala calidad del aire, agua y suelo, así como en la ya reducida disponibilidad de agua dulce. Será también un factor que agravará las tendencias migratorias, acelerando y generando conflictos geopolíticos en la región, atentando directamente contra los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. Por todo lo expuesto anteriormente, nuestras demandas son las siguientes: Declaración de emergencia climática nacional. Que el Gobierno de México reconozca la crisis ambiental que vivimos y emita una declaratoria de “Emergencia climática” que establezca como prioridad nacional la integración de políticas y esfuerzos climáticos con mecanismos claros y verificables, así como presupuesto suficiente y metas anuales para cumplir con las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional que limiten el aumento de la temperatura global a 1.5°C. Compromiso nacional e internacional con un plan detallado. Que el gobierno de México presente ante la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas (que se llevará a cabo en Nueva York el próximo 23 de septiembre) un plan detallado en donde se comprometa a incrementar sustancialmente sus acciones actuales para poner el país en la trayectoria identificada por el IPCC. Reducción de las emisiones de GEI al 50% en 2030 y alcanzar cero emisiones en 2050. Que se tomen todas las medidas necesarias incluyendo el abandono gradual pero acelerado del uso de combustibles fósiles impulsando una transición energética justa hacia energías renovables. Enfoque de derechos humanos en las acciones por el clima. Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Empezando por la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Agricultura sostenible. Que se prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que la siembra y cultivo agroecológicos tienen para el enfriamiento del planeta. De igual manera, establecer políticas que disminuyan el enorme impacto negativo que tienen las técnicas de agricultura predominantes. Como organizaciones preocupadas por la emergencia climática a nivel global, nos sumaremos a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la crisis climática organizando, difundiendo y participando en las actividades cuyo calendario se anexa. Organizaciones convocantes: Fridays For Future CDMX Alianza Internacional de Habitantes Alianza Mexicana contra el Fracking Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán Asociación de Consumidores Orgánicos Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bicitekas Bike Recycling México CCL (Ciudadn@s por un Clima Vivible) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Centro para la Diversidad Biológica Colectivo E3 Contaminantes Anónimus Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia - CONUR Coordinadora Socialista Revolucionaria - CSR El Poder del Consumidor Extinction Rebellion - México Food & Water Watch Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala Fundar – Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales GEA Huerto Roma Verde La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida) Llamado Mundial para Frenar el Cambio Climático Misión Planeta A.C. Pobladores A.C. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Raké (Sociedad de alumnos de Relaciones Internacionales de la Ibero) Reacción por el Planeta Red por los Derechos de la Infancia en México Regeneration International Ruta Cívica Servicios y Asesoría para la Paz A.C. Taller13 Contacto de prensa: [email protected]
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Nos sentimos orgullosos de ser parte del litigio en el que esta decisión ocurre y esperamos que el alto tribunal siga priorizando el principio de precaución y considerando los riesgos de daños que el fracking implica para el ambiente y la salud humana. Bogotá, Colombia. En el marco de la demanda de nulidad interpuesta por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Norte, el Consejo de Estado se abstuvo de revertir la suspensión provisional de la reglamentación para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. Ello significa que esa técnica continúa suspendida, que actualmente no es legal llevarla a cabo y que Colombia vive una moratoria al frackingpor orden judicial. Con su decisión, el Consejo de Estado, alto tribunal colombiano, desestimó la solicitud presentada por el gobierno, que buscaba levantar la suspensión vigente desde noviembre del año pasado y dar vía libre al fracking en el país. Desde AIDA celebramos la decisión adoptada por el Consejo de Estado y nos sentimos muy honrados de ser parte de este litigio. Se trata sin duda de un paso en la dirección correcta ante el alto grado de incertidumbre sobre los riesgos asociados al fracking. Entre ellos están la contaminación del aire y de fuentes de agua superficiales y subterráneas, daños a la salud humana y emisiones de metano a la atmósfera, potente gas de efecto invernadero y una de las causas principales de la crisis climática que el mundo enfrenta. En ese escenario, la urgencia de transitar hacia energías limpias es evidente. El alto tribunal concluyó que se debía aplicar el principio de precaución ya que, incluso sin certeza científica absoluta, hay pruebas mínimas de daños potenciales derivadas de una aparente deficiencia en las medidas contempladas en la reglamentación del fracking. Colombia apunta hoy a ser un ejemplo para América Latina. La suspensión provisional de la reglamentación corresponde a una medida cautelar mientras se resuelve definitivamente el caso. Es fundamental que el Consejo de Estado continúe dando prioridad al principio de precaución, teniendo en cuenta la falta de certeza plena sobre los riesgos de daños irreversibles que el fracking implica para el ambiente, el clima y para las personas. En AIDA saludamos la independencia judicial, pues es fundamental para la protección del ambiente por medio del derecho. Esperamos que el proceso judicial en curso considere apropiadamente las pruebas y argumentos presentados, incluidos los relacionados con una tarea cada vez más urgente: la lucha contra la emergencia climática. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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En el sur de la región oriental de Ecuador, en plena Amazonía, se alza imponente un macizo montañoso de más de 160 kilómetros de longitud: la Cordillera del Cóndor, que permaneció desconocida por años y que hoy conserva un extenso territorio intacto y sin explorar. En esa zona, de importancia clave para la vida, la ciencia y la conservación, comenzó a operar en julio el proyecto Mirador, una mina a cielo abierto para la extracción de cobre por un periodo previsto de 30 años. La puesta en marcha del proyecto marca también el inicio de la minería a gran escala en Ecuador, con la cual el gobierno pretende sostener la economía y dejar atrás su dependencia del petróleo. Se trata de una triste novedad porque la minería a gran escala implica riesgos de enormes daños ambientales, los cuales son más graves en un ecosistema de gran biodiversidad y próximo a fuentes de agua como la Cordillera del Cóndor, donde además viven comunidades indígenas y campesinas. Este impulso a la actividad extractiva contradice el avance de 2008, cuando Ecuador fue el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución. Cuando la Amazonía arde en llamas y con ella nuestro futuro, Ecuador debe cambiar el rumbo y ser un ejemplo de protección efectiva de ese ecosistema y de quienes dependen de él para los otros países de la Cuenca Amazónica y para el mundo. Los recursos que necesitamos conservar “Al país le hacen falta recursos”. Con esas palabras justifican el proyecto Mirador los voceros de la empresa china Ecuacorriente —a cargo la concesión minera— y también los representantes del gobierno, que ha intensificado sin precedentes la industria minera en el país. Pero ¿qué pasará con la biodiversidad y con los servicios ambientales de la Cordillera del Cóndor, cuyo valor es incalculable? Esa cordillera amazónica protege bosques de neblina y páramos (humedales de alta montaña), ambos sumideros naturales de carbono. Alberga más de 2.000 especies de flora, entre ellas una de las pocas plantas carnívoras de Ecuador, y tiene 613 especies de aves. Según estudios, en este entorno único hay otras 2.000 especies de plantas por descubrir. Es ahí donde se realizarán excavaciones de 300 a 500 metros de profundidad para acceder a los minerales del subsuelo, y donde se construirán riesgosas presas para depositar toneladas de desechos. Los daños ya están ocurriendo. La empresa confirmó que se han talado 1.422 hectáreas de bosque para el proyecto. Y organizaciones locales han denunciado graves violaciones legales y constitucionales en torno al mismo. El discurso de las grandes ganancias para el país por la explotación y venta de los recursos del subsuelo ha cobrado fuerza en los últimos meses en el gobierno. Datos oficiales dan cuenta que actualmente el 7,5% del territorio está concesionado para la exploración de minerales, pero el gobierno analiza entregar nuevas concesiones. Para ello tiene previsto contar en 2020 con un mapa de las nuevas áreas donde estará permitido hacer minería. Estos planes ignoran los impactos perpetuos de la minería a gran escala. Entre ellos están la afectación del paisaje y los daños a la calidad del agua. En el caso de Mirador, el proyecto ya ha causado el desvío del río Tundayme, solo por nombrar uno de sus impactos, reconocidos como irreversibles por la misma empresa. “Sean coherentes, dejando de utilizar celulares y bicicletas y más objetos que provienen de materiales extraídos de las minas”, dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzner, uno de los grandes promotores de la minería en el gobierno, retando a quienes se oponen a los proyectos mineros. “Le propongo otro reto: usted deje de utilizar agua y alimentos”, le respondió Yaku Pérez, defensor del agua y prefecto de la provincia de Azuay. La anterior es la metáfora más clara de lo que está en juego con el avance ciego de la minería a cielo abierto en Ecuador. La crisis climática exige una nueva visión de desarrollo El paso acelerado hacia la minería a gran escala en Ecuador significa actuar de forma negligente frente a la crisis climática global, la cual nos obliga a cambiar de modelo de desarrollo en esta misma década para lograr las metas de mitigación y adaptación. La comunidad científica internacional advirtió en 2018 que solo tenemos una docena de años para que el calentamiento global se mantenga a un máximo de 1.5 ° C (respecto de la era preindustrial) y que pasar ese límite haría peores los riesgos de sequías, inundaciones y calor extremo. Ello nos exige transiciones sin precedentes en sectores como la energía y los sistemas industriales. Impulsar la minería a gran escala es ir en reversa y profundizar el modelo de desarrollo que ha causado la emergencia climática. Significa arrasar con los sumideros naturales de carbono como los que alberga la Cordillera del Cóndor y el conjunto de la Amazonía. Ecuador puede y debe dar un nuevo paso al frente. Debe, al igual que hizo en 2008 con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, encontrar un modelo de desarrollo que efectivamente respete sus obligaciones con el clima y con los derechos humanos. No puede seguir hipotecando el presente y futuro de comunidades y ecosistemas enteros bajo el pretexto de las ganancias inmediatas y efímeras de la minería. Nuevos caminos son posibles y, sobre todo, urgentes.
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