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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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El Coordinador Eléctrico Nacional autorizó a AES Andes la quema de 94.000 toneladas de carbón sin justificación legal ni ambiental y sin haberse evaluado potenciales perjuicios para terceros y para el equilibrio del mercado. Esto significa, además, el incumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental de las unidades Norgener 1 y 2. La quema viene ocurriendo desde el 18 de febrero. Habitantes de Tocopilla —acompañados por las organizaciones ambientales Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)— presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando que se ordene el cese inmediato de la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de las unidades Norgener 1 y 2 de la empresa AES Andes SA, que ascienden a 94.000 toneladas. La quema en Tocopilla comenzó el 18 de febrero y fue autorizada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CNE). AES argumenta que es la única alternativa viable para cumplir con sus obligaciones ambientales luego de confirmarse el cierre anticipado de sus unidades Norgener 1 y 2. En el recurso de protección se solicita también que se revoque la autorización otorgada a la empresa, que se respete el orden de despacho económico que rige el sistema eléctrico nacional y que se ordene a la empresa cumplir con su obligación de elaborar los Planes de Abandono correspondientes para sus unidades Norgener 1 y 2 en retiro. "La quema intensiva de 94.000 t de carbón en Tocopilla genera impactos en su población y en el ambiente de los que ni la empresa ni el Coordinador Eléctrico se harán cargo", dijo Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "La autorización de la quema responde a la necesidad comercial de AES de deshacerse rápido de su carbón y no es aceptable que las personas y el ambiente tengan que cargar con las consecuencias". La autorización recién se conoció públicamente el 26 de febrero, fecha en la que Sara Larraín, representante de la Fundación Chile Sustentable, envió una carta a los ministros de Energía y Medio Ambiente para solicitar el cese inmediato de la operación. La alarma levantada no fue suficiente para terminar con la quema ni con la desproporcionada carga ambiental que ya pesa sobre Tocopilla, declarada zona saturada de contaminación y reconocida públicamente como zona de sacrificio ambiental. Entre los argumentos que sostienen el recurso de protección destacan la omisión de AES de tramitar los permisos ambientales pertinentes para ejecutar la gestión de sus excedentes de carbón. En las comunicaciones dirigidas al CNE, la empresa admite expresamente no haberse comunicado con la autoridad ambiental para buscar alternativas a la quema ni haber evaluado los potenciales perjuicios a terceros ni al equilibrio de mercado. Esta omisión implica un incumplimiento de las obligaciones ambientales de AES contenidas en las autorizaciones ambientales para la operación de sus unidades Norgener 1 y 2. Las resoluciones de calificación ambiental, que constituyen la licencia ambiental de la termoeléctrica, imponen la obligación de elaborar un Plan de Abandono para cada unidad antes de su retiro, lo que no ha ocurrido. En la acción de protección también se denuncia el actuar ilegal del CNE por haber autorizado la quema de los excedentes de carbón sin fundamentos legales ni ambientales, pasando por encima de su obligación de seguir el orden económico de despacho en el sistema eléctrico nacional, por la cual debe priorizar siempre la energía más económica, que es también la más limpia. Además de ser una vulneración a los derechos humanos y ambientales de los habitantes de Tocopilla, lo sucedido afecta injustamente a las generadoras de energía renovable y limpia, que quedan desplazadas y deben verter su energía. Todos estos hechos deben ser reconocidos en el contexto actual de Tocopilla, zona saturada de contaminación y cuyo Plan de Descontaminación vigente no ha logrado revertir la situación. Diversos estudios evidencian las desproporcionadas tasas de morbilidad que afectan a sus habitantes. Su población ya estaba vulnerada incluso antes de autorizarse la quema. "Estamos ante una gravísima situación de vulneración de derechos fundamentales, en la que se está ahogando a una población que ya ha sufrido demasiado", dijo Florencia Ortúzar, abogada sénior de la AIDA. "Haremos todo lo necesario para detener la quema indiscriminada de ese carbón, exigiendo que se respete la regulación vigente". Lo que se espera con la presentación de la acción es una actuación rápida de la Corte, que ponga cese inmediato al acto violatorio, asegurando el respeto y la protección de los derechos fundamentales a la vida, la salud y a un medio ambiente libre de contaminación para las y los habitantes de Tocopilla. Contacto de prensa Víctor Quintanilla-Sangüeza (México), vquintanilla@aida-americas.org, +521 5570522107
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En una decisión sin precedentes, que resuelve una queja presentada en 2021, el Fondo Verde del Clima dio por terminado un proyecto forestal debido a que los desarrolladores incumplieron las políticas y procesos de la entidad en materia de salvaguardas socioambientales. Dicho incumplimiento vulneraba los derechos humanos de comunidades indígenas y afrodescendientes. El Fondo Verde del Clima, la principal entidad multilateral de financiamiento climático a nivel mundial, decidió dar por terminado el financiamiento comprometido para un proyecto de conservación forestal en Nicaragua debido a que los desarrolladores incumplieron las políticas y procedimientos de la institución en cuanto a salvaguardas socioambientales. El incumplimiento vulneraba derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes pues el proyecto amenazaba con agravar la situación de violencia que ya sufren. El Fondo no había realizado desembolsos para el proyecto y la implementación del mismo no había comenzado.La decisión, primera de este tipo en la historia del Fondo, es la respuesta a una queja presentada en junio de 2021 por representantes de las comunidades afectadas —con el apoyo de organizaciones locales e internacionales— ante el Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo, instancia que se ocupa de los reclamos de personas que se ven o pueden verse afectadas por proyectos o programas financiados por la entidad."Esta decisión es un reconocimiento a los esfuerzos incansables de las comunidades detrás del caso, que lograron demostrar la difícil situación que enfrentan, así como un recordatorio de la importancia de incluir a las comunidades locales en todas las etapas de un proyecto, desde su concepción", dijo Florencia Ortúzar, abogada sénior de AIDA, una de las organizaciones que acompañó y apoyó legalmente el proceso de la queja.En la queja las comunidades argumentaron que la ejecución del proyecto —denominado Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas BOSAWÁS y Río San Juan— implicaría afectaciones graves ya que:No hubo divulgación adecuada de información, consulta indígena, ni consentimiento libre, previo e informado.El proyecto causaría degradación ambiental y aumentaría la violencia que sufren las comunidades en sus territorios indígenas por la colonización de tierras.Se estaban incumpliendo las condiciones que la Junta Directiva del Fondo impuso para la aprobación del proyecto (entre ellas la supervisión independiente de la implementación del proyecto y la garantía de la legítima participación de los pueblos indígenas).Existía falta de confianza en el Banco Centroamericano de Integración Económica, entidad acreditada para canalizar los fondos, respecto del cumplimiento de las políticas del Fondo.Existía falta de confianza acerca de la capacidad del gobierno de Nicaragua, como entidad implementadora, para cumplir con sus obligaciones al ejecutar el proyecto. El objetivo del proyecto, para el cual el Fondo comprometió 64 millones de dólares en 2020, era restaurar paisajes forestales degradados en la región más biodiversa de Nicaragua (hogar del 80% de sus bosques y de la mayoría de sus pueblos indígenas) y canalizar inversiones hacia la gestión sostenible del uso de la tierra y bosques.Sin embargo, el proyecto fue diseñado sin las consultas adecuadas, con absoluta falta de transparencia por parte del banco promotor e ignorando el difícil contexto de violencia y desprotección de derechos humanos que todavía sufren las comunidades indígenas en Nicaragua, particularmente en la zona del proyecto.En las últimas décadas, la dura situación local solo ha empeorado producto del crimen organizado, el narcotráfico, la expansión de la agricultura y la ganadería, así como por la promoción de políticas extractivistas en general y la falta de protección por parte del Estado.La investigación abierta por el Mecanismo Independiente de Reparación, que incluyó trabajo en terreno, entrevistas presenciales y virtuales con todas las partes interesadas, confirmó algunas acusaciones de la queja, incluyendo la falta de procesos adecuados de consulta y del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas. Así consta en el informe final de la investigación.En julio de 2023, la Junta Directiva del Fondo, llamada a decidir el futuro del proyecto en base al informe de la investigación, traspasó la tarea a la Secretaría de la entidad. Con esto, ni el Mecanismo Independiente de Reparación ni los reclamantes tuvieron más voz en el asunto.Finalmente, el 7 de marzo de este año, la Secretaría dio a conocer su decisión: dar por terminado el acuerdo de financiamiento con el proyecto, reconociendo que los desarrolladores incumplieron las políticas del Fondo, tal como alegaron las comunidades en la queja.“La decisión representa una lección valiosa para el Fondo Verde del Clima, cuyas políticas y salvaguardas existen para prevenir estas lamentables situaciones y deben aplicarse con rigor y coherencia desde la concepción misma de los proyectos que buscan financiamiento”, afirmó Ortúzar. Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, vquintanilla@aida-americas.org, +52 5570522107
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"Certas vidas só existem na Volta Grande do Xingu, a minha é uma delas. E também a dos povos indígenas e ribeirinhos. Essas vidas podem ser destruídas?”. A pergunta de Sara Rodrigues Lima - ribeirinha, pescadora e pesquisadora local - destaca o paradoxo de como uma das regiões com maior biodiversidade e importância ambiental, climática e cultural do mundo é também uma das mais afetadas pelos impactos socioambientais. A Volta Grande do rio Xingu, localizada no coração da Amazônia brasileira, abriga um ecossistema único e é uma região-chave para a conservação da biodiversidade global. Durante séculos, tem sido o espaço de vida de povos indígenas e ribeirinhos que têm uma relação de pertencimento com o rio e a floresta amazônica, fonte de alimento, água, identidade, cultura e mobilidade, entre outras coisas. Essa conexão se traduziu em sistemas de vida baseados no cuidado e na defesa do território e de sua própria existência, que agora está seriamente afetada. Desde 2015, a região vem sofrendo os impactos de projetos extrativistas de grande escala que ameaçam os meios de subsistência e a sobrevivência física e cultural de povos e comunidades tradicionais. Isso também envolveu violência contra as pessoas que defendem esse território amazônico. Para enfrentar a situação, os povos afetados e a sociedade civil uniram forças em uma rede que uniu e fortaleceu seus esforços. A Aliança pela Volta Grande do Xingu, formada por movimentos e organizações sociais, incluindo a AIDA, apoia e coordena ações em defesa da região como um território vivo e saudável. A coalizão levou o caso às Nações Unidas. Os impactos cumulativos de dois megaprojetos Um desses projetos é a usina de Belo Monte, cuja construção causou impactos ambientais irreparáveis e violações de direitos humanos para diferentes gerações. A seca imposta pelo desvio do rio para a geração de eletricidade, bem como a ineficácia das medidas de mitigação implementadas, levaram ao colapso ambiental e humanitário em Volta Grande. Atualmente, milhares de famílias tradicionais estão sofrendo com a mortandade de peixes, a extinção da pesca, a falta de segurança alimentar, o empobrecimento e doenças físicas e mentais. Outra grande ameaça à região e a seus habitantes históricos vem do projeto Volta Grande, com o qual a empresa canadense Belo Sun pretende construir a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. A coexistência dos dois projetos implica o risco de sobreposição de áreas de impacto direto. Nesse cenário, os possíveis danos ao meio ambiente e aos povos indígenas e ribeirinhos serão irreversíveis. A construção do projeto Belo Sun está planejada a menos de 10 quilômetros da barragem de Belo Monte, nas margens do rio Xingu, em meio a terras indígenas, unidades de conservação e comunidades tradicionais. A magnitude dos impactos sinérgicos e cumulativos da mina e da usina hidrelétrica não foi avaliada. Também foram ignoradas as análises técnicas que indicavam graves impactos decorrentes do uso de cianeto, da contaminação do rio e dos riscos de rompimento da barragem de rejeitos que, se ocorresse, inundaria 41 km ao longo do rio, atingindo terras indígenas próximas. Além disso, o Estado excluiu os povos indígenas e as comunidades ribeirinhas e camponesas do processo de autorização ambiental do projeto de mineração. Por viverem fora das terras indígenas demarcadas ou estarem a mais de 10 quilômetros de distância do projeto, algumas dessas comunidades não foram consideradas afetadas ou consultadas sobre a implementação do projeto. A falta de consulta e participação pública desses povos levou os tribunais brasileiros a ordenar a suspensão da licença que autorizava a empresa de mineração a operar. Violência e ameaças contra defensores de direitos humanos A chegada da Belo Sun ao território é uma intervenção grave no ambiente sociocultural da Volta Grande do Xingu. A sobreposição do projeto de mineração em um polígono territorial habitado por povos tradicionais, grupos rurais beneficiários da reforma agrária e mineradores artesanais levou à divisão da comunidade e à violência contra aqueles que se opõem à mina. Na fase do desenvolvimento do projeto, houve relatos de contratos ilegais de compra e venda de terras para despejar famílias rurais, ameaças aos habitantes da área por empresas de segurança privada e violência contra camponeses que reivindicam terras de reforma agrária adquiridas pela empresa de mineração e que são objeto de processos judiciais. As ameaças de violência contra defensores do meio ambiente e dos direitos humanos também aumentaram em intensidade e gravidade. Alguns deles tiveram que deixar o território para tentar proteger suas vidas e os que permanecem no território estão sujeitos a riscos e ameaças constantes. Em defesa da Volta Grande e de seus habitantes na ONU Uma das ações mais significativas da Aliança pela Volta Grande do Xingu está relacionada com a Revisão Periódica Universal (RPU), um processo especial de revisão periódica do histórico de direitos humanos dos 193 estados membros da ONU. Em agosto de 2023, no âmbito do quarto ciclo da RPU do Canadá, em Genebra/Suíça, mais de 50 organizações da sociedade civil e comunidades afetadas por atividades empresariais canadenses apresentaram um relatório apontando violações de direitos humanos causadas por 37 projetos em nove países da América Latina e do Caribe, incluindo o projeto Volta Grande da Belo Sun. O documento contém recomendações para que os Estados cumpram com uma vigilância ambiental efetiva que exija a devida atenção aos direitos humanos por parte das empresas que se instalam em seus territórios. Um dos defensores da região fez parte da delegação em Genebra. Além de denunciar os abusos sofridos, ele relatou os riscos dos impactos socioambientais do projeto Belo Sun. Mais de 20 países, além de 13 missões permanentes e agências da ONU, tomaram conhecimento da situação na região. O resultado do quarto ciclo da RPU do Canadá, divulgado no mês passado, inclui 34 recomendações diretamente relacionadas com o relatório elaborado pela Aliança. O Canadá ainda não adotou essas recomendações, mas pode fazê-lo até a próxima sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que termina em 5 de abril. Complementando a incidência na RPU, a aliança enviou relatórios sobre os impactos do projeto Belo Sun aos Relatores Especiais da ONU. Um deles, enviado à Relatoria sobre Defensores de Direitos Humanos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aponta a situação de risco e criminalização dos defensores de direitos humanos. Da mesma forma, a Aliança apresentou um relatório ao Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU evidenciando as violações de direitos humanos cometidas pelo Brasil nos casos de Belo Monte e Belo Sun, bem como a falta de medidas eficazes para cobrar a devida atenção aos direitos humanos das empresas responsáveis por esses projetos. O trabalho em rede nesses espaços internacionais tem sido uma das estratégias de resistência e denúncia da Aliança para expor um padrão de impactos ambientais e violações de direitos humanos dos projetos econômicos extrativistas nos territórios amazônicos. A mineração em larga escala planejada por Belo Sun é incompatível com a conservação da Amazônia e a proteção de seus povos. Os Estados são obrigados a cumprir com a prevenção de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente e às populações. Com o caso Belo Sun ainda em fase de análise, o Brasil tem a oportunidade de evitar repetir a tragédia ambiental de Belo Monte e de declarar definitivamente que o projeto de mineração é inviável do ponto de vista socioambiental. O caminho para exigir e alcançar esse objetivo é repleto de desafios e lutas. Mas a coragem e a resistência são condições inerentes àqueles que vivem e defendem a Amazônia. A defesa da Volta Grande do Xingu como um território livre, vivo, saudável e seguro para seus povos e seus defensores é um apelo urgente para a mobilização social em prol da proteção socioambiental de um ecossistema fundamental para o mundo.
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