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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Manzanillo, Colima. Integrantes de Sustainable Ocean Alliance México —Naturalia, Greenpeace México, Beta Diversidad, Mares de México, Alianza Salvemos a la Laguna y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) — mostraron su oposición a la minería submarina frente al barco Hidden Gem el pasado 3 de julio. Este barco, perteneciente a la compañía Allseas y usado por The Metals Company, lleva meses anclado en el puerto de Manzanillo luego de haber navegado en la zona Clarión-Clipperton el año pasado para probar su maquinaria destinada para actividades de minería submarina. En conferencia de prensa en Manzanillo, voceros de las organizaciones dejaron claro que las profundidades marinas "constituyen la mayor fuente de diversidad de especies y ecosistemas de la Tierra" y "sustentan los diversos procesos ecosistémicos necesarios para el funcionamiento de los sistemas naturales del planeta"[1]. Los científicos advierten que los impactos ambientales de la minería de los fondos marinos serían catastróficos, de grandes proporciones e irreversibles en escalas de tiempo humanas. Algunas consecuencias incluyen la extinción de especies de aguas profundas, la destrucción de ecosistemas y hábitats, las tormentas de sedimentos submarinos, el vertido de aguas residuales, así como la contaminación acústica y lumínica incesante. Es urgente detener la minería en aguas profundas antes de que inicie. Aún se requiere más investigación para entender el funcionamiento del ecosistema y conocer la biodiversidad que habita en el fondo del océano, pero existe evidencia suficiente como para entender que la minería en aguas profundas es inconsistente con un futuro sostenible La minería en aguas profundas es una de las cinco grandes amenazas[2] que actualmente enfrenta el océano, actividad extractiva que todavía no inicia. El mundo está aún a tiempo de detenerla. Es urgente que México demuestre su compromiso con la protección del océano y tome una postura en contra de la minería en aguas profundas en la próxima reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo en Jamaica (Sesión del Consejo del 10 al 21 de julio y la Asamblea del 24 al 28 de julio). "La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), un organismo de la ONU fundado en 1994 y con sede en Kingston, Jamaica, es responsable de regular la minería en aguas profundas en áreas de fondos marinos internacionales fuera de la jurisdicción nacional (es decir, fuera de la Zona Económica Exclusiva, ZEE) de cualquier país, como en la Zona Clarion-Clipperton. El gobierno de México ha firmado el Tratado Global de los Océanos e históricamente ha mostrado una postura y compromiso con la protección de los océanos. Al tener el rol de Presidencia del Consejo en la 28° Sesión de la ISA, es necesario que nuestro gobierno mantenga y refuerce su credibilidad hacia la protección de los océanos impidiendo el inicio de la minería submarina a través de su apoyo a la moratoria a esta industria", señaló Ruth Ramos, campañista de Greenpeace México. Hacemos un exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instalen una mesa de planeación a fin de alcanzar un posicionamiento congruente con la conservación de los mares del 30x30 en el marco del Convenio Kunming-Montreal de Diversidad Biológica. Nuestro país debe ser responsable con los compromisos adquiridos a nivel internacional y congruente con posicionar su papel en favor de la conservación y en contra de la minería submarina en la próxima reunión de la ISA. "La posición de México debe ser congruente con el derecho Internacional y aplicar los principios precautorios y preventivos para detener la actividad de minería submarina hasta en tanto no se cuente con la evidencia científica de que no impactará en la flora y fauna marina", señaló Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Daniel Cáceres, representante regional por Hispanoamérica de Sustainable Ocean Alliance, mencionó: "No se pueden terminar regulaciones cuando ni siquiera se tiene información necesaria para redactar las bases de ellas. Hemos visto lo inaccesible que pueden ser los fondos marinos, con el accidente del sumergible Titan, solo seis submarinos pueden llegar a esa profundidad y uno de ellos ha desaparecido. Los fondos marinos son muy difíciles de estudiar debido a su profundidad. Necesitamos que México se sume al pedido de pausa precautoria y en caso de que se presente una política general de moratoria, pueda votar a favor". "Es esencial involucrar a la sociedad civil, utilizando la educación ambiental, el fomento a las alternativas sostenibles y colaborar estrechamente para compartir recursos, conocimientos ambientales y socioeconómicos asociados a esta práctica devastadora. Desde Sustainable Ocean Alliance México, promovemos el liderazgo oceánico de las juventudes, que buscan salvaguardar los recursos naturales para las futuras generaciones. Con base a esto, el objetivo con la campaña es darle voz a la juventud mexicana, quienes hacen valer su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado", citaron Valeria Magaña y Anissa Velázquez, representantes del capítulo nacional de Sustainable Ocean Alliance. Las personas defensoras del medio ambiente buscan unir esfuerzos y crear alianzas, ya que esto es fundamental para abordar el desafío global que la minería submarina representa y conseguir la protección de los fondos marinos. A medida que la campaña contra la minería submarina avanza en conjunto, es esencial reconocer los desafíos que enfrentamos y desarrollar estrategias efectivas para impedir que esta práctica dañina inicie. Algunos de los retos clave que debemos abordar son: influir en las políticas y regulaciones relacionadas con esta industria devastadora, fomentar un mayor apoyo a la investigación científica para comprender plenamente los efectos a largo plazo de esta actividad extractiva en los ecosistemas marinos y en las comunidades que dependen de ellos, promover alternativas a la extracción de minerales y reducir nuestra dependencia de estos recursos; colaborar de manera conjunta entre ONG, comunidades locales, científicos, instituciones académicas y gubernamentales. La lucha contra la minería submarina requiere de un esfuerzo conjunto y coordinado. Nuestra unión puede marcar la diferencia y contribuir a proteger el océano para las generaciones futuras. [1] United Nations First World Ocean Assessment, 2015. [2] Los océanos enfrentan también amenazas como el cambio climático, sobrepesca, contaminación por plásticos, y combustibles fósiles. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107
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La crisis climática no conoce fronteras y sus impactos afectan a personas, ecosistemas y especies de todo el mundo. Afrontar esta crisis mundial exige transformaciones profundas e innovadoras en todas las facetas de la vida humana: la producción de energía, alimentos y otros bienes; el diseño y construcción de infraestructura; el uso y gestión de hábitats terrestres, marinos y de agua dulce; el transporte de personas y productos; entre otras. Estos cambios sistémicos demandan recursos financieros e inversiones sólidas. Por ello, oímos una y otra vez que afrontar la crisis climática es costoso e implica financiamiento. Respondiendo algunas preguntas básicas, abordaremos a continuación los aspectos principales del denominado financiamiento climático. ¿Qué entendemos por financiamiento climático? La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) lo describe como el tipo de financiación local, nacional o transnacional empleado para apoyar e implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático con recursos financieros de fuentes públicas, privadas y alternativas. Estos recursos se definen como “nuevos y adicionales” y no pueden incluir aquellos comprometidos antes, por ejemplo, para la asistencia oficial al desarrollo. Para comprender mejor esta definición, podemos señalar que el financiamiento climático es aquel captado y utilizado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y mejorar los sumideros que las absorben, o que busca disminuir la vulnerabilidad, así como mantener e incrementar la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos ante los efectos negativos de la crisis climática. ¿Por qué el financiamiento climático es importante? Retomando el mensaje del Secretario Ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, en el Foro de Inversión Sostenible, “no podemos alcanzar nuestros objetivos climáticos sin financiamiento. Ya estemos hablando de la transición a las energías renovables, de mejorar la eficiencia energética o de proteger a las comunidades vulnerables de los efectos del cambio climático, todos estos esfuerzos requieren una inversión significativa”. El financiamiento climático tiene un efecto en todos los aspectos, desde las políticas nacionales hasta los cambios que ocurren a nivel local y que suponen diferencias concretas en la vida de las personas. “La financiación de la lucha contra el cambio climático trata, en última instancia, de lo que nosotros, como sociedades, valoramos: el mundo en el que queremos vivir y las vidas y dificultades que podemos salvar canalizando nuestro dinero para aumentar la resiliencia frente a los estragos del cambio climático”, dijo Stiell en su discurso. Financiamiento ¿de quién y para quién? Los impactos de la crisis climática son inversamente proporcionales a la responsabilidad en el problema. Los países históricamente responsables de los mayores niveles de emisiones de GEI suelen ser los menos afectados. Por ello, la CMNUCC aboga para que los países desarrollados, aquellos con más recursos económicos, ayuden financieramente a los países menos desarrollados y más vulnerables. De esto trata el principio de “responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas”, establecido en la Convención. De otro lado, el Acuerdo de París —tratado internacional legalmente vinculante y vigente desde noviembre de 2016— reafirma esta obligación de los países desarrollados, además de promover, por primera vez, las contribuciones voluntarias de otros Estados. Dispone además que los países desarrollados deben seguir liderando la movilización de la financiación para el clima a partir de una amplia variedad de fuentes, instrumentos y canales, teniendo en cuenta el importante rol de los fondos públicos, así como las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Es clave señalar que esta movilización de financiamiento debería representar una progresión con respecto a esfuerzos anteriores. ¿Qué mecanismos de financiamiento climático existen? Bajo la CMNUCC, existen tres mecanismos principales para que el financiamiento climático llegue a los países, creados con propósitos distintos y con alcances diferenciados: Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés): Otorga recursos financieros a países en desarrollo o con economías en transición para cumplir con los objetivos de los convenios y acuerdos ambientales internacionales. Maneja a su vez el Fondo Especial para el Cambio Climático y el Fondo para los Países Menos Desarrollados. Fondo de Adaptación: Creado como instrumento financiero para la adaptación y resiliencia en aquellos países que son parte del Protocolo de Kioto. Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés): Creado con el objetivo de financiar programas y proyectos de mitigación y adaptación orientados al desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Es la principal entidad multilateral de financiamiento climático a nivel mundial. ¿Cuánto financiamiento necesitamos? En el marco de las negociaciones climáticas de la ONU, en 2009, los países desarrollados se comprometieron a transferir a los países en desarrollo 100 mil millones de dólares anuales hasta 2020 (meta ampliada a 2025 en el Acuerdo de París). Pero este monto no se ha logrado. Por ejemplo, en 2016 solo se alcanzaron 58.5 miles de millones de dólares y aunque el monto aumentó significativamente para 2019, únicamente se alcanzaron 79,6 miles de millones de dólares. En ese sentido, para cumplir el objetivo de emisiones netas cero para 2050, la organización Climate Policy Initiative estima que se necesita un financiamiento global de 4.35 trillones (millones de billones) de dólares para 2030, cuando en 2020 sólo fue de 632 mil millones de dólares. ¿Cuáles son hoy los principales retos del financiamiento climático? El reto principal, como vimos, es la necesidad de un incremento sustancial de los flujos de financiamiento. Otro desafío clave es medir y rastrear este tipo de financiamiento, que no está sujeto a una definición universal común. En esa misma línea, dado que el compromiso de los países desarrollados ante la ONU no contempla directrices oficiales sobre qué actividades cuentan como financiamiento climático, es difícil garantizar que el dinero no se contabilice dos veces o que se destine a esfuerzos que realmente ayuden a reducir el calentamiento global y sus impactos. También está la necesidad de equilibrar la asignación de fondos de manera más equitativa entre las actividades de mitigación y de adaptación, así como las relacionadas con las pérdidas y daños que ya sufren comunidades en todo el mundo. En 2020, 90% del financiamiento mundial fue destinado a mitigación, solo 7% a proyectos de adaptación y 3% para actividades duales. Por otro lado, es importante que el financiamiento canalizado no resulte en afectaciones humanas o al ambiente, como suele suceder cuando existen grandes inversiones en las que no se implementan procesos adecuados de consulta y participación. Un proyecto de energía, por renovable y limpio que sea, puede acentuar desigualdades y vulnerabilidades si está mal planificado o si es diseñado sin la participación de las comunidades locales. Finalmente, se debe considerar que, aunque se destine mucho dinero para enfrentar la crisis climática, al mismo tiempo continúan y se incrementan en el mundo los negocios que promueven la dependencia de los combustibles fósiles y que nos mantienen en un sistema económico depredador e injusto que perpetúa el extractivismo como modo de desarrollo. Esto, por supuesto, contrarresta los avances que podamos lograr en favor del ambiente y de las comunidades. Lo cierto es que no basta una cantidad específica anual de financiamiento climático, lo que realmente necesitamos a estas alturas es que todo el dinero movilizado aporte a la regeneración del planeta y a resolver la crisis ambiental y climática mundial, no a exacerbarla. En AIDA hacemos seguimiento al financiamiento climático que llega a la región porque entendemos la importancia que tiene para incrementar las posibilidades que tenemos como humanidad de construir un futuro donde podamos vivir bien y en armonía con el ambiente. Entendemos también que los problemas que muchas veces causa el financiamiento mal diseñado se deben a una falta de conexión entre los espacios de toma de decisiones y los territorios que sufren los embates de la crisis climática y donde se proponen proyectos para superarlos. En ese sentido, AIDA intenta construir un puente entre esos dos mundos, motivando a las organizaciones de la región a estar activas, hacer seguimiento a los proyectos y a participar en las decisiones. Solo así podremos lograr que los escasos fondos climáticos no solo existan, sino que también alcancen su mayor potencial hacia el cambio de paradigma que necesitamos. Únete al grupo “Observatorio del Fondo Verde del Clima para América Latina y el Caribe”, un esfuerzo conjunto para hacer un mejor seguimiento al mayor fondo climático del mundo.
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Texto publicado originalmente en La Silla Vacía Frente al incumplimiento de sus compromisos climáticos respecto al sector carbón, Colombia tiene hoy la oportunidad de ser un ejemplo para la región en materia de transición energética justa. Para ello, debe establecer políticas de corto, mediano y largo plazo encaminadas a la identificación, prevención y gestión de impactos climáticos generados por la cadena de este sector; así como a la salida responsable y al cierre progresivo de la minería de carbón con un enfoque de derechos humanos. La extracción, el transporte, la quema y la exportación de carbón para generar energía son una causa importante de la crisis climática y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Siendo el quinto exportador mundial de carbón, el país no es ajeno a esta situación. Tras ser exportado, el carbón colombiano es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo, pero esas emisiones no son tenidas en cuenta en ninguno de los inventarios o informes nacionales en materia de cambio climático. Esto evidencia la responsabilidad del Estado en el agravamiento de la crisis climática pues los impactos de la quema de carbón en cualquier parte del mundo son globales. Un primer paso es reconocer los impactos generados por toda la cadena del carbón, que en este caso han sido subestimados. Los compromisos climáticos del país en materia de mitigación y de adaptación no incluyen los impactos de la cadena del sector carbón. De manera paralela, en los últimos cinco años, Colombia propuso un modelo de expansión de la cadena de explotación del mineral sin considerar las consecuencias en el clima, las personas y los ecosistemas. Aunque actualmente se está discutiendo el rol del carbón, este modelo dejó instaurada una política de ampliación de este sector económico que podría agravar los problemas generados. Si bien el carbón es el mineral que más aporta a la economía nacional, los niveles de pobreza de los departamentos donde se realiza el 90% de la extracción mediante minería a gran escala —La Guajira y Cesar— superan el promedio nacional. Están entre los departamentos con mayor tasa de pobreza y muertes infantiles por desnutrición, siendo comunidades afrocampesinas e indígenas, principalmente del pueblo Wayúu, las más afectadas. Gran parte de la extracción ocurre en El Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina. Su operación y crecimiento desde hace casi 40 años han traído la destrucción de ríos, arroyos y ecosistemas endémicos como el bosque seco tropical; contaminación del aire con graves consecuencias para la salud; así como violaciones continuas a los derechos de poblaciones y pueblos en La Guajira. El panorama descrito exige mejorar los controles de los procesos de la cadena del carbón, así como planificar e implementar una estrategia razonable y progresiva que incorpore estándares internacionales para dejar el carbón bajo tierra y cumplir los compromisos climáticos del país. El momento no puede ser más oportuno. Existe un debate nacional acerca de la transición energética, de cómo hacerla justa y de cuál será el rol del carbón y de los combustibles fósiles. La respuesta de la ciencia es clara. En su más reciente informe, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) reiteró que el 80% de las reservas de carbón deben quedarse bajo tierra y que en 2050 el uso de carbón para la generación eléctrica debe reducirse en su totalidad para evitar una elevación catastrófica de la temperatura promedio del planeta. Ante la necesidad de favorecer las condiciones para generar una descarbonización progresiva de la economía y del sistema energético nacional, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y universidades presentó el 4 de mayo una acción de cumplimiento dirigida a que el Estado —concretamente el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales— incorpore los impactos generados por toda la cadena productiva del carbón en la política pública y medidas concretas orientadas a la mitigación y adaptación a la crisis climática. Las entidades en cuestión deben adoptar las medidas necesarias para reducir las vulnerabilidades sociales y climáticas dentro de sus estrategias de mitigación y adaptación. La acción judicial evidencia la relación del sector carbón con la crisis climática, el rol y la responsabilidad de Colombia como gran exportador de carbón; que la política climática nacional no incluye los impactos generados por dicho sector, sino únicamente los que el cambio climático podría generar en la operatividad normal de la cadena del carbón; y que los instrumentos de control y gestión ambiental del sector carbón no incorporan consideraciones climáticas. El papel del país en la extracción y uso de carbón, así como en sus afectaciones sociales y ambientales a nivel nacional y mundial, está claro. También lo es la responsabilidad del Estado colombiano en los esfuerzos mundiales para frenar la explotación y quema de carbón en favor de sistemas energéticos y sociales más sostenibles, respetuosos del ambiente y de las personas. Promover el debate en torno a este tema es más que urgente.
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