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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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VERSIÓN EN PORTUGUÉS En el Día Mundial de los Humedales, organizaciones solicitaron acción urgente al Secretariado de la Convención Ramsar para que realicen una visita de asesoramiento a los humedales afectados gravemente por incendios, y que los gobiernos de los tres países inscriban a los sitios en la lista mundial de humedales en riesgo de desaparecer. Gland, Suiza.- Organizaciones de la sociedad civil enviaron una alerta urgente al Secretariado de la Convención Ramsar por los daños que han provocado los incendios al Pantanal —el humedal tropical más grande del mundo— en Brasil, Bolivia y Paraguay. Solicitan el envío de una misión de asesoramiento a seis humedales del Pantanal ubicados en estos países y enlistados como sitios de importancia internacional bajo la Convención, y solicitan inscribirlos en el Registro de Montreux, la lista mundial de humedales en riesgo grave. La alerta fue enviada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para la Diversidad Biológica y por Ecologia e Ação (ECOA) en el marco del Día Mundial de los Humedales. Las organizaciones también exhortan a los tres gobiernos a implementar medidas para preservar el Pantanal como ecosistema transfronterizo. Los sitios Ramsar para los cuales se pidió la inscripción al registro Montreux y la visita de asesoramiento técnico son el Pantanal boliviano; la Reserva Particular do Patrimonio Natural SESC Pantanal, la Reserva Particular do Patrimonio Natural Fazenda Rio Negro, el Parque Nacional del Pantanal Matogrossense y la Estación Ecológica Taiamã en Brasil; así como el Parque Nacional Río Negro en Paraguay. “Una designación en peligro bajo la Convención Ramsar es crucial para combatir los grandes incendios sin precedentes del Pantanal, que ahora amenazan a Bolivia, Brasil y Paraguay”, dijo Alejandro Olivera, científico y representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. “Las políticas públicas que promueven la expansión de la agricultura y la ganadería y que permiten la quema dentro del Pantanal se han combinado con una colaboración transfronteriza limitada para crear un polvorín. Los incendios que dañan los ecosistemas continuarán si no hay compromisos más fuertes para proteger estos humedales”. En 2020, un año golpeado por la pandemia de Covid-19, los incendios devastaron 4 millones 300 mil hectáreas de la región del Pantanal, la mayor cifra registrada desde 1998. Ese mismo año, los incendios quemaron el 100 por ciento del Parque Nacional Pantanal Matogrossense. En julio de 2021, sólo en Mato Grosso, la superficie del Pantanal quemada fue cinco veces mayor que la de São Paulo, con más de 740 mil hectáreas afectadas por incendios. Al menos 10 millones de animales murieron en tres meses. “Estamos pidiendo a los Estados cumplir con las obligaciones adquiridas ante la Convención, generando mecanismos coherentes e implementando políticas y normas para proteger el Pantanal”, explicó Claudia Velarde, abogada de AIDA. “Una misión de asesoramiento a los seis sitios Ramsar podría brindar asistencia especializada a los gobiernos brasileño, boliviano y paraguayo para superar las condiciones que generan riesgo para la conservación y el uso racional de este humedal clave”. Asimismo, la inscripción de los sitios en el Registro de Montreux implica ayuda económica, así como apoyo y asesoría técnica, para la recuperación del Pantanal en los tres países. “Mandamos una alerta urgente para que Bolivia, Brasil y Paraguay se enfoquen en el Pantanal como el humedal transfronterizo de agua dulce más grande del mundo”, dijo Andre Siqueira, Director Presidente de ECOA. “La Convención de Ramsar no puede alcanzar sus objetivos si los ecosistemas que protege son dañados significativamente por el uso continuado del fuego, el agronegocio y la falta de recursos adecuados para combatir los incendios”. La biodiversidad y riqueza ecológica del Pantanal es incalculable. En el bioma —conjunto de ecosistemas próximos que comparten clima, flora y fauna— hay al menos 3.500 especies de plantas, cerca de 600 de aves, 150 de mamíferos, 175 de reptiles, 40 de anfibios y 300 de peces de agua dulce. Algunas de ellas están en peligro de extinción en otras regiones, como el tuyuyú y el jaguar, el ciervo de los pantanos, la nutria gigante y el guacamayo, especies emblemáticas del bioma. El Pantanal alberga la mayor concentración de algunas especies de animales como el jaguar y el caimán. Contactos de prensa: Alejandro Olivera (México), Centro para la Diversidad Biológica, +52 (612) 104-0604, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, +521 5570522107, [email protected] André Luiz Siqueira (Brasil), ECOA, +55 67 33243230, [email protected]
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Este informe enfatiza la importancia de una legislación vinculante para que las empresas cumplan con los aspectos ambientales, además de los derechos humanos, a lo largo de sus cadenas de suministro.El documento revisa las evaluaciones de impacto ambiental como un instrumento de debida diligencia y responsabilidad corporativa en sus cadenas de suministro. Examina el monitoreo independiente de impactos de las operaciones empresariales. Además, reflexiona sobre los derechos humanos ambientales y las garantías para los procesos legislativos de debida diligencia. Descarga la publicación
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Organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado a la Primera Sala para proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano, amenazado por los impactos ambientales negativos e irreversibles de las obras de ampliación del Puerto de Veracruz.La decisión, que saldrá en los próximos días, será un importante precedente en materia de acceso a la justicia en lo que respecta a la defensa del medio ambiente como derecho humano. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil —como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) y Earthjustice— hicieron un respetuoso llamado a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para votar a favor de los derechos humanos de acceso pleno a la justicia y al medio ambiente sano, y de la protección del arrecife veracruzano. En los próximos días, la SCJN emitirá su decisión sobre el amparo que habitantes de la conurbación Medellín-Boca del Río interpusieron en 2016 en contra de la ampliación del Puerto de Veracruz debido a los impactos ambientales negativos e irreversibles que la obra tendría sobre los arrecifes que se encuentran en dicha zona. Entre los argumentos presentados en la demanda, está el hecho de que el proyecto ha sido presentado de forma fragmentada y sin considerar todos los arrecifes presentes en la Manifestación de Impacto Ambiental, incluyendo los arrecifes sumergidos descubiertos recientemente en la zona, los cuales tienen un altísimo valor ambiental. La decisión de la Suprema Corte será un importante precedente en materia de acceso a la justicia, pues la Primera Sala pretende determinar si ciudadanos cercanos al arrecife tendrían el derecho de exigir al poder judicial la protección del ecosistema amenazado. Resolver que esas personas sí pueden buscar protección judicial implicaría un avance importante para la defensa del medio ambiente como derecho humano. En abril del 2017, el Juzgado de Distrito negó la suspensión de las obras de ampliación del puerto al considerar que las y los demandantes no demostraron tener “una afectación real y relevante” en sus derechos. Las y los demandantes apelaron esa decisión. La SCJN decidió atraer el caso y se espera que el próximo 12 de enero se pronuncie al respecto. El proyecto de sentencia del ministro José Luis Alcántara Carrancá Gutiérrez sienta un importante precedente al concluir que (i) los habitantes del área metropolitana de Veracruz sí acreditan un interés legítimo para promover el juicio de amparo en contra del proyecto para proteger el arrecife; y que (ii) las autoridades violaron el derecho al medio ambiente sano al autorizar la ampliación del Puerto de Veracruz sin analizarla de manera integral y sin considerar todos los impactos, incluidas las afectaciones acumuladas por otros problemas que enfrenta el arrecife. En la demanda se argumenta que el interés legítimo en materia ambiental se sustenta en que las y los demandantes habitan el entorno adyacente al ecosistema que les presta servicios ambientales. Asimismo, la exposición recoge el contenido del Acuerdo de Escazú en materia de participación ciudadana en torno a la protección del medio ambiente, así como el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. Organizaciones internacionales de la sociedad civil hicieron llegar amicus curiae (escritos legales) a los ministros de la Corte, ofreciendo datos relevantes que considerar en la sentencia. Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) presentó un amicus curiae donde se analizan varias decisiones emitidas por cortes de distintas jurisdicciones, que reconocen el derecho de cualquier persona, organización de la sociedad civil o al menos residentes de un lugar para presentar una demanda cuestionando proyectos y decisiones que pueden afectar negativamente el medio ambiente. Esto servirá como referencia para que la Primera Sala realice una interpretación amplia sobre el interés legítimo en el juicio de amparo, en consideración también de las obligaciones que ha adquirido México al ratificar el Acuerdo de Escazú. Y el amicus presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice aporta elementos técnicos y jurídicos, solicitando el reconocimiento de los derechos humanos de acceso a la justicia y al medio ambiente sano consagrados en el derecho internacional. Estos derechos obligan al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por el daño ambiental, tenga acceso a recursos judiciales, incluso si su conexión con el ecosistema amenazado es indirecta o remota. De esa forma, y de obtener una decisión favorable, la SCJN confirmaría el derecho que tienen las personas y pueblos de salir a defender los ecosistemas de los que dependen sus proyectos de vida. Los océanos y los arrecifes son ecosistemas muy importantes para el bienestar de las personas, particularmente de los habitantes de las zonas aledañas, pues prestan servicios ambientales de gran valor como mitigar los efectos de la crisis climática al capturar carbono y generar oxígeno. Asimismo, son fuente de alimento y fungen como barrera de protección contra tormentas y/o huracanes. La cultura veracruzana, incluidas muchas de sus tradiciones y gastronomía, sería impensable sin los arrecifes que viven en sus aguas. Por todo lo anterior, se reitera el llamado respetuoso de organizaciones nacionales e internacionales a que los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte voten a favor del proyecto del ministro Alcántara Carrancá a fin de: a) Garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano a través de la adopción de todas las medidas que permitan la preservación y la protección de los arrecifes veracruzanos en riesgo; y b) reconocer la importancia de revocar las autorizaciones del proyecto y de evaluarlo de manera completa, haciendo uso de la mejor información científica y considerando la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en su zona de influencia. Contactos de prensa: Ricardo Ruiz (CEMDA), [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla (AIDA), [email protected], 5570522107
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