Cambio Climático

El salar de Uyuni, el más grande del mundo, en Bolivia

May 22 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Alerta internacional urgente ante las afectaciones de la minería de litio a humedales andinos en Argentina, Bolivia y Chile

Las organizaciones que conforman la Alianza por los Humedales Andinos alertan a la Secretaría de la Convención Ramsar acerca de los cambios en las condiciones ecológicas de los humedales andinos y el incumplimiento de los países de sus obligaciones internacionales.La Alianza por los Humedales Andinos envió una alerta urgente a la Secretaría General de la Convención Ramsar, acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales, acerca de los cambios en las condiciones ecológicas de los humedales andinos —salares, lagos, lagunas, vegas y bofedales— en Argentina, Bolivia y Chile, a causa de la creciente minería de litio.La alerta da cuenta que, en medio de la expansión de la minería de litio, los Estados de los tres países están incumpliendo sus obligaciones internacionales de la Convención de Ramsar sobre conservación, gestión y uso racional de los humedales.En el documento, la Alianza advierte que estos cambios implican afectaciones, actuales y potenciales, en la diversidad biológica, la seguridad hídrica, el proyecto de vida y las prácticas tradicionales y productivas de las comunidades locales y pueblos indígenas que dependen de estos ecosistemas.Chile, Argentina y Bolivia componen un sistema de salares andinos —ubicados en la ecorregión de la Puna— que alberga los mayores reservorios de litio a nivel mundial, concentrando entre el 52% y el 68% de las reservas globales, según distintas fuentes. Al 2023, el 30% de la producción minera de litio en el mundo provino de estos tres países y coloca a Latinoamérica como la segunda región con mayor producción.Frente a este panorama, la alerta contiene evidencia de las afectaciones ambientales que ya están ocurriendo en esta ecorregión, en los humedales andinos en general y en aquellos catalogados como de Importancia Internacional bajo el tratado Ramsar debido a múltiples proyectos de extracción de litio y de otros minerales que son considerados críticos para la transición energética de países del norte global.En Chile, por ejemplo, al menos tres salares han sido declarados por la judicatura chilena con daño ambiental irreparable por la extracción de agua: Punta Negra, Lagunillas y Pedernales. En Argentina, la minería de litio ha sido explotada durante más de treinta años en el Salar del Hombre Muerto, ubicado a menos de 60 km del Sitio Ramsar Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca, lo que ha provocado una drástica disminución en el contenido de agua del salar. En Bolivia, los salares de Capina y Chalviri, que ya tienen impactos ambientales por actividades mineras son parte de convocatorias para nuevos proyectos de extracción de litio.Y es que la minería de litio demanda el uso de agua en una región donde es un bien escaso, lo que agrava el estrés hídrico de los salares, dada sus características de aridez extrema. El uso de agua dulce para producir una tonelada de carbonato de litio equivalente oscila entre 5000 y 50000 litros, según una investigación publicada en Science of The Total Environment.En la alerta, las organizaciones que conforman la Alianza por los Humedales Andinos solicitan a la Secretaría de la Convención Ramsar, entre otras cosas:Establecer comunicaciones con los Estados de Argentina, Chile y Bolivia para que tomen conocimiento, se informen y transmitan sin demora, informaciones acerca de las modificaciones en las condiciones ecológicas de los humedales andinos, como consecuencia de la minería de litio, cobre y otras, en el marco de la transición energética del norte global.Incluir en el Registro de Montreux, un listado de humedales que están amenazados gravemente, a los humedales andinos que ameriten dicha medida.Proponer como medida urgente el Procedimiento de Monitoreo de Humedales de Importancia Internacional, en los territorios nacionales de los tres países.Establecer programas de acción específicos para los humedales y las cuencas de las que forman parte.Realizar un examen de leyes, políticas e incentivos relacionados con los humedales andinos y con la minería, en el marco de la transición energética.Establecer una estrategia regional conjunta para la conservación y uso racional de los humedales, como para la planificación de la gestión del agua, que tome en consideración las necesidades ecológicas de los humedales en el contexto actual y, genere las condiciones necesarias para asegurar la subsistencia, los modos de vida y prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales en el territorio. Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107

May 14 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Pequenos investimentos com grandes impactos. Soluções climáticas dos territórios com justiça de gênero

Desde 2016, a Aliança Global para Ação Verde e de Gênero (GAGGA, por sua sigla em inglês), em articulação com diversos atores, tem promovido iniciativas voltadas à inclusão da perspectiva de gênero no financiamento climático, com ênfase nos projetos e fluxos financeiros do Fundo Verde para o Clima (FVC).O FVC foi o primeiro fundo internacional de financiamento climático a incorporar a perspectiva de gênero como eixo central de suas operações, consolidando-se como um marco essencial para a promoção da equidade no acesso, uso e alocação de recursos climáticos em escala global.No entanto, o financiamento climático internacional que chega aos países muitas vezes está desconectado das reais necessidades das comunidades locais que pretende beneficiar, especialmente das mulheres. Essa desconexão representa um problema que exige atenção urgente: por um lado, essas comunidades têm o direito de participar das decisões que impactam suas vidas; por outro, perde-se a oportunidade de integrar conhecimentos locais às soluções, o que poderia tornálas mais relevantes e eficazes no enfrentamento da crise climática. Em seu relatório especial Mudanças Climáticas e Terra, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2022) destaca, por exemplo, que a incorporação do conhecimento das mulheres sobre a gestão da terra contribui para mitigar sua degradação e facilita a adoção de medidas integradas de adaptação e mitigação.O financiamento climático com perspectiva de gênero não se limita à alocação de recursos para mulheres ou à promoção da igualdade de gênero; exige repensar a forma como as soluções de financiamento climático são concebidas e implementadas. Isso implica reconhecer a diversidade das mulheres, remover barreiras ao acesso a recursos, retirar financiamento das chamadas “falsas soluções” e apoiar iniciativas que enfrentem as causas estruturais das mudanças climáticas.Nesse sentido, na América Latina e no Caribe, há múltiplas iniciativas locais de enfrentamento das mudanças climáticas que ainda fogem ao conhecimento dos tomadores de decisão. Essa invisibilidade dificulta que recebam apoio, sejam replicadas ou sirvam de referência para outras ações voltadas às mesmas comunidades. Diante disso, esta publicação apresenta cinco estudos de caso de soluções climáticas bem-sucedidas, com perspectiva de gênero e justiça climática, desenvolvidas localmente na região. Seu objetivo é fortalecer a colaboração entre os atores responsáveis pelo financiamento e pela implementação dos recursos do FVC e as organizações da sociedade civil.Os estudos de caso demonstram o potencial de eficiência alcançado quando os recursos são proporcionados diretamente às organizações da sociedade civil e às comunidades. Todos os projetos foram implementados com orçamentos inferiores a USD 50.000 e resultaram em contribuições significativas para a transformação de aspectos estruturais que aumentam a vulnerabilidade dos territórios, mulheres e outros grupos marginalizados diante da crise climática. Leia e baixe a publicação

May 14 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Financiamiento para soluciones climáticas locales con enfoque de género

El financiamiento climático internacional a menudo no responde a las necesidades de las comunidades locales, limitando su impacto y desaprovechando el conocimiento local en la búsqueda de soluciones efectivas a la crisis climática. En América Latina y el Caribe, muchas iniciativas locales con enfoques de justicia de género no son visibilizadas ni consideradas en la toma de decisiones, reduciendo sus oportunidades de recibir apoyo y ser replicadas.En este seminario web, lanzamos Pequeñas inversiones con grandes impactos. Soluciones climáticas desde los territorios con justicia de género, publicación que presenta cinco estudios de caso de soluciones climáticas exitosas con enfoque de género y justicia climática, desarrolladas a nivel local en la región. Además, reflexionamos acerca de lo que hace falta para que este tipo de proyectos puedan acceder más fácilmente al financiamiento climático, con énfasis en el Fondo Verde del Clima (FVC), y compartimos mejores prácticas implementadas por fondos climáticos para garantizar mayor participación y acceso de organizaciones de base y/o locales. PanelistasAlice Junqueira, consultora responsable por la elaboración de los estudios de caso.Natalia Daza, Observadora Activa Alterna en el FVC y monitora de género para el FVC en América Latina y el Caribe.Vanessa Purper, Gestora de Programas de Fundo Casa.Moderó: Florencia Ortúzar, directora del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Grabación Más informaciónLee y descarga la publicación en españolLee y deacarga la publicación en inglésLee y descarga la publicación en portugués

May 14 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Pequeñas inversiones con grandes impactos. Soluciones climáticas desde los territorios con justicia de género

Desde el 2016, la Alianza Global para la Acción Verde y de Género (GAGGA, por sus siglas en inglés), en conjunto con otros actores, promueve una serie de iniciativas para fortalecer la inclusión de la perspectiva de género en el financiamiento climático, en particular en los proyectos y flujos financieros del Fondo Verde para el Clima (FVC).El FVC es el primer fondo internacional de financiamiento climático que incorpora la perspectiva de género como un eje central en su funcionamiento, convirtiéndose en un marco clave para avanzar hacia la equidad en el acceso, uso y destino de los recursos climáticos a nivel global.Sin embargo, el financiamiento climático internacional que llega a los países a menudo está desconectado de las necesidades reales de las comunidades locales a las que debería beneficiar, especialmente de las mujeres. Esto representa un problema que requiere atención urgente, ya que, por un lado, las comunidades tienen el derecho de participar en las decisiones que las afectan. Por otro, se pierde la oportunidad de incorporar el conocimiento local en las soluciones, lo que las haría más pertinentes y efectivas para enfrentar la crisis climática. En su informe especial sobre cambio climático y tierra, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (por sus siglas en inglés, IPCC, 2022) destaca, por ejemplo, que incorporar los conocimientos de las mujeres sobre gestión de la tierra contribuye a mitigar la su degradación y facilita la adopción de medidas integradas de adaptación y mitigación.El financiamiento climático con enfoque de género no se limita a destinar recursos a las mujeres y a promover la igualdad de género, sino que exige repensar cómo se diseñan e implementan las soluciones financieras y climáticas. Esto implica reconocer la diversidad de las mujeres, eliminar barreras de acceso a los recursos, desfinanciar las llamadas "falsas soluciones" y apoyar iniciativas que aborden las causas estructurales del cambio climático.En ese sentido, en América Latina y el Caribe existen múltiples iniciativas locales de soluciones al cambio climático que no son conocidas por quienes toman las decisiones. Esto dificulta que reciban apoyo, se repliquen o sirvan como aprendizaje para otras iniciativas en beneficio de las mismas comunidades. Por ello, esta publicación presenta cinco estudios de caso de soluciones climáticas exitosas con enfoque de género y justicia climática, desarrolladas a nivel local en la región. Su objetivo es fortalecer la colaboración entre los actores responsables de la provisión e implementación de los recursos del FVC y las organizaciones de la sociedad civil.Los estudios de caso demuestran el potencial de eficiencia que se puede alcanzar cuando los recursos llegan directamente a las organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades. Todos los proyectos se ejecutaron con presupuestos inferiores a 50 mil dólares y generaron contribuciones significativas para transformar aspectos estructurales que incrementan la vulnerabilidad de los territorios, las mujeres y otros grupos marginados frente a la crisis climática. Lee y descarga la publicación

May 08 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Reimaginar la economía circular desde los territorios de extracción. Propuestas desde América Latina

Entre los diversos compromisos mundiales para enfrentar la crisis climática actual, organismos de gobernanza internacional, como las Naciones Unidas, han posicionado la necesidad de duplicar la producción de energías renovables y electromovilidad para descarbonizar la matriz energética global, llamando a este proceso "transición energética". Sin embargo, esto implica intensificar la extracción de minerales que posibiliten el desarrollo de estas tecnologías. Cada región del mundo cumple un rol diferenciado dentro de las cadenas de suministros de minerales que serán utilizados en procesos de descarbonización. América Latina ha sido identificada como una de las regiones con vastas reservas de minerales que alimentarían esta propuesta de transición. Sin embargo, en este contexto de interés minero, existe la tendencia a invisibilizar a las poblaciones que habitan en estos territorios y a los sistemas hidrogeológicos de importancia local, regional y mundial que allí existen.Uno de los minerales que ha aumentado sensiblemente su interés comercial para el avance de la descarbonización energética es el litio. En la región del Gran Atacama —ubicada en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— se encuentran las mayores reservas a nivel mundial. No obstante, para que el litio esté disponible, se requiere atravesar una compleja cadena de suministros transnacional, particularmente compleja que incluye la extracción de minerales, su refinamiento, la producción de electrodos para baterías, la producción de baterías y, finalmente, la de vehículos eléctricos. Esta situación, de incremento de la demanda de minerales en cadenas complejas de suministros mundiales, genera alertas para la región sobre el riesgo de reproducir un nuevo ciclo de extractivismo si no se diseñan e implementan políticas públicas que integren, de manera efectiva, estándares ambientales, sociales y de desarrollo territorial.La economía circular, estrechamente vinculada al proceso de transición energética, se presenta como una estrategia clave para superar la lógica lineal del sistema económico tradicional (extraer – producir – utilizar – desechar). Su objetivo es reducir la presión sobre los territorios y bienes comunes, incorporando criterios de sustentabilidad a las cadenas de suministros y promoviendo una gestión más racional de los recursos minerales que se extraen.Sin embargo, esta forma de entender la economía circular, vinculada a minerales para la transición energética, también se sustenta en la ampliación del extractivismo, sobre todo en el sur global. Esto se debe a que las opciones de descarbonización requieren grandes cantidades de minerales para el almacenaje de energía, los cuales son extraídos con altos impactos ambientales y sociales, amenazando la resiliencia de los ecosistemas de donde se extraen y poniendo en riesgo a las poblaciones que los habitan.Considerando estas limitaciones, una propuesta de economía circular, desde la perspectiva de las zonas de extracción latinoamericanas y aplicada a los minerales para la transición, debe garantizar que los cambios de matriz energética hacia tecnologías con menos emisiones de gases de efecto invernadero (conocida ampliamente como transición energética), sean verdaderamente justos en todas las etapas. Esto implica evitar la creación, expansión y/o profundización de zonas de sacrificio; asegurar la restauración ambiental y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, así como la reparación de aquellos derechos que han sido vulnerados. Requiere además cuidar los límites biofísicos y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. Lee y descarga

Marzo 27 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Resumen de la 41ª Reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima

Febrero de 2025Traducción al español del resumen elaborado por el Climate Finance AdvisoryService (CFAS), liderado por GermanwatchLa reunión n.º 41 (B.41) de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) se realizó del 17 al 20 de febrero de 2025 en Songdo, Corea del Sur. Este resumen contiene las principales decisiones y debates de la reunión. Consulta y descarga el resumenResumen en portugués

Marzo 19 2025 Cambio Climático, Derechos Humanos

Incendios Forestales en América Latina

Los incendios forestales son consecuencia de la crisis climática y, al mismo tiempo, la exacerban. Amplifican riesgos de sequías y otros eventos extremos, así como de cambios en la precipitación. En América Latina, están aumentando en intensidad y frecuencia, causando impactos ambientales graves, afectando la salud y otros derechos humanos fundamentales. En 2022, Naciones Unidas advirtió que, a nivel mundial, se esperaba un aumento del 14% en la superficie de bosques incendiados para 2023 y del 30% para 2050. En América Latina, del total de cobertura arbórea perdida (4579,5 Kha) en 2023, el 21% fue a causa de incendios (967 Kha). En países como Bolivia, esta cifra representó hasta el 45%. Descarga la hoja informativa

Marzo 12 2025 Cambio Climático

Cierre y salida responsable de proyectos: Retos y oportunidades en América Latina

En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que, en el actual proceso de transición energética, los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades afectadas. En efecto, la falta de un proceso de cierre, así como de claridad respecto de las obligaciones en los procesos de transición social y superación de las condiciones de dependencia económica, son obstáculos complejos que pueden agudizar los impactos ambientales y sociales.En este seminario web, compartimos los principales hallazgos y recomendaciones que, gracias al trabajo colaborativo con aliados en la región, hemos sistematizado desde AIDA acerca de esta problemática. Además, escuchamos las reivindicaciones de comunidades, personas defensoras y organizaciones que han enfrentado este desafío en distintos casos específicos. PanelRosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y Javier Oviedo, asesor científico de AIDA: Presentación del informe El cierre y la salida responsable: un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina.Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE): El caso de Yasuní en Ecuador.Cristina Lux, abogada de AIDA: El caso de Tocopilla en Chile.Joana Abrego, gerente Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y coordinadora de la Comisión Legal en la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): El caso de la multinacional canadiense First Quantum Minerals en Panamá.Hilda Arrieta, representante legal de las mujeres del municipio El Paso y accionante de la Mesa para la Defensa Territorial y la Transición Energética Justa en el Cesar y Magdalena: Abandono y cierre de minas de carbón en el Cesar, Colombia.Moderó: José David Castilla, abogado de AIDA. Grabación Más informaciónConsulta el informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina

Marzo 10 2025 Cambio Climático, Fuentes de Agua Dulce, Minería

Declaratoria de Zona de Reserva Temporal en el páramo de Santurbán es una victoria para la defensa del agua en América Latina

Organizaciones de la sociedad civil celebran la medida tomada por el Ministerio de Ambiente de Colombia, la cual implica la suspensión por dos años del proyecto de minería de oro de la canadiense Aris Mining en el macizo de Santurbán.Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Institute for Policy Studies (IPS) - Proyecto de Minería y Comercio, Mining Watch Canada, el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) y Common Frontiers Canada celebramos a la resolución mediante la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables. Este gran paso fortalece la protección de uno de los páramos más emblemáticos de la región andina y de los ecosistemas conexos, fundamentales para la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica de un estimado de 2 millones de personas en la región.Con la Resolución 0221 del 3 de marzo de 2025, en la que el MADS delimita y protege un área de 75.344,65 hectáreas, se logra la suspensión provisional por dos años del proyecto de minería de oro Soto Norte de la multinacional canadiense Aris Mining y su subsidiaria en Colombia, Sociedad Minera de Santander S.A.S. (Minesa), que amenazaba a Santurbán. Lo anterior porque, en virtud del principio de precaución, la norma prohíbe el otorgamiento en el área de “nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, (...) así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales” hasta tanto se adelanten los estudios técnicos necesarios que darían lugar a su protección definitiva. Esta resolución no afecta la actividad agrícola, pecuaria o de turismo en la zona. No obstante, manifestamos nuestra preocupación porque la resolución deja vigente el contrato de concesión con Calimineros, empresa que tiene un subcontrato de formalización minera con Minesa desde 2020, a partir del cual Minesa promete comprar y procesar material mineralizado. Alentamos a las autoridades competentes a suspender la evaluación de la solicitud de la licencia ambiental para este proyecto y la prórroga del subcontrato de formalización debido a los potenciales impactos ambientales que podría ocasionar en Santurbán y por efectivamente ser parte del mismo proyecto Soto Norte. Los páramos y ecosistemas conexos son de alta sensibilidad, reconocidos por su papel en la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de biodiversidad endémica. La remoción de la cobertura vegetal y la fragmentación de los ecosistemas que generaría la minería en Santurbán podría afectar el equilibrio ecológico, la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la vida; acidificar y reducir la cantidad de agua dulce disponible; y romper la interconectividad ecológica con otros biomas y ecosistemas, acabando con su capacidad de secuestrar carbono y provocando impactos a perpetuidad. Por estas razones, valoramos que la medida adoptada busque prevenir el avance de la minería en esta área de alta sensibilidad y relevancia ambiental, previniendo procesos de degradación de las cuencas que alberga la estrella hídrica de Santurbán y preservando el ciclo del agua.Sebastián Abad-Jara, abogado de AIDA, señaló: "Al proteger Santurbán, Colombia ratifica su compromiso con el cumplimiento de metas ambientales globales en materia de biodiversidad, clima y humedales, y se consolida como referente para los gobiernos de otros países donde estos ecosistemas también están amenazados por la actividad minera, como Perú y Ecuador"."Celebramos esta declaratoria como la victoria de haber dado el primer paso; el objetivo final debe ser la consolidación del costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva, protegiendo de manera definitiva esta estrella hídrica, vital para toda la vida que depende de ella", indicó Jen Moore, investigadora asociada del IPS - Proyecto de Minería y Comercio. Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada, agregó: "Esta resolución es fruto del arduo trabajo del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, que ha padecido hostigamientos e intimidaciones por su labor a favor de la protección del páramo y que ha sido víctima de campañas de desinformación sobre los supuestos efectos perjudiciales de la norma para la actividad agropecuaria". AIDA, IPS, MiningWatch Canada, CIEL y Common Frontiers Canada respaldamos la adopción de esta medida de protección para Santurbán. También alentamos con esperanza al gobierno nacional y local para que realice los estudios técnicos necesarios para su protección definitiva, y tome medidas preventivas para evitar los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos de la minería en la zona, en relación con los proyectos que ya cuentan con título minero. Además, reiteramos la urgencia de adoptar medidas de protección de las personas defensoras de los páramos en Colombia.La experiencia de Santurbán es muy valiosa y debe servir de ejemplo e impulsar legislaciones para la protección ambiental en América Latina que pongan en el centro el derecho humano al agua y el equilibrio e integridad de ecosistemas frágiles como los páramos y la alta montaña. Consulta la resolución que declara la zona de reserva temporal en Santurbán #NuestroOroEsElAgua Contactos de prensaVictor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107Jennifer Moore, IPS, [email protected], +12027049011 (prensa IPS)Viviana Herrera, Mining Watch Canada, [email protected], +14389931264Alexandra Colón-Amil, CIEL, [email protected], +12024550253

Febrero 24 2025 Cambio Climático, Contaminación Tóxica, Océanos

Conoce más sobre las negociaciones para reducir la contaminación del transporte marítimo

Descarbonizar las actividades productivas y económicas es fundamental y urgente para enfrentar la triple crisis —climática, de contaminación y de pérdida de biodiversidad— que enfrenta el mundo. En el transporte marítimo —que mueve cada año 10.000 millones de toneladas de carga y genera el 2.9 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), entre ellos dióxido de carbono (CO2)—, la necesidad mundial de reducir y, en el largo plazo, eliminar estas emisiones es abordada por la Organización Marítima Internacional (OMI), agencia especializada de la ONU a cargo de generar normas para un transporte marítimo seguro, eficiente y libre de contaminación.Avanzar hacia la descarbonización es fundamental pues de no haber cambios sustanciales, las emisiones del transporte marítimo podrían crecer hasta un 50% en 2050.La OMI tiene una Estrategia Revisada de Reducción de Emisiones, acordada en 2023 por los 175 países que integran el organismo. Con ella se espera reducir las emisiones del sector hasta en 30% a 2030, en 80% a 2040 y alcanzar el cero neto alrededor del año 2050. La implementación de la estrategia es actualmente objeto de negociaciones internacionales.AIDA participa en estas negociaciones como parte de la Clean Shipping Coalition, una coalición internacional de organizaciones. Además, coordina esfuerzos con Ocean Conservancy y Fundación Cethus para generar incidencia con países latinoamericanos y colaborar con información técnica actualizada sobre el avance de las negociaciones y sus implicaciones para la región.La descarbonización del transporte marítimo mundial y sus impactos económicos es una discusión muy importante para América Latina y el Caribe. Es necesario que todos los países y sectores de la economía se alineen con metas claras y que se evalúe de forma igualitaria y justa todos los impactos que se generen, así como las formas en que los países pueden mitigarlos.Aquí te contamos más de este importante proceso. ¿Qué medidas están en discusión para reducir la contaminación del transporte marítimo?Lo que se está negociando a nivel internacional es la elección del paquete de medidas necesarias para lograr las metas acordadas en 2023 para la reducción de emisiones de GEI en el transporte marítimo. Este paquete incluye medidas técnicas y económicas. Su estructura final será decidida en abril de este año en Londres, sede de la OMI, marcando un hito mundial en la lucha mundial contra la crisis climática.Las medidas técnicas incluyen un estándar global de combustibles, la captura de carbono en los barcos, mediciones de eficiencia energética de los combustibles utilizados y la reducción de velocidad de los barcos, entre otras. Todas ellas buscan que la operación del transporte marítimo sea lo más eficiente posible respecto de los combustibles usados, además de desincentivar gradualmente el uso de los combustibles más contaminantes. Esto implica utilizar la menor cantidad de energía, emitir la menor cantidad de CO2 y mantener en funcionamiento al sector.Como complemento a las medidas técnicas, se plantean medidas económicas orientadas a poner precio a las emisiones de CO2 del transporte marítimo. Se espera así que el incremento en la eficiencia de los barcos tenga no solo un componente tecnológico, sino también un estímulo de mercado. Esta combinación es fundamental para lograr las metas de reducción de emisiones pues permitirá que los sectores público y privado:Cuenten con los recursos económicos para las inversiones en nuevas tecnologías, en nuevos combustibles y otras que la transición energética del sector requiere.Tengan un estímulo económico para cerrar la actual brecha de costos entre los combustibles fósiles y las tecnologías limpias cercanas a las cero emisiones. Para definir la asignación de un precio a las emisiones de CO2, hay dos grandes propuestas:La primera tiene una estructura flexible frente a las emisiones. En su versión más básica, considera las diferencias en las emisiones para la implementación de la medida. Para ello se contempla un "límite permitido” de emisiones de CO2, clasificando a los barcos en aquellos que están debajo de este y aquellos que están por encima. Los primeros podrían recibir una recompensa económica y los segundos pagarían una tarifa por el CO2 emitido en el marco de un sistema de cupos de emisiones. En esta medida, aunque existe un mecanismo para regular las emisiones debajo del límite establecido, la tolerancia a estas limita la posibilidad de una reducción acelerada, lo que podría demorar la transición energética que la crisis climática requiere.La segunda tiene una estructura universal, lo que se traduce en poner un precio fijo a todas las emisiones de CO2 generadas por la operación de la flota marítima. Con ello se busca crear un estímulo de mercado que aumente la demanda de nuevas tecnologías de bajas emisiones (nuevos barcos y combustibles), promoviendo que los operadores marítimos las adquieran para evitar el pago de una tarifa. Con esta medida se espera tener un seguimiento más preciso de las emisiones totales de los barcos, motivar una transición energética más rápida y pronunciada, así como recolectar y luego redistribuir entre operadores marítimos y países una cantidad considerable de recursos económicos para mitigar los costos e impactos negativos desproporcionados que el proceso de descarbonización genere. ¿Qué implica la descarbonización del transporte marítimo para América Latina y el Caribe?Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a los desastres asociados al cambio climático por lo que las acciones orientadas a lograr metas de descarbonización en distintos sectores de la economía regional son fundamentales para hacerle frente a la crisis climática.Por otro lado, las acciones destinadas específicamente a la descarbonización del transporte marítimo tendrán impactos diferenciados a corto, mediano y largo plazo en cada uno de los países del continente. Por ejemplo, la elección de una u otra propuesta para el pago de una tarifa por las emisiones de CO2 del sector —la modalidad flexible o el precio fijo— tendrán impactos distintos en cada país. Lo que es común en todos los escenarios es que la región será fuertemente afectada por el proceso de descarbonización del transporte marítimo.En este sentido, es importante que los países identifiquen cuáles son los escenarios que les permiten un mayor rango de acción frente a estos impactos para compensarlos y para que la transición sea equitativa y justa, sin dejar a ningún país atrás.En términos económicos, la implementación de un precio universal para las emisiones de CO2 posibilitaría que los Estados reciban una parte de los recursos económicos obtenidos para compensar y mitigar los impactos de la descarbonización. Las cantidades y formas de este traspaso de recursos serán consensuadas en la OMI. Se espera que la combinación de medidas más ambiciosas (técnicas y económicas) recolecte hasta 120.000 millones de dólares anuales en los próximos años. La propuesta flexible para el pago por emisiones no incluye mecanismos de redistribución de recursos pues estos irían directamente a los operadores del transporte marítimo y a los productores de combustibles. Así, los países tendrían que mitigar los impactos de la descarbonización con recursos propios.Desde una perspectiva ambiental, sin el estímulo previsto por un precio universal, existe el riesgo de que el esquema flexible promueva indirectamente la continuidad del uso de combustibles que generan emisiones de CO2, sobre todo en regiones con recursos económicos limitados para invertir en la tecnología de punta menos contaminante. Esto causaría una demora en el logro de las metas de reducción de emisiones de la flota marítima mundial, alejando a los países del cumplimiento de sus compromisos climáticos en la OMI.En general, los costos de la reducción de emisiones de CO2 del transporte marítimo y de otros sectores, causantes de la crisis climática actual, son una realidad para todos los países, aunque con impactos diferenciados por región. La participación activa de América Latina y el Caribe en las discusiones internacionales al respecto, a lo largo de 2025, es fundamental para garantizar que la transición energética y la reducción de la contaminación del transporte marítimo sea justa y equitativa. Es importante que los países del continente tomen una posición que les permita proteger económica y ambientalmente sus intereses frente a los impactos de este proceso.Si la estrategia de descarbonización de la OMI no cumple sus ambiciones, tendremos un transporte marítimo que agrave la crisis climática y sus efectos. El éxito de esta estrategia será un logro de consenso mundial con consideraciones ambientales. Paro ello, la equidad y la justicia de la transición debe ser uno de los elementos principales. El reconocimiento de los impactos diferenciados de las medidas de descarbonización marítima y su compensación, sobre todo en los países más afectados, asegurará un triunfo que descanse sobre criterios de justicia y equidad ambiental.