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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Carta de víctimas de contaminación de La Oroya al papa León XIV
Con un fraterno saludo y deseándole a su vez, una pronta y óptima recuperación en su salud, nos dirigimos cordialmente a usted. Somos hombres y mujeres de La Oroya que hemos sufrido las consecuencias de la contaminación provocada por un complejo metalúrgico que opera desde hace más de cien años. Sus emisiones y la falta de medidas adecuadas de protección por parte del Estado peruano han degradado nuestro aire, agua y suelo causando graves daños a nuestra salud. Formamos parte de un grupo de personas que, después de años de buscar justicia sin obtener respuesta en nuestro país, fuimos reconocidas como víctimas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia histórica que declaró la responsabilidad del Estado peruano en el caso Habitantes de La Oroya vs. Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Le escribimos porque, después de más de veinte años de lucha, seguimos esperando que la justicia llegue a nuestras vidas y que el Estado cumpla cabalmente con la sentencia de la Corte. Durante generaciones, nuestras familias han respirado y tocado plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre. Hemos visto sus efectos en nuestros cuerpos y en los de nuestros hijos e hijas. Algunas personas incluso han tenido que abandonar la ciudad para protegerse de estos daños.Aun así, La Oroya es nuestro hogar. Allí nacimos, crecimos y formamos nuestras familias. Queremos que vivir y trabajar en La Oroya no cueste nuestra salud y que nuestra tierra sea recordada no solo por su contaminación.La Iglesia ha caminado a nuestro lado, hoy necesitamos que esa compañía continúe.Durante muchos años, la Iglesia de Huancayo y la parroquia de La Oroya estuvieron cerca de nuestra comunidad y ayudaron a que el país conociera lo que vivíamos.Recordamos con gratitud al Cardenal Pedro Barreto Jimeno, quien, como Arzobispo de Huancayo, defendió públicamente nuestra salud, nuestra dignidad y nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, y acompañó nuestro proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su testimonio afirmó: "Yo pude ser testigo de familias con graves afectaciones a la salud, derivados de la contaminación ambiental de La Oroya, familias que perdieron seres queridos: víctimas de tumores y víctimas también de cáncer en pulmón". Para nosotras y nosotros, la Iglesia ha sido una presencia cercana que ha escuchado nuestro dolor y nos ha ayudado a alzar la voz. Hoy le pedimos, Santo Padre, que esa cercanía continúe y nos acompañe en uno de nuestros mayores desafíos: lograr que la justicia se haga realidad.Contamos con una sentencia que reconoce la violación de nuestros derechos, pero que aún no se cumple.La sentencia de la Corte fue una luz después de tantos años de lucha. Pero esa luz todavía no ha llegado a nuestras casas. Entre las medidas ordenadas que siguen sin cumplirse se encuentran brindar una atención integral en salud, contar con un plan de acción para remediar los daños ambientales en La Oroya, o compatibilizar la legislación nacional con los estándares de calidad del aire para la protección del ambiente y la salud de las personas. Mientras tanto, la contaminación y el riesgo continúan. En nuestra búsqueda de justicia, ya han muerto siete personas en espera de una atención médica adecuada y de la reparación esperada. Lo ocurrido en La Oroya es también la historia de muchas comunidades de Perú, de América Latina y del mundo, donde la contaminación amenaza la salud y la vida. Como nos recordó el Papa Francisco en Laudato si', debemos escuchar tanto "el clamor de la tierra y el clamor de los pobres". En la Oroya ambos clamores siguen en busca de justicia. El cuidado de la casa común también ha sido una preocupación para usted : "Parece que aún no se tiene conciencia de que destruir la naturaleza no perjudica a todos del mismo modo: pisotear la justicia y la paz significa afectar sobre todo a los más pobres, a los marginados, a los excluidos.”Santo Padre, usted conoce al pueblo peruano, caminó junto a él como misionero y pastor. Por eso confiamos en que su visita puede ayudar a que nuestra voz no se apague. Le pedimos, con respeto y esperanza, que La Oroya tenga un lugar en su visita, en sus oraciones, en su palabra y en el acompañamiento de la Iglesia, para que el llamado de quienes hemos sufrido durante generaciones la contaminación sea escuchado y nuestros derechos por fin sean garantizados.Por eso, Santo Padre, le pedimos con humildad:Que La Oroya esté presente en su palabra durante su visita a Perú, como signo de cercanía con las comunidades que sufren la contaminación y de esperanza en que sus derechos sean garantizados.Que escuche nuestros testimonios, recibiendo, si su agenda lo permite, a una pequeña delegación de víctimas durante su visita a Lima, o acogiendo nuestros testimonios por medio de un representante de la Iglesia o a través del Cardenal Barreto.Que la Iglesia siga acompañándonos después de su visita, con el apoyo de la Conferencia Episcopal Peruana y del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, para que el cuidado de la vida y la salud de nuestra comunidad sea, por fin, una realidad. Creemos que su voz puede ayudar a que nuestra historia no se olvide y a que todos, autoridades, empresas y sociedad, recordemos que cuidar la vida de las personas más vulnerables y la salud de nuestro planeta es un deber que no puede esperar.Agradecemos de corazón la atención que Su Santidad pueda brindar a nuestra petición. Esperamos que su visita a nuestra tierra sea también una oportunidad para escuchar a quienes más han sufrido y renovar nuestra esperanza de que la justicia llegue, por fin, a nuestras vidas. Lee y descarga la carta
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COP31: La urgencia de debates clave y condiciones para acelerar la transformación global
Por Florencia Ortúzar Greene y Karla Maass* En un escenario internacional de creciente fragmentación política, conflictos geopolíticos y debilitamiento de la cooperación internacional, la 31.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31) —a celebrarse del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía— representa una oportunidad para fortalecer el multilateralismo y avanzar colectivamente hacia transformaciones estructurales basadas en la justicia, los derechos humanos y la protección de los ecosistemas.En América Latina y el Caribe, el contexto que rodea a la COP31 se expresa en la expansión del extractivismo, el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y riesgos crecientes en torno al control de los recursos naturales. A ello se suman conflictos socioambientales y amenazas a personas defensoras del ambiente. Al mismo tiempo, la dependencia de los combustibles fósiles continúa exponiendo a los países a tensiones geopolíticas, volatilidad de los mercados energéticos y riesgos para sus economías y la seguridad de sus poblaciones.Frente a este panorama, la COP31 debe contribuir a reconstruir la confianza en el multilateralismo mediante decisiones capaces de acelerar la acción climática, superar las barreras para su implementación y responder a las necesidades de los países del sur global.Desde AIDA identificamos cuatro procesos fundamentales para avanzar en esta dirección. Consulta Nuestras Propuestas. 1. Hacer realidad un mecanismo de transición justaUno de los principales desafíos de la COP3 será definir cómo poner en funcionamiento el Mecanismo de Transición Justa (BAM, por sus siglas en inglés), acordado en la COP30. Su potencial transformador dependerá de que trascienda los espacios de diálogo y, por tanto, establezca una gobernanza multiactor inclusiva enfocada en superar las desigualdades estructurales que condicionan la transición, especialmente en los países del sur global.AIDA propone:Gobernanza: Garantizar la representación efectiva de los titulares de derechos en los órganos de gobernanza y en las instancias técnicas del mecanismo. Esto mediante un sistema inspirado en la representación del público del Acuerdo de Escazú, que asegure la participación formal y permanente de representantes de cada uno de los grupos de interés reconocidos en la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC).Modalidades de trabajo: Establecer un proceso permanente de recopilación, sistematización y análisis de información que permita incorporar la mejor evidencia científica disponible y los resultados de otros procesos internacionales para orientar las prioridades y acciones del mecanismo. Asimismo, proponemos una articulación con el Comité Permanente de Finanzas para incluir un análisis específico de los recursos destinados a la transición justa en el primer informe bienal de seguimiento del nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) de financiamiento climático, previsto para 2028.Funciones: Impulsar una transición energética justa que acelere el abandono de los combustibles fósiles mediante zonas libres de explotación, concebidas como territorios de vida, y el fortalecimiento de alternativas energéticas renovables y comunitarias. También proponemos establecer salvaguardas socioambientales para la extracción de minerales “críticos”, basadas en los derechos humanos, la integridad de los ecosistemas y criterios estrictos de necesidad, trazabilidad y uso responsable, evitando que la transición energética reproduzca nuevas formas de extractivismo. 2. Pasar de las promesas de financiamiento a medidas concretasEl financiamiento climático continúa siendo uno de los principales puntos de tensión de las negociaciones internacionales. La COP31 deberá avanzar en la puesta en marcha del Programa de Trabajo sobre Financiamiento Climático, situando en el centro las obligaciones de los países desarrollados de proveer recursos a los países en desarrollo, conforme al artículo 9.1 del Acuerdo de París.AIDA propone:Alcance: Asegurar que el programa contribuya a la implementación del NCQG, particularmente de la meta de al menos 300 mil millones de dólares anuales para 2035, mediante una hoja de ruta que fortalezca la provisión de financiamiento público por parte de los países desarrollados. Asimismo, consideramos fundamental establecer un mandato específico para evaluar el financiamiento público proyectado para el cumplimiento de esta meta, aprovechando las comunicaciones y los procesos establecidos en virtud del artículo 9.5 del Acuerdo de París; así como formular recomendaciones y medidas concretas para la COP32.Modalidades de trabajo: Impulsar espacios innovadores de intercambio técnico y político que trasciendan los diálogos tradicionales y permitan identificar soluciones frente a barreras estructurales como el endeudamiento, el elevado costo del capital y las dificultades de acceso directo para el financiamiento a pueblos indígenas y comunidades locales. También planteamos fortalecer la articulación con el Diálogo de Veredas para aprovechar sus hallazgos sobre la reorientación de los flujos financieros internacionales, sin sustituir las obligaciones de provisión de financiamiento de los países desarrollados. 3. Un Balance Mundial que permita identificar las transformaciones necesariasLa COP31 marcará el inicio del segundo Balance Mundial del Acuerdo de París (GST2, por sus siglas en inglés), un proceso que evaluará los avances colectivos de la acción climática y contribuirá a orientar las decisiones internacionales de los próximos años.AIDA propone:Establecer medidas específicas para facilitar la recopilación y sistematización de información de actores tradicionalmente subrepresentados, especialmente pueblos indígenas y comunidades locales, brindando el apoyo necesario para asegurar que sus conocimientos, experiencias y soluciones territoriales contribuyan a una evaluación más representativa. Establecer un mecanismo abierto e inclusivo de retroalimentación sobre los informes de síntesis que resulten de la fase de recopilación de información. Este debe permitir presentar observaciones, identificar vacíos de información y conocer cómo se incorporan las contribuciones recibidas. Asegurar un GST2 se sustente en la mejor ciencia disponible, incluida la incorporación oportuna de los resultados del Séptimo Informe de Evaluación del IPCC (AR7), y tome los compromisos del primer Balance Mundial como punto de partida para evaluar su implementación, asegurando la justicia climática, los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas como ejes transversales. 4. Acelerar la transición hacia el abandono de los combustibles fósilesA casi tres años del compromiso adoptado en la COP28 de Dubái, su implementación continúa enfrentando importantes obstáculos, mientras persisten los planes de expansión de la producción de combustibles fósiles. La COP31 representa una oportunidad para superar este estancamiento y dar continuidad a las iniciativas internacionales que buscan acelerar una transición justa, ordenada y equitativa.Para ello, será clave un respaldo político explícito de las presidencias de la COP31 a la hoja de ruta impulsada por la presidencia brasileña de la COP30 y al proceso iniciado en Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles (Santa Marta), fortaleciendo su reconocimiento y relevancia en la agenda climática internacional.AIDA propone:Formalizar y asegurar la continuidad institucional de la hoja de ruta brasileña mediante su incorporación al paquete político de Antalya (Antalya Political Package), así como incorporar los resultados de ambos procesos al segundo Balance Mundial (GST2) para evaluar los avances y las brechas en la implementación del compromiso de abandonar los combustibles fósiles. Destacamos la necesidad de que el compromiso de electrificación 35x35 contribuya efectivamente a reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante el impulso de energías renovables, sistemas descentralizados y modelos de gobernanza democrática y comunitaria, con salvaguardas socioambientales y una distribución equitativa de los beneficios. Consulta Nuestras Propuestas.Una COP31 orientada a la justicia climáticaLa crisis climática exige mucho más que nuevos compromisos. Requiere transformar los modelos de desarrollo, las relaciones económicas internacionales y los mecanismos de cooperación y financiamiento que determinan las posibilidades reales de acción de los países y sus territorios.La COP31 ofrece una oportunidad para avanzar en esa dirección. Su relevancia dependerá de la capacidad de los gobiernos para adoptar decisiones concretas, fortalecer la cooperación internacional y asegurar que las transformaciones necesarias se construyan con la participación efectiva de quienes habitan, defienden y protegen los territorios.En nuestro documento de propuestas para la COP31, hacemos planteamientos específicos para los cuatro procesos de negociación con el propósito de contribuir a una acción climática más ambiciosa, equitativa y centrada en los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas. Consulta Nuestras Propuestas. *Florencia Ortúzar Greene es la directora del Programa de Clima de AIDA y Karla Maass es consultora externa de la organización.
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Ante la CIDH, comunidades y organizaciones alertaron sobre las desigualdades que profundiza la minería para la transición energética
En una audiencia pública regional, comunidades indígenas y organizaciones de América Latina expusieron los impactos de la extracción de minerales “críticos” y reclamaron mayores garantías para la protección de los territorios y los derechos humanos.En el marco del 197.º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Panamá, comunidades indígenas y organizaciones de América Latina participaron de la audiencia pública "Impactos de la extracción de minerales críticos para la transición energética", realizada el 27 de octubre. El encuentro fue convocado de oficio por la propia comisión para abordar las consecuencias ambientales, sociales y territoriales de la creciente demanda de minerales estratégicos, así como los desafíos que plantea para la protección de los derechos humanos en la región."La iniciativa de la CIDH de elaborar un informe sobre minería para la transición y derechos humanos reviste gran relevancia. Ante las intensas presiones geopolíticas y las regresiones ambientales, resulta urgente consolidar estándares interamericanos que protejan ecosistemas clave para el agua y garanticen los derechos humanos en el marco de la transición energética", señaló Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).La audiencia puso en discusión una de las principales contradicciones de la transición energética: mientras se presenta como una respuesta urgente a la crisis climática, los proyectos extractivos que avanzan en su nombre reproducen y profundizan desigualdades históricas. Los beneficios económicos y tecnológicos se concentran en determinados sectores y regiones, mientras los impactos en el agua, los ecosistemas y las formas de vida recaen principalmente en las comunidades que habitan los territorios de extracción.Desde la Alianza por los Humedales Andinos, AIDA, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Asamblea Pucará participamos de este espacio para visibilizar las preocupaciones de las comunidades frente al avance de la minería de litio en los humedales andinos y las dificultades para acceder a la información, participar en las decisiones y obtener protección judicial efectiva. En un contexto de creciente presión sobre estos ecosistemas, la audiencia abrió una oportunidad para cuestionar las desigualdades que atraviesan la transición energética y proponer estándares para enfrentar los vacíos de protección frente a la minería para la transición en la región del Gran Atacama. Las voces de las comunidades y organizaciones ante la CIDH Proteger los ecosistemas y reducir la presión extractivaYeny Rodríguez Junco, abogada sénior del Programa de Territorios de AIDA, planteó que la transición energética necesita discutir no solo cómo se extraen los minerales, sino también para qué se utilizan y qué niveles de consumo sostienen su demanda."Los actuales patrones de producción y consumo son insostenibles”, señaló durante su intervención, en la que propuso limitar la nueva minería a lo esencial, reducir la demanda de minerales y fortalecer la protección de ecosistemas sensibles, especialmente aquellos fundamentales para el agua.Desde AIDA se solicitó avanzar hacia estándares regionales que hagan frente a las regresiones en materia ambiental y prioricen la protección de las fuentes de agua, los territorios indígenas y los ecosistemas estratégicos frente a la expansión de la frontera extractiva.Acceso a la justicia y participación de las comunidades indígenasMarcia Guitián, integrante de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, compartió la experiencia de su comunidad en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, Argentina, donde la expansión de la minería de litio plantea crecientes preocupaciones sobre la disponibilidad de agua y el futuro del territorio.Durante su intervención, denunció las barreras que enfrentan las comunidades para acceder a información técnica, participar de las evaluaciones ambientales y lograr que sus observaciones sean consideradas por la Justicia."Sin información accesible ni tiempo para prepararnos, la participación se vuelve una formalidad”, señaló Guitián, quien reclamó audiencias públicas judiciales, visitas de jueces y juezas a los territorios y una valoración rigurosa de los informes técnicos independientes.También advirtió sobre las presiones denunciadas por la comunidad en el marco de evaluaciones mineras privadas, como IRMA, y la necesidad de que estos mecanismos no sustituyan las responsabilidades estatales. "Participar en una evaluación privada no significa otorgar nuestro consentimiento", afirmó.Las disputas por los minerales y la protección de las inversionesPía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta y directora del Área de Política Ambiental de FARN, abordó las tensiones entre el sistema internacional de protección de inversiones y las obligaciones de los Estados en materia ambiental y de derechos humanos.En un escenario de creciente disputa geopolítica por los minerales estratégicos, advirtió que los tratados de inversión y los mecanismos de arbitraje internacional pueden limitar la capacidad de los Estados para adoptar medidas de protección ambiental, especialmente cuando las empresas pueden reclamar indemnizaciones frente a nuevas regulaciones."Las obligaciones interamericanas exigen que los Estados preserven su espacio regulatorio y negocien instrumentos de inversión que sean coherentes con dichas obligaciones, además de reconocer expresamente el efecto disuasorio de las elevadas indemnizaciones. Mientras no se reformen o rescindan los tratados vigentes, esas mismas obligaciones interamericanas deben guiar su interpretación", sostuvo Marchegiani.Desde FARN se planteó la necesidad de revisar los tratados de inversión existentes y garantizar que los regímenes destinados a atraer capitales no condicionen las políticas públicas ni debiliten las obligaciones de protección ambiental, consulta y participación de las comunidades.Un compromiso para avanzar en la protección de los derechos humanosLa audiencia concluyó con el reconocimiento de las preocupaciones planteadas por las comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Desde la CIDH se destacó la importancia de profundizar el análisis de estas problemáticas y se reafirmó el compromiso del organismo de dar continuidad a los aportes recibidos, ampliando su tratamiento en futuros informes y recomendaciones sobre minería, transición energética y derechos humanos.La comisionada Gloria Monique de Mees, quien presidió la audiencia, agradeció las intervenciones de la sociedad civil y destacó que una transición justa no puede medirse únicamente por la reducción de emisiones, sino también por el lugar que ocupan las voces de las comunidades indígenas, afrodescendientes y las juventudes en las decisiones que afectan sus territorios y su futuro.Desde la Alianza por los Humedales Andinos, regresamos a nuestros territorios para continuar el trabajo cotidiano junto a las comunidades, acompañando sus demandas, fortaleciendo la defensa de los humedales, salares y bofedales, y exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Los espacios regionales e internacionales nos permiten amplificar sus voces, pero la protección del agua se sostiene día a día junto a quienes habitan y cuidan estos lugares que sostienen la vida.
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