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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Ecuador sienta un mal precedente para la protección ambiental en América Latina
En medio de dos decisiones que marcaron hitos históricos para la protección del ambiente y de las personas frente a la crisis climática, el gobierno de Ecuador decidió seguir el camino opuesto y sentar un precedente negativo para la defensa del derecho a un ambiente sano en América Latina.En julio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia emitieron por separado dictámenes que esclarecen las obligaciones jurídicas de los Estados para actuar con urgencia y contundencia ante la emergencia climática. Mediante opiniones consultivas que resultaron de procesos participativos, los dos tribunales internacionales fijaron precedentes sustanciales hacia la justicia climática global. Pocos días después de emitidas ambas decisiones, y en total contrasentido con ellas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fusionó el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica —en adelante Ministerio de Ambiente— con el Ministerio de Energía y Minas. Esto es un retroceso para Ecuador porque compromete aspectos fundamentales para la garantía de un ambiente sano como el licenciamiento y control ambiental, la gestión de áreas protegidas y la acción climática. También representa un riesgo para la región pues marca un camino equivocado que podría ser emulado en otros países dadas las condiciones geopolíticas y económicas del continente. Un retroceso para la defensa del ambienteEl 24 de julio de 2025, el presidente ecuatoriano emitió el Decreto Ejecutivo 60, mediante el cual ordenó la fusión de varias dependencias del Estado —principalmente ministerios y subsecretarías—, la redistribución de competencias y la desvinculación laboral de 5 mil empleados del sector público.Entre los ministerios fusionados está el Ministerio del Ambiente, que será absorbido por el Ministerio de Energía y Minas, lo que convierte a Ecuador en el segundo país de la región en perder su autoridad ambiental en menos de dos años. El primero fue Argentina a finales de 2023.El retroceso que esto significa para la defensa del derecho a un ambiente sano —que incluye un clima sano, según reconoció el dictamen de la Corte Interamericana— puede ser explicado en tres dimensiones de análisis, detalladas a continuación. 1. El licenciamiento y control ambientalUna de las principales funciones del Ministerio del Ambiente es emitir licencias ambientales para la ejecución de proyectos de extracción de bienes naturales. Estas licencias son el resultado de un proceso de evaluación ambiental sumamente técnico que debe ser realizado de forma imparcial por un equipo multidisciplinario experto en el tema para cumplir plenamente con el principio de precaución y minimizar efectivamente los impactos ambientales. La fusión ministerial pone al proceso en manos de los mismos actores interesados en la ejecución de los proyectos minero-energéticos, socavando el principio de independencia. Además, resta la capacidad técnica y operativa de los equipos multidisciplinarios encargados de realizarla. Por otro lado, de las licencias se derivan obligaciones que quienes proponen proyectos deben implementar para evitar daños ambientales y garantizar el derecho a un ambiente sano de todas y todos en Ecuador. En este sentido, la autoridad ambiental tiene la facultad de controlar el cumplimiento de dichas obligaciones y aplicar sanciones en caso contrario. La fusión ministerial traslada la facultad del control ambiental a la misma entidad interesada en promover los proyectos minero-energéticos, restando la independencia esencial para velar por el cumplimiento de la normativa y estándares ambientales. 2. La gestión de áreas protegidasNo es un secreto que las áreas protegidas en Ecuador están sumamente debilitadas. Los despidos de guardaparques, la infraestructura inadecuada y recortes presupuestarios sostenidos desde 2019 han impedido el manejo adecuado del territorio protegido. Como resultado, la minería ilegal ha proliferado en su interior. La reciente decisión presidencial implica perder la independencia financiera y administrativa para la gestión de áreas protegidas, dejando supeditado el cuidado del territorio a los intereses del sector minero y petrolero. El Decreto Ejecutivo 60 no responde a las necesidades urgentes de protección territorial ni garantiza el sistema nacional de áreas protegidas. Por el contrario, aumenta el riesgo de reproducción de actividades mineras ilegales en ellas. 3. La acción climáticaEn términos climáticos, las contradicciones también son muy evidentes. Con la desaparición de la autoridad ambiental, las acciones de mitigación y adaptación climáticas en el país estarán supeditadas a las decisiones de un ministerio cuyo fin es promover proyectos de hidrocarburos y minería. El financiamiento climático se verá diluido en la administración del sector energético, con el riesgo de no llegar a los territorios donde más se necesita.Otro riesgo es que los proyectos de generación de energía renovable con potencial de aportar a una transición energética justa repliquen los errores del pasado fósil en materia ambiental y de derechos humanos. Esto puede ocurrir si no se aplican estrictos procesos de evaluación ambiental y de consentimiento social, los cuales se deben garantizar con procesos claros, personal técnico suficiente e institucionalidad ambiental independiente. ¿Por qué lo sucedido en Ecuador es un mal ejemplo para la región?Es importante encender las alarmas a nivel regional pues América Latina está bajo la amenaza de la profundización y radicalización del extractivismo como modo de producción económica, que busca abrirse paso incluso a costa de los mecanismos de protección territorial y de derechos humanos.Entregar las competencias de la autoridad ambiental a los sectores energético, petrolero y minero —que por su naturaleza priorizan el desarrollo de actividades extractivas y que históricamente han carecido de un enfoque de derechos humanos— configura un escenario regresivo y sienta un precedente negativo para los países del continente que afrontan presiones intensas de intereses económicos para sacrificar sus bienes naturales. También es una ofensa a la lucha por la justicia ambiental y climática que el movimiento ambientalista latinoamericano ha construido arduamente. El cambio de rumbo que necesitamosA nivel nacional y regional se requieren medidas urgentes que sean avances frente a la crisis ambiental y climática. Estas incluyen:Fortalecer los procesos de evaluación de impacto ambiental aplicados a proyectos de extracción de bienes naturales, lo que incluye dotarlos de mayor independencia financiera, administrativa y operativa.Robustecer el personal técnico vinculado al licenciamiento y control ambiental, así como a la gestión de áreas protegidas.Fomentar la capacidad de control y auditoría ambiental con mecanismos transparentes y participativos.Garantizar procesos de consulta previa, libre e informada que cumplan con estándares internacionales.Mejorar las condiciones de empleo de guardaparques, así como implementar la mejor ciencia, tecnología e infraestructura disponibles en la gestión de áreas protegidas.Adoptar acciones climáticas centrada en los territorios, que permitan el flujo directo de financiamiento hacia quienes realmente lideran los esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero: comunidades campesinas e indígenas.
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Economía circular: ¿qué es y cuál es su rol ante la crisis climática y la transición energética?
La vida en el planeta, incluida la nuestra, depende de la naturaleza.Para crear modos de vida más sostenibles y mantener bajo control el calentamiento del planeta, es necesario garantizar ecosistemas sanos, resilientes y productivos.La crisis climática, la de contaminación y la de pérdida de biodiversidad tienen su origen en actividades humanas que explotan la naturaleza más allá de sus límites, sin darle opción a recuperarse, degradando ecosistemas y llevándolos a puntos de “no retorno”.Estas actividades se basan en el modelo convencional de la economía, que es lineal y que sigue la lógica de extraer, producir, utilizar y desechar recursos.Un uso más sostenible de los recursos naturales requiere un modelo económico distinto.Una opción, entre varias, es la economía circular, un modelo económico de producción y consumo descrito tradicionalmente como una combinación de actividades de reducción, reutilización y reciclaje.Pero la mayoría de las aproximaciones actuales a la economía circular, incorporadas en diversas políticas públicas, están enfocadas en ampliar el ciclo de vida de los productos ya fabricados. No incorporan de manera integral los procesos de extracción de los materiales necesarios para fabricar los productos ni el descarte final de los mismos. Esto reduce considerablemente la protección de la naturaleza y de los territorios durante el ciclo económico.Por eso es importante entender qué es la economía circular y qué debe incluir, en la teoría y en la práctica, para que contribuya realmente a un mundo más sostenible y justo. Economía circular: Definición y desafíosComo alternativa al sistema económico lineal, la economía circular implica cerrar el ciclo económico mediante diversos mecanismos. Estos incluyen la reducción del uso de recursos naturales vírgenes, el aumento del uso de materiales reciclados y la reducción de residuos al mínimo a través de la reparación y reutilización de productos, manteniéndolos en circulación el mayor tiempo posible.Significa también la creación de un valor adicional para productos cuya vida útil terminó cuando sus materiales son utilizados una y otra vez. Frente a nuestro uso continuado y no sostenible de los recursos, el concepto de economía circular está cada vez más presente en diferentes ámbitos.Aunque se trata de un concepto vivo y en evolución, cuando se convierte en política pública, la mayoría de las definiciones de economía circular consideran que su objetivo principal es la prosperidad económica, teniendo el cuidado ambiental como resultado secundario. En 2020, una definición legal de la economía circular en la Unión Europea la consideraba “un sistema económico en el que el valor de los productos, los materiales y otros recursos de la economía se mantiene durante el mayor tiempo posible, mejorando su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo así el impacto ambiental de su uso y minimizando los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las etapas de su ciclo de vida…”.Esta y otras definiciones muestran que los efectos positivos de la economía circular en la naturaleza tienden a darse por sentado, cuando ciertas teorías o prácticas asociadas al concepto pueden en realidad obstaculizar la protección de ecosistemas y de las personas que dependen de ellos.Así está ocurriendo con el tipo de economía circular promovida para que los procesos extractivos ligados a la transición energética, pensada para enfrentar la crisis climática, sean ambientalmente amigables. Economía circular y transición energéticaHistóricamente, actividades extractivas como la minería han degradado ecosistemas y vulnerado derechos humanos en América Latina, generando las llamadas “zonas de sacrificio”.Hoy, para enfrentar la crisis climática, diversos organismos internacionales han posicionado una transición energética que requiere duplicar la producción de energías renovables y la electromovilidad para descarbonizar la matriz energética global.Ello implica al mismo tiempo intensificar la extracción de los denominados minerales "críticos" para el desarrollo de tecnologías limpias. Uno de ellos es el litio, mineral del cual la región posee grandes reservas.Así, lejos de ponerle fin, la transición energética promovida desde el norte global está renovando la histórica tendencia extractivista, generando una gran presión sobre los territorios de América Latina ricos en minerales para la transición, afectando ecosistemas y poblaciones cercanas a las zonas de extracción.En este contexto, la economía circular es difundida como una herramienta para que la explotación minera sea un proceso ambientalmente responsable. Pero las propuestas internacionales al respecto no garantizan la resiliencia de los ecosistemas ni el bienestar de las comunidades.Esto es evidente en países como Argentina, Bolivia y Chile debido a la creciente demanda global de minerales como el litio.Actualmente, la economía circular aplicada a la minería en América Latina está enfocada en los procesos internos de las empresas mineras, pero no en las consecuencias que sus interacciones con ecosistemas y comunidades generan en los territorios de extracción, sin detener la ampliación del extractivismo ni los altos impactos socioambientales causados.La obtención de litio para electromovilidad, por ejemplo, implica una cadena de suministro compleja y transnacional. Esta incluye la extracción del mineral, su refinamiento, la producción de electrodos para baterías, la fabricación de baterías y, finalmente, la de vehículos eléctricos.Con la visión del norte global, aquí la economía circular se aplica principalmente en el reciclaje de baterías y en mejoras industriales para la explotación minera. Pero no incluye medidas para cuidar los límites biofísicos y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas en donde se extraen los minerales, asegurar la restauración ambiental, prevenir daños a las economías locales, garantizar los derechos humanos y reparar aquellos que ya han sido vulnerados. Propuestas desde América Latina para una economía circular justaPara que la transición energética no se convierta en un nuevo proceso extractivo que genere los mismos conflictos e impactos ambientales que sistemáticamente ha causado y que son precursores de la actual crisis climática, es fundamental que la economía circular integre comprehensivamente a los territorios de extracción de minerales.Los esquemas de economía circular deben evitar la creación, expansión y/o profundización de “zonas de sacrificio”; además de reconocer el valor estratégico de los ecosistemas como capital natural de los países y las comunidades, por las funciones ecosistémicas que brindan, entre ellas la provisión de agua dulce y la captura de carbono.Para avanzar hacia una economía circular justa en los territorios de extracción, se deben respetar los siguientes principios:Protección de los derechos humanos de las poblaciones locales, garantizando su permanencia en el territorio y la continuidad de sus actividades económicas, vinculadas a sus medios de vida y a su relación con los ecosistemas.Promoción del equilibrio ambiental conforme a los límites biofísicos de los ecosistemas, reconociendo sus valores intrínsecos, que favorecen la conservación de sus funciones.Internalización de los costos ambientales en las cadenas de valor de los minerales, incorporando en los precios el valor de los servicios ecosistémicos utilizados para su extracción.Conoce más en nuestro informe para políticas públicas Reimaginar la economía circular desde los territorios de extracción. Propuestas desde América Latina.
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AIDA se une como miembro a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
Frente a los desafíos ambientales globales, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) fortalece su rol internacional en defensa de la naturaleza y de quienes la protegen.Con nuestra incorporación como organización miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la red ambiental más grande y diversa del mundo, AIDA aportará su experiencia jurídica, científica y de trabajo en alianza para fortalecer la conservación de la naturaleza desde una visión latinoamericana y con perspectiva de derechos humanos.Bajo el objetivo de promover un mundo justo que valora y conserva la naturaleza, la UICN es un espacio neutral para que diferentes actores creen e implementen soluciones a los retos ambientales. Con el aporte de más de 17.000 personas expertas, la UICN es una incubadora y un repositorio confiable de conocimientos especializados sólidos, asesoramiento normativo, mejores prácticas y herramientas, así como de directrices y estándares internacionales para impulsar la conservación y el desarrollo sostenible.AIDA, con más de 25 años de trabajo reconocido en la protección del ambiente y la defensa de los derechos humanos en América Latina, contribuirá como miembro al objetivo de la UICN a través de:La articulación de alianzas para la conservación de la naturaleza basada en derechos;El fomento a la cooperación entre miembros gubernamentales y no gubernamentales;Aportes al debate en torno a problemas de conservación, especialmente en los aspectos jurídicos y científicos;Contribuciones al desarrollo de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales; así como a convenios internacionales relacionados con la conservación de la naturaleza; yEl impulso a la justicia ambiental y social, los derechos humanos y el derecho ambiental para avanzar hacia una gobernanza ambiental inclusiva y participativa. Esta membresía refleja el compromiso institucional de AIDA con una conservación efectiva, participativa y con enfoque de derechos humanos. Como parte de la UICN, AIDA trabajará para que las voces y experiencias de América Latina tengan un lugar protagónico en la construcción de soluciones globales ante la crisis ambiental.
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