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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Es urgente que el Estado de Ecuador emprenda todas las medidas para que este hecho no quede en la impunidad, proporcione las garantías necesarias a los pueblos indígenas que reclaman el cumplimiento de sus derechos humanos y ambientales en Ecuador y tome acciones para que hechos como este no se repitan. El pasado domingo 26 de febrero, Eduardo Mendúa —líder de la nacionalidad Ai’Cofan y director de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE)— fue asesinado a tiros. Medios locales reportaron que el crimen ocurrió cerca de las 17:52 en la huerta de su casa, en la comuna Dureno, al noreste de Ecuador, donde a varios kilómetros se asienta la zona de expansión de gran parte de la industria petrolera del país. El dirigente indígena participó en acciones de resistencia en el marco de la conflictividad generada en los últimos meses en Dureno ante la profundización de la actividad petrolera en esa zona. La comunidad de Dureno, que reconocía el liderazgo de Mendúa, había formado una guardia indígena que por más de ocho meses ha rechazado la intervención petrolera. AIDA manifiesta su profundo pesar y rechazo frente al asesinato de Eduardo Mendúa. Es urgente que el Estado de Ecuador emprenda todas las medidas para que este hecho no quede en la impunidad, proporcione sin demora las garantías necesarias a los pueblos indígenas que reclaman el cumplimiento de sus derechos humanos y ambientales en Ecuador y tome acciones para que hechos como este no se repitan. Lo sucedido es un reflejo de la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este sector de la población en toda América Latina y ha generado consternación en toda la región. Nos solidarizamos y expresamos nuestras condolencias a la familia de Eduardo Mendúa, su comunidad y a la nacionalidad Ai’Cofán de Ecuador.
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El grupo de organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes saludamos en el inicio de su gestión como Presidente del Banco y le hacemos llegar nuestros mejores augurios al asumir esta tarea de gran responsabilidad hacia los pueblos de América Latina y el Caribe.Aprovechamos esta oportunidad para presentarnos y manifestar nuestra disposición de seguir contribuyendo a las acciones del Banco en pos del desarrollo de la región. Desde 2017 nuestras organizaciones vienen realizando seguimiento y recomendaciones sobre las políticas y los proyectos del BID, en alianza con las comunidades y poblaciones locales. Particularmente, promovemos que el Banco establezca mejores políticas y prácticas sociales y ambientales, así como espacios de participación adecuados y transparentes que permitan mejorar el vínculo y la interacción del BID con la sociedad civil. Por solo mencionar algunos ejemplos, destacamos nuestras contribuciones al Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), a las actualizaciones de la política del MICI y en el acompañamiento de casos específicos, en el proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información y en los diálogos sobre la Iniciativa Amazónica-BID.En paralelo, realizamos un seguimiento permanente de las políticas e inversiones del Banco en toda la región, entre ellos los proyectos en respuesta y recuperación a la pandemia de Covid y muchos otros.Consideramos primordial que el Banco fortalezca sus prácticas y operaciones, asegurando la promoción y el respeto de los derechos humanos, con especial atención a las necesidades de las comunidades y los pueblos indígenas, quienes se encuentran en primera línea en la defensa de la naturaleza, así como de la protección de los ecosistemas clave para la lucha contra el cambio climático.Debido a la relevancia de la participación pública para promover el desarrollo pleno, reiteramos nuestro requerimiento al Banco para que genere mecanismos de participación constructivos y duraderos. En particular, solicitamos que se reabra el espacio de diálogo con la sociedad civil en el marco de las próximas Reuniones Anuales del BID. Este espacio fue una práctica tradicional que se interrumpió el año 2014 y no se ha retomado hasta la fecha.Entendemos que un espacio de articulación del BID con la sociedad civil (organizaciones y movimientos sociales, grupos indígenas, y otros grupos afectados o vulnerabilizados ) no solo constituye una buena práctica que otros organismos multilaterales ya vienen implementando, sino que además contribuiría a avanzar los objetivos de su gestión, según lo señalado en su discurso inaugural del 12 de enero pasado, cuando subrayó su deseo de “aprovechar todas las oportunidades de diálogo” y colaboración con distintos actores para abordar los problemas más acuciantes de nuestra región.Su administración tiene entonces una oportunidad histórica para generar una mayor apertura hacia las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades potencialmente afectadas por operaciones financiadas por el Banco. Consideramos que esta demanda no se puede seguir aplazando, y que este antiguo reclamo debe ser atendido para fortalecer el trabajo en conjunto con los pueblos de la región.Quedamos a su disposición para conversar sobre los puntos planteados en esta carta y otras materias de interés común cuando lo estime conveniente.Atentos saludos, Accountability CounselAMATE El SalvadorArticulación Salvadoreña de Sociedad Civil para la Incidencia en las Instituciones Financieras Internacionales (ASIFI)Asociación Ambiente y SociedadAsociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)Bank Information CenterCenter for International Environmental Law (CIEL)Coalición para los Derechos Humanos en el DesarrolloCohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (México)Conectas Direitos HumanosDerecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)Ecoa - Ecologia e AçãoFundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)Fundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista. (Argentina)Gender ActionInternational RiversInternational Accountability ProjectMesa de Discapacidad y Derechos (Perú)Plataforma Internacional contra la ImpunidadProtection International MesoaméricaSociedad y Discapacidad - SODIS (Perú)Sustentarse (Chile)Wetlands International / Fundación Humedales (Argentina) Lee y descarga la carta
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