Project
John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
Proyectos relacionados
Latest News
El "madruguete" en el Senado para aprobar por mayoría los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica viola derechos humanos y traerá graves daños a la salud, al ambiente y el incumplimiento de acuerdos internacionales. Ciudad de México. Las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) advirtieron que el madruguete realizado este martes por la mayoría del Senado de la República para aprobar los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), conocida como la “Ley Combustóleo” (por la preferencia de uso de este combustible que implica dicha modificación) no sólo implica violaciones al procedimiento legislativo, sino también a derechos humanos como el derecho de acceso a la participación conforme al recién ratificado Acuerdo de Escazú, a la salud y al medio ambiente sano, sobre todo de los sectores más vulnerables como las niñas, niños y jóvenes, además de retrasar aún más el cumplimiento de México a los acuerdos internacionales en combate al cambio climático. La Ley Combustóleo que aprobaron las y los Senadores en una sesión convocada de última hora este martes, se caracterizó por la ausencia de diálogo con expertos, jóvenes y sociedad civil, pues no se convocó al ejercicio de Parlamento Abierto. La Ley llevará a México a un mayor consumo de energías fósiles, como el carbón, el gas natural y el combustóleo para generar electricidad, que dañan de manera severa la salud de la población, el medio ambiente y compromete el futuro de la niñez en México, haciendo a un lado la transición energética justa y con enfoque de derechos humanos por la que nuestro país debería avanzar. En términos de salud y sólo a manera de ejemplo, de acuerdo con el informe “Modelado de impactos transcuenca en escenarios de cambio de combustible para la generación de energía. Estudio de caso Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos” elaborado por Adolfo Hernández-Moreno de la UAM, la contaminación por combustóleo, sólo de la termoeléctrica de Tula, sería responsable de 14 mil muertes prematuras en la ZMVM. La termoeléctrica de Tula funciona con combustóleo y ese es precisamente uno de los combustibles fósiles que se alienta a partir de la reforma aprobada vía “fast track” por mayoría en el Senado, en tanto que se estigmatiza a las energías renovables, bajo el argumento de que han sido usadas por empresas particulares para defraudar al Estado. Al respecto, en el OCCA coincidimos en el hecho de que el sector eléctrico es prioritario y estratégico para el desarrollo social. Por ese motivo, CFE podría y debería asumir un rol protagónico en la transición energética justa, renovable y con enfoque de derechos humanos que el país necesita y apuntalar hacia la soberanía energética desde un modelo que garantice el derecho a un medio ambiente sano a las generaciones futuras. Sin embargo, estas medidas lejos de fortalecer a la empresa paraestatal, la anclan a la dependencia de combustibles fósiles extranjeros como el gas y a tecnologías obsoletas como el combustóleo y el carbón, relegando tecnologías renovables bajo argumentos técnicos equivocados y señalamientos de corrupción que sin duda deben ser investigados y sancionados, pero no deben ser motivo para limitar la participación de las energías renovables en la matriz energética, porque esto implica graves daños a la salud y al medio ambiente. El daño aún puede ser revertido. Es momento de priorizar nuestra salud, la niñez, la juventud y la agenda social. La única forma es garantizar el derecho a un medio ambiente sano y evitar la catástrofe climática, evitando una mayor penetración de fuentes contaminantes, como el combustóleo y el carbón. Para asegurar nuestro consumo energético y depender menos de la importación de combustibles, México debe incrementar sustantivamente la participación de las energías renovables, y el gobierno debe asumir esa responsabilidad de manera integral y sustentable, tal y como lo establece el artículo 25 de nuestra Constitución. CONTACTOS DE PRENSA Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz Esparza Ortega, CEMDA, [email protected], 5559644162
Leer más
Latest News
O estado do Pará completa 15 anos consecutivos como líder em queimadas e desmatamento da Amazônia, segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes). Nos últimos anos, quase metade do desmatamento na Amazônia Legal ocorreu no Pará, estado que também concentra as seis Terras Indígenas mais desmatadas em 2020. Nesse contexto de completa vulnerabilidade e desequilíbrio ambiental, qualquer megaempreendimento que se pretenda instalar legalmente na região deve ser metodicamente planejado e executado segundo as mais avançadas técnicas de gestão ambiental. O principal instrumento de diagnóstico socioambiental anterior à implantação de projetos com alto potencial de impacto é a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), conhecida internacionalmente como Environmental Impact Assessment (EIA). A AIA é um processo que busca antever as consequências socioambientais de uma decisão governamental que autoriza a instalação de um empreendimento. É uma ferramenta de gestão ambiental utilizada internacionalmente que foi implementada pela primeira vez em 1969 nos Estados Unidos. A AIA inaugura uma nova perspectiva global sobre a importância de se tentar prever as consequências socioambientais de grandes alterações na natureza. Neste relatório, analisamos a AIA do projeto Volta Grande do Xingu, um megaempreendimento canadense da empresa Belo Sun que prevê a extração de 74 toneladas de ouro ao longo de 20 anos de operação. A sua localização é a mais polêmica possível: Volta Grande do Xingu, próximo a três Terras Indígenas e a poucos quilômetros da Hidrelétrica Belo Monte. Segundo seu projeto, trata-se da maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, localizada bem no coração da Amazônia. No relatório Boas Práticas a Nível Mundial para os Estudos de Impacto Ambiental (EIA)4, foram compilados princípios e características essenciais para uma AIA democrática e de alta qualidade. Neste relatório, compararemos esses princípios com a AIA do Projeto Volta Grande da Belo Sun. A proposta do relatório não é exaurir a análise, mas debater a necessidade de se alterar a forma como ela é realizada. O objetivo, portanto, é comparar o processo de AIA do projeto Volta Grande do Xingu com as boas práticas internacionais sobre AIAs, avaliando minuciosamente se o projeto em questão se adéqua ou não aos padrões necessários para a concretização de um projeto de tamanha envergadura. BAIXAR O ANEXO Relatório "Boas Práticas Globais Para Estudos de Impacto Ambiental"
Leer más
Latest News
Através de seu trabalho com Estudos de Impacto Ambiental (EIA), a AIDA busca ampliar o alcance do que se pode conseguir com os processos de avaliação de impacto socioambiental na América Latina e no Caribe, assim como delinear seu potencial a longo prazo. Hoje em dia, os EIA são objeto de um enfraquecimento constante na região, motivo pelo qual esperamos que este documento possa ser usado em todo o continente americano para avaliar os EIA e aperfeiçoar a proteção ambiental em todos os seus países. Este documento, que possui três partes, inicia descrevendo os EIA como um processo de várias etapas des-tinado a garantir que as considerações socioambientais sejam incluídas nas decisões relacionadas aos projetos de desenvolvimento potencialmente destrutivos. Em seguida, o relatório destaca os desafios e avanços na prática de EIA na região. Finalmente, o documento pro-porciona um resumo das boas práticas a nível mundial que aplicam os princípios e características basilares que devem estar presentes em todas as etapas operacionais dos EIA, e estabelece algumas conclusões. Baixar o relatório ANEXO "Análise do Projeto Volta Grande Do Xingu, da empresa Belo Sun"
Leer más