Project
John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
Proyectos relacionados
Análise do Projeto Volta Grande Do Xingu, da empresa Belo Sun
O estado do Pará completa 15 anos consecutivos como líder em queimadas e desmatamento da Amazônia, segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes). Nos últimos anos, quase metade do desmatamento na Amazônia Legal ocorreu no Pará, estado que também concentra as seis Terras Indígenas mais desmatadas em 2020. Nesse contexto de completa vulnerabilidade e desequilíbrio ambiental, qualquer megaempreendimento que se pretenda instalar legalmente na região deve ser metodicamente planejado e executado segundo as mais avançadas técnicas de gestão ambiental. O principal instrumento de diagnóstico socioambiental anterior à implantação de projetos com alto potencial de impacto é a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), conhecida internacionalmente como Environmental Impact Assessment (EIA). A AIA é um processo que busca antever as consequências socioambientais de uma decisão governamental que autoriza a instalação de um empreendimento. É uma ferramenta de gestão ambiental utilizada internacionalmente que foi implementada pela primeira vez em 1969 nos Estados Unidos. A AIA inaugura uma nova perspectiva global sobre a importância de se tentar prever as consequências socioambientais de grandes alterações na natureza. Neste relatório, analisamos a AIA do projeto Volta Grande do Xingu, um megaempreendimento canadense da empresa Belo Sun que prevê a extração de 74 toneladas de ouro ao longo de 20 anos de operação. A sua localização é a mais polêmica possível: Volta Grande do Xingu, próximo a três Terras Indígenas e a poucos quilômetros da Hidrelétrica Belo Monte. Segundo seu projeto, trata-se da maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, localizada bem no coração da Amazônia. No relatório Boas Práticas a Nível Mundial para os Estudos de Impacto Ambiental (EIA)4, foram compilados princípios e características essenciais para uma AIA democrática e de alta qualidade. Neste relatório, compararemos esses princípios com a AIA do Projeto Volta Grande da Belo Sun. A proposta do relatório não é exaurir a análise, mas debater a necessidade de se alterar a forma como ela é realizada. O objetivo, portanto, é comparar o processo de AIA do projeto Volta Grande do Xingu com as boas práticas internacionais sobre AIAs, avaliando minuciosamente se o projeto em questão se adéqua ou não aos padrões necessários para a concretização de um projeto de tamanha envergadura. BAIXAR O ANEXO Relatório "Boas Práticas Globais Para Estudos de Impacto Ambiental"
Leer más
Boas Práticas Globais Para Estudos de Impacto Ambiental
Através de seu trabalho com Estudos de Impacto Ambiental (EIA), a AIDA busca ampliar o alcance do que se pode conseguir com os processos de avaliação de impacto socioambiental na América Latina e no Caribe, assim como delinear seu potencial a longo prazo. Hoje em dia, os EIA são objeto de um enfraquecimento constante na região, motivo pelo qual esperamos que este documento possa ser usado em todo o continente americano para avaliar os EIA e aperfeiçoar a proteção ambiental em todos os seus países. Este documento, que possui três partes, inicia descrevendo os EIA como um processo de várias etapas des-tinado a garantir que as considerações socioambientais sejam incluídas nas decisões relacionadas aos projetos de desenvolvimento potencialmente destrutivos. Em seguida, o relatório destaca os desafios e avanços na prática de EIA na região. Finalmente, o documento pro-porciona um resumo das boas práticas a nível mundial que aplicam os princípios e características basilares que devem estar presentes em todas as etapas operacionais dos EIA, e estabelece algumas conclusões. Baixar o relatório ANEXO "Análise do Projeto Volta Grande Do Xingu, da empresa Belo Sun"
Leer más
El aumento del uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica eleva el riesgo social, ambiental y en derechos humanos: ONG
El consumo de combustóleo y carbón daña la salud de la gente, agrava la pobreza energética y agrava significativamente la crisis climática. El calentamiento global incrementará fenómenos como la reciente y atípica tormenta de nieve en el sur de Estados Unidos y el norte de México, con severas consecuencias sociales e impactos en derechos humanos. Los apagones ocurridos en días pasados en el país, causados por un frente frío atípico que congeló infraestructura de las plantas productoras de gas en Texas (desde donde se importa el gas a México), es un claro ejemplo de dos problemáticas que resultan muy graves en nuestro país. Por un lado, muestran la fragilidad del sistema eléctrico y la gravedad de depender de combustibles fósiles para satisfacer nuestra demanda eléctrica. Por el otro, evidencian nuevamente que el cambio climático es real, que nos afecta fuertemente y que amenaza una amplia gama de derechos, entre ellos el derecho a la vida, vivienda, salud y al ambiente sano, y que México es un país altamente vulnerable a sus efectos. Estos dos problemas están conectados y resultan relevantes porque la quema de combustibles fósiles para uso energético (como el carbón, el combustible y el gas) son los principales responsables de las emisiones de gases efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta, causantes del cambio climático. La respuesta que ha dado el gobierno federal no resuelve la necesidad de contar con un suministro confiable y sustentable de energía. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que paradójicamente anunció nuevas plantas de gas con ciclo combinado, busca suplir la falta de gas con el uso de carbón y combustóleo, fuentes fósiles que contribuyen al problema que ocasionó el congelamiento de la infraestructura en primer lugar. Con estas decisiones, alimenta el círculo vicioso que da origen al cambio climático y que dejó a millones de personas sin electricidad y a miles más expuestas a los contaminantes de las termoeléctricas, además de contribuir a las muy graves afectaciones que el calentamiento global implica en términos de salud, pérdidas y daños sociales y deterioro ambiental. Nuestra propuesta como sociedad civil incluye la diversificación de la matriz energética, para incrementar la penetración de las energías renovables en distintas escalas, dándole prioridad a la generación distribuida, que ayuda a la democratización de la energía, al alivio de la pobreza energética, además de abonar a la seguridad en el abastecimiento de electricidad de la población de una manera respetuosa con los derechos de las comunidades. Ha quedado demostrado que las fuentes fósiles no garantizan el despacho de energía eléctrica ni la seguridad energética y que al ser importadas, como en el caso del gas, no contribuyen a fortalecer la soberanía energética que el gobierno busca, además de ser altamente contaminantes y muy costosas. Al contrario, está demostrado que la introducción de fuentes renovables en distintas escalas en la matriz energética y con procesos participativos y de inclusión social fortalece la seguridad energética porque no requiere de importación de combustibles y no compromete la salud de las personas y el ambiente, ayuda a enfrentar la crisis climática y puede ayudar a combatir la pobreza energética que aqueja a más del 43% de los hogares del país (1). Asimismo, es indispensable el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional para que sea resiliente ante los embates del cambio climático pues actualmente es sumamente frágil, como lo ha dejado ver el apagón. Basta recordar que la estrategia nacional de cambio climático 2013 indica que más del 40% de la infraestructura petrolera estratégica y alrededor de 30% de las redes de transmisión eléctricas del país son altamente vulnerables al cambio climático (2) así como a las fallas derivadas de la cadena de producción de electricidad. Esto requiere la diversificación de la matriz, la modernización de las redes e inversiones estratégicas. Proponemos, por tanto, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovable con respeto a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, para reducir la importación de combustibles fósiles, mitigar las emisiones contaminantes del sector y como parte fundamental para una transición energética justa. Es conveniente mantener las medidas de ahorro energético y es apremiante detener cuanto antes el aumento de los combustibles fósiles que dañan la salud, el ambiente y que comprometen el bienestar social de México. (1) Beatriz Olivera Villa. (2020). El camino de México hacia la justicia energética. México: Greenpeace México. Disponible en: https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2021/02/d252044e-el-camino-de-mexico-hacia-la-justicia-energetica.pdf (2) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (2013). Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40. México: INECC. Disponible en: https://www.gob.mx/inecc/documentos/estrategia-nacional-de-cambio-climatico-vision-10-20-40 Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), El Poder del Consumidor A.C., FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México A.C., International Council on Clean Transportation (ICCT), Iniciativa Climática de México (ICM), Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México), Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Redspira, Transita Seguro, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA). CONTACTOS DE PRENSA Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz Esparza Ortega, CEMDA, [email protected], 5559644162
Leer más