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Frenando la expansión del fracking en América Latina
Fracking es la abreviatura de fracturación hidráulica, un proceso usado para extraer petróleo y gas natural de reservorios históricamente inaccesibles.
El fracking ya se ha extendido en el Norte global, pero en América Latina recién comienza. Los gobiernos le están abriendo sus puertas sin entender sus impactos y riesgos, y sin consultar a las comunidades afectadas. Muchas comunidades se están organizando para prevenir o detener los impactos del fracking, los cuales afectan sus derechos humanos fundamentales. Pero en muchos casos necesitan apoyo técnico y legal.
¿Qué es exactamente el fracking y cuáles son sus impactos?
Un pozo recto es perforado en la tierra a gran profundidad. Luego la perforación da una curva y gira horizontalmente, creando un pozo en forma de L. El fluido del fracking —una mezcla de agua, químicos y arena— es bombeando dentro del pozo a muy alta presión, fracturando las capas de la roca de esquisto por encima y debajo del pozo. El gas o petróleo atrapado en la roca sube a la superficie junto con el fluido.
La sopa química —ahora contaminada también con metales pesados e incluso elementos radioactivos subterráneos— es vertida frecuentemente en estanques sin revestimiento. Puede filtrarse en acuíferos y desbordarse hacia arroyos, envenenando fuentes de agua para personas, agricultura y ganadería. El gas también puede filtrarse de la roca fracturada hacia acuíferos. Como resultado, el agua que fluye de grifos domésticos puede arder en llamas. Otros daños documentados incluyen agotamiento de suministros de agua potable (por todo el fluido), contaminación del aire por la perforación y las plataformas de bombeo, grandes emisiones de metano que agravan el calentamiento global, terremotos y daños a la salud que incluyen cáncer y defectos congénitos.
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Los mapuches: en defensa de su territorio ancestral en Argentina
Al sur de la provincia Mendoza, Argentina, varias comunidades pertenecientes al pueblo mapuche —uno de los 39 pueblos indígenas autorreconocidos a lo largo del país— se han reunido en la Organización Identidad Territorial Malalweche para defender sus derechos, sus modos de vida y su integridad territorial de actividades y proyectos extractivos, energéticos y turísticos. Una de las amenazas que estas comunidades enfrentan actualmente es el avance en Mendoza de la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking. En 2018, el gobierno de Mendoza emitió el Decreto 248, que reglamenta las actividades de fracking en la provincia. Antes de emitir la norma, pasó por alto el derecho de las comunidades mapuches de la zona a ser consultadas para obtener su consentimiento previo, libre e informado. Luego, condicionó la consulta a que las comunidades tengan el reconocimiento legal de los derechos sobre su territorio. Desde entonces, la Organización Identidad Territorial Malalweche libra una batalla ante los tribunales para que el decreto sea declarado inconstitucional. El litigio, iniciado por la Asociación Oikos Red Ambiental, es respaldado por organizaciones ambientales nacionales e internacionales, entre ellas la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos-Xumek, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), AIDA y Earthjustice. Las comunidades mapuches son incansables en su lucha. La razón es simple: su fuerza proviene de aquello que protegen. Viene de su íntima conexión con el territorio y con todo lo que alberga. Una visión amplia del territorio Al igual que sucede con otros pueblos indígenas del continente americano, los territorios del pueblo mapuche son ricos en recursos naturales, lo que origina que grandes intereses pongan sus ojos en él, desconociendo o queriendo desconocer a quienes legítimamente lo habitan. Para las comunidades indígenas, el territorio no se limita al espacio geográfico, sino que es concebido como el espacio más amplio del que emergen y en el convergen las actividades humanas, como los caminos de pastoreo. Los ríos, las montañas y los animales son elementos esenciales del territorio ancestral del pueblo mapuche. Son piezas distintivas de su cultura. "Estos elementos configuran también la trashumancia —tipo de pastoreo que consiste en el desplazamiento estacional por rutas migratorias— de los pueblos que se mueven, que van de un lado a otro", explica Gabriel Jofré, autoridad tradicional y vocero de Malalweche. "Hoy el territorio está limitado por la propiedad privada, que hace que uno se establezca en un lugar; nuestros padres decían que uno va donde el territorio te lleva". La intromisión y usurpación territorial por parte de élites dominantes y opresivas —a inicios del siglo XX— originó el éxodo de miembros del pueblo mapuche, la dispersión de otros y el silencio de muchos más por miedo a la represión. En defensa de la vida comunitaria Ante los impactos ambientales, sociales y económicos de la intromisión de actividades empresariales en el territorio ancestral de los mapuches, la organización Malalweche impulsa el acceso a la propiedad comunitaria indígena. Si bien el Estado argentino reconoce en su Constitución la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y ha ratificado convenciones internacionales que le obligan a respetar y garantizar sus derechos, el reconocimiento legal de los derechos de comunidades mapuche a territorios indígenas enfrenta obstáculos administrativos y demoras por procesos burocráticos. "Por eso, para evitar obstáculos judiciales, hemos desarrollado la estrategia de generar cooperativas productivas", cuenta Gabriel. Así nació la fábrica de productos alimenticios Kume Matru, un emprendimiento cooperativo que fue inaugurado el 23 de junio, fecha en la que se celebra el Winoj Tripantu o inicio del año mapuche. Kume Matru es un claro ejemplo de la versatilidad de estas comunidades para transitar por el camino de compartir y de reunir las necesidades propias y las de otros; para entregar no solo alimentos, sino también toda la cadena de manos que los hicieron posibles. "Las personas que recuperan estos procesos son un reflejo de las fuerzas ancestrales que están en el territorio, de los pullü, el espíritu de nuestros abuelos", dice Gabriel. "Son nuestros hijos quienes empiezan a recuperar lo que en algún momento fue cortado, son procesos que deben ser protegidos para que sucedan". En línea con esa necesidad, en marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que, en un contexto de crisis climática y deterioro ambiental, "los Estados tienen el deber de titular, delimitar y demarcar el territorio ancestral colectivo, atendiendo a las características particulares del grupo humano en concreto y evitando otorgar concesiones para proyectos que puedan afectar los territorios en procesos de titulación, delimitación y demarcación sin un proceso de consulta y consentimiento". Las normas son claras, las internas y las internacionales. Los Estados debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas, evitando actos gubernamentales y/o sentencias judiciales que puedan afectarles, y velando para que el desarrollo económico sea sostenible y respetuoso de la integridad ambiental. Recuperemos el legado de los pueblos originarios, que nos enseñan a convivir en armonía con la naturaleza, como partes del todo, interconectados con sus fuerzas, de las cuales también deben surgir las nuestras como un renovado impulso para defender nuestra casa común.
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Consejo de Estado avala reglamentación del fracking en un fallo regresivo que desconoce principios y compromisos ambientales y de derechos humanos
Bogotá, Colombia. Al resolver la demanda de nulidad interpuesta por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Norte —coadyuvada por la Corporación Podion, AIDA y las clínicas jurídicas de la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes—, el Consejo de Estado ratificó la legalidad de la reglamentación —contenida en el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014— para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante fracking o fracturación hidráulica. En el marco del litigo, existía una moratoria judicial al fracking en Colombia desde 2018, cuando el alto tribunal suspendió preventivamente la reglamentación con base en el principio de precaución y por la falta de certeza sobre los riesgos de daños irreversibles que la técnica implica para el ambiente, el clima y las personas. La sentencia del Consejo de Estado deja viva la reglamentación del gobierno y levanta la moratoria, pero no exonera a las autoridades nacionales y locales de proteger el ambiente y respetar los derechos fundamentales de la población a tiempo de consolidar la política minero energética. “El Consejo de Estado ha emitido una decisión contraria a los hechos probados en el litigio; desconociendo el peritaje realizado por la Universidad Nacional de Colombia, el informe de la comisión de expertos, el concepto de la Procuraduría General de la Nación y el resto de pruebas documentales y textos científicos que evidenciaron la necesidad de prohibir esta técnica en virtud del principio de precaución”, señaló Juan Pablo Sarmiento, abogado demandante del caso. “Además del principio de precaución, el fallo desconoce los compromisos climáticos internacionales de Colombia y el principio de solidaridad intergeneracional pues ignora los derechos fundamentales de las generaciones futuras”. El fracking ha sido valorado por académicos y científicos nacionales e internacionales como una técnica experimental que amenaza el aire, el agua, la salud humana, la participación democrática, el tejido social y la cultura, los sistemas de conocimiento tradicionales, la biodiversidad y, en el largo plazo, la estabilidad económica, sismica y climática. Además, es una técnica que genera contaminación atmosférica debido a emisiones de metano (CH4); un gas potente cuyo potencial de calentamiento es entre 84 y 87 veces mayor que el dioxido de carbono (CO2) en una escala de 20 años. “En América Latina y en el mundo, muchos países han prohibido el fracking por sus impactos en el ambiente y para precautelar los derechos humanos”, afirmó Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), parte del equipo litigante. “La sentencia del Consejo de Estado en Colombia es regresiva y va en contra los avances internacionales en materia ambiental, climática y de derechos humanos”. Lizeth Gómez, abogada de la Corporación Podion, consideró que el levantamiento de la moratoria judicial al fracking “deja abierta la posibilidad de avanzar con este tipo de proyectos”, cuyos contratos estaban suspendidos. “Es necesario que el fracking cuente con licencia social porque varias regiones del país han sido consideradas como potencial para la implementación de esta técnica”. De su lado, Juan Felipe García, abogado de la Clínica en Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana dijo que el Consejo de Estado “perdió una gran oportunidad para robustecer, por la vía judicial, una regulación que múltiples expertos consideraron débil para proteger el ambiente y la salud pública”. Añadió que “está en manos del gobierno nacional y del Legislativo garantizar a la sociedad la protección del principio de precaución y la participación democrática en materia ambiental”. Silvia Quintero, asesora jurídica de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes, aclaró que la decisión del máximo tribunal administrativo del país “no es una carta abierta para realizar fracking en Colombia. “El gobierno debe garantizar integralmente el derecho a la participación y a la vocería de las comunidades en la toma de decisiones acerca de los proyectos que puedan generar impactos ambientales en sus territorios, así como la seguridad y protección de las y los líderes ambientales que defienden sus territorios”. Contactos de prensa: Juan Pablo Sarmiento, [email protected], +573005514583 Yeny Rodríguez, AIDA, [email protected], +573107787601 Juan Felipe García, Clínica en Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, [email protected], +573125588889 Lizeth Gómez, PODION, [email protected], +573176430036
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Poder judicial reafirma el derecho a la consulta previa de comunidades amenazadas por el fracking en Colombia
En lo que representa un paso importante en la dirección correcta, una jueza colombiana suspendió la licencia o permiso ambiental del proyecto piloto de fracking Kalé y el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto piloto de fracking Platero —ambos ubicados en el municipio de Puerto Wilches, Santander— hasta que se realicen los procesos de consulta con las comunidades de la región. El fallo judicial responde a la tutela o recurso de amparo presentado por las comunidades afrocolombianas de Puerto Wilches (AFROWILCHES), la Corporación Podion, el Colectivo José Alvear Restrepo y por la Alianza Colombia Libre de Fracking a la que AIDA brinda apoyo jurídico. Para AIDA, la suspensión de los proyectos representa una victoria para las comunidades del Magdalena Medio pues reconoce que el fracking no puede avanzar en el país sin su participación real y efectiva, sin licencia social y en un contexto de amenazas contra la vida de las personas defensoras que se oponen a esta técnica. "La decisión judicial también envía un mensaje poderoso de alerta a los demás países de América Latina para que los gobiernos que actualmente avanzan en la implementación del fracking respeten el principio de democracia ambiental, en especial al tratarse de una técnica y de una industria que afecta notablemente el ambiente y la salud de las personas", dijo Yeny Rodríguez, abogada de AIDA. "Si bien la garantía del derecho a la participación y a la consulta previa es innegociable, el fracking sigue siendo una técnica ampliamente cuestionada, que ha sido prohibida a nivel mundial debido a la falta de certeza científica sobre sus posibles riesgos y a los altísimos costos socioambientales que ha dejado en los países que ya la emplean", resaltó. Existe una moratoria judicial al desarrollo del fracking comercial en Colombia desde noviembre del 2018, cuando el Consejo de Estado declaró la suspensión provisional de la técnica a nivel nacional en el marco de un litigio contra la normativa que la regula. Ello tiene como fundamento el principio de precaución ya que la regulación del fracking no contempla los riesgos e impactos ambientales que su aplicación podría ocasionar. Se espera tener una sentencia definitiva del Consejo de Estado sobre la regulación del fracking en los próximos meses. Adicionalmente, está en curso un segundo recurso de amparo presentado por más de 10 organizaciones sociales de pescadores, agricultores, mujeres y jóvenes de Puerto Wilches por la vulneración del derecho a la participación ambiental en la implementación de los proyectos piloto de fracking en el país. El recurso fue negado en primera instancia, pero se espera un fallo favorable en la segunda. Las decisiones de los dos procesos judiciales de tutela llegarán al conocimiento de la Corte Constitucional colombiana. Ese tribunal y el Consejo de Estado tendrán la última palabra sobre el futuro de la implementación del fracking en el país. Los jueces y juezas de Colombia y del continente tienen el poder, además de la oportunidad, de transformar modelos de desarrollo que afectan masiva y sistemáticamente el ambiente y los derechos humanos, como el que se plantea con el avance del fracking. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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