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Foto: Andrés ÁngelFrenando la expansión del fracking en América Latina
Fracking es la abreviatura de fracturación hidráulica, un proceso usado para extraer petróleo y gas natural de reservorios históricamente inaccesibles.
El fracking ya se ha extendido en el Norte global, pero en América Latina recién comienza. Los gobiernos le están abriendo sus puertas sin entender sus impactos y riesgos, y sin consultar a las comunidades afectadas. Muchas comunidades se están organizando para prevenir o detener los impactos del fracking, los cuales afectan sus derechos humanos fundamentales. Pero en muchos casos necesitan apoyo técnico y legal.
¿Qué es exactamente el fracking y cuáles son sus impactos?
Un pozo recto es perforado en la tierra a gran profundidad. Luego la perforación da una curva y gira horizontalmente, creando un pozo en forma de L. El fluido del fracking —una mezcla de agua, químicos y arena— es bombeando dentro del pozo a muy alta presión, fracturando las capas de la roca de esquisto por encima y debajo del pozo. El gas o petróleo atrapado en la roca sube a la superficie junto con el fluido.
La sopa química —ahora contaminada también con metales pesados e incluso elementos radioactivos subterráneos— es vertida frecuentemente en estanques sin revestimiento. Puede filtrarse en acuíferos y desbordarse hacia arroyos, envenenando fuentes de agua para personas, agricultura y ganadería. El gas también puede filtrarse de la roca fracturada hacia acuíferos. Como resultado, el agua que fluye de grifos domésticos puede arder en llamas. Otros daños documentados incluyen agotamiento de suministros de agua potable (por todo el fluido), contaminación del aire por la perforación y las plataformas de bombeo, grandes emisiones de metano que agravan el calentamiento global, terremotos y daños a la salud que incluyen cáncer y defectos congénitos.
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Poder judicial reafirma el derecho a la consulta previa de comunidades amenazadas por el fracking en Colombia
En lo que representa un paso importante en la dirección correcta, una jueza colombiana suspendió la licencia o permiso ambiental del proyecto piloto de fracking Kalé y el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto piloto de fracking Platero —ambos ubicados en el municipio de Puerto Wilches, Santander— hasta que se realicen los procesos de consulta con las comunidades de la región. El fallo judicial responde a la tutela o recurso de amparo presentado por las comunidades afrocolombianas de Puerto Wilches (AFROWILCHES), la Corporación Podion, el Colectivo José Alvear Restrepo y por la Alianza Colombia Libre de Fracking a la que AIDA brinda apoyo jurídico. Para AIDA, la suspensión de los proyectos representa una victoria para las comunidades del Magdalena Medio pues reconoce que el fracking no puede avanzar en el país sin su participación real y efectiva, sin licencia social y en un contexto de amenazas contra la vida de las personas defensoras que se oponen a esta técnica. "La decisión judicial también envía un mensaje poderoso de alerta a los demás países de América Latina para que los gobiernos que actualmente avanzan en la implementación del fracking respeten el principio de democracia ambiental, en especial al tratarse de una técnica y de una industria que afecta notablemente el ambiente y la salud de las personas", dijo Yeny Rodríguez, abogada de AIDA. "Si bien la garantía del derecho a la participación y a la consulta previa es innegociable, el fracking sigue siendo una técnica ampliamente cuestionada, que ha sido prohibida a nivel mundial debido a la falta de certeza científica sobre sus posibles riesgos y a los altísimos costos socioambientales que ha dejado en los países que ya la emplean", resaltó. Existe una moratoria judicial al desarrollo del fracking comercial en Colombia desde noviembre del 2018, cuando el Consejo de Estado declaró la suspensión provisional de la técnica a nivel nacional en el marco de un litigio contra la normativa que la regula. Ello tiene como fundamento el principio de precaución ya que la regulación del fracking no contempla los riesgos e impactos ambientales que su aplicación podría ocasionar. Se espera tener una sentencia definitiva del Consejo de Estado sobre la regulación del fracking en los próximos meses. Adicionalmente, está en curso un segundo recurso de amparo presentado por más de 10 organizaciones sociales de pescadores, agricultores, mujeres y jóvenes de Puerto Wilches por la vulneración del derecho a la participación ambiental en la implementación de los proyectos piloto de fracking en el país. El recurso fue negado en primera instancia, pero se espera un fallo favorable en la segunda. Las decisiones de los dos procesos judiciales de tutela llegarán al conocimiento de la Corte Constitucional colombiana. Ese tribunal y el Consejo de Estado tendrán la última palabra sobre el futuro de la implementación del fracking en el país. Los jueces y juezas de Colombia y del continente tienen el poder, además de la oportunidad, de transformar modelos de desarrollo que afectan masiva y sistemáticamente el ambiente y los derechos humanos, como el que se plantea con el avance del fracking. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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Reflexiones para una Bolivia libre de fracking
Texto escrito en el marco de la serie #TRANSFORMAR LA CRISIS, Tomo II. Crisis Ecológica, extractivismo y poblaciones vulnerables de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Bolivia, que se publicará próximamente. Todo comenzó con un estudio, publicado en 2011 por la Administración de Información Energética de Estados Unidos, que daba cuenta de la existencia de grandes cantidades de hidrocarburos no convencionales en Bolivia. El estudio generó gran expectativa y, dado que los yacimientos de petróleo y gas convencionales se están agotando gradualmente, el fracking se convirtió desde entonces en una amenaza latente para el país. El fracking es una técnica riesgosa, contaminante y costosa. En América Latina, existen cerca de 7.000 pozos de fracking. Su avance en la región —así como las políticas públicas, la normativa y la oposición social al respecto— presenta pocas diferencias y muchos rasgos comunes, siendo uno de ellos la afectación a poblaciones urbanas, rurales, indígenas e incluso áreas protegidas. Bolivia aún está libre de esta técnica. Sin embargo, sin una decisión política para evitarla y sin una población mejor informada sobre sus efectos, el fracking puede volverse una realidad en el país. Un riesgo potencial Bolivia es un país altamente dependiente de los combustibles fósiles. En este contexto, la implementación del fracking es una amenaza latente. En 2013, la empresa estatal YPFB suscribió un acuerdo de cooperación con YPF Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales. Asimismo, solicitó a las empresas operadoras extraer muestras de la formación geológica Los Monos, en la región del Chaco, para realizar estudios posteriores. Ese mismo año, YPFB Chaco (subsidiaria de YPFB) realizó con el apoyo de Halliburton una “minifractura” en el pozo Ingre X-2, en la formación Tupambi, Chuquisaca. Esta operación habría permitido descubrir petróleo de arenas compactas. Con base en este descubrimiento, YPFB Chaco planteó realizar una fractura completa del reservorio en 2014. Se desconoce si ello ocurrió porque en los años siguientes YPFB dejó de generar información pública sobre el proyecto. En 2018, la empresa canadiense CanCambria Energy Corp. firmó con YPFB un convenio de estudio, la antesala a un contrato de exploración/explotación, para determinar el potencial de gas no convencional en Miraflores, también en Chuquisaca. Los datos preliminares de CanCambria señalan la posible existencia de un megayacimiento en la zona, cuyos recursos potenciales de gas serían comparables a los de Vaca Muerta en Argentina. La firma canadiense elaboró una propuesta para extraer gas mediante la perforación de 800 pozos sobre 202 km2 en el área de Miraflores, en el municipio Macharetí. Miraflores se encuentra en el Área Protegida Municipal Héroes del Chaco y es parte del Sistema Acuífero Yrenda Toba Tarijeño, que Bolivia comparte con Paraguay y Argentina. Además, la población que vive en Macharetí, incluidas las comunidades indígenas guaraní, recibieron con asombro la noticia del proyecto. La alarma despertada por la posibilidad de fracking en este territorio llevó a sus habitantes a informarse de las consecuencias de esta técnica; sobre todo con relación al uso y contaminación de inmensas cantidades de agua. Por ello, Macharetí incluyó en su estatuto autonómico la prohibición del fracking en su territorio, agudizando la controversia sobre el desarrollo de la técnica en el área. Entre la energía extrema y la transición energética Estamos así frente a dos caminos: el primero de profundización del modelo extractivista y de generación de una energía altamente contaminante, con impactos negativos graves e irreversibles en la Madre Tierra y en la población; el otro de una transición energética justa y democrática, que implica un cambio en la matriz energética, la desmercantilización de la energía y un cambio de paradigma de desarrollo. América Latina y Bolivia necesitan transformaciones profundas en materia energética, con una visión de largo plazo, respeto de los derechos humanos y resguardo de la naturaleza. El desarrollo del fracking, lejos de iniciar cualquier transición, va en contravía de esa tendencia porque sigue promoviendo un sistema energético contaminante, riesgoso y costoso; basado en la dependencia de fuentes no renovables de energía con impactos negativos en los territorios, inequidad y falta de participación ciudadana en la construcción de políticas energéticas. Bolivia debe apostar por una transición energética socialmente justa, económicamente viable y ecológicamente sustentable. “Bolivia no debe avanzar hacia la implementación del fracking en su territorio pues representa uno de los mayores riesgos para sus ecosistemas, recursos y poblaciones”, opina Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). “Es urgente la generación de políticas sólidas que declaren una moratoria o prohibición indefinida a esta técnica a lo largo y ancho del país”. La experiencia de países latinoamericanos que han desarrollado el fracking demuestra claramente los riesgos e impactos económicos, ambientales y sociales de apostar por esta técnica. En este contexto, muchas organizaciones, comunidades y pueblos se han organizado para hacer frente a la amenaza. La pandemia obliga a reflexionar sobre el futuro de los combustibles fósiles y de la transición energética. En lugar de considerar al fracking como una salida fácil para generar empleos en tiempos difíciles, es necesario enfrentar en conjunto las crisis sanitaria, económica y climática. Necesitamos pensar en una recuperación resiliente y, por tanto, en un sistema energético que no esté basado en el fracking. Una idea usualmente asociada a la transición es el cambio de la matriz energética. Pero, aunque necesaria, la desfosilización rápida y eficaz de esa matriz no es suficiente. La transición energética debe ser integral e incorporar las dimensiones ambientales, económicas y sociales para apuntar a una transición que sea también justa y democrática. Es importante entonces abordar la cuestión con un enfoque sistémico.
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Presión internacional para frenar el avance del fracking en Colombia
Gran parte de los gobiernos latinoamericanos continúa promoviendo actividades extractivas, entre ellas, la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de fracturación hidráulica o fracking, como medida de reactivación económica ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Esta tendencia contradice los compromisos internacionales adoptados por estos países para la reducción de emisiones y la mitigación de la crisis climática global. Se espera que un informe de Naciones Unidas, que será publicado este mes, establezca que la reducción de emisiones de metano será fundamental para evitar los efectos más extremos del calentamiento del planeta. El informe se basa en datos recientes según los cuales los niveles de dióxido de carbono y de metano en la atmósfera registraron máximos históricos el año pasado pese a que la pandemia detuvo gran parte de la economía mundial. Esta información complementa la evidencia científica que demuestra que las emisiones de metano provenientes de la producción de gas y petróleo —una de sus mayores fuentes relacionadas con la actividad humana— pueden ser mayores que estimaciones previas. Este incremento ha sido asociado con la fuga y quema de metano en operaciones de fracking. Aunque el metano es un gas de efecto invernadero extremadamente potente, tiene una vida relativamente corta en la atmósfera, lo que implica que reducir sus emisiones podría ayudar al mundo a cumplir sus objetivos climáticos más rápidamente. Colombia es un ejemplo de cómo el impulso al fracking contradice la urgente necesidad de combatir la crisis climática y sus daños. Pese a que no es legal realizar operaciones de fracking en el país debido a que su reglamentación está suspendida temporalmente, el gobierno no ha detenido el desarrollo de proyectos piloto de esta técnica y continúa anclando su política energética en los hidrocarburos. Sin embargo, existe también un impulso nacional e internacional para detener el avance del fracking en ese país. Mientras el Consejo de Estado toma una decisión definitiva sobre la regulación, están en curso dos iniciativas legislativas, una que busca prohibir la implementación de la técnica del fracking en toda la nación y la otra prohibir la exploración y/o explotación de hidrocarburos no convencionales mediante cualquier técnica. En el marco del tratamiento parlamentario de ambos proyectos de ley, que se espera sean unificados, autoridades de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participaron de audiencias públicas en las que llamaron al Congreso a aprobar la ley para que Colombia avance hacia una transición energética justa y baja en emisiones. Argumentos para proteger el clima y a las personas En su intervención, David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, se refirió a la crisis climática como “grave y sin precedentes”, resaltando que sus impactos en los derechos humanos afectan “desproporcionadamente a las personas pobres, vulnerables y marginadas”. En esa misma línea, Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, expresó su preocupación por “la intención del Estado de Colombia de considerar la financiación y apoyo al fracking de combustibles fósiles”, considerando su potencial impacto en los derechos humanos y la sostenibilidad. Enfatizó que las "nuevas inversiones en fracking son incompatibles con la protección de los derechos humanos". De su lado, Renato Zerbini, presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —un órgano compuesto por 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus Estados partes— resaltó que la fracturación hidráulica “tiene estrecha relación con múltiples y seguidas violaciones a los derechos humanos, ya que ocasiona impactos ambientales irreversibles y severas afectaciones sociales”. De ese modo, el uso de la técnica vulnera los derechos garantizados por el Pacto, del cual Colombia es parte, puntualizó Zerbini. En general, la industria extractiva, “aumenta el riesgo sobre defensoras y defensores del ambiente, la ocupación territorial y las afectaciones a los derechos de las comunidades aledañas a los proyectos”, manifestó Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH. En suma, los representantes de organismos internacionales dieron cuenta de la inviabilidad del fracking en términos climáticos, sociales e incluso económicos: “Cuando se toman en cuenta los costos reales del fracking, queda en evidencia que estos superan largamente las pretendidas ganancias económicas”, enfatizó Orellana. Hicieron referencia a las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y cambio climático, contenidas en diversos instrumentos. Entre ellos citaron la Opinión Consultiva 23/17 sobre derechos humanos y ambiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Observación General 36 sobre el derecho a la vida, contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como la Declaración Conjunta sobre Derechos Humanos y Cambio Climático que cinco órganos de derechos humanos emitieron en 2019. En la declaración se expresa que “la falta de adopción de medidas para prevenir los daños previsibles a los derechos humanos causados por el cambio climático, o de regular las actividades que contribuyen a tales daños, podría constituir una violación de las obligaciones de derechos humanos de los Estados”. La recomendación común: prohibir el fracking Al concluir sus intervenciones, las autoridades internacionales expresaron su apoyo a una ley que prohíba el fracking en todo el territorio nacional colombiano: David Boyd alegó que “para hacer frente a la crisis climática, Colombia debe buscar urgentemente un futuro bajo en carbono y resistente al clima, sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables a la luz de sus obligaciones en virtud del derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho al medioambiente sano”. Concluyó que “el gobierno de Colombia debe aprobar una ley para prohibir el fracking”. Marcos Orellana señaló que “el Congreso de la República de Colombia tiene la oportunidad de elevar su mirada hacia el futuro y preservar el legado de su megabiodiversidad”. En ese sentido, puntualizó: “la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de tóxicos inspira mi respetuoso llamado a que el Congreso adopte una ley que prohíba el fracking”. Soledad Muñoz dijo que “la aprobación de un proyecto de ley cuyo propósito sería acabar con la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales, prohibiendo prácticas como el fracking, supondría una valiosa medida de protección ambiental, reducción de conflictos socioambientales y de cumplimiento de los compromisos que emanan del Acuerdo de París y del propio Sistema Interamericano (de Derechos Humanos)”. Continuar basando las economías locales en la industria extractiva e impulsar el fracking sólo incrementa la dependencia de nuestras sociedades en los combustibles fósiles, y profundiza las causas de la crisis climática y sus daños en las personas más vulnerables.
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