Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
México aún puede salvar los arrecifes de Veracruz
Veracruz es hogar de una cordillera submarina formada por al menos 23 arrecifes de coral que recorren seis islas y se extienden por kilómetros. Se trata del Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV): el ecosistema de coral más extenso del Golfo de México y que ahora está en peligro. Hace más de 20 años, en 1992, el Gobierno mexicano declaró al SAV Área Natural Protegida bajo la figura de Parque Nacional. Y, en 2004, lo enlistó como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo laConvención de Ramsar por ser un ecosistema único y amenazado por la contaminación y las actividades portuarias de Veracruz. Pero, en 2012, dio un paso atrás al decretar la modificación de los límites del sitio para ampliar el puerto de Veracruz, proyecto que dañará gravemente la rica biodiversidad que los arrecifes albergan. En marzo de 2014, el daño fue confirmado cuando el Juez Tercero de Distrito del Estado de Veracruzdeclaró válida la modificación. México tiene una gran deuda que saldar con el sitio y con la población que depende del mismo, pues vulneró la protección que le había otorgado. Dicen que es de sabios rectificar y el Gobierno mexicano todavía puede evitar la degradación de este entorno vital, el cual alberga una gran variedad de fauna marina y es barrera natural contra olas, tormentas y huracanes (más frecuentes e intensos debido al cambio climático). La oportunidad para hacerlo es más que propicia pues el país será sede el próximo año de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. México firmó ese Convenio y en virtud del mismo está obligado a salvaguardar la diversidad biológica y el patrimonio natural de su territorio. En diciembre de 2014, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en representación de 13 organizaciones e individuos, enviaron una carta al Secretariado del Convenio solicitándole dos cosas: evaluar los daños que la ampliación del puerto causará, y pedir que México revoque la autorización del proyecto debido a los serios impactos que tendrá sobre la diversidad de vida en el SAV. El proyecto contraviene el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe. Además de revocar el permiso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dio al proyecto de ampliación del puerto en 2013, México tiene en sus manos la oportunidad de obtener asesoría técnica y financiamiento internacional para preservar el Sistema Arrecifal Veracruzano. Para ello, el país debe incluir al sitio en el Registro Montreux, mecanismo contemplado por la Convención de Ramsar para proteger de manera prioritaria humedales que estén amenazados gravemente o que vayan a estarlo como consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación u otra actividad humana. El SAV encaja muy bien en ese perfil. Al incluir al SAV en el Registro Montreux, una misión de asesoramiento de Ramsar visitará el sitio y brindará al Gobierno mexicano apoyo y recomendaciones sobre las acciones adecuadas para su conservación. Es sin duda una forma rápida de atender ecosistemas en riesgo con una suma de esfuerzos nacionales e internacionales. Durante la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención de Ramsar, realizada hace poco en Punta del Este, Uruguay, AIDA abogó ante la delegación del Gobierno mexicano por la inclusión de los arrecifes veracruzanos en el Registro Montreux. Otro entorno amenazado por la ampliación del puerto de Veracruz es la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas. En junio de 2014, la SEMARNAT otorgó a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) laautorización ambiental para explotar roca basáltica en la reserva. Lo hizo a pesar que el Programa de Manejo del sitio prohíbe el uso de explosivos, actividad que alterará para siempre la zona, y la hará más vulnerable de lo que ya es a fenómenos climáticos. Además, el ruido y la presencia de personal en el lugar afectará el comportamiento de la fauna, en especial del mono aullador, especie en peligro de extinción. La roca extraída servirá a la construcción de las escolleras del nuevo puerto. En abril de 2015, AIDA y CEMDA lanzaron una petición ciudadana a través del sitio de internet Change.org para solicitar que el titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, revoque el permiso concedido para la explotación de roca en Los Tuxtlas, y que Alejandro del Mazo, titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, incremente la protección del Sistema Arrecifal Veracruzano inscribiéndolo en el Registro Montreux. La petición ha sido firmada al momento por más de 34,000 personas y está entre las más apoyadas. El Estado de Veracruz es famoso por su tradición pesquera y su gastronomía basada en peces y mariscos. Que ambas características continúen depende en gran medida de la preservación del Sistema Arrecifal Veracruzano, albergue esencial para las larvas de peces no sólo de Veracruz, sino de todo el país. En 2010, esa barrera coralina amortiguó el embate del huracán Karl de categoría cuatro en la ciudad de Veracruz. ¿Valdrá entonces la pena que el Gobierno de México reconsidere sus decisiones y le devuelva a los arrecifes de Veracruz la protección sólida que una vez les dio? ¿Es el desarrollo portuario válido cuando implica la degradación de ecosistemas frágiles y valiosos para la biodiversidad y la seguridad de las personas?
Leer más
Berta Cáceres: punto de quiebre contra la impunidad
Hace ya más de un mes del asesinato de Berta Cáceres, incansable defensora de derechos humanos y el ambiente en Honduras. El hecho generó en poco tiempo un movimiento mundial de repudio y búsqueda de justicia. Es un punto de quiebre para la defensa del ambiente, los derechos humanos en general y, en especial, para la lucha por los derechos de las mujeres y pueblos indígenas de América Latina y el mundo. Por ello el 3 de marzo no se olvida. No alcanzan las palabras para describir adecuadamente quién era y es Berta Cáceres. Ella representaba a la mujer, indígena, ambientalista, mamá, hija, hermana, colega y amiga. Como describió la BBC, es la hondureña que le dobló el brazo al Banco Mundial y a China, pues su trabajo condujo al retiro de dichas inversiones. Por ello su asesinato nos ha dolido tanto. Por ello, en una reacción sin precedentes, en cuestión de horas, miles de organizaciones, instituciones y personas —a nivel mundial— repudiamos el hecho y exigimos justicia. Punto de no retorno Irónicamente, la noche que Berta fue asesinada, vi Selma, película que narra un momento clave de la lucha del Dr. Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos por el respeto efectivo de los derechos de los afroamericanos. Hace 51 años, el 7 de marzo de 1965, la marcha que partió de Selma hacia Montgomery, en Alabama, fue reprimida violentamente, generando otras tres marchas que sirvieron como catalizador para que la ley de derechos electorales fuera aprobada, con lo que se evitaron obstáculos fundamentales para ejercer el voto. La película me hizo pensar en cómo el asesinato de Berta debe ser el catalizador para romper con la impunidad sistemática de casos como éste en Honduras y en la región. Es tiempo de evidenciar que la indignación y los pedidos de justicia e investigación de organizaciones y autoridades internacionales tienen un impacto. Honduras, como la Alabama de 1965, acumula años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos vinculadas en gran parte a proyectos de infraestructura y minería. Días antes de su muerte, Berta y el COPINH, la organización que dirigía, habían denunciado amenazas por su oposición a la represa Agua Zarca y a los desplazamientos de familias que ésta implica. Hacía años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado a ella medidas cautelares que Honduras no estaba cumpliendo. Tras el crimen y dada la gravedad de la situación, el 5 de marzo, la CIDH otorgó medidas cautelares a la familia de Berta, al COPINH y a Gustavo Castro, único testigo del asesinato y quien debe recibir protección. Pero, días después, Néstor García, miembro del COPINH, fue asesinado también. A Gustavo se le impidió regresar a su país pese a que cooperó con la investigación y a que puede continuar haciéndolo en virtud del Tratado de Cooperación Judicial entre México y Honduras. El COPINH y familiares de Berta siguen denunciando amenazas. La OEA, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Relatores Especiales de la ONU y congresistas de Estados Unidos, Costa Rica y la Unión Europea exigieron también investigaciones objetivas y efectivas sobre los hechos. Hay pocos avances hasta el momento. Así lo evidencian la falta de respuesta del Gobierno hondureño y las conclusiones de la Misión Internacional de Observación. La situación en Honduras prueba la realidad alarmante de toda América Latina, particularmente grave en Brasil, Colombia, Perú y México. Múltiples informes concluyen que la región está bajo fuego. Las personas que protegen sus derechos, su tierra y la naturaleza, arriesgan su integridad, libertad e incluso su vida. Financiamiento irresponsable El caso de Berta evidencia también la responsabilidad de las empresas, entidades financieras y otras entidades vinculadas con la represa Agua Zarca. Las amenazas a los derechos humanos y al ambiente del proyecto han sido denunciadas hace años. Por ello el Banco Mundial y la empresa Sinohydro se retiraron del proyecto en 2014. El FMO de Holanda y el Banco Finlandés lo hicieron recién el 16 de marzo, después del asesinato de Néstor García. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) congeló también el financiamiento al proyecto hace pocos días. La situación demuestra además que las hidroeléctricas son una pésima solución energética por sus impactos socioambientales. Honduras y la región tienen opciones para producir energía que promuevan realmente el desarrollo y la disminución de la pobreza. Ya es tiempo de aprender y avanzar al siglo XXI implementando dichas alternativas. El indignante asesinato de Berta y la situación de Gustavo y del COPINH me recuerdan a un amigo periodista que tuvo que salir de su país por lo que escribió. Él decía que las industrias extractivas, incluyendo la hidroenergía, son las repúblicas bananeras de nuestro siglo. Creo que tiene razón. La extracción incontrolada de recursos naturales es hoy para los derechos humanos en América Latina lo que las dictaduras en los 60. No podemos darnos el lujo que suceda lo mismo. Esta vez el resultado debe ser diferente. Lo ocurrido en Honduras debe ser un parte aguas para que por fin se apliquen los estándares internacionales en materia de derechos humanos y ambiente. En el caso de Berta, debe haber cuanto antes una investigación seria, independiente y efectiva. Se debe evidenciar la responsabilidad de las empresas involucradas en Agua Zarca. El proyecto debe ser analizado para hallar alternativas adecuadas. Honduras y todos los Estados involucrados deben implementar correctivos para que lo acontecido no se repita. Quienes trabajamos por las causas compartidas con Berta seguiremos exigiendo justicia. Cada país del continente americano la necesita y merece.
Leer más
Conservando la parte del mar que es de todos
En Semana Santa visité con mi familia el Parque Nacional Marino Las Baulas en Guanacaste, Costa Rica. Un guardaparques preparado y comprometido nos habló de las amenazas que las tortugas marinas enfrentan cuando desovan en la costa, y de la importancia de cuidar las playas y evitar desarrollos inadecuadamente implementados. Pero lo que más llamó la atención fue la curiosidad de mis dos hijos, de cinco y tres años de edad, al saber lo mucho que las tortugas debían nadar para poner sus huevos. “Si se pierden, ¿las tortuguitas ya no nacen?”, preguntaron. Para muchos la respuesta a esa interrogante es un misterio y de ahí viene la importancia de proteger la vida en alta mar, en aquellas aguas internacionales que no pertenecen a ningún país y que son, por tanto, un bien común global. Lo que sucede en alta mar, más allá de lo que podemos ver y cuidar desde la costa, es lo que mueve a las más de 33 organizaciones no gubernamentales y a las más de 193 delegaciones en Naciones Unidas que están reunidas en Nueva York para trabajar, durante dos semanas, en la construcción de un acuerdo legalmente vinculante para conservar la vida marina en las áreas que están fuera de cualquier jurisdicción nacional. El acuerdo será implementado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). AIDA es la única ONG de América Latina que está presente en la Primera Sesión del Comité Preparatorio que busca crear el nuevo acuerdo en el plazo de dos años. Como parte de la High Seas Alliance (HSA) y gracias al apoyo de The Pew Charitable Trusts, estamos trabajando para llevar la voz de la sociedad civil latinoamericana a las negociaciones. Junto con las otras organizaciones que integran la HSA, estamos abogando para que el nuevo tratado cumpla los siguientes principios: Protección y preservación del medio marino de alta mar, incluyendo el cuerpo de agua. Cooperación entre Estados para conservar los recursos vivos de alta mar. Utilización de la mejor información científica disponible para la toma de decisiones. Buena administración de los recursos de alta mar, garantizándolos para las presentes y futuras generaciones. Implementación del principio de precaución según el cual la ausencia de información no puede constituir una excusa para no proteger los ecosistemas de alta mar. Gestión basada en una planificación a gran escala que tome en cuenta la interrelación de la biodiversidad marina. Sostenibilidad y equidad en referencia a la posibilidad de utilizar los recursos para cubrir las necesidad de las generaciones presentes, respetando las necesidades de las generaciones futura. Deberá prestarse especial atención a los intereses y beneficios para los países en desarrollo. Buena gobernanza (transparencia, participación pública y acceso a procedimientos de revisión y recursos) . “Quien contamina, paga”, lo que implica que los Estados que causen contaminación deben asumir su responsabilidad. Cumplimiento y respeto de los compromisos adquiridos bajo la CONVEMAR. Adicionalmente, consideramos de vital importancia que los Estados incluyan la creación de áreas marinas protegidas fuera de las jurisdicciones nacionales para garantizar la conservación y preservación de la biodiversidad marina. Desde AIDA vemos con mucha ilusión y esperanza el compromiso de los Estados durante este primer tramo del largo camino a recorrer. Sabemos que tras estos dos años de negociaciones veremos surgir con éxito un tratado que proteja la biodiversidad marina que pertenece a todos, aquella que es albergada en la mayor porción de nuestros mares. ¡Apóyanos para seguir trabajando hacia esa meta!
Leer más