Project
Mitchell Gilbert para AIDA.
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
A dos años de emitida la sentencia de la Corte, su implementación continúa en una etapa inicial, con avances mínimos, debido principalmente a la falta de voluntad política del Estado peruano y a su cambio constante de argumentos para retrasar el proceso.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
Foto: Mitchell Gilbert para AIDA.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En marzo de 2024, el Complejo Metalúrgico de La Oroya reinició sus operaciones y actualmente está generado nuevamente niveles de contaminación en la ciudad que superan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Foto: Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso ante la Corte Interamericana
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Tras dos años de la emisión de la sentencia, no existen avances significativos en su cumplimiento por parte del Estado peruano. Las víctimas del caso aún esperan la adopción de las medidas de reparación ordenadas por la Corte; incluyendo atención integral y especializada en salud, la mitigación de la contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y el pago de indemnizaciones.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Guia para os Coordenadores do Fundo Verde para o Clima - GCF Watch
Uma publicação destinada aos coordenadores da GCF Watch, uma iniciativa da sociedade civil do Sul global destinada a melhorar o monitoramento das operações do Fundo Verde para o Clima, a principal entidade financeira multilateral líder mundial em clima. Baixe o guia completo Aspectos básicos do Fundo Verde para o Clima O Fundo Verde para o Clima (GCF, na sua sigla inglês) é a entidade operacional do mecanismo financeiro da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança no Clima (UNFCCC, em inglês). Como tal, outorga financiamento aos países em desenvolvimento para projetos e programas de mitigação da mudança climática e adaptação a ela. Leia e baixe Autoridades nacionais designadas e pontos focais do Fundo Verde para o Clima As autoridades nacionais designadas (AND), instituições governamentais, e os pontos focais (PF), funcionários dessas entidades, são responsáveis por todos os temas relacionados com o GCF nos países em desenvolvimento. Representam o GCF e servem de vínculo ou ponto de contato entre este e os países. Leia e baixe Propostas de financiamento ante o Fundo Verde para o Clima As propostas de financiamento de projetos e programas podem ser classificadas segundo diversos critérios: Modalidade de acesso, públicas ou privadas, quantidade de fundos solicitados y categoria de risco. Leia e baixe Guia para avaliar uma proposta de financiamento ante o Fundo Verde para o Clima O GCF Watch somará os insumos obtidos às observações que a rede da SC entregará ao Conselho do GCF. Sua contribuição fará parte da mensagem que será entregue ao Conselho! Leia e baixe Entidades acreditadas ante o Fundo Verde para o Clima O financiamento cedido pelo GCF é canalizado por meio de EAs, as quais têm a responsabilidade de gerir os recursos e implementar os programas e os projetos. As EAs devem garantir que os projetos ou os programas cumpram com as salvaguardas do GCF e supervisionar esse cumprimento quando a implementação recaia sobre entidades executoras. Os fundos geridos pelas EAs podem incluir fundos provenientes de outros atores que cofinanciam o projeto. Leia e baixe Mecanismo de reparação independente O Mecanismo de reparação independente (IRM, na sigla em inglês) foi criado para atender as reclamações de pessoas, grupos ou comunidades que se sentirem afetadas negativamente por projetos ou programas financiados pelo GCF, ante o descumprimento de suas políticas e procedimentos operacionais, incluídas suas salvaguardas ambientais e sociais. Leia e baixe GCF Watch: uma plataforma da sociedade civil do Sul Global O objetivo da plataforma é melhorar o monitoramento das operações do GCF mediante a colaboração entre as organizações, trabalhando no âmbito do Conselho do GCF e das organizações e das comunidades da região que estão próximas dos territórios onde os projetos apoiados pela entidade são implementados. Leia e baixe Glossário de termos e expressões úteis para o seguimento do GCF Leia e baixe
Leer más
Sociedad civil lamenta asesinato de Tomás Rojo y pide inmediata protección y garantías de seguridad efectivas para el pueblo yaqui
Las autoridades de Sonora y el gobierno federal han sido omisas en garantizar la integridad del territorio y los derechos humanos del pueblo yaqui y de sus defensores/as. El año pasado, 18 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en México, según documenta el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA). Organizaciones de la sociedad civil lamentamos profundamente el asesinato de Tomás Rojo, integrante del pueblo yaqui, así como las constantes agresiones de la que es objeto el pueblo yaqui. Además del caso de Tomás, en meses recientes se han presentado otros casos de desapariciones y violaciones a derechos humanos en contra de integrantes y personas defensoras del pueblo yaqui, que hasta el momento no han sido investigados y castigados. Al respecto, las autoridades del estado de Sonora y el gobierno federal han sido omisos en brindar la protección y la seguridad necesarias a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, particularmente a las personas del pueblo yaqui, quienes históricamente han enfrentado diversas agresiones y violaciones a sus derechos humanos debido a las constantes presiones de las que son objeto frente a megaproyectos que interfieren con su territorio, sus recursos naturales, así como con sus usos y costumbres. Asimismo, dichas autoridades han sido omisas en garantizar un entorno seguro para que las personas defensoras realicen su labor, tal y como se mandata en el artículo noveno del Acuerdo de Escazú. En México, esta situación se replica en varios estados del país, donde las personas que defienden la tierra, el territorio y los derechos humanos se encuentran cada vez más expuestas y vulnerables a agresiones de todo tipo, las cuales, en muchos lamentables casos llegan hasta el asesinato, y sin que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones al respecto. Recordemos, por ejemplo, que a fines del año pasado el Congreso desapareció el fideicomiso que garantizaba la operación del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores. El Informe 2020 sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), ha dado cuenta desde hace 8 años de las agresiones y violaciones a derechos humanos en contra de quienes defienden los ecosistemas, la tierra y el territorio. Tan sólo el año pasado se cometieron 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos, de los cuales 18 fueron asesinatos. Desde la sociedad civil organizada, demandamos enérgicamente que cesen inmediatamente las agresiones hacia el pueblo yaqui y sus defensores, que sus derechos sean garantizados, así como que sea una prioridad del Estado mexicano la seguridad y protección de las personas defensoras del medio ambiente. Igualmente, demandamos que las personas desaparecidas sean localizadas y que se realice una investigación diligente para que los hechos no queden impunes. Enviamos nuestra solidaridad al pueblo yaqui, así como nuestras más sentidas condolencias a la familia de Tomás Rojo en estos difíciles momentos. Firmas de organizaciones: Alianza Internacional de Habitantes Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C. (CEMDA) Controla Tu Gobierno, A.C. Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C (Centro Prodh) Pobladores A.C. Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARLl) Alianza Mexicana contra el Fracking Amigos del Río San Rodrigo, A.C. Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR) Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo Consejo Tiyat Tlali Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan (CORASON) Encuentro Ciudadano Lagunero Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA) FIAN sección México Fundar, Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México A. C. Grupo Focal de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos. Guardianes de los Arboles Indignación A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD) Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, LAVIDA La Coordinadora Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida Grupo Territorio Género y Extractivismo (Grupo TGE) NoFracking Tamaulipas Oxfam México A. C. Programa Universitario para la Sustentabilidad, Universidad Iberoamericana Ciudad de México Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (conformada por 85 organizaciones en 23 entidades del país) Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) Unión de Comités Autónomos de Agua del Oriente del Estado de México Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAS) Firmas a título personal: Alejandra Serrano Pavón Eckart Boege Emanuel Gómez Martínez Gerardo Alatorre Frenk Jacobo Espinoza Hilario Pedro Moctezuma Barragán Waldo Terry Carrillo CONTACTOS DE PRENSA: Ricardo Ruiz, CEMDA, [email protected], 5559644162 Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107
Leer más
Una Guía para Coordinadores del Observatorio del Fondo Verde del Clima-GCF Watch
Publicación dirigida a coordinadores del GCF Watch, iniciativa de la sociedad civil del Sur global orientada a mejorar el monitoreo de las operaciones del Fondo Verde del Clima (FVC), la principal entidad multilateral de financiamiento climático a nivel mundial. DESCARGA LA GUÍA COMPLETAAspectos básicos del Fondo Verde del ClimaEl Fondo Verde del Clima (FVC) es la entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Como tal, otorga financiamiento a los países en desarrollo para proyectos y programas de mitigación y adaptación al cambio climático.Lee y descargaAutoridades nacionales designadas y puntos focales del fondo verde del climaLas Autoridades Nacionales Designadas (AND), instituciones gubernamentales, y los Puntos Focales (PF), funcionarios de dichas entidades, son responsables de todos los asuntos relacionados con el Fondo Verde del Clima (FVC) en los países en desarrollo. Representan al FVC y sirven de enlace o punto de contacto entre éste y los países.Lee y descargaLas propuestas de financiamiento ante el Fondo Verde del ClimaLas propuestas de financiamiento de proyectos y programas pueden clasificarse según diversos criterios: modalidad de acceso, públicas o privadas, cantidad de fondos solicitados y categoría de riesgo.Lee y descargaGuía para revisar una propuesta de financiamiento ante el Fondo Verde del ClimaEl GCF Watch sumará los insumos obtenidos a las observaciones que la red de la sociedad civil entregará a la Junta Directiva del FVC. ¡Tus aportes serán parte del mensaje que se entregará a la Junta!Lee y deacargaEl Mecanismo de Reparación Independiente (IRM)El Mecanismo de Reparación Independiente (IRM por sus siglas en inglés) fue creado para responder a las quejas de personas, grupos o comunidades que se sientan afectadas negativamente por proyectos o programas financiados por el FVC, ante el incumplimiento de sus políticas y procedimientos operacionales, incluidas sus salvaguardas ambientales y sociales.Lee y descargaLas Entidades Acreditadas ante el Fondo Verde del ClimaEl financiamiento otorgado por el Fondo Verde del Clima (FVC) es canalizado a través de entidades acreditadas (EA), a cargo de gestionar los recursos y de implementar los programas y proyectos. Las EA deben garantizar que los proyectos o programas cumplan con las salvaguardas del FVC y supervisar dicho cumplimiento cuando la implementación recaiga en entidades ejecutoras.Lee y descargaGCF Watch: Una plataforma de la sociedad civil del Sur GlobalLa plataforma tiene como objetivo mejorar el monitoreo de las operaciones del FVC mediante la colaboración entre las organizaciones trabajando a nivel de la Junta Directiva del FVC y las organizaciones y comunidades de la región que están cerca de los territorios donde se implementan los proyectos apoyados por la entidad.Lee y descargaGlosario de términos útiles para el seguimiento al Fondo Verde del ClimaLee y descarga
Leer más