Press Release

Océanos, Contaminación Tóxica

Piden a Chile proteger la Patagonia de los riesgos de la industria del salmón

Más de la mitad de las granjas salmoneras que operan en la Región de Magallanes están provocando falta de oxígeno en aguas marinas que albergan especies únicas. Mediante una denuncia administrativa y una petición ciudadana, organizaciones de la sociedad civil solicitan al Gobierno chileno investigar y sancionar los daños, y hacer cumplir la regulación existente. Santiago de Chile. Organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente pidiendo que investigue los daños ocasionados por las granjas de salmón en la Región de Magallanes, en la Patagonia sur del país, y que sancione a las empresas responsables de dichos daños. Según información gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón en el lugar reportaron estar operando en condiciones anaeróbicas; es decir, han provocado falta de oxígeno en el ambiente, una amenaza seria a la vida marina. Las organizaciones lanzaron además una petición ciudadana en internet a fin de sumar apoyo para la solicitud hecha a la Superintendencia. “En Magallanes se han entregado concesiones de salmonicultura sin que se haya llevado a cabo una evaluación detallada de los impactos que la industria puede tener en la región”, explicó Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Los daños ya están ocurriendo: un informe de la Contraloría General de la República evidenció que entre 2013 y 2015, más de la mitad de las granjas de salmón en Magallanes operaban en condiciones anaeróbicas, lo que perjudica gravemente la vida marina”.  Chile es el segundo productor mundial de salmón. La industria, que por años se desarrolló en las costas ubicadas más al norte de Magallanes, ahora ha ingresado a esa región, la más austral del país y que por ser más virgen es también más vulnerable a las actividades humanas. Magallanes posee el mayor número de áreas naturales protegidas del país y alberga a especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras. “Las empresas salmoneras del país han excedido el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de los antibióticos y químicos que se les suministra a los salmones”, dijo Francisco Campos-Lopez, director de Real Chile. “Esos químicos, y las heces de los propios animales, provocan la falta de oxígeno, poniendo en peligro la vida en el mar”. NOTA: Más información disponible en aida-americas.org/es/granjasdesalmon Contactos de prensa: Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, +56 9 7335 3135, [email protected]    

Leer más
Derechos Humanos, Contaminación Tóxica

Propuesta del Gobierno de Perú sobre estándares de calidad del aire es regresiva y afectaría la salud humana

El gobierno propone subir más de 12 veces el límite de contaminación por dióxido de azufre y duplicar el de material particulado, sustancias que causan enfermedades graves. Organizaciones consideran que la propuesta ignora evidencia científica y la obligación del gobierno de crear condiciones aptas para la vida y la salud de las personas. Lima, Perú. El Ministerio de Ambiente propone nuevos Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para aire, que afectarían a toda la población pues no previenen los riesgos de contaminantes para la salud humana y ambiental. La norma propuesta aumenta más de 12 veces el límite para las concentraciones en el aire de dióxido de azufre (SO2) y duplica el de material particulado fino. Los ECA propuestos ignoran la evidencia científica según la cual dichas sustancias pueden provocar afecciones pulmonares y otras, particularmente a población más vulnerable como personas con asma, niños, niñas y adultos mayores. “Existen pruebas científicas contundentes que concluyen que la contaminación por dióxido de azufre representa un riesgo grave para la salud, particularmente durante periodos cortos de tiempo cuando la contaminación alcanza picos elevados, algo que la propuesta no toma en cuenta”, explicó Anna Cederstav, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron comentarios sobre la propuesta. En ellos señalaron también que, a diferencia de lo que plantea el gobierno, reducir los niveles de SO2 en el aire derivaría en una menor esperanza de vida. Ello se debe a que, entre otras razones, esa sustancia también promueve la formación de PM2.5,  pequeñas partículas contaminantes causantes de problemas respiratorios agudos como bronquitis y neumonía, así como mortalidad prematura. Aún más preocupante, el gobierno propone aumentar al doble el estándar de contaminación por esas partículas. Las organizaciones resaltaron además las fallas en el proceso de consulta de la propuesta. De un lado, el gobierno publicó el proyecto de norma el sábado 8 de abril, justo antes de Semana Santa, dando solo 10 días hábiles de plazo para el envío de comentarios. Y, del otro, no hizo pública la argumentación científica y técnica de la propuesta, lo cual impide entender a fondo sus argumentos. De ese modo, el gobierno vulnera los derechos a la información y a la participación ciudadana. Asimismo, en los comentarios se resalta que la propuesta gubernamental vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales de los que Perú es parte, al no garantizar derechos humanos como la vida y la salud. Los cambios propuestos impactarían en toda la población del país. Los residentes de ciudades con contaminación más alta, como La Oroya, podrían sufrir impactos más severos. Esa ciudad es un caso emblemático por el Complejo Metalúrgico que allí opera y que está en proceso de venta. Dicho complejo ha sido un macroemisor de contaminantes por décadas, afectando la salud de las personas y el ambiente. El debilitamiento de los estándares para promover su venta, argumento que el gobierno ha mencionado públicamente, podría implicar mayores impactos en la población, que ha visto mejoras significativas en el último tiempo. Personas afectadas en La Oroya demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger sus derechos y cuentan desde hace diez años con medidas cautelares debido a los riesgos de la contaminación para su salud y su vida. Recientemente, la Comisión amplió las medidas a más personas debido a que el nivel de riesgo se mantiene. “Relajar los estándares de calidad del aire para facilitar la venta del complejo y aumentar la inversión en Perú sería un retroceso para la protección de la salud y el ambiente, lo cual podría resultar en una responsabilidad internacional del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Christian Huaylinos, de APRODEH. “Además, dichas acciones estarían violando tratados de libre comercio firmados por Perú con Estados Unidos y con la Unión Europea, por ejemplo”, puntualizó. Consulte los comentarios enviados al Ministerio de Ambiente de Perú y más información sobre el caso de La Oroya. Contactos de prensa: Rodrigo da Costa Sales, AIDA, [email protected], +51 994767961 Christian Huaylinos, APRODEH, [email protected], +51 959 789 232  

Leer más
Arrecifes de coral, Océanos

Admiten amparo contra ampliación del puerto de Veracruz por violar derecho al medio ambiente sano

Sienta un precedente relevante para que los proyectos sean presentados de forma completa, no fragmentada, y se puedan evaluar de forma integral sus impactos al ambiente. Se solicita a la Semarnat revocar las autorizaciones y a la Apiver, suspender las obras hasta que quede zanjada la cuestión ambiental. Veracruz, México. El proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, promovido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), será analizado por el Poder Judicial de la Federación a fin de determinar si, al ser autorizado, se vulneró el derecho al medio ambiente sano. Lo anterior se debe a la demanda de amparo presentada por habitantes de la región, asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), a inicios de diciembre de 2016, y que fue admitida a finales de mes marzo pasado[1]. El Juzgado Quinto se había negado a ello alegando falta de interés legítimo de los demandantes, pero tal situación fue combatida y resuelta ante el Segundo Tribunal Colegiado en febrero. El caso es muy importante y establece un precedente relevante en materia del derecho ambiental, pues aborda la forma en la que deben ser evaluados los proyectos de desarrollo en materia de impacto ambiental. Esos proyectos deben ser presentados de manera completa y no fragmentada para poder evaluar el impacto integral que tendrán sobre la zona y sus habitantes. Asimismo, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser elaboradas con la mejor información científica disponible. En el caso del proyecto de ampliación el puerto de Veracruz, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se presentó de forma fragmentada en por los menos 14 partes, evaluadas y autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sin considerar todos los impactos acumulativos. Además, la MIA omitió manifestar la existencia de un arrecife de coral no emergido muy grande e importante, localizado a 500 metros de distancia de la entrada del nuevo puerto. Para proteger el derecho al medio ambiente sano, se han construido instituciones como las Áreas Naturales Protegidas e instrumentos como la Evaluación de Impacto Ambiental. En el caso de la ampliación del puerto de Veracruz, el mensaje que se está enviando es que  estas instituciones pueden ser sacrificadas y/o utilizadas según convenga para empujar los llamados proyectos de desarrollo. En este sentido, y en virtud del amparo, se solicita atenta y respetuosamente a la Semarnat a revocar las autorizaciones de impacto concedidas al proyecto. De igual forma, se hace un llamado atento a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) para que suspenda voluntariamente las obras hasta que quede zanjada la cuestión ambiental, y a los habitantes de la ciudad de Veracruz-Boca del Río-Medellín a que se apropien y cuiden el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). “La aceptación de este amparo representa un pequeño paso en la dirección correcta, pues el poder de la gente ha hecho valer su derecho a un medio ambiente sano, lo que debería ser un garantía por parte de la autoridad sin que hubiera necesidad de acudir a las instancias judiciales para hacerlo valer. Esperamos que esto abra la puerta a una revisión real y acuciosa del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y de los impactos reales que tendrá sobre el medio ambiente, en particular sobre el Sistema Arrecifal Veracruzano y  sobre los servicios ecosistémicos que brinda”, declaró Miguel Rivas, campañista de océanos de Greenpeace México. Por su parte, Camilo Thompson, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló que "con la reducción del área del PNSAV y la ausencia de restauración de un sitio protegido bajo la Convención Ramsar, el Estado mexicano incumple con la protección amplia de su población, obligación establecida en tratados internacionales. Expone además a los habitantes del puerto de Veracruz a un mayor riesgo de impactos por huracanes y otros fenómenos climáticos. Ni el gobierno, ni la empresa a cargo del puerto, consideraron de forma adecuada la protección de los arrecifes de Veracruz, ecosistemas de importancia mundial. México está incumpliendo también los objetivos de preservación, conservación y manejo, establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, las metas de Aichi y la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, tratados ratificados por el país". Xavier Martínez Esponda, Coordinador Técnico Operativo del CEMDA, dijo que “los océanos y los arrecifes son ecosistemas clave para el bienestar de las personas pues son fuente de importantes servicios ambientales y funciones ecológicas como la captura de carbono-generación de oxígeno, la provisión de alimento como la pesquería y la regulación del clima brindando protección contra tormentas y/o huracanes, razones por las cuales, deben de ser protegidos y conservados en beneficio de presentes y futuras generaciones”. Desde 2004, el PNSAV es considerado como un humedal de importancia internacional, pero hasta el momento el gobierno mexicano no ha cumplido sus obligaciones internacionales, ni ha expedido su programa de manejo. [1] El 29 de marzo de 2017, el Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz admitió a trámite la demanda de amparo presentada por habitantes de la región y representados por el CEMDA. Expediente 1241/2016

Leer más
Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Denuncian ante la CIDH violaciones de derechos humanos y ataques a defensores/as por proyectos hidroeléctricos en Guatemala

Comunidades y organizaciones hacen un llamado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado guatemalteco, empresas e inversionistas garanticen los derechos humanos de personas y comunidades afectadas por esos proyectos.  Presentaron un informe que documenta 10 casos y 273 incidentes de amenazas, criminalización y ataques contra defensores/as, autoridades tradicionales, medios de comunicación y comunidades.  La criminalización se evidencia en 103 órdenes de captura; el encarcelamiento de 36 personas defensoras y el asesinato de 11.   Washington D.C., Estados Unidos. Un grupo de organizaciones y comunidades denunciaron, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aquellas personas que reivindican sus derechos y los de comunidades indígenas frente a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, sufren violaciones de derechos humanos y son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos. Las denuncias están contenidas en un informe presentado ante la Comisión que se basa en 10 casos. El documento da cuenta que, ante ese tipo de proyectos, las comunidades han visto vulnerado su derecho a la consulta, previa, libre, informada y culturalmente adecuada; a la autodeterminación; al debido proceso, y a la vida. En el informe se evidencia además que quienes defienden a las personas y comunidades afectadas  son víctimas de amenazas y agresiones. Los ataques más comunes fueron órdenes de captura (103), agresiones que resultan en heridas (56), encarcelamiento (36), detenciones (25), criminalización (16), amenazas (15). Se documentaron también 11 asesinatos y tres muertes relacionadas con conflictos en las comunidades que se oponen a los proyectos. Al menos 19 empresas están vinculadas con los proyectos hidroeléctricos: 55% nacionales, 40% trasnacionales y 5% estatales. Los denunciantes resaltaron ante la Comisión que es deber del Estado garantizar la protección de los derechos de las comunidades, de las personas que los defienden. Dicha  obligación de respeto de los derechos humanos se extiende a las empresas y a los financiadores de dichos proyectos. Por ello, las organizaciones y comunidades solicitamos al Estado guatemalteco: Respetar los derechos de los pueblos indígenas de forma integral, incluyendo la libre determinación y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y culturalmente adecuado. Garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos. Incluir la participación de las comunidades indígenas en el diseño y en la implementación de sus políticas de desarrollo energético. Y a las empresas: Cumplir con la debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos. Abstenerse de tomar acciones, como demandas penales, que resulten en la criminalización y en ataques a defensores y defensoras de derechos humanos. Reconocer públicamente el papel positivo y fundamental que tienen las personas defensoras de derechos humanos en la democracia. Consulte aquí el informe completo. Acompañamiento de Austria (ADA); Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH); Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, Asociación Indígena Ch`Orti` Nuevo Día, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Consejo del Pueblo Maya (CPO) Consejo Mam; Guatemala Human Rights Commission, USA (GHRC); Guatemala Solidarity Network; Microregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán; Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR); PAYXAIL YAJAW KONOB (Gobierno Ancestral Plurinacional) AKATEKA, CHUJ, POPTI’, Q’ANJOB’AL; Plataforma Internacional contra la Impunidad Protection International; Proyecto Acompañamiento Quebec Guatemala Montréal, Canadá Resistencia Río Dolores y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA). Contactos de prensa: Karen Hudlet, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, [email protected] Rodrigo da Costa Sales, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected]  

Leer más
Fuentes de Agua Dulce

El uso de agua para proyectos en Panamá debe ser sometido a consulta ciudadana

Un tribunal de ese país anuló una norma que permitía que grandes proyectos como represas hidroeléctricas usen hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otros ecosistemas. De ese modo se estableció que las autoridades ambientales deben realizar consultas ciudadanas y asegurar la disponibilidad de agua para comunidades y otros usuarios, antes de otorgar concesiones para el uso del recurso en esos proyectos. Ciudad de Panamá, Panamá. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia anuló una resolución emitida en 2012 por la entonces Autoridad Nacional del Ambiente, actual Ministerio de Ambiente, que disponía que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales de ese recurso podía ser usada por grandes proyectos de infraestructura como hidroeléctricas. Tras la decisión judicial, la autoridad ambiental no podrá otorgar concesiones para el uso de agua en esos proyectos sin antes realizar consultas ciudadanas y garantizar la disponibilidad presente y futura del recurso para comunidades y otros usuarios. La anulación de la norma constituye una victoria para el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) que, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, demandaron ante la justicia que la resolución fuera derogada. Presentaron además una propuesta para regular el caudal ambiental en el país de manera sostenible y protegiendo los derechos humanos. El caudal ambiental es el flujo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener sus valores ecológicos —refugio de amínales y plantas, preservación del paisaje y disolución de contaminantes, entre otros— y sus valores sociales o su uso por parte de comunidades e individuos. La resolución de 2012 limitaba ese flujo a tan solo el 10% para todos los entornos que son fuente de agua y permitía que el porcentaje restante (90%) quede libre para ser usado en grandes proyectos. “La Corte de Panamá basó su decisión en los compromisos internacionales que el país tiene de proteger los recursos hídricos y de garantizar los derechos humanos de las personas que dependen de ellos. Esas obligaciones nacen de los tratados que el país ha firmado. Nos complace que la Corte se haya referido además al vínculo entre derechos humanos y protección del recurso hídrico. Se trata de un gran precedente que esperamos sea replicado en otros países de la región”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA apoyó la demanda judicial contra la resolución, así como la propuesta para regular el caudal ambiental en Panamá, mediante un escrito (Amicus Curiae) y una carta, documentos en los que presentó argumentos de derecho internacional para preservar el agua y el acceso a la misma para todos.  Contacto de prensa: Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +506 8321 4263  

Leer más
Océanos

Tribunal de Costa Rica emite la primera sanción penal contra práctica ilegal de pesca de tiburón

En una decisión histórica, un tribunal de Puntarenas condenó a prisión a una empresaria que llevó a puerto aletas de tiburón separadas del cuerpo del animal, práctica ilegal en Costa Rica, con el objetivo de comercializarlas luego fuera del país. La acusación de la Fiscalía fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil que argumentaron la vulneración de normas nacionales e internacionales que protegen la fauna marina. Puntarenas, Costa Rica. El 7 de febrero pasado, el Tribunal de Juicio de Puntarenas impuso una sanción penal de seis meses de prisión contra una empresaria taiwanesa que llevó a puerto aletas de tiburón desprendidas del cuerpo del animal y unidas con alambre, práctica conocida como aleteo y considerada ilegal por normas nacionales e internacionales. El objetivo de la empresaria era vender en el exterior únicamente las aletas. Es la primera vez que el comercio ilegal de aletas de tiburón es castigado penalmente en el país. “Nos alegra que, desde el Poder Judicial, el país envíe la clara señal de que su prioridad es proteger la sostenibilidad del país. La respuesta ante una práctica innovadora de aleteo, fue buena. Los pescadores responsables y las autoridades pesqueras y ambientales lo sabrán reconocer y aplaudir. En Conservación Internacional reiteramos nuestro compromiso con la pesca sostenible, las gestión transparente de recursos marinos y el control de las regulaciones ambientales del país”, señaló Marco Quesada, director del Programa Costa Rica de Conservación Internacional (CI). En 2011, la justicia falló a favor de la empresaria. Esa decisión fue rebatida por la Fiscalía, instancia que logró un segundo juicio en el que finalmente el delito cometido fue sancionado. La sentencia final señala que la empresaria es responsable “del delito de ordenar la descarga de aleta de tiburón sin el respectivo cuerpo, en perjuicio de los recursos naturales” de Costa Rica. “Esta es una sentencia histórica, pues es la primera vez que existe una condena penal por aleteo. Aplaudimos el esfuerzo de la Fiscalía por hacer cumplir las leyes nacionales y los compromisos internacionales de Costa Rica. Esperamos que sea un precedente que ayude a evitar que se repita esta práctica.”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA y CI ayudaron en la resolución del caso, asesorando con argumentos de derecho internacional el trabajo de la Fiscalía. De acuerdo con la legislación costarricense, tras la pesca, las aletas deben llegar al puerto unidas naturalmente al cuerpo del tiburón. Cuando son separadas, el cuerpo es arrojado al mar para así poder refrigerar en los barcos pesqueros la mayor cantidad posible de aletas. “El aleteo de tiburón es un delito penado en Costa Rica por los artículos 139 y 40 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Adicionalmente, Costa Rica ha ratificado diferentes tratados internacionales que le obligan a proteger el ambiente. Estas obligaciones incluyen la protección, conservación y uso sostenible de los recursos marinos”, se lee en el documento proporcionado por ambas organizaciones a la Fiscalía para su uso durante el juicio. Consulte la sentencia del tribunal  Lea el documento con el que AIDA y CI apoyamos el trabajo de la Fiscalía. Contactos de prensa: Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +506 8321 4263 Marco Quesada, CI, [email protected] +506 2253-0500 ext. 129/IP 5484  

Leer más
Arrecifes de coral

Sociedad civil llama al gobierno a proteger los arrecifes del Golfo de México

Debido a su proximidad con las obras de ampliación del Puerto de Veracruz, tanto los arrecifes que forman parte del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) como los recientemente descubiertos, están en riesgo de ser dañados de manera irreversible.  Veracruz, México. Organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en materia de biodiversidad y ecosistemas marinos, urgieron al gobierno a proteger los arrecifes coralinos de Veracruz, tanto los que se encuentran dentro del polígono del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), como los recientemente hallados, ya que debido a su cercanía con las obras de ampliación del Puerto de Veracruz, pueden sufrir daños irreversibles. Con ocasión de la visita a México del barco de la organización ambiental Greenpeace, el Rainbow Warrior –que se encuentra atracado en el Puerto de Veracruz hasta el 2 de enero-, los defensores ambientales reiteraron el llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que revoque la Autorización de Impacto Ambiental otorgada a la Administración Portuaria de Veracruz (APIVER) para llevar a cabo obras de ampliación del Puerto. En conferencia de prensa, académicos de la Universidad Veracruzana confirmaron el relevante hallazgo de nuevos arrecifes coralinos no emergidos, ubicados dentro y  fuera de la poligonal del PNSAV, una muy buena noticia en términos del alto valor ambiental, económico, social y cultural que tienen. Como se sabe, los arrecifes constituyen una barrera natural contra el impacto de huracanes y tormentas; son banco de alimento que detona la reproducción de la biodiversidad y, por ende, la actividad pesquera. Asimismo, representan un atractivo para turistas y buzos de todo el mundo. Cabe recordar que hace apenas unos días México fue la sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP13) que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, donde el propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reiteró el compromiso internacional de México de defender los ecosistemas y anunció la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANPs) Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, señaló que “es urgente reconocer y proteger este nuevo arrecife. El PNSAV es un ejemplo de la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros santuarios marinos y la urgente necesidad de que existan programas de manejo efectivos y aplicables para las Áreas Naturales Protegidas (ANP), como la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano recientemente decretada; es urgente la verdadera protección de los ecosistemas para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.” El Doctor Leonardo Ortiz, biólogo e investigador de la Universidad Veracruzana, señaló al respecto que el hallazgo de arrecifes coralinos no descritos dentro y fuera del Parque Nacional, demuestra que todas las costas veracruzanas se ven beneficiadas con la presencia de un Corredor Ecológico que recorre más de 800 km del litoral del suroeste del Golfo de México. Enfatizó que es necesario proteger todos estos arrecifes para garantizar el bienestar de la población que habita estas costas. También destacaron que la salud de estos arrecifes está comprometida pues han sido impactados negativamente por la actividad humana.  Horacio Pérez España, Investigador y Académico de la Universidad Veracruzana, explicó que: “Desde la década de 1960 a 2000 los arrecifes del PNSAV perdieron más del 50% de cobertura de corales, cambiando de un valor aproximado de 50-60% a un 19-22%. Además, en los últimos diez años, las enfermedades en los corales se han incrementado en más de 400%, lo cual es un indicador de un nivel de estrés muy elevado, que podría ocasionar su muerte”. A fin de detener el deterioro del Parque y modificar la ejecución del proyecto de ampliación del Puerto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), ha emprendido un par de litigios. Francisco Xavier Martínez Esponda, Director Técnico operativo de CEMDA, refirió que “los arrecifes son fuente de vida y por ello hemos investigado y documentado la situación del PNSAV, así como la deficiente administración realizada hasta ahora para este sitio por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como la afectación que provocará el proyecto autorizado para la ampliación del Puerto. Hemos emprendido acciones legales para contribuir a la conservación del PNSAV, sin que hasta el momento los jueces federales hayan reconocido el interés legítimo que poseen los habitantes de la ciudad para acudir a la defensa de un sitio que les es vital para su buen vivir. En el marco de los compromisos asumidos por México en la COP13 y recordando la estrecha relación que hay entre el derecho humano al medio ambiente sano y la biodiversidad, pedimos atentamente a nuestras autoridades proteger bajo el estándar más alto de protección al PNSAV". Finalmente, Aída Navarro, asesora de Comunicación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que “la modificación de los límites del PNSAV vulnera las obligaciones internacionales de México para preservar ese sitio, entre ellas las asumidas bajo la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica”. Enfatizó además que si la Semarnat retira el permiso otorgado para la ampliación del Puerto, puede obtener apoyo técnico y financiamiento internacional para preservar el área protegida, para lo cual se deberá además incluir al sitio en el Registro Montreaux, mecanismo contemplado por la Convención Ramsar para proteger de manera prioritaria humedales amenazados gravemente.  El Sistema Arrecifal Veracruzano encaja muy bien en este perfil.  

Leer más
Minería, Fuentes de Agua Dulce

Banco Mundial retira inversión de la empresa Eco Oro Minerals y su proyecto minero en el páramo de Santurbán

En un avance importante para la protección de los páramos, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, toma la decisión positiva de retirar su inversión de la empresa minera canadiense Eco Oro Minerals, cuyo proyecto minero de oro Angostura está ubicado en el páramo de Santurbán, entorno natural que abastece de agua a millones de personas en Colombia. Bogotá, Washington, Ottawa, Amsterdam. La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, decidió retirar su inversión en la empresa canadiense Eco Oro Minerals. El proyecto minero Angostura, a cargo de Eco Oro, está ubicado en el páramo de Santurbán, Colombia, un ecosistema de alta montaña que provee de agua a millones de personas en el país. La legislación colombiana prohíbe la minería en páramos. “Aplaudimos esta decisión del Banco, que le da la razón al Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán sobre la inviabilidad de la minería en el páramo”, sostuvo Alix Mancilla, representante del Comité. “Ahora pedimos al gobierno colombiano que se abstenga de otorgar licencias ambientales a cualquier proyecto minero que afecte a Santurbán”. “El retiro de la inversión por parte de la CFI es un duro golpe político y financiero para la minería en el páramo de Santurbán”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El gobierno colombiano debe reflexionar sobre su actitud permisiva hacia la minería a gran escala en páramos, que es ilegal”. La CFI toma su decisión tras la publicación de un informe de la Oficina del Asesor en Cumplimiento del Banco Mundial (CAO, por sus siglas en inglés), un mecanismo independiente de quejas, en el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contrariando las políticas internas de la institución financiera. En 2012, el Comité, con asesoría de las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado, presentó ante la CAO la queja que dio origen al informe en mención. "Después de una intensa presión pública, la CFI por fin escuchó el mensaje y al retirar la inversión, lo amplifica. La decisión de retirarse fortalece el derecho del Estado colombiano para legislar sobre el interés público y proteger su agua. Aplaudimos esta decisión de la CFI, la cual tendrá repercusiones para todos los colombianos", declaró Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL). La decisión de la CFI también sucede en el contexto del anuncio de la empresa Eco Oro, quien ha iniciado una demanda de arbitraje contra el gobierno de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio con Canadá y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial. La medida se habría presentado por las decisiones adoptadas por el Estado para proteger sus páramos. “El interés de Eco Oro Minerals en Colombia ya no es la mina, sino extorsionar a un Estado soberano por millones de dólares y presionar para debilitar las protecciones para el agua colombiana. Con el retiro, la CFI no solo libera al Banco Mundial de un claro conflicto de interés, sino que también resalta la existencia de proyectos mineros desacertados en el páramo colombiano, así como la ilegitimidad de esta demanda", agregó García Zendejas. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canada, [email protected], +001 613 569 3439 Kris Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272  

Leer más
Minería, Fuentes de Agua Dulce

Sociedad civil pide en sede del Banco Mundial el retiro de la inversión a un proyecto minero en Colombia

Organizaciones de la sociedad civil harán su solicitud ante funcionarios del organismo financiero, y discutirán la situación del páramo de Santurbán y sus defensores con representantes del Congreso y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Argumentarán que la Corporación Financiera Internacional (CFI) invirtió en una mina de oro sin tener en cuenta los impactos ambientales de la misma y desconociendo así sus propios estándares. La mina pone en peligro un ecosistema esencial para el agua de millones de personas. Washington D.C., Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil estarán en la sede del Grupo del Banco Mundial para pedir que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), brazo para el sector privado de ese grupo, retire su inversión del proyecto minero Angostura, propuesto en el páramo de Santurbán, ecosistema de alta montaña ubicado a gran altura que abastece a más de dos millones de personas en Colombia. Una investigación independiente de la Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO), el Ombudsman del Banco Mundial, concluyó que al momento de invertir, la IFC no tomó en cuenta los potenciales impactos ambientales del proyecto, incumpliendo sus políticas internas. A fin de realizar su solicitud, las organizaciones se reunirán con funcionarios de la IFC. También dialogarán con representantes del Congreso y del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el estado del páramo y los riesgos para sus defensores. Se trata de la Plataforma Cívica “Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán”, apoyada por el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO) y MiningWatch Canadá. La investigación realizada por la CAO derivó de una queja presentada por el Comité y apoyada por las ONG internacionales.   La visita tiene lugar luego de que la empresa Eco Oro anunció que demandará al Estado colombiano ante un tribunal internacional de arbitramento, por la sentencia de la Corte Constitucional que reafirmó la prohibición de minería en páramos. La petición a la IFC para que retire su inversión está respaldada por una petición lanzada vía internet y con miles firmas de personas de todo el continente americano, que serán entregadas durante la reunión.  Contactos de prensa Alix Mancilla, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canadá, [email protected], +001 613 569 3439 Kris Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272  

Leer más
Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Perú inicia diagnósticos a personas afectadas por contaminación tóxica en La Oroya

En mayo de 2016, la CIDH requirió al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por la contaminación causada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Recién la semana pasada comenzaron las evaluaciones médicas y mediciones de la concentración de metales pesados en los beneficiarios. La Oroya, Perú. El 14 y 15 de octubre pasados, comenzaron a realizarse en el centro médico de la ciudad mediciones de concentración de metales pesados en sangre y orina y evaluaciones médicas al grupo adicional de personas afectadas por la contaminación proveniente del Complejo Metalúrgico de La Oroya.  Ello ocurrió cinco meses despues de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara tales acciones al Estado peruano mediante la ampliación de la medida de protección otorgada originalmente en 2007, con la cual el número de beneficiarios subió de 65 a 79. El 3 de mayo, la Comisión pidió que el Estado adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de 14 beneficiarios adicionales[1], “realizando las valoraciones médicas necesarias para determinar los niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre, a fin de suministrar atención médica adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales aplicables a la materia.” Cinco meses después de la solicitud y ante la insistencia y reclamos de las organizaciones que representamos a los beneficiarios, finalmente se realizaron en el Centro de Salud de La Oroya las mediciones de metales pesados a siete de los nuevos beneficiarios. También se les hicieron evaluaciones médicas en las especialidades de nutrición, odontología, psicología, medicina interna, neumología y gastroenterología. Para ello, los médicos de las tres últimas especialidades llegaron a La Oroya desde Lima y Huancayo. Los resultados deberán ser procesados por el Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS) y entregados a los beneficiarios en un plazo no mayor a 45 días. El Ministerio de Salud se comprometió a gestionar que aquellos beneficiarios que, según el diagnóstico, requieran tratamiento médico, sean atendidos por médicos especialistas en Huancayo y/o Lima, pues el Centro de Salud de La Oroya no tiene el personal para hacerlo.  También comprometió una nueva fecha para la medición y evaluación médica de aquellos beneficiarios que no pudieron ser atendidos. Desde las organizaciones que representamos a las víctimas esperamos que éste sea un primer paso hacia el cumplimiento pleno de las medidas de protección solicitadas por la Comisión, el cual se exprese no solo en un diagnóstico, sino también en tratamientos médicos especializados y seguimiento adecuado al estado de salud de cada uno de los beneficiarios, aquellos de la medida inicial otorgada en 2007, cuya protección continúa vigente, y los incluidos en la ampliación otorgada este año. “Pese a que las medidas cautelares fueron emitidas originalmente por la CIDH hace casi 10 años —solicitando una serie de acciones urgentes para la protección de la salud— éstas todavía no han sido implementadas en su totalidad. Ello implica que por años los problemas de salud de los beneficiarios no han sido debidamente atendidos”, señaló Christian Huaylinos, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Asimismo, el Estado debe atender con urgencia la situación de los servicios de salud en La Oroya, cuyo centro de salud está en crisis al funcionar en un lugar que ha sido declarado inhabitable por el Instituto Nacional de Defensa Civil y tener solo cinco médicos para la población de La Oroya y la de toda la Provincia de Yauli. “En La Oroya existen problemas estructurales en materia de salud y ambiente que deben ser resueltos con urgencia. Es necesario que la CIDH emita pronto el Informe de Fondo del caso que sobre esta situación fue presentando ante dicha instancia hace casi 10 años. Son 10 años de espera para las víctimas que buscan justicia ante la violación de sus derechos humanos. Si existe un verdadero compromiso del Estado con la población de La Oroya, éste se podrá evaluar en el cumplimiento pleno de las eventuales recomendaciones que emita la CIDH en ese informe”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). [1] Uno de los nuevos beneficiarios falleció por causas ajenas al objeto de la medida de protección de la CIDH.  Contactos de prensa: María José Veramendi Villa, AIDA, [email protected], +51 954114393 Christian Huaylinos, APRODEH, [email protected], +51 959789232  

Leer más