Press Release

Cambio Climático, Derechos Humanos

Protestas cuestionan evento mundial de la industria hidroeléctrica en París

Organizaciones de la sociedad civil denuncian los intentos de la industria por etiquetar a las represas como “energía verde” pese a las violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados a ellas. París, Francia. Una coalición de activistas, organizaciones y líderes indígenas convocó a una serie de eventos en el marco de la apertura del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, llamando la atención sobre la naturaleza social y ambientalmente destructiva de las represas hidroeléctricas, y sobre sus impactos negativos en el clima.   Del 14 al 16 de mayo, la Asociación Internacional Hidroeléctrica (IHA, por sus siglas en inglés) lleva adelante su congreso bianual en el centro de París. La industria busca promover a las hidroeléctricas como fuente de energía limpia y renovable, argumentando además que su construcción es esencial para cumplir el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Sin embargo, la coalición de organizaciones ambientales y de derechos humanos, junto con movimientos sociales, argumentan que las afirmaciones de la industria son un intento por “pintar de verde” a las represas para obtener nuevo financiamiento de instituciones como el Fondo Verde del Clima. Señalan numerosos casos en los que proyectos hidroeléctricos han tenido consecuencias desastrosas para las personas y el ambiente.  Citando evidencia científica creciente de que las represas son una fuente significativa de gases de efecto invernadero —CO2y particularmente metano—, las organizaciones de la sociedad civil enfatizan además el rol de las represas en la intensificación del cambio climático. Un pronunciamiento conjunto, firmado por más de 250 organizaciones de 70 países, llama la atención acerca de las falsas promesas de la energía hidroeléctrica y de la necesidad urgente de soluciones energéticas verdaderamente sostenibles. La declaración está disponible en cinco idiomas.  Éstos y otros temas —incluidos los impactos de las hidroeléctricas en sitios del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad— fueron debatidos por científicos, activistas y representantes de comunidades afectadas de Brasil, Colombia, Myanmar y Turquía en un evento paralelo al congreso de la IHA. La conferencia, realizada el 13 de mayo en la Oficina Municipal del Distrito 6 de París, fue organizada por las ONG Planète Amazone, GegenStrömung / CounterCurrent, Rivers without Boundaries, International Rivers y AIDA.   Myint Zaw, activista e investigador de Myanmar, galardonado en 2015 con el Premio Goldman, fue uno de los ponentes de la conferencia. “La seguridad alimentaria de millones de personas está amenazada por proyectos de represas en el río Irrawaddy, los cuales dañarían tierras de cultivo importantes y necesarias para la producción de arroz a lo largo del caudal y en la región del delta”, dijo Zaw. El martes, en la inauguración del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, representantes de comunidades indígenas, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales protestaron junto con activistas de Extinction Rebellion frente al Espace Grande Arche, en La Défense. Uno de los objetivos de la protesta fue llamar la atención sobre el número creciente de activistas ambientales y de derechos humanos asesinados en conflictos relacionados con represas.  “Miguel Ángel Pabón Pabón desapareció como resultado de su activismo contra la represa Hidrosogamoso en Colombia, que ha continuado pese a las graves violaciones de derechos humanos asociadas al proyecto”, dijo Juan Pablo Soler, del Movimiento Ríos Vivos Colombia, mencionando una de las tantas pérdidas.  En Gabon, represas construidas en los ríos Kingélé y Tchimbélé están afectando seriamente a las poblaciones que viven junto a esos caudales.  “Durante lluvias fuertes, algunos pueblos resultan inundados por el desborde de los embalses. Los ríos se vuelven lagos, el agua es contaminada y los peces mueren intoxicados. No existen mecanismos para ayudarnos y el gobierno no escucha nuestros reclamos, por eso hacemos nuestro llamado de auxilio en el extranjero”, exclamó Assossa, líder Pigmy.  Tres representantes del pueblo Munduruku de la Amazonía brasileña —el jefe Arnaldo Kabá, Alessandra Korap y Candido Waro Munduruku— participaron en la conferencia paralela y en la protesta.   Después de la protesta, los Munduruku intentaron entregar personalmente una carta en la sede central de Électricité de France (EDF), controlada mayormente por el gobierno francés. EDF tiene participación en la polémica represa Sinop en el río Teles Pires, un afluente del río Tapajós, y ha contribuido a los estudios que promueven la megarepresa São Luiz do Tapajós, que inundaría el territorio Munduruku. Representantes de EDF se negaron a recibir a los líderes del pueblo Munduruku.  “EDF invade nuestro territorio, destruye nuestros ríos, nuestro territorio y nuestros lugares sagrados. Y cuando venimos a entregar una carta, esta empresa gigante nos lo prohíbe”, afirmó Alessandra Munduruku. “Estamos tristes, pero decididos a continuar nuestra lucha para defender nuestro territorio”. Contactos de prensa: Gert-Peter Bruch, Planète Amazone, [email protected] (francés, inglés), + 33 (0)7 81 23 92 91 Brent Millikan, International Rivers, [email protected] (inglés, portugués), +55 61 8153-7009 Thilo F. Papacek, GegenStrömung – CounterCurrent / Forum Umwelt und Entwicklung, [email protected] (alemán, portugués, español, inglés), ++49 151 412 145 19 Eugene Simonov, Rivers without Boundaries, [email protected] (ruso, inglés, chino), +79 (0) 165 491 22 Recursos:  Más información sobre el evento paralelo del 13 de mayo: http://www.transrivers.org/2019/2634/ El pronunciamiento conjunto, disponible en chino, inglés, portugués, ruso y español, puede ser descargado aquí: https://drive.google.com/open?id=1pgS3YHm4zy5_LFSSjRe0KH-DMK773DQI Enlace a la carta de protesta de los Munduruku a EDF Électricité de France (portugués e inglés):https://drive.google.com/file/d/1TxqIiOuJDxNUI2YKPtUBrE_wucJLFl-E/view?usp=sharing Fotos para prensa disponibles y de uso libre (Crédito: Todd Southgate): https://tinyurl.com/y34b2g7u Video de la protesta en la inauguración del congreso de la IHA y del intento de los Munduruku de entregar su carta en la sede principal de EDF: https://youtu.be/9BrI3AqVnXE   Video en alta resolución para descarga: https://wetransfer.com/downloads/fe60045d490c765f5065ed5df79603b520190514195535/83e07e8328e0515a52c9a64eb42a69ff20190514195535/855f89 Hoja informativa de CounterCurrent sobre las represas hidroeléctricas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: tinyurl.com/y6mbjqj2  

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Derechos Indígenas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

CIDH analizará retrocesos de Bolsonaro a la protección de derechos indígenas

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil evidenciarán cómo las medidas adoptadas por la administración de Jair Bolsonaro hacen que Brasil retroceda décadas en la protección de los derechos humanos. Río de Janeiro, Brasil. El próximo 9 de mayo, organizaciones de la sociedad civil, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciarán la grave situación de los pueblos indígenas de Brasil por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, las cuales representan grandes retrocesos en la protección de los derechos humanos y vulneran las obligaciones internacionales del país en esa materia. La audiencia fue solicitada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires, Operação Amazônia Nativa y la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) con el objetivo de que se establezcan medidas y acuerdos para impedir nuevos retrocesos y exigir la reversión de las acciones ya realizadas que amenazan a los pueblos indígenas. La audiencia será parte del 172 Periodo de Sesiones de la Comisión, que tendrá lugar en Kingston, Jamaica, del 3 al 10 de mayo próximos. En ellas las organizaciones documentarán cómo el gobierno de Bolsonaro realizó cambios legislativos, de política pública, de política exterior y otros estructurales que violan el mantenimiento del modo de vida de los pueblos indígenas de Brasil, así como sus derechos a la vida, a la cultura, a la alimentación, al ambiente sano, al acceso a agua potable y a la delimitación de sus tierras ancestrales, entre otros. Las medidas del nuevo gobierno que disminuyen la protección legal y administrativa de los pueblos indígenas incluyen: La transferencia de funciones clave del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Agricultura. La precarización del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. El debilitamiento del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad y del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza de abrir tierras indígenas a los daños de la minería. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Ambiente que fragmentan el ordenamiento jurídico que garantiza las condiciones mínimas para la protección del ambiente y de los derechos indígenas. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura. La amenaza de retirar a Brasil de tratados internaciones como el Acuerdo de París y otros valiosos para la protección del ambiente y de los derechos humanos. Además de estos retrocesos, las organizaciones denuncian que la situación se agrava con el aumento de los índices de deforestación e invasión de tierras indígenas, y de la violencia contra defensores y defensoras del ambiente y los derechos humanos. Consulte el informe presentado ante la Comisión para la audiencia (en portugués). Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377  

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Derechos Indígenas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

Comissão analisará retrocessos de Bolsonaro à proteção dos direitos indígenas

Em uma audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as organizações da sociedade civil demonstrarão como as medidas adotadas pela administração de Jair Bolsonaro fazem o Brasil retroceder décadas na proteção dos direitos humanos. Rio de Janeiro, Brasil. No próximo dia 9 de maio, organizações da sociedade civil, em audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), denunciarão a grave situação dos povos indígenas do Brasil diante das medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, as quais representam grandes retrocessos na proteção dos direitos humanos e violam as obrigações internacionais do país nessa área. A audiência foi solicitada por diversas organizações da sociedade civil, como a Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires e Operação Amazônia Nativa, com o objetivo de estabelecer medidas e acordos para impedir novos retrocessos e exigir a reversão das ações do Governo que já foram tomadas e ameaçam os povos indígenas. A atividade faz parte do 172º Período de Sessões da Comissão que acontece na cidade de Kingston, Jamaica, entre 3 a 10 de maio. Representantes do Governo Federal devem participar da audiência pública. As organizações irão denunciar à CIDH como o governo Bolsonaro realizou alterações nas legislaturas, nas políticas públicas, nas políticas externas e em outras vias estruturais que violam a manutenção do modo de vida dos povos indígenas do Brasil, bem como seus direitos à vida, à cultura, à alimentação, a um ambiente saudável, ao acesso à água potável, à delimitação de suas terras ancestrais, entre outros. As novas medidas governamentais que diminuem a proteção legal e administrativa dos povos indígenas incluem: A transferência de funções-chave do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura; A precarização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Enfraquecimento do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade e o processo de concessão de licenças ambientais; A ameaça de abertura das terras indígenas aos danos da mineração; As medidas adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente que fragmentam o sistema legal responsável pela garantia de condições mínimas na proteção do meio ambiente e direitos indígenas; A transferência da competência de demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura; A ameaça de retirar o Brasil do Acordo de Paris e outros tratados internacionais valiosos para a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. Além desses retrocessos, as organizações denunciam que a situação é agravada pelo aumento das taxas de desmatamento e invasão de terras indígenas, assim como nos índices de violência contra defensores do meio ambiente e dos direitos humanos. Consulte o informe apresentado perante à Comissão para a audiência Contatos de imprensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377  

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Minería, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Organizaciones piden a la ONU intervenir en la protección del páramo de Santurbán, en riesgo por minería

Solicitan que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos al agua potable y al saneamiento, elabore un informe sobre el caso, visite el sitio y medie para que el Estado colombiano adopten las acciones necesarias para proteger el ecosistema, fuente de agua para millones de personas, de los daños de la minería. Bucaramanga, Colombia. Organizaciones de la sociedad civil enviaron una comunicación a Léo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos al agua potable y al saneamiento en Colombia. En ella alertan que ambos derechos están en grave riesgo ante la intención de implementar proyectos mineros dañinos en o cerca del páramo, fuente de agua para más de 10 municipios y 3 ciudades principales. Solicitan que el Relator elabore un informe sobre el caso, visite el sitio, y medie para que el Estado colombiano proteja ese ecosistema. Acciones y omisiones del Estado han permitido el avance de proyectos mineros que amenazan la disponibilidad y calidad del agua que provee el páramo. La delimitación del sitio no incluyó todo el ecosistema, dejando desprotegida una parte del mismo, y no contó con participación ciudadana, por lo que la Corte Constitucional dispuso que se realice de nuevo. En el documento, se detalla el proceso de delimitación de Santurbán, la importancia de ese entorno para el disfrute del derecho al agua en Colombia, el marco legal para la protección de los páramos en el país, el desarrollo de proyectos en o cerca del sitio, así como los impactos o amenazas ambientales asociadas: disminución de la calidad y cantidad del agua, contaminación por el uso de explosivos, disminución de la calidad del aire, aumento del nivel de ruido y pérdida permanente de hábitats, entre otros. Asimismo, se da cuenta del impacto del arbitraje internacional de inversiones en las decisiones de los Estados para proteger sus fuentes de agua. Varias empresas mineras han intentado desde hace más de 15 años extraer oro del páramo de Santurbán, ecosistema frágil y estratégico que provee de agua a millones de personas en Colombia. Algunas de ellas son compañías canadienses que están acudiendo a arbitrajes contra el gobierno de Colombia, para demandar enormes sumas de dinero. Las organizaciones piden al Relator monitorear la situación del páramo de Santurbán y urgir al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones internacionales en relación con el derecho al agua. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carlos Lozano, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected], +14373459881 Kristen Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas

Mecanismo de rendición de quejas del BID admite queja contra represas en Guatemala

En la queja, personas afectadas por las represas Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis solicitan que se recomiende al BID retirar su inversión porque incumplió sus propias políticas operativas al financiar las hidroeléctricas, cuya planeación y construcción ha causado daños sociales y ambientales. Washington DC, Estados Unidos. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) declaró elegible la reclamación presentada contra las represas Pojom II y San Andrés, financiadas por esa entidad, por personas de la microrregión de Ixquisis, departamento de Huehuetenango, al norte de Guatemala. La queja fue presentada el 4 de agosto de 2018 y fue admitida el 31 de enero pasado. En ella, las personas afectadas —representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza— evidencian que el financiamiento de las hidroeléctricas por parte del BID Invest, brazo privado del Grupo del BID, incumple las políticas operativas de la entidad en materia de pueblos indígenas, ambiente y género. “Dada la robusta documentación presentada, esperamos que el MICI concluya que el banco incumplió sus políticas y recomiende, por tanto, que retire su inversión de los proyectos”, señaló Rigoberto Juarez, representante del Gobierno Plurinacional. “Así contribuiría al cese de los ataques contra las personas de Ixquisis, en su mayoría mujeres mayas, por parte de las empresas a cargo de las represas y con apoyo de fuerzas de seguridad nacional”. La hidroeléctrica Pojom II es promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., mientras que San Andrés está a cargo de Generadora San Andrés S.A. Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional. El BID Invest aprobó en 2013 un préstamo de 7 millones de dólares para Pojom II y de 6 millones para San Andrés. La queja documenta que la planeación y construcción de ambos proyectos ha derivado en la vulneración de derechos de hombres y mujeres de la microrregión, así como en considerables daños ambientales en las cuencas de los ríos Pojom, Negro y Yalhuitz, de los que dependen los modos de vida de las comunidades de la zona. En la queja se resaltan además los daños diferenciados en la vida y en el goce efectivo de derechos de las mujeres de Ixquisis, y la grave situación de riesgo que enfrentan las comunidades por la defensa de su agua y territorio. El mecanismo de rendición de cuentas del BID admitió la queja debido a que la misma cumple con los criterios correspondientes, lo cual fue constatado tras numerosas reuniones presenciales y telefónicas con distintos actores, entre ellos los denunciantes, la administración del BID, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de organismos internacionales. “Esta decisión es un paso muy importante en el proceso de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales”, dijo Anabella Sibrián, de Plataforma Internacional contra la Impunidad. “Es importante que este tipo de proyectos no sean financiados por los daños ambientales y sociales que provocan”. No obstante, el mecanismo excluyó de la admisión el análisis de cumplimiento del banco respecto de la realización de una consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Su argumento fue que ese tema está siendo objeto de procesos arbitrales o judiciales a nivel interno. “No existen razones para esa exclusión porque las demandas de amparo presentadas en tribunales nacionales cuestionan la violación de derechos fundamentales y no hacen referencia al financiamiento por parte del banco”, sostuvo Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA. “Por tanto, no existen procesos pendientes que impidan indagar la actuación del banco en términos de la consulta previa”. Admitida la queja, la dirección del MICI elaborará términos de referencia para la investigación y recomendaciones en torno a la realización o no de una verificación de la observancia. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Minería, Fuentes de Agua Dulce, Transparencia y Rendición de Cuentas

Tribunal de arbitraje del Banco Mundial se niega a escuchar a afectados por minería en Santurbán

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial, declinó aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) que iba a ser presentado por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y organizaciones internacionales aliadas. Bucaramanga, Bogotá, Washington, Ottawa, Ámsterdam. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil rechazaron la respuesta negativa del Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) dentro del proceso del arbitraje internacional de Eco Oro Minerals Corp. contra Colombia. En esa instancia cursa una demanda de arbitraje internacional contra la nación andina por parte de la empresa canadiense en mención, que pretende ejecutar el proyecto de minería aurífera Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado al nororiente del país. La demanda cuestiona las decisiones adoptadas por el Estado colombiano para proteger sus páramos, humedales de alta montaña que son fuente natural de agua para el 70% de sus habitantes. El arbitraje fue iniciado ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial que está a cargo de la resolución de controversias entre inversionistas y Estados. Colombia  podría ser condenada a pagar $746 millones de dólares, una sanción sin precedentes para el país. “En el momento en que los Estados de Latinoamérica acogen los principios de democracia ambiental con la adopción del Acuerdo de Escazú, el CIADI va en dirección contraria. Es lamentable que ante el movimiento regional por transparencia y participación el CIADI se constriña aún más, solo generando más ira y desconfianza, no solo ante este mecanismo, sino frente al sistema de arbitraje de inversores contra Estados a nivel mundial”, declaró Carla García Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL). “Las comunidades afectadas por la minería en Santurbán deben ser escuchadas y pueden aportar elementos cruciales para el caso”, sostuvo Carlos Lozano, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las organizaciones consideran que el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán tiene un interés significativo en el resultado del proceso, y que la experticia que habrían podido proveer al Tribunal habría sido de ayuda para una mejor decisión del caso. Del mismo modo, urgen al CIADI a ampliar la participación ciudadana y transparentar sus procedimientos para la toma de decisiones, trascendentales para el interés público de los países cuyos Estados son sometidos a su jurisdicción. Encuentre aquí más información. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected], +14373459881 Kristen Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272, Manuel Perez Rocha, Institute for Policy Studies, [email protected] +1 240 838 6623  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Hidroeléctrica Las Cruces no es viable hoy, ni a futuro; revela nuevo estudio

Retiran el proyecto Las Cruces de los planes de la Secretaría de Energía. El costo del proyecto pasó de $ 7,995 millones de pesos en 2012 a $ 13,300 millones de pesos en 2018. Sus impactos negativos en la salud y la economía local no se consideraron. Estos hechos se suman a la defensa del territorio y derechos humanos de comunidades indígenas de la cuenca del río San Pedro Mezquital. Tepic, Nayarit. El proyecto hidroeléctrico Las Cruces es inviable estratégica y financieramente, según concluye el estudio realizado por la Asociación Civil, SuMar-Voces por la Naturaleza. Dada esta situación, organizaciones de la sociedad civil piden al actual gobierno federal que anuncie la cancelación definitiva de dicho proyecto y que se dé paso a un proceso abierto de diálogo e inclusión con las comunidades para discutir alternativas de desarrollo que generen un verdadero desarrollo sustentable en la región.   Representantes de organizaciones civiles señalaron que la Secretaría de Energía (Sener) ha retirado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen 2016-2030); y en el Prodesen 2017-2031, propone en su lugar una diversificación de la matriz eléctrica con tecnología renovable.   El estudio identifica que, en el nuevo contexto del sector energético, Las Cruces no es necesaria hoy, ni a futuro, para satisfacer los requerimientos del sistema eléctrico nacional. “La inversión en tecnologías renovables a pequeña escala y cerca del lugar de consumo, es más atractivo para los inversionistas, más estratégico para el sistema eléctrico nacional y más eficiente para las redes de distribución”, señaló Ernesto Bolado Martínez, director de SuMar.   La apertura del sector eléctrico a la inversión privada y las tendencias internacionales de generación de energía con fuentes renovables, han cambiado las proyecciones de la Sener respecto al proyecto hidroeléctrico Las Cruces. Lo anterior aunado a un incremento de sus costos en más del 80 por ciento, tanto por el incremento de los materiales de construcción como de la variación en el tipo de cambio respecto al dólar, que elevó su costo a más de 13 mil millones de pesos.   Según documentos de la Secretaría de Energía, el sistema eléctrico en México presenta una pérdida de energía por transmisión y distribución de aproximadamente del 13 por ciento, lo que a su vez representa pérdidas de $ 42,246 millones de pesos anuales. Estas pérdidas no se valoraron para el proyecto Las Cruces, que produciría energía en Nayarit, para enviarla a Jalisco, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí, quienes demandarían el 73 por ciento de esta energía.   Por otro lado, el proyecto hidroeléctrico Las Cruces se analizó bajo el enfoque de sustentabilidad financiera y ambiental, resultando que en su valoración no se consideraron los costos de impactos ambientales, sociales y económicos en localidades aguas abajo de la presa y sus respectivas medidas de mitigación. Tampoco se incluyeron los costos de operación, mantenimiento y abandono de las instalaciones durante y después de su vida útil.   Otro factor que no se evaluó son los costos a la salud por el incremento de enfermedades relacionadas con la presa durante su construcción y operación. El estudio señala que las mujeres son las más vulnerables y los casos de diarrea se incrementan en un 60 por ciento durante el proceso de construcción. Además, se identifican al menos 12 localidades que deberían reubicarse por estar dentro de la zona de riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos.   Las hidroeléctricas no deberían considerarse fuentes de energía limpia, ya que una hidroeléctrica en un clima tropical, durante sus primeros 10 años de vida, emitirá cuatro veces más gases de efecto invernadero que una planta que funcione con combustibles fósiles, revela la investigación hecha por la asociación civil. Además, el cálculo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la emisión de gases de efecto de invernadero para Las Cruces es incorrecto.   En septiembre de 2014, la Semarnat, autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, promovido por la CFE. La autorización se otorgó de manera condicionada a cumplir con una serie de observaciones. En particular, la Condicionante I del resolutivo de Semarnat (Oficio No. SGPA/DGIRA/DG 07893), exige a la CFE, entre otros, el cumplimiento del artículo 120 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE, 2014), respecto a la obligación de presentar una evaluación de impacto social que “deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrán derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes”.   En rueda de prensa, representantes de organizaciones civiles y de las comunidades de la cuenca del río San Pedro, refrendaron su solicitud al gobierno federal para que confirme el retiro del proyecto hidroeléctrico Las Cruces de los planes de la Secretaría de Energía.   Descargue el estudio completo. Contacto de prensa: Ernesto Bolado Martínez, [email protected]    

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Grandes Represas, Derechos Indígenas

Comissão Interamericana de Direitos Humanos pede reparação aos impactados por Belo Monte

A Comissão destacou o caso do povo Juruna, da Terra Indígena Paquiçamba (PA), que vive próximo a barragem e sofre graves causadas pela implantação do empreendimento. Rio de Janeiro, Brasil. No encerramento de sua visita ao país, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) chamou a atenção das autoridades e da sociedade em geral para visibilizar, atender e solucionar urgentemente a situação de repetida violação dos direitos humanos dos povos indígenas. A CIDH também destacou o caso do povo Juruna, afetado pelos danos socioambientais causados pela implementação da usina hidrelétrica (UHE) Belo Monte, no Pará. No Brasil, os povos indígenas "sofrem episódios de frequentes episódios de violência e falta de atenção por parte dos serviços públicos, além de enfrentar dificuldades e obstáculos crescentes na demarcação de suas terras",disse Antônia Urrejola Noguera, relatora da CIDH para o Brasil, ao apresenataras conclusões preliminares. "O Brasil tem sido um dos maiores violadores dos direitos humanos dos povos indígenas. Nessa audiência com a CIDH, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) levou esses casos e a preocupação com o cenário político atual, onde o discurso de ódio e racismo tem sido cada vez maior, inclusive pela via institucional" relatou Luiz Eloy Terena, assessor jurídico da Apib. No último dia 7 de novembro, a delegação da CIDH visitou a aldeia Mïratu, na Terra Indígena Paquiçamba, do povo Juruna, uma das comunidades indígenas afetadas pela barragem de Belo Monte. É a primeira vez que a Comissão visita o local. Ali, a CIDH ouviu os depoimentos de indígenas e ribeirinhos que lutam para manter seu modo de vida tradicional apesar da morte de milhares de peixes, da contaminação do Xingu, do despejo forçado de suas terras sem um remanejamento para perto do rio e o desenvolvimento de projetos produtivos inadequados. As lideranças relataram que esses impactos afetam de maneira diferenciada à mulheres e crianças. A Comissão também ouviu representantes da cidade de Altamira. "Nós ressaltamos a importância da visita histórica da Comissão à TI Paquiçamba, , que reconheceu os impactos negativos que Belo Monte causou nos direitos humanos dos habitantes do Xingu", disse Astrid Puentes, codiretora da Associação Interamericana para a Defesa do meio ambiente (AIDA). "Corresponde agora ao governo do Brasil adotar decisões e recomendações da CIDH, cumprindo com normas de direito e à proteção das pessoas de seu país". Durante a visita as pessoas se mostraram particularmente preocupadas com a implementação, no próximo ano, do plano de manejo para o fluxo do rio Xingu, chamado de Hidrograma de Consenso. O hidrograma não prevê um fluxo de água suficiente que garanta a sobrevivência das comunidades indígenas e ribeirinhas da região, e pode levar à extinção diversas espécies de plantas e animais. "Os comissionários tiveram a oportunidade de confirmar a gravidade dos impactos e a urgência de revisar os critérios para definir a vazão residual que o rio Xingu deve manter na região da Volta Grande para garantir a subsitência física e cultura dos ribeirinhos e indígenas", comenta Biviany Rojas, Instituto Socioambiental (ISA). Em 2011, as comunidades do indígenas e ribeirinhas do Xingu, representadas pela AIDA, Sociedade Paraense para a Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), Movimento Xingu Vivo para Sempre, Prelazia do Xingu, CIMI e Justiça Global, apresentaram uma denúncia contra o Brasil pelo caso. No mesmo ano, a Comissão concedeu medidas urgentes de protecção aos povos indígenas afetados. O caso foi iniciado formalmente em dezembro de 2015 e, em maio deste ano, as organizações apresentaram os argumentos finais. Com base nesse documento e nos argumentos do estado brasileiro, a Comissão publicará um relatório no qual concluirá se houve ou não violações aos direitos humanos, podendo emitir recomendações de reparação que deverão ser cumpridas pelo Brasil. Contatos de Imprensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], + 521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], + 5561998261213  

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Fracking, Cambio Climático

Comité de la ONU recomienda que Argentina “reconsidere” el uso del fracking

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas expresó su preocupación por la intención del Estado argentino de explotar a gran escala gas y petróleo no convencionales en Vaca Muerta, provincia Neuquén. Le recomendó reconsiderar esos planes para garantizar el cumplimiento de sus compromisos internacionales frente al cambio climático. Ginebra, Suiza. Tras revisar el cuarto informe de Argentina al Examen Periódico Universal de derechos humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendó a ese país reconsiderar sus planes de explotación a gran escala de gas y petróleo de esquisto en Vaca Muerta, provincia Neuquén, mediante fracturación hidráulica o fracking, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales frente al cambio climático. “El Comité está preocupado que este proyecto de fracturación hidráulica contradiga los compromisos del Estado parte con el Acuerdo de París, con un impacto negativo sobre el calentamiento global y el disfrute de los derechos, económicos y sociales de la población mundial y las futuras generaciones”, se lee en el documento de observaciones finales al informe de Argentina, aprobadas por el Comité en su 64º período de sesiones, realizado del 24 de septiembre al 12 de octubre. En esa misma línea, el Comité instó al Estado a “que fomente energías alternativas y renovables, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y establezca metas nacionales con parámetros de referencia definidos en el tiempo”. De otro lado, expresó su preocupación por la falta de evaluación adecuada de los impactos negativos del fracking en el ambiente y en la salud humana, y por la ausencia de una consulta debida a las poblaciones locales afectadas. En ese sentido, encomendó al Estado argentino: “… que adopte un marco regulatorio del fracking, que incluya las evaluaciones de su impacto en todas las provincias, precedido de consultas con las comunidades afectadas, y con una documentación apropiada de sus efectos sobre la contaminación del aire y el agua, las emisiones radiactivas, los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, los efectos sobre la salud pública, la contaminación acústica, la luz y el estrés, la actividad sísmica que puede desencadenar, las amenazas a la agricultura y la calidad del suelo, y al sistema climático”. El Examen Periódico Universal de la ONU es un proceso que ofrece a cada Estado parte la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Su objetivo es mejorar esa situación y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que ocurran. Contactos de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107 Fernando Cabrera, Opsur, [email protected], +5492995864313  

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Arrecifes de coral, Océanos

Piden incluir a 10 especies de pez loro en la lista mexicana de especies protegidas

AIDA respaldó en una carta enviada al gobierno la propuesta presentada por la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable de incluir estos peces que contribuyen a mantener saludables a los arrecifes de coral del Caribe mexicano. En la carta se detallan las obligaciones internacionales de México para preservar sus arrecifes de coral, ecosistemas que están en riesgo grave y cuya sobrevivencia depende en gran medida de la protección de peces herbívoros como el pez loro.   Ciudad de México. En una carta enviada al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó —con base en argumentos de derecho internacional, convenciones y tratados ambientales— la inclusión de 10 especies de pez loro en la lista de especies protegidas de la Norma Oficial Mexicana 059, que se encuentra en proceso de actualización. La carta fue presentada como respaldo a la propuesta de inclusión de esas especies que la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable (HRI, por sus siglas en inglés) remitió a la Comisión en septiembre, en coordinación con Casa Wayuu A.C., la Alianza Kanan Kay y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. “Las especies de peces loro cuya protección estamos pidiendo, cumplen una labor vital para la sobrevivencia de los arrecifes de coral al alimentarse de las algas que los cubren y que les quitan luz y oxígeno”, explicó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Pero la población de estos peces ha disminuido drásticamente debido a la degradación de su hábitat, la contaminación y el cambio climático; y los estudios de HRI, entre otros, han demostrado que el 60% de los arrecifes del Caribe mexicano están en mal estado o en estado crítico de salud”. Las organizaciones piden incluir en alguna de las categorías de riesgo de la Norma Oficial Mexicana 059 al pez loro semáforo (Sparisoma viride), al pez loro guacamaya o arcoíris (Scarus guacamaia), al pez loro azul (Scarus coeruleus), al pez loro de media noche (Scarus coelestinus), al pez loro reina (Scarus vetula), al pez loro princesa (Scarus taeniopterus), al pez loro rayado (Scarus iseri), al pez loro banda roja (Sparisoma aurofrenatum), al pez loro aleta roja (Sparisoma rubripinne) y al pez loro cola amarilla (Sparisoma chrysopterum). En la carta se detallan las convenciones y tratados internacionales por los que el Estado mexicano está obligado a combatir adecuadamente las amenazas de especies que requieren protección especial, como los peces herbívoros, y que son vitales para la salud de los arrecifes del Caribe y de otros ecosistemas marinos. Esos acuerdos incluyen el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe o Convenio de Cartagena) la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Ramsar, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la Declaración de Tulum y la Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes de Coral. “También mencionamos en la carta la Opinión Consultiva sobre derechos humanos y ambiente que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, añadió Thompson. “En esa decisión, la Corte fortalece las obligaciones de los Estados del continente para proteger a las personas en estrecha relación con la protección del ambiente. Pese a servir de criaderos de peces y barreras naturales contra huracanes —entre otras funciones clave—, los arrecifes de coral son muy frágiles y vulnerables ante el cambio climático, cuyas consecuencias incluyen la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar y la proliferación de algas. Esto último se debe a las múltiples descargas de aguas no tratadas o tratadas de manera inadecuada para la región caribeña y a otras formas de contaminación del mar. “El reporte más reciente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advirtió que superar los 1,5°C en la temperatura promedio del planeta, implicaría la destrucción de los arrecifes”, enfatizó Mélina Soto, Coordinadora para México de la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable. “Es entonces urgente adoptar medidas adecuadas para preservar esos entornos, siendo una de ellas la protección de los peces herbívoros”. Lea la carta enviada al gobierno mexicano. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (Ciudad de México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Marisol Rueda Flores (Playa del Carmen), Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, [email protected],+521 9848770815  

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