Press Release

Fracking, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Autorización de pozos de fracking en Argentina viola obligaciones internacionales

AIDA presentó un escrito para respaldar el amparo interpuesto por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En él evidenciamos las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas al autorizar la explotación de cuatro pozos petroleros mediante fracking, dentro de la formación Vaca Muerta, actividad que daña fuentes de agua y vulnera derechos de comunidades Mapuches. Mendoza, Argentina. En respaldo a la demanda de amparo interpuesta por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó un escrito (Amicus Curiae) ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza. En él evidenció las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas por la Dirección de Protección Ambiental al autorizar la explotación de cuatro pozos petroleros mediante fracking por la empresa El Trébol S.A. “La explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de fracking fue autorizada en Mendoza sin haberse realizado una evaluación de impacto ambiental”, dijo Claudia Velarde, abogada de AIDA. “La actividad fue presentada como ‘adecuación de infraestructura’ en el proceso de autorización y la autoridad ambiental otorgó los permisos en un tiempo récord de seis días”. Los pozos están dentro de Vaca Muerta, la principal formación de gas no convencional (gas shale o de esqusito) de Argentina y de América Latina. Y en la zona habitan comunidades Mapuches, reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y cuyos miembros deben ser consultados para obtener su consentimiento previo, libre e informado a cualquier actividad que afecte su territorio. Ese derecho no fue respetando, vulnerando —como se detalla en el escrito— el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, normas internacionales reconocidas por Argentina. “Los químicos usados en el fracking pueden contaminar aguas superficiales como subterráneas, incluyendo las de la laguna de Llancanelo, un humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, tratado ratificado por el Estado argentino”, afirmó Velarde. “El sitio es zona de paso y descanso para más de 130 especies de aves residentes y migratorias” Además, las actividades de fracking requieren grandes cantidades de agua y Mendoza es una provincia que por años sufre de escasez de ese recurso, problema agravado por el cambio climático. Finalmente, en el escrito se resalta que no se cuenta con datos geológicos detallados de la zona ni con información de calidad sobre la dinámica de las aguas subterráneas. “Ante esa incertidumbre científica, las autoridades deben aplicar el principio de precaución”, explicó Velarde. “Con base en ese principio, una actividad con las características del fracking no debe ser autorizada si quienes buscan implementarla no pueden probar que no causará daños graves e irreversibles en el ambiente”. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Grandes Represas, Derechos Humanos

Mecanismo de rendición de cuentas del BID admite reclamación contra Hidroituango

En medio de la crisis humanitaria de largo plazo que se vive en cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco admitió la queja presentada por el Movimiento Ríos Vivos contra el proyecto. Washington D.C. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) declaró elegible la reclamación que el Movimiento Ríos Vivos presentó contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Para el MICI, la queja cumple con todos los requisitos que, de conformidad con sus políticas, se deben cumplir para que sea admitida. Por lo tanto, el proceso sigue adelante y pasa a una fase de consulta. El junio pasado, comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el MICI. La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la represa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa: Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]  

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Océanos

El primer tratado jurídicamente vinculante del mundo para proteger alta mar: Comienza en la ONU una negociación histórica

Nueva York. Comienzan hoy en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las negociaciones de un tratado para conservar y proteger casi dos tercios del océano, en el marco de lo que se considera generalmente la mayor oportunidad de esta generación para cambiar el rumbo del deterioro y la pérdida de diversidad del océano. Tras un decenio de debates en la ONU, la Conferencia Intergubernamental (CIG), de dos semanas de duración, es la primera de una serie de cuatro sesiones de negociación que se desarrollarán hasta 2020 con vistas a lograr un nuevo tratado jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional* (AFJN), conocidas comúnmente como la alta mar. El océano situado más allá de las 200 millas marinas (370 kilómetros) de las costas de un país se considera aguas internacionales – “la alta mar” - y se comparte globalmente. No existe una legislación suprema que salvaguarde su biodiversidad ni su papel vital en la prestación de servicios – tales como la generación de oxígeno y la regulación del clima. “La alta mar cubre la mitad de nuestro planeta y es vital para el funcionamiento del océano entero y de toda la vida en la Tierra. El sistema actual de gobernanza de la alta mar es débil, fragmentario e inadecuado para abordar las amenazas a las que nos enfrentamos ahora en el siglo XXI, derivadas del cambio climático, la pesca ilegal y la sobrepesca, la contaminación por plásticos y la pérdida de hábitats. Esta es una oportunidad histórica para proteger la biodiversidad y las funciones de la alta mar mediante compromisos jurídicamente vinculantes”, declaró Peggy Kalas, Coordinadora de la High Seas Alliance, una alianza entre más de 40 organizaciones no gubernamentales y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).  El papel clave del océano en la mitigación del cambio climático, que incluye la absorción de un 90% del calor adicional y de un 26% del exceso de dióxido de carbono creados por fuentes humanas, ha tenido un efecto devastador sobre el propio océano. Gestionar los múltiples factores de estrés añadidos que se ejercen sobre él permitirá aumentar su resiliencia ante el cambio climático y la acidificación, y protegerá ecosistemas marinos únicos en su especie, muchos de los cuales quedan aún por explorar y descubrir. Dado que se trata de aguas internacionales, las medidas de conservación necesarias solo pueden introducirse a través de un tratado global. El profesor Alex Rogers de la Universidad de Oxford, que ha proporcionado evidencia para fundamentar el proceso de la ONU de cara a un tratado, afirmó: “La mitad de nuestro planeta consistente en alta mar está protegiendo la vida terrestre frente a los peores impactos del cambio climático. Y a pesar de ello, estamos haciendo muy poco para salvaguardarla o para proteger la vida dentro del océano, intrínseca a nuestra supervivencia colectiva. Proteger la biodiversidad de la alta mar, implantando la buena gobernanza y la ley en el océano entero, es sin duda lo más importante que podemos hacer para cambiar el rumbo del corazón azul de nuestro planeta”. A través de la ONU, los estados debatirán cómo proteger y conservar la alta mar mediante el establecimiento de: Áreas Marinas Protegidas (AMP): Las AMP gozan de amplio reconocimiento como elemento esencial para construir la resiliencia del océano, pero sin tratado no hay un mecanismo que posibilite su creación en la alta mar. Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA): Aunque ciertas actividades se encuentran parcialmente reguladas en algunas áreas de la alta mar, no existe un marco jurídico para la realización de EIA con vistas a prevenir un potencial daño ambiental.        Reparto de beneficios y transferencia tecnológica: A muchos países les preocupa no poderse beneficiar de la investigación sobre las especies de alta mar y perder así el acceso a nuevos recursos genéticos marinos de enorme alcance potencial, tales como el descubrimiento de recursos genéticos marinos (RGM) que podrían ofrecer nuevos usos farmacéuticos y nutracéuticos, entre otros. Las negociaciones también se centrarán en mejorar los mecanismos de creación de capacidad y transferencia tecnológica en países en desarrollo dentro del ámbito de la alta mar. Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), parte de la High Seas Alliance, dijo: “Esperamos que en esta conferencia intergubernamental se logren avances importantes hacia la creación de un tratado para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en alta mar. Estamos especialmente complacidos de ver el compromiso de los Estados latinoamericanos al inicio de esta importante negociación”.   Notas para los redactores: * ‘Áreas fuera de la jurisdicción nacional’ son las áreas del océano situadas fuera de las ZEE y de las plataformas continentales de los distintos estados, es decir, a más de 200 millas marinas de la costa en la mayoría de los casos. Incluye también la alta mar, la Zona de mar profundo definida en la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM, o también CONVEMAR o CNUDM), que es el fondo oceánico profundo situado más allá de las plataformas continentales de los Estados ribereños. Para más información, visite: http://highseasalliance.org El proceso hasta hoy: Cronograma del Tratado Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), [email protected], +521 5570522107 Mirella von Lindenfels (en la ONU, durante las negociaciones), +44 7717 844 352  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas

Comunidades indígenas de Guatemala presentan reclamo ante el BID por los daños de dos represas

Solicitan que el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo recomiende que la entidad financiera retire su inversión de las hidroeléctricas Pojom II y San Andrés porque al financiarlas incumplió sus propias políticas operativas. La planificación y ejecución de los proyectos ha causado daños a fuentes de agua y a los medios de vida de pueblos indígenas y mujeres. Washington D.C. Comunidades afectadas por las represas Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis —representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Ancestral Plurinacional Q'anjob’al, Popti, Chuj y Akateko — presentaron una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ella solicitan que se recomiende al BID retirar su inversión debido a que incumplió sus propias políticas operativas al financiar las hidroeléctricas, cuya planeación y construcción ha resultado en daños sociales y ambientales. “Los daños causados por la implementación de ambos proyectos son el resultado del incumplimiento de las políticas operativas del BID, en particular de su política ambiental y de sostenibilidad, la de pueblos indígenas, la de género y la de divulgación de información”, explicó Liliana Ávila, abogada de AIDA. En la queja se detalla que las represas fueron autorizadas sin que las comunidades fueran adecuadamente consultadas y que éstas no han recibido información suficiente sobre los riesgos de los proyectos. Además, ante su resistencia pacífica a los mismos, las personas afectadas han sufrido ataques, amenazas, hostigamiento e incluso se denunció el asesinato aún no esclarecido de una de ellas en 2017. De otro lado, la construcción de las represas ha causado daños ambientales como la escasez de agua y la contaminación de ríos, afectando la pesca, la agricultura y los modos de vida tradicionales de las comunidades de Ixquisis, departamento de Huehuetenango, mayormente indígenas mayas y donde sobresalen las etnias Chuj, Q’anjob’al y Akateko. “Esos daños son sufridos de manera diferenciada por las mujeres, aspecto destacado en la queja, pues son ellas las que administran el uso del agua en sus hogares”, dijo Anabella Sibrián, de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. “Las mujeres de Ixquisis enfrentan la estigmatización y viven con miedo a represalias hacia ellas o sus familias por su oposición a las represas”. La hidroeléctrica Pojom II es promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., mientras que San Andrés está a cargo de Generadora San Andrés S.A. Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional. En 2013, el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo de hasta 9 millones de dólares para la construcción de Pojom II y de hasta de 6 millones para el proyecto San Andrés. “Esperamos que el mecanismo de rendición de cuentas del BID concluya que el banco incumplió sus políticas y recomiende, por tanto, que el BID Invest retire la inversión de los proyectos”, enfatizó Ávila. La lucha de las comunidades de Ixquisis por el agua y el territorio fue recientemente galardonada por la organización internacional Front Line Defenders con el Premio para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo 2018. Encuentra aquí más información del caso. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Derechos Humanos

2017, el año más letal para personas defensoras de derechos humanos: Global Witness

● La estrategia: asesinatos múltiples en comunidades, priorizando el beneficio económico sobre la vida. ● Distintos actores estatales y no estatales, presuntos responsables de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos.   Ciudad de México. Al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente en 2017. A menudo, “poderosas fuerzas buscan marginar a las personas defensoras, calificando sus acciones de antidesarrollo”, señala Global Witness en su Informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio? Tres de cada cinco personas defensoras asesinadas el año pasado eran latinoamericanas, las cifras del informe están basadas en registros de organizaciones civiles y fuentes de información públicas. En México, la situación empeoró respecto de 2016, pasando de tres a 15 personas defensoras asesinadas durante 2017. De acuerdo con el informe, 13 de estas 15 personas pertenecían a comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales. Un caso es el de la Sierra Tarahumara, donde la interacción entre una presencia fuerte del crimen organizado, la militarización de la zona y la falta de protección por parte de las autoridades ha generado procesos de reclutamiento forzado y desplazamiento interno. Integrantes de Alianza Sierra Madre A.C. han tenido que salir del territorio, lo que ha impactado de forma negativa en la realización de su labor en defensa de los derechos humanos de las comunidades ahí. Las y los activistas ambientales, en su calidad de personas defensoras de derechos humanos, deben gozar de la protección de los gobiernos que están obligados a asegurarla, tal y como se establece en la Declaración de la ONU sobre las Personas Defensoras de Derechos Humanos; lo mismo que las empresas están obligadas a respetar sus derechos, de conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Parte del problema es la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas relativo a consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como de las medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial. México es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica no funciona. Se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatizar a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural: El informe de Global Witness insta al Estado Mexicano a implementar las siguientes recomendaciones para atender la preocupante situación en que vive el país: Atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales. Apoyar y proteger a las personas defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo eficazmente, y garantizar su seguridad. Garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer ante la justicia, y quienes no les apoyen ni les protejan deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales. Una gran parte de las personas defensoras del medio ambiente en el mundo son líderes indígenas o campesinas, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos o megaproyectos mineros, agronegocios a gran escala, proyectos energéticos y hoteles de lujo. Otros, abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También son abogadas y abogados, periodistas o integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que visibilizan y denuncian el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras. Desde el Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, reiteramos nuestra preocupación por el aumento de los asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. De igual forma, refrendamos nuestro interés en sostener un diálogo constructivo con el nuevo Gobierno, a fin de aportar al desarrollo de una agenda integral de empresas y derechos humanos en México. La coyuntura actual de alternancia de gobierno representa una oportunidad de integrar, desde el inicio, la agenda de empresas y derechos humanos como parte de la política general de derechos humanos, y desde una perspectiva más incluyente, que también procure la protección de las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Consulta el informe en www.globalwitness.org/AQuePrecio Contactos de prensa Ben Leather, Global Witness, [email protected], +447841 337 034 Hannah Matthews, PBI, [email protected], 55 2370 3010 Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas

AIDA respalda demanda de comunidades de Guatemala contra represa Pojom II

Presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de ese país un escrito que evidencia el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de ambiente y derechos humanos en la autorización y construcción del proyecto hidroeléctrico. Ciudad de Guatemala, Guatemala. En respaldo a las demandas de amparo interpuestas por miembros de comunidades de la microrregión de Ixquisis, Huehuetenango, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Pojom II, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentó un escrito (Amicus Curiae) ante la Corte Suprema de Justicia. En él evidenciamos las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas en el proceso de autorización y construcción de la represa. “La construcción de la hidroeléctrica fue autorizada sin haberse realizado una consulta previa, libre e informada que permitiera a la población afectada, en su mayoría indígena, otorgar su consentimiento a una actividad que les afecta directamente”, explicó Liliana Ávila, abogada de AIDA. “La consulta, el consentimiento y la participación son derechos humanos individuales y colectivos que están garantizados por tratados internacionales ratificados por Guatemala”. El proyecto Pojom II está financiado por el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue autorizado pese a que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa promotora incumplió estándares nacionales e internacionales. No fue realizado por una entidad independiente ni bajo la supervisión del Estado, no respetó las tradiciones y cultura de las comunidades indígenas afectadas y no tomó en cuenta los impactos acumulativos de la concentración de proyectos hidroeléctricos en la zona. “Esos proyectos no representan beneficios para las comunidades y, por el contrario, causan daños irreversibles a sus medios de subsistencia y modos de vida tradicionales al afectar fuentes de agua y otros entornos naturales”, señaló Ávila. “Generan además situaciones de grave conflictividad social”. En el escrito presentado por AIDA se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado de Guatemala respecto al proyecto Pojom II. Entre ellas están las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y otras que hacen parte del Derecho internacional ambiental. “Las demandas de amparo presentadas por las comunidades son una oportunidad para que el gobierno suspenda el proyecto por los graves daños causados”, dijo Ávila. “Y en nuestro escrito apoyamos esa acción al demostrar la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de normas internacionales”. Contacto de prensa: Victor Quintanilla, AIDA (México), [email protected], +521 5570522107  

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Grandes Represas, Derechos Humanos

Comunidades afectadas por represa Hidroituango en Colombia presentan queja ante el BID

En medio de la crisis humanitaria que se vive en la cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, las comunidades solicitaron al mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investigar si la entidad financiera cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales al invertir en el proyecto. Washington D.C. Comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICl) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la presa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia, con un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas, sin retirar la capa vegetal, terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El Grupo BID ha apoyado el proyecto a través de varios tipos de inversión: 2 millones de dólares en cooperación técnica al Estado colombiano en 2012 y 550 millones de dólares en inversiones directas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cargo del proyecto, en 2016. Además, el BID maneja un paquete de inversiones en el proyecto que suma 1.000 millones de dólares, con aportaciones de múltiples bancos europeos [KfW IPEX - Alemania, BNP Paribas - Francia, BBVA y Banco Santander - España], asiáticos [ICBC - China, Sumitomo Mitsui - Japón] y un banco canadiense [CDPQ – Quebec]. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles de la represa, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y desplazamiento de miles de personas de sus hogares. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado ni por el gobierno colombiano ni por la empresa. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Entre el 2 y el 8 de mayo, según se denunció, dos de sus integrantes fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Valdivia, que fue completamente evacuado por la emergencia. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Contactos de prensa Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Brasil deve responder à CIDH por violações dos direitos humanos causados pela Usina de Belo Monte

Organizações que representação as comunidades afetadas enviam argumentos finais à Comissão Interamericana de Direitos Humanos como parte do processo contra o Estado brasileiro. Foram encaminhadas denúncias sobre o deslocamento forçado de indígenas e ribeirinhos, a mortandade de peixes, as violações sofridas pelas mulheres e as ameaças à sobrevivência das comunidades da região. Washington D.C., Estados Unidos e Altamira, Brasil. Organizações da sociedade civil apresentaram suas alegações finais no caso da Usina de Belo Monte à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como parte da denúncia formal contra o Estado brasileiro pelas violações de direitos humanos causadas pela construção da hidrelétrica. Os documentos  apresentam os danos causados aos povos indígenas, comunidades ribeirinhas e os moradores de Altamira, a cidade mais próxima da hidrelétrica. "As violações de direitos humanos continuam acontecendo. Desejamos que a Comissão seja célere e que anuncie sanções ao governo brasileiro com a finalidade de garantir nossos direitos", declarou Antônia Melo, coordenadora do Movimento Xingu Vivo para Sempre. O relatório apresentado à Comissão mostra que os danos causados pela barragem é resultado de uma falta de previsão, avaliação adequada e do descumprimento das condições impostas pelo governo para a sua implementação. Os riscos relatados antes de sua construção são hoje danos que afetam homens e mulheres de diferentes faixas etárias. "O informe é um passo vital para os povos do rio Xingu tenham justiça. O Brasil deve responder pelas violações cometidas e impedir que isso aconteça novamente", explicou Astrid Puentes Riaño, co-diretora da Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA). A AIDA, em conjunto com a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) e a Justiça Global, representa as comunidades afetadas perante a Comissão. As organizações também comprovam o deslocamento forçado sofrido por povos indígenas e comunidades ribeirinhas, que tiveram que deixar seus territórios sem opções de realocação adequadas, o que coloca em risco sua sobrevivência. Comunidades dedicadas à pesca estão entre a população mais afetadas e até hoje não foram compensadas pela perda de seus meios de subsistência. A barragem causou a morte em massa de peixes e, embora as autoridades tenham imposto milhões em multas, o problema  não foi resolvido, como evidencia o relatório. Os pescadores agora tem uso limitado do rio Xingu em termos de fonte de alimento, sustento, transporte e recreação. No relatório, as organizações documentam, entre outros sérios danos, o desaparecimento de ofícios tradicionais, como o de tijoleiros, e de práticas culturais tradicionais. Algumas mulheres, por exemplo, pararam de dar à luz em suas casas e agora precisam ir para um hospital. A perspectiva é pior porque os serviços de saúde e educação em Altamira estão saturados devido ao aumento populacional causado pela barragem. A queixa contra o Brasil perante a Comissão foi apresentada em 2011, ano em que a agência outorgou medidas urgentes de proteção aos povos indígenas afetados. O caso começou formalmente em dezembro de 2015. Em outubro do ano passado, para acelerar o processo, a Comissão decidiu excepcionalmente fundir duas etapas que, como regra geral, são processadas separadamente. Nesse contexto, as organizações apresentaram suas alegações finais e o Estado também deve fazê-lo para que a Comissão tome uma decisão. "Nós esperamos que, assim que possível, a Comissão remeta o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos e que, em seu relatório sobre o mérito, recomende que o Estado brasileiro adote as medidas necessárias para proteger a vida, a integridade e o direito de propriedade da comunidades indígenas e ribeirinhas afetadas pela hidrelétrica ", afirma Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global. "Depois de serem submetidos a todos os tipos de violações, essas comunidades precisam de reparação integral porque viram seus direitos violados desde as origens do projeto; o seu direito à consulta livre, prévia e informada não foi respeitado", completa. A Comissão deve preparar um relatório no qual conclua se houve ou não violações de direitos humanos e pode emitir recomendações para o Brasil repará-las. Se não for atendido, poderá remeter o caso à Corte, que tem o poder de emitir uma sentença condenando o Brasil e recomendar medidas de reparação. Embora a barragem esteja em operação desde o início de 2015, sua construção ainda não foi concluída devido a suspensões judiciais decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas nas outorgas concedidas. O Estado brasileiro ainda pode evitar mais danos, por isso, é importante uma decisão imediata da Comissão. Saiba mais Contatos com a imprensa: Raphaela Lopes (Brasil), Justiça Global, [email protected], + 55 21 99592-7017 Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107

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Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Brasil debe responder ante la CIDH por violaciones de derechos humanos derivadas de la represa Belo Monte

En representación de las comunidades afectadas, organizaciones enviamos argumentos finales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del caso contra el Estado brasileño. Presentamos evidencia científica sobre el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades ribereñas, la muerte masiva de peces, daños diferenciados a hombres y mujeres, y amenazas a la sobrevivencia de las comunidades de la zona, ubicada en plena Amazonía. Washington D.C., Estados Unidos y Altamira, Brasil. Como parte de la denuncia formal contra el Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa Belo Monte, organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sus argumentos finales en el caso. Los mismos evidencian científicamente los daños causados a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y habitantes de Altamira, la ciudad más próxima a la hidroeléctrica. “La situación de violación de derechos humanos persiste para los pueblos afectados y la continuidad de nuestra petición ante la Comisión es urgente para sancionar al gobierno y garantizar nuestros derechos”, dijo Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú vivo para siempre, colectivo creado para enfrentar la implementación de la represa. El informe presentado a la Comisión demuestra que los daños causados por la represa son resultado de la falta de previsión y de una evaluación adecuada, y del incumplimiento de las condicionantes impuestas por el gobierno para su implementación. Los riesgos denunciados antes de su construcción son hoy daños de largo plazo que afectan de forma distinta a hombres y mujeres, y a diferentes grupos de edad. “Es un paso vital para que los pueblos de la cuenca del río Xingú obtengan justicia, el Estado de Brasil responda por las violaciones cometidas y para evitar que esto se repita”, explicó Astrid Puentes Riaño, Codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Junto con la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y Justiça Global, AIDA representa a las comunidades afectadas ante la Comisión. Las organizaciones prueban también el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades ribereñas, quienes tuvieron que dejar sus hogares sin opciones adecuadas de reubicación, lo que pone en riesgo su sobrevivencia. Entre la población afectada están comunidades dedicadas a la pesca, que no han sido compensadas por la pérdida de sus modos de subsistencia. La represa ha provocado la muerte masiva de peces y aunque las autoridades han impuesto multas millonarias, el problema de fondo no ha sido resuelto, hecho evidenciado en el informe. La población local tiene ahora un uso limitado del río Xingú en cuanto a fuente de alimento, sustento, transporte y diversión. En el informe, las organizaciones documentan —entre otros daños graves— la desaparición de oficios tradicionales, como los de ladrilleros y carreteros, y de prácticas culturales tradicionales. Las mujeres, por ejemplo, dejaron de dar a luz en sus casas y deben ir ahora a un hospital. El panorama empeora pues los servicios de salud y educación en Altamira están saturados debido al aumento poblacional ocasionado por la represa. La denuncia contra Brasil ante la Comisión fue presentada en 2011, año en el que ese organismo otorgó medidas de protección urgente para los pueblos indígenas afectados. El caso inició formalmente en diciembre de 2015. En octubre del año pasado y para agilizar el proceso, la Comisión decidió excepcionalmente unir dos etapas que, por regla general, se tramitan de forma separada. En ese marco, las organizaciones presentaron sus argumentos finales y el Estado deberá hacerlo también para que la Comisión tome una decisión. “Esperamos que lo más pronto posible la Comisión remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en su informe de fondo recomiende que el Estado brasileño adopte las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad y el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas y ribereñas afectadas por la hidroeléctrica”, afirmó Raphaela Lopes, abogada de Justiça Global. “Después de ser sometidas a todo tipo de violaciones, esas comunidades necesitan reparación integral pues vieron vulnerados sus derechos desde los orígenes del proyecto; no se respetó su derecho a la consulta libre, previa e informada.” La Comisión debe preparar un informe en el que concluya si hubo o no violaciones a los derechos humanos y puede emitir recomendaciones para que Brasil las repare. De ser incumplidas, puede remitir el caso a la Corte, órgano que tiene la facultad de emitir un fallo que condene a Brasil y recomendar medidas de reparación. Aunque la represa está en funcionamiento desde principios de 2015, su construcción no ha finalizado debido a suspensiones judiciales derivadas del incumplimiento de condiciones establecidas en los permisos otorgados. El Estado de Brasil aún puede evitar mayores daños de los ya ocurridos, por la que una decisión pronta de la Comisión es importante. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Raphaela Lopes (Brasil), Justiça Global, [email protected], + 55 21 99592-7017

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Fuentes de Agua Dulce, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Respaldan demanda de comunidades indígenas contra hidroeléctrica Las Cruces

Como apoyo a la solicitud de amparo presentada por el pueblo Wixárika, AIDA presentó ante la justicia un escrito que evidencia las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ambiente que el gobierno mexicano vulneró al autorizar el proyecto ubicado en Nayarit. Nayarit, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) evidenció, en un escrito (Amicus Curiae) presentado ante el Juzgado Primero de Distrito de Nayarit, las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos vulneradas por el gobierno mexicano al haber autorizado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. El escrito respalda la demanda de amparo presentada contra el proyecto por miembros del pueblo indígena Wixárika “Las autoridades no han realizado un proceso adecuado de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, y sobretodo no han respetado sus derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural y a un ambiente sano”, dijo Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Además, pasaron por alto los riesgos de daños a la cuenca del río San Pedro Mezquital y a los manglares que ese caudal alimenta, los de Marismas Nacionales, sitio protegido a nivel internacional”. La hidroeléctrica, promovida por la Comisión Federal de Electricidad, pone en riesgo sitios ceremoniales de los que depende la vida física y espiritual de los pueblos indígenas de la zona: Wixárikas, Náyeris-Coras, Tepehuanos y Mexicaneros. Miembros del pueblo Wixárika presentaron la demanda de amparo contra las autoridades que avalaron el proyecto —la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua— a mediados del año pasado. En el escrito, presentado por AIDA a comienzos de marzo de este año, se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado mexicano respecto de Las Cruces. Entre ellas están las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tras la demanda de amparo, la autoridad judicial dispuso la suspensión de los permisos del proyecto hasta que el proceso concluya y se decida si son válidos. Las autoridades de gobierno han argumentado que el proyecto debe seguir porque es de interés público y que los pueblos indígenas pueden “refuncionalizar su vida espiritual en un contexto modificado por la construcción del proyecto”. Esa postura ignora los derechos de las comunidades, el debido proceso y los riesgos ambientales que afectan el interés público. Ahora la autoridad judicial debe dar continuidad al proceso, confirmar la suspensión y disponer finalmente la cancelación de los permisos del proyecto para salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas. “Es necesario que el gobierno mantenga la congruencia entre la protección de los derechos humanos y del ambiente, cancelando los permisos otorgados al proyecto Las Cruces y amparando así los derechos de las comunidades afectadas”, dijo Thompson. “México tiene la oportunidad de fortalecer la tendencia mundial hacia la energía limpia, alejándose de proyectos como las grandes represas que emiten gases de efecto invernadero y agravan el cambio climático”. Consulta más información sobre el tema. Contacto de prensa: Camilo Thompson, abogado de AIDA, +521 9671302346, [email protected]  

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