Press Release

Océanos

Mandan alerta internacional sobre amenazas de la pesca sin control cerca de Galápagos

La alerta fue enviada a organismos internacionales y a las autoridades a cargo del cumplimiento de tratados internacionales orientados a la protección del ambiente y la biodiversidad. En ella se pide la adopción de medidas preventivas, urgentes y eficaces para afrontar la problemática y evitar daños irreparables en ecosistemas y especies. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) enviaron una alerta internacional sobre la problemática y amenazas de la pesca sin control en alta mar, particularmente en cercanías de la Reserva Marina Galápagos. En el documento piden la adopción de medias preventivas, urgentes y eficaces para evitar que la sobrepesca cause daños irreversibles en ecosistemas y especies de las islas Galápagos y de todo el Pacífico Este Tropical. El llamado ocurre luego de que en julio pasado se registrara una flota industrial de 260 embarcaciones pesqueras (243 con bandera de China), de las más grandes del mundo, en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Ecuador, cerca de la Reserva Marina Galápagos. La flota incluía a embarcaciones de empresas con registros de violaciones de los derechos soberanos y de la jurisdicción de los estados costeros, como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; infracción de reglas y degradación ambiental intencional. “El océano es un sistema altamente conectado donde lo que ocurre en una zona afectará a muchas otras, por lo que las acciones coordinadas y de cooperación entre países son clave para para la conservación efectiva de los recursos marinos”, explicó Gladys Martínez, Abogada Sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “También es fundamental el rol del derecho internacional en el sentido de que los países hagan cumplir de buena fe lo pactado en convenios, tratados y otros instrumentos internacionales orientados a la protección del océano”. La alerta fue enviada a las autoridades a cargo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. También se alertó de la situación a la Organización Mundial del Comercio, la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La sobrepesca en alta mar (áreas fuera de la jurisdicción nacional) puede afectar no sólo a las áreas explotadas, sino también a ecosistemas marinos y costeros cercanos, además de a la seguridad alimentaria de los países menos desarrollados. Así, actividades como las registradas en julio, representan una amenaza grave para las islas Galápagos y para otros tres Sitios de Patrimonio Natural de la Humanidad (Cocos, Malpelo y Coiba en Costa Rica, Colombia y Panamá respectivamente), así como para la biodiversidad en alta mar. “Como CEDENMA estamos muy preocupados por la situación relacionada con las actividades pesqueras industriales en aguas internacionales y que inciden en los recursos pesqueros, biológicos y ecológicos de los mares de jurisdicción ecuatoriana y de la región del Pacífico Este Tropical”, dijo Gustavo Redín, presidente de CEDENMA. “Por ello insistimos a las autoridades de Ecuador a que actúen al respecto y defiendan este patrimonio natural único en el mundo”. En la alerta se detalla la importancia ecológica, económica y social de Galápagos; la situación pesquera actual en y fuera de la Reserva Marina; los impactos que la sobrepesca en alta mar implica para la fauna local; las obligaciones internacionales que tienen los países para proteger el océano y sus recursos; y los mecanismos regionales de coordinación entre países para la conservación marina. Finalmente, AIDA y CEDENMA solicitan a los organismos internacionales y autoridades a cargo del cumplimiento de tratados una serie de medidas, entre ellas: Investigar de forma urgente los hechos expuestos en el documento. Instar al Gobierno de China y demás gobiernos con barcos presentes en las cercanías de la ZEE de Ecuador a cumplir con sus obligaciones de protección de especies altamente migratorias. Instar al Estado ecuatoriano a mejorar sus esfuerzos de monitoreo para proteger efectivamente sus valiosos recursos naturales. Revisar los subsidios a la pesca en China, los cuales están fomentando la sobrepesca en alta mar. Continuar con las negociaciones en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica para que los Estados parte se comprometan a proteger el 30% del océano para el 2030, incluyendo zonas aledañas en alta mar y áreas altamente productivas como las Islas Galápagos. Exhortar a Ecuador a continuar apoyando las negociaciones para lograr un acuerdo global para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional (Tratado de Alta Mar) y favorecer el ordenamiento pesquero en esa parte del océano. Adoptar acciones coordinadas, conjuntas y de cooperación entre los países del Pacífico Tropical Oriental en favor de la conservación marina. Fortalecer la aplicación de las reglas que vinculan a los Estados ribereños para asegurar que las actividades de pesca en alta mar se sujeten a estándares de sostenibilidad y protección de la biodiversidad marina. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Derechos Indígenas, Minería

Pueblo indígena en México pide que Ley Minera sea declarada inconstitucional

Organizaciones internacionales entregan Amicus Curiae a la Corte Suprema mexicana en respaldo a la acción legal del pueblo Maseual del estado de Puebla. Se entregan también más de 4 mil firmas de apoyo ciudadano recabadas a través de change.org.mx Ciudad de México. Organizaciones internacionales de la sociedad civil han respaldado la demanda interpuesta por el pueblo indígena maseual de Cuetzalan del Progreso, asentado en la Sierra Norte del estado mexicano de Puebla, en contra de la Ley Minera, solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ésta sea declarada inconstitucional debido a que viola derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Earthjustice, el Environmental Defender Law Center (EDLC) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) han decidido apoyar la causa, elaborando sendos Amicus curiae para entregar a la SCJN a fin de ofrecer argumentos encaminados a reforzar el litigio emprendido por el Consejo Maseual Altepetajpianij y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA). El sentido de los Amicus curiae, al igual que la demanda de amparo promovida en marzo de 2015, es que la Ley Minera no fue consultada de forma previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas. Por tanto, no incorporó los valores y visión indígena, lo que significa que no se desarrollaron mecanismos para proteger y respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas, ello a pesar de que un gran número de concesiones mineras se encuentran sobre sus territorios. Pero, sobre todo, dicha Ley contraviene sus derechos a la libre determinación sobre su territorio, porque asigna a la actividad minera un carácter prioritario, que la pone por encima de las demás actividades, amenazando así las formas de vida que las comunidades han decidido mantener. “Las concesiones mineras no pueden ser otorgadas únicamente con base en la legislación minera. Se aplica obligatoriamente a situaciones como la presente un marco legal más amplio, de jerarquía superior, fundado en los derechos humanos y en el derecho ambiental y en la interrelación entre los dos temas. Este marco normativo más amplio y obligatorio condiciona y limita la concesión de títulos mineros cuando se trate de tierras y territorios”, señala EDLC en las conclusiones de su Amicus. “Nuestra aportación presentada en el Amicus destaca que las obligaciones internacionales vinculan al estado mexicano a celebrar consultas previas, libres e informadas con los pueblos indígenas antes de aprobar cualquier instrumento legislativo que les afecten, especialmente a sus derechos territoriales. Esto también incluye la forma en la que se explotan los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, lo que se aplica directamente al caso de la Ley Minera” señaló Guillermo Zúñiga, abogado de Earthjustice. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, tiene la oportunidad de sentar un precedente ejemplar para la región en materia de protección de derechos indígenas”, señaló Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. “A su vez, la Suprema Corte puede aprender de la experiencia regional, adoptando los estándares relevantes que tribunales de otros países han proveído en favor de pueblos indígenas, como se evidencia en nuestro Amicus”. Finalmente, también se hicieron llegar a la ministra y ministros integrantes de la Segunda Sala de la SCJN cartas de apoyo de otros pueblos indígenas asentados en México, Colombia, Brasil, Bolivia y Guatemala, así como las 4.091 firmas recabadas hasta el 26 de junio, respaldando la petición lanzada a través de la plataforma change.org.mx.   CONFERENCIA DE PRENSA Contactos Ricardo Ruiz (México), CEMDA, 5559644162, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, 5570522107, [email protected] Robert Valencia (Estados Unidos), Earthjustice, [email protected]  

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Derechos Indígenas, Minería

Projeto Belo Sun coloca a Amazônia brasileira em sério risco de contaminação

Baseado em informações conflitantes, a empresa canadense, não contempla medidas suficientes para impedir contaminação das águas subterrâneas e superficiais do rio Xingu e planeja usar grandes quantidades de cianeto, substância altamente perigosa para a saúde das pessoas e ecossistemas. Altamira (PA) - Uma avaliação técnica concluiu que a mina de ouro que a empresa canadense Belo Sun Mining Corp. pretende instalar na Volta Grande do Rio Xingu - Projeto Volta Grande, no Pará, no coração da Amazônia, implica em um sério risco de contaminação ao meio ambiente e às comunidades ribeirinhas e indígenas da região. Isso se deve, entre diversos fatores, à possível infiltração de fluidos poluentes, ao uso de grandes quantidades de cianeto e de processos químicos que gerariam fluidos ácidos que podem atingir rios e aquíferos. A análise, feita por Andrés Ángel, geólogo e consultor científico da Associação Interamericana de Defesa do Meio Ambiente (AIDA), encontrou inconsistências nas informações que a empresa publicou no processo de licenciamento ambiental. Ángel consta que, no relatório de viabilidade de 2015, apresentado aos investidores do projeto, a empresa apontou que o solo e as rochas da área são impermeáveis, ou seja, não permitiriam a infiltração de poluentes. No entanto, nos estudos de impacto ambiental de 2012 e 2016, a Belo Sun apresentou dados às autoridades reguladoras que contradizem o exposto em 2015, afirmando que os solos e as rochas se comportam como aqüíferos porosos ou fraturados. Os estudos recentes não contemplam a impermeabilização de determinadas estruturas. Por esses motivos, explica o especialista, o desenho geral do projeto e as medidas de gestão propostas pela empresa são insuficientes para garantir que não haja contaminação das águas superficiais e subterrâneas. O parecer também alerta para o uso de grandes quantidades de cianeto para a extração do ouro. Entre 330 e 390 gramas seriam usadas para cada tonelada de material processado, de um total estimado de 116 milhões de toneladas de minério. "Existem alternativas menos poluentes e perigosas, entre elas a exportação de concentrados polimetálicos, nos quais a separação do material de interesse econômico ocorre posteriormente. Seria essencial considerar essa opção na floresta amazônica ”, diz Ángel. O relatório também destaca que o cianeto pode ser letal, mesmo em doses muito baixas, tanto para a fauna aquática quanto para as pessoas. Outro sério risco evidenciado pelo estudo é a geração de fluidos ácidos como resultado do processo químico previsto para eliminar o cianeto usado (dióxido de enxofre e ar) com impacto cumulativo após a vida útil do projeto, levando em conta que algumas unidades foram classificadas como tendo um potencial moderado de geração de ácido. Embora seja proposto um tratamento ativo (adição de cal a fluidos), a medida implica em uma maior demanda por reagentes e, portanto, em maiores impactos ambientais. Por fim, Ángel evidenciou a falta de informações sobre os impactos sinérgicos entre a barragem de Belo Monte — que já afeta a área — e o projeto de mineração no trecho de vazão reduzida do rio Xingu, que por sua vez determinará o tipo e o alcance dos riscos da mina em caso de falha grave. A justiça brasileira suspendeu a Licença de Instalação do projeto em 2017 porque a empresa não havia realizado os estudos sobre os impactos  nas comunidades indígenas , nem cumprido a exigência de realização de um processo de consulta livre, prévia e informada. A Belo Sun submeteu os estudos do componente indígena à Fundação Nacional do Índio (Funai) no início de 2020 e eless pendem de avaliação de mérito pelo órgão indigenista. A avaliação feita por Ángel foi protocolada na Funai e na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMAS) do Pará, entidades responsáveis pela concessão de licenças para o projeto. O parecer se soma a outros dois pareceres apresentados anteriormente por pesquisadores independentes, cujo trabalho demonstra explicitamente a inviabilidade do projeto Belo Sun como é concebido atualmente. Os pareceres se concentraram nos impactos negativos do projeto na ictiofauna e na fragilidade dos estudos de impacto ambiental apresentados pela Belo Sun do ponto de vista geológico. Se somam aos pesquisadores independentes diversas organizações que vêm denunciando a inviabilidade socioambiental do projeto como a Rede Xingu +, o Movimento Xingu Vivo para Sempre, Amazon Watch, Instituto Socioambiental (ISA), International Rivers, Above Ground e AIDA. Contato Marina Terra (Brasil), ISA, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Derechos Indígenas, Minería

Proyecto de Belo Sun pone a la Amazonía brasileña en grave riesgo de contaminación

Basándose en información contradictoria, la empresa canadiense no contempla medidas suficientes para evitar que la mina de oro que busca construir en Brasil contamine aguas subterráneas y superficiales. Prevé además usar altas cantidades de cianuro, sustancia altamente peligrosa para la salud de las personas y de los ecosistemas, y emplear procesos que generarían fluidos ácidos. Altamira, Brasil. Una evaluación técnica concluyó que la mina de oro que la empresa canadiense Belo Sun Mining Corp. pretende instalar en la Volta Grande del río Xingú, en el estado brasileño de Pará, en plena Amazonía, implica un grave riesgo de contaminación para el ambiente y para las comunidades indígenas y ribereñas de la zona. Ello se debe, entre otras cosas, a la posible infiltración de fluidos contaminantes, al uso de altas cantidades de cianuro y al empleo de procesos químicos que generarían fluidos ácidos que podrían llegar a ríos y acuíferos. El análisis fue elaborado por Andrés Ángel, geólogo y asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien encontró inconsistencias en la información que la empresa ha publicado en el marco del proceso de licenciamiento ambiental. Ángel encontró que, en el informe de factibilidad de 2015, presentado a los inversionistas del proyecto, la empresa señaló que el suelo y las rocas de la zona son impermeables, es decir, que no pueden permitir la infiltración de contaminantes. Sin embargo, en los estudios de impacto ambiental de 2012 y 2016, Belo Sun muestra a las autoridades reguladoras datos, descripciones y análisis que contradicen lo expuesto en 2015, llegando incluso a decir que los suelos y rocas se comportan como acuíferos porosos o fracturados. Por ello, en los estudios reciente, el diseño general del proyecto y las medidas de manejo propuestas por la empresa, que ni siquiera contemplan impermeabilizar ciertas estructuras, resultan insuficientes para disminuir la probabilidad de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, explicó el experto. El dictamen alerta además del uso de grandes cantidades de cianuro como método escogido para la separación del oro. Se prevé usar entre 330 y 390 gramos por tonelada de material procesado, de un total estimado de 116 millones de toneladas de mineral. “Existen alternativas menos contaminantes y peligrosas, entre ellas la exportación de concentrados polimetálicos en los que la separación del material de interés económico se da posteriormente. Sería indispensable considerar esta opción en la selva amazónica”, señala Ángel. El informe también resalta que el cianuro puede ser letal incluso en dosis muy bajas tanto para fauna acuática como para personas. Otro de los graves riesgos evidenciados por el estudio es la generación de fluidos ácidos como resultado del proceso químico previsto por la empresa para eliminar el cianuro empleado (dióxido de azufre y aire) y como impacto acumulativo posterior al tiempo de vida del proyecto, teniendo en cuenta que algunas unidades fueron clasificadas como con potencial moderado de generación de ácido. Si bien para esto se propone un tratamiento activo (adición de cal a los fluidos), tal medida implica mayor demanda de reactivos y, por tanto, mayores impactos ambientales totales. Finalmente, Ángel evidenció la falta de información sobre los impactos sinérgicos entre la represa Belo Monte —que ya afecta a la zona— y el proyecto minero aguas abajo en la sección de caudal reducido del río Xingú, que a su vez determinarán el tipo y alcance de los riesgos de la mina en caso de fallas graves. La justicia brasileña suspendió la Licencia de Instalación del proyecto en 2017 porque la empresa no realizó estudios sobre el impacto de la mina en las comunidades indígenas ni cumplió con la exigencia de realizar un proceso de consulta libre, previa e informada. Belo Sun presentó a inicios de 2020 los estudios del componente indígena a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y está a la espera de una evaluación y respuesta por parte de la entidad. La evaluación hecha por Ángel fue presentada a la FUNAI y a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMAS) de Pará, entidades responsables de la concesión de licencias para el proyecto. El dictamen se suma a otros dos presentados antes como parte de un esfuerzo conjunto de investigadores independientes cuyo trabajo demuestra explícitamente la inviabilidad del proyecto de Belo Sun tal como está concebido actualmente. Los dictámenes anteriores se enfocaron en los impactos negativos del proyecto en la ictiofauna y en la fragilidad de los estudios de impacto ambiental presentados por Belo Sun desde el punto de vista geológico. Además de los investigadores independientes, varias organizaciones han denunciado la inviabilidad social y ambiental del proyecto, entre ellas la Red Xingú +, el Movimiento Xingú Vivo por Siempre, Amazon Watch, el Instituto Socioambiental (ISA), International Rivers, Above Ground y AIDA. Contactos Marina Terra (Brasil), ISA, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Fortalecimiento de Capacidades

Diálogo internacional fortalece la búsqueda de justicia ambiental en Bolivia

Un ciclo de conversatorios integró en un diálogo virtual a expertos y expertas de varios países de América Latina con magistrados, jueces y abogados de Bolivia bajo el objetivo de fortalecer capacidades para promover el acceso a justicia ambiental en el país. Durante cinco días, expertos y expertas de varios países de América Latina participaron junto con magistrados, jueces y abogados de Bolivia en un ciclo de conversatorios virtuales diseñado para la generación de conocimiento, la reflexión, el análisis y el intercambio de experiencias. El objetivo fue establecer un diálogo orientado a fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de las autoridades competentes en la resolución y el tratamiento adecuado de conflictos socioambientales en el país. El ciclo de conversatorios sobre Derecho Ambiental en América Latina “Litigio ambiental estratégico” se realizó del 25 al 29 de mayo bajo la organización del Tribunal Agroambiental de Bolivia y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). El evento virtual congregó a profesionales del derecho ambiental y de ciencias aplicadas a esa materia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica. Cumpliendo su función especializada y frente a la urgente necesidad de brindar acceso a la justicia ambiental en Bolivia, el Tribunal Agroambiental convocó a expertos juristas e ingenieros ambientales comprometidos con la defensa del medioambiente para fortalecer los conocimientos e intercambiar experiencias, con diálogos entre los países hermanos, quienes han coincidido en las dificultades que se tienen a momento de garantizar el ejercicio de los derechos colectivos y difusos de la población. “Era importante discutir como ciudadanos y autoridades sobre la ausencia de normas claras e informadas a la población, la falta de participación de los interesados en la solución y la carencia de políticas de gestión ambiental, así como de la urgencia de estrategias para la protección efectiva del ambiente y de las comunidades que dependen de él”, dijo Ángela Sánchez Panozo, Presidenta del Tribunal Agroambiental. “Hicimos énfasis en las temáticas relacionadas con la importancia de la evidencia científica y pericial en materia ambiental con base en las experiencias de otros países de la región en la administración de justicia ambiental”. El panel incluyó a Juan Sebastián Lloret, Secretario Letrado de la Procuración General del Ministerio Público de Salta, Argentina; Andrés Ángel, geólogo colombiano y asesor científico de AIDA; Luciano Merini, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Anguil, Argentina; Carlos Lozano Acosta, jurista colombiano y Abogado Sénior del Programa de Agua Dulce de AIDA; Marcelo Hernández, ingeniero forestal y Ministro Técnico del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, Chile; Marcella Ribeiro, abogada brasileña del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA; Enrique Ulate Chacón, Presidente del Tribunal Agrario de Costa Rica; Elva Terceros Cuéllar, Magistrada del Tribunal Agroambiental de Bolivia; y Maribel Ruiz Molina, Jueza Agroambiental de Uncía (Potosí, Bolivia). “La Cortes ambientales son una fórmula innovadora y Bolivia ha recorrido un camino importante con el Tribunal Agroambiental, sin duda Latinoamérica puede aprender muchísimo de esta experiencia”, expresó Carlos Lozano, Abogado Sénior de AIDA. “Es importante apoyar estos esfuerzos mediante un diálogo experto con especialistas de toda la región y este ciclo de conversatorios fue un paso firme en ese sentido”. Casi 1.300 personas se registraron sin costo para asistir a los conversatorios dirigidos a Magistrados del Tribunal Agroambiental, jueces agroambientales, funcionarios judiciales, abogados y abogadas en la materia. El evento fue transmitido paralelamente y en vivo por Facebook. Los conversatorios abordaron temas diversos y cruciales para el logro de justicia ambiental como los derechos humanos ambientales, aspectos generales de la evidencia técnica, la ciencia como prueba judicial, la prueba en el proceso ambiental, la admisibilidad y valoración de la prueba, la relación entre derechos humanos y ambiente, las experiencias ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos humanos, los regímenes de protección de los derechos humanos y el ambiente en Bolivia, y la competencia y acciones agroambientales en base a las experiencias de Bolivia y Costa Rica. “Las buenas prácticas dadas a conocer en estos cinco días nos demuestran que debemos seguir trabajando en este camino y que la protección del ambiente está en nuestras manos, como autoridades, y en la de los ciudadanos y abogados litigantes”, expresó Sánchez Panozo al cerrar el evento. “Quiero alentar a los juristas y a los otros profesionales especialistas en la materia a seguir con los intercambios legales y técnicos y con el compromiso de brindar la justicia ambiental que merece la población”.   Encuentra aquí más información del evento. Contactos de prensa: Rudy Paco (Bolivia), Tribunal Agroambiental, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Océanos

Diferentes ONG alertan: “Mares de la Patagonia se preparan para una nueva invasión salmonera”

Greenpeace, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la ONG FIMA denunciaron que desde mañana las restricciones que existían para nuevos proyectos de salmonicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén, los cuales estaban congelados, quedarán sin efecto y se teme que alrededor de 100 nuevas iniciativas productivas aprovechen la oportunidad para instalarse de manera “express” en las ya saturadas aguas del sur del país. A esto, se deben sumar las 168 solicitudes de nuevos proyectos salmoneros en trámite para ubicarse en las aguas de la Región de Magallanes. Desde las organizaciones medioambientalistas aclararon que en la actualidad ya hay más de mil concesiones para el desarrollo de la salmonicultura aprobadas en la Patagonia chilena (533 concesiones aprobadas en Los Lagos, 722 en Aysén y 127 en Magallanes), que están causando enormes e impredecibles daños al ambiente, por lo que sería un despropósito aumentar la afectación que la actividad ya ha generado en extensas zonas de las aguas de estas regiones. Señalan la necesidad de contar con una ley que prohíba la expansión de la industria. “En medio de la expansión de la pandemia, la industria salmonera pretende avanzar entre gallos y medianoches en la ocupación de más espacios en las aguas del sur del país. Es una situación incomprensible si se toman en cuenta las graves acusaciones que han existido a las malas prácticas de algunas de sus principales empresas y los reiterados daños medioambientales generados por sus continuos desastres; fugas de salmones, mortandades masivas, contaminación del mar, que han arrasado con los ecosistemas. Es urgente que hoy se prohíba la aprobación de cualquier proyecto de salmonicultura, además de no permitir la expansión de los proyectos existentes” dijo Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace.  Por su parte, Ezio Costa Director de la ONG FIMA planteó: “La ley que impedía, en base a antecedentes técnicos fundados, la aprobación de proyectos de salmonicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén, hoy deja de estar vigente lo que representa una amenaza para los ecosistemas de estas zonas. El Gobierno en lugar de tomar medidas para proteger estas regiones, ha dictado un Decreto que no continúa con esta moratoria y sólo prohíbe el ingreso de nuevas solicitudes. No impide que las concesiones que ya están en trámite y hasta hoy se encontraban paralizadas, continúen ahora su tramitación” Comunidades de la zona austral también expresaron su rechazo a la posibilidad de que se instalen nuevos proyectos salmoneros en la Patagonia. “Es el momento en que el gobierno detenga el crecimiento de la industria salmonera en la Patagonia. Está claro que es una actividad que saturó la capacidad del mar en Chiloé y Aysén y ahora están haciendo lo mismo en Magallanes. Sencillamente el ecosistema marino reventó en esta parte del país y es incomprensible que siquiera se piense en seguir entregando autorizaciones a una industria que ha aniquilado el mar donde están instalados”, señaló Álvaro Montaña, dirigente de la agrupación Defendamos Chiloé. Por su parte, desde la Región de Aysén, Nelson Millatureo, representante de las comunidades indígenas de Islas Huichas expresó que “nosotros vivimos en un archipiélago que ya tiene 300 concesiones salmoneras autorizadas que van a ser lapidarias en el momento que estén funcionando todas. Estamos absolutamente en contra que la industria salmonera siga operando y expandiéndose en nuestros territorios porque nos ha traído pobreza,contaminación, nos enferma y no han respetado la zonas de pesca artesanal para desarrollarnos de manera sustentable. Lamentablemente, hoy nuestro territorio es una zona de sacrificio”. Mientras tanto, en Magallanes también expresaron su preocupación por la situación: “El decreto que impide nuevas solicitudes de concesión en Magallanes es completamente insuficiente para mantener controlada a la industria salmonera, pues aunque ya no pueden ingresar más solicitudes, sí se pueden seguir tramitando las existentes. Hoy la realidad es que tenemos más canales australes llenos de balsas salmoneras, escasa fiscalización y la nula voluntad de establecer una moratoria que permita resguardar de manera apropiada el mar de la Patagonia”, planteó Leticia Caro, representante de la Comunidad Kawésqar Grupos familiares Nómades del Mar. Desde las ONG entregaron su respaldo a las comunidades de las tres regiones, y realizaron un llamado a frenar la expansión de la industria en la región con una moratoria que frene la entrega de concesiones e impida la ampliación de proyectos.  “Hasta ahora la industria se ha expandido sin respaldo ni información científica que permita asegurar el resguardo de los ecosistemas y los resultados han sido desastrosos: infecciones, zonas desprovistas de oxígeno que no permiten el desarrollo de la vida, mortalidades masivas. Es una irresponsabilidad gravísima permitir aún más expansión”, explicó Florencia Ortúzar de AIDA.  Las organizaciones ambientalistas anunciaron el patrocinio de diferentes causas y denuncias respecto de la operación y tramitación de proyectos de  salmonicultura en la Patagonia. contacto de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

OCCA congratula a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar la inconstitucionalidad del aumento de etanol en las gasolinas en la norma de combustibles

Ayer, 15 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el aumento de etanol en las gasolinas resulta contrario al derecho a un medio ambiente sano. Las organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) piden a la Comisión Reguladora de Energía que actúe en apego a la legalidad y a la sentencia. Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer el amparo en revisión 610/2019 declarando inconstitucional la modificación que hizo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la Norma Oficial Mexicana «NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos«, la cual, entre otras cosas, había incrementado de 5.8% a 10% el volumen permitido de etanol como oxigenante en gasolinas y aprobado medidas más laxas para la protección del medio ambiente en términos de emisiones a la atmósfera derivadas del uso de combustibles fósiles. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) se congratulan por este fallo, pues protege y sienta un precedente importante en la tutela de los derechos humanos al medio ambiente, a la salud y a la calidad de vida de todas y todos los habitantes del país. Así, en la sentencia proyectada por el Ministro Pérez Dayán y resuelta este miércoles por la Segunda Sala, se determina la importancia de la aplicación del  “principio de precaución ambiental”, el cual obliga a que se lleve a cabo una evaluación con la mayor información científica posible respecto a los potenciales daños que el incremento de etanol para estos fines podría generar en el medio ambiente. La SCJN deja claro que “no puede ser una sola voz, ni una sola valoración” , la que determine la posibilidad de que en el Estado mexicano se modifiquen los porcentajes máximos de empleo de etanol como oxigenante de las gasolinas; pues ello podría tener como consecuencia el permitir daños serios e irreversibles al ambiente, al no valorarse debidamente la magnitud del problema en cuestión, lo cual precisamente, pretende evitarse mediante el principio de precaución ambiental”. Además de esta importante valoración respecto al principio de precaución, la SCJN también deja un importante precedente al establecer que en un régimen de derechos humanos no es suficiente alegar meramente beneficios económicos para no considerar los potenciales riesgos que podrían derivar en daños al medio ambiente, ni para ignorar las obligaciones estatales de reducir las llamadas emisiones de “gases invernadero” (gases contaminantes) y, por tanto, combatir el fenómeno del cambio climático, sobre todo sin tomar en cuenta la participación de la ciudadanía y la opinión de los expertos que aportan la mejor evidencia científica disponible. Con ello, la SCJN recuerda que el crecimiento y desarrollo económico en el Estado mexicano debe ser sustentable conforme al principio rector establecido por la propia Constitución Mexicana. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) hacen un llamado a la CRE para que actúe en consecuencia, ejecute la sentencia en pleno apego a la legalidad y contribuya con ello al respeto y garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos.   Organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA): Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) – El Poder del Consumidor – Greenpeace – El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) – International Council on Clean Transportation (ICCT) – Fundación Tlaloc – Bicitekas – Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Redspira – Liga Peatonal – Red por los derechos de la Infancia (Redim) – Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo A.C. – Transita Seguro México Contacto de prensa: Victor Quintanillla Sangueza, AIDA, [email protected]  

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

COP25: Organizaciones piden a gobiernos mejorar la calidad del aire y con ello frenar la crisis climática

En una carta abierta, organizaciones sociales y ambientales de América Latina y de todo el mundo instan a los gobiernos a limitar los contaminantes climáticos de vida corta en sus compromisos climáticos internacionales, los cuales deben presentar ante Naciones Unidas hasta marzo de 2020. Madrid, España. Los gobiernos de los países miembro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático deben incluir metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) en sus nuevos compromisos climáticos. Así lo solicitaron más de 100 organizaciones de varios países en una carta abierta presentada hoy durante la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención y en el marco del Día de los Derechos Humanos. “Apuntar a la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta implica reducir el calentamiento del planeta en el corto plazo y, al mismo tiempo, avanzar en la descontaminación de las ciudades”, señaló Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Estos contaminantes también son conocidos como “súper contaminantes climáticos” porque contribuyen a la crisis climática con mucha más intensidad que el dióxido de carbono (CO2). Y, como su nombre indica, tienen una permanencia relativamente corta en la atmósfera, desde días hasta décadas; a diferencia del CO2, que puede durar incluso milenios en la atmósfera. Los principales CCVC son el carbono negro, el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC). Además, los CCVC degradan la calidad del aire, afectan zonas glaciales y reducen el rendimiento de los cultivos. La mala calidad del aire es el problema ambiental que más vidas cobra a nivel mundial. Cada año, más de 4 millones de personas mueren por los daños que la contaminación atmosférica causa en la salud. Los beneficios de reducir las emisiones de los CCVC ha sido respaldada por la ciencia. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), que agrupa a expertos y expertas en el tema, resaltó que para enfrentar el calentamiento global debemos incorporara a los esfuerzos la mitigación de los contaminantes que no sean CO2, específicamente el carbono negro y el metano. Asimismo, más de 11 mil científicos de todo el mundo destacaron que la pronta reducción de los CCVC reduciría el calentamiento en más de 50% para las próximas décadas. “Con la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), se abre la posibilidad de apostar por la mitigación de estos contaminantes y de contribuir efectivamente a la lucha contra la crisis climática y la mala calidad del aire”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. El plazo para la actualización vence en marzo de 2020. Por ello, las organizaciones solicitan en la carta que los gobiernos incluyan hasta esa fecha metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta —y que detallen cómo van a implementar, monitorear y reportar su progreso— en los nuevos compromisos que presenten ante Naciones Unidas. "Las soluciones necesarias para reducir y eliminar cada uno de los cuatro contaminantes climáticos de vida corta no son un misterio. Son conocidas y han sido probadas. Pero necesitamos que los gobiernos prioricen estas soluciones para poder evitar los peores impactos de cambio climático", comentó Amanda Maxwell, directora de proyectos en Latinoamérica para el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés). Además de la carta abierta, las organizaciones lanzaron una petición ciudadana en línea para que la causa sea apoyada con las firmas de personas de todo el mundo. Ambos problemas, la crisis climática y la mala calidad del aire, afectan de manera más grave a los grupos y segmentos más vulnerbales de la población, entre ellos niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. Por ello su resolución es un asunto de derechos humanos.   Lee la carta dirigida a gobiernos. Lee y firma la petición ciudadana. Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Fabiola Nuñez, NRDC, [email protected], +1 (646) 889-1405 Renata Assumpção (Brasil), Instituto Alana, [email protected] Ricardo Ruiz (México), CEMDA, [email protected], +5215559644162  

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Grandes Represas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

Banco Interamericano de Desarrollo investigará al proyecto Hidroituango

En medio de la crisis humanitaria causada por la hidroeléctrica en la cuenca del río Cauca, Colombia, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó una investigación de los estándares ambientales y sociales del propio Banco. Washington D.C. En una decisión histórica, el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una investigación internacional de su brazo privado BID Invest por su inversión en el proyecto Hidroituango, ubicado en el departamento de Antioquia, pero que ha tenido un impacto devastador para miles de personas en cuatro departamentos y 27 municipios de Colombia. La investigación tendrá como objetivo principal establecer si —al financiar este megaproyecto en una región de Colombia que sigue siendo afectada por altos niveles de violencia y el renaciente conflicto armado— el Banco cumplió o no con los estándares sociales y ambientales que está obligado a observar, y si hay una relación entre ello y los graves daños sufridos por las comunidades afectadas. “Como personas afectadas por Hidroituango, exigimos que la investigación sea rigurosa e independiente”, declaró Isabel Zuleta, vocera de Movimiento Ríos Vivos de Colombia, que representa a las comunidades afectadas. “Por más de una década, nuestras comunidades han denunciado los graves problemas que el proyecto ha causado y que se agudizaron con las múltiples emergencias que iniciaron desde el 2018 y aún no cesan. Esperamos que con esta investigación internacional las voces de las víctimas y opositores al proyecto por fin sean escuchadas”. La investigación tiene su origen en una queja presentada por 477 personas afectadas por el proyecto Hidroituango. En ella, las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos y pertenecientes al mismo, resaltan que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. En la queja, las comunidades demuestran que el proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permitió la participación de las comunidades ni el acceso a información, y que se ha desarrollado en un contexto de violaciones a los derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza y una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua. Evidencian además una permanente discriminación por decidir oponerse al proyecto y por ser mujeres afectadas. Todo ello, señalan, contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. Asimismo, el reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica, la cual ha puesto en peligro la vida de miles de personas, quienes han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la represa. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y el desplazamiento continuo de miles de personas de sus hogares. Ningún otro proyecto de desarrollo ha causado una crisis humanitaria de tal magnitud en Colombia. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto, el cual fue autorizado de todas formas. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado por el gobierno ni por las entidades de control del Estado colombiano. No obstante, es importante resaltar que las comunidades buscaron entrar en un proceso de diálogo y mediación del conflicto entre la empresa a cargo del proyecto y Ríos Vivos a través del mecanismo de rendición de cuentas del BID. Pero la empresa se negó al diálogo, por lo que, dando continuidad al proceso, ese mecanismo recomendó la investigación. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia y espera generar 2.400 MW aunque lleva cerca de dos años la inundación aún no genera energía, tiene un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas sin retirar la capa vegetal, lo que está generando grandes cantidades de gas metano con efecto invernadero, sin terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El BID Invest ha invertido millones de dólares en el proyecto y ha facilitado la inversión de mil millones de dólares adicionales de otros bancos internacionales. Dichas inversiones se mantienen a pesar de la grave crisis del proyecto. Contactos de prensa: Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos, [email protected]   Carla García Zendejas, Center for International Environmental Law, [email protected]                                              Victor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected] Nota para editores: La indagación es llevada adelante por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo, una instancia internacional de rendición de cuentas que atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. La investigación tendrá lugar en un plazo máximo de nueve meses, dada la alta complejidad del caso. Entre los aspectos que se investigarán se encuentran los siguientes: Si se evaluó adecuadamente el área de influencia y la identificación de la población afectada. El aumento de la conflictividad e inseguridad en la zona de la represa, y los impactos diferenciales sobre las mujeres. La participación de las comunidades, que en opinión de ellas ha sido altamente deficiente. La relación entre el proyecto y los daños causados. Las deficiencias en los reasentamientos y las supuestas compensaciones. La evaluación y acceso a información sobre el riesgo de desastres.  

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Cambio Climático, Océanos

Científicos y ONG reclaman el fin de la negligencia de los gobiernos con el sistema que sostiene la vida en la Tierra

El Informe Especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) revela el alcance de la crisis a la que se enfrenta la humanidad ahora que el océano y sus servicios empiezan a mostrar signos de colapso. Aunque el océano y el clima están vinculados de forma indisoluble, pues los dos funcionan juntos para hacer habitable el planeta, es la primera vez que el IPCC ha dirigido su atención al ámbito marino. El informe refleja lo que científicos marinos y ONG vienen diciendo hace años: que el océano está empezando a desmoronarse por una infinidad de factores de presión innecesarios que van de la sobrepesca a la contaminación, y a los que se añade la crisis climática. Los efectos de la crisis climática son los más graves: acidificación, sobrecalentamiento y desoxigenación. Estos tres factores han estado presentes en todos los eventos de extinción masiva a lo largo de la historia de la Tierra, y ahora están activos en el océano. El profesor Dan Laffoley, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), declaró: “Somos un mundo oceánico, movido y regulado por un océano único, y estamos llevando ese sistema de soporte vital al extremo de su capacidad con el sobrecalentamiento, la desoxigenación y la acidificación. El momento de las 'llamadas de atención' quedó atrás. Lo que necesitamos ahora es guiarnos por un interés propio e informado para emprender acciones que protejan el océano y el clima, y protegiendo con ello a la humanidad”. Las escalas temporales por las que se rige el océano implican que los cambios introducidos en su sistema, como el calentamiento, seguirán activos durante cientos de años. Por tanto, aunque se emprendan acciones inmediatas para frenar el aumento de la temperatura y reducir las emisiones de CO2, los servicios que el océano brinda al planeta seguirían en peligro. Por ello es tan importante controlar todos aquellos factores adicionales de presión que puedan ser controlados. La sobrepesca y la contaminación, así como la destrucción de hábitats, ecosistemas y biodiversidad, son ese tipo de factores de presión, que pueden ser frenados para apoyar la resiliencia del océano y para que éste resista la crisis climática. Gladys Martínez, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) afirmó: “El informe del IPCC deja muy claro que el tiempo para actuar por el océano se agota. Pero tenemos una pequeña ventana de oportunidad para conseguir un tratado sólido sobre alta mar de aquí a finales de 2020 y para proteger al menos 30% del océano para 2030, dos medidas que contribuirán a la resiliencia del océano. Los Estados están negociando un nuevo tratado en Naciones Unidas y deben completar este proceso en 2020, en línea con la resolución de la Asamblea General de la ONU y demostrando gran ambición. Aunque las perspectivas descritas por el IPCC son innegablemente sombrías, hay medidas que pueden tomarse ahora para ayudar a potenciar la resiliencia del océano. Los Estados Parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de carácter jurídicamente vinculante, negociarán nuevas metas para la protección de la biodiversidad en una reunión que se celebrará en 2020. La meta para la biodiversidad marina debería ser la protección de al menos un 30% del océano mediante áreas protegidas de manera efectiva, y el manejo sostenible del 70% restante. Poner fin a la sobrepesca y a la contaminación en todas sus formas, así como prevenir una pérdida adicional de biodiversidad, ecosistemas y hábitats, son medidas esenciales que están a nuestro alcance. Abordar el problema del colapso climático y contener el calentamiento a 1,5 grados centígrados (o lo más cerca posible de esa cifra) es esencial para la supervivencia de los servicios ecosistémicos del océano. Para ello, todos los Estados tienen que comprometerse con planes nuevos y más ambiciosos (contribuciones determinadas a nivel nacional o NDCs, por sus siglas en inglés) en 2020. contactos de prensa: Victor Quintanilla en México, [email protected], +521 5570522107 Patricia Roy en París, [email protected], +34 696 905 907 Mirella von Lindenfels en Londres, [email protected], +44 7717 844 352 Karen Rausch en Santiago, [email protected], +56 967354769  Sophie Hulme en Nueva York, [email protected], +44 7973 712869  

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